Si algo han demostrado los discursos de odio en los últimos años, es su obstinada cruzada contra los avances feministas. Las voces reaccionarias tienen la habilidad de retorcer la realidad para sembrar retrocesos, ignoran los datos para imponer visiones sesgadas y censuran las voces de expertas para introducir su relato ideológico. Ya no se trata sólo de negar las raíces culturales de la violencia machista, sino de insistir en el mantra de que las políticas públicas no han sido capaces de proteger a las mujeres. Es el primer paso para hacer saltar por los aires todo el entramado institucional construido en las últimas décadas contra la violencia de género. Pero en tanto que tramposo, su discurso es fácil de rebatir. 

Año 2003. España inauguraba una estadística pionera: a partir de aquel momento las instituciones harían un recuento de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Aquel año, a las puertas de una nueva ley integral que buscaba proteger a las víctimas, se cerró con 71 feminicidios. Este 2025, según los datos del Ministerio de Igualdad, terminó con 46 crímenes mortales. Es la cifra más baja en toda la serie histórica. El número de feminicidios se ha reducido un 35,2% en 22 años.

Las voces expertas insisten en observar con cautela las estadísticas, cuyo análisis no siempre arroja explicaciones sólidas, pero lo cierto es que sí existe un patrón de descenso imposible de ignorar. Las cifras, por tanto, reflejan una realidad: las políticas públicas tienen impacto en la realidad material de las mujeres. 

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, insiste en que no resulta útil, ni estadísticamente correcto, comparar las cifras en periodos de tiempo muy cortos: "La diferencia interanual suele mostrar subidas y bajadas que obedecen a factores contextuales individuales", incide. Por eso sugiere un cambio de enfoque y propone revisar las diferencias entre los diez primeros años y los diez siguientes. "Ahí hay una disminución clara", celebra.

Pero además, recalca el también médico forense, se produce una bajada de los feminicidios en un momento en que "las circunstancias son más complejas" en contextos de violencia. Las víctimas son "más críticas frente a esa idea de aguantar, no separarse y no denunciar". Ahora, ellas tienden en mayor medida a querer romper con la violencia, a pesar de que la ruptura ha demostrado ser un detonante y por tanto un momento de "riesgo de sufrir violencia", puntualiza el exdelegado. A pesar de ello, "hay menos homicidios, luego el avance es más significativo".

Coincide Altamira Gonzalo, jurista feminista, en la idea de observar las cifras desde una mirada larga. "En los últimos quince años constatamos una tendencia a la baja", se apresura a decir al otro lado del teléfono. "La reducción es muy importante" y a pesar de ello "es también insuficiente", matiza. Pero sirve para afirmar que "las leyes y las políticas públicas tienen su resultado positivo", por lo tanto "ese es el camino". También significa que "no podemos bajar el ritmo en la aprobación de esas políticas públicas de igualdad, porque el objetivo es violencia cero".

El descenso en las cifras no se entendería sin otro fenómeno: la capacidad de las víctimas para pedir ayuda y la funcionalidad de un sistema que, aun siendo imperfecto, puede protegerlas. 

En el año 2007, el teléfono específico para dar ayuda a las víctimas, el 016, recibió un total de 15.715 llamadas. Era su primer año en funcionamiento. Ya en 2008, la cifra experimentó un gran ascenso, con 74.951 llamadas. Y desde entonces no ha parado de crecer. Con el paso de los años, las víctimas se han ido sintiendo fuertes para descolgar el teléfono, decididas a romper con la violencia que las asolaba. En 2025, la línea recibió 118.337 llamadas. 

Esta tendencia encuentra su reflejo también en las denuncias registradas. Si en el año 2009 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reportaba un total de 135.539 denuncias por violencia machista, en el año 2024 –último con datos completos–, la cifra ascendía a 199.093. La interpretación de las expertas es clara: la curva ascendente tiene que ver con una mayor confianza de las mujeres en el sistema y una mayor capacidad para protegerlas. El porcentaje de condenas también ha aumentado sensiblemente: si el 2009 fueron condenadas el 77% de las personas enjuiciadas, el año pasado el porcentaje escaló hasta el 91,9%.

Las pulseras de control a maltratadores se han demostrado también, con todos sus matices y su necesaria mejora, como una herramienta de protección útil para las víctimas: ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada nunca. En 2009, se registraron un total de 153 dispositivos activos. En 2025 eran ya 4.432.

Pero los elogios al sistema son estériles si no van acompañados de una legítima crítica. No todo son buenas noticias en estos veinte años. Las órdenes de protección no han experimentado apenas cambios, siendo 41.081 las dictadas por los jueces en 2009 y 41.237 las registradas en 2024. Las ayudas socioeconómicas tampoco muestran un aumento significativo, o al menos no lo suficientemente sostenido en el tiempo. Un ejemplo: las ayudas para el cambio de residencia concedidas en 2005 fueron 761, en el año 2015 fueron 3.632 y en 2024 cayeron a 2.077.

Pero los expertos reparan en una cifra también prácticamente inalterable: el número de feminicidios con denuncia previa. En el año 2006, el 31,8% de las víctimas mortales de la violencia machista había interpuesto primero una denuncia contra su agresor. Casi dos décadas después, el porcentaje es del 21,7%. Son diez puntos de diferencia, pero sigue representando un fracaso sin paliativos del sistema.

Ante esta realidad surge una pregunta: cómo defender un sistema que se ha demostrado imperfecto. Para Lorente, hay dos cuestiones clave. "Primero debemos hablar de responsabilidad", esboza. Es decir, siempre que existan fallos en el sistema, quienes están detrás de su diseño deben tener la capacidad de hacer autocrítica y responsabilizarse de los errores. "Cuando se cometen imprudencias, debe haber responsabilidades", zanja.

Pero los déficits deben ser también un estímulo de cara a una mejora inmediata y urgente. El exdelegado cree fundamental un análisis constante alrededor de aquellos elementos que no funcionan bien, detectar los recursos que faltan y sobre todo caminar hacia una estrategia enfocada en la prevención y no tanto en una respuesta exclusivamente pensada para los momentos críticos. Y con él coincide la jurista feminista. "Hay que mejorar esas políticas, ver dónde hemos tenido fallos, porque sabemos que los hay", sostiene. Gonzalo cita las grietas a la hora de aplicar las leyes, los problemas ligados a la carencia presupuestaria y la ausencia de medios materiales. "Todo eso lo tenemos identificado, sabemos que no podemos bajar la guardia". 

Las políticas públicas, observa Lorente, son una "pieza esencial" por dos razones. Por un lado, expone, porque actúan directamente sobre el problema que buscan combatir. Por otro, porque al mismo tiempo son capaces de generar una "conciencia sobre el problema que abordan". Todo ello genera ese "doble efecto de actuar y concienciar". Eso es lo que ha sucedido a su juicio con la estrategia contra la violencia machista. 

Esos avances, sin embargo, están hoy en riesgo. Lorente se detiene en los datos de la última Macroencuesta de violencia contra la mujer, correspondiente a 2024. Según sus conclusiones, el 16,7% de las víctimas de violencia machista dicen haber sufrido malos tratos en el último año. Una cifra nada desdeñable que el exdelegado mira con preocupación. "Recordemos que ese último año es el de los pactos de la extrema derecha y los discursos negacionistas", asiente. Una coincidencia que no cree inocente.

Según el Barómetro Juventud y Género 2025 del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, la idea de que la violencia de género "siempre ha existido y es inevitable" cala entre el 36,5% de los jóvenes, un aumento superior a seis puntos respecto a hace dos años. Además, un 20,3% coincide en que la violencia machista "no existe, es un invento ideológico", más de dos puntos por encima en relación al anterior barómetro. El 50,8% de los encuestados cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas y un 44,6% asegura que los varones han perdido la presunción de inocencia. Lo afirman así a pesar de los datos: en su última Memoria, la Fiscalía reseña que el porcentaje de denuncias falsas desde el año 2009 es "ínfimo", cifrándolo en 0,0082%. "Los jóvenes llegan bajo ideas introducidas por sectores de la ultraderecha", así que no es difícil ver los efectos de la "reacción del machismo, propiciada por la ultraderecha como instrumento de acción política", lamenta Lorente. 

Frente a los discursos que comienzan a calar, las políticas públicas han erigido a España como uno de los países de la Unión Europea más avanzados en igualdad de género, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). Sólo Suecia, Francia y Dinamarca están por encima. A pesar del negacionismo, existe una mayoría social que lo mira con orgullo: según el barómetro de la juventud citado anteriormente, la idea de que "la violencia de género es un problema social muy grave" alcanza máximos históricos, siendo enunciado por el 67,7% de los encuestados.

La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente encubrir al hombre de 30 años acusado de asesinar a puñaladas a su expareja, Martha, una joven de 21 años, el pasado lunes en un domicilio del distrito madrileño delante de su bebé de 15 meses.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras la detención del presunto autor en la localidad de Torrejón de Ardoz horas después de cometer el crimen, agentes del Grupo V de Homicidios del Jefatura Superior de Policía de Madrid sospecharon de que el arrestado había mantenido conversaciones telefónicas con otra persona.

Los agentes han detenido esta mañana a este hombre como presunto autor de un delito de encubrimiento.

Martha, de 21 años y madre de una bebé de 15 meses, fue presuntamente asesinada por su expareja en un domicilio del distrito de Villaverde donde tenía alquilada una habitación en la que residía con la pequeña.

Estaba inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo, mientras que el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

La joven había recibido atención a través de los recursos de VioGén en Castilla-La Mancha, ya que residió en Guadalajara y Valdepeñas (Ciudad Real), comunidad de la que no era natural y que voluntariamente decidió abandonar hace unos meses para instalarse en este domicilio.

En él irrumpió su presunto asesino en torno a las 15:00 horas de este lunes y le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte. Después huyó del lugar, si bien en la madrugada del martes fue arrestado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El titular del tribunal de instancia número tres de Torrejón de Ardoz ha ordenado prisión comunicada y sin fianza para el detenido y presunto homicida.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el arrestado se ha acogido a su derecho a no prestar declaración y ha sido conducido al recinto Penitenciario de Madrid II (Alcalá Meco) al término de la vistilla.

Aunque en un principio se le investiga por la supuesta comisión de un delito de homicidio con el agravante de parentesco y violencia de género, esta calificación podría modificarse según avancen las diligencias de investigación de la instrucción judicial.

Martha es la víctima mortal número 32 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.

Este año ya son veintiuna. Y este pasado mes de junio ha sido especialmente trágico con nueve asesinatos, lo que arroja el escalofriante dato de una mujer asesinada cada poco más de tres días.

Los asesinos son hombres como cualquiera de nosotros, con sus hobbies, sus inquietudes, quizás alguien con quien en algún momento hemos podido compartir espacio o reunión. Aquel con el que te cruzas cada mañana en la cola de la panadería o entrenas en el gimnasio a diario. 

La violencia machista no discierne entre clases sociales ni condición. Tan solo tiene un sesgo, y es de sexo: Son hombres que matan a mujeres.

Resulta preocupante ver cómo actitudes machistas continúan teniendo arraigo entre parte de nuestros jóvenes. Preocupante a la par que sorprendente, cuando es algo que era de esperar que hubiera ido desapareciendo. 

La educación en igualdad desde temprana edad, las propias políticas de igualdad y el empoderamiento de la mujer, algo que le hará desligarse de roles enquistados en la sociedad, son fundamentales para acabar con esta lacra.

Todas ellas, es importante recordar, políticas que son sistemáticamente ninguneadas y dadas de lado allí donde gobierna la derecha.

Queda mucho trabajo por hacer, y éste comienza por uno mismo.

Os queremos, y os queremos VIVAS.

_______________________

Luis del Castillo Vergara es socio de infoLibre.

28 de diciembre. Hace exactamente dos décadas echaba a andar de manera oficial la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tan sólo seis días después de haberse aprobado entre los aplausos de un Congreso de los Diputados en pie. El panel luminoso se teñía entonces de un único color, el verde: 325 síes. Unanimidad. En la tribuna de invitados, representantes de las principales asociaciones feministas de España, las verdaderas promotoras del nuevo marco legislativo, pionero en Europa y en el mundo. Sonrisas, celebraciones, distintivos feministas. Una imagen que ha pasado a la historia por su fuerte simbolismo. Empezaba el cambio.

A pesar de ese consenso, la norma es una de las que más veces ha sido recurrida ante el Constitucional. En concreto, se presentaron hasta 180 recursos, de los que fueron admitidos 127. La principal objeción era que la ley vulneraba el principio de igualdad, ya que contemplaba agravamientos de las penas para los hombres. Finalmente, fue avalada por el TS en 2008 aunque, en esta ocasión, no por unanimidad.

"La aprobación de la ley fue un momento muy emocionante para todas. Sacó la violencia de género del rincón donde estaba escondida dentro de los hogares, convirtiéndola en un tema de debate público. Por fin, las mujeres pasamos de poco menos que tener la culpa a que se nos reconocieran verdaderos derechos", recuerda la escritora y periodista Nuria Varela. "Supuso la deslegitimación oficial del machismo. Era la primera vez que se conectaban un hecho social, el ejercicio de violencia individual de muchos hombres, con la estructura cultural en la que todos hemos sido socializados: el patriarcado", completa Iván Sambade, profesor de la Universidad de Valladolid y miembro de su Cátedra de Estudios de Género.

Y en la forma y con las capacidades de una ley integral, no como un mero reconocimiento simbólico. "Fue fundamental por los instrumentos que impulsó: los juzgados especializados, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, los sistemas de protección para las víctimas..." enumera Varela. "También por la pedagogía de la que iba acompañada. Estamos hablando de una ley aprobada por unanimidad, lo que ahora sería impensable. Su mera aprobación evidencia la existencia de un cambio en el tejido social. Un cambio palpable a lo largo de estos veinte años", reflexiona Graciela Atenzio, periodista y directora de Feminicidio.net.

1.291 mujeres. Es el número de las asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que se puso en marcha el registro oficial de casos, allá por el año 2003. 46 víctimas confirmadas solo en el último año. Y eso sin tener en cuenta a las asesinadas fuera de una relación sentimental: por los menos otras 62 mujeres desde 2022. Aún así, muchas se siguen quedando fuera. Los nombres de Laura Luelmo, Diana Quer o Nagore Laffage nunca se han incorporado a las estadísticas oficiales.

Si hacemos un análisis en retrospectiva, el saldo es positivo. "Desde la perspectiva de los feminicidios, los casos han bajado considerablemente, entre un 20 y un 40%. Nos hemos situado en la parte más baja de la tabla de asesinatos de mujeres en Europa, frente a países como Francia o Alemania", valora Atenzio. Pero no por eso podemos relajarnos. "Estamos asistiendo a un momento de rearme del patriarcado y la violencia machista no se queda en los asesinatos", continúa.

Las muertes son la cara más cruda de la violencia machista, pero no la única. 1.325.801 llamadas al teléfono 016; 2.349.206 denuncias interpuestas en los últimos quince años; 584.030 órdenes de protección y 18.511 pulseras de seguimiento. Datos que dan cuenta de la extensión de la violencia. Una violencia muy real. El año pasado, el 92,3% de las personas acusadas de violencia machista fueron condenadas. Las denuncias falsas, en cambio, apenas alcanzaron el 0,001%.

Violencia sexual, violencia económica, violencia infantil, violencia digital... Los frentes son múltiples y la vergüenza está cambiando de bando. 1,2 millones de hombres han sido denunciados por violencia machista desde 2007. 1291 hombres han asesinado a la mujer con la que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. 122.000 hombres maltratan por primera vez cada año. 100.000 hombres se encuentran en el sistema VIOGEN con medidas de seguimiento.

Los expertos coinciden: el marco legislativo español en materia de igualdad es debidamente amplio, pero no termina de aplicarse por completo, ni en todos los ámbitos. "Es un poco tomadura de pelo pensar que se va a erradicar la violencia machista con una ley que se ha dejado de desarrollar", resume Varela. "La normativa sobre los derechos de las mujeres se incumple sistemáticamente. Sin ninguna consecuencia", critica con dureza. "Es una ley integral como las demás. Una ley de vida o muerte. No hay una preocupación política, administrativa y mediática a la altura".

Con una asignatura todavía pendiente, la transversalidad. "No hay suficientes puestos de trabajo específicos para personal formado en violencia de género dentro de la administración", explica la escritora. "La ley necesita más análisis y, sobre todo, apoyo profesional y multidisciplinar", añade Atenzio.

Sambade, por su parte, propone tres ejes de trabajo: "La continuidad de la labor de investigación feminista, que desenmascara las nuevas formas de perpetuación del patriarcado. La coeducación, con insistencia en la formación del propio profesorado. Y el fortalecimiento de las herramientas jurídicas. Herramientas que tienen que incorporar y aplicar la perspectiva de género".

Otra de las grandes olvidadas, la prevención. "Hemos pasado de un planteamiento de política integral a un planteamiento exclusivamente social, desviando todos los esfuerzos al final del proceso. Nos dedicamos a atender y contar las víctimas cuando el daño ya está hecho, cuando ya te han destrozado la vida. Se trabaja desde el concepto asistencial, sin suficiente presupuesto y programas de sensibilización", incide Varela. Un trabajo de prevención que se complica dentro de un sistema infradotado. No solo económicamente, también en disponibilidad de personal cualificado.

"No se está trabajando con el mismo impulso político y social con el que se aprobó la ley integral. Pongámonos en serio con estructuras, presupuestos, herramientas y protocolos. Decimos mucho, hacemos poco", sentencia Varela.

Hace 20 años, 320 diputadas y diputados de distinta ideología y afiliación política votaron, de manera unánime, sí. Sí a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquel trámite simbolizó el consenso ante una realidad devastadora que, a día de hoy, desde que hay registros, se ha cobrado la vida de 1.291 mujeres y 62 niños y niñas a manos de sus parejas sentimentales. Una votación que hoy sería imposible repetir y que reflejó la firme voluntad de combatir la violencia machista.

Esta ley sacó a la violencia del ámbito privado y nos ayudó a juzgarla y a combatirla como lo que es: un sistema organizado de represión y dominación, que se ejerce de múltiples formas contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Y con su aprobación se devolvió la dignidad a las víctimas, como hoy, Gisèle Pelicot le ha devuelto la vergüenza a sus agresores. Y así, tras dos décadas de experiencia, de medidas de protección y órdenes de alejamiento, podemos afirmar que esta ley ha salvado vidas, además de mejorar las circunstancias de las víctimas a través de la profesionalización, formación y sensibilización de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sido un agente clave en la evolución de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, el protagonista de la historia de éxito de esta ley no es sólo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que la impulsó. El verdadero catalizador ha sido el feminismo. La decidida y firme lucha feminista, artífice de tantos avances que han hecho que las mujeres seamos sujetos autónomos con plenos derechos de ciudadanía. Ese movimiento que, como dijo nuestra querida Carmen Alborch, “debería ser declarado Patrimonio de la Humanidad” porque es, en sí mismo, patrimonio de las mujeres de todo el mundo.

Las mujeres, pero los hombres también, estamos llamadas a hacer grande ese patrimonio plantando cara al machismo. Y hay que decirlo las veces que haga falta y donde sea necesario. Hablamos de muchas muertes, demasiados asesinatos de mujeres, niñas y niños.

Las cifras lo corroboran: durante más de cuarenta años, la banda terrorista ETA asesinó a casi un millar de personas. Aquellas cifras nos aterrorizaron y movilizaron a nuestra sociedad para acabar desde la unidad con el terrorismo de ETA. Hoy el terrorismo machista ha asesinado ya a 1.291 mujeres desde el año 2003. Y no me olvido de las niñas y niños: 62 asesinados desde 2013. Además de los y las menores que quedan huérfanos: 468 desde el año 2013. 

Y este año, tristemente, también se despide con números escalofriantes: 46 mujeres asesinadas por el mero hecho de serlo. 

Ante estas cifras profundamente alarmantes, el debate sobre si la violencia contra las mujeres existe sigue encima de la mesa por culpa del discurso negacionista de la extrema derecha y sus socios del Partido Popular. Negar que la violencia mata a las mujeres, del mismo modo que negar el cambio climático, sigue poniendo en peligro nuestras vidas y el futuro de nuestro territorio.

Pero además, este asedio machista ha evolucionado y ha tomado formas que hace 20 años no podríamos imaginar. Las redes sociales viralizan la discriminación a través de noticias falsas que cuestionan las políticas de género, por lo que debemos ampliar las medidas de protección más allá del ámbito jurídico y policial. Es el momento de volver a conquistar el discurso y ganar la batalla social, tal y como ocurrió hace 20 años cuando toda España, por unanimidad, aprobó una ley contra la violencia y a favor de las mujeres maltratadas y sus hijos. Es el momento de renovar el pacto de Estado contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Es ahora y aquí cuando instituciones, organizaciones y toda la ciudadanía hemos de decir basta.

__________________________

Pilar Bernabé es secretaria de Igualdad del PSOE.

Los 20 años de Ley Integral contra la violencia de género también nos proporcionan una foto de los hombres y de la masculinidad compartida por todos ellos a partir de las referencias dadas por la cultura androcéntrica.

Como toda foto de grupo la imagen muestra diferentes elementos entre los miembros que lo componen, y distintas situaciones compartidas por un número mayor o menor de las personas que lo conforman. No todos aparecen del mismo modo ni tienen los mismos elementos, pero todo lo que se observa forma parte del grupo, no es ajeno al mismo. Y los 20 años de Ley Integral actúan como un foco que destaca algunos de los elementos que durante este tiempo han formado parte del grupo de hombres. Veamos parte de los mismos:

La foto que nos proporcionan estos primeros 20 años de Ley Integral contra la Violencia de Género compromete a todos los hombres, puesto que todos forman parte de la imagen que crea la cultura androcéntrica, y todos comparten una masculinidad en la que la violencia contra las mujeres está considerada como algo normal que se puede llevar a cabo en determinadas circunstancias. Es lo que refleja la Macroencuesta de 2019, cuando un 44% de las mujeres que no denuncian dicen no hacerlo porque la violencia que sufren “no es lo suficientemente grave”. Una idea tan machista que lleva a que el 15,4% de los chicos de 15-24 años afirme que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (Centro Reina Sofía, 2021).

No basta, como dicen muchos hombres, afirmar que los maltratadores son “unos pocos”. Y no basta porque ya hemos visto que no son tan pocos, menos aún si nos centramos en la criminalidad, y cuando se comprueba que cada agresor que agrede y mata lo hace siguiendo las referencias que ha dado la cultura androcéntrica para abordar la situación que vive con su pareja. No lo hacen como una cuestión exclusivamente personal, también lo hacen para defender un modelo de sociedad y de relación en la que no se acepta la igualdad de las mujeres, hasta el punto de percibir su libertad como un ataque a su posición masculina.

No todos los hombres utilizan la violencia, pero todos forman parte de una cultura machista en la que sin el silencio y la pasividad de los que no maltratan sería imposible que se produjera la violencia de género y la impunidad que todavía hoy la acompaña.

Los hombres no tienen que quejarse de las medidas contra la violencia de género, lo que deben hacer es actuar contra aquellos hombres que recurren a ella y los utilizan para defender sus privilegios. Las opciones que aporta la foto de estos primeros 20 años de Ley Integral son claras: o cómplices de los violentos o actores contra la violencia que sufren las mujeres.

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El Ministerio de Igualdad ha celebrado este viernes un acto para conmemorar el 20 aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma que la titular de la cartera, Ana Redondo, se ha abierto a "revisar" para incluir nuevos tipos de violencia y medidas que sirvan para "completar y actualizar" la norma.

"Es el momento de revisar la ley", ha reconocido Redondo, quien ha descrito la norma como magnífica, pero ha pedido "ser conscientes de las nuevas violencias", entre las que ha nombrado la violencia económica, la vicaria o la que se ejerce en las redes sociales, ha informado EFE.

La ministra también ha propuesto ser más "contundentes" en la exigencia de formación específica a las fuerzas judiciales y policiales que trabajan en la lucha contra la violencia de género y las violencias sexuales, así como avanzar en los centros de crisis, que, en sus palabras, "necesitan un recorrido para ser útiles y eficaces".

"Necesitamos fortalecernos", ha esgrimido Redondo, en cuya opinión España y el mundo se encuentra ante una "encrucijada histórica" por el auge de la extrema derecha y de los discursos negacionistas.

La titular de Igualdad ha mostrado su "agradecimiento profundo" a todas las personas que participaron en el trabajo previo y la redacción de la ley, de la que ha destacado el "consenso" logrado. "Solamente los consensos políticos basados en consenso sociales amplios consiguen los mejores efectos posibles", ha remarcado.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, ha querido recordar a Ana Orantes, asesinada por su exmarido en 1997 tras denunciar en televisión la violencia machista de la que había sido víctima, cuyo caso, en sus palabras, ayudó a abrir los ojos a la sociedad española ante la violencia de género.

"Esta ley supuso un antes y un después", ha remarcado Martínez Perza, quien ha definido la norma como "pionera" y ha deseado que en un futuro logre erradicar la violencia de género.

También ha estado en el acto una de las impulsoras de la ley, la exsecretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo, quien ha asegurado que la norma "no se hizo en un despacho", si no que para su elaboración "se habló con todo el mundo". "El Estado tiene que proteger la vida de sus mujeres", ha reivindicado Murillo.

La ley contra la violencia de género, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fue aprobada el 28 de diciembre de 2004 con el voto a favor de los 325 diputados presentes en el Congreso de los Diputados.

Tarragona, 2013. El agresor se monta en el coche junto a su pareja. Arranca y cuando ella decide abandonar el vehículo, él le agarra "fuertemente del brazo izquierdo" y se lo impide. La sentencia: delito de coacciones. Vitoria-Gasteiz, 2018. Un hombre se sienta en el banquillo por haber ejercido "violencia física y psíquica contra su pareja sentimental". Él la maltrataba "con frecuencia y en presencia de sus hijos". Los jueces lo condenan por un delito de maltrato habitual. Madrid, 2023. Un hombre agrede a su pareja después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales. Le propina un puñetazo y le grita: "Hija de puta, no vales como mujer". Poco después, es condenado por maltrato en el ámbito familiar. Todos estos casos tienen algo en común: las penas impuestas fueron inferiores a dos años y los jueces decidieron suspender la entrada en prisión, siempre y cuando los hombres cumplieran con, entre otros, un requisito fundamental: la asistencia obligatoria a programas formativos sobre violencia de género.

El año pasado, un total de 13.566 agresores fueron castigados con penas y medidas alternativas a la prisión, según datos de Instituciones Penitenciarias. Se trata de programas de reeducación que buscan la recuperación más que el reproche punitivo, el trabajo colectivo más que la privación de libertad.

La medida beneficia siempre a agresores sin antecedentes penales y condenados a menos de dos años de prisión por delitos leves, explican las fuentes jurídicas consultadas. Entonces, se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel y una de las condiciones es la realización de cursos en materia de igualdad, no discriminación y violencia de género. Este programa, que suele prolongarse alrededor de diez meses, se conoce con el nombre de PRIA-MA. Habitualmente afecta a delitos que tienen que ver con el menoscabo psicológico o las lesiones, también las amenazas y ocasionalmente las coacciones, el trato degradante o el quebrantamiento de condena.

En el caso de la población reclusa por violencia machista, esta también pueden someterse a programas de reeducación dentro de prisión o una vez está en semilibertad, durante el tercer grado, los llamados programas PRIA. Estos sí, son de carácter voluntario y quienes los cursan no están incluidos entre los 13.566 citados.

Los objetivos del programa son ambiciosos: la erradicación de "conductas violentas" y la reducción del "nivel de reincidencia de los participantes". Los agresores machistas que participan en las sesiones hablan de celos, control y relaciones tóxicas. Quizá por primera vez, o quizá sin haberse deternido a pensar de dónde brota su conducta violenta. Laura Negredo, subdirectora general adjunta de Penas y Medidas Alternativas, describe en conversación con este diario el contenido de los programas. Normalmente se hacen de forma grupal, expone, aunque existe la posibilidad de individualizarlos. ¿Por qué grupales? "Porque la propia dinámica del grupo genera sinergias terapéuticas muy importantes", explica la experta. A veces, verbalizar vivencias propias puede despertar la conciencia del que está al lado. 

El motor que mueve las sesiones es la "motivación al cambio": la lógica es que la ira inicial dé paso a "una motivación interna para modificar su comportamiento en el futuro". Para ello, los especialistas trabajan alrededor de cuestiones como "la empatía hacia la víctima", desmontar "creencias machistas y distorsionadas sobre la pareja", además del control de "emociones negativas, como la ira o el déficit de autoestima".

La pregunta es inevitable: ¿cuál es el impacto de estos programas?, ¿son realmente efectivos? La primera respuesta pasa necesariamente por observar la reincidencia. Quienes investigan este campo, señalan que existen distintos tipos de reincidencia: la delictiva (cuando se comete el delito), la policial (cuando se detecta), la judicial (cuando se juzga) y la penitenciaría (cuando se condena con pena de cárcel). Así lo advierte Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. "La reincidencia tiene distintos niveles y la que conocemos es una parte mínima de la que se puede producir, porque muchas veces ni siquiera se denuncia, o si se denuncia puede no llegar a juzgarse y si se juzga puede no derivar en una condena. Todo esto es un sesgo importante, a veces insalvable, para realizar un análisis de la situación", comenta al teléfono.

Aunque existen voces escépticas respecto al impacto de estos programas, Negredo cree que están en minoría. "Es una medida popular", afirma. En cuanto a sus resultados, la experta se remite a un estudio: Reincidencia de los agresores de pareja en penas y medidas alternativas, publicado en 2017. El informe analiza los resultados sobre la tasa de reincidencia de los agresores con nuevas denuncias policiales, tras un periodo de seguimiento de cinco años. Según la investigación, el 6,8% de los usuarios del programa de intervención en violencia de género reincidió en los cinco años posteriores a haber finalizado el tratamiento. Es decir, el 93,2% no vuelve a cometer ningún delito.

Según estos datos, el 51% de las nuevas denuncias se producen por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, seguidos del quebrantamiento de una medida cautelar (21%), las amenazas (15%) y las lesiones (6%). El 5% restante corresponde a denuncias policiales por delitos de coacciones, vejaciones leves, incumplimiento de obligaciones familiares o sustracción de menores. El 82,6% de los reincidentes cometen entre uno y dos hechos delictivos. 

También sobre la reincidencia pone el foco Iñaki Lajud Alasturé, psicólogo especializado en violencia de género y con experiencia en terapia con agresores. "En general se llevan un aprendizaje que les ayuda a tener relaciones más sanas y a reconocer el maltrato para no ejercerlo", defiende en conversación con infoLibre.

Conviene recordar, añade el psicólogo, que se trata de varones que han transitado además por un proceso judicial con todo lo que conlleva, por lo que la voluntad de no volver de nuevo a los tribunales les lleva a "tener mucho más cuidado de no ser tolerantes frente a la violencia".

Negredo reitera que el propósito de los programas es "el cambio del individuo" e insiste en que su experiencia le lleva a afirmar que las voces discrepantes "son cada vez menores". "Hemos visto una evolución social e institucional en estos años. Es residual que haya quien no quiera trabajar con los hombres". Al final, sostiene, todas las partes están de acuerdo en algo fundamental: "Lo que queremos es que no haya más víctimas".

Ahí se sitúa también la psicóloga Bárbara Zorrilla, especialista en atención a víctimas de violencia de género. Su posición inicialmente crítica se ha ido suavizando con los años, reconoce. "A medida que ha ido pasando el tiempo me he ido informando, he estado consultando estadísticas y viendo cómo iban funcionando estos programas, he flexibilizado mucho mi opinión al respecto", admite. Eso no significa que no guarde algunas reticencias al respecto: "Teniendo en cuenta los poquísimos fondos que hay destinados a la violencia machista, lo primero tienen que ser las víctimas. Justicia, reparación y asistencia integral para ellas. Luego, todo lo demás", observa.

Ahora bien, la psicóloga sí cree positivo "trabajar con un agresor y darle la posibilidad de que cambie su comportamiento", fundamentalmente porque ello implica que "en el futuro no vaya a haber más víctimas". "Sabemos que estas personas se relacionan mediante la dominación, y van a hacerlo con todas las parejas que vayan encadenando a lo largo de su vida", así que trabajar desde la prevención es positivo para potenciales víctimas futuras.

La psicóloga, no obstante, señala las limitaciones aparejadas a los programas. La primera, destaca, el hecho de que sean impuestos judicialmente y por tanto obligatorios. "Para cambiar, lo primero que tienes que hacer es querer cambiar, no que te obliguen". Ello requiere "tener una visión crítica, capacidad de autoanálisis, asumir tu responsabilidad y luego cambiar, con ayuda, trabajo y esfuerzo".

En este punto coincide también la magistrada Lucía Avilés. "La sensación es que al final se queda más en un trámite a seguir para el no cumplimiento de la pena de prisión, como una condición de suspensión y no tanto una herramienta real para atajar el verdadero problema". La jueza cree que es precisamente esta circunstancia de partida la que hace que los cursos "pierdan todo el sentido".

Lajud Alasturé prefiere hablar de "resistencias", en lugar de limitaciones. Para empezar, "el machismo inherente con el que vienen", unido a la "baja motivación" con la que llegan los agresores, al estar movidos por "una condena judicial". Por eso, el primer paso que reseñaba Laura Negredo y que recupera el psicólogo es la motivación: "Tenemos que motivarles para el cambio y una vez están motivados, ya se pueden enseñar mejor las herramientas para entender cuáles son todas las formas de violencia". Pero no sólo: en terapia se trabaja también sobre corresponsabilidad, paternidad responsable y sexualidad, enumera el psicólogo, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

Para calibrar con fundamento el valor de los programas, el exdelegado cree necesaria una voluntad real a la hora de evaluar su alcance y resultados. "No hay un buen trabajo en ese sentido", sostiene. Ahí incide también Avilés. "No tenemos datos sobre la incidencia o la eficacia real de este tipo de programas, tampoco del tipo de formación que se da o cómo se elige a los formadores", critica la magistrada. La última evaluación de estos programas data de 2010.

Pero la más alta de todas las barreras, analiza el psicólogo, es el negacionismo: "No querer cuestionar de dónde vienen y qué les ha llevado a ejercer esa conducta violenta, porque absolutamente todos los que empiezan estos programas niegan los hechos y su responsabilidad". El camino hacia la autocrítica, señala el experto, es complejo y pausado. Y a pesar de ello, Lajud Alasturé se muestra tajante: "Siempre se puede reeducar a un agresor machista, porque el machismo es un aprendizaje, nadie nace machista".

Lorente también pone el acento en la certeza de que la conducta violenta no es un problema individual, sino la consecuencia de todo un entramado cultural. Pero no es tan optimista. Precisamente por eso "sabemos que es una conducta reincidente, porque se trata de una violencia estructural". Como tal, está "presente en todo momento" y por eso abordar la violencia requiere hablar primero de "cultura machista, androcéntrica y violencia normalizada". "Cuando a un hombre ya asentado en esa cultura, hasta el punto de materializarla en un acto violento, lo devuelves a esa realidad" después de haber pasado por un curso de reeducación, "la probabilidad de reincidir es alta", opina el experto.

Entonces la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto sirve reeducar si ahí fuera persisten toda una serie de estímulos machistas con cada vez más altavoz e influencia? Los programas, partiendo de esa base, tienen el reto enorme de conseguir que "alguien, en algún momento, pueda romper con la construcción cultural que ha normalizado".

Y la fórmula, para el exdelegado, pasa por prestar atención a tres cuestiones: incidir en la individualización de cada caso, evaluar los programas que ya están en marcha y educar antes que rehabilitar. En este último punto se detiene: "Si se entiende que debemos reeducar a los maltratadores, tenemos que entender que primero hay que educar a los hombres".

Este miércoles las radios han abierto su boletín de noticias con una última hora: los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer y sus dos hijos menores, ambos de ocho años. El padre de los niños, sobre el que no consta ninguna denuncia previa, se habría quitado la vida en la estación del municipio, el Prat de Llobregat (Barcelona). Con este nuevo crimen de violencia vicaria, son siete los menores asesinados a manos de sus padres en tan sólo cuatro meses. En todos los casos salvo en uno, los agresores se suicidaron después de cometer el crimen.

"Es necesario reforzar los mecanismos de protección y hacer hincapié en una mayor concienciación ciudadana ante la violencia machista", ha señalado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La Generalitat ha condenado los hechos y ha anunciado la constitución de un grupo de expertas sobre violencia vicaria. Con este último crimen, serían cinco los menores asesinados por sus progenitores en suelo catalán desde el inicio del año.

La violencia vicaria es entendida, formal y culturalmente, como una de las muchas formas que adopta la violencia machista. Los hijos de las mujeres víctimas de violencia machista son víctimas directas desde que en el año 2015 se reformara en ese sentido la Ley de Violencia de Género. "En ocasiones, estos y estas menores de edad son utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre", enuncia el Ministerio de Igualdad. Una reciente investigación de la Fundación Anar sobre violencia sexual en la infancia, señala precisamente la violencia vicaria como uno de los detonantes de las agresiones sexuales: "Su padre ha encontrado una manera de hacerme daño a través de mi hija", señalaba una de las madres entrevistadas para la confección del estudio. 

Los dos primeros asesinatos por violencia vicaria este año fueron confirmados apenas avanzado el mes de enero. El padre de Xavi y Noa, de diez y siete años, acabó con sus vidas el 9 de enero. El agresor, expareja de la madre de los niños, no había llevado a los menores al colegio y no se los había entregado a la madre, tras pasar unos días juntos con motivo de las vacaciones navideñas. Fueron hallados sin vida en la vivienda del hombre, quien también se suicidó a través de la inhalación de gas. No había denuncias previas.

Elisa y Larisa tenían dos y cuatro años cuando fueron asesinadas a finales de marzo por su padre en Almería. Las envenenó y después se suicidó. El agresor tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja, la madre de las niñas. Estaba a punto de sentarse en el banquillo por un delito de malos tratos y otro de amenazas. Para consumar el asesinato, el padre de las menores se sirvió del régimen de visitas que le permitía estar con ellas los fines de semana. 

Pocos días después, el pasado 3 de abril, un hombre apuñaló y acabó con la vida de su hijo de cinco años, Ayax. También hirió de gravedad a su mujer, en Girona. Estaban en trámites de separación.

Con los dos pequeños asesinados en el Prat de Llobregat, son siete el total de asesinados en lo que va de año. Unas cifras sin precedentes: es la primera vez desde que existen estadísticas oficiales que se registran tantos asesinatos vicarios en tan poco tiempo. El número de mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a nueve.

Desde el año 2013, son 57 los menores asesinados en un contexto de violencia machista. En el 71,9% de los casos, el maltratador intentó o consiguió quitarse la vida. Una tasa de suicidio muy por encima de la registrada cuando se trata de feminicidios: en el caso de los crímenes mortales contra las mujeres, el porcentaje de los agresores que intentaron o consiguieron quitarse la vida desciende hasta el 34,1%. Los expertos achacan la tentativa de suicidio y el suicidio consumado a una respuesta del agresor ante el más que evidente reproche social que existe especialmente en los casos de violencia contra niños y niñas menores de edad. 

En 52 de los 57 asesinatos confirmados por las autoridades, el victimario era padre de la víctima. En cinco de los casos, se trataba de la pareja o expareja de la madre. En 32 de los casos existía convivencia entre los menores y el agresor. 

Según la información recabada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la tasa de denuncia previa asciende al 28%. Es decir, en dieciséis casos las madres de las víctimas sí habían advertido de la violencia y habían dado la voz de alarma a las instituciones, pero no se desplegaron las medidas necesarias para proteger a los menores.

A nivel territorial, las comunidades con un mayor número de crímenes vicarios son Madrid, Andalucía y Cataluña, con diez.

Los últimos datos actualizados del Ministerio del Interior muestran que a día de hoy existen un total de 167 mujeres en riesgo alto o extremo por violencia de género y con hijos menores a su cargo que también conviven con el peligro de sufrir violencia a manos de un agresor machista. Son datos contenidos en VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Según los parámetros por los que se guía la herramienta, basados en valoraciones policiales protocolizadas, existen cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, todos ellos con una serie de medidas asociadas. Además, el sistema contempla también los casos en los que existen menores a cargo, en dos sentidos: por un lado, aquellas situaciones en las que se detecta que los menores pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad; por otro lado, aquellas en las que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse al menor.

A día de hoy, un total de 159 mujeres se encuentran en riesgo alto y 8 en riesgo extremo con menores a su cargo que, a su vez, tienen el mismo riesgo a sufrir violencia por parte de agresores machistas. En esta misma situación, pero en riesgo medio, se encuentran 1.264 mujeres. En total, son 1.431 las mujeres con hijos que viven con protección policial por el riesgo de que sus maltratadores ejerzan violencia sobre ellas o sobre los menores.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencias machistas y a su entorno las 24 horas del día en 53 idiomas. La llamada no deja rastro en la factura, pero debe ser borrada de forma manual del registro de llamadas enviadas. 

Otras formas de contacto son a través del correo electrónico 016-online@iguadad.gob.es, por whatsapp en el número 600000016 y con el chat online desde la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista.

Si una mujer se encuentra en una situación de emergencia también puede llamar al: 112 Emergencias, 091 Policía Nacional y 062 Guardia Civil. Si no puede llamar, puede recurrir a la aplicación Alertcops, que envía una alerta con su ubicación a la Policía.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "esta misma semana" todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, registrarán en el Congreso una petición para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha subrayado que es "imprescindible" retomar los trabajos ya iniciados en la anterior legislatura, según informa Europa Press.

"Es imprescindible retomar los trabajos ya iniciados con todos los grupos parlamentarios, acordando las medidas necesarias para dar una mejor respuesta a las víctimas, atendiendo además a las nuevas formas de violencia como la que existe en el ámbito digital. De hecho, puedo anunciarles que esta misma semana se registrará la petición conjunta de creación de una comisión específica, una subcomisión para este fin, con este objetivo", ha asegurado este lunes la ministra durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado para explicar las líneas generales de su departamento a petición de los grupos parlamentarios.

Fuentes del ministerio de Igualdad han precisado a Europa Press que va a ser un registro conjunto de todos los grupos parlamentarios salvo, al parecer, Vox.

Asimismo, en su discurso, ha destacado que el dictamen para su renovación "incluye el refuerzo de la respuesta institucional integral y el compromiso de erradicación de cualquier tipo de violencia machista". En este sentido, ha destacado que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una "prioridad esencial" del ministerio.

"Reforzaremos los medios y recursos en la lucha contra la violencia de género y en este sentido, defenderemos y renovaremos el Pacto de Estado contra la violencia de género, como prioridad esencial de este departamento", ha apuntado.

Igualmente, ha expuesto cinco prioridades más, donde ha incluido el avance en los derechos de los colectivos vulnerables, personas LGTBI, migrantes, con discapacidad o sin hogar, con "un gran acuerdo" contra los discursos de odio que vienen exigiendo las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos.

El tercer objetivo es impulsar, según Redondo, un "gran acuerdo" para proteger a los menores de la pornografía. "Este es uno de los problemas que últimamente más acucian a las familias y que nos trasladan como verdadera urgencia para que regulemos cuanto antes y controlemos ese acceso", ha remarcado la ministra.

La cuarta prioridad de su ministerio es aprobar con acuerdo parlamentario la Ley Orgánica de Representación Partidista. Y por último, el quinto objetivo es implementar las leyes aprobadas en la legislatura anterior como la ley del solo sí es sí, la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos Humanos.

Además, la ministra ha indicado que es prioridad la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo "para que las mujeres puedan ejercer su derecho en el ámbito de la sanidad pública y en todo el territorio del Estado con criterio de libertad".

Por otro lado, Redondo ha avanzado que la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad tendrá lugar el próximo 29 de abril. "En esta conferencia tendremos ocasión de testar las buenas prácticas llevadas a cabo por cada una de las comunidades, así como compartir aspectos a mejorar en el desarrollo de las políticas públicas que componen el ministerio que dirijo", ha señalado para añadir que también convocarán la Comisión Interministerial de Igualdad, que no se reúne desde 2018.

En la última semana, la violencia machista ha terminado con la vida de tres mujeres y una niña. Otra menor, hija de una de las víctimas mortales, permanece grave en el hospital. Y una cuarta mujer se encuentra en coma después de que su agresor prendiera fuego a su casa, con su hijo de cuatro años dentro. El Ministerio de Igualdad ha confirmado como feminicidios los tres asesinatos de mujeres y ha señalado que dos de las víctimas mortales habían presentado denuncia contra su agresor. Es decir, sí habían acudido a las autoridades para buscar ayuda, pero el sistema les falló. Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este viernes en una entrevista con la Cadena Ser que las mujeres "no denuncian todo lo que deberían denunciar". 

Lo cierto es que en la última década, las denuncias por violencia de género han aumentado un 41,7%, pasando de 128.477 en el año 2012 a 182.078 en 2022, según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad. 

En lo que va de año, 14 mujeres asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas sí habían denunciado a sus agresores, el 25,9%. El año pasado, el porcentaje de denuncias previas en los casos de feminicidios se elevó hasta un insólito 40,8%. Las conclusiones son claras: las mujeres cada vez denuncian más, pero no siempre la denuncia es garantía de protección.

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, confeccionada en 2019 por el Ministerio de Igualdad, la mayoría de las víctimas de violencia física o sexual que no da el paso de denunciar lo hace, mayoritariamente, motivada por la convicción de ser capaz de resolver individualmente el problema o por haber rebajado la importancia de lo sucedido. Pero además, una parte de las encuestadas apela al miedo al agresor, a la vergüenza y al temor a no ser creída. 

Entre las mujeres que sí denunciaron la violencia sufrida por parte de parejas pasadas, un 20,6% asegura que el comportamiento de su agresor empeoró después de acudir a las autoridades. El 72,1% de las mujeres que denunciaron la violencia ejercida por sus exparejas aseguran que no retiraron la denuncia, pero entre las que sí lo hicieron, los motivos citados son los siguientes: el miedo (24,7%), el hecho de que su agresor era también el padre de sus hijos (21,9%), la promesa de cambio por parte del maltratador (19,0%), la pena (19,0%) y el fin de la relación (18,1%). Existe, por tanto, una parte significativa de las víctimas que se aparta del camino por no hallar en él las respuestas necesarias.

Para Cira García, magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe, la infradenuncia no es el principal problema que se debe solventar. Para muestra, no hay más que ver "cuántas mujeres denuncian y retiran la denuncia porque no se les protegió. Quienes estamos en juzgados de violencia lo sabemos desde hace mucho", sostiene la jueza en conversación con este diario.

García concede a la denuncia un papel relevante, pero destaca que la radiografía general del problema es necesariamente más amplia y compleja. "El propio ciclo de la violencia, la dependencia económica y emocional, la presión del entorno… todo ello no permite a las víctimas tomar conciencia de lo que sufren", diagnostica la jueza. Pero sobre todo, subraya, el principa fracaso es que "el sistema no las protege". No son pocas las mujeres, asiente en base a su experiencia, que dan el paso de denunciar y "después de enfrentarse" al procedimiento judicial "ven que el sistema no las ha creído", convirtiéndose "en una nueva fuente de sufrimiento".

Por la consulta de la psicóloga especializada Bárbara Zorrilla han transitado mujeres "dolidas, decepcionadas y enfadadas con el sistema" porque se han sentido abandonadas. "Las citan para dentro de meses, no hay atenciones individualizadas, existe una masificación de los recursos y no hay ningún tipo de acompañamiento", reseña la psicóloga. Obviar todos los elementos que hacen de la respuesta institucional una solución incompleta, es "hacer recaer en las víctimas la culpa de lo que les pase: si sufres violencia, es porque no has denunciado", ejemplifica la psicóloga, quien coincide en que "una denuncia no garantiza protección". 

Zorrilla insiste en que hay que transmitir con extremo cuidado los mensajes "a favor de la denuncia", porque pueden dejar de ser útiles si no van acompañados de la "articulación de los mecanismos necesarios" para garantizar su efectividad. Las mujeres, recuerda, asumen un "coste emocional enorme" cuando deciden dar el paso de denunciar, por lo que necesitan "información real y que la denuncia se traslade al sistema de protección, con salidas laborales y una recuperación psicológica plena".

Pero hay vida más allá de la denuncia. Las víctimas tienen la posibilidad de acceder a diversos recursos sin la necesidad de denunciar formalmente la violencia sufrida. Así lo especifica la Ley integral de 2004 y así lo han de tener en cuenta las instituciones. Las situaciones de violencia de género pueden acreditarse mediante informe de los servicios sociales, por ejemplo, también a través de servicios especializados o de acogida. Desde el año 2021, todas las comunidades cuentan con un acuerdo sobre los procedimientos básicos para la acreditación administrativa de las situaciones de la violencia de género.

Esta acreditación, independiente del procedimiento judicial, permite acceder a recursos socioeconómicos a las víctimas de violencia. "Los primeros pasos son contarlo, pedir ayuda, acudir a un recurso que debe estar suficientemente dotado y luego presentar una denuncia", esgrime Bárbara Zorrilla, quien dibuja muchos otros eslabones previos al proceso de denuncia formal. La psicóloga insiste en que es fundamental "no presionar" a las mujeres para denunciar, ya que la principal consecuencia es "cargarlas de culpa, revictimizarlas y muchas veces, perderlas". 

Coincide Cira García al reiterar que el foco institucional no debe situarse sobre la víctima, sino en el margen de mejora del sistema. "Se podría hacer más de lo que se hace", opina sin titubear. Es importante, en ese contexto, crear y fortalecer "redes de apoyo" sólidas dirigidas también a las mujeres que no quieren denunciar, con vistas a que, finalmente, puedan dar el paso de hacerlo cuando se den las circunstancias idóneas. Acompañadas, informadas y protegidas.

"Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 28 de diciembre de 2004". Hace 18 años, el rey estampó su firma en una nueva ley que cambiaría la vida de la mitad de la población. Fue la principal promesa electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la primera norma que impulsó su Gobierno. La Ley contra la Violencia de Género situó a España en la vanguardia sin mayor oposición, sin apenas ruido, fruto del consenso y del empuje feminista.

¿De dónde partíamos el año en que nació una de las leyes feministas más importantes del país? Veníamos, en aquel 2004, de un nombre: el de Ana Orantes. Lo recuerda Miguel Lorente, quien en aquel momento ejercía como médico forense y profesor asociado de Medicina Legal, especializado en violencia machista. Esta forma de violencia específica, rememora, empieza a tener "una trascendencia diferente con el caso de Ana Orantes, en 1997. Veníamos de los celos, la violencia pasional… y entonces se produce una convulsión". A pesar de las resistencias. Lorente recuerda las palabras del entonces vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos, tras el asesinato de Orantes: "Un caso aislado obra de un excéntrico". 

Veníamos de ahí: de los casos aislados. Y del rechazo explícito de los conservadores a una proposición de ley socialista registrada en 2002, cuando el Partido Popular contaba con mayoría absoluta. El proyecto no salió adelante, pero sembró la posibilidad de un cambio a futuro. La realidad evidenciaba la urgencia: "En esos dos años habían seguido asesinando a mujeres y la movilización social se hacía eco", expone Lorente. El inmovilismo no parecía una opción.

El mismo recuerdo lo atesora Soledad Murillo, entonces secretaria general de Políticas de Igualdad. La primera persona que planteó la ley, concede, fue Micaela Navarro a través de la proposición parlamentaria que si bien se desestimó, fue el "punto de partida". "El propósito era hablar con los operadores jurídicos, pero también con psicólogos y otros agentes para acabar con la indefensión de las mujeres", y en ese camino se desarrolló un proceso de audiencia con "personas expertas". Algunos, rememora, se manifestaron en contra; otros como Montserrat Comas "hablaron del machismo como agravante".

Esas voces fueron capaces de "describir los huecos en términos de legislación, pero también de estructura". Murillo recuerda la importancia que tuvo hablar entonces de poder, en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres: "Fue muy debatido, muy discutido y al final logrado", dice en conversación con este diario. Aquella victoria quedó plasmada en el primer artículo de la ley: "La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

Las organizaciones de mujeres, desde donde las activistas feministas venían haciendo un trabajo de hormiga constante, empezaron a hacerse más visibles. Y la población a comprender que aquello que pregonaban tenía sentido. "Eso fue aglutinando una movilización y una preocupación que empezaba a ser también recogida por los medios y que iba aumentando poco a poco", analiza Lorente.  Para Murillo, las asociaciones "merecen un capítulo aparte". Entre sus frentes de batalla, "venían exigiendo que el Gobierno se orientara hacia políticas concretas contra la violencia". Llevaban, recuerda la socialista, "muchos años defendiendo a las mujeres, a pesar de la vergüenza que comportaba declararse víctima".

En la redacción del diario El País se encontraba la periodista Charo Nogueira, quien recuerda aquellos años como un momento clave para las asociaciones de mujeres, desde donde el feminismo venía "alzando la voz contra la violencia de género, sin tener gran repercusión". Hasta que encuentran una alianza fundamental en la izquierda parlamentaria, representada fundamentalmente por el PSOE. Los socialistas "toman esa bandera de una manera evidente" y esto coincide con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del partido, recuerda Nogueira. Por el contrario, los conservadores practican una "política de minusvalorar el problema y tratarlo como algo privado".

Es precisamente la alianza entre la política militante de las organizaciones feministas y la política institucional representada por los socialistas lo que introduce el problema de la violencia de género en la agenda pública. "El asesinato de Ana Orantes en el 97 supone un empujón, pero también otros casos como el de Mar Herrero", asesinada por su expareja en 1999 a pesar de la docena de denuncias que la víctima interpuso contra su agresor.

En primera línea se encontraba también Ana María Pérez del Campo, fundadora y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, pionera en el recuento autónomo de víctimas mortales de violencia de género, cuando las cifras no llegaban a las estadísticas oficiales. "Llevábamos mucho tiempo trabajando y sabíamos que el poder lo tenía quien lo tenía, así que convertir en realidad lo que queríamos nos llevaba a trabajar con quien tenía ese poder", razona la histórica feminista al otro lado del teléfono. Así llegaron las primeras conversaciones con el equipo de Rodríguez Zapatero, a través de grupos de expertos donde las asociaciones feministas tuvieron un papel protagonista. "Nos encontramos con un presidente capaz de comprender y practicar el entendimiento, el debate, la discusión", elogia Pérez del Campo.

La victoria del PSOE en las urnas implica un mandato inesquivable para el partido: cumplir con su promesa electoral. Y así fue. Entonces la entrada de la violencia machista "en la agenda pública se sitúa en primerísima línea", recuerda Nogueira. Tras una "votación muy emocionante", la norma se aprueba por unanimidad y empieza por fin a abordarse como "un problema de Estado". En parte, insiste la periodista y escritora, gracias al papel "determinante y poco reconocido" de las asociaciones de mujeres. 

El 22 de diciembre de 2004 la norma era aprobada sin oposición y el 28 del mismo mes echaba a andar. Rodríguez Zapatero la definió desde la tribuna como un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal". Entre los aplausos de los diputados resonaba con especial fuerza la ovación de las activistas feministas que ocupaban las bancadas de la Cámara Baja en representación de las asociaciones de mujeres y que configuraron una fotografía que pasaría a la historia.

Un "momento muy emotivo", define Nogueira, con el Congreso "puesto en pie y un aplauso de varios minutos que trasladaba la impresión de que todo el arco parlamentario, y por tanto toda la sociedad, estaba en contra de la violencia de género".

¿Congregaría tal ovación una ley similar en los tiempos que corren? Las voces consultadas niegan sin pensarlo. "Hoy sería impensable", asiente Lorente, no solo por el clima de crispación en la política parlamentaria, sino "porque no hay una política dirigida a resolver los problemas de fondo como la que había entonces". Pérez del Campo reconoce observar con gran pesar la polarización actual: "El Parlamento tendría que cambiar de nombre, porque significa templo de la palabra. Ellos se llaman parlamentarios y tienen que llegar a objetivos a través del convencimiento y de argumentos. Hoy no sería posible volver a ese escenario", lamenta. Hoy, añade, "no se pretende construir, sino vencer destruyendo".

Murillo destaca que la norma fue "una proeza" y se reconoce "muy afortunada de haber estado ahí". Aunque cree que la ley se ha reforzado gracias al desarrollo de políticas públicas (cita el Pacto de Estado, la ley del solo sí es sí y la labor del Ministerio de Igualdad porque entiende la política "como continuidad y acumulación de logros, no como un ring"), coincide en que hoy "todos los partidos sin excepción piensan en clave electoral: hoy no pensarían en la ley, sino en el intercambio de favores para sus propios intereses".

Han pasado 18 años desde aquella ley aclamada por el movimiento feminista y la comunidad internacional. Un total de 1.179 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando se inició el recuento oficial. Pero otras muchas han salvado la vida gracias a las herramientas desplegadas al calor de la ley integral. Para Lorente, es tiempo de defender la norma en dos sentidos: protegiéndola del negacionismo y no dejando de revisarla para hacer de ella una norma amplia que proteja a todas las mujeres, sin excepciones.

Hace casi dieciocho años, España se convirtió en un país pionero en la batalla contra la violencia machista. Era diciembre de 2004, y el parlamento aprobaba la Ley integral contra la violencia de género, un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal", en palabras del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, España vuelve a posicionarse a la cabeza de los países europeos que tratan de aplacar la violencia que sufren específicamente las mujeres: será el primer país en contabilizar los feminicidios fuera del ámbito de la pareja.

En 2003, el Gobierno comenzó a construir una estadística para cuantificar las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una labor que venían realizando hasta el momento las organizaciones feministas, concretamente la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Desde aquel año hasta hoy, son un total de 1.154 mujeres las que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas varones. Pero las instituciones, los expertos y la sociedad en su conjunto saben que esa cifra representa solo a una pequeña parte del conjunto de víctimas. A partir de septiembre, la estadística será más amplia, más precisa y pionera a nivel europeo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirmó este lunes que su equipo lleva todo el año trabajando en el estudio y recopilación de los feminicidios más allá del ámbito de pareja y que en septiembre se hará público el resultado. Rosell reconoció la complejidad de la tarea, no solo en lo que tiene que ver con la recolección de los datos, sino también a la hora de interpretarlos y comunicarlos. "Queremos que la comunicación sea adecuada y rigurosa, que no se sumen, dupliquen ni se juegue con estas cifras", sino que puedan contar con un "tratamiento adecuado", subrayó la delegada, quien resaltó que la labor de "visibilizar violencias y asesinatos que hasta ahora no han computado en las estadísticas oficiales" requiere de análisis "rigurosos y adecuados". 

Mientras que la forma de proceder actual incorpora los crímenes machistas a la estadística una vez concluyen las labores de investigación que confirman un nuevo caso, los nuevos datos sobre feminicidios serán ofrecidos cada semestre. "No será día por día, ni mes por mes", al menos de momento, destacó Rosell. Pero la previsión es que el grueso de los asesinatos de mujeres queden integrados en la nueva estadística: "Ante el cadáver de una mujer, lo excepcional será que no entre en la estadística", pronosticó la delegada.

Rosell habla de las víctimas olvidadas, aquellas relegadas a los márgenes. Algunas de ellas sí han llegado a trascender, habitualmente dada la brutalidad y el impacto de los crímenes. Son Diana Quer, Laura Luelmo o las niñas de Tenerife, secuestradas y asesinadas por su padre. Pero la gran mayoría pasan desapercibidas al debate público: no tienen nombre, ni la reparación que merecen.

Entre las categorías más reivindicadas por el movimiento feminista, está el feminicidio sexual. En esta tipología resuenan nombres como el de Nagore Laffage, asesinada en los Sanfermines de 2008. Las víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución u otras actividades con connotación sexual, encontrarán cobijo también en esta clasificación. También lo harán los crímenes relacionados con la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado.

Tampoco sorprende, por su relevancia, otra de las nuevas categorías sobre las que trabaja el Ministerio de Igualdad: el feminicidio vicario. Este tipo de crímenes no solo pondrá la lupa sobre los hijos e hijas, sino que también reconocerá a cualquier otra mujer asesinada con el objetivo de torturar a una tercera. Quedarán integradas en la estadística, por tanto, las mujeres asesinadas por el agresor de sus hermanas, amigas o hijas, siempre que el crimen tenga por objeto producir ese daño irreparable contra la víctima. Un detalle novedoso es que, en cuanto a los menores de edad, se tendrán en cuenta también a allegados de ambos sexos, como sobrinos, primos o hermanos de la víctima principal.

El feminicidio familiar, por su parte, pondrá cifras a las mujeres asesinadas a manos de un hombre con "relación de parentesco por consanguinidad o afinidad", pero también aquellos que respondan a un "crimen de honor": es decir, el asesinato debido a la "creencia de que la mujer habría causado desprestigio" a la familia. 

La última categoría, el feminicidio social, tiene que ver con el asesinato de una mujer tras una agresión por parte de un desconocido o un hombre con el que no exitía una relación de pareja o parentesco. Por ejemplo, el asesinato tras un robo, el asesinato de una mujer por parte de un compañero de trabajo o cuando el agresor es un vecino. Esta clasificación excluye los crímenes con una raíz sexual, pues quedarían integrados en el feminicidio sexual, y también se diferencian de los vicarios porque el agresor no busca herir a una tercera mujer.

Jordi es la primera víctima de violencia vicaria en lo que va de año. Este domingo, su padre, condenado por malos tratos, terminó con la vida del menor de once años en la localidad valenciana de Sueca. Desde que en 2013 se inició el recuento, son ya 47 los menores asesinados a manos de sus padres. El pasado 2021 se cerró como uno de los años récord en violencia vicaria, pese al descenso en el número de mujeres asesinadas a consecuencia de la violencia machista. El caso que se dio a conocer este domingo deja muchos interrogantes, algunas lecciones y la certeza de que los protocolos tienen todavía un amplio margen de mejora.

Este lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que es una cuestión urgente "entender qué está fallando" y desplegar "los mecanismos institucionales y sociales" que permitan "llegar siempre a tiempo y proteger de forma efectiva" a las víctimas. Para entender qué está fallando, es necesario saber qué es lo que ha pasado. En julio de 2021, el matrimonio presenta una demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Lo hace ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Sueca, competente en materia de familia. Entonces se establece un convenio regulador –es decir, un acuerdo de divorcio– con custodia compartida sobre el pequeño.

Un mes después, sucede algo determinante: el agresor es condenado como autor de un delito de malos tratos. La sentencia la dicta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, competente en violencia sobre la mujer. La condena: cuarenta días de trabajo en beneficio de la comunidad, ocho meses de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a su exmujer y dieciséis meses y dos días de prohibición de tenencia de armas. Pero sobre todo, el fallo establece que la custodia y patria potestad recae sobre la madre. El régimen de visitas queda suspendido y se fija una pensión de alimentos para el menor. 

En septiembre, no obstante, ambos ratifican en el primer juzgado el convenio regulador presentado en julio, incluida la custodia compartida. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana señalan que "ninguno de los cónyuges informa al juzgado de familia de la existencia de un procedimiento penal por malos tratos y de la sentencia dictada". ¿Por qué? Sin conocer la respuesta, lo cierto es que existen muchos matices que pueden condicionarla. Para empezar, el miedo. "En una situación como esa, las mujeres solo quieren terminar el proceso. Esa mujer posiblemente estaría muerta de miedo y querría terminar, en una situación así se renuncia a todo". Habla Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas. Coincide la abogada Consuelo Abril. "Esta señora es una víctima de maltrato, está en una situación de peligro y de miedo", señala la letrada, especialista en violencia sobre las mujeres.

Aunque en el momento del crimen el hombre no gozaba de un régimen de visitas, sino que tenía la custodia compartida, una portavoz de la familia materna aseguró este lunes que el niño solía permanecer con su padre los domingos. Una situación que las voces consultadas enmarcan, de nuevo, en la situación excepcional por la que transitan las víctimas de violencia. Aquí no entra en juego solamente el miedo que atraviesa a las mujeres, sino también la desconfianza en las instituciones. ¿Por qué ese niño pasaba los domingos con el padre maltratador? "Las víctimas tendrían que creer en la justicia para poder pedir auxilio, pero no lo hacen porque hay fallos enormes", señala Consuelo Abril. En la memoria de todos resuenan casos como el de Itziar Prats y Ángela González Carreño, víctimas no solo de violencia machista, sino de la violencia institucional que todavía hoy pesa sobre las mujeres.

Las mismas fuentes del TSJ valenciano insisten en que "ninguno de los cónyuges ni sus letrados comunica" el proceso penal que impone condena firme contra el maltratador, pero además el sistema informático no cuenta con "una alerta que salte" ante un caso de violencia machista y "por protocolo no se miran los antecedentes". En cualquier caso, las voces consultadas no lo achacan a "una falta de coordinación".

La magistrada Lucía Avilés hace balance de lo sucedido. "Hay un proceso civil y otro penal, no hay un cruce de datos y probablemente se confía en la buena fe procesal y en el buen hacer de las partes". Ocurre, además, que si el juzgado con competencias en violencia sobre la mujer "hubiera sabido que está en trámite un proceso civil, lo habría requerido para que se inhibiera". Por protocolo, así debería haber sido. Avilés recuerda que cuando existe un caso de violencia, especialmente con sentencia condenatoria, "la mediación está prohibida", por lo que el convenio regulador respecto al divorcio no tendría que haberse producido.

"No hay una base de datos única con el historial familiar y no hay una comunicación de las partes", insiste. La cadena de errores se asienta sobre la falta de información, los flecos sueltos y el amplio margen de mejora del sistema judicial. Este mismo lunes, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, apostó precisamente por trabajar esa vía: "Todavía se puede mejorar la legislación".

Según el estudio Violencia vicaria: un golpe irreversible contra las madres, firmado por la psicóloga clínica y perita judicial Sonia Vaccaro, en el 44% de los casos estudiados el crimen se comete durante el régimen de visitas del padre biológico. El 18% en algún momento de la convivencia, generalmente cuando el padre está al cuidado del menor y otro 18% durante o después de una agresión del padre a la madre.

Las expertas creen que el caso de violencia vicaria conocido este domingo debe hacer saltar todas las alarmas hacia una mejora de los protocolos y las buenas prácticas. Se ha producido un "cúmulo de despropósitos y malas prácticas", lamenta Abril, por parte de los propios abogados, al no poner en el centro la violencia de género, pero también de los jueces y fiscales. "El Ministerio Fiscal y el juez tendrían que haber revisado ese convenio regulador de divorcio", completa Gonzalo, quien estima que los casos de violencia de género en la localidad no pueden ser tan abundantes como para hacer imposible una comprobación. "Es una dejación brutal por parte de los juzgados y de la Fiscalía".

Una buena práctica, señalan las voces consultadas, sería precisamente mejorar el sistema informático para que, ante un caso de violencia machista –incluso cuando el procedimiento está solo en fase de denuncia, dicen las especialistas–, salten los avisos pertinentes para que todos los operadores jurídicos sean conocedores de la situación. También sería positivo que, en casos de divorcio con un menor de por medio, el fiscal indague todas las circunstancias subyacentes, incluso cuando la separación se produce de mutuo acuerdo. "Sería una mejora que el fiscal no solo revise el papel, sino que cuente con un cuestionario adicional sobre cómo será la práctica de la guardia y custodia compartida, o sobre posibles antecedentes de violencia de género. Incluso sería positivo que se escuchara al menor", sugiere Abril.

La Ley de Infancia aprobada el año pasado modifica el Código Civil para, en los casos de violencia de género, decretar una suspensión automática del régimen de visitas. Según publicaba la Cadena Ser el diciembre pasado, desde la entrada en vigor de la norma los casos en los que se prohíbe el régimen de visitas a los maltratadores han pasado del 3% al 81%. "El legislador nos está diciendo que la violencia de género y la violencia vicaria se entrecruzan, no son compartimentos estancos", reflexiona Avilés, "pero también nos dice que un maltratador no es un buen padre".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género, ha confirmado que el asesinato de una mujer, este jueves, en la provincia de Toledo es un nuevo crimen machista, el sexto en lo que va de 2022 y el segundo que se registra en menos de 24 horas.

El suceso de Toledo se ha producido en la localidad de Maqueda, en donde el cuerpo de la mujer, con heridas de arma de fuego, era hallado en torno a las 09.00 horas a las puertas del restaurante en el que trabajaba. Tenía 45 años, ha informado Europa Press.

Su presunto agresor que, según confirmó posteriormente la Junta de Castilla-La Mancha, había sido pareja sentimental de la mujer, huyó del lugar y se suicidó, según han informado las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan la investigación.

Este suceso ha ocurrido después de que, un día antes, en torno a las 16.30, los servicios de Emergencia fueran alertados de que en la localidad de Pozuelo (Madrid) una mujer de 32 años había sido asesinada, también con un arma de fuego, supuestamente por su expareja, que también se suicidó tras el crimen. La víctima había denunciado a su presunto agresor en el mes de enero.

Así, en menos de 24 horas el Ministerio ha confirmado dos nuevos crímenes machistas y ha elevado a seis el número de asesinadas por violencia de género en lo que va de 2022 y a 1.132 las víctimas mortales contabilizadas desde que se registra este dato, en 2003.

En el caso de Toledo, según ha informado el departamento que dirige Irene Montero, no había denuncias previas y la víctima no tenía hijos menores de edad.

Vivía en Granada, era madre de dos niñas menores y tenía 39 años. Es, según ha anunciado este lunes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la última mujer asesinada como consecuencia de la violencia machista. Con la confirmación del caso, el número de víctimas mortales en lo que va de año asciende a 39. La mayoría, igual que esta última, tenían entre 31 y 40 años. Y casi ninguna había presentado denuncias previas. Pese a la gravedad de las cifras, lo cierto es que este 2021 va en camino de ser el año con el menor número de asesinatos machistas.

El año de la pandemia, 2020, se cerró con lo que se presentaba como una gran excepción: los asesinatos machistas habían conseguido descender a cifras nunca vistas, con un total de 47 feminicidios. Pero la lectura que se hizo entonces trataba de esquivar celebraciones precipitadas: la coyuntura de la pandemia mundial y esencialmente el confinamiento domiciliario sesgaba el análisis. La caída en el número de crímenes machistas era una realidad, pero el contexto excepcional introducía muchos matices y apuntaba a otras formas de violencia más invisibles, como la de control o la psicológica. Un año después, sin embargo, se confirma que la tendencia sigue a la baja: 2021 se cerrará como el año con menos asesinatos machistas desde que existe recuento.

¿Puede cambiar todavía la situación? Puede. Aunque todos los indicadores parecen apuntar hacia una tregua. Ningún año registró una tasa tan baja de feminicidios a estas alturas del año. Son 39 en lo que va de año y en el mismo periodo del año pasado eran 43. Por meses, según la serie histórica, diciembre ha dejado una media de 4,8 asesinatos. Si lo que resta de año mantiene esa misma dinámica, este año pasaría a la historia como el ejercicio con un menor número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas varones.

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 33,3% de las víctimas tenía entre 31 y 40 años, el grupo de edad más numeroso entre las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año. Le sigue la franja de edad inmediatamente superior, las mujeres de entre 41 y 50 años (25,6%). El 20,5% de las asesinadas tenían entre 51 y 60 años. Tres eran mayores de 71 años. Flora cumplía los 82 cuando su marido le arrebató la vida en Puente de Vallecas (Madrid). Fue la primera víctima mortal del año. La más joven, Rocío, apenas llegaba a la mayoría de edad cuando su exnovio confesó haberla matado.

El 79,5% de las víctimas no había presentado ninguna denuncia previa. Sin embargo, un 20,5% restante sí había dado el paso de denunciar: ocho mujeres que confiaron en las instituciones pero que no encontraron la respuesta debida. Cuatro de ellas contaban con medidas vigentes, pensadas para proteger su vida.

En cuanto a los agresores, el 82,1% de origen español, hasta 18 trataron de suicidarse después de cometer el crimen, doce de ellos lo consiguieron y seis se quedaron en una tentativa no consumada. De acuerdo a los datos actualizados, en 18 de los casos registrados el agresor era pareja de la víctima y en los 21 restantes era su expareja. En un total de 24 casos existía convivencia entre víctima y maltratador.

Si bien la tendencia en cuanto a la violencia de género contra las mujeres parece dibujar un panorama relativamente alentador, no ocurre lo mismo con los menores víctimas mortales en casos de violencia contra sus madres. En lo que va de año, cinco menores perdieron la vida a manos de maltratadores, son dos más que en 2020 y que en 2019. En 2018, los menores a quienes los agresores machistas arrebataron sus vidas, fueron siete. El récord hasta ahora está en 2017, cuando ocho menores fueron asesinados en el marco de la violencia machista. Desde que existe recuento, en 2013, un total de 44 niños y niñas fueron asesinados por agresores machistas. La ONU acaba de lanzar un mensaje a los tribunales españoles, instando a reforzar la protección de los menores víctimas de violencia.

En cuanto a la voz de alarma, hasta el tercer trimestre del año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se registraron un total de 120.813 denuncias formales. Durante el mismo periodo del año pasado, las denuncias sumaron 113.615. Pero el confinamiento y el estado de alarma tuvieron peso, indudablemente, a la hora de tomar la decisión de acudir a las comisarías y juzgados para presentar una denuncia. ¿Qué hay de las llamadas al 016? Entre enero y octubre de este año, último mes con datos disponibles, se han recibido 72.922 llamadas pertinentes, lo que supone un aumento del 5,77% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el año se abrió con unas cifras de homicidios sorprendentemente bajas. En verano, sin embargo, la tendencia se revirtió: mayo, junio y julio fueron meses especialmente cruentos para las mujeres. Fue entonces cuando el Ministerio de Igualdad activó la alerta y anunció una serie de medidas urgentes contra la violencia machista y la revisión de los protocolos.

Lorente explica que, el año pasado, se reprodujeron tres patrones. El primero quedaba impregnado por la excepcionalidad del confinamiento y se expresó en una disminución de denuncias y homicidios, pero un aumento de las llamadas al 016. El segundo, con el grueso de las restricciones levantadas, tuvo que ver con un aumento de las denuncias, pero también de los crímenes machistas. Y el tercero, caracterizado por la crisis social derivada de la pandemia, se definió por la disminución de las llamadas, las denuncias y los homicidios. Este último factor, entiende el médico forense, es el que ha predominado en el año actual.

También menciona la palabra crisis la magistrada Paz Silveira. A su parecer, la crisis social y económica tiene un peso determinante en la violencia de género. "Una ruptura, si tienes independencia económica, es más fácil", traza la jueza, y la ruptura es precisamente un factor desencadenante de la violencia más explosiva contra las mujeres. "Si no tienes dinero, no rompes", completa, así que la violencia se queda encerrada en las paredes del hogar. En 2020, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las rupturas matrimoniales registraron la mayor caída de los últimos años. El descenso de las rupturas no significa, sin embargo, que la violencia se haya esfumado: al contrario, el maltrato persiste y se prolonga, aunque no sea siempre visible y no termine en homicidio.

Filgueira hace también una lectura positiva: el tratamiento mediático ha cambiado en los últimos años y ha contribuido a consolidar un mensaje contundente contra la violencia de género. Abordarla como un "fenómeno estructural" y no como sucesos aislados contribuye a la sensibilización, pero además situar el foco en el agresor puede funcionar como elemento disuasorio, abunda la experta. Eso, unido a las medidas desplegadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, apuntala un avance que se hace cada año más notorio.

Nerea Novo, periodista y analista de datos, amplía la mirada. Este lunes su organización, Feminicidio, presentará un estudio sobre los crímenes machistas entre 2010 y 2020. Ahí puede observarse una tendencia a la baja generalizada: "Existe una reducción histórica desde hace una década, los asesinatos se vienen reduciendo casi cada año". Las políticas públicas funcionan, dice al otro lado del teléfono, a pesar de que la extrema derecha se esfuerce en afirmar lo contrario. Pero además, la sensibilización y la prevención que ha conseguido introducir el movimiento feminista en la agenda social, también da sus frutos. Y de ahí la bajada que este año se ha acentuado, pero que viene siendo una constante. Feminicidio registra además otras formas de crímenes machistas no contenidos en las estadísticas oficiales. Según sus datos, el número de mujeres víctimas de la violencia patriarcal han sido 72 este año. El año pasado fueron 83 y el anterior 105.

Pero aunque la violencia mortal en el marco de la pareja sí se ha venido reduciendo, quedan otras formas de violencia. "Hay un aumento de casos en los feminicidios familiares, especialmente los perpetrados por los hijos de las víctimas, siendo 2020 el año con más casos", detalla Novo. Abordar estas otras formas de violencia, más desconocidas, más invisibles y por tanto menos abordadas, abriría el camino hacia una disminución palpable de la violencia. "Cuando se invierte en políticas públicas y socialmente se dedica tiempo y esfuerzo a medidas de prevención y sensibilización", diagnostica la experta, "estas cifras se reducen".

En concreto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha registrado un total de 40.721 denuncias. La gran mayoría, un 73,86%, fueron presentadas por la propia víctima. El 13,4% partió de la intervención policial y el 7,93% provino de un parte de lesiones recibido directamente en el juzgado. El porcentaje más bajo está en las denuncias de familiares, servicios asistenciales y terceros en general: la suma de todos estos actores constituye el 4,8% del total. Las denuncias presentadas por familiares son las más escasas.

La tasa está por debajo de la registrada en el mismo trimestre de 2020 (5,26%), pero también se aleja de la recogida en el segundo trimestre de 2019 (5,75%), de 2018 (7,34%) y de 2017 (5,59%). El descenso se produce a pesar de las campañas vecinales llamando a una mayor implicación del entorno en los casos de violencia de género durante el confinamiento y pese a los esfuerzos de las instituciones. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó un catálogo de medidas urgentes contra la violencia que incluía entre sus ejes el reto de concienciar al entorno, con el objetivo de que "cualquier ciudadano o ciudadana se convierta en agente de cambio".

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha reparado en la situación durante la presentación del balance este mismo viernes. Carmona ha apelado al entorno más cercano para que dé el paso de denunciar y ha insistido en la importancia de la concienciación "para darle la vuelta" a los datos. "Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos delictivos de los que tengamos conocimiento", ha insistido la vocal del CGPJ. En una entrevista con este diario el pasado mes de marzo, Carmona remarcaba que "en España lo que hace falta todavía es concienciación del entorno de la víctima". A su juicio, las víctimas asumen "demasiada responsabilidad" a la hora de denunciar, un paso a veces "difícil o incluso imposible". En la lucha contra la violencia, clamaba, es urgente "la implicación del entorno" porque sin el apoyo debido las mujeres "difícilmente van a dar el paso".

Precisamente antes de la crisis sanitaria, en julio de 2019, el Tribunal Supremo advirtió de la gravedad del "silencio cómplice" del entorno de la víctima, pero también del "acoso cómplice" del entorno del agresor. Estos dos fenómenos, argumentaban los magistrados en una sentencia, llevan a sentir "soledad" a la mujer maltratada y se convierten en "una losa" para ella "cuando quiere denunciar y no encuentra ayuda".

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, pide esquivar el pesimismo y llama a la cautela: quizá la situación cambie cuando el órgano de gobierno de los jueces publique su balance anual. Sí parece cierto, reconoce, que existe una "falta de sensibilidad social muy grande". No es nueva: ya la ley contra la violencia de género de 2004 planteaba medidas de sensibilización, consciente de la importancia de hacer pedagogía. Pero las herramientas desplegadas no han tenido el calado que se esperaba y no es sencillo aplacar la "comodidad de los vecinos, el temor a la reacción, la falta de solidaridad" o la idea de que se trata de un "problema privado".

Para Gonzalo, los motivos que explican la indiferencia del entorno son variados. Por un lado, la escasa constancia a la hora de desplegar campañas específicas. Las primeras políticas públicas contra la violencia de género preveían que "la forma de ir cambiando la mentalidad de la gente era con campañas sostenidas en el tiempo, pero sólo se han hecho de manera ocasional". La segunda razón ha ido ganando terreno en los últimos años: el negacionismo de la violencia machista. Este discurso, abanderado por la ultraderecha de Vox, "puede hacer dudar a la gente de alrededor".

A Bárbara Zorrilla, psicóloga especializada en violencia de género, le preocupa el alcance de los discursos contra la igualdad. Mientras que los mensajes de la ultraderecha encuentran el canal para llegar a cualquier persona, no ocurre lo mismo con las campañas de sensibilización. "¿Cómo le llega a una persona mayor que está en su casa, frente a la televisión, el mensaje contra la violencia frente a la idea acumulada durante muchísimos años de que no tiene que meterse?", se pregunta la psicóloga. La fiscal Susana Gisbert añade otro factor: la violencia de género no es prioritaria. "No le estamos dando la importancia que tiene, nos hemos anestesiado y esa falta de concienciación tiene consecuencias", reflexiona al otro lado del teléfono.

Un reciente estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD revela que uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género no existe y que es sólo un "invento ideológico". Quienes así lo sostienen son ya el doble que hace cuatro años, según el barómetro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sugerido modificar la normativa estatal para que haga más efectiva la defensa del estado de derecho contra las denuncias falsas, en las que considera que hay que poner "el acento" porque causa "graves perjuicios a los más inocentes" y a las denuncias verdaderas, especialmente en leyes LGTBI y violencia hacia la mujer.

"Lo que voy a proponer será una modificación de la normativa estatal que haga más efectiva la defensa del estado de derecho contra las denuncias falsas, que es donde hay que poner el acento porque son conductas que se tratan de delitos penales y causan graves pejuicios a los más inocentes y también a las denuncias verdaderas, especialemente en estas leyes y las que tengan que ver con la violencia a la mujer", ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno, según ha recogido Europa Press.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha planteado qué es lo que ocurre con los padres que son denunciados por violencia de género y son inocentes y no les dejan ver a sus hijos. Por ello, ha hecho hincapié en que las leyes LGTBI y de violencia de género deben respetar la presunción de inocencia. "¿Y si son inocentes señora Ayuso, va a ser coherente y derogar estas leyes o va a hacer como el alcalde Calmeida, que hace exactamente lo contrario?", le ha preguntado.

Por su parte, la dirigente autonómica ha defendido que las leyes de la Comunidad de Madrid respetan la presunción de inocencia. Ha recordado que la pasada legislatura los grupos parlamentarios y el Gobierno buscaron un consenso para acabar con la discriminación de personas homosexuales o transexuales, pese a que esto no siempre es efectivo ya que "las sensaciones nunca pueden ser plasmadas".

No obstante, ha reconocido que a veces estos textos se pervierten y se convierten en lo contrario, por lo que ha instado a todos los grupos a mejorar estas leyes. La jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que es "interesante" seguir respetando el ordenamiento jurídico sin dar "una imagen distorsionada de lo que en realidad es Madrid" y donde hay "una normalidad". "Estoy de acuerdo con que nunca más se vuelva a vulnerar la presunción de inocencia que es la base de nuestro ordenamiento jurídico", ha remachado.

Una mujer de 52 años ha sido asesinada presuntamente por su pareja en A Coruña. Su cuerpo lo encontró esta madrugada su hijo, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

Los hechos se produjeron en la calle Juan Darriba, en el barrio coruñés del Birloque, han precisado fuentes policiales, que han explicado que se tuvo conocimiento de los hechos sobre las dos de la madrugada. Así lo han indicado también desde la Subdelegación del Gobierno, que han precisado que fue el hijo de la mujer quien se encontró el cuerpo de su madre con heridas de arma blanca.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación, en concreto la Brigada de la Policía Judicial. Las fuentes consultadas han manifestado que el hijo confirmó que su madre y su pareja, de 49 años, habían tenido una fuerte discusión hace unos días. Por el momento, no hay ningún detenido en un caso que se vincula con violencia de género.

La policía prosigue en la búsqueda de la pareja de la mujer asesinada, según han precisado a Europa Press fuentes policiales. Aunque no se ha confirmado oficialmente que se trate de un crimen machista, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, manifestó, tras los hechos, que "todo apunta" a ello. De hecho, el hombre tiene antecedentes por violencia de género por denuncias de dos mujeres, no de la fallecida.

Tanto vecinos como la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ratificaron que entre la pareja, que, según algunos residentes en la zona llevaban pocos meses juntos, hubo una discusión en días previos. Algún vecino aseguró a los medios este jueves que también escuchó una esta pasada noche.

Fue el hijo de la fallecida el que alertó a la Policía Nacional, que se desplazó al lugar de los hechos. Poco después comenzó la búsqueda de la pareja de la víctima, de 48 años. La mujer regentaba una panadería en la zona de O Birloque donde se produjeron los hechos, en concreto en el quinto piso del número cinco de la calle Juan Darriba, donde residía. Presentaba heridas de arma blanca y estaba ya fallecida.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en la localidad de Sabadell (Barcelona), según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press el cuerpo policial.

El hombre se presentó este miércoles por la noche, alrededor de las 23.30 horas, en las dependencias de la comisaría de Sabadell y manifestó "que había matado a su pareja", por lo que los Mossos se dirigieron al domicilio, junto con un médico forense, que certificó la muerte, y las mismas fuentes han indicado que el cuerpo presentaba signos de violencia.

Ante estos hechos, el hombre quedó detenido y los agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana norte de los Mossos se está haciendo cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias.