“La única forma de relacionarnos” con Marruecos, “nuestro vecino inexorable”, “es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo tragando saliva o sapos si hace falta, pero hay que construirlo”. El eurodiputado socialista Fernando López Aguilar no pudo ser más sincero al justificar la semana pasada la razón por la que el PSOE votó en contra de una resolución en el Parlamento Europeo, pactada por los grandes grupos, incluido el socialdemócrata, que denuncia el deterioro de la libertad de prensa en el país magrebí y da credibilidad a las sospechas acerca de la participación de Marruecos en una trama de sobornos para ganar peso político en las instituciones europeas. La resolución salió adelante con el voto a favor de 356 votos a favor, 42 abstenciones y 32 votos en contra: los de los eurodiputados socialistas españoles, una docena de parlamentarios de ultraderecha y varios no inscritos.

Lo ocurrido en Estrasburgo es sólo el último ejemplo, el más reciente, de las cesiones que ha tenido que hacer el Gobierno de España para reconstruir la maltrecha relación con nuestro vecino del sur antes de que Pedro Sánchez asuma la presidencia de turno de la Unión Europea, el próximo 1 de julio. Y antes, por supuesto, de que termine la legislatura y tenga que rendir cuentas en las urnas. 

Moncloa confía en culminar con éxito esta compleja travesía con la celebración, el miércoles y el jueves de esta semana en Rabat, de la XII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos. Una cumbre bilateral que no se celebraba desde hace casi ocho años, cuando el presidente era Mariano Rajoy, y que lleva casi cinco años aplazándose, siempre a instancias de las quejas y las demandas de Rabat.

La presión de Marruecos sobre España comenzó el 10 de diciembre de 2020. Ese día, Donald Trump, entonces presidente saliente de Estados Unidos, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Y Rabat, también ese día, suspendió la celebración de la RAN que iba a tener lugar una semana después, alegando los inconvenientes causados por la pandemia.

Aquel día el vecino del sur inició un pulso con el Gobierno de Sánchez para obligarle a modificar la posición oficial de España sobre el Sáhara. La presión fue aumentando progresivamente, como demuestra la llegada cada vez mayor de pateras procedentes de las costas marroquíes y del territorio saharaui ocupado, hasta culminar el 17 de mayo de 2021 cuando Marruecos facilitó, deliberadamente, la entrada irregular de aproximadamente 8.000 personas, 1.500 de ellas menores de edad. Un desafío en toda regla que el Gobierno marroquí planteó como una protesta por la decisión de la Moncloa de de dar atención hospitalaria al líder del Frente Polisario, pero que en realidad, según todos los expertos consultados por infoLibre, no buscaba otra cosa que torcer el brazo de España para que abandonase su tradicional neutralidad y tomase partido a favor de Marruecos en el contencioso del Sáhara.

La maniobra surtió efecto. Para apaciguar a Marruecos, el Gobierno de Sánchez pactó una declaración en la que España asumió por primera vez “la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista” para resolver el futuro del Sáhara. Y enterró, quizá para siempre, la política de neutralidad activa que España había seguido hasta entonces, con el PSOE y con el PP y que consistía en la defensa exclusivamente de una solución “mutuamente aceptable” en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas.

A partir de esa declaración, suscrita el 7 de abril de 2022, España y Marruecos han ido dando pasos en busca de una normalización de las relaciones entre ambos países. A finales de año, asegura Exteriores, todos los grupos bilaterales de trabajo que, en algunos casos llevaban 15 años sin reunirse, están completamente activos y arrojando resultados.

La primera consecuencia ha sido una reducción de los flujos de migrantes, la mayor registrada en Europa. Un asunto central de la reunión programada para esta semana, en la que el intercambio de información antiterrorista tendrá también un gran protagonismo, especialmente después del ataque protagonizado por un joven marroquí en la localidad gaditana de Algeciras.

Las numerosas operaciones contra el terrorismo yihadista desarrolladas a lo largo de 2022 han puesto de manifiesto la importancia que adquiere, por un lado, una adecuada coordinación entre esas agencias y, por otro, una efectiva cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la UE –incluida la aportación de Europol—, y con los vecinos del sur en el espacio del Mediterráneo occidental: Argelia y especialmente –dado el predominio de personas de origen marroquí entre los yihadistas activos dentro del territorio español– Marruecos. 

La delimitación de las fronteras marítimas y aéreas en las Islas Canarias, el refuerzo de las relaciones económicas y la apertura de aduanas en las fronteras de Ceuta y Melilla completarán la agenda de la Reunión de Alto Nivel programada para esta semana.

Pedro Sánchez quiere zanjar definitivamente las diferencias con Marruecos antes de asumir la presidencia de la Unión Europea. No lo tendrá fácil. Su posición en relación con el Sáhara es débil. El PSOE se ha quedado en minoría en el Congreso en este asunto y a Rabat no acudirá ningún ministro de Unidas Podemos. Su deseo de dar prioridad durante su presidencia a la Vecindad Sur está amenazado por la investigación abierta en Bruselas sobre el Catargate, la red de sobornos que cada vez más salpica más a Rabat.

Marruecos se ha cerciorado de hacer ver que su enfado con la UE es mayúsculo. Su gobierno ya ha anunciado una revisión de todas sus relaciones con Bruselas. “La asociación (entre la UE y Marruecos) está afrontando un continuo ataque, sobre todo en el Parlamento (Europeo)”, declaró el ministro de exteriores, Nasrr Burita, la semana pasada.

La Reunión de Alto Nivel con España no puede celebrarse en un momento más delicado. Mientras el Gobierno español viaja a Rabat, el Parlamento Europeo anula o pospone todos los viajes que tenía en los primeros seis meses del año a Marruecos.

El reino alauita presiona ahora a Bruselas en un contexto de creciente influencia de su rival en la zona, Argelia, gracias a sus reservas de gas. Es a su vecino magrebí, principal respaldo del Frente Polisario, a quien Rabat atribuye en última instancia la resolución del Parlamento Europeo. Así que no es difícil imaginar que Rabat intentará aprovechar se recién recuperada sintonía con España para hacer valer sus intereses en la Unión Europea, que es el origen del 53% de las importaciones de Marruecos y el destino del 66% de sus exportaciones.

Rabat visibiliza lo molesto que está con la condena del Parlamento Europeo, como en su día hizo con la presencia en España del líder del Polisario. Pero en realidad, según los expertos en la política magrebí, busca ventajas en su relación con Bruselas. Desde un reconocimiento a su plan para resolver el contencioso del Sáhara en línea con la posición adoptada por Pedro Sánchez hasta una solución política a la nueva y previsible derrota que su posición está a punto de cosechar en la justicia europea después de la que sufrió en 2021 cuando los tribunales de la UE declararon ilegal la explotación de los recursos naturales del Sáhara por no contar con el beneplácito de la población saharaui y tratarse de un territorio ocupado de forma ilegal por Marruecos. 

El contexto en el Magreb es, en ese sentido, cada vez más complicado. Se ha convertido en el escenario de una creciente rivalidad entre Marruecos y Argelia, que ha salpicado de lleno a España, subraya el informe España en el mundo 2023: perspectivas y desafíos en la vecindad publicado recientemente por el Real Instituto Elcano. La competición argelino-marroquí por la hegemonía regional “recuerda a los peores momentos vividos entre ambos países cuando libraron una guerra en 1963” y “ocurre en medio de una carrera armamentística”. Para 2023, Argelia ha aprobado un gran incremento del presupuesto de defensa (de 9.700 millones de dólares a 22.700 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de más del 130%). Marruecos destina cerca del 4,7% de su PIB al sector de la defensa, mientras estrecha vínculos militares y de inteligencia con Israel. Esas tendencias ponen al vecindario sur de España en una situación de creciente inestabilidad y mayor riesgo de que se emplee la fuerza, bien sea como resultado de un accidente o de un cálculo premeditado. Para complicar mas las cosas, el Frente Polisario reafirma su apuesta por la presión militar. La guerra con Marruecos se reanudó hace dos años y nada parece que la vaya a detener a corto plazo. 

Desde que Sánchez cerró con el rey de Marruecos la hoja de ruta hacia la normalización de las relaciones entre los dos países que debe culminara esta semana en Rabat, su gobierno ha evitado cuidadosamente hacer o decir nada que incomode a nuestros vecinos. Lo más reciente ha sido la votación en el Parlamento Europeo, pero lo verdaderamente llamativo fue la cobertura que el Gobierno español ha dado a la masacre de inmigrantes de Melilla del pasado mes de junio. La versión oficial del Ministerio del Interior es que tanto la actuación de los gendarmes marroquíes como de las fuerzas de seguridad españolas fue ejemplar, a pesar de las evidencias que sugieren que la mayoría de las muertes fueron consecuencia de la violencia ejercida contra los migrantes y que algunas de ellas tuvieron lugar en suelo español.

¿Qué gana España que haga imprescindible tragar los “sapos“ de los que hablaban el eurodiputado López Aguilar, además de que Marruecos ejerza como barrera de los flujos de migrantes y comparta información relevante sobre el yihadismo internacional? El Gobierno de Sánchez apunta a la apertura de puestos aduaneros en Ceuta y Melilla, una acuerdo alcanzado con Rbat en abril de 2022 pero que sigue pendiente. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, anunció en septiembre en Nueva York que había pactado con su homólogo marroquí “trabajar en el inicio del paso de mercancías, de manera ordenada y gradual, a través de los puestos aduaneros terrestres en el mes de enero”. No ha ocurrido, pero España confía en que de la reunión de esta semana salga una fecha definitiva.

Fuentes del Ejecutivo resaltan la trascendencia del punto 3 del acuerdo suscrito en abril y que afecta a las dos ciudades autónomas: “La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. En el Gobierno valoran la aceptación de esos controles por parte de Marruecos como un salto cualitativo jamás dado anteriormente: “Por primera vez nos ponemos de acuerdo para implementar esos controles aduaneros en Ceuta y en Melilla”, sostienen fuentes diplomáticas que concluyen que el país vecino está llevando a cabo una aceptación de facto de la soberanía española de ambas ciudades. 

Las autoridades de Argelia han acusado a Marruecos de haber matado en un "bombardeo bárbaro" a tres camioneros que cubrían la ruta entre la capital mauritana, Nuakchot, y la ciudad argelina de Uargla y han advertido de que este "asesinato" no quedará "impune", informa Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar supuestamente el 1 de noviembre y, según la Presidencia argelina, las víctimas realizaban un viaje de índole comercial, "natural" entre los países de la zona. Tras investigar este "despreciable acto", Argel ha concluido que el ataque fue perpetrado por las "fuerzas de ocupación" marroquí en el Sáhara Occidental.

Según la nota oficial, "varios factores" señalan a las tropas marroquíes como origen del "armamento sofisticado" que supuestamente se utilizó en este "cobarde asesinato". Es "una nueva manifestación de agresividad brutal que caracteriza una política ya conocida de expansión territorial y terror", informa la agencia oficial APS.

La Presidencia argelina no ha anticipado posibles medidas de represalias, pero sí ha subrayado que el ataque "no quedará impune". Argelia ya rompió en agosto relaciones diplomáticas con Marruecos y el domingo cerró el gasoducto que cruza el país vecino. 

El Frente Polisario se muestra comprensivo con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de recomponer sus relaciones en Marruecos pero asegura que eso no puede servir de excusa para no defender los derechos humanos en la región.

“Entendemos que tiene como tarea primordial recuperar las relaciones con Marruecos; no tenemos nada contra eso”, asegura Abdulah Arabi, el delegado de la organización en España. Pero “intentar agradar constantemente” al Gobierno de Rabat “no es el camino correcto”, sobre todo si tiene consecuencias para los activistas saharauis que sufren la represión del reino alauita.

La preocupación del Polisario se centra en las últimas semanas en la activista Sultana Jaya. Ella y su familia, sostienen organizaciones prosaharauis y de defensa de los derechos humanos, sufren palizas y torturas desde que regresó a su ciudad natal procedente de España a finales del año pasado, el 19 de noviembre de 2020. Allí soporta desde entonces el asedio de la policía en su casa de Bojador, en el noroeste del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, sometida a arresto domiciliario forzoso, malos tratos y torturas, según las mismas fuentes.

Esta última semana, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, denunció esta situación en la Cámara alta y pidió explicaciones al ministro de Exteriores. José Manuel Albares no ofreció información alguna y se limitó a afirmar que para defender los derechos humanos hace falta “inteligencia”. La política exterior y la diplomacia requieren discreción, no contar, no debatir abiertamente ciertos casos”, reprochó a Esteban en referencia a la situación de Jaya.

El Polisario insiste en que siempre ha apostado por el entendimiento entre España y Marruecos porque las buenas relaciones entre ambos países “son necesarias incluso para el Sáhara”. “Pero lo que no vamos a aceptar es que esa recuperación de relaciones y ese entendimiento se hagan en detrimento de la aspiraciones del pueblo saharaui”, advierte Arabi. Buscar un nuevo clima con Rabat tiene que ser “compatible” con la defensa de los derechos humanos, algo que no cree que el Gobierno español esté llevando a cabo. Ni siquiera “con discreción”. “Hay que denunciar y exigir escrupuloso respeto” y eso “no se está haciendo”. Se está dejando a Marruecos que haga lo que quiera en el territorio saharaui ocupado.

El malestar del Polisario con la actitud del Gobierno se extiende al PSOE. Y en particular a la decisión de este partido de respaldar en el Parlamento Europeo, junto a la extrema derecha, la candidatura de la golpista boliviana Jeanine Áñez al Premio Sájarov en detrimento de Susana Jaya. “Eso demuestra un trasfondo político” que no es otro que querer “agradar a Marruecos” a costa de la defensa de los derechos humanos y eso es una “decisión errónea”.

Pese a estos reproches, el Frente Polisario, cuyo líder y presidente de la República Saharaui, Brahim Gali, es el centro de una investigación judicial contra el Gobierno por haber autorizado que recibiese tratamiento médico en España el pasado mes de mayo, mantiene una “interlocución permanente” con el Ejecutivo que la delegación española de la organización califica de “aceptable”.

“Pero notamos mucha preocupación en que esos encuentros no influyan negativamente en el objetivo de restablecer relaciones con Marruecos”, reconoce su delegado en España, cuando en realidad las relaciones internaciones “deben basarse en principios básicos de respeto mutuo, no injerencia y soberanía para reunirse con quien se quiera”.

“Agradecemos la interlocución”, insiste Arabi, “pero [España] debe hacer algo más que limitarse a indicar que el tema se tiene que solucionar en Naciones Unidas. Tiene que ser parte activa de la solución” e indicar “el camino a seguir”. “Y si consideran que la autonomía [dentro de Marruecos] es viable”, como opina Rabat, “deben proponer un referéndum” que incluya también la independencia como opción.

Efecto arrastre

El Polisario otorga una enorme importancia a la posición de España no sólo porque siguen considerando a nuestro país como la potencia colonial administradora, a pesar de que el Gobierno rechaza esta condición, sino porque tiene un efecto arrastre con el resto de la Unión Europea. “Hay muchos países europeos a los que el tema no les pilla de cerca y se sitúan detrás de España para ver hacia dónde camina”. De ahí que el Polisario pida algo más que seguir escudándose en “el discurso ambiguo” que durante años se ha limitado a esperar que la solución venga de la mano de Naciones Unidas.

Que el Gobierno se ponga de perfil “no concuerda con lo que se espera de España”, que es “un papel activo, firme y determinante” en justa correspondencia con su condición de “potencia administrativa”. Porque fue precisamente “su abandono” lo que “ha creado la situación que persiste hoy en día”. Y eso tiene consecuencias no sólo en el territorio ocupado del Sáhara Occidental sino en toda la región, como demuestra la ruptura de relaciones entre Marruecos y Argelia. El Magreb, recuerda Arabi, es “vital para la política exterior española”, pero hace falta que incluya una estrategia de solución para el Sáhara.

En este contexto, la justicia europea ha otorgado además al Polisario una carta trascendental que los representantes del pueblo saharaui quieren jugar: el fallo que ilegalizó los acuerdos de pesca en aguas saharauis que Bruselas pactó con Marruecos. Fue “una victoria histórica y trascendental”, porque establece que quien quiera operar en la zona “tiene que contar con el pueblo saharaui”.

La reciente intervención del ministro de Exteriores en el Congreso parece confirmar la tesis del Polisario: el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a poner en peligro la reconstrucción de las relaciones con Rabat, aunque sea a costa del Sáhara.

En su intervención en el Congreso de esta semana, Albares ni siquiera reconoció que España tenga un papel que cumplir en la resolución del conflicto. “A ningún Estado le gusta tomar medidas y que se pueda pensar que son terceros los que le obligan o que las toman por ellos”, explicó justificando a Marruecos. “No hay otra forma que ser inteligente y, por lo tanto, discreto”. Las relaciones “de buena vecindad son algo muy importante”, admitió el ministro, “pero jamás se anteponen a la defensa y la promoción de los derechos humanos”.

“Inteligencia sí, pero un año llevamos ya” de arresto domiciliario y malos tratos a Susana Jaya y a su familia, se quejó el portavoz del PNV. “Si tan buenas relaciones tenemos con Marruecos, si son amigos, más razones habrá para poder acercarse e impedir situaciones que son inaceptables”.

"El Frente Polisario goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental". Con estas palabras, el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha recordado a Bruselas que con sus decisiones de incluir a este territorio del norte de África en sus acuerdos de pesca y agricultura con Marruecos está vulnerando el Derecho Internacional y la resolución de Naciones Unidas que otorgaba al Frente Polisario el reconocimiento de representante del pueblo saharaui. De este modo, la sentencia emitida este miércoles no es tanto un tirón de orejas a Rabat como sí para las instituciones europeas en su conjunto. También para España y Francia, los dos Estados que han defendido ante el tribunal la validez de los acuerdos que obtuvieron el visto bueno tanto del Consejo y la Comisión como del Parlamento europeos.

Rabat y Bruselas firmaron los acuerdos a principios de 2019, apenas un año después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) –la instancia superior al TUE– dictaminara que el convenio anterior no podría aplicarse en el Sáhara Occidental por ser un territorio pendiente de descolonización. Para el nuevo acuerdo, la UE se justificó afirmando que sí se podía incluir al Sáhara Occidental y sus caladeros si se consultaba de manera "adecuada" a la población saharaui y se confirmaba que el acuerdo beneficia a esa zona. Así, aseguró entonces que se habían realizado "amplias consultas" tanto en el Sáhara Occidental como en Marruecos en las que, según defendía, quedó patente que "los agentes socioeconómicos y políticos que participaron en ellas se mostraron claramente a favor".

Pero esas conversaciones no incluyeron al Frente Polisario y de aquellos barros, estos lodos. Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y experta también en el norte de África, explica a infoLibre que las consultas se hicieron con organizaciones fundamentalmente promarroquíes y amparadas por Rabat. Un proceso con el que, en su opinión, Bruselas trataba de "cumplir con la doctrina" del TJUE y al mismo tiempo "contentar" a Marruecos. "Fue un simulacro de consentimiento" del pueblo saharaui, remarca la experta.

No hubo consentimiento del interlocutor reconocido por la ONU

El Frente Polisario recurrió ante el tribunal europeo, con sede en Luxemburgo. En el litigio tuvieron enfrente tanto a España, Francia y la Comisión Europea como a las cámaras de pesca marítima del Mediterráneo, del Atlántico norte, del Atlántico central y del Atlántico sur, que apoyaban al Consejo de la UE. El principal debate que estaba sobre la mesa era la legitimidad o no del Polisario para impugnar los acuerdos con Rabat y ahí el TUE no deja lugar a dudas: "las exigencias de la tutela judicial efectiva requieren que se reconozca al Frente Polisario la capacidad de recurrir".

"El Tribunal General considera que, en la medida en que los acuerdos controvertidos se aplican expresamente al Sáhara Occidental, así como, por lo que respecta al segundo de esos acuerdos, a las aguas adyacentes a éste, afectan al pueblo de dicho territorio y requerían que se obtuviera su consentimiento. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que las decisiones impugnadas tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio", ha explicado el tribunal.

Lo que refleja la sentencia, apunta a este periódico Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y experto en geopolítica del Magreb y política exterior española, es que las decisiones que tomó el Consejo y que desarrollaban los acuerdos pesquero y agrícola con Marruecos "no son válidas" y la consulta que se hizo en el Sáhara Occidental para justificarlas es "nula", pues el TUE le retira toda entidad para considerar que hubo consentimiento del pueblo saharaui al no haber contado con el "representante legítimo y legal" que es el Frente Polisario, estatus que le otorgó Naciones Unidas en su resolución 34/37 de 1979.

Para el Frente Polisario, la sentencia del TUE es una "victoria triunfal" y ha reprochado que la UE haya querido "desafiar las decisiones de sus propios tribunales" con estos acuerdos a pesar de que ya habían sido "muy claros" con respecto al Sáhara Occidental cuando recordaron que es un territorio distinto de Marruecos y por tanto allí no son de aplicación los acuerdos bilaterales que puedan firmar Rabat y Bruselas.

Marruecos y la UE, unidos

A ninguna de estas dos partes, Marruecos y la UE, parece haberles pillado desprevenidos la sentencia del TUE. En un comunicado conjunto emitido menos de una hora después de que se conociera la resolución y firmado por el Alto Representante europeo de Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores del reino alauí, Nasser Bourita, afirman que tomarán "las medidas necesarias" para garantizar un marco jurídico que proteja la "estabilidad comercial" en sus relaciones y dicen estar "plenamente movilizados para continuar con la cooperación entre la UE y Marruecos, en un clima de serenidad y compromiso, para consolidar la asociación euromarroquí lanzada en junio 2019".

Son conceptos muy generales que no aclaran a qué medidas se refieren. Tampoco si incluirán el recurso de casación que permite el tribunal europeo y para el que se da un plazo de dos meses y diez días. Pero las palabras utilizadas dejan claro que las relaciones diplomáticas no parece que se vayan a ver afectadas, al menos en el corto plazo, más de cuatro meses después de la crisis migratoria que tuvo Ceuta como escenario. Ahora, Rabat y Bruselas subrayan que seguirán trabajando para desarrollar las "múltiples dimensiones" de la asociación estratégica que une a la UE y Marruecos, con un "espíritu de movilización, coherencia y solidaridad". Una alianza que, subrayan, existe "de igual a igual" y se apoya en una relación bilateral "sólida", basada en la confianza y el respeto mutuo.

Aunque da la razón al Frente Polisario, la sentencia del TUE mantiene la aplicación de los acuerdos Bruselas-Rabat "durante un cierto periodo de tiempo" para "preservar la acción exterior de la UE y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales". No se concreta ese "cierto periodo" y por eso el Polisario se ha apresurado a exigir a las partes que acaten cuanto antes el fallo.

No parece que vaya a ser enseguida, en la medida en que los acuerdos de pesca afectan a 128 buques europeos que faenan en las costas de Marruecos y el Sáhara Occidental. En este territorio se producen el 91% de las capturas, según Europa Press. España es el país más afectado, con 92 barcos, por lo que el Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha salido al paso asegurando que trabajará para preservar los intereses de la flota española. Y en línea con el comunicado de Bruselas y Rabat, ha manifestado que la sentencia no pone en tela de juicio la relación con Marruecos, al que ha calificado como "socio estratégico".

La semana siguiente a la toma temporal del poder del presidente tunecino ha sido una de las más calientes del periodo estival, tanto por las temperaturas récord como por el trajín incesante de la actualidad del país. El domingo 25 de julio, el presidente de la República, Kais Sayed, decidió cesar al jefe del Gobierno y suspender las actividades del Parlamento.

Unos días más tarde, Faisal Jouini, de 25 años, y Hamza Jebli, de 22, vecinos de los céntricos barrios de la capital El Bardo y El Omrane, disfrutan de una tarde de playa en Carthage Amilcar, junto al puerto de la ciudad de Sidi Bou Said. “Con todo lo que está pasando, sienta bien nadar y además protegemos a las chicas de los manoseos bajo el agua”, dice medio en broma Faisal, un técnico de mantenimiento eléctrico que no oculta su satisfacción cuando habla de Kais Sayed, el presidente de la República, aunque prudentemente dice que “estamos esperando que todo lo que ha anunciado se plasme sobre el papel, porque ya sabemos como funciona esto, él no está solo y seguro que habrá gente que le va a poner palos en las ruedas”.

Hamza, con la toalla al hombro, acaba de salir del agua. Este jugador profesional del Stade tunecino, uno de los clubs de fútbol de la capital, cita a K2rym, un ostentoso rapero tunecino seguido por una parte de la juventud y ex marido de la hija del dictador Ben Ali (se casaron en 2019 y se divorciaron diez meses más tarde). “Como dice este rapero, el sentido de la patria lo tienes o no lo tienes. Yo estoy dispuesto a trabajar diez veces más por mi país si Kais Sayed cumple lo que ha prometido: erradicar la corrupción y ayudar a los pobres. Es un momento histórico en el que estoy dispuesto a participar”.

Una Generación Z que se toma la revancha

En las elecciones presidenciales de 2019, Faisal y Hamza votaron a este presidente atípico, ex profesor de derecho constitucional apodado afectuosamente Robocop por su estatura rígida y su articulación monocorde del árabe literario. Sayed, símbolo de la integridad y sin partido alguno, sedujo a los jóvenes abandonados por la clase política que, por su edad, entre 18 y 25 años, no solían acudir a las urnas después de la revolución. Pero en la primera vuelta de las elecciones, el 47% de los 920.000 jóvenes inscritos fue a votar con una tasa de participación récord del 91% a favor de Kais Sayed en primera y segunda vueltas. Según las encuestas de la agencia SIGMA, la juventud representó dos tercios de los votos que Sayed recibió.

En la actualidad, para una gran parte de esta Generación Z, el hecho de que Kais Sayed se haya impuesto con decisiones valientes a la clase política, rechazada mayoritariamente por la opinión pública, es una especie de venganza.

Dos años después de las elecciones, los jóvenes se habían quedado de nuevo al margen de los asuntos políticos, espectadores más que actores ante el bloqueo del Parlamento y del Gobierno y la degradación de la situación económica del país. “¿Dónde estaban esos políticos que ahora defienden el acceso al Parlamento cuando salimos a la calle en enero para mostrar nuestro hartazgo y nos reprimieron y detuvieron? (las manifestaciones terminaron con casi 2.000 detenciones). ¿Dónde estaban cuando sufrimos toda la violencia policial? Jamás han estado ahí cuando había que defendernos”, denuncia Hamza, enfadado.

Faisal, más moderado, nos explica: “Yo gano mil dinares (300 euros) al mes en una empresa egipcia que tiene dificultades para pagarme porque PayPal todavía no está autorizado en mi país. Francamente, hay muchas cosas que aquí no funcionan, además de la política. Todo el Estado funciona mal. El presidente va a tener mucho trabajo que hacer”.

La generación de la revolución, más politizada y vigilante

Para Khalil Abbess, de 32 años, investigador en ciencias políticas, integrante de la generación que participó en la revolución, la rabia de la Generación Z es legítima, pues es la que más ha sufrido las recaídas económicas y sociales de la transición y a la vez la que actualmente le faltan más referencias. “Es una generación que tiene un potencial porque ha crecido en democracia pero al mismo tiempo tiene como referencias el éxito a través del dinero fácil o del rap, por lo que siente que la política no tiene un lugar en sus esquemas, cuando no la rechaza completamente”, dice Abbess.

Justo tras la toma de posesión de Kais Sayed, dos raperos, F.B.K. (un jóven de 19 años llamado Faten Ben Khaled) y Guito’n, escribieron una canción en homenaje a las decisiones de Kaysoun, como algunos llaman a Kais Sayed, y también un panfleto contra la clase política. “La ley está hecha a su medida/lo ves delante de tus ojos/Dicen que han sido elegidos, pero en diez años de poder no hemos visto nada (…). Hemos tenido paciencia, queremos que las cosas mejoren lentamente, pero la situación está siendo muy sombría”, cantan los dos sobre un montaje de imágenes de alegría callejera en la tarde de 25 de julio.

Para Khalil Abbess, esta juventud ha regresado a la política con el golpe de Kais Sayed. Hasta ahora ocupaba el espacio público o la política solamente “en acciones puntuales como las manifestaciones de enero en los barrios populares, o cuando Kais Sayed fue elegido y todos los jóvenes salieron a limpiar las calles y cuidar sus barrios”, subrayando que sigue siendo imprevisible y que Kais Sayed representa por el momento un valor seguro o un cierto liderazgo. “Nos damos cuenta de que esos jóvenes han elegido hoy a Kais Sayed y le apoyan firmemente en la actualidad, más por su sistema de valores como la integridad y la rendición de cuentas en política que por su programa político, que muy pocos conocen a fondo”, explica.

Al contrario que su generación, que ha participado en casi todos los momentos políticos y en la crisis de la transición, Khalil, desengañado por la política como muchos otros, ha vivido el 25 de julio como un momento fuerte, pero desconfía. “Cuestionar el sistema político está bien pero hay que conservar una forma de pluralismo y de oposición, de garantías”, insiste Khalil.

Otros se muestran más tibios. Jalel Finzi Boulah, de 29 años, vecino del barrio del Kram, jurista y activista de la sociedad civil, que militaba en un partido político en 2011 y lo dejó rápidamente “cuando el dinero se convirtió en la única condición de éxito de un partido en unas elecciones”, hoy se ha reconvertido en activista medioambiental. Es cofundador de Tounes Clean-up, un colectivo de jóvenes que limpian las playas y emprenden acciones de sensibilización sobre el medio ambiente en las escuelas. Votó en blanco en 2019 y ahora está atento a los eventos del 25 de julio. “Lo que me sigue preocupando es la concentración de poderes. Queramos o no, mi generación creció con la dictadura, por lo que sigo desconfiando”, dice.

Un debate sobre la Constitución y las conquistas democráticas

El presidente es criticado por los constitucionalistas y ciertos partidos políticos como la primera formación del país, el partido islámico conservador Ennahda por su interpretación extensa del artículo 80 de la Constitución, que le permite “tomar medidas de excepción” en caso de “peligro inminente para el país”, pero no se menciona el cese del jefe de gobierno o la suspensión del Parlamento.

Desde comienzos de la semana, una parte del debate político se ha enfocado sobre la legalidad de la acción de Kais Sayed y una campaña mediática del partido Ennahda, sobre todo en el exterior, para denunciar un “golpe de Estado”.

La juventud se ha posicionado también en este tema, sobre todo en Twitter, donde muchos investigadores y activistas anglófonos han tratado de mostrar otros puntos de vista sobre los eventos. “Era para contrarrestar al mismo tiempo un alegato de Ennahda que habla de golpe de Estado y de atentado a la democracia de manera bastante vergonzosa, utilizando la presión a expertos y congresistas americanos y también mucho el discurso de expertos que comentan lo que pasa en Túnez bajo el prima egipcio, cuando nosotros estamos en dos tiempos completamente diferentes”, explica Rania Said, una investigadora tunecina residente en Estados Unidos.

Para Ouiem Chettauoi, consultora, este debate virtual es también una manera de mostrar que la juventud tiene también sus propias inquietudes sobre la democracia tunecina. “Para nosotros, las condiciones materiales en las que vivimos como jóvenes, las dificultades a las que nos enfrentamos cada día, son más importantes en nuestra idea de la política que los conceptos políticos que nos imponen sobre los eventos de nuestro país. Es un momento de cólera pero también un momento que define nuestra democracia y que cuestiona tal vez el sistema de representatividad que nos hemos dado”, explica Chettaoui, muy activa en este nueva comunidad tunecina y anglófona en Twitter, distinta de la famosa blogosfera que había llevado la revolución tunecina de 2011 a las redes sociales.

Queda por saber cómo será atendida esta juventud plural por Kais Sayed que, por ahora, no ha nombrado aún al jefe de Gobierno. Horas antes de su decisión del 25 de julio declaró que “la bandera nacional ondeará siempre tan alta gracias a la determinación de la juventud tunecina”, cuando felicitaba por teléfono al nadador tunecino Ayoub Ahmed Hafnaoui, ganador de una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ¿qué lugar ocupará esa determinación en su proyecto de país?

Anuncios a favor de la lucha contra la corrupción y la bajada de precios

Sus últimos anuncios, en especial el estímulo a la bajada de precios de los productos alimentarios, los medicamentos o las tasas de interés bancario, han tenido buena acogida pero mucha gente espera algo más concreto. También se está a la espera de qué va a pasar con su operación Manos Limpias iniciada a lo largo de la semana.

El levantamiento de la inmunidad parlamentaria podría conllevar detenciones de diputados perseguidos por corrupción o violencia, más de veinte según las cuentas de la ONG I-Watch. Pero el presidente también ha dicho que quiere que los 460 hombres de negocios corrompidos durante el anterior régimen, según un listado de 2011, reinviertan el dinero expoliado al Estado en los proyectos de desarrollo regional que determinen los comités de representantes regionales, una de las promesas de su programa electoral.

Mientras tanto, debe hacer frente a las presiones políticas y extranjeras para constituir un nuevo equipo gubernamental sin tardar y para que su campaña anti corrupción no se convierta en una “purga vengadora” como algunos temen. En el barrio popular de Hay Ettadhamen, en el gran Túnez, donde hubo protestas en enero de este año contra el coste de la vida y el desempleo, Sabeur, un técnico de 40 años, se pregunta cómo el presidente “va realmente a aplicar sus decisiones sobre los hombres de negocios. Se ha visto ya antes un hombre de negocios inculpado pero cuando se le pregunta dónde está el dinero, su cuenta bancaria esta vacía y casualmente se cierra el caso”, dice, escéptico.

La secuencia tunecina está aún sin acabar. El presidente tiene treinta días según la Constitución para poner en práctica sus decisiones y sus aspiraciones de reformas y, según Khalil Abbess, la juventud sigue constituyendo una garantía ante cualquier deriva. “Ha habido un mensaje de orden generacional en apoyo a sus decisiones pero es necesario que encuentre un sistema político que permita a esos jóvenes participar más en la cosa pública”, explica. En cuanto al riesgo de una deriva autoritaria, el final de la canción de F.B.K. y Guito’n viene cargado de advertencias: “Señor presidente, es usted formidable/Pero no dejemos que Túnez recule/No hay que tocar nuestra libertad, si el autoritarismo vuelve puede estar seguro de que el fuego volverá en todo el país”.

Traducción: Miguel López

Leer el texto en francés:

El programa electoral con el que el PP de Pablo Casado se presentó a las últimas elecciones, en noviembre de 2019, dedica apenas un par de párrafos a la política exterior española. Y en ninguno de ellos hace referencia a África, al Magreb ni mucho menos a Marruecos.

El primero habla de recuperar la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El segundo propone reforzar la relación con los Estados Unidos —presididos en aquel momento por Donald Trump— y promover que Rota se convierta en la base de la VI Flota. Y ahí acaba todo.

No siempre ha sido así. La cuestión del Sáhara formó parte de casi todos los programas electorales de Manuel Fraga, de José María Aznar y de Mariano Rajoy. De hecho, la última vez que el PP incluyó este asunto en su oferta electoral fue en 2016. Entonces los conservadores apoyaban el papel central de la ONU y la búsqueda de “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas”.

Pero desde que llegó a la presidencia del PP Casado nunca ha hecho referencia al Sáhara Occidental. No al menos en términos de trasladar propuestas de solución o de demandarlas. En sesión de control sólo ha mencionado en dos ocasiones a la antigua colonia española. La primera, para poner en evidencia las diferencias de criterio entre PSOE y Unidas Podemos. La segunda, para ridiculizar al Gobierno porque no supiese con antelación que Donald Trump iba a reconocer el Sáhara como territorio marroquí.

El PP no respondió este jueves a las preguntas de infoLibre sobre la posición actual del partido sobre el Sáhara Occidental. En los tres años que Pedro Sánchez lleva en la Moncloa, los mismos que Casado ha estado al frente del principal partido de la oposición, el presidente del PP apenas ha hecho referencias a Marruecos más allá de la necesidad de cuidar la relación en ese país y de criticar al Gobierno en todo lo que se refiere a sus relaciones con Rabat.

Empezando por el hecho de que Sánchez no eligiese Marruecos como su primera visita oficial en calidad de presidente. O que el vicepresidente Pablo Iglesias publicase un tuit el año pasado respaldando la celebración de un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto del Sáhara, tal y como estableció en su día la ONU y como el propio PP apoyó, aunque sólo fuese formalmente, al menos hasta el mandato de Rajoy.

El PP de Casado mantiene relaciones con dos partido marroquíes clave. De hecho, él mismo se entrevistó por vía telemática, apenas unos días antes de que Marruecos pusiese en marcha la operación para desbordar la frontera facilitando la llegada de miles de migrantes, con los líderes de ambos.

Casado habló con Nizar Baraka, secretario general del Istiqlal, y con Aziz Ajanuch, presidente del Partido Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI). La primera es una formación con décadas de historia y un programa marcadamente nacionalista, en el que destaca no sólo la reivindicación del Sáhara sino de Ceuta y Melilla.

El segundo, el RNI, es mucho más reciente. Es un partido instrumental muy vinculado a la voluntad del monarca alauita, Mohamed VI, lo que ha hecho de su líder, Aziz Ajanuch, amigo personal del rey, un hombre muy influyente.

Ajanuch, poseedor de una de las mayores fortunas de su país gracias al negocio petrolero, ejerce su influencia en el Gobierno a través del poderoso Ministerio de Agricultura y Pesca, lo que le convierte en un interlocutor clave de la Unión Europea y con seguridad en una pieza decisiva en el conflicto pesquero que ha llevado a los tribunales europeos la explotación de los recursos del Sáhara Occidental y que es uno de los elementos que, según todos los expertos consultados por infoLibre, está en el origen de la crisis de Ceuta.

Las amenazas del aliado político de Casado

Ajanuch ya amenazó en 2017 con facilitar la llegada de migrantes a España si la Unión Europea impedía a Marruecos comerciar con los productos del Sáhara Occidental. amenazóCualquier obstáculo respecto a los acuerdos agrícolas y de pesca conllevaría el riesgo de que se reanudase “el flujo migratorio que Marruecos, mediante un esfuerzo sostenido, ha conseguido gestionar y contener”, advirtió en aquellos días el Gobierno de Rabat después de que el entonces comisario europeo de Medioambiente, el español Miguel Arias Cañete (del PP), asegurara que los acuerdos entre la UE y Marruecos “se aplicarán teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”.

El líder del RNI declaró entonces a la agencia Efe: “¿Cómo queréis [los europeos] que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana y hasta la marroquí si hoy Europa no quiere trabajar con nosotros? ¿Por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes y darles empleo [a los africanos establecidos en Marruecos]?”

Ajanuch había recibido un año antes, en 2016, concedida por el Gobierno de Rajoy, la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario y Pesquero, la condecoración más importante en el sector agroalimentario español.

Que la entrevista de Casado con Ajanuch y Baraka está vinculada con lo ocurrido en Ceuta lo reconoció en su día implícitamente el PP, que nada más celebrarse la reunión telemática presentó en el Congreso una batería de iniciativas pidiendo explicaciones el Gobierno por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que está siendo atendido en un hospital y que, según la Embajada marroquí en Madrid, es la causa por la que este país dejó de vigilar la frontera con Ceuta para facilitar la llevada masiva de migrantes.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en cambio, aseguró este jueves que la reunión de Casado con Ajanuch y Baraka se produjo porque el líder de la oposición “vio venir esta crisis” con el país vecino y tuvo “mucha más visión” que el presidente del Gobierno. Si el PP estuviese gobernando esto “no habría ocurrido”, sentenció.

El propio Casado se entrevistó con la embajadora marroquí, Karima Benyaich, el pasado 24 de noviembre después de que el vicepresidente Iglesias se mostrase favorable a la solución del referéndum para el conflicto del Sáhara.

El líder del PP no ha explicado hasta ahora en qué consiste la política que su partido defiende para Marruecos más allá de comprometerse “a intensificar una relación de vecindad estratégica”, que considera “fundamental para la Unión Europea, el espacio atlántico, la región del Magreb y el continente africano”, según reza una nota de prensa difundida por el partido tras la entrevista con los líderes del Istiqlal y el RNI.

El vínculo del PP con estos partidos es a menudo objeto de reproche por parte del Frente Polisario. Su representante en España, Abdulah Arabi, considera “sorprendente que las formaciones políticas marroquíes que tienden la mano al Partido Popular en su campaña de desprestigio contra el pueblo saharaui y su presidente, sean las mismas que en sus movilizaciones internas señalan a España como enemigo de la denominada integridad territorial del Reino de Marruecos”.

Istiqlal, recuerda Arabi, sigue defendiendo en sus resoluciones que “la integridad territorial de Marruecos quedará incompleta sin recuperar todas las tierras marroquíes ocupadas, incluidas Ceuta y Melilla”. En fecha tan reciente como el pasado 11 de enero declaró que “la lucha por la libertad e independencia solo completará sus objetivos con la recuperación de todas las tierras marroquíes aún bajo colonización”, sin que eso haya merecido reproche alguno, al menos de carácter público, por parte de Casado.

El giro de guion del expresidente Donald Trump de considerar el Sáhara como territorio marroquí a cambio de que Marruecos reconociese oficialmente el Estado de Israel impulsó una ofensiva diplomática y política que la mayoría de observadores sitúan en el origen de la suspensión, nunca aclarada, de la reunión de alto nivel que los gobiernos de Madrid y Rabat iban a celebrar el pasado diciembre. Y que el PP se apresuró a relacionar con el malestar del país vecino con Iglesias.

La decisión de Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental ha puesto “presión sobre España”, si bien la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, con “una política exterior donde los derechos humanos y la democracia tengan un nuevo protagonismo, debe jugar a favor de España”. Esa es, al menos, la opinión del Real Instituto Elcano, expresada a través de su informe España en el mundo en 2021: perspectivas y desafíos.

Las consecuencias de la decisión de Trump

“El júbilo mostrado por Marruecos [tras la decisión de Trump] y el anuncio de abandono del alto el fuego por parte del Frente Polisario”, señala el citado documento, “muestran que este movimiento no ayuda en absoluto a la búsqueda de una solución negociada ni a la construcción de un Magreb más integrado y estable. Una carrera armamentística entre Argelia y Marruecos y el recurso al nacionalismo para atajar crisis estructurales no son buena noticia. España debe trabajar con sus socios europeos y con la nueva Administración Biden para contrarrestar los efectos desestabilizadores de una decisión que reconoce hechos consumados al margen de la legalidad internacional”.

España “también debe contribuir a recuperar la vía negociadora entre las partes del conflicto y los países vecinos, empezando por el nombramiento de un nuevo enviado personal del secretario general de la ONU, puesto que está vacante desde mayo de 2019”. Exactamente la misma política que está llevando a cabo la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, como ella misma explicó en el Congreso el pasado mes de febrero.

Porque la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia es la defensa de la celebración del referéndum acordada por Naciones Unidas, que exige el Polisario pero rechaza Marruecos. La misma que defendió el PP hasta Rajoy y que en la práctica supone dejar enteramente la iniciativa para resolver el problema en manos de Naciones Unidas, una organización que ni siquiera tiene ya a alguien encargado de resolver el conflicto porque el último enviado personal del secretario general para la zona, el alemán Horst Köhler, dimitió en 2019. Y su plaza sigue vacante.

Desde los años noventa hay un consenso político y diplomático en España en relación con Marruecos del que participan el PSOE y también el PP, al menos hasta Mariano Rajoy. Si bien hubo una época, tras las elecciones de 2004, en la que dentro del PP convivían dos tendencias, como reflejó en su día Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter (Reino Unido). Una más ideologizada, defendida por el sector próximo al pensamiento neoconservador, representado por el propio expresidente Jose María Aznar y la Fundación FAES, y otra “realista”, organizada en torno a su sucesor, Mariano Rajoy.

Ese consenso entre ambos partidos se basa en la consolidación de la interdependencia económica de ambos países, algo para lo que los analistas han acuñado el concepto de “colchón de intereses”.

Esa estrategia se ha desarrollado teniendo en cuenta la necesidad de hallar un equilibrio en las relaciones con Marruecos y Argelia en el que todas las partes se beneficien —algo muy difícil de conseguir, subraya Fernández-Molina, porque las relaciones entre estos dos países siguen sin mejorar—. Y buscando europeizar las relaciones con el Magreb para hacer valer así el peso de la Unión Europea en su conjunto, sobre todo en relación con los acuerdos de pesca —ahora en cuestión—.

Donde sí es fácil hallar diferencias marcadas entre el PSOE y el PP es cuando están en la oposición. Un buen ejemplo lo protagonizó José Luis Rodríguez Zapatero como secretario genertal del PSOE durante el conflicto del islote Peregil, cuando Aznar era el presidente. En aquella ocasión, que contrasta vivamente con la actitud que está teniendo estos días Pablo Casado en relación con la crisis ceutí, Zapatero defendió “sin complejos” la actitud del Ejecutivo defendiópor entender que en aquel momento la única prioridad era defender los intereses de España.

El entonces secretario general del PSOE defendía, como líder de la oposición, que la inmigración no fuese un elemento de controversia política y abogaba por “desterrar la demagogia”.

Cerca de 100 víctimas de trata de personas han sido rescatadas en una importante operación policial en Sudán, entre ellos decenas de niños que eran obligados a trabajar en minas de oro ilegales, según ha informado este lunes Interpol.

La operación Sawiyan, en la que han participado 200 agentes de Policía sudaneses, ha rescatado a 94 personas, entre ellas 85 menores, de las redes criminales dentro y alrededor de la capital, Jartum, en una represión llevada a acabo por Interpol, según ha anunciado la organización policial.

Muchas de las víctimas eran de otros países africanos y se cree que viajaban hacia Europa cuando cayeron en manos de traficantes, según ha señalado el director ejecutivo de servicios policiales de Interpol, Tim Morris.

"Creemos que estaban pasando por Sudán y luego fueron secuestrado en el camino y desviados a estas actividades de trabajo forzado", ha aseverado Morris.

Las víctimas son de Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Níger, Sudán y Sudán del Sur. Además la Policía descubrió que algunos niños, de apenas diez años, manipulaban sustancias químicas peligrosas en minas de oro al aire libre al este de Jartum, mientras otros eran obligados a mendigar en la ciudad, según Interpol.

También han sido detenidos 14 presuntos traficantes y 20.000 dólares han sido incautados, un dinero que podría provenir de los rescates enviados por cada familia.

Sudán tiene una de las tasas de esclavitud más altas del mundo, con alrededor de 465.000 personas esclavizadas o una de cada 80 de su población, según el Índice Global de Esclavitud de 2018.

Los niños separados de sus padres o que viajan solos corren un alto riesgo de ser explotados o de sufrir violencia tanto sexual como física, según una portavoz de la oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Migración (OIM).

"En muchos casos estos niños están expuestos a trabajos forzados no remunerados que incluyen mendicidad en las calles, minería de oro, venta ambulante, agricultura y otras condiciones de trabajo peligrosas con acceso limitado a educación, protección y servicios sanitarios", ha señalado la portavoz de la OIM.

La operación 'Sawiyan' formaba parte de una serie de redadas de Interpol sobre la trata de personas en el norte de África y el Sahel, que se centra principalmente en las rutas migratorias, según Morris.

"Episodios como este en el que se ven las terribles condiciones y la explotación (...) demuestran que hay que tratar este problema delictivo en particular a lo largo de toda la cadena de suministro y no solo en un extremo", ha añadido Morris.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Melchior Wathelet ha propuesto este martes dictaminar que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos "no es válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes, al tiempo que afirma que el bloque comunitario "incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación".

El magistrado se pronuncia de esta forma sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo de Reino Unido por la denuncia presentada por la organización Western Sahara Campaing (WSC). La opinión del abogado general es un paso preliminar y no vinculante, aunque en la mayoría de los casos suelen marcar la dirección de las futuras sentencias del TUE.

El actual protocolo de Pesca entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. De hecho, la Comisión Europea pidió este lunes autorización a los Veintiocho para una nueva actualización, puesto que las disposiciones actuales expiran el 14 de julio de este año.

La Justicia europea se pronunció en diciembre de 2016 sobre el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos y anuló un dictamen posterior que había revocado dicho acuerdo por considerar que se estaba aplicando indebidamente en el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, este asunto no afectaba al acuerdo de pesca.

En las conclusiones sobre el acuerdo pesquero presentadas este miércoles, Wathelet ha destacado que el pueblo saharaui "no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales" como obliga el derecho a la libre determinación, por lo que la explotación pesquera por parte de la UE de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental "no respeta el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui".

Del mismo modo, el abogado general llega a la conclusión de que Bruselas "ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación" del Sáhara Occidental, así como "su obligación de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación".

En segundo lugar, Wathelet señala que el 91,5% de las capturas de la explotación prevista en el acuerdo se da en aguas adyacentes al Sáhara Occidental, por lo que "la contrapartida financiera abonada por la UE a Marruecos debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo del Sáhara occidental". Sin embargo, el magistrado añade que el protocolo "no recoge las garantías jurídicas que son necesarias para que la explotación pesquera redunde en beneficio" del pueblo saharaui.

En este sentido, las conclusiones concluyen que "el acuerdo de pesca y los demás actos impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional comunitario que son de aplicación a la celebración de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no reconocer una situación ilegal".

La humanidad se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial: según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), arranca 2018 con 258 millones de personas viviendo fuera de su país de origen y, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), más de 65 millones se vieron obligadas a huir de su casa en 2016. Los medios han simplificado este fenómeno en la palabra "refugiados", pero solo un tercio de estas migrantes (22,5 millones) cuenta con dicho estatus. ¿Y el resto?

Un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida y encontrándose fuera del país natal, no puede o no quiere acogerse a la protección de su país", según la ONU. La razón de estos “temores” puede ser: “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas”. Sin embargo, las personas también huyen del hambre, las epidemias, la pobreza y la sequía, por lo que la diferencia entre migrantes económicos, desplazados climáticos, desplazados internos y refugiados es difusa y líquida.

Del total de los migrantes en 2016, unos 25 millones fuerondesplazados como consecuencia del cambio climático según el último informe de la OIM. La misma organización informó a infoLibre que solo en la primera mitad de 2017 hubo 4,5 millones de desplazados climáticos, aunque también advertía que esta cifra no tiene en cuenta a los desplazados internos, quienes huyen dentro del propio país. Ecologistas en Acción exige que sean reconocidos los refugiados que provoca el cambio climático ante el temor de que a mitad de siglo más de 200 millones de personas se vean afectadas y su estatus aún quede en un limbo legal. Según la ONU, en los últimos 30 años, el número de catástrofes naturales se ha triplicado.

Aunque no están todas, infoLibre repasa algunas crisis humanitarias que pocas veces se hacen un hueco en los medios:

1. Yemen: "La peor crisis del siglo"

La Organización Mundial de la Salud denuncia desde noviembre que unas 2.200 personas han perdido la vida en Yemen a causa de un brote de cólera aparecido en abril. El total de posibles contagiados alcanza el millón de personas, según expuso la Cruz Roja a finales de diciembre. El 53% son niños.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen afirma que las partes en el conflicto "no tienen interés" en lograr una solución, pues los líderes locales son "cada vez más ricos e influyentes". La guerra, mientras, ha provocado entre 12.000 y 15.000 muertos y un sinnúmero de heridos, la mayoría civiles. Se han desplazado internamente alrededor de 3,5 millones de personas. Hasta 1.600 niños han muerto y 2.700 han sido mutilados desde  mayo de 2015.

Según la ONU, hay 20,7 millones de personas necesitadas de algún tipo de asistencia o protección para cubrir sus necesidades básicas y casi la mitad se encuentragravemente necesitada, lo que supone un 10% más que cuando se hizo la anterior estimación, en octubre de 2016.

2. Filipinas: 600.000 desplazados en la Guerra contra el Dáesh

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró el 17 de octubre que la ciudad de Marawi, en la isla de Minadanao, había sido "liberada de la influencia de los terroristas". Los muyahidines de las bandas integristas Abu Sayyaf y los hermanos Maute –vinculadas al Dáesh– controlaban parte del centro de Marawi, una localidad de la mencionada isla sureña.

El Ejército llevaba más de cuatro meses de combate contra el Estado Islámico solo en Mindanao: más de 1.000 personas han muerto y más de 600.000 personas han tenido que desplazarse desde finales de mayo.

El Congreso filipino amplió el 13 de diciembre un año más la ley marcial en la isla de Mindanao ante el temor de nuevas amenazas terroristas. Al menos existen cuatro organizaciones tachadas de "terroristas" por el Gobierno de Duterte en el país.

3. Afganistán: casi tres millones de refugiados tras 16 años de guerra

Tras 16 años de un conflicto asimétrico superpuesto a una guerra civil preexistente desde 1978, la Administración Trump anunció el pasado 31 de agosto que reforzaría la presencia de tropas para ayudar al Gobierno afgano, que ha ido perdiendo territorio frente al grupo talibán hasta solo controlar el 60% del territorio. Poco después, EEUU pedía a sus socios de la UE un envío de 1.000 soldados más al país afgano. El 9 de noviembre, la OTAN acordó en elevar de 13.000 a 16.000 los soldados desplegados en Kabul.

Las víctimas de esta guerra son incuantificables, pero solo en 2017 han muerto 3.000 personas a causa del terrorismo en el país. Afganistán es el segundo país que más atentados ha sufrido durante este año (130) según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y también el segundo en cuanto a demandantes de asilo según la CEAR, con 2,7 millones, solo por detrás de Siria en ambas clasificaciones.

4. Somalia: uno de cada cuatro personas, en emergencia alimentaria

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura informó el 31 de agosto que 6,2 habitantes somalíes sufren inseguridad alimentaria, de los que 3,1 millones (el 25 % de la población) se encuentran en una situación de emergencia.

El cambio climático empeora la situación medioambiental cada año y se ceba con África: entre abril y junio la sequía ha ocasionado una pobre cosecha de cereales. En Somalia no hay un poder centralizado y la organización Al Shabab, –vinculada a Al Qaeda y que controla parte del centro y sur del país– niega la hambruna y prohíbe la ayuda humanitaria.

El aumento de los precios de los alimentos y las pérdidas de ganado han provocado 2 millones de desplazamientos internos y han hecho que más de un millón de personas abandonen Somalia en la primera mitad del año. Parte de estos migrantes (240.000) han acabado en el campo de refugiados de Daabab, en Kenia, pero el Gobierno del país de acogida está ejerciendo presión para que vuelvan a su país de origen. Según Amnistía, Kenia "pisotea las normas internacionales", pues "sólo se puede hacer regresar a las personas refugiadas si su seguridad y dignidad están garantizadas" 

5. Sudán del Sur: cuatro millones de desplazados

Ejército de Sudán del Sur (dinkas). EP

La vecina sureña se independizó de Sudán en 2011 tras un referéndum y una guerra civil extendida desde 1955, pero desde 2013 vive una guerra étnica con tintes genocidas que enfrenta a los dinkas, del actual presidente Kiir, contra los nuer, minoría leal al ex vicepresidente Machar.

Este conflicto ha causado ya cerca de 2 millones de desplazados internos, otros tantos refugiados en países vecinos y que 7,6 millones de personas vivan en situación de inseguridad alimentaria grave según la ONU. Sudán del Sur se convirtió en la nación más joven del mundo –y también la más corrupta– en 2011.

A la guerra y el desgobierno por la caída del dictador Gadafi (2011), se les ha unido la violación de los derechos humanos de los que tratan de huir del país magrebí.

Además de los visibles casos de esclavitud, Oxfam Intermón ha publicado recientemente un informe a partir de declaraciones de testigos y víctimas en el que se evidencia que el 84% ha sufrido "tratos degradantes o inhumanos, extrema violencia o tortura" durante su estancia en los 40 centros de detención oficiales financiados por la eurozona. Médicos Sin Fronteras señala que "las mujeres embarazadas son especialmente atacadas y violadas en estos centros".

Tras el pacto de la UE con Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes, la ruta migratoria preferida pasa por el Mediterráneo central, con abundantes casos de devoluciones en caliente, mafias que trafican con personas, secuestros y torturas. La OIM estima que alrededor de 13.000 migrantes han muerto en esta ruta desde 2014, incluyendo más de 2.500 durante este año. La comisión de la Unión Africana habla de hasta 700.000 migrantes en condiciones "inhumanas" en Libia.

7. India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés: más de 1.400 muertos por el monzón

El cambio climático se alía con el monzón para sacudir una de las regiones más pobres del planeta, el sudeste de Asia. Según la ONU, 41 millones de personas han resultado afectadas por la última temporada del monzón.

India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés se llevan la peor parte: la Cruz Roja estimaba que, ya a principios de octubre, más de 1.400 personas habían muerto en total. Tambiéndenunciaba la magnitud de un desastre sin igual en décadas "ignorado" mediáticamente.

El monzón inunda Nepal

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres alertaba en octubre que unos 2,3 millones de indios se ven obligados a desplazarse cada año debido a desastres naturales, mayoritariamente por inundaciones. Según la Autoridad Nacional para el Manejo de Desastres de la India, cada temporada el fenómeno meteorológico deja como promedio 1.600 víctimas mortales en el país

En Sri Lanka, el Centro de Gestión de Desastres  informó de que el número de afectados por las fuertes lluvias y vientos se eleva ya a 20.000.

A mediados de año, las lluvias asociadas a la temporada monzónica y el ciclón Mora causaron al menos 212 muertos y 79 desaparecidos en Sri Lanka.

La ONU calificó las inundaciones en Nepal -que sigue recuperándose del terremoto de 2015- como las peores de los últimos 15 años y las autoridades nepalíes informan de más 140 muertos y decenas de desaparecidos.

8. La cuenca del Chad: más de 380 de víctimas civiles de Boko Haram

Niñas liberadas por Boko Haram en mayo. EP

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que la secta islamista Boko Haram ha causado la muerte de al menos 400 civiles solo desde abril en la región del lago Chad, una cifra que duplica el número registrado en los cinco meses anteriores. El lago ha pasado de tener una superficie de 25000 km2 (en 1960) a 2500 km2 (para el 2009), y se estima que desaparecerá en 20 años.

Los fundamentalistas han asesinado a más de 300 civiles en Nigeria y 160 en Camerún al ser empujados por el Ejército nigeriano a las montañas camerunesas de Mandara.

Según la Amnistía Internacional, hay 2,3 millones los desplazados en la región: 1,6 de Nigeria, 303.000 de Camerún y 374.000 de Chad y Níger. También destaca las más de 7 millones de personas con grave escasez alimentaria y el más de medio millón de niños en situación de malnutrición severa en los países de la cuenca del Chad.

9. Níger: más de 1.600 personas afectadas por la hepatitis E

Acción Contra el Hambre ha alertado de una epidemia de hepatitis E la región de Diffa (Níger) por los malos hábitos de higiene causados por la inexistente infraestructura sanitaria. Según la ONG, las previsiones en la región apuntan a una buena cosecha, pero la hepatitis E afecta ya a "más de 1.600 personas" y perjudicará estas previsiones positivas. La enfermedad también ha causado el desplazamiento de al menos 247.000 personas y la muerte de 50.

El petróleo es otro de los contaminantes de esta aguas: con más de 6.800 derrames registrados —entre nueve y 13 millones de barriles—, la región del Delta del Níger es una de las más contaminadas del planeta. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente alertaba de que en el 8% del territorio nigeriano se superaban en dos tercios los niveles nacionales de contaminación. 

10. Nigeria: la ONU vacuna de cólera a 844.000 personas

La OMS anunció el martes 27 de septiembre el fin de su campaña de vacunación contra el cólera en  Maiduguri, capital del estado de Borno, agregando que 844.000 personas habían sido inoculadas.

Hasta finales de septiembre se habían detectado 3.934 supuestos casos de cólera -con un total de 54 muertos- en Maiduguri y sus alrededores. El brote confirmó los temores de las ONG sobre la expansión de enfermedades durante la época de lluvias. 

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha criticado este miércoles las condenas a los 23 activistas saharauis imputados en relación con la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad durante el violento desmantelamiento en 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, afirmando que el tribunal no investigó las denuncias de torturas para obtener pruebas.

"Durante el juicio, la mayoría de los acusados dijo al tribunal que fueron torturados para confesar o incriminarse a ellos mismos o a otros. Si el tribunal era serio sobre ofrecerles un juicio justo, habría investigado adecuadamente estas denuncias o habría excluido las pruebas cuestionables durante las vistas", ha valorado la directora de Investigación de AI para Norte de África, Heba Morayef.

"El fracaso de las autoridades judiciales, desde hace más de seis años, para investigar de forma adecuada las denuncias de torturas en este caso es una mancha para el veredicto", ha recalcado.

La Sala Penal del Tribunal de Apelación de Salé, en Marruecos, ha condenado en la madrugada de este miércoles a penas que van de entre dos años de cárcel a cadena perpetua a los 23 activistas.

Según ha informado la agencia oficial marroquí MAP, ocho de los imputados han sido condenados a cadena perpetua, mientras que otros tres han recibido penas de 30 años de cárcel y cinco más de 25 años. Asimismo, tres han sido condenados a 20 años, otro a seis años y medio, otro más a cuatro años y otros dos a dos años de cárcel.

Asimismo, el tribunal ha decidido la transferencia de los fondos incautados a los acusados al Estado y la destrucción de los otros bienes incautados, además de condenar a la parte civil en el proceso a pagar las costas del juicio.

En febrero de 2013, el tribunal militar de Rabat había condenado a penas de entre 20 años y cadena perpetua a los imputados, a quienes se acusaba de "constitución de bandas criminales y violencia contra las fuerzas del orden que conllevó su muerte con premeditación, mutilación de cadáveres y complicidad".

En su sentencia de este miércoles, el tribunal de Salé ha decidido abandonar los cargos contra algunos de los acusados por "constitución de banda criminal" y procesarles solo, como al resto, por "violencia contra las fuerzas públicas durante el cumplimiento de su función que conllevó heridas".

El veredicto de este miércoles culmina así un proceso que se abrió en diciembre de 2016, después de que el Tribunal de Casación de Rabat ordenara que se llevara a cabo un procedimiento civil tras la aprobación de una ley que prohíbe que se juzgue a civiles en tribunales militares.

Human Rights Watch (HWR) y Amnistía habían emplazado el lunes a las autoridades judiciales marroquíes a asegurar que las condenas en este proceso no se dictan según confesiones o declaraciones que impliquen a otros demandados y se hayan obtenido mediante la tortura u otros malos tratos policiales durante los interrogatorios.

HRW y Amnistía han denunciado que los acusados sufrieron fuertes palizas y fueron suspendidos por las muñecas y las rodillas, además de sufrir amputaciones de las uñas y violaciones con objetos.

El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha anunciado este jueves la interceptación de un buque que transportaba fosfato extraído en su territorio ocupado por Marruecos en el canal de Panamá.

Según las informaciones recogidas por la agencia oficial saharaui de noticias, SPS, el barco fue detenido bajo orden judicial cuando transitaba en dirección a Canadá, el país de destino.

El buque, identificado como Ultra Innovation, transporta cerca de 55.000 toneladas de fosfato, una carga valorada en unos seis millones de dólares (alrededor de 5,4 millones de euros).

Mohamed Jadad, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y responsable de Recursos Naturales, se ha mostrado "optimista" ante la situación, afirmando que "este es el segundo recurso a la aplicación de la ley para poner fin al flagrante robo de recursos naturales pertenecientes a un pueblo que sigue bajo ocupación".

"La detención, el 1 de mayo de una carga que pasa por Sudáfrica y este cargamento en Panamá forman parte de las medidas en curso para buscar justicia contra la explotación ilegal de los recursos naturales de Sáhara Occidental y fortalecer el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación", ha subrayado.

En este sentido, ha argumentado que "el punto de partida básico para pensar en Sáhara Occidental se encuentra en la conclusión a la que llegó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1975, que afirma que Marruecos no tiene ningún derecho sobre el territorio de Sáhara Occidental, hecho que fue reiterado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que considera el territorio como un territorio ocupado".

"Después de muchos años de pedir el fin a este comercio y tratar de establecer un órgano de supervisión de Naciones Unidas sobre nuestros recursos y cumplir con la obligación de organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, hemos tenido que recurrir al sistema del Derecho Internacional", ha remachado.

La colonia española del Sáhara fue ocupada en 1975 por Marruecos y Mauritania tras los Acuerdos Tripartitos, firmados el 14 de noviembre de 1975, que cedían la soberanía del Sáhara Español a estos dos países.

Tras una breve guerra, el movimiento independentista Frente Polisario expulsó a Mauritania y firmó la paz y el reconocimiento mutuo con sus milicias a las puertas de Nuakchot, pero Marruecos consolidó su control sobre el territorio y miles de saharauis huyeron de la salvaje represión. Entonces comenzó la colonización marroquí del territorio.

En 1991 se firmó un alto el fuego entre ambas partes, que se comprometían a la celebración de un referéndum de autodeterminación organizado por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, pero desde entonces las disputas sobre el censo para la votación -Marruecos quiere que voten los colonos marroquíes-ha impedido la consulta. Ahora 140.000 refugiados saharauis viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

Las autoridades marroquíes anunciaron este lunes que cancelan la inauguración de un centro de Ikea en la ciudad de Casablanca. Los motivos girarían en torno a una posible represalia por el reconocimiento del gobierno sueco hacia la República Árabe Saharaui Democrática. 

Ikea Marruecos aseguró, sin embargo, que ha decidido anular el acto con el fin de poder concluir las obras pendientes en la instalación. "El proyecto de Ikea no dispone de certificado de conformidad, y por ello la inauguración que ha sido lanzada por esta sociedad para el 29 de septiembre ha sido anulada", señaló en un comunicado el Gobierno civil de Casablanca.

Una web próxima al régimen señaló que el parón del proyecto fue decidido en "represalia" contra el Gobierno sueco.

Ikea presentó ante la prensa su nueva planta de 27.000 metros cuadrados, la primera construcción de la empresa sueca en el Magreb, cuando el primer ministro Abdelilah Benkirán convocó a los principales partidos políticos parlamentarios para comunicar la intención de Suecia de reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática, el Estado proclamado por el Frente Polisario.

Los planes de sumarse a la Yihad, o guerra santa, se frustraron cuando agentes de la Policía Nacional las arrestaron al intentar cruzar la frontera y adentrarse en Marruecos para contactar con la célula que las había reclutado, según fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Europa Press.

Se trata de la primera vez que las fuerzas de seguridad detienen a mujeres captadas para la Yihad. Estos arrestos se producen tras el llamamiento que realizó el pasado 1 de agosto en la ciudad iraquí de Mosul el autoproclamado califa del Estado Islámico, Abu Bakr Al Baghdadi.

Uno de los objetivos principales de Al Baghdadi es captar el mayor número posible de combatientes extranjeros, y para ello utiliza varias estrategias como el establecimiento de una red de captadores que actúen de forma rápida, controladora y fanática. En la imagen, Fauzia Allal Mohamed, una de las detenidas en Melilla.

Su grupo trabaja en la instauración de unas elaboradas redes internacionales capaces de resolver las dificultades que surgen durante los viajes a las zonas de conflicto y en el establecimiento de una potente y agresiva campaña de comunicación en los foros y páginas yihadistas de Internet.

El proceso de radicalización, captación y envío de las dos mujeres detenidas estaba perfectamente planificado por una red que opera en la zona del Magreb y que tiene como fin obtener el mayor número de incondicionales combatientes.

La estrategia de reclutamiento de las redes instauradas por la organización terrorista Estado Islámico está libre de cualquier tipo de consideración siendo indiferente el sexo, la edad o la situación personal del futuro combatiente.

Decenas desde España

Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han llevado a cabo en los últimos dos años diversas operaciones contra este tipo de grupos en Ceuta, Melilla, Madrid y territorio marroquí.

En caso de haber logrado su objetivo, estas dos mujeres habrían ampliado la lista de decenas de radicales islamistas que han salido de España en los últimos años para combatir en Oriente Medio en las filas de grupos terroristas.

Este fenómeno es actualmente una de las principales preocupaciones de los gobiernos europeos por el riesgo que supone que estos elementos radicales puedan regresar a sus países de origen con un mayor conocimiento y preparación para cometer atentados.

"Tras más de tres décadas trabajando en El País dejo el periódico por desavenencias con la dirección. No he sido apoyado desde que el primer ministro de Marruecos puso en enero una denuncia penal en España contra mí, en la Audiencia Nacional, por enaltecimiento del terrorismo. La denuncia será probablemente archivada en breve. Mi correo corporativo va a dejar de funcionar".

Así comienza el mail de despedida de Ignacio Cembrero, uno de los periodistas expertos en el Magreb más reconocido en todo el mundo, una de las firmas más veteranas de El País casi desde su fundación. Cembrero fue apartado fulminantemente de su puesto de corresponsal en el norte de África, que ocupaba desde hacía más de 15 años, sin muchas explicaciones. Al cabo de poco más de dos meses, el reportero decidió irse por su propio pie, y firmó su carta de dimisión el pasado 30 de abril. 

Septiembre de 2013. Cembrero publica en su blog Orilla sur, alojado en la web de El País, un vídeo de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), en el que la organización amenaza por primera vez a Marruecos y critica "el nepotismo y la corrupción" del rey Mohamed VI y aconseja a los jóvenes marroquíes a unirse a AQMI antes que "emigrar en patera" hacia España. A su vez, el periodista Ali Anouzla, director del periódico árame Lakome, conocido por su espíritu crítico e independiente, habla también de este vídeo en un artículo que enlaza al blog de Cembrero. Los dos periodistas precisan que se trata de un vídeo de propaganda yihadista. 

Anouzla fue detenido por las autoridades marroquíes y luego puesto en libertad el 25 de octubre después de una intensa campaña de movilización en Marruecos y en el extranjero. Pero su causa no fue archivada. Se le acusó de "ayuda material", "apología" e "incitación a la ejecución de actos terroristas". Su vista está programada para el próximo 20 de mayo. Cembrero retiró de su sitio web la grabación.

"El mejor especialista en Marruecos del mundo"

El primer ministro marroquí, Abdelilah Benkirán, cumplió su amenaza y se querelló contra El País y el periodista en enero ante la Audiencia Nacional, por enaltecimiento del terrorismo. Pero el Gobierno del reino alauí no hizo lo mismo contra otras webs, americanas y especializadas en yihadismo, que habían difundido igualmente el vídeo. ¿Por qué Rabat arremetió contra el diario de Prisa y su corresponsal en el Magreb? El belga Le Soir subrayaba la "única explicación plausible", que Cembrero "no es un periodista como los otros. "Es el mejor especialista en Marruecos del mundo", en opinión del diplomático y periodista Alí Lmrabet. 

Tres semanas después de la denuncia, la dirección del rotativo comunicó a Cembrero su cambio de área: pasaba al suplemento dominical. Su puesto de corresponsal era ocupado por el que era entonces jefe de Política, Javier Casqueiro. "Les pedí que esperaran a que el escrito fuera archivado, pero la dirección me dio tres días para cambiar de puesto, y me dijeron que el cambio era urgente", contaba el periodista a Le Monde. La cúpula alegó que era una decisión "interna, como tantas otras que toma El País". Como decía el diario francés, la coincidencia de fechas entre la destitución de Cembrero y el "silencio" del periódico del affaire Anouzla –del que el redactor habló sólo en su blog–, acrecentó las dudas en la prensa internacional –las referencias en la prensa nacional han sido mínimas– sobre las posibles presiones a Prisa, que "atraviesa un periodo difícil", por su elevada deuda. Y así relataron los hechos publicaciones como Mediapart, Le Soir, L'Express, El Watan, Osservatorio Italiano, Le Point, Info-Tunisie L'ExpressEl WatanOsservatorio ItalianoLe PointInfo-Tunisieo The Washington PostThe Washington Post. 

Le Monde recordaba el pasado 10 de mayo, cuando dio cuenta de la dimisión de Cembrero, cómo el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere que nada perturbe la cordialidad de las relaciones con Rabat, cuya colaboración en asuntos como la inmigración irregular, el terrorismo o Ceuta y Melilla, es "indispensable". Sin embargo, 2013 fue un año duro para la monarquía alauí. Cembrero fue el periodista que descubrió, el verano pasado, que un pederasta español condenado a 30 años, Daniel Galván Viña, había sido indultado por el rey Mohamed VI, lo que levantó una enorme polvareda en el país magrebí y, por descontado, en España. "Frente al rey de Marruecos, El País abdica", titulaba gráficamente Libération.

Decenas de manifestantes resultaron heridos por la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la manifestación celebrada ayer sábado en El Aaiún, capital histórica del Sáhara Occidental, para protestar contra la firma de un acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que incluye los caladeros saharauis.

La concentración se celebró en la tarde del sábado, 7 de diciembre, en la calle Esmara de la capital saharaui y estaba convocada por la Coordinadora de Gdeim Izik, según han informado tanto la agencia de noticias saharaui SPS como la ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW).

Los manifestantes corearon consignas pidiendo la liberación de los presos saharauis y denunciando el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. La marcha pudo celebrarse durante apenas diez minutos hasta que las fuerzas de seguridad marroquíes, con agentes vestidos tanto de uniforme como de civiles, cargaron para dispersar la protesta. WSRW denunció que "la Policía intervino de forma brutal". Entre los heridos, al menos una docena, según WSRW, habría al menos un adolescente de 13 años.

"Un anciano de unos sesenta años, una manzana más abajo de donde yo estaba, fue golpeado en la cabeza con una porra", relató la activista noruega Hodad Gulaid. "Aquí la gente parece muy frustrada por los planes de la UE y porque la UE no les ha consultado y requerido su consentimiento a la negociación de este acuerdo", añadió.

Cláusula de suspensión

El Parlamento Europeo votará el próximo martes el polémico acuerdo de pesca con Marruecos, que incluye las aguas del Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada militarmente y no reconocida por la comunidad internacional como de soberanía marroquí. Los buques europeos obtendrán con el acuerdo 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiarán a 700 tripulantes aproximadamente. Además supone un incremento del 33% de las posibilidades de pesca de la flota comunitaria –once Estados miembros faenan en la zona– con respecto al régimen anterior. A cambio, Marruecos recibirá un pago anual de 40 millones de euros durante cuatro años.

Los saharauis reclaman que sus aguas sean excluidas del acuerdo porque no reconocen el derecho de Rabat a gestionar sus recursos, pero Bruselas y los 28 dan por bueno que se mantengan, a cambio de una cláusula que prevé la suspensión del convenio si se vulneran derechos fundamentales. La Unión Europea también exigirá a Marruecos pruebas periódicas de que la población saharaui se beneficia de la ayuda y del empleo que proporciona el nuevo acuerdo.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó este martes que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expliquen en el Parlamento la "desastrosa" gestión del Gobierno que permitió que un español condenado en Marruecos por abusos a menores fuera excarcelado. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, pidió además la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, para aclarar el "inmenso desbarajuste" de la liberación de Daniel Galván Viña. 

En declaraciones a la Cadena Ser, en el programa Hoy por hoy que presenta Aimar Bretos, Valenciano dijo que en este caso se ha cometido "un error grave e incomprensible que merece una explicación un poco más exhaustiva" por parte del Ejecutivo, "que hasta ayer ha estado escondido y dando versiones off the record muy poco claras". En este sentido, la dirigente socialista acusó al Gobierno de intentar responsabilizar a las autoridades marroquíes por haber concedido la libertad a Galván y a otros 29 reclusos que también fueron "indultados por error". "No puede desentenderse y cargar sobre Marruecos toda la responsabilidad porque son presos españoles", subrayó.

A su juicio, lo que ha ocurrido "merece una explicación" y que el Ejecutivo "se haga responsable de resolver ahora la situación", es decir, de que Galván, que fue detenido este lunes en Murcia, "acabe en la cárcel". Horas después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba el ingreso en prisión provisional e incondicional del pedófilo, que fue conducido después a Soto del Real (Madrid). 

Valenciano criticó la "desastrosa" gestión del Gobierno en este asunto y le preguntó por qué no supervisó la excarcelación de los 48 presos españoles a los que Marruecos puso en libertad la semana pasada. El Ejecutivo, por ahora, ha explicado que fue la Embajada la que elaboró una doble lista: en una solicitaba a Marruecos el indulto de 18 reclusos; en la otra, requería que otros 30 (entre ellos, Galván) fueran trasladados a España para cumplir el resto de su condena. Rabat en cambio fusionó ambos estadillos y excarceló a lo 48. 

Valenciano señaló que Ruiz-Gallardón y García-Margallo deberían aclarar lo ocurrido con el pederasta, por ejemplo si cumplía los requisitos para estar incluido en las listas, y decir también "quiénes son esos 29 restantes indultados por error". En el mismo sentido, Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, reclamó posteriormente en rueda de prensa en Ferraz al Ejecutivo que aclare si entre los demás perdonados existen "sospechas" o delitos de "tanta gravedad o más" que el de Galván. Delitos de los que, a su juicio, debiera informarse porque esas personas "ahora están en la calle".

Valenciano instó asimismo a los ministros a explicar por qué cuando se enteraron de que habían sido liberados todos no advirtieron a las autoridades marroquíes. Si lo hubiesen hecho, "tal vez" Galván "no habría conseguido un pasaporte en el consulado español", añadió. Según explicaba ayer Exteriores, lo que concedió el Consulado General fue un salvoconducto para que pudiera salir de Marruecos. 

La diputada socialista expresó su deseo de que las conversaciones que el Gobierno mantiene este martes con dos altos funcionarios marroquíes que han viajado a Madrid contribuyan a que "se resuelva la situación". En cualquier caso, descartó que este asunto vaya a dañar las relaciones bilaterales con Rabat, que "son sólidas y buenas".

Preguntas de los portavoces de Justicia e Interior de IU

Lara, por su parte, y como ya adelantó infoLibre, tiene ya registrada la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Según un comunicado lanzado por IU, el coordinador considera necesario aclarar "cuanto antes" lo que ha pasado, en vista de la gravedad de los crímenes cometidos por Galván, y "determinar las causas de la excarcelación del pederasta y su posible relación con los servicios de inteligencia". 

Además, los portavoces de Justicia e Interior de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto, han registrado una batería de preguntas. El primero inquiere por la posible negociación con Marruecos para que Galván cumpla su condena en España, por la posible pertenencia de este al CNI o por qué se le concedió la nacionalidad española. Sixto, también secretario federal de Comunicación de IU, requiere al Ejecutivo que le diga los posibles seguimientos a Galván por parte de la Guardia Civil mientras vivió en Torrevieja y si fue arrestado por delitos sexuales u otro tipo de causas durante su estancia en la ciudad alicantina.