“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

Como sociedad, tendemos a creer que en el pasado la violencia estaba más extendida que hoy en día, resultado de las pulsiones de gentes rudas e ignorantes, incapaces de actuar de otro modo. Pero interpretarlo así nos impide comprender un aspecto fundamental: la violencia no era irracional. Al igual que ocurre en la actualidad, respondía con frecuencia a unas estrategias concretas.

En la Edad Media, la guerra era un arte complejo en donde se llegó a utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento de agresión hacia los hombres. Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos.

Visto así, la masculinidad descansaba en el control del grupo familiar al que uno pertenecía.

Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

El conflicto nace de la guerra sucesoria que se entabló, tras la muerte de Blanca de Navarra, entre Juan II de Aragón, su esposo, y el príncipe Carlos de Viana, su hijo. Los beaumonteses, con el conde de Lerín a la cabeza, defendían la legitimidad del príncipe, mientras que los agramonteses obedecían a Juan de Aragón. Con el estallido de la guerra, la nobleza se alineó con cada uno de los bandos en función de sus intereses, fidelidades y, especialmente, de los rencores enquistados entre familias desde hacía generaciones

La fuente principal de este estudio es un texto que relata casos de estas violencias contra las mujeres, escasos en la documentación del periodo. Esto hace que su hallazgo sea excepcional.

Se trata de un memorial de agravios redactado hacia 1456, en el que se reúnen 87 acusaciones hacia el bando beaumontés y sus líderes, los ya mencionados príncipe de Viana y conde de Lerín. La intención de este texto era justificar el desheredamiento de Carlos (heredero al trono de Navarra) y legitimar la sucesión de la casa de Foix (en la persona de la infanta Leonor, hermana de Juan II, y de su marido, Gastón de Foix).

Dentro de esas 87 acusaciones se incluyen ocho agravios hacia mujeres nobles, relacionados siempre con la pérdida de la honra femenina.

Algunas de estas denuncias describen intentos de agresión sexual, como la acontecida a la princesa Inés de Cleves, esposa del príncipe de Viana. En este caso, el conde de Lerín y sus secuaces trataron de provocar el adulterio de la princesa con propuestas deshonestas constantes y, al fallar estas, llegaron incluso al intento de agresión sexual y, más tarde, a su envenenamiento. El objetivo que perseguían los de Beaumont era casar a una mujer de su propio clan con el príncipe, para lo que necesitaban deshacerse de Inés de Cleves.

También, y sobre todo, se incluyen matrimonios forzosos promovidos por los beaumonteses para ampliar su red de alianzas y debilitar a los agramonteses. Lo hacían uniendo a las mujeres, por ejemplo, con un linaje inferior, algo que repercutía directamente en el grupo familiar al que ellas pertenecían. Las acusaciones insisten en la coacción (“por fuerza”) ejercida para imponer enlaces, romper acuerdos previos o desheredar a quienes se negaban a aceptar matrimonios con miembros –a menudo bastardos– del linaje Beaumont.

Como se ve, las mujeres quedaban reducidas a piezas de intercambio político. Sin embargo, formalmente las víctimas directas eran los varones, que veían vulnerado su derecho a concertar los matrimonios de sus hijas.

En una sociedad en la que la honra de la familia descansaba en la sexualidad y el comportamiento de sus mujeres, garantizar la virginidad, la legitimidad de la descendencia y la adecuación de los matrimonios era esencial para preservar patrimonio y prestigio. Siguiendo esta lógica, atacar la honra de una mujer implicaba dañar al conjunto del linaje. Por ello, la coacción matrimonial, las amenazas y las agresiones sexuales fueron utilizadas como armas políticas.

Lejos de ser un fenómeno puntual, nuestro estudio muestra el empleo sistemático de estas estrategias. Esta forma de entender la honra y su defensa dejó una huella profunda en la cultura política y social de los siglos siguientes que llega incluso hasta el momento actual.

Si en la Edad Media la violencia contra las mujeres podía ser un recurso de guerra, en la Edad Moderna su control cotidiano pasó a sostener todo un orden social. La mujer quedó relegada al espacio privado, en donde se la enseñó a guardar su honra y la del grupo familiar al que pertenecía, a través de todo un conjunto de normas. En algunos casos, dichas normas se expresaron a través de conocidos manuales de conducta como La perfecta casada (1583) de fray Luis de León, texto que ha servido de guía para las mujeres españolas hasta fechas recientes.

Entre ambos momentos no hay una ruptura total, sino la transformación de una misma lógica: la que convierte a las mujeres en garantes del honor ajeno.

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Íñigo Mugueta Moreno es profesor Titular de Historia Medieval, Universidad Pública de Navarra y Alicia Inés Montero Málaga en Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana.

En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha descartado nuevamente dimitir y ha denunciado que hay una "cacería política" contra él, después de que un juzgado haya admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido que le acusa de presuntos delitos de acoso sexual y laboral, según informa EFE.

"Lo digo alto y claro: Manuel Bautista no va a dimitir, Manuel Bautista va a seguir trabajando por y para Móstoles, como ha hecho desde el primer día", ha insistido el regidor en una comparecencia ofrecida este lunes a las puertas del Ayuntamiento, donde únicamente ha admitido una pregunta.

Esta reacción llega después de que este domingo trascendiera que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

Tras conocer el auto, el alcalde ha asegurado que todavía está "esperando" a que el juzgado le haga llegar esta querella, por lo que no sabe aún de qué defenderse. "Lo bueno que tiene que se haya admitido la causa es que por lo menos voy a tener la querella", ha añadido Bautista.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista y del PP" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En el auto de admisión a trámite, fechado el 15 de abril y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada ordena que la querellante sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por asesinar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato, según informa EFE. El crimen ha tenido lugar el lunes a las nueve de la mañana en el Pasaje Virgen de Luna.

Los agentes policiales y los bomberos se han desplazado allí porque el hombre se había atrincherado en casa y había llenado de gas el portal del edificio, tras el crimen.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana. Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer asesinada constaba en el Sistema VioGén y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La tradición vale para un roto y para un descosido, porque quien la cose en cada momento y lugar es quien decide lo que es tradición y lo que no. Lo hemos visto recientemente en las cofradías de Sagunto y Aguilar de la Frontera (Córdoba), al rechazar la incorporación de las mujeres, pero también lo vemos cuando se defienden diferentes formas de maltrato animal en nombre de la tradición.

Y la tradición no es lo que consolida el tiempo, sino lo que impone la cultura, es decir, la construcción androcéntrica, o sea, el machismo, a partir de un determinado momento para que luego el tiempo le dé la razón ante la imposibilidad de incorporar cualquier alternativa no permitida por la cultura.

Lo que nunca explican los que defienden la tradición como valor absoluto es que cuando empezó “su tradición” lo hizo en contra de las tradiciones existentes en ese momento y, sin embargo, no dudaron en cambiarlas para imponer su idea. Así ocurrió en la Edad Media cuando llegaron las procesiones a Europa y se crearon las primeras cofradías, que rompieron con muchos elementos de la tradición que existía en ese momento, y con otras tradiciones no religiosas o paganas que sin ningún problema fueron canceladas, incluso perseguidas, transformadas en expresiones religiosas o directamente absorbidas y reinterpretadas. Así ocurrió con muchas fiestas alrededor de la fertilidad y la renovación que representaba la primavera, o con otros rituales, expresiones alrededor del fuego, y otras procesiones que fueron consideradas paganas y, por tanto, prohibidas.

En todas esas decisiones religiosas y en otras fiestas donde se maltrataba a los animales, no importó la tradición existente hasta ese momento, como, por ejemplo, el Toro de la Vega en Tordesillas, que, solo considerando nuestra era, cuenta con una tradición de 600-800 años, y una ausencia de tradición de 1200-1400 años.

La tradición solo es un argumento más para consolidar a través de la costumbre las imposiciones de los mandatos culturales. Ese es el juego, y el juego continúa hoy en otros temas.

La estrategia de refundación que sigue el machismo en la actualidad, y que lideran las posiciones ultraderecha y derecha en la política con un amplio apoyo social, se basan en el concepto de tradición para presentar sus ideas, valores y creencias como razón para definir el orden que debe caracterizar la realidad. Por eso hablan de batalla y guerra cultural, porque lo que defienden son los valores y referencias de una cultura que ha definido la forma de ser y organizarnos históricamente, y presentan cualquier transformación como un ataque.

Toda la estrategia mundial de la ultraderecha y derecha en su afán de refundar la cultura se basa en los elementos androcéntricos y, en consecuencia, en un ataque y cuestionamiento a las mujeres, a las personas extranjeras y a la diversidad, pues el reconocimiento de derechos y la corrección histórica que la desigualdad y la discriminación han impuesto sobre esos grupos de población, especialmente sobre las mujeres como núcleo y pilar de la construcción androcéntrica, se percibe como un ataque al orden (guerra cultural), y justifica la respuesta con todos los instrumentos y “armas” a su alcance, pues ya se sabe lo que dice la tradición al respecto, que “en el amor y en la guerra todo vale”. Y si la guerra es en relación al amor, como ocurre con la violencia de género, pues vale mucho más. Por eso necesitan negar la violencia contra las mujeres, para mantener su impunidad y la invisibilidad en nombre de la “normalidad” impuesta por la costumbre.

Pues esa es la clave, la cultura impone unos hechos que se vuelven costumbre, es decir, la manera habitual de comportarse, y luego la tradición, que es transmisión, la va pasando de unas personas a otras y de generación en generación para que se expanda y mantenga en el tiempo. Es lo que observamos cuando los jóvenes de 15-29 años dicen hoy que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja”. Así lo afirma el 22% de los chicos y el 16% de las chicas, un porcentaje que va subiendo en cada estudio. (Barómetro CRS/FAD 2025).

La cultura se mantiene por la tradición, por eso no quieren tocar la segunda para que no afecte a la primera, es más, ahora lo que se pretende es reforzar la tradición para conseguir la refundación de la cultura.

La política hoy gira alrededor de ese objetivo, incluso presentando a los Gobiernos de izquierdas como ilegítimos, algo que no es de extrañar que funcione cuando los sistemas conservadores de gobierno han estado presentes miles de años, mientras que el primer Gobierno de izquierdas en España llegó con la II República en 1931, hace 95 años.

Por eso la izquierda debe ser consciente del factor cultural que hay detrás de toda la política actual, y no limitarse solo a la gestión de las consecuencias del modelo conservador-androcéntrico, eso siempre será insuficiente, y entrar a fondo en la transformación cultural.

Hoy no es el pasado lo que se reivindica desde la derecha y la ultraderecha, sino la tradición. Porque la tradición es la que hace posible adaptar el tiempo pasado al presente sin que parezca que hablamos de ayer. 

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Bizkaia), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

El pasado fin de semana, la sociedad española volvió a sufrir —no siempre con la misma intensidad— dos nuevos crímenes machistas. Una mujer de 42 años fue asesinada a tiros por su expareja en Zaragoza. Con ella, son ya 14 las mujeres asesinadas en lo que va de 2026. El mismo día, en Alicante, un padre ahorcó a su hija de tan solo tres años. Son ya tres menores víctimas de esta violencia en el mismo periodo.

No es un dato menor que ambos agresores decidieran quitarse la vida después de cometer los crímenes, y no antes. En ese gesto final subyace una lógica profundamente arraigada: la de “poner las cosas en su sitio” y evitar, al mismo tiempo, las consecuencias de sus actos. No se trata de arrebatos sino de decisiones.

Asistimos a un repunte de feminicidios e infanticidios en el contexto de la violencia de género, acompañado además de una mayor brutalidad en su ejecución. Y, aunque resulte incómodo decirlo, era esperable. Numerosas voces expertas advierten de un efecto de refuerzo: algunos agresores encuentran legitimación en los crímenes previos, en la constatación de que otros han llevado a cabo aquello que ellos fantaseaban. Contar las víctimas es imprescindible para dimensionar la tragedia, pero también nos obliga a reflexionar sobre los efectos que esa visibilidad puede generar.

Sin embargo, lo verdaderamente peligroso es que el machismo no se alimenta únicamente de dinámicas individuales. Su verdadera fortaleza es colectiva. Se sostiene, se financia y se reproduce con eficacia. Como una planta bien enraizada, apenas necesita cuidados para seguir creciendo: el sustrato —un sistema heteropatriarcal profundamente imbricado en lo económico y lo cultural— ya está ahí.

Se habla, con razón, de la machosfera y preocupan los discursos misóginos que circulan entre la juventud, envueltos en una estética de rebeldía o de supuesto despertar crítico. Inquieta también ver cómo algunas jóvenes abrazan la femiesfera y sus narrativas de retorno a lo doméstico, a roles tradicionales y a modelos profundamente desiguales. Todo ello es grave. Pero no es lo esencial.

El problema no es solo el “cómo”, sino el “para qué”. Las campañas de descrédito del feminismo —y, por tanto, de la igualdad como valor democrático— no son fenómenos aislados. Se articulan desde estrategias culturales, mediáticas y también políticas que están no sólo planificadas sino muy bien financiadas. Determinados sectores de la derecha extrema y la extrema derecha impulsan, mediante la desinformación y el odio, el desmontaje de los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales de las mujeres.

Y conviene entender que el objetivo no es solo la igualdad de género aunque el feminismo sea el principal enemigo a batir. Existe una intensificación de la promoción del odio hacia personas migrantes, especialmente si son musulmanas; hacia quienes pertenecen a minorías religiosas; hacia las personas racializadas; hacia el colectivo LGTBI; hacia quienes viven en la pobreza; hacia las personas con discapacidad o las personas mayores.

Y quizá el odio es el fin en sí mismo y no un efecto colateral de nada. El odio resulta funcional para quienes necesitan la confrontación y la deshumanización como base de su proyecto y por lo tanto es una herramienta política fundamental en los regímenes fascistas. Por eso, el feminismo se convierte en objetivo prioritario: porque ha demostrado ser un movimiento sólido, transversal y profundamente igualitario, capaz de integrar múltiples luchas contra la opresión.

En apenas unos años, hemos pasado de un machismo que operaba de forma soterrada a otro que se exhibe sin complejos. Por eso, ya no es extraño que más del doble de los cofrades con “derecho” a voto de una pequeña hermandad en Sagunto decidan que las mujeres y niñas que profesan su misma devoción deban dedicarse a otras cosas, y que lo decidan a puerta cerrada, entre aplausos e incluso alguno de ellos con cierto tono chulesco y desafiante en la explicación pública de ese posicionamiento.

Por eso, no toda la sociedad reacciona con horror ante cada nuevo asesinato. Crece también el número de quienes miran hacia otro lado, relativizan o incluso difunden consignas como “todas mienten”, contribuyendo a erosionar la credibilidad de las víctimas y a sostener el sistema que las vulnera.

El mensaje es claro, aunque no siempre explícito: las mujeres deben volver a su sitio.

Al que ellos decidan.

Atrás. Y abajo.

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Vanessa Casado Caballero es Jurista, Experta en Derechos Humanos y Género e Igualdad de Oportunidades

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes que con el feminicidio de Silvia en Zaragoza son ya 14 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año (1.357 desde 2003), mientras que el asesinato de una niña de tres años en Torrevieja (Alicante) eleva a 3 las víctimas de violencia vicaria (68 desde 2013).

En una nota de prensa, el Ministerio también ha informado de que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende ya a 11 en 2026 y a 515 desde el año 2013.

En un comunicado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su más "rotunda condena" y "absoluto rechazo" a estos nuevos feminicidios machistas y han trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.

Redondo y Martínez han condenado así el feminicidio de Silvia, la mujer de 49 años asesinada por su expareja el pasado sábado, 21 de marzo, en Zaragoza, y el asesinato de la niña de tres años, víctima de violencia vicaria por parte de su padre el 20 de marzo en Torrevieja (Alicante).

En el caso de Zaragoza, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad.

En Torrevieja (Alicante), se trata de una menor asesinada por su padre, un hombre de 40 años y expareja de la madre de la pequeña. En este caso tampoco había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para "llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recalcado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online accesible desde la página violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

También recuerda que en situación de emergencia se puede llamar al 112 o al los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no se posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Los tres detenidos por la Guardia Civil acusados de prender fuego a una mujer de 30 años a la que previamente rociaron con líquido inflamable en una vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva a principios de febrero son su marido y dos sicarios, según recoge EFE.

La Guardia Civil informó este domingo en un comunicado de estas tres detenciones practicadas el pasado miércoles -dos de ellas en la localidad de Móstoles y otra en el municipio de Quijorna- si bien fuentes de la investigación han detallado a EFE que se trata del marido de la víctima como presunto inductor de la agresión y otro dos hombres como autores materiales.

El brutal ataque se produjo el pasado 2 de febrero cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio; posteriormente le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. 

La mujer aún continúa ingresada en un centro hospitalario madrileño, en tanto que la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo la agresión. Según las primeras pesquisas, presuntamente el marido habría encargado el ataque a los dos detenidos.

Una niña de tres años muerta en Alicante, una mujer asesinada a tiros en Zaragoza y un presunto intento de asesinato en Barcelona han sucedido en menos de 24 horas y todos están bajo investigación como presuntos delitos de violencia contra la mujer.

En el primero de ellos, la Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género, según recoge EFE.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

En Zaragoza, una mujer ha fallecido tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado. En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, Beltrán ha confirmado que el crimen ha ocurrido a primera hora de la mañana -en torno a las 09:20 horas- y que el hombre sabía que iba a encontrarla en la calle a esa hora y ha ido a su encuentro "con la intención de asesinarla".

Según ha indicado, el hombre tenía licencia de armas deportivas y ha utilizado una de concurso para disparar varios tiros, aunque llevaba más armas, todas deportivas, que se han recuperado.

Al respecto, ha hecho hincapié en que no se trata de un accidente por la manipulación del arma o que la haya exhibido para atemorizarla y se le haya disparado, sino que "ha habido una intención clara de infligir daño", ha remarcado.

Por el momento no se ha podido confirmar la relación que habría entre ambos ni si se trata de un nuevo caso de violencia machista, si bien Beltrán ha confirmado que no existían denuncias de la mujer contra el hombre.

En todo caso, Beltrán ha remarcado que la violencia de género es una de las líneas de investigación y, de confirmarse, elevaría a 14 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", por una "actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida", ha aseverado.

Por el momento, no han trascendido las identidades de la mujer y del hombre y además se investiga si alguno de ellos era el propietario de un vehículo que estaba mal aparcado en la zona.

El último suceso conocido este sábado ha sido la detención por parte de los Mossos d'Esquadra de un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado a EFE fuentes de la policía catalana.

El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Generalitat.

El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido.

Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamas poco antes de la medianoche.

Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego y si tiene relación con la mujer que habitaba en el domicilio.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.

El concejal de Compromís en el ayuntamiento de Altea (Alicante) Rafael Ramón Mompó, detenido el pasado domingo por agredir y causar lesiones leves a su pareja sentimental, ha renunciado este martes a su acta en la corporación municipal, según informa EFE.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que la renuncia del hasta ahora edil delegado de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio ha sido aceptada por el alcalde, Diego Zaragozí, también de Compromís y que gobierna el consistorio junto al PSPV-PSOE.

En la nota, el equipo de gobierno municipal ha expresado "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

La primera vez que recibí una amenaza de muerte me dio vergüenza. Supongo que no ayudó que el policía nacional que se sentaba en mi despacho para decidir si necesitaba escolta o no se quedase en absoluto silencio mientras me daba un ataque de ansiedad. Era Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a la izquierda no le iba del todo mal y la ofensiva contra el feminismo aún no gobernaba el mundo. Después de aquel mensaje, y tantos otros a tantas otras mujeres, vinieron muchos otros más y el antifeminismo ha terminado comenzando guerras que amenazan directamente al futuro de la humanidad. La situación es tan grave que ya no solo llega con contar que sufrimos amenazas de muerte, sino que urge preguntarnos en qué momento a la sociedad de nuestro país esto le empezó a dar igual. 

Aquel mensaje no tuvo que ver con un argumento, ni con una crítica política. No respondía tampoco a las leyes que aprobamos o la forma que teníamos de ocupar el espacio público. Aquellos mensajes fueron advertencias, balizas que se iluminaron en rojo para señalar que algo no terminaba de ir del todo bien. Entonces aún podía pensarse que ese tipo de violencia pertenecía a los márgenes, a los extremos ruidosos de internet o a la furia de unos pocos. Hubo incluso quien sostuvo en animadas charlas y tertulias madrileñas que aquellos mensajes tenían que ver con el comportamiento que las feministas teníamos. El antifeminismo existía, pero no gobernaba el mundo. Hoy esa certeza es más difícil de sostener.

Esta semana, España ha vuelto a enfrentarse a una secuencia de noticias que algunos preferirán leer por separado pero que juntas no ofrecen lugar a la interpretación. Después de conocer nuevos casos de agresiones sexuales por parte de políticos y policías, después de que dos hombres fueran detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra; seguido todo ello de las denuncias públicas de amenazas y hostigamiento hechas por Irene Montero, Rita Maestre, Tesh Sidi, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla; después de todo ello, conocíamos un nuevo asesinato machista en Barbastro y días antes, tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro por un agresor reincidente, que vienen a sumarse a un histórico de feminicidios que amenazan con hacer del 2026 un año históricamente violento. Y después, después de todo ello y como cifra de todo lo anterior, el juicio celebrado contra Cristina Fallarás por publicar el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual. Después de la violencia, la violencia por contar la violencia. 

Cada uno de estos episodios y todos los otros que no caben en un texto como este tienen su contexto y sus dolores, y con todas y cada una de las mujeres que sufren ese miedo y ese dolor me quiero solidarizar. Hacer política o periodismo, ser madres, amigas, hijas, novias; vivir nuestras vidas como nos dé la puñetera gana y  ser amenazadas o asesinadas por ello no puede ser lo normal. Sin embargo, todas estas historias juntas dibujan algo que ya no puede explicarse como una simple coincidencia o un sumatorio de casos. Negar la existencia de violencia estructural contra las mujeres, presentar el feminismo como una amenaza ideológica y convertir a mujeres feministas que denuncian lo anterior en objetivos de hostilidad pública no son fenómenos separados. Forman parte de la misma ofensiva antifeminista. Una ofensiva que no surge de la nada ni de individuos aislados sino que tiene actores reconocibles y que es urgente y ético señalar. Para ello va este breve relatorio de los hechos. 

La ofensiva que ha reaccionado a los avances de nuestros derechos y que legitima la violencia contra las mujeres tiene partidos y liderazgos de la nueva derecha que han descubierto que el antifeminismo es una bandera electoral rentable. Tiene un ecosistema mediático que ha tratado el rechazo al feminismo como una opinión más dentro del pluralismo democrático. Tiene plataformas y algoritmos que amplifican el odio porque el odio genera atención. Y, por mucho que duela, tiene también las ambivalencias de sectores progresistas, incluido el Gobierno de coalición que, por cálculo o fatiga, empezaron a tratar el feminismo como un tema incómodo. Cuando estos cuatro actores coinciden, el resultado es un cambio de clima político y cultural que facilita enormemente que la impunidad y por tanto la inseguridad que ésta provoca no dejen de crecer.

Durante años el feminismo consiguió algo que parecía impensable e irreversible: transformar la violencia contra las mujeres en una evidencia política. No en un asunto doméstico ni en una cuestión privada o pasional, sino en un problema estructural que exigía políticas públicas y nuevos liderazgos y formas de relacionarnos. Ese ciclo tuvo un momento de especial intensidad en la última década. Las movilizaciones feministas masivas, el movimiento #MeToo, las huelgas del 8 de marzo, los cambios legislativos y, en España, la creación del Ministerio de Igualdad como culminación institucional de décadas de lucha.

Fue sin duda el momento de mayor consolidación del feminismo en el espacio público y así lo decían todas las encuestas, desde aquellas que medían la violencia que se ejerce contra las mujeres o los factores económicos que sirven de caldo de cultivo para las mismas, hasta las que medían las percepciones sociales en torno a la idea de que la igualdad de género era inseparable del progreso. Pero como ha ocurrido antes con otras transformaciones profundas del poder, este avance también produjo su reacción y hoy esa ofensiva ya no se limita a titulares provocadores o a mensajes virales. La ofensiva antifeminista que antes ponía mensajes en redes insultándonos, hoy gobierna países, gana elecciones, marca agendas políticas y desplaza el debate público y amenaza con arsenales nucleares. El antifeminismo ha dejado de ser un reflejo marginal para convertirse en un proyecto político global. La cosa emepezó con tuits y hoy va de torpedos. 

Y conviene señalar que lo más peligroso de este cambio ha sido el silencio con el que se ha dado, esa inversión siniestra de la causalidad que parece terminar haciendo culpables a las mujeres incluso de la propia violencia que sufren: "¡Algo habréis hecho!" Mientras se repetía que el feminismo había ido demasiado lejos por pedir cosas como poder abortar o no ser violadas, el machismo se fue convirtiendo en el aliado ideológico perfecto para aquellos que no salían bien parados con ese cambio de bando de la vergüenza. Pero, y aquí está la clave del asunto, ese machismo ideológico que ahora gobierna el mundo no nos echó a golpes, sino que lo hizo convenciendo a nuestros aliados de que si nosotras estábamos ahí, para ellos era peor. El triunfo del machismo ha sido por tanto camuflarse de sentido común. Y ahora que lo ocupan todo, amenazar, insultar, empujar, pegar, violar y asesinar vuelve a hacerse sin ningún pudor. Por eso, no solo tenemos que preguntarnos por las amenazas de muerte que sufrimos, sino en qué momento esto nos empezó a parecer lo normal. Porque es ahí, y no antes, en el preciso instante en el que la violencia, y no el feminismo, fue demasiado lejos. 

El juicio contra Cristina Fallarás es paradigmático precisamente por todo esto. La periodista publicó el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual, como lleva haciendo años, sirviendo de canal y altavoz para aquellas que no pueden tomar la palabra. Aunque era un testimonio anónimo, un hombre tremendamente ofendido por la posibilidad de ser señalado de forma anónima como agresor ha iniciado una demanda reclamando una indemnización millonaria por vulneración del honor. Sí, sí, has leído bien. No el honor de la mujer agredida, no el honor de la periodista que lo cuenta, sino el honor del hombre que agrede. Fallarás lo explicaba ayer con claridad al salir del juzgado. No es un juicio contra ella, sino contra el movimiento testimonial de mujeres, contra la posibilidad misma de que las mujeres contemos lo que nos ha ocurrido. Es un juicio contra nuestra palabra, contra la posibilidad de contar y relatar lo que somos. ¿Qué nos queda si nos quitan eso?

Y aquí está la clave. Y para que no queden dudas. Ni la mujer de Barbastro o las de Miranda de Ebro fueron asesinadas por culpa de un debate político ni de un proceso judicial. Pero sí fueron matadas en una sociedad donde el feminismo vuelve a ser cuestionado como si fuera un exceso, y en la que sin embargo contar los excesos del patriarcado se paga con la violencia o la amenaza de la misma. Cuando una sociedad empieza a discutir sobre el derecho de las mujeres a nombrar la violencia que sufren, es precisamente una señal de que la violencia ha encontrado otra sibilina y cómoda forma de aparecer: nuestro silencio. Por ello, cuando demasiadas mujeres pueden responder a la pregunta “¿cuándo fue tu primera amenaza de muerte?”, el problema ya no es solo la violencia, sino el régimen político que la tolera.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.