Lunes, 12 de mayo de 2025. Acaba de arrancar una nueva edición de la bienal Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), el escaparate de armas de referencia en nuestro país. E Ifema es todo un hervidero de gente. Desde primera hora, la normalidad la marca un ir y venir continuo de taxis, vehículos VTC y ejecutivos. Una estampa de negocios en la que se cuela, a eso del mediodía, una docena de activistas antimilitaristas que acceden al recinto por la puerta sur. Seis se rocían con pintura roja, representando la muerte alrededor del comercio de armas, y se tumban sobre la calzada con carteles de países asolados por la guerra –Palestina, Yemen, Líbano, Sudán o Ucrania–. Otros dos, trajeados como si fueran peces gordos de la industria armamentística, lanzan billetes falsos de 500 euros mientras se estrechan la mano y miran con indiferencia a las víctimas. Y el resto, despliega pancartas y corea lemas.

José Miguel Lorenzo formaba parte del primer grupo. Juli Aguado, por su parte, representaba en la performance a uno de esos "señores de la guerra" que se daban cita en la capital. Y ambos tienen hoy sobre sus mesas una propuesta de sanción por aquella acción. Ellos, y los otros diez compañeros que aquel lunes fueron trasladados en tres vehículos policiales a la comisaría del distrito de Hortaleza para su identificación –no portaban documentación–. Tras recibir la denuncia formulada por la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno ha fijado para cada uno de los activistas una multa de 700 euros. Y lo ha hecho en base a la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza–, una norma que el Ejecutivo prometió hace años derogar.

El expediente sancionador, al que ha tenido acceso infoLibre, identifica la infracción cometida como grave. Es, en concreto, la que se recoge en el artículo 36.3 de la citada ley: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". No es la primera vez que protestan contra la industria armamentística a las puertas de su feria de referencia. Ni la primera que, por ello, acaban en comisaría. "A veces nos multan y otras veces no, porque la Policía es quien eleva la propuesta de sanción y Delegación quien decide si se tramita. En esta ocasión, el Gobierno más progresista de la historia ha decidido que se tramite", resalta al otro lado del teléfono Lorenzo.

En el parte de intervención, al que ha accedido este diario, se realiza un somero relato de la actuación policial. En él, los agentes hacen una suerte de fotografía de la performance. Y acusan a los activistas de "interrumpir el tráfico de acceso y desencoche de las personas asistentes" a la feria. A diferencia de las actas, que se limitan a hacer referencia a las manchas que quedan en la vía o a la puesta "en peligro" del tráfico, el parte niega expresamente resistencia alguna por parte de los activistas: "El indicativo interviene para proceder al embolsamiento del colectivo y retirarlo de la calzada. No existe empleo de la fuerza por parte de los actuantes". "Los hechos generan una obstaculización del normal funcionamiento del tránsito rodado en el recinto ferial para acceder al evento", completa el documento.

Una vez recibida la comunicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, los activistas tenían dos opciones. Por un lado, pagar la multa sin rechistar y obtener una rebaja sobre la misma. Por otro, dar la batalla. Y Lorenzo, por supuesto, se decantó por la segunda. En su recurso, el activista antimilitarista niega que la acción en la que participó afectase al tráfico. "El lugar donde nos encontrábamos estaba ubicado dentro del recinto privado del Ifema, donde apenas acceden vehículos", resalta. Es más, añade, solo se ocupó "uno de los tres carriles" que discurren frente a la puerta principal, "quedando dos libres para el tráfico rodado, que en ese momento no había".

En su escrito, Lorenzo también alega que "en ningún momento" se "interrumpió" el "normal funcionamiento del acto". "Los asistentes pudieron continuar asistiendo, con la única salvedad de que también pudieron vernos simbolizando las consecuencias del uso de las armas que se exponían", apunta. Y pone también el acento en la ausencia de resistencia por parte de los activistas, pertenecientes a colectivos como Desarma Madrid o Alternativa Antimilitarista-MOC: "Resulta difícil de creer que en mitad de la supuestamente tan grave alteración del orden público de la que se nos acusa, los agentes ni siquiera tuvieran que hacer uso de la fuerza para que nos levantáramos".

No es la primera vez que pelean contra la ley mordaza. Y, hasta ahora, no les ha ido mal. En un cajón terminaron, al final, las sanciones que se impusieron a casi una treintena de activistas por realizar pintadas a favor de la paz y en contra de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid coincidiendo con la cumbre de la OTAN en la capital. Y lo mismo ocurrió con las tramitadas por protestar en 2017 contra otra feria de tecnología de defensa en la capital. Como no se pudo demostrar ni desobediencia ni resistencia a la autoridad en la acción, todo quedó finalmente archivado.

Aguado, que se desplazó más de 300 kilómetros para participar en la protesta contra la feria armamentística, critica que se esté "castigando el derecho a la protesta". En conversación con este diario, reconoce que este tipo de sanciones, con las que se persigue un "control social", son armas de doble filo. Por un lado, "disuaden y mucho": "Sientes que te quitan garantías". Pero también sirven de "caja de resonancia". "Igual que ocurría con el movimiento insumiso, que cada vez que alguien iba a la cárcel aumentaba de tamaño", resume este profesor de Sociología en la Universitat de València y experto en movimientos sociales.

Pese a las multas, Aguado, que lleva en el activismo antimilitarista desde los ochenta, piensa seguir al pie del cañón. Sobre todo, en un momento de rearme mundial como el actual. "No es que te lo pida el cuerpo, es que te lo pide el contexto. Guerras, genocidio y todo el catálogo de desastres provocados por el militarismo. Hay que estar ahí y deberíamos ser más. Es gordo lo que hay y lo que viene", asevera. En la misma línea se pronuncia Lorenzo, que avisa de que seguirán alzando la voz contra ferias de tanques, helicópteros, drones, miras telescópicas o simuladores de tiro. Escaparates como Feindef, que desde su primera edición en 2019 ha quintuplicado el espacio de exposición y ha multiplicado por diez el número de exposiciones internacionales. "Es un espacio repleto de militares de alta graduación, políticos o ministros. Por eso no les debe de gustar que aparezcamos por ahí", sentencia el activista.

España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1% en este caso). En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, de acuerdo con los datos suministrados por SIPRI.

España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.

La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14% más.

Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559.000 millones (476.000 millones de euros), liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2% de su PIB a este área.

Con 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) destinados, la inversión de Alemania -el cuarto país a nivel mundial con el 3,9% del total- aumentó un 24 % respecto a 2024.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190.000 millones (162.000 millones de euros), un 5,9 % más y el 7,5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84.100 millones (71.683 millones de euros), un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

La inversión militar en Asia-Oceanía, un 8,1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7,5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

"Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá", señaló el informe.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954.000 millones de dólares (813.000 millones de euros), un 7,5% menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Estados Unidos aumentó no obstante su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares "para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico".

El informe considera probable que la caída en la inversión estadounidense sea transitoria.

"El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1,5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada", afirma el SIPRI.

La inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681.000 millones (580.000 millones de euros), un 8,1% más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336.000 millones (286.000 millones de euros), un 7,4% más.

El gasto japonés subió un 9,7% hasta 62.200 millones (53.017 millones de euros), el 1,4% de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958.

Taiwán gastó 18.200 millones (15.513 millones de euros), un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

"Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de EEUU Como en Europa, también están bajo presión de la administración Trump para que gasten más", señala el informe.

En Oriente Medio, la inversión militar fue de 218.000 millones de dólares (186.000 millones de euros), un 0,1% más.

Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destaca que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

En la película El Señor de la Guerra, Nicolas Cage encarna a un traficante de armas ruso que vende su material militar al mejor postor, sin importarle el cliente que va a recibir su mercancía. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Hace escasas fechas, el día 20 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al búlgaro Peter Dimitrov Mirchev de un "complot para abastecer de armamento de guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación". Este tipo fue arrestado en Madrid hace algunos meses a petición de los servicios secretos americanos, que llevaban tiempo tras él.

Dimitrov tiene un protagonismo principal en esta historia, pero hay actores secundarios que los harían optar firmemente a grandes premios de cine. Se trata de Elisha Odhiambo Asum, de Kenia, Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, y Michael Katungi Mpweire, de Uganda. Estos tres tipos son clave en el engranaje del contrabando de armas porque facilitaban la opción de conseguir un tipo de armamento que solo se puede adquirir legalmente si se pertenece a un ejército.

Dimitrov tenía un bagaje extenso en este aspecto. Según la Justicia de EEUU, llevaba 25 años dedicándose al tráfico de armas y era buen aliado del ruso Víktor But, un as del contrabando de armas que fue intercambiado por EEUU y que ahora ejerce como político regional en su Rusia natal. Se le conocía como El mercader de la muerte.

But fue el amo y señor de las guerras y los proxies de ciertos países, y de él aprendió Dimitrov. El búlgaro fue detenido el 8 de abril de 2025 en Madrid, y se desconoce qué tipo de labor estaba realizando en España, aunque seguro que no estaba de vacaciones.

No se descarta, y menos aún tras las últimas evidencias de presencia de los mexicanos en el país, que tuviera reuniones con emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, habida cuenta de que la presencia en España de esta organización criminal está más que probada: desde laboratorios de metanfetamina o cocaína hasta un control exhaustivo de que su mercancía llega a buen puerto, nunca mejor dicho.

El interés de este traficante de armas búlgaro era colocar 58 millones de euros en armamento al CJNG, liderado en ese momento por el Mencho, y en su catálogo de venta se jactaba de poder conseguir hasta tanques.

Enviaba ese folleto como si se tratara de la elección de una cena en un restaurante, pero esta vez el plato llegaba en forma de proyectil. La presencia de los tres africanos era clave en su estructura porque podían conseguir, gracias a sus contactos, documentos que legalizaban los envíos de armas, ya que lograban obtenerlos de forma oficial simulando operar como si fuesen el ejército de Tanzania.

Querían hacer llegar al CJNG ametralladoras, lanzacohetes, granadas de mano, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. Pero podían conseguir incluso misiles tierra-aire, lo que da una idea del tipo de recursos militares que necesitan ahora grupos criminales como los cárteles mexicanos.

La potencia de fuego que requieren para combates urbanos o a tumba abierta en espacios rurales es cada vez mayor: desde la especialización de operadores de drones que han participado activamente en la guerra de Ucrania hasta artilleros eficaces que disparen armas de calibre .50.

La necesidad crece en los brazos armados de los cárteles mexicanos y, para la expansión que busca el Cártel Jalisco, es imprescindible obtener personas capaces de abastecerles de armas sin acudir al mercado de EEUU, que es su principal opción.

Sin embargo, el CJNG no se fiaba desde hacía tiempo de poder seguir operando de la misma forma para hacer llegar tantas armas y munición como necesitan. El encargo de un pedido de 58 millones de euros en forma de arsenal ofrece una perspectiva de lo que una organización del calibre del CJNG mueve en forma de dinero. Y prueba que no era la primera vez que Dimitrov trabajaba con el Cártel Jalisco, al que le envió unos 50 fusiles de asalto Kalashnikov, como demuestran los investigadores norteamericanos.

Aquello fue la prueba de fuego y querían más: desde drones hasta los misiles tierra-aire mencionados antes. Todas estas armas son utilizadas en combates en los principales bastiones del Cartel, y que se haya extendido tanto esta organización criminal desde 2011 no es fruto de la casualidad. Todo responde a una estrategia criminal bien orquestada y ejecutada. El contacto con un traficante de armas búlgaro les permitiría obtener recursos militares en el momento en que quisieran efectuar ofensivas en zonas calientes como Michoacán, Guerrero o Guanajuato.

Aunque los cárteles consiguen con bastante facilidad fusiles de asalto y RPG desde EEUU a través del contrabando en su frontera, esa situación podría cambiar en cualquier momento si el Gobierno de turno de EEUU modificara ciertas pautas de compraventa y planificara una seguridad adaptada a una realidad en la que los principales fabricantes de armas de ese país abastecen los arsenales de los cárteles mexicanos.

Por eso, tipos como Dimitrov, con una experiencia extensa en estos menesteres, son clave para que una organización criminal del tamaño del CJNG funcione. Sin armas no son nada, porque estas constituyen la base de su poder. No hay otra cuestión de control de territorio que esa: en el momento en que otro Cártel tenga mejor armamento y hombres más entrenados, ese territorio pasa a ellos.

Es la única razón por la que están continuamente solicitando armamento cada vez más destructivo; están en ese juego del gato y el ratón mientras manejan drones con explosivos. Y a ello se suma que los blindados que utilizan han mejorado tanto que los convoyes en los que se desplazan por México están al nivel de milicias del Kurdistán iraquí o de Siria.

Dimitrov se enfrenta ahora a la cadena perpetua, al igual que sus compañeros de aventuras. Intentar sobornar a militares de media África es lo que tiene si pretendes abastecer de armas a una organización criminal considerada como terrorista por EEUU.

Para España no lo es; por eso, cuando extraditó desde Madrid a Peter Dimitrov Mirchev, la Audiencia Nacional decidió hacerlo sin los cargos por terrorismo. Aquí se sigue considerando que es solo una organización criminal dedicada al narcotráfico, pero lo cierto es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, en términos estrictos, puede considerarse una organización criminal que también comete atentados con fines subversivos para tener un control total de su territorio.

Y, tras la caída del Mencho, nada ha cambiado: las cuatro letras siguen vigentes y, por ahora, más vivas que nunca, aunque se quedaron sin su traficante internacional de armas de turno. Un señor de la guerra.

La Resistencia Islámica en Irak, un paraguas de facciones armadas respaldadas por Irán, reivindicó este viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de ese país, aunque el Ejército de Estados Unidos sostiene que el siniestro no fue causado por fuego hostil, según informa EFE.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram y citado por la cadena Al Jazeera, el grupo aseguró que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.

Las declaraciones del grupo contradicen la versión del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que informó el jueves de que dos aeronaves estuvieron implicadas en un incidente ocurrido en "espacio aéreo aliado". Según Washington, una de ellas se estrelló en el oeste de Irak mientras que la segunda logró aterrizar con seguridad en Israel. "Esto no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo", aseguró Centcom en un comunicado.

Por su parte, Irán sostuvo que el avión cisterna fue alcanzado por un misil disparado por grupos armados iraquíes.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó, en declaraciones recogidas por las agencias iraníes Tasnim y Fars, que la nave estadounidense fue "alcanzada por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó su caída. Posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que en el ataque murieron seis personas, la tripulación completa del avión, que según su versión se encontraba abasteciendo a un avión de combate "enemigo" en el momento del impacto.

El Pentágono, sin embargo, señaló que las labores de rescate continúan y no ofreció cifras oficiales sobre el número de tripulantes a bordo del aparato.

La Resistencia Islámica en Irak agrupa a varias milicias vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición formada en 2014 para combatir al grupo yihadista Estado Islámico y que desde 2016 está integrada formalmente en las Fuerzas Armadas iraquíes. Algunas de estas milicias, mayoritariamente chiíes y cercanas a Irán, han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, y varias de ellas han sido designadas por Washington como organizaciones terroristas.

Los tripulantes y los restos del avión cisterna KC-135 todavía no han aparecido y Estados Unidos los esta buscando.

"Investigadores" estadounidenses han declarado a The New York Times que se sospecha que el accidente pudo venir de un choque en el aire durante una operación de repostaje, lo que se alinea con la explicación del mando central de que otro avión estuvo implicado en el accidente. El segundo habría podido aterrizar sin daños. “Los detalles aún son “difusos”, han afirmado fuentes de la fuerza aérea estadounidense al diario estadounidense.

El Servicio Secreto de EEUU abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida, según informa EFE.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El mandatario republicano no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 01:30 hora local.

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw.

El hombre "levantó el arma", según su relato, y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre lo sucedido sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras este estaba en su club de golf en West Palm Beach.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Europa debe avanzar hacia una OTAN más europea y debe estar "lista para luchar" ante la amenaza rusa, según recoge EFE.

En su intervención en esta conferencia, centrada en la soberanía europea de defensa y la guerra en Ucrania, el jefe del Gobierno británico resaltó que Rusia ha demostrado su "afán de agresión" y consideró que esa OTAN más europea debe estar sustentada por vínculos más profundos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Starmer subrayó que, ante la amenaza de Rusia, la prosperidad y la seguridad futuras del Reino Unido dependen de unos vínculos más estrechos en materia de defensa y seguridad con Europa, y recalcó que su país ya no es el de los años del Brexit.

Agregó que los líderes no deben vacilar ante la agresión rusa y que, tras un eventual acuerdo de paz para Ucrania, a "el rearme de Rusia solo se acelerará", por lo que "debemos responder a esta amenaza con todas nuestras fuerzas".

"Para romper con la convención de mil discursos, no estamos en una encrucijada. El camino por delante es recto y claro. Debemos fortalecer nuestro poder duro, porque esa es la moneda de cambio de nuestra época. Debemos ser capaces de disuadir la agresión y, sí, si es necesario, debemos estar listos para luchar", afirmó.

Asimismo, Starmer insistió en que el Reino Unido cumplirá con el artículo 5 del tratado de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la Alianza Atlántica es un ataque contra todos.

"El Artículo 5 es tan profundo ahora como siempre, y no tengan ninguna duda de que, si se le solicitara, el Reino Unido acudiría hoy en su ayuda", puntualizó.

Así, Starmer anunció en Múnich que el Reino Unido desplegará este año su grupo de ataque de portaaviones en el Atlántico Norte, que operará junto a Estados Unidos, Canadá y otros aliados de la OTAN, lo que supone "una contundente muestra de nuestro compromiso con la seguridad euroatlántica".

El despliegue se produce tras la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de este año de que deseaba apoderarse de la isla de Groenlandia.

Starmer consideró asimismo que Estados Unidos es aún un aliado indispensable que ha realizado una contribución inigualable a la seguridad europea en los últimos 80 años, pero agregó que Europa debe estar a la altura de las actuales circunstancias, invertir más, ofrecer más resultados y coordinarse mejor.

Reconoció que las cosas en Europa están cambiando y que la nueva normalidad es que Europa asuma la responsabilidad de su propia defensa.

Lo dijo Hölderlin: poéticamente habita el hombre. O sea, tomando las cosas más allá de lo que son, ¡dotándolas de nuevos sentidos! Hará una semana, un zagalón francés decidió aplicarse el cuento. Donde cualquiera vería un obús, él halló una ocasión para el gozo.

Vivimos tiempos bárbaros y la proeza se ha tomado a chufla. Qué manera de dilapidar un prodigio metafísico: la reconversión de lo hiriente en placentero, de lo bélico en amatorio. De no haberse entusiasmado, las discretas operaciones ontológicas de François (lo llamaremos así) no habrían terminado en los periódicos. A saber cuántas veces las practicó con saludable mesura antes de caer en el frenesí y la impaciencia, que es la madre de todos los errores. Conocemos, eso sí, el desenlace: el artefacto explosivo nuevamente extraviado (primero en el campo, luego en el colon), la visita a urgencias, el desconcierto de los cirujanos, la irrupción en el quirófano de un comando de artificieros. (¿En qué curso de medicina enseñan a distinguir artillería? ¿Cómo supo el internista que aquello era un proyectil? ¿Pondrá «obús» en la base de los obuses? Cuántas preguntas).

Me pregunto qué llevaría a François, que tiene veinticuatro años, a escoger semejante cacharro en un siglo en que la innovación lúdico-sexual ha alcanzado las más elevadas cumbres imaginativas. Si no me creen, hagan la búsqueda: no hay ente concebible —real o imaginado— del que no se haya fabricado un dildo. Cuando hay elección, hay libertad; y nadie arriesga salud y fama a la ligera. Pienso en el famoso cuento de Borges protagonizado por Pierre Menard, fabulado compatriota de nuestro protagonista que una tarde se sentó a escribir El Quijote. No a copiarlo, conste. En el relato, los críticos encuentran muy superior la obra de Menard a la de Cervantes: lo que en uno son meros tipismos de su época, en el otro —que ni siquiera habla español— son cabriolas retóricas y fantasías extemporáneas. No me extrañaría que François, hombre cultísimo (¡sin duda!), aspire a las mismas glorias de Pierre.

Cáspita. La vil metralla guerrera redimida mediante un inocuo acto de sodomía. Imaginemos la alegría de los infantes de Verdún, contemplando desde la tumba el deleite que pueden producir las bombas que les aterraban. Pero la burocracia no entiende de revoluciones y al pobre François le espera una demanda por tenencia de munición. Qué exceso disciplinario contra un chaval que (¡claramente!) solo dispara contra sí mismo. Ya sucedió antes. Hará un quinquenio —leo en los periódicos—, un inglés se causó el mismo estropicio. Esta gente, ¿encontrará los proyectiles mientras pasea por la campiña? ¿Se heredarán, secreta y alegremente, desde la época de la Gran Guerra? ¿Será un caso de coleccionismo apasionado? En dos mil veintidós, un octogenario llegó al mismo hospital que nos ocupa portando en su interior una sorpresa de idéntico calibre. Confío en que, tras la irrupción de un tercero, la práctica se eleve a costumbre local y la UNESCO la incluya en el estadillo del patrimonio inmaterial.

Tiene su gracia. Francia, patria del colaboracionismo, ese país donde los niños nacen gritando «me rindo», copando titulares a cuenta de un misil.

Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia están enviando militares a Groenlandia para reforzar su defensa y ayudar a Dinamarca ante las presiones asfixiantes de la Administración Trump para hacerse con ese territorio. Noruega o Reino Unido, fuera de la UE, también están participando. El presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que España se sumaría, pero el Gobierno ahora parece dudar y la presencia de soldados españoles, su cuantía y tipo todavía no está confirmada. Bélgica no enviará por el momento a sus tropas. Desde su ministerio de Defensa se justifican asegurando que “no hemos recibido una demanda de la OTAN, de la UE o bilateral” al respecto.

En un tiempo de rearme en todos los países de la Unión Europea, con incrementos sustanciales y anuales en las inversiones presupuestarias para esta partida, las dudas mostradas entre los Estados miembros sobre su involucración militar contrastan con la firmeza que muestra Donald Trump para hacerse con Groenlandia. “Si no vamos a por ella, lo harán Rusia y China” ha manifestado esta semana el presidente estadounidense después de la reunión entre miembros de su Administración y los ministros de Exteriores de Dinamarca y la isla. Y desnudan a la UE por su falta de un ejército común como elemento de disuasión.

“No hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia. Pero sí hay algo que podemos hacer nosotros, ya lo descubrimos en Venezuela”, amenazó Trump, quien considera que no se “puede fiar de Dinamarca para ser capaz de defenderse por sí misma”.

En los últimos dos años, Copenhague ha aumentado en cerca de 15.000 millones de euros su contribución a la seguridad del Ártico e incrementará el despliegue de cazas de combate, barcos de guerra y tropas en su territorio autónomo. No parece suficiente ante las amenazas crecientes de Washington, de ahí que varios países europeos se hayan comprometido con sus propios militares en misiones conjuntas.

Lentamente, el proyecto aparcado durante años se abre paso, aunque la descoordinación y los intereses políticos, industriales y geoestratégicos de cada Estado lo frenan. El Ejército Europeo es una posibilidad surgida en 2007 de la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente que permite a los Estados de la Unión el desarrollo conjunto de sus capacidades de defensa y participar con sus unidades de combate en misiones militares planificadas.

Hace una década, la canciller Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ya hablaron de una fuerza militar conjunta. Ahora, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, retoma esta propuesta y la concreta en 100.000 soldados como base de ese futuro ejército comunitario.

Kubilius es el primer comisario en la historia dedicado al ámbito de la Defensa, una decisión adoptada por la presidenta Ursula von der Leyen el año pasado y vista como disruptiva a la vez que necesaria ante el escenario internacional, en el que la UE cada vez estaba más implicada militarmente en Ucrania. Los 27 han entregado 63.000 millones de euros desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 a Kiev en ayuda militar y se preparan para ofrecer otros 60.000 millones este año y el siguiente, se han involucrado en misiones de entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas en sus respectivos territorios y ahora deben desplegarse en el territorio autónomo de un Estado miembro ante la coacción de su supuesto gran aliado y garante de su seguridad colectiva.

El comisario europeo de Defensa se pregunta “si los Estados Unidos serían más fuertes si tuviesen 50 ejércitos a nivel estatal en vez de un sólo ejército federal”. Su respuesta es que no y, por lo tanto, concluye con un elocuente “a qué estamos esperando” para crear unas fuerzas armadas de la UE.

La Unión cuenta ya con una Fuerza de Despliegue Rápido para responder a crisis y amenazas externas con 5.000 soldados fuera de sus fronteras. Está formada por batallones de combate rotatorios con tropa aérea, naval y terrestre de los Estados miembros, capaces de realizar una variedad de misiones, desde la estabilización y la interposición de la paz en territorios en conflicto hasta la evacuación, el rescate o la asistencia humanitaria. Cuenta con un mando conjunto y los 27 gobiernos deben autorizar su despliegue.

Esta Fuerza de Despliegue (o Rapid Deployment Capacity) es, según Guntram Wolff, exdirector del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, “un instrumento militar apropiado a su disposición” y el envío a Groenlandia sería “un signo de madurez estratégica y de la unidad europea”. La base para un ejército de la Unión, aunque según estudios de la Comisión, la capacidad defensiva común iría más allá y depende de tres pilares: más inversión en capacidad productiva, instituciones preparadas, y la voluntad política para la disuasión y la guerra, si fuese necesaria.

Aunque la decisión de que los países de la OTAN alcanzasen el 2% de su PIB en gasto militar fue adoptada en 2014, no estaban cumpliendo y según los datos de la propia Alianza en 2022 sólo siete de los entonces 30 miembros llegaban al porcentaje. Eran Estados Unidos, las tres repúblicas bálticas, Polonia, Grecia y el Reino Unido. La invasión de Ucrania cambió los tiempos y la mentalidad de los Gobiernos. Dos años después, 24 países ya habían alcanzado ese 2% y la Cumbre de la OTAN en La Haya elevó sustancialmente el objetivo al 5%, sólo cuestionado y no firmado por España, que sí supera el 2%.

Mark Rutte, secretario general de la Alianza, Kaja Kallas, Alta Representante Exterior, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, y por encima de todos Donald Trump exigen más gasto militar. El estadounidense, para retirar efectivos del continente europeo y reposicionarlos en el hemisferio occidental, donde ahora está recuperando la doctrina Monroe, o en Asia; Rutte, como subordinado de Washington desde su cargo; y la estonia y la alemana, alertando continuamente sobre el peligro del expansionismo ruso para la UE.

Cuando la Eurocámara debatió el Libro Blanco de la Defensa presentado por la Comisión como base para el programa de 650.000 millones en gasto militar, una mayoría de Los Verdes lo validaron. Reinier van Lanschot, ecologista de Volt, escribió entonces que “la necesidad para inversiones urgentes de defensa es alta” y que “la UE debe mostrar liderazgo y asumir la responsabilidad de su propia libertad y seguridad”. Su compañero de bancada, Villy Sovndal, se mostró favorable a los programas de inversión en defensa y de ayuda a Ucrania con un “es de la mayor importancia que sigamos aplicando presión a Rusia”.

Y fue la anterior coalición de Gobierno alemana entre socialdemócratas y verdes la que aprobó el fondo especial de 100.000 millones de euros con un cambio constitucional que permitiese mayor endeudamiento federal para comprar sistemas avanzados de armas, como cazabombarderos F-35 y baterías antimisiles Patriot, ambos de fabricación estadounidense. El clima político ha virado tanto en el continente que formaciones políticas que antaño hacían del pacifismo su bandera ahora comparten mensajes en pos del rearme y la seguridad y defensa.

La muerte de Renee Nicole Good bajo los disparos de un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es un asesinato. JD Vance lo sabe, por eso no ha tardado en salir a los medios y manifestar que el agente goza de “inmunidad absoluta”. Cualquier demócrata, más con una responsabilidad institucional como la suya, habría dicho que “la justicia aclarará lo ocurrido”, a lo que podría unir que él espera que se demuestre que no ha sido un homicidio. 

Sin embargo, ni siquiera quiere dar oportunidad a esa investigación y lo cubre de inmunidad por el simple hecho de que el agente estaba realizando su trabajo, un planteamiento tan absurdo que haría que cualquier policía que matara a una persona dentro de una actuación policial, como ocurrió en la misma ciudad con George Floyd, quedara impune. Algo similar a lo que sucedería con un médico que cometiera una negligencia como parte de su actuación profesional. Es el ejercicio profesional el que puede dar lugar a abusos y mala praxis en cualquier profesión, no el que impide que ocurran.

Pero, además, la propia dinámica de los hechos que se observa en los vídeos grabados demuestra el asesinato, y contradice la versión dada por el agente que disparó y las autoridades republicanas. Veámoslo:

Los agentes del ICE podían haber actuado en cualquier momento sobre la mujer de Nicole, que estaba grabando la conversación con ellos, e impedir que se marchara en el vehículo, pero no lo hicieron porque entendieron que no era necesario al tratarse de una protesta. Los disparos del agente no fueron intimidatorios ni los dirigió contra las ruedas u otras partes del vehículo que habrían podido facilitar la detención de la activista, sino que disparó al menos tres veces y desde muy cerca hacia su cabeza. Ella no huía, puesto que no se veía afectada por las medidas contra la Inmigración del operativo desplegado.

No se trata de un caso aislado, tal y como han puesto de manifiesto las investigaciones periodísticas, los disparos y las amenazas con armas por parte de agentes del ICE se ha convertido en un patrón dirigido a intimidar y a aleccionar a la población. Y el hecho de que se produzcan este tipo de declaraciones justificando lo ocurrido por parte de los principales responsables del país, los mismos que promueven estas redadas contra la población inmigrante, demuestra que se trata de una estrategia en la que todo está previsto, desde las diferentes formas de actuar, entre las que se incluyen la intimidación con las armas y los disparos, hasta las justificaciones para cada una de las ocasiones. El asesinato de Renee N. Good sólo ha sido una de las consecuencias que se podían producir.

La política de DJ Trump y sus actuaciones se mueven por el mismo patrón: se actúa al margen de la ley, y luego se explica lo ocurrido negando la realidad y dándole un significado diferente bajo el criterio de la “verdad alternativa”, de la que tanto habla Trump desde hace años. Es lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, que más que una invasión y secuestro de un presidente, intentan presentarlo como una especie de invitación a una fiesta sorpresa, sin que nadie haga referencia a las 100 personas asesinadas durante los hechos, ni al significado que tiene sobre la soberanía de un país.

Es la “ley y el orden” de la que tanto habla DJ Trump, solo que se le olvida decir “mi ley y mi orden”. Lo terrible es que una de las primeras democracias de la historia permita que su presidente actúe de esa forma. 

Nunca América será grande otra vez de ese modo, por mucho petróleo que consiga.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, de la que forma parte la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y otras organizaciones, ha denunciado este sábado que el Gobierno haya autorizado una compra de material militar a Israel para proyectos aeronáuticos liderados por Airbus.

El Gobierno autorizó la transferencia de determinado material de defensa y doble uso de origen israelí en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre para dichos proyectos de Airbus en España, haciendo uso de las excepciones contempladas en el real decreto ley para el embargo de armas a Israel.

El propio Gobierno señaló en la página web de la Moncloa con los acuerdos del Consejo de Ministros que era necesario comprar ese material a Israel porque no había "alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles" y se pondría en "alto riesgo" la continuidad de los proyectos de Airbus, consistentes en aviones destinados al Ejército.

En una nota de prensa, la Rescop y el resto de asociaciones integradas en la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel lamentan que el Gobierno "ha vuelto a poner de manifiesto que cuando hay que decidir entre economía o derechos humanos, prioriza sus intereses comerciales ante las vidas de las personas palestinas".

"Lo ocurrido demuestra exactamente el problema de fondo del real decreto ley: no es un embargo integral de armas a Israel. Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad", señalan, al tiempo que piden que los grupos parlamentarios modifiquen esta iniciativa legal en el periodo de enmiendas en el Congreso para acabar con las excepciones.

Los ministros de Sumar presentaron objeciones a esta autorización de compra de material israelí ante sus socios del PSOE, según han confirmado a EFE fuentes próximas a Yolanda Díaz, ya que estimaban que no había motivos suficientes para aplicar las excepciones contempladas en el real decreto ley, que están basadas en el menoscabo para los intereses generales nacionales.

Este último verano, el apoyo directo o indirecto de la industria musical a determinados conflictos bélicos en curso comenzó a ocupar poco a poco la agenda pública. Ocurrió cuando en pleno genocidio palestino salió a la luz que muchos festivales estaban gestionados por el fondo israelí KKR, de manera que estos pasaron a estar señalados públicamente por financiar la masacre perpetrada por las fuerzas sionistas. Ese posicionamiento colectivo se materializó en seguida en un boicot de grandes dimensiones en todo el Estado español. Miles de personas rehusaron comprar entradas para macroeventos como el Viña Rock, el Sónar o el Resurrection Fest. Aquel fue un ejemplo exitoso de bloqueo cultural llamado a impactar en los bolsillos de quienes participan en el jugoso negocio de la guerra, pero no ha sido el único en los últimos meses. 

Recientemente, muchos consumidores y artistas han replicado esta estrategia retirando su música de Spotify por motivos políticos de carácter antiimperialista: el fundador y CEO de la plataforma, Daniel Ek, ha invertido más de 600 millones de euros en la compañía alemana de IA militar Helsing, una de las tecnológicas privadas de mayor valor de mercado en Europa (12.000 millones de euros), a través de su empresa de inversiones Materia Prima. Aunque esta operación financiera se remonta realmente a 2021, según el diario británico Financial Times la empresa ha “redoblado su apuesta” desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Este conflicto se ha convertido en un laboratorio de las nuevas tecnologías de guerra basadas en IA prácticamente experimental, con los perjuicios que esto naturalmente conlleva. 

De hecho, el colectivo independiente Carro de Combate, que investiga el origen de los productos de consumo cotidiano, estima que el objetivo original de Helsing era crear software de uso bélico que integrara “datos de múltiples sensores, imágenes térmicas, radar y vídeo para crear representaciones en tiempo real del campo de batalla”. Así, la empresa utiliza algoritmos para analizar los datos de los sensores y los sistemas de armas de los campos de batalla con el fin de informar las decisiones militares en tiempo real. Tanto Helsing como Palantir (esta última en EEUU) son empresas pioneras en este sector.

Desde que las instituciones comunitarias implantaron políticas de rearme para hacer frente a una posible amenaza rusa, ha habido una clara reorientación empresarial hacia las tecnologías militares. Las empresas de IA militar son actualmente la gallina de los huevos de oro capaz de generar beneficios millonarios a futuro, y Helsing es una de las que lideran este cambio de paradigma. Es por ello que miles de usuarios y artistas han decidido movilizarse al respecto. El caso más mediático quizás fue, el pasado mes de septiembre, el del grupo de trip-hop Massive Attack. 

En su cuenta de Instagram anunciaron su marcha de Spotify con el siguiente comunicado: “A la luz de las importantes inversiones realizadas por su director general en una empresa que produce drones militares y tecnología de inteligencia artificial integrada en aviones de combate, Massive Attack ha solicitado por separado a nuestro sello discográfico que nuestra música sea retirada del servicio de streaming Spotify en todos los territorios”, explicaban. Antes que ellos habían dado el paso bandas como King Gizzard & The Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor o Deradoorian. Sobre la banda estadounidense de rock Hotline TNT, el magazine musical Mondo Sonoro se hizo eco este mes de agosto de su partida y traslado a la plataforma Audiotree. En España, el ejemplo más sonado ha sido el de Fermin Muguruza, pero más de 162 bandas de Euskal Herria, unos 650 artistas en total, han secundado el boicot. 

Muchos de estos artistas, pero también consumidores habituales, venían de apoyar otras campañas antibelicistas centradas en el sector musical como la antisionista No Music for Genocide, de la que forman parte cantantes como Wednesday, Nourished by Time, Rina Sawayama, Yaeji o Amyl and the Sniffers. Según la propia web de la campaña, más de 1.000 artistas y discográficas retiraron su música de ese territorio por las necropolíticas de Israel. Para las personas que ya habían participado en esta acción colectiva, hacer lo propio con Spotify parecía un paso natural y lógico.

A día de hoy no se ha podido demostrar que Helsing contribuya a financiar las operaciones militares israelíes en territorio palestino. En cambio, las tecnologías de armamento que fabrican van destinadas a proveer de software al ejército ucraniano y su alcance es exclusivamente europeo (al menos hasta la fecha). Eso sí, resulta ser un negocio muy rentable en una Europa llamada a rearmarse cada vez más: según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó los 2.718 mil millones de dólares en 2024, con un incremento del 9,4% en términos reales respecto a 2023.Las empresas pronto han descubierto lo lucrativo que resulta orientar su producción hacia la defensa. 

Particularmente Helsing está haciendo el agosto suministrando drones de ataque HX-2, su nuevo modelo introducido en diciembre de 2024 y fabricado en sus instalaciones del sur de Alemania. En la propia web de la empresa lo venden como un artefacto “capaz de atacar artillería, blindados y otros objetivos militares a una distancia superior al alcance visual (hasta 100 km)” cuya IA integrada “garantiza que el HX-2 sea inmune a las medidas hostiles de guerra electrónica (EW) gracias a su capacidad para buscar, reidentificar y atacar objetivos incluso sin señal o conexión de datos continua”. 

Desde el Centro Delàs de Estudios por la Paz insisten en que, en este sentido, en la escena bélica actual el arma estrella son sin duda los drones y los proyectiles 155. Mientras los buques acostumbran a ir rodeados de drones para su vigilancia y protección, en Tierra se utilizan para observar movimientos de los tanques e incluso para penetrar y ver dentro de los edificios. Pero en su portal Helsing también oferta otros productos de fines similares, como el sistema de vigilancia submarina SG-1 + Lura, una plataforma de software capaz de supervisar vastas áreas en los océanos y “patrullar discretamente en grupo o mantener su posición en el lecho marino”. 

Tica Font, presidenta e investigadora del Centro Delàs, infiere a infoLibre que esta es la primera vez en que los militares han utilizado empresas civiles para obtener medios en conflictos armados: “Con alguna otra empresa de inteligencia artificial y con los satélites de estas empresas consiguen resultados muy óptimos en clasificación de datos. Por ejemplo, usaron la IA para, viendo los movimientos que realizaban de tanques y tropas rusos, hacer previsiones de por dónde iban a atacar o también para tener datos sobre cómo evoluciona un campo de batalla o para diseñar un tanque e interpretar comunicaciones”, desliza. 

Alude a la confección de algoritmos de Israel para vigilar los movimientos de los palestinos a través de una gran base de datos digital que recoge fotografías, conversaciones, teléfonos, comportamientos en Internet y toda clase de datos de ciudadanos palestinos. “El algoritmo decía a quién había que matar cada día en base a decidir si la persona podía o no pertenecer a Hamás o a la Yihad”, alega la experta. Pero para Alemania, principal potencia defensora de los planes de rearme en la UE, la apuesta por tecnologías bélicas responde a una estrategia económica nacional que parece no prestar demasiada atención las cuestiones éticas. Su industria automovilística ha perdido fuelle por la fuerte competencia que ejerce en el sector el mercado chino, sobre todo en la producción de vehículos eléctricos. De este modo, el gobierno alemán ha optado por invertir en industria militar (como ocurre en el caso de Helsing) para generar, al menos en la teoría, nuevos puestos de trabajo que compensen los destruidos y así a su vez incrementar el PIB.

Jaime y su pareja decidieron hace poco más de un mes apoyar el boicot a esta plataforma y trasladar su música de Spotify a otra similar cuando empezaron a recibir publicaciones que denunciaban las prácticas empresariales de Ek. Aunque él nunca había sido, confiesa, demasiado activo a la hora de limitar su compra de productos “manchados de sangre”, salvo a la hora de evitar determinados supermercados vinculados al genocidio, las experiencias exitosas de los boicots selectivos (como los promovidos desde el movimiento BDS -Boicot, Sanciones y Desinversiones.) le motivaron a cambiar sus prácticas de consumo. “Con todo el tema del boicot a Israel, se ha visto que el boicot tiene un efecto colectivo bastante positivo, motiva ver que en otros casos ha funcionado”, afirma en conversación con este medio. 

Entre el cóctel de motivos que le indujeron a retirarse de la plataforma no sólo figura la cuestión las inversiones millonarias en Helsing (el CEO de la plataforma alega que de esta forma está ayudando a “defender” Europa), sino también las críticas por los pagos ínfimos a los artistas o la complicidad con la maquinaria antiinmigración en EEUU. Los anuncios promocionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de la plataforma difundían mensajes racistas y xenófobos como  "Estados Unidos ha sido invadido por delincuentes y depredadores. Necesitamos que TÚ los eches. Cumple tu misión de proteger América. Únete en Join.Ice.Gov". En los mismos, el organismo al servicio del gobierno republicano tacha de criminales a las personas migrantes que llegan a EEUU en busca de un futuro para su familia. El New York Times asegura que este servicio de deportaciones ilegales y extrajudiciales ha aumentado en los últimos meses y, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 200.000 personas migrantes en situación administrativa irregular han sido expulsadas a su país de origen o a terceros.

Aunque muchos ya se han mudado a plataformas alternativas como Bandcamp, Tidal o Deezer para posicionarse contra estas acciones, Jaime mantiene que todavía es difícil conseguir un lugar donde reproducir canciones con el mismo nivel de almacenamiento que alberga Spotify. Admite que Q-Booth, a donde han “migrado” desde que dejó Spotify y que cuenta con más de 100 millones de pistas, tiene una interfaz parecida y buena calidad de sonido. Dentro del mundo de los servicios de streaming musical ocupa uno de los primeros puestos en sonoridad. 

No obstante, recalca, “cuando coges tus playlists antiguas y te las llevas a la nueva plataforma se ve que hay un montón de canciones que no las tienen, a parte de que muchos artistas no suben su discografía a Q-Booth”. Para reducir estas diferencias sería preciso que la mayoría de artistas, aquellos que generan mayores beneficios, tomaran posición y decidieran casi de forma unánime situarse en estas otras alternativas. Lo que, al parecer de Jaime, “es sumamente complicado porque está mucho dinero en juego y los artistas en su mayoría no quieren renunciar a esos beneficios que les dan las apps de streaming gigantes”.

Ocurrió lo que llevaba tiempo anunciándose. Un año y medio después del crimen de Barbate y apenas unas semanas más tarde del asesinato del Guadiana, otro agente de las fuerzas de seguridad que lucha contra el narco ha sido objeto de la violencia extrema por parte de los criminales. Un miembro de los Greco Cádiz, la unidad de la Brigada Central de Estupefacientes desplazada en el Sur de España, ha sido tiroteado en el marco de una redada en el término municipal de Isla Mayor, cerca del río Guadalquivir. En la mañana de este sábado está siendo operado de urgencia tras recibir al menos un disparo en la zona del abdomen.

El episodio sucedió en la madrugada de este sábado, sobre las 7.00 horas, en plena acción policial para evitar un desembarco de droga en el citado río Guadalquivir. Los criminales emplearon armas de guerra de alto calibre y efectuaron varios disparos contra los policías. Por el momento, se desconoce si la sustancia que pretendían 'defender' de las autoridades era hachís o cocaína.

En vista de la gravedad de los hechos se han desplegado agentes policiales de distintas unidades para dar con los narcos. Uno de los puntos a los que han llegado es el entorno de un inmueble en el que podrían haberse refugiado los autores, si bien las primeras noticias apuntan a que habrían huido de ese lugar.

La dificultad del operativo es máxima, pues Isla Mayor se encuentra a medio camino entre la desembocadura del Guadalquivir y la ciudad de Sevilla, en un entorno de muy difícil control para las fuerzas de seguridad.

Sobre el estado del agente, permanece reservado por el momento. Ha trascendido que la protección del chaleco antibalas ha impedido su muerte en el acto. Las informaciones a las que ha podido acceder Narcodiario apuntan a que está grave, pendiente de evolución.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha amenazado con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares después de que el líder de EEUU, Donald Trump, ordenara reanudar dichas pruebas en medio de la tensión estratégica entre ambas superpotencias, según informa EFE.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusó hoy a Occidente de "histeria militarista antirrusa" por su reacción al anuncio de Putin, que planteó el miércoles al Gobierno ruso la conveniencia de reanudar las pruebas nucleares.

En apenas dos semanas Rusia y Estados Unidos han pasado de convocar una cumbre en Budapest a plantearse la posibilidad de regresar al órdago nuclear como forma de hacer política, algo que Moscú y Washington no hacían desde 1990 y 1992, respectivamente.

Trump ya había demostrado en agosto que no se tomaba a la ligera las amenazas de Moscú cuando ordenó el despliegue de un submarino atómico cerca de las costas rusas después de que el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, sugiriera en las redes sociales un posible apocalipsis nuclear.

Ambas potencias consideran obsoleto el actual sistema de control de armamento estratégico, ya que no incluye a China, pero tampoco a Francia y el Reino Unido, Corea del Norte, India, Pakistán o Israel, los integrantes del oficioso club nuclear.

El Kremlin fue escenario de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia que recordó a la celebrada en septiembre de 2022 para aprobar la anexión de cuatro regiones ucranianas.

La función teatral, como la han tachado muchos analistas, tenía como destinatario tanto la Casa Blanca como el pueblo ruso.

Estados Unidos se niega a renovar el START III, el último tratado de desarme nuclear entre ambas potencias que expira en febrero, y aún no ha respondido oficialmente a la propuesta rusa de prolongar un año su vigencia.

Mientras, según un reciente sondeo encargado por el Kremlin, el 83% de los rusos están "muy cansados o cansados" de la conocida como 'operación militar especial'.

Por ello, para justificar que la guerra siga en Ucrania, señalan los analistas, el Kremlin necesita idear nuevas amenazas para convencer a su pueblo de que el enemigo aún está a las puertas.

Putin hizo el papel de zar que escucha pacientemente los consejos de sus asesores, entre los que el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el presidente de la Duma abogaron por realizar cuanto antes pruebas nucleares.

Les siguieron otros halcones, entre ellos diputados y senadores, que instaron al jefe del Kremlin a demostrar a los occidentales que con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de sanciones, de lo contrario Moscú recurrirá al mazo nuclear. 

Como reacción, el líder ruso optó por una variante entre salomónica y contradictoria: mantener la moratoria mientras EEUU haga lo mismo y pedir un informe al Gobierno sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares.

"Hace mucho que el chantaje nuclear forma parte de la política exterior rusa", comentó hoy Gari Kaspárov, ajedrecista y opositor al Kremlin, al canal Dozhd.

Por su parte, Trump aclaró que ha pedido al Departamento de Guerra realizar pruebas de armas nucleares en "igualdad de condiciones" que Rusia y China. "Realmente odio hacerlo, pero no tengo opción", afirmó.

Con todo, el secretario de Energía, Chris Wright, contribuyó más a la confusión al asegurar en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas. 

Wright agregó que "las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema". De hecho, Estados Unidos realizó este miércoles un lanzamiento de prueba con un misil intercontinental Minuteman III desde una base militar en California.

Si eso es así, entonces el Kremlin no se dio por aludido. En la reunión presidida por Putin, los altos funcionarios rusos lamentaron que Washington no haya precisado el alcance de las afirmaciones de Trump.

El Kremlin mantiene que los lanzamientos del misil de crucero Burevéstnik y el sumergible no tripulado Poseidón, ambos de propulsión nuclear, que tan nerviosos pusieron a Washington, no fueron en ningún caso pruebas nucleares.

"Es una guerra de nervios", añadió Kaspárov, quien descartó que dicha escalada vaya a mayores.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, aseguró que, aunque el polígono de Nueva Zembla esté listo -EE.UU. denuncia falta de transparencia rusa en esas instalaciones-, se necesitarían meses o años de preparación.

En la misma línea se manifestaron expertos estadounidenses. La URSS realizó la última prueba en ese mismo archipiélago ártico en 1990, mientras EEUU la efectuó en 1992 en el estado de Nevada.

Eso sí, los especialistas precisan que muchos de los ensayos se realizan ya bajo tierra, lo que descartaría la histeria popular que puede desencadenar las imágenes de un hongo radiactivo.

China, la potencia que se niega a sumarse al START, realizó un ensayo en 1996, mientras Corea del Norte ha efectuado seis entre 2006 y 2017.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

A pesar de haberse alcanzado un plan de paz para Gaza, varios sindicatos españoles mantienen la convocatoria de movilizaciones prevista para este miércoles. “Seguimos movilizándonos por Palestina”, titulan CCOO y UGT un comunicado conjunto en el que exponen sus motivos para mantener los paros parciales de este 15 de octubre. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado, junto con otros sindicatos, una huelga general, como ya hizo el año pasado.

Concretamente, las organizaciones Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Confederación Intersindical se han sumado a la huelga, que se desarrollará durante las 24 horas de este miércoles. También han mostrado su apoyo colectivos como la plataforma Madrid por Palestina, la asociación Hispano-Palestina y el movimiento 'Boicot, Desinversiones y Sanciones' (BDS). “Llevamos décadas viendo cómo el Estado de Israel viola sistemáticamente resoluciones – una tras otra- de organismos internacionales que en teoría velan por la paz en el planeta”, argumenta CGT en un comunicado.

El motivo principal de CGT para llevar a cabo esta jornada de huelga es “la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización”. Desde CGT ponen el foco en el Gobierno de España y la comunidad internacional como “cómplices” del genocidio en Gaza.

“A pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país”, prosigue la nota de prensa. El sindicato hace hincapié en las relaciones comerciales de España con Israel, destacando las exportaciones de material militar. “Además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español”, razonan.

CGT considera que estos gastos tienen un impacto negativo en “otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras”. Es por esto que entre las exigencias del sindicato se encuentra el aumento de las pensiones, el incremento de ofertas de empleo público o la mayor dotación a partidas autonómicas relacionadas con la vivienda. 

Además de la huelga general, CGT ha convocado una manifestación en Madrid para el mismo día, que comenzará en Atocha a las 19.00 horas y terminará en la plaza de Callao. La organización anarcosindicalista registró la convocatoria ante el Ministerio de Trabajo el pasado 3 de octubre. Unos días antes, el 29 de septiembre, CCOO y UGT presentaron ante el ministerio la convocatoria de varios paros parciales.

“Ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, si perpetúa la ocupación, o si ignora las resoluciones de Naciones Unidas”, exponen los sindicatos en un comunicado conjunto. Es por esto que la movilización convocada para este miércoles sigue en pie, para “mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino”.

CCOO y UGT anunciaron una “jornada de lucha” el pasado 19 de septiembre, tras conocerse días antes que una comisión independiente de la ONU acusaba a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Ahora, la protesta se ha materializado en una serie de paros parciales, distribuidos en tres horquillas: de 2.00 a 4.00 horas, de 10.00 a 12.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas. 

Al igual que CGT, estos sindicatos se muestran escépticos ante el plan de paz para Gaza impulsado por Donald Trump. “A día de hoy seguimos sin conocer todos los detalles del acuerdo, que apenas constituye un primer paso hacia un eventual alto el fuego”, afirman en la nota de prensa. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, que también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles, ha tildado el acuerdo de “una farsa”.

La Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (Rescop) ha denunciado este viernes que cuatro barcos con armas y combustible destinados a "abastecer el genocidio" palestino navegarán por aguas españolas y/o recalarán en puertos nacionales, según informa EFE.

Esta red de organizaciones propalestinas ha exigido que se deniegue el atraque de estos buques, que se retengan e inspeccionen. La Rescop ha indicado en un comunicado que cuatro barcos van a utilizar puertos y aguas territoriales españolas "en las próximas horas y días en sus rutas de suministro de material militar y combustible a Israel".

Según información obtenida del puerto de Barcelona y la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder, dos buques utilizarán el puerto de la ciudad condal, otro atracará en Ceuta y un cuarto pasará por aguas españolas en su ruta hacia Gibraltar. Se trata del Petrolina Ocean, con bandera de Chipre, que está haciendo labores de suministro en el puerto de Barcelona, donde tiene previsto cargar 6.100 toneladas de combustible para transportar a Israel, según Rescop.

En las inmediaciones del puerto de la ciudad condal se encuentra el Zim Virginia, con bandera israelí, que regresa de Israel a Estados Unidos después de haber entregado "13 toneladas de componentes de helicópteros militares, 5 toneladas de proyectiles" y 22 vehículos de uso militar. También tiene previsto hacer escala en el puerto de Valencia.

El tercer barco es el Danica Sunrise, con bandera de Dinamarca, que también se encuentra en la ruta desde Israel a Estados Unidos, pertenece a una compañía especializada en carga de explosivos y tiene previsto hacer escala en Ceuta.

De la misma compañía es el Marianne Danica, que viaja de India a Israel para entregar 18 contenedores de munición y no ha podido hacer escala en Cabo Verde, por lo que se dirige a Gibraltar, para lo que tendrá que atravesar aguas españolas. En 2024, Exteriores prohibió su atraque tras acreditar que transportaba munición y explosivos.

La Rescop ha exigido en su comunicado que el Gobierno impulse un "embargo integral de armas a Israel sin excepciones" que incluya también el tránsito y ha solicitado a las autoridades competentes que denieguen a estos cuatro buques el acceso a los servicios portuarios.

"Ningún puerto español debe permitir el atraque de barcos implicados en el comercio de armas con Israel. Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina mediante el suministro de combustibles", ha subrayado.

Junts per Catalunya ha informado este jueves de que votará el próximo martes en el Congreso a favor del real decreto ley del Gobierno sobre el embargo de armas a Israel, pero la convalidación del texto sigue en el aire ante la postura crítica de partidos como Podemos, ERC y BNG, que no han desvelado su voto, según informa EFE.

Fuentes de Junts han confirmado que los siete diputados de la formación independentista votarán a favor de la convalidación del real decreto ley y a favor de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios, al igual que ha solicitado Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También han confirmado su voto a favor el PNV, Bildu, la diputada de Compromís Àgueda Micó y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, ambas integradas en el Grupo Mixto.

Sin embargo, la convalidación del real decreto ley peligra, ya que otros socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC y BNG insisten en que lo consideran insuficiente y no han revelado aún el sentido de su voto. 

El odio se forja en gabinetes de personajes infames, se especula con él, se invierte y se manipula. Más tarde, prendas sin ética alguna mandarán a sus francotiradores disparar a la cabeza de la ciudadanía sin ahorrar munición. “La violencia de género no existe, no es más que un concepto ideológico”. Abascal. Se muere en el parque, al caer la noche, sobre un banco de madera, a manos de tres individuos, tras una larga agonía. Se muere, sin más.

Se muere tras cada artículo.

La retina se acostumbra rápidamente al horror y la destrucción, a los genocidios consentidos por tribunales que omiten lo que no debieran y emiten meros actos testimoniales. El siglo XXI agoniza dolorosamente y no puede morir matando. Que lo hará. No le da la vida. La mar lo sabe y escupe espuma sucia a los hideputas que matan a discreción a través de la mira telescópica de sus Barrett M82. Les importa una mierda el objetivo, solo un certero disparo. La mar lo sabe y velará a sus muertos.

El parpadeo del cursor morirá tras el impacto del último disparo, diestro y en la cabeza, de los que no te dan tiempo a decir ni “mu”. Tal vez el tintineo del Macallan con el hielo sea capaz de despertar un artículo que no lea ni Dios, como tantos otros. Tal vez no sea capaz de removerte ni de remover nada, solo el tintineo del hielo y las pastillitas pa dormir se ocupen de ello. De morir tras cada párrafo.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

A lo largo de esta semana, Narcodiario ha dado cuenta de la amplísima acción de la Policía Nacional que ha servido para desarticular una importante organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el Puerto de Valencia. El saldo final de la operación, llamada Spider, asciende a la detención de de 81 personas, entre las cuales destacan tres integrantes del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas relacionadas con la instalación portuaria que, como hemos venido contando, se encontraba completamente infectada por la presencia de narcotraficantes.

El operativo recién concluido contempla 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza, donde se han incautado más de 4,56 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego. La organización contaba con 'hombres araña' que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía, empleando además a propietarios de empresas de transporte o concesionarios de vehículos industriales y transitarias, con las que lograban legitimar el acceso al recinto portuario. Parte de estos 'spiderman' ya fueron detenidos en abril en la dársena levantina.

La investigación, que arrancó a principios de 2024, permitió determinar la existencia de una organización criminal que operaba como un auténtico cártel de la droga en el Puerto de Valencia. En el transcurso de la misma, la Policía Nacional ha conseguido frustrar ocho operaciones de extracción de cocaína.

Las indagaciones realizadas permitieron confirmar la implicación de personal del Puerto en dicho entramado criminal, encontrándose entre ellos estibadores, camioneros y empresarios del sector del transporte, los cuales estaban perfectamente coordinados mediante una clara división de tareas.

Además, según las pesquisas, el entramado delictivo utilizaba varios métodos sofisticados para extraer la cocaína del interior del Puerto de Valencia para su posterior distribución a gran escala. La actuación de los 'hombres araña' que escalaban por los contenedores resultaba esencial.

Asimismo, representantes sindicales, un médico y personal relacionado con el centro de empleo portuario colaboraban en el tráfico de drogas, facilitando la incorporación de nuevos miembros a la Estiba Portuaria, crucial para el control del proceso de carga y descarga de contenedores. Todo ello da cuenta del nivel de infiltración en una instalación que se convirtió en un puerto al servicio del narco a lo largo de varios años, hasta la presente actuación de la Policía. No debe olvidarse que el jefe de la Guardia Civil en el lugar, Jesús F.B., también cooperaba con los criminales.

Los 59 registros domiciliarios se realizaron en Valencia ciudad y diversas localidades –Bétera, Alboraia, Picassent, Chiva, Benetússer, el Perellonet, Balcón de Montroy, la Pobla de Vallbona, Canet de Berenguer, Sueca, Godelleta, Albalat dels Tarongers, Mislata, Aldaia, Puçol, Massamagrell, Massalfassar, Sedaví, Algemesí, Quart de Poblet y Sagunto–, y en la isla de Ibiza. Además de la droga y el dinero en efectivo, se incautaron diversas armas de fuego, tales como un rifle, una escopeta, tres revólveres, un arma corta, dos bolígrafos pistola, dos armas simuladas, abundante munición y tres táser.

Además del narcotráfico, la organización dominaba todo un entramado empresarial que permitía introducir los beneficios generados por el tráfico de drogas en el flujo legal de capitales. Se han incautado numerosos bienes de lujo, entre los que destacan 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de prestigiosas marcas, diversas joyas, diamantes y lingotes de oro.

La operación Spider ha culminado con el despliegue de más de 450 efectivos de diferentes unidades, como las brigadas provinciales de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Valencia, la Comisaría General de Policía Judicial, así como el Grupo Especial de Operaciones –GEO–, Grupos Operativos Especiales de Seguridad -GOES-, la Unidad Aérea de la Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial -UIP-, la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas -GOIT-. En alguna de las incautaciones se ha contado también con la colaboración de otros cuerpos policiales.

La operación policial ha supuesto, como se ha dicho, la detención de un total de 81 personas, incluidos los tres varones pertenecientes al Cártel de los Balcanes, dos más que forman parte de organizaciones criminales colombianas, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros, 17 responsables de cinco mercantiles, así como el citado miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien actuaba como intermediario entre el cártel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína.

Las investigaciones continúan abiertas al objeto de identificar a otros miembros de la organización y comprobar posibles conexiones con anteriores aprehensiones de droga.