Una mujer que acaba de sufrir una agresión puede entrar en una carpa violeta, sentarse, sentirse segura y decidir qué hacer después. Nadie debe obligarla a denunciar ni cuestionar su relato. Puede pedir asistencia sanitaria, acudir a la policía, volver a casa o solicitar que alguien la acompañe. Ese apoyo inmediato es la parte más visible de los puntos violeta, presentes ya en numerosas fiestas populares y festivales de música de todo el país. 

Su origen se remonta a 2014, cuando varios colectivos feministas empezaron a montar puestos improvisados con brazaletes morados en fiestas populares para repartir información sobre cómo actuar ante una agresión sexista. Un año después, en 2015, el Ayuntamiento de Pamplona instaló durante los Sanfermines la primera caseta municipal de este tipo, y desde entonces, la fórmula se ha extendido a prácticamente todo el país, impulsada también por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que destina presupuesto específico a esta red.

José Luis Izaguirre, socio y consultor de Egaleco —cooperativa de políticas públicas, igualdad y comunicación que gestiona dispositivos de este tipo sobre todo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia—, resume la función de un punto violeta como “la parte visible de un dispositivo entero de prevención y atención frente a las vivencias machistas”, pensado para entornos de ocio donde se concentra mucha gente, se consume alcohol y aumenta el riesgo de agresión sexista. Detrás de la carpa hay una coordinación permanente con los servicios municipales, sobre todo con las técnicas de igualdad de cada ayuntamiento, que trabajan durante todo el año, no solo en fiestas y también con la policía y los servicios sanitarios.

En la práctica, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad varía según el municipio y el tiempo disponible para preparar el dispositivo. Izaguirre explica que, al inicio del turno, los agentes de guardia, uniformados o de paisano, se acercan a la carpa para presentarse y dejar un contacto directo. “La colaboración siempre es muy positiva”, resume, aunque reconoce que lo ideal sería contar con más margen para diseñar protocolos conjuntos con policía, sanidad y la concejalía de Igualdad antes de las fiestas, algo que choca muchas veces con los plazos administrativos de las licitaciones públicas.

El perfil profesional de quienes atienden la carpa es amplio, pero todos comparten formación en violencias machistas y perspectiva de género. Egaleco recurre habitualmente a promotoras de igualdad con formación de grado superior y a titulados en másteres especializados en género y políticas públicas. “En cada dispositivo suele haber al menos dos profesionales, de forma que si una tiene que acompañar a alguien fuera de la carpa, la otra pueda seguir atendiendo” comenta Izaguirre. Cuando una mujer llega tras sufrir una agresión, la prioridad es buscarle un espacio donde se sienta segura. A partir de ahí, la profesional informa de los recursos disponibles, pero es ella quien decide. “No es agobiarla para que vaya a denunciar sí o sí, ni asustarla, ni mucho menos cuestionar su testimonio. Estamos para acompañar y para ofrecer recursos”, subraya.

Según la experiencia de Egaleco, los casos de agresión grave no son los más frecuentes. La función principal del punto violeta es la sensibilización. “Muchas mujeres se acercan porque el dispositivo transmite seguridad, para pedir información o simplemente porque han oído hablar de él, y también se acercan madres que agradecen que exista ese recurso para sus hijas” asegura Izaguirre. 

La extensión de estos servicios plantea también nuevos retos. Cada vez más ayuntamientos los incluyen en sus fiestas, pero Izaguirre advierte de la dificultad de preparar protocolos conjuntos con suficiente antelación y la tendencia de algunos pliegos de reducir las horas de formación exigidas al personal.

Junto a los puntos violeta, cada vez más ferias y festivales incorporan los puntos arcoíris, dispositivos especializados en la prevención de la LGTBIfobia.

Antonio Ferre, presidente de la Federación Andalucía Diversidad LGBT, los define como “un lugar donde cualquier persona LGTBI debe saber que puede acercarse y sentirse escuchada, acompañada y segura” ante discriminación, acoso o agresiones por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las situaciones atendidas no siempre empiezan con una agresión física. Ferre explica que pueden arrancar con una burla, un comentario o una provocación hacia una pareja del mismo sexo, y escalar después hacia el acoso o la agresión. El protocolo de atención comparte filosofía con el punto violeta: primero se atiende a la persona, después se aborda el procedimiento, sin interrogar ni cuestionar el relato, y sin presionar a la víctima para que denuncie si no quiere hacerlo en ese momento.

Entre los lugares donde las personas LGTBIQ+ sufren más agresiones de odio, el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), señala la calle como el escenario principal (32%) y los espacios de ocio, como discotecas o bares, en tercer lugar (13%).

La Federación Andaluza LGBT ha instalado puntos arcoiris en eventos como la Caseta La Colega, durante la Feria de Málaga, o la Feria y Romería de San Miguel de Torremolinos. Algunos municipios empiezan a unificar puntos violeta y arcoíris en un único espacio. Ferre no rechaza esa fórmula, pero pone una condición: “Si unir significa sumar, nos parece positivo. Si significa reducir atención o especialización, no”, advierte. Su mensaje se dirige a las administraciones: un punto arcoíris, insiste, “no es un lujo ni un elemento decorativo de una fiesta, sino una inversión en seguridad y convivencia que no debería recortarse en momentos de ajuste presupuestario”.

Marzo de 2026. La Semana Santa se ve atravesada por una inesperada polémica. Una imagen salta enseguida a los medios de comunicación: la de un grupo de cofrades impolutos, la mayoría jóvenes, preparados para la gran celebración religiosa. Entre sus filas, ni una sola mujer. Sucedió en Sagunto (Valencia). La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la única de la localidad valenciana, había vetado expresamente la participación de mujeres. Sus componentes lo habían determinado así, convencidos y orgullosos de su decisión. Apenas cuatro meses después, el municipio vuelve a estar en primera línea por otra polémica sexista.

A finales de julio, una peña taurina de la misma localidad se paseó por las fiestas patronales exhibiendo un cartel humillante para las mujeres. En la imagen, estampada también en camisetas y otros artículos, figuraba la caricatura de una mujer desnuda manteniendo relaciones sexuales con un toro. La ilustración quedaba coronada con la frase "pa una vesprà està bé" –para una tarde está bien–.

La peña Un forat es un forat –un agujero es un agujero–, una de las ocho decenas que participan en los festejos, presumió de su dudoso ingenio en el recinto taurino donde cada año se concentran los asistentes a las fiestas, en cuyas gradas conviven jóvenes y menores de edad. Las fiestas están consideradas de interés turístico autonómico desde el año pasado, un distintivo concedido a aquellos eventos de especial relevancia desde el punto de vista turístico, siempre que merezcan consideración por su impacto cultural y su puesta en valor de las tradiciones populares valencianas. 

Lejos de contribuir a la difusión de los valores culturales y populares de la localidad, la exhibición protagonizada por la peña valenciana ha despertado un reproche generalizado y sin paliativos. El Ayuntamiento decidió retirar la imagen una vez tuvo conocimiento de su existencia, tras crear una mesa de trabajo para impedir que ilustraciones como esta tengan cabida en las fiestas. 

La Generalitat Valenciana, por su parte, manifestó públicamente su "más absoluto rechazo a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres", especialmente tras los "importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad". El Gobierno regional insistió en que imágenes como la plasmada por la peña taurina "reproducen estereotipos sexistas" y presentan a las mujeres desde una "perspectiva de subordinación o humillación". La peña, ahora en silencio, lleva años haciendo alarde del logo en el contexto de las fiestas populares.

Este lunes, el Ministerio de Igualdad remitió dos oficios al Ayuntamiento y a la Federación de Peñas, en relación al cartel sexista. "Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", señalaba el departamento en redes sociales.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre expresó su total rechazo al cartel, pero también censuró la complicidad institucional y la normalización de este tipo de proyectos, tradicionalmente impunes y elogiados: "El silencio, aquí, también es una posición. La dignidad de las mujeres no está en discusión. Ni en fiestas, ni fuera de ellas", asiente la organización feminista en un comunicado adelantado por elDiario y Levante. Se trata de una "imagen denigrante que se cuela en la fiesta con la excusa de siempre: que ‘es una broma’, ‘no seas exagerada’ o ‘esto es tradición", analiza la plataforma, "la misma cantinela de siempre para que las mujeres nos callemos y aplaudamos nuestra propia caricatura".

La Coordinadora Feminista de València se sumó a la denuncia ante "el infame cartel de la peña taurina", por considerar que infringe las leyes "utilizando los cuerpos de las mujeres de manera sexista, humillante y degradante". Igual que sus compañeras, las feministas valencianas exigen no solo una sanción a la altura, sino la devolución del dinero público que haya podido recibir la peña y plantean, en su denuncia, una investigación por posible apología del delito de zoofilia.

En la conexión entre maltrato animal, violencia y masculinidad arcaica pone el acento la psicológa María Ibáñez, activista feminista y defensora de los animales. La psicóloga dibuja este tipo de eventos como espacios de socialización masculina especialmente nocivos que en situaciones extremas refuerzan hábitos machistas bajo el pretexto de la tradición. En casos como el actual, la combinación de la cultura de la violación con el maltrato animal como expresión cultural resulta especialmente peligrosa para los menores. "Con el agravante de la complicidad de todo el que ha permitido durante años que eso existiera", apunta la especialista. 

El pasado mes de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas volvió a reprender a España por permitir que los menores "continúen presenciando violencia y muerte" en el marco de festejos taurinos populares. La Generalitat Valenciana, pese a ello, ha decidido multiplicar el presupuesto destinado al sector taurino para este año, hasta alcanzar los 1,03 millones de euros frente a los 450.000 euros previos.

La tradición es la gran invocada por quienes se atrincheran en la defensa de conductas con un claro sesgo machista. Sucedió hace escasos meses, en el contexto de la Semana Santa. Pero la polémica con la cofradía saguntina lleva viva más de dos décadas. A finales de los noventa, se celebró una primera votación, a iniciativa ciudadana, para decidir si la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo debía alterar sus estatutos y abrir la puerta a las mujeres. El intento cayó en saco roto. 

Pasaron largos años hasta que se planteó de nuevo abrir el debate. La segunda votación se fraguó hace cuatro años, con resultados prácticamente idénticos. Una asamblea extraordinaria puso sobre la mesa la posibilidad de sustituir el término "varones" de su reglamento interno y así permitir la entrada de mujeres. Una vez más, los miembros de la cofradía se inclinaron por mantener el veto. Pero en febrero del presente año, la ciudadanía se movilizó para reclamar una cofradía equitativa. Lo hizo, esencialmente, porque consideraba incompatible la exclusión con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que la Semana Santa de Sagunto posee desde el año 2004. 

En marzo de este mismo año, tiene lugar una nueva votación. Y una vez más, las mujeres se quedan fuera. Pero la polémica esta vez no se reduce a las calles de la localidad, sino que atraviesa fronteras y genera un tsunami de indignación generalizada en todo el país. El Gobierno abre entonces un expediente para revocar el reconocimiento oficial: discriminar a las mujeres por serlo es incompatible con los valores democráticos, zanjan las instituciones. A finales de marzo, el Ministerio de Igualdad toma cartas en el asunto y lleva el caso ante la Fiscalía. El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias desde mayo. 

"La tradición es la tradición", se defendieron entonces los cofrades. 

Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de género en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas.

Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

En Llanes (Asturias), Laura, guardia civil y madre de los gemelas de 14 años y de un hijo de 18 años, fue asesinada en el cuartel por su expareja, de 49 años, también agente del Instituto Armado, tenía expedientes abiertos por violencia machista en el juzgado de esta localidad.

Gloria, que tenía una hija menor, fue asesinada en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, de 38 años, que ha sido detenido este jueves en un área de servicio de la localidad murciana de Puerto Lumbreras y que habría confesado el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer de 45 años hallada este martes con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presentaba un corte en el cuello provocado por un arma blanca y estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, aunque su caso se encontraba inactivo. Los agentes buscan a un hombre que habría escapado de la zona después del crimen.

El Ministerio de Igualdad todavía no ha confirmado este caso como violencia de género. Sí ha ratificado los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas, en 2003.

En Antequera, una mujer de 29 años fue hallada muerta el lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda. Según las primeras investigaciones, fue asesinada por su expareja, que se suicidó después de cometer el crimen. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Con este asesinato, Andalucía acumula nueve víctimas mortales por violencia de género en 2026 y se convierte en la comunidad autónoma con más crímenes machistas. El de Antequera es, además, el cuarto asesinato ocurrido en la provincia de Málaga durante el mes de julio, a la espera de que se esclarezca el caso de Benahavís.

El otro crimen confirmado ocurrió el martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido por la Guardia Civil. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

A estos casos se suma el asesinato de Aicha, una mujer de 31 años que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada durante casi seis meses. La joven había sufrido quemaduras graves en el 50% de su cuerpo después de ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego el pasado febrero en Sevilla la Nueva (Madrid), presuntamente por orden de su marido.

Aicha tenía un hijo y dos hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor. Su muerte y los crímenes de Antequera y Alameda de la Sagra forman parte de un repunte que ha vuelto a activar todas las alarmas. Desde el pasado 31 de mayo, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

La cifra registrada este año supera ampliamente la de ejercicios anteriores. En estas mismas fechas de 2025 se habían contabilizado 22 asesinatos machistas. Hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes, para encontrar un balance peor a estas alturas del año.

En lo que va de año, 20 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Desde que comenzaron a contabilizarse estos casos en 2013, la cifra asciende a 530.

La autopsia practicada a la mujer de 56 años hallada muerta el lunes por la noche en su domicilio de Almoradí (Alicante) ha descartado que se trate de un asesinato machista.

El examen forense ha concluido que la mujer falleció por causas naturales. Su marido, detenido inicialmente mientras se investigaban las circunstancias de la muerte, ha sido puesto en libertad. El hombre ya había sido arrestado en 2008 por una denuncia presentada por la fallecida.

Ante el repunte de asesinatos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. Este mecanismo institucional se activa cuando se produce una concentración de asesinatos machistas o cuando concurren circunstancias de especial relevancia en alguno de los casos.

La última reunión de este tipo se celebró el 21 de mayo, después de que cinco mujeres fueran asesinadas durante ese mes. En esta ocasión, el comité analizará los últimos crímenes y las circunstancias que rodeaban a las víctimas, entre ellas la existencia de denuncias o antecedentes en el sistema VioGén.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha advertido de que los periodos vacacionales son “especialmente duros y cruentos” por el aumento de la convivencia con los agresores y la ruptura de las rutinas habituales.

Martínez Perza ha pedido también la implicación de familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. “Cualquiera podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola y así haremos siempre más difícil que el maltratador actúe”, ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante los últimos feminicidios y ha trasladado su apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la violencia de género continúa siendo una “lacra” que no puede normalizarse ni aceptarse “bajo ningún concepto”. “Ante esta barbarie, solo cabe una respuesta: la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. “Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar”, ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reclamado “más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad” y ha insistido en que erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. El presidente ha recordado además que tanto las víctimas como quienes conozcan algún caso pueden recurrir al teléfono 016: “Denuncia. No estás sola”.

Se cumplen diez años de la brutal agresión sexual cometida por cinco hombres en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Diez años de un caso que sacudió la conciencia democrática de nuestro país y que marcó un antes y un después en la forma en que en España miramos, nombramos y combatimos la violencia sexual.

Aquel crimen mostró que esta violencia estructural se imbrica en un elemento de profundas raíces en nuestra sociedad como es el machismo, pero también la fuerza de una sociedad que dijo basta. Basta de cuestionar a las víctimas. Basta de minimizar la violencia sexual. Basta de aceptar que la libertad de las mujeres pueda depender del lugar, la hora, la ropa o la compañía.

Gracias al empuje del feminismo —fundamental hace diez años y ahora más necesario que nunca—, España ha cambiado mucho desde entonces. La Ley del “solo sí es sí” situó el consentimiento en el centro de la respuesta penal frente a la violencia sexual. Ese principio fue una conquista feminista y democrática que debemos defender frente a quienes pretenden convertirlo en munición partidista.

Pero los datos actuales recuerdan que, pese a todo lo avanzado, todavía queda mucho por hacer. En la Comunidad de Madrid, en 2017, primer año con datos comparables, se registraron 368 denuncias por agresiones sexuales con penetración. A cierre de 2025, fueron 685. En ocho años, las denuncias por violación han aumentado un 86%.

Ese incremento de denuncias refleja, sin duda, una mayor conciencia social y más confianza en las instituciones. Pero también expresa que la violencia sexual sigue condicionando la vida y la libertad de las mujeres en Madrid. Y esta es una realidad que a todas y todos nos debe resultar intolerable.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid hemos impulsado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027. Un Plan que nace con la vocación de que en esta región vayamos más allá, reforzando nuestro compromiso e impulsando medidas adicionales de prevención, protección y atención a las víctimas. Un Plan transversal y ambicioso que impulse y coordine una respuesta urgente frente a una realidad de la violencia sexual que en Madrid crece por encima de lo que lo hace en el resto de España.

El Plan ha sido elaborado mediante un amplio proceso de escucha con 53 entidades, mujeres expertas, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, sindicatos, empresarios y representantes políticos. Porque frente a la violencia sexual no sirven respuestas aisladas ni protagonismos particulares.

Por eso resulta tan grave la actitud del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que fueron invitados a participar en la elaboración del Plan y decidieron no hacerlo. No hablamos de una cuestión menor ni de una discrepancia administrativa. Hablamos de violencia sexual. Hablamos de violaciones. Hablamos de víctimas, que cada vez son más jóvenes. Hablamos de la obligación de todas las instituciones de estar a la altura.

Y esa obligación exige coherencia. En estos meses hemos conocido que el alcalde de Móstoles está siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral. Ante una situación de esta gravedad, lo mínimo exigible era una respuesta política clara. Sin embargo, la dirección del PP de Madrid ha optado por cerrar filas, evitar cualquier rendición de cuentas y desplazar el foco hacia quien denuncia. Esa forma de actuar desampara a las víctimas.

Esta negativa a participar y la actitud mostrada con la víctima de Móstoles son decisiones políticas que sitúan el interés partidista por encima del interés general. Es coherente con una forma de gobernar que demasiadas veces ha preferido levantar muros frente al Gobierno de España antes que sumar esfuerzos por la ciudadanía madrileña.

Pero la violencia sexual gana con los desacuerdos y no entiende de competencias. Una víctima no puede esperar a que las administraciones resuelvan sus diferencias. Una mujer que sufre una agresión sexual necesita primero protección, después acompañamiento y siempre una respuesta institucional coordinada. Cada víctima necesita que el Gobierno de su región, su ayuntamiento, el poder judicial, las entidades sociales y el Gobierno de España estemos trabajando en la misma dirección.

Por estos motivos, y a pesar de todo, me he dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que rectifique, que dé un paso adelante frente al machismo y se incorpore al desarrollo y ejecución del Plan de Acción contra la Violencia Sexual. No participaron en su elaboración. Ya está. Todavía están a tiempo de sumar propuestas y compromiso institucional.

Este Plan no pertenece a una administración ni a unas siglas. Pertenece a las víctimas, a las mujeres y a una sociedad madrileña que no puede resignarse a cifras insoportables. Diez años después de La Manada, a las instituciones se nos exige coherencia, eficacia y ejemplo.

Frente al machismo, Madrid necesita menos ruido y mucha más responsabilidad. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo ni sentirse sola. Ante la violencia sexual, quien se aparta, bloquea o mira hacia otro lado también está tomando partido.

Por todo ello, insisto en el llamamiento a la unidad y la acción frente a las violencias machistas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, y mucho más. Vaya si merece la pena.

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Francisco Martín es Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Una fotografía cualquiera basta para alimentar las aplicaciones que prometen desnudar imágenes. Un retrato de perfil, una instantánea de vacaciones o una foto de campaña electoral se introducen en el programa. En cuestión de segundos, el sistema devuelve una imagen sexual manipulada de la persona retratada.

La fotografía resultante es falsa, pero el daño que provoca es muy real. Una vez publicada, la imagen se copia, se comparte y queda indexada en buscadores antes de que nadie pueda rastrear su origen.

Un análisis recién publicado en el el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) firmado por Benjamin Shultz, investigador principal de la American Sunlight Project (ASP), organización con sede en Washington dedicada a denunciar los peligros en línea, sostiene que muchas de las aplicaciones que generan vídeos con contenido sexual explícito ni siquiera funcionan con imágenes de hombres porque el sesgo de género está integrado en los datos con los que se entrenan las herramientas.

Según este investigador, en los últimos dos años los enlaces que publicitan estas aplicaciones han crecido más de un 2.400% en las principales plataformas sociales. Una práctica antes marginal y técnicamente compleja se ha convertido en un producto de consumo barato y fácil de usar.

Shultz sostiene que cuando las víctimas son mujeres con proyección pública, el objetivo de estas imágenes cambia: buscan desacreditarlas, humillarlas y silenciarlas. Políticas de distintos países han sido blanco de imágenes sexuales falsas programadas para coincidir con elecciones, controversias o momentos de visibilidad.

Hasta hace poco, la evidencia sobre el fenómeno era sobre todo anecdótica. Salía a la luz a través de testimonios individuales, incidentes virales en redes como X o 4Chan, o titulares sueltos de la prensa local.

Esa situación empieza a cambiar. ASP midió por primera vez con qué frecuencia aparecen los miembros del Congreso de Estados Unidos en sitios que alojan deepfakes. A partir de ese trabajo, Shultz ha presentado los resultados preliminares de un estudio transnacional sobre cerca de 2.200 miembros de parlamentos de ocho democracias.

Para establecer un punto de referencia, Shultz utilizó un motor de búsqueda personalizado. Comprobó si los nombres de esos parlamentarios y parlamentarias aparecían en cerca de dos docenas de dominios que alojan deepfakes. Decenas de nombres aparecieron.

El estudio encontró dos patrones principales. El género resultó ser el factor predictivo más relevante de la exposición a esos dominios. Las legisladoras tienen una probabilidad mucho mayor de aparecer en ellos que sus colegas hombres.

El segundo patrón afecta a la legislación. En los países con leyes explícitas contra este tipo de abuso, la probabilidad de que las legisladoras aparecieran en esos dominios fue significativamente menor. Una prohibición legal clara parece tener un efecto disuasorio.

La edad, la antigüedad en el cargo y el origen migratorio, en cambio, apenas influyeron en los resultados de este estudio concreto. Investigaciones anteriores sí habían vinculado esos factores con una mayor vulnerabilidad al abuso en línea. Los resultados completos se publicarán en formato académico a finales de 2026.

La conclusión que extrae Shultz es que quién resulta víctima de un deepfake no es aleatorio. Está estructurado por el género y condicionado por las políticas públicas de cada país.

Ese segundo hallazgo plantea un problema para la regulación europea de plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea se apoya en la transparencia. Si las plataformas revelan cómo operan y qué contenido distribuyen, investigadores, reguladores y público pueden exigirles responsabilidades.

Pero esa transparencia solo funciona si la información declarada es honesta. Y según la investigación de ASP, no siempre lo es.

Esta organización colaboró el año pasado con el medio especializado Indicator para rastrear miles de anuncios de aplicaciones nudificadoras publicados en Facebook. Los anuncios habían rellenado los campos obligatorios de “beneficiario” y “pagador” —es decir, quién financia el anuncio— con información ficticia o no verificable.

Los campos de divulgación que exige la normativa europea existían, pero estaban simplemente rellenos con texto falso, a gran escala.

La investigación encontró una única excepción. En los anuncios dirigidos a países fuera de la Unión Europea, como Singapur y Taiwán, las anotaciones sí eran legítimas. La mayoría de beneficiarios y pagadores de esos anuncios tenían su sede en el sudeste asiático.

La misma herramienta de transparencia que exige la DSA se ha convertido, dentro de la Unión Europea, en un escondite. Para Shultz, eso indica dos escenarios posibles. O Meta permitió de forma deliberada ese incumplimiento, o las normas publicitarias de Singapur y Taiwán se aplican con más rigor.

La lección que extrae el investigador es que no se puede juzgar el comportamiento de las plataformas a partir de los datos que ellas mismas deciden entregar. Tampoco es posible calcular con precisión la magnitud real del problema mientras plataformas y proveedores de alojamiento web no colaboren.

La legislación no carece de efecto. Los datos internacionales recogidos por Shultz sugieren lo contrario, y varios gobiernos han empezado a actuar.

El proyecto de ley alemán contra la violencia digital prevé crear nuevos delitos penales para los deepfakes sexuales. El texto señala de forma explícita que las mujeres son el colectivo más afectado. El Reino Unido, por su parte, ha avanzado en la criminalización de la creación y difusión de este contenido.

En Estados Unidos, la Ley Take It Down obliga a las plataformas a retirar este tipo de contenido con rapidez. Son pasos reales, pero la mayor parte de ese andamiaje legal actúa después del daño. Castiga a quien crea una imagen concreta y elimina esa imagen concreta una vez publicada. 

Mientras tanto, nuevas aplicaciones de desnudos siguen apareciendo en las tiendas de aplicaciones y nuevos anuncios se siguen publicando. Y las imágenes retiradas reaparecen en otros lugares en cuestión de horas. Ni Meta ni la Unión Europea han resuelto el vacío legal en la divulgación de estos anuncios.

Shultz propone cuatro medidas a escala europea que irían más allá del actual régimen de transparencia de la DSA. La primera exige transparencia de fondo, no solo de forma. En lugar de permitir texto libre en los campos de divulgación, las plataformas deberían alojar únicamente anuncios de entidades comerciales reales y verificadas, con sede en los países a los que se dirigen.

La segunda aborda el problema en origen. Tiendas de aplicaciones, proveedores de alojamiento web y redes publicitarias deberían dejar de distribuir y monetizar herramientas cuyo propósito principal es el abuso, entre ellas las aplicaciones de intercambio de rostros.

La tercera redefine el marco del problema. Shultz la describe como una cuestión de integridad informativa e igualdad de género, y reclama financiación sostenida para la investigación, tanto académica como de la sociedad civil.

La cuarta exige unidad europea. Los 27 Estados miembros mantienen 27 regímenes distintos sobre la legalidad de la pornografía deepfake. Los datos del estudio muestran que las prohibiciones explícitas tienen un leve efecto disuasorio.

Como solución, Shultz plantea que las futuras revisiones de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial incorporen una política unificada a escala comunitaria. Que prohíba la pornografía deepfake no consensuada en los 27 países al mismo tiempo.

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

A lo largo de mi vida he conocido a hombres de todo tipo. Orgullosos de sus ideas, creencias, ideología, aficiones… y los he visto presumir de su madridismo o su barcelonismo, de su catolicismo y de su islamismo, de su conservadurismo y de su progresismo, incluso de su fascismo y otros extremismos… Nunca han ocultado lo que son o lo que piensan, y menos aún se sienten criticados cuando los llaman sobre la referencia que define su posición en cualquiera de los espacios. Por eso cuando alguien le dice a alguno que es un conservador, un progresista, un taurino, un católico o un madridista, ninguno se siente ofendido; al contrario, todos se reconocen como parte de ese grupo que comparte valores, sentimientos, creencias, aficiones o ideas.

Sin embargo, los hombres no quieren ser machistas. Es decir, no quieren ser reconocidos como hombres machistas cuando en verdad lo son y actúan como tales. La situación resulta bastante curiosa debido a varias circunstancias:

Sin embargo, los hombres no quieren ser machistas, pero tampoco quieren dejar de serlo, de romper con el modelo cultural que los hace ser de ese modo que niegan, pero no rechazan.

¿Cuál es el problema entonces? Pues, básicamente, se trata de que la invisibilidad lograda para que el machismo no existiera y todo formara parte de la normalidad, de manera que solo se identificara como tal algunos resultados cuando estos excedían los límites considerados en cada momento histórico, ha quedado al descubierto, poniendo de manifiesto toda la estrategia de opresión y control que el sistema establece sobre las mujeres.

El modelo androcéntrico solo ha cambiado cuando la situación injusta sobre las mujeres generaba tanto rechazo y resultaba tan objetiva en su discriminación que, de no cambiar, los problemas contra el sistema habrían sido mayores. Por eso las niñas pudieron ir a la escuela en 1857 y las mujeres a la universidad en 1910, cuando niños y hombres llevaban haciéndolo desde hacía siglos, y por eso también pudieron votar en 1931 o trabajar o viajar al extranjero sin el permiso del padre o el marido en 1975. Esa es la razón por la que los hombres quieren ser machistas sin que serlo sea considerado machista.

¿Y por qué si hacen lo que el machismo impone como cultura no quieren ser machistas? Pues porque su estrategia histórica para mantener la normalidad y sus privilegios se ha basado en la crítica a los resultados que superaban el umbral de lo admitido. Desde esa perspectiva el machismo no existía, y solo se presentaba como tal cuando el comentario, el chiste, la broma, la conducta o la violencia superaban ese límite aceptado en cada momento. En esas situaciones se decía que los hombres que lo traspasaban eran unos machistas, con lo cual al mismo tiempo se afirmaba que el resto de los hombres que no se comportaban de esa forma no eran machistas, y podían seguir siéndolo sin superar el umbral definido. En el fondo es lo mismo que dicen ahora cuando argumentan que la violencia contra las mujeres no es un problema social, porque los hombres que asesinan representan un 0,00…1% de todos los hombres.

Por lo tanto, si se reconocen como machistas en defensa de sus ideas y valores, lo que aceptan es que ellos se encuentran en las mismas circunstancias sociales y bajo las mismas referencias identitarias que los hombres que acosan, maltratan, violan y matan, y, claro, no quieren aceptar que los que son cuestionados por acosar, maltratar, violar y matar, antes de que lo hicieran eran hombres normales como ellos, a los que nadie cuestionaba mientras se movían por debajo del umbral.

Pero esa incoherencia de defender lo que son y justificar lo que hacen como parte del modelo que ellos entienden adecuado para organizarnos en la sociedad, sin reivindicarse como protagonistas, demuestra que sus privilegios y situación de poder está basada en la mentira de presentarse como superiores a las mujeres y que, en consecuencia, no pueden reivindicar esa idea y reconocerse como tales, puesto que si lo hacen se facilitaría un debate social y la toma de conciencia que pondría de manifiesto su mentira.

Entonces, ¿qué es lo que quieren los hombres? Pues que todo siga igual a como era, y que quienes han cambiado, las mujeres, vuelvan a su posición de salida. Por eso ahora llaman mujeres de “alto valor” a las tradwives, es decir, a las mujeres que se identifican con los roles tradicionales para asumir las tareas domésticas y los cuidados de hijos y maridos como esencia de su feminidad según imponen los mandatos de la cultura, o sea, el machismo. No quieren que las mujeres decidan y que al hacerlo tengan las mismas oportunidades que los hombres.

En definitiva, los hombres no quieren ser machistas para poder serlo sin que nadie los vea como tales, lo cual demuestra que el machismo es malo, incluso a los ojos de los propios machistas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, impartió este martes una clase magistral de cómo la misoginia y los sesgos machistas están todavía presentes en casi todos los espacios. Lo hizo en una rueda de prensa y ante decenas de periodistas. "Esto lo ha escrito una mujer que no sé si ni siquiera sabe de fútbol", lanzó refiriéndose a la periodista del diario ABC María José Fuenteálamo. A otra comunicadora, Lola Hernández, le concedió el micrófono así: "A ver, esa niña, también tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos". 

Al otro lado del teléfono, Fuenteálamo resume lo sucedido con una exclamación que bien podría ser un lema común para el conjunto de las mujeres: "Qué cansancio histórico". Aun extenuada por el señalamiento del empresario, la periodista cree que sus palabras tienen un valor incalculable para demostrar que el machismo "sigue estando ahí, si es que hay alguien que lo dude a estas alturas". 

Los comentarios del empresario han resonado con fuerza y su eco ha lanzado algunas preguntas, no solo sobre las raíces del machismo en el mundo del deporte, sino también sobre la respuesta social e institucional hacia conductas que parecían abocadas a la extinción. "Responde a una cultura machista muy profundamente integrada en la vida de las personas, sobre todo de algunas personas de más edad", ha sentenciado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, destacó en redes sociales que "las periodistas deportivas merecen respeto profesional" y por tanto "no deben ser infantilizadas, ignoradas o cuestionadas por el hecho de ser mujeres". A su juicio, "el menosprecio machista a estas periodistas solo nos dice que tenemos que seguir luchando contra el machismo estructural en el deporte".

Y la eurodiputada Irene Montero ha planteado que se trata de una "forma muy evidente de despreciar" el trabajo de las mujeres, "su competencia profesional y su formación". En definitiva, ha añadido, "él no está viendo a una periodista, está viendo a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior". La también exministra de Igualdad ha concluido señalando que "para muchos hombres poderosos, el machismo es su forma de vida y no hacen ningún esfuerzo por cambiar, porque saben que su poder les protege y les da impunidad".

María José López, abogada y directora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), enmarca las palabras del jefe del club deportivo en una "actitud totalmente antigua y caduca". No cree que sea una anomalía, en términos generales, pero sobre todo no resulta extraño en un mundo como el del fútbol. "Todavía existen comportamientos paternalistas. Como la incorporación de la mujer es relativamente reciente, parece que debemos pedir permiso para ejercer nuestra actividad", asiente en conversación con este diario. Los comentarios machistas expresados el martes "responden al propio personaje, pero también esconden actitudes que sí vemos en el deporte". 

A la misma conclusión llega la periodista feminista Montserrat Boix. "En algunos espacios, como el futbolístico, no ha cambiado nada", lamenta. La comunicadora, sin embargo, cree que sí hay un avance de puertas para afuera: "Lo interesante es que esto ya parece raro y anacrónico".

La escritora feminista Laura Freixas, expresidenta de la organización Clásicas y Modernas, no lo tiene tan claro. Ella sí percibe un retroceso generalizado, producto del peso que han ido ganando "las ideas machistas y reaccionarias" en todo el mundo. La actitud de Florentino Pérez, remarca la escritora, tiene mucho en común con la de Donald Trump, quien se ha ensañado especialmente con las mujeres periodistas. En ese contexto, la respuesta debe pasar por "una censura social, una reprobación por parte de políticos, periodistas y todos los estratos de la sociedad".

La conversación en torno a las palabras del empresario no se limita al análisis sobre el machismo estructural que se instala en el mundo del fútbol, sino que plantea una necesaria reflexión sobre la tolerancia hacia este tipo de conductas y la respuesta social ante quienes las ejercen. Con este telón de fondo, cabe preguntarse qué implicaciones tiene que en la sala de prensa donde Florentino Pérez se expresó el martes no sobrevolara ningún reproche por parte de los allí presentes, sino solo silencio cómplice. 

En esa línea se ha pronunciado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández: "Tolerancia cero contra el machismo significa esto: si Florentino Pérez no pide disculpas a la periodista y a las mujeres, ningún representante público debería volver a ponerse a su lado. Ni en el palco. Ni en las cenas. Ni en las fotos".

Lo cierto es que el paso de los años parece haber ido diluyendo aquella suerte de consenso social en torno a la necesidad de señalar, impugnar y corregir los sesgos machistas que se han reproducido siempre en todos los espacios, una tarea planteada por el feminismo que llegó a tener calado en prácticamente todas las esferas.

En mayo de 2018 nacía la iniciativa No sin mujeres, alrededor de la que se agrupaban economistas y académicos españoles de renombre. A través de un manifiesto publicado entonces, todos ellos se comprometían a no participar como ponentes en ningún evento o mesa redonda sin la presencia de mujeres expertas. La mecha prendió rápidamente y enseguida caló en casi todos los lugares donde la ausencia de mujeres se convirtió en un anacronismo que no debía tener cabida. Meses después, lanzaron su propio manifiesto centenares de profesionales y activistas del sector energético. Clamaban que En energía no sin mujeres.

Aquel mismo año nacía, en el mismo sentido, la iniciativa Sin mujeres, no hay panel, en el seno de la Comisión Europea. El proyecto buscaba "concienciar sobre la importancia de la igualdad de género en paneles y eventos públicos", garantizando la presencia de al menos una mujer panelista. La reacción fue masiva e interpeló a toda la sociedad, derivando en iniciativas concretas para dejar no solo de participar, sino también de asistir o consumir cualquier contenido que no contara con mujeres.

Alrededor de estas corrientes emergieron también bases de datos de expertas, como Sí con mujeres o Brussels Binder. El mundo ya no tendría excusa para no incluir sus voces. Y si así sucedía, la ausencia de mujeres se daba de bruces con un reproche generalizado y sin titubeos. Ocurrió con Nadia Calviño en 2022. La entonces ministra de Asuntos Económicos se negaba a ser retratada en un acto sobre liderazgo empresarial en el que no figuraba ni una sola mujer. Aquella decisión era producto de una promesa que había realizado meses atrás: no participar en debates sin presencia femenina.

Aquella eclosión que nació al calor de las movilizaciones feministas masivas parece haber ido perdiendo fuerza con el paso de los años. En 2024, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, posaba sonriente en una fotografía junto a más de una docena de grandes ejecutivos, todos hombres. En el centro de la imagen, el presidente argentino, Javier Milei. Era solo una muestra de cómo el avance reaccionario empezaba a revertir las conquistas feministas.

En los medios de comunicación, la representación femenina tampoco está para celebraciones. Un informe publicado el año pasado con el apoyo de ONU Mujeres concluía también que ellas siguen infrarrepresentadas, pues suponen solo el 29% de los sujetos y fuentes de las noticias en los medios tradicionales y el 27% en los digitales. "La visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones", advertían las expertas, "una situación que no ha mejorado con el tiempo".

Y en febrero de este año, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) destacó que las radios y televisiones catalanas han reducido la presencia de mujeres en la información política en los últimos dos años, según su informe El pluralisme polític en els continguts informatius i d'actualitat de la televisió i de la ràdio lineals. La vicepresidenta del organismo, Laura Pinyol, afirmaba que "estamos lejos de la paridad en los informativos, donde el esfuerzo por la representación de las mujeres parece haber pisado el freno".

Para los antiguos griegos, Afrodita era la diosa del amor y la belleza, y fue proclamada como la más bella del Olimpo por el mortal Paris en el juicio de la manzana.

El origen de este pasaje mitológico, tal y como lo relata el poeta romano Ovidio en las Heroidas (XVI, 65-68), se sitúa en las bodas de Tetis y Peleo, cuando la diosa de la Discordia lanzó una manzana dorada y retó a la diosa más bella a recogerla. Hera, Atenea y Afrodita se sintieron con derecho a este reconocimiento, y la responsabilidad de la decisión final recayó en Paris. Cada diosa ofreció al mortal una jugosa recompensa, y este eligió a esa última –que le prometió el amor de Helena, en lo que sería el desencadenante de la Guerra de Troya–.

Si algo ha traslucido de este concurso de belleza fundacional es que las representaciones artísticas de la diosa Afrodita que han llegado hasta nuestros días pueden considerarse como el ideal estético del clasicismo. Una belleza idealizada, sublimada, depurada de cualquier imperfección –como corresponde, por otro lado, a la divinidad–, es la que encontramos en las esculturas helénicas que, copiadas después por los romanos, sirvieron siglos más tarde para marcar el canon estético del Renacimiento y, posteriormente, del Neoclasicismo.

Porque aunque se dice que sobre gustos no hay nada escrito, lo cierto es que el gusto ha sido un tema ampliamente trabajado por la filosofía y la estética.

Aunque la reflexión sobre la belleza está presente –y de manera destacada– desde la Antigüedad, la estética como disciplina filosófica surge en la modernidad; concretamente en el siglo XVIII, de la mano de A. G. Baumgarten. Este autor ofrece su primera definición como la ciencia que se ocupa de los objetos sensibles, es decir, de las “cosas percibidas”. A diferencia de las cosas conocidas (noetá), propias de la lógica, las cosas percibidas (aisthetá) proceden de los sentidos.

El filósofo alemán Immanuel Kant, siguiendo, entre otros, los planteamientos de Baumgarten, sostiene que lo bello –categoría fundamental de la estética– es aquello que da lugar a un juicio desinteresado y con pretensión de universalidad, sin que en su contemplación intervenga un fin práctico. El sentimiento de lo bello agrada porque no está vinculado al deseo ni a la utilidad para el sujeto, sino que se presenta como una finalidad en sí misma.

Para el empirista inglés David Hume, en cambio, “la belleza no es una cualidad de las cosas mismas; existe solo en la mente que las contempla, y cada mente percibe una belleza diferente”. Por ello, la belleza depende de la sensibilidad y de la experiencia.

Pero algo en común comparten estas valoraciones: a pesar de sus diferencias –y de las muchas otras definiciones que podrían recogerse a lo largo de la historia de la filosofía–, la mayor parte de ellas son formuladas por hombres, a cuya mirada se le atribuye una pretensión de universalidad.

Igualmente, la belleza de la diosa Afrodita es innegable, irrefutable, repetida a lo largo de la historia del arte y premiada con la manzana dorada y con ella certificada. Pero, según el mito, ¿quién fue juez y jurado de este primitivo juicio estético? Paris, un hombre, un mortal.

El término male gaze (traducido habitualmente al castellano como “mirada masculina”) ha ido ganando presencia en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales, muy vinculado al mundo del audiovisual. En este contexto, alude a la construcción de personajes de ficción desde el punto de vista de los hombres –implícitamente heterosexuales– a fin de satisfacer a sus homólogos espectadores. Los personajes femeninos así creados aparecen con frecuencia hipersexualizados y reducidos a objetos de contemplación, un proceso que autoras como Martha Nussbaum y Sandra Bartky han denominado cosificación.

El término male gaze fue acuñado originalmente por la feminista Laura Mulvey en su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema. Allí analiza cómo el lenguaje cinematográfico clásico reproduce relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Aunque ese texto es de 1975, lo que plantea es de gran actualidad.

Esta mirada masculina parece estar más presente que nunca en la nueva temporada de la serie de televisión Euphoria. En ella, el personaje de Cassie (interpretado por Sydney Sweeney) comienza a crear contenido erótico para las redes sociales, introduciendo la “monetización” de la mirada masculina en el argumento. Al ver un anticipo de esta trama en el tráiler, las redes sociales se llenaron de comentarios criticando la exagerada sexualización de su personaje a lo largo de las temporadas y combinando las críticas hacia el personaje y hacia la propia actriz.

En los nuevos capítulos, Cassie vive en su “burbuja residencial republicana”. Solo la primera imagen –en la que se la ve vestida de perrito con el culo en pompa sobre una caseta de mascotas– sería suficiente para que las autoras mencionadas corroborasen todas sus teorías sobre cosificación y mirada masculina. Cuando su prometido le recrimina que se venda por dinero, como una prostituta, ella se defiende diciendo que solo quiere contribuir a la economía familiar.

El atractivo erótico de la joven es innegable. Sweeney es la encarnación de la mujer despampanante, siguiendo la estela de Marilyn Monroe o Dolly Parton. Entonces… ¿qué pasa con la persona real? ¿Es ella la nueva Afrodita? ¿Y quién lo ha decidido?

Euphoria es una serie creada, escrita y dirigida casi exclusivamente por un hombre: Sam Levinson. La mirada inicial que se ha presentado sobre la actriz –que alcanzó la fama con esta serie– ha sido, por tanto, moldeada por el ojo de un creador masculino, que entrelaza el valor que el personaje –Cassie– y su entorno le dan a su físico con la forma en la que la serie la observa. ¿Ha sido esa mirada consciente –luego crítica– o inconsciente? Independientemente de la intención, ha llegado a un público concreto.

Tras despuntar en Euphoria, Sydney Sweeney ha protagonizado numerosas películas y ha sido imagen de varias marcas de moda. Quizá la más sonada sea su colaboración con American Eagle, que la erigió como icono femenino del estadounidense medio, como si de una divinidad griega se tratara.

Esto enlaza con la aprobación que el público masculino realiza –de forma vocal– del cuerpo de la actriz. Bajo su mirada, Sweeney representa esa voluptuosidad afrodisiaca que lleva siglos siendo objeto de deseo e inspiración. Como dijo un usuario en la plataforma X: “Sydney Sweeney puede quedarse quieta como una estatua, y aun así los hombres pagarían por verla”. Esto sucede, por supuesto, independientemente de que ella lo apruebe, lo busque o lo quiera. Es la mirada externa –considerada mayoritaria– la que la ha erigido en un icono sexual, sin que le hayan preguntado.

Los estándares de belleza han ido cambiando a lo largo de la historia, desde Las tres Gracias de Rubens, hasta las Kardashian. Pero en cada década podemos establecer con cierta uniformidad un ideal estético que determina la belleza femenina, sin tener en cuenta gustos personales. En lo que respecta al cuerpo de las mujeres, lo bello adquiere esa categoría bajo la mirada masculina, que se arroga la pretensión de la universalidad. Y es que, como apuntaba el novelista y teórico del arte francés André Malraux:

“Hay gustos así como hay colores; pero los hombres se ponen de acuerdo más fácilmente sobre la belleza de las mujeres que sobre la de los cuadros, porque casi todos han estado enamorados y no todos han sido ‘amateurs’ de la pintura”.

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Laura Martínez Rodríguez es profesora de Historia del Arte en la Universidad de La Rioja y Álvaro Ledesma de la Fuente es profesor de Filosofía en la Universidad de La Rioja. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

La nueva moda está en la proteína. No hay producto que se le resista. Cereales con proteína, yogur con un plus de proteína, batidos, galletas… Hasta Starbucks ha sacado una línea de café con proteínas. Y no es lo único. Los estadounidenses ya consumen té helado con proteína, nachos (marca Kardashian) con proteína, lechuga con proteína y hasta agua con proteína. 

Y la locura por este macronutriente se está notando en los datos. Según un estudio del Consejo Internacional de Información Alimentaria, en 2025 el 70% de los estadounidenses querían consumir más proteína. Un 20% más que hace tres años. Aun así, lo cierto es que ya tomamos la suficiente. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el consumo medio está alrededor de un gramo por kilogramo de peso corporal, un rango que ya está dentro de lo recomendado. 

En España, parece que la fiebre se ha contagiado. Ya el año pasado, el Observatorio de Tendencias de Cofares detectó que la demanda de proteínas había aumentado en los últimos meses. En concreto, la venta de estos suplementos creció un 175%. 

Pero esta nueva obsesión por lo proteico no se basa solo en una ambición por ser más saludable. Tampoco por una nueva investigación científica o por sus aparentes beneficios. Su subida al estrellato de la nutrición tiene dos vertientes más alarmantes: la llegada a la cultura popular de la machosfera y el auge de la extrema delgadez. 

Es uno de los pilares de cualquier hombre que vea los vídeos de Lladós o crea que Alvise puede salvar a España del terrible feminismo. La obsesión por el gimnasio y los batidos de proteínas siempre han sido algo especialmente masculinizado, pero para la machosfera es algo más. No va de salud, va de éxito.

“La moda de la proteína tiene una relación muy estrecha con la machosfera y el antifeminismo. La comida, y sobre todo la que vemos representada en las redes sociales, funciona como una forma de comunicar una cierta identidad, una cierta disciplina y un cierto control”, apunta Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en machosfera. 

Pero todo tiene una misma causa. Nuestra percepción de nosotros mismos pasa por una pantalla. “Desde el auge de la era digital y las redes sociales, nos vemos demasiado en foto y esto altera la percepción del propio cuerpo. La presión estética ha estado desde siempre sobre las mujeres pero ahora, también sobre los hombres”, asegura la Dra. Marina Pibernat Vila, antropóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La consecuencia principal está en lo que se conoce en internet como gymbros (algo así como colegas de gimnasio). Esos chicos cuya principal ocupación es, llueva o truene, ir al gimnasio. Su bebida por excelencia es, por supuesto, el batido de proteínas. “Estas ideologías te dicen que si tienes una disciplina casi espartana y haces ejercicio, tendrás éxito en la vida. Porque hay que estar en forma: es una especie de forma de disciplinar el cuerpo, y eso se supone que te va a dar éxito”, reitera Pibernat. 

Aunque ir al gimnasio no es malo, como es evidente, llevarlo al extremo sí puede serlo. Aquí llega el looks-maxxing. Este es un término especialmente controvertido que tiene su origen en la cultura incel. Para ellos, todos sus males tienen su origen en una única cosa: las mujeres. Las culpan de su falta de felicidad, vida social o éxito, porque ellas prefieren tener relaciones con hombres más musculados y atractivos que ellos. Hasta tienen una teoría de que el 80% de las mujeres se acuestan con tan solo el 20% de los hombres (a nadie le salen las cuentas). 

Solo hay una solución en la comunidad incel que no está directamente relacionada con ejercer violencia contra las mujeres: tratar de colarse en ese 20%. Por ello, estos chicos se someten a todo tipo de intervenciones para así intentar ser más atractivos. 

“Es como crear un personaje en un videojuego e intentar usar tantos puntos como puedas para mejorar tu aspecto”, comienza una guía de YouTube sobre ello. Operaciones estéticas, técnicas para tratar de marcar más la mandíbula, ir al gimnasio, dietas para bajar peso y por supuesto, una obsesión por la proteína. Por eso es especialmente relevante la forma en que se está denominando esta obsesión de las redes: protein-maxxing. Parece casi el mismo concepto. 

Los incels creen que mejorar su aspecto físico les traerá éxito. Que estar delgado es lo mejor que pueden hacer. Pero no solo ellos. En los últimos años, la obsesión con la extrema delgadez se ha ido insertando poco a poco en la cultura popular hasta llegar a la situación actual. 

Ya lo expresó la directora de cine Chloe Wallace en sus redes sociales tras la gala de los Óscar. “Cada alfombra roja, cada evento, cada vez que abro Instagram, ahí están, más delgadas que la semana pasada (...), más y más, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero todas están jugando”, denunció en Instagram. 

Precisamente, la pérdida de peso es uno de los grandes componentes que explican la nueva moda de la proteína. Y el auge del Ozempic, también. El fármaco, que en realidad sirve como tratamiento para la diabetes, ha sido popularizado por famosos como Kim Kardashian o Elon Musk como un milagro para la pérdida de peso. 

Y en el delirio del Ozempic se necesita proteína. Según la AARP, una organización estadounidense que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, consumir suficiente proteína es vital para evitar varios efectos secundarios del consumo del fármaco, como la pérdida ósea y muscular. 

Pero la razón principal que hace que el Ozempic se haya convertido en sinónimo de delgadez es que provoca la pérdida del apetito. El fármaco consigue reducir la necesidad de comer de quien lo toma y así la bajada de peso se consigue en tiempo récord. La proteína sigue la misma lógica: si en una comida incluyes más proteínas, podrás comer menos para mantenerte saciado durante más tiempo. 

Por supuesto, esta nueva obsesión tampoco tiene nada que ver con la salud. “La tendencia de la extrema delgadez te impulsa a poner el foco en tu cuerpo, en vez de en tu conocimiento o tu formación, por ejemplo. Son discursos que surgen del mercado de diversas industrias, desde la alimentaria hasta las de la moda o la belleza, que asumen que estás mal con tu aspecto porque vemos una gran cantidad de imágenes que no se corresponden con la realidad”, argumenta Pibernat. 

“Ahora lo que tenemos en mente son los cuerpos estilizados de la publicidad, del cine y de la televisión. Esto nos ha distorsionado la idea de qué es un cuerpo normal, corriente y perfectamente sano. Como tenemos esa distorsión provocada por ese consumo cultural, hay una mayor incomodidad con el propio cuerpo. Y ahí hay un mercado inmenso”, zanja la experta. 

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por asesinar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato, según informa EFE. El crimen ha tenido lugar el lunes a las nueve de la mañana en el Pasaje Virgen de Luna.

Los agentes policiales y los bomberos se han desplazado allí porque el hombre se había atrincherado en casa y había llenado de gas el portal del edificio, tras el crimen.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana. Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer asesinada constaba en el Sistema VioGén y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Interior día. O tarde. O noche. Habitación de hospital. Una mujer está en la cama dentro de un cuerpo que ha realizado la mayor proeza física de su vida. No está sola. Hay más gente. Que entra y que sale. Plantas nuevas envueltas en celofán. Todos contentos. Hay un recién nacido en una cuna de plástico transparente. La mujer necesita dormir y tener sobre ese cuerpo molido al bebé que hasta hace apenas unos minutos estaba dentro de ella. Pero el bebé es cogido por todos esos familiares y se hacen fotografías con él. ¡Una con la madre!, se le ocurre a alguno. Pues una con la madre. Gracias. La escena se repite unas semanas después en la casa del recién nacido. Ya ha subido la leche, pero las maniobras son complejas para alimentar al bebé. Todos vienen a comer y el niño vuelve a pasar de mano en mano. La madre está cocinando porque alguien tiene que hacerlo. Ponen la mesa, comen, toman café, hablan de lo humano, opinan de crianzas, alimentación y, en un momento de la tarde, la madre se encierra en el baño y se pone a llorar. Su madre, su propia madre, la descubre y se lo suelta: Pero, ¿qué te pasa? Tendrías que estar contenta.

Esto es solo una anécdota leve, actual e inventada que ha podido suceder en millones de casas después de millones de nacimientos. En Deberías alegrarte. Lo que no se cuenta de la depresión posparto (Altamarea, 2026), la periodista y escritora Diana Oliver realiza una radiografía histórica, social, literaria y científica y nombra la depresión postparto y el maltrato, la ignorancia e invalidación de los problemas de salud mental que se producen durante y después del embarazo. Un malestar que tiene nombre y que, en muchos casos, no se ha diagnosticado, ni reconocido, y que, casi hasta ahora, ha señalado a esa mala madre infeliz como culpable única de su propia oscuridad. Y que, sin embargo, atraviesan, según cifras a la baja, de un 10 a un 20% de las mujeres que dan a luz. Que nos ha llevado a los manicomios, al cuestionamiento constante, a la soledad física y emocional, a situaciones límite y también a escribir sobre ello. Lo contó Mar García Puig en el durísimo La historia de los vertebrados, donde narra el brote psicótico que vivió tras dar a luz a gemelos; pero muchas más lo nombran: Katixa Aguirre, Nuria Labari, Maggie O’Farrel o Adrienne Rich son algunas de las que cita Oliver.

Explica la autora en este libro que la desorientación que se produce se ve agravada por el mandato social de vivir la maternidad como un momento plenamente feliz y por el estigma que es todavía la salud mental. Estas dos condiciones hacen que la culpa, el dolor o el agotamiento se silencien y, al final, en esa fotografía, la madre intente una sonrisa. Pero también dificulta la detección y el tratamiento de los trastornos, infradiagnosticados en el 75% de los casos. Y aunque, desde hace unos años, hemos empezado a contarnos mejor a través de nuestras propias palabras, todavía el cuestionamiento y la mirada exterior de cada una de las maternidades es constante. Y aunque muchas hemos renunciado a la exigencia que nos convertiría en madres perfectas y abnegadas para ser la madre que podemos ser y somos, todavía también la medida de nuestra capacidad está enmarcada por una sociedad machista que desprecia, ignora y desestima el dolor de las mujeres.

Cuando di a luz a mi hijo, se olvidaron de abrirme la vía de los calmantes. Me tragué la suturación de una cesárea sin analgésicos. Una piel, músculos y un órgano que se contraccionaban al ritmo del llanto del recién nacido. De madrugada, veía las estrellas. A las seis de la mañana, cuando ya no podía más, una enfermera me dijo: solo me falta ponerte morfina, chica, no seas exagerada. Pues seré floja, pensé, pero póngamela ya. Entonces, descubrió el gotero cerrado. Lo abrió y allí no había pasado nada. Le cuento esto a una amiga hace unos días, encerradas en la cocina de su casa, de pie las dos, mientras le hace la cena a los niños que arman jaleo en el salón. Y me dice que le pasó lo mismo.

Por qué contar esta intimidad en una columna, lo diré: porque ya está bien de contárnosla las unas a las otras encerradas en las cocinas, aunque dónde estaríamos sin esas conversaciones, y que se empiece a dar valor a nuestra salud de forma pública. Cuidar a la madre es cuidarnos a todos. 

La tradición vale para un roto y para un descosido, porque quien la cose en cada momento y lugar es quien decide lo que es tradición y lo que no. Lo hemos visto recientemente en las cofradías de Sagunto y Aguilar de la Frontera (Córdoba), al rechazar la incorporación de las mujeres, pero también lo vemos cuando se defienden diferentes formas de maltrato animal en nombre de la tradición.

Y la tradición no es lo que consolida el tiempo, sino lo que impone la cultura, es decir, la construcción androcéntrica, o sea, el machismo, a partir de un determinado momento para que luego el tiempo le dé la razón ante la imposibilidad de incorporar cualquier alternativa no permitida por la cultura.

Lo que nunca explican los que defienden la tradición como valor absoluto es que cuando empezó “su tradición” lo hizo en contra de las tradiciones existentes en ese momento y, sin embargo, no dudaron en cambiarlas para imponer su idea. Así ocurrió en la Edad Media cuando llegaron las procesiones a Europa y se crearon las primeras cofradías, que rompieron con muchos elementos de la tradición que existía en ese momento, y con otras tradiciones no religiosas o paganas que sin ningún problema fueron canceladas, incluso perseguidas, transformadas en expresiones religiosas o directamente absorbidas y reinterpretadas. Así ocurrió con muchas fiestas alrededor de la fertilidad y la renovación que representaba la primavera, o con otros rituales, expresiones alrededor del fuego, y otras procesiones que fueron consideradas paganas y, por tanto, prohibidas.

En todas esas decisiones religiosas y en otras fiestas donde se maltrataba a los animales, no importó la tradición existente hasta ese momento, como, por ejemplo, el Toro de la Vega en Tordesillas, que, solo considerando nuestra era, cuenta con una tradición de 600-800 años, y una ausencia de tradición de 1200-1400 años.

La tradición solo es un argumento más para consolidar a través de la costumbre las imposiciones de los mandatos culturales. Ese es el juego, y el juego continúa hoy en otros temas.

La estrategia de refundación que sigue el machismo en la actualidad, y que lideran las posiciones ultraderecha y derecha en la política con un amplio apoyo social, se basan en el concepto de tradición para presentar sus ideas, valores y creencias como razón para definir el orden que debe caracterizar la realidad. Por eso hablan de batalla y guerra cultural, porque lo que defienden son los valores y referencias de una cultura que ha definido la forma de ser y organizarnos históricamente, y presentan cualquier transformación como un ataque.

Toda la estrategia mundial de la ultraderecha y derecha en su afán de refundar la cultura se basa en los elementos androcéntricos y, en consecuencia, en un ataque y cuestionamiento a las mujeres, a las personas extranjeras y a la diversidad, pues el reconocimiento de derechos y la corrección histórica que la desigualdad y la discriminación han impuesto sobre esos grupos de población, especialmente sobre las mujeres como núcleo y pilar de la construcción androcéntrica, se percibe como un ataque al orden (guerra cultural), y justifica la respuesta con todos los instrumentos y “armas” a su alcance, pues ya se sabe lo que dice la tradición al respecto, que “en el amor y en la guerra todo vale”. Y si la guerra es en relación al amor, como ocurre con la violencia de género, pues vale mucho más. Por eso necesitan negar la violencia contra las mujeres, para mantener su impunidad y la invisibilidad en nombre de la “normalidad” impuesta por la costumbre.

Pues esa es la clave, la cultura impone unos hechos que se vuelven costumbre, es decir, la manera habitual de comportarse, y luego la tradición, que es transmisión, la va pasando de unas personas a otras y de generación en generación para que se expanda y mantenga en el tiempo. Es lo que observamos cuando los jóvenes de 15-29 años dicen hoy que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja”. Así lo afirma el 22% de los chicos y el 16% de las chicas, un porcentaje que va subiendo en cada estudio. (Barómetro CRS/FAD 2025).

La cultura se mantiene por la tradición, por eso no quieren tocar la segunda para que no afecte a la primera, es más, ahora lo que se pretende es reforzar la tradición para conseguir la refundación de la cultura.

La política hoy gira alrededor de ese objetivo, incluso presentando a los Gobiernos de izquierdas como ilegítimos, algo que no es de extrañar que funcione cuando los sistemas conservadores de gobierno han estado presentes miles de años, mientras que el primer Gobierno de izquierdas en España llegó con la II República en 1931, hace 95 años.

Por eso la izquierda debe ser consciente del factor cultural que hay detrás de toda la política actual, y no limitarse solo a la gestión de las consecuencias del modelo conservador-androcéntrico, eso siempre será insuficiente, y entrar a fondo en la transformación cultural.

Hoy no es el pasado lo que se reivindica desde la derecha y la ultraderecha, sino la tradición. Porque la tradición es la que hace posible adaptar el tiempo pasado al presente sin que parezca que hablamos de ayer. 

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Empeñado en dar la razón a Ramsés II, a Hitler, a Stalin y a cuantos dictadores aupó al poder con su poderío económico (hoy lo hace con el Agente Naranja yanqui) antes de ser por ellos perseguido, el sionismo ha rizado el rizo de la historia pasando, apenas un siglo después, de ser víctima en el holocausto judío a ser verdugo en el holocausto palestino. Como sucede con las dictaduras de tintes imperialistas, Israel ha decidido invadir todos los países limítrofes después de devastarlos como sólo los fascismos saben hacer.

El silencio cómplice del mundo ante el genocidio sólo ha sido roto por fanáticos cruzados de la extrema derecha radical para aplaudir y alentar a los genocidas. El calvario desatado en Oriente Próximo ha contado con escasas voces en contra como la del gobierno de España a la que se han sumado algunas más, amenazadas por el führer Trump y afeadas por medios influidos por Israel a pesar de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza.

Al silencio o la aprobación ante la criminal actuación de Netanyahu y sus hordas asesinas se contrapone el coro de fariseos que, golpeándose el pecho, han puesto el grito en el cielo ante la prohibición por la policía israelí de que un patriarca católico (no cristiano, ojo) y su séquito celebren la tradicional misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. ¡Eso sí es un crimen! La inmediata respuesta del sionismo ha sido aprobar, entre risas y champán (puro estilo nazi), la pena de muerte (la horca) para los supervivientes del pueblo palestino.

En España, atenta a sus propios calvarios, se ha cumplido la voluntad de Noelia de que se le aplicara la ley de la eutanasia. El calvario no ha sido su atormentada vida, ni la paraplejia y el dolor crónico sobrevenidos tras un intento fallido de suicidio, no. Su calvario ha sido el viacrucis a que la sometieron durante dos eternos años la banda talibán de Abogados Cristianos con la anuencia del padre cuyo recuerdo para la niña Noelia era “aguardar en bares hasta altas horas de la madrugada mientras él consumía alcohol”. Un calvario similar al culto al sufrimiento al que sor Teresa de Calcuta condenaba a los enfermos en la India.

En España, cuna del esperpento, unas mujeres han denunciado el calvario de que no las dejen acceder a las estructuras de la Iglesia Católica y su órbita cofradiera, dos bastiones donde arraigan la misoginia y el machismo que las oprimen secularmente. La demanda femenina a las hermandades es un síntoma de la renuncia de muchas mujeres a las conquistas igualitarias tras siglos de lucha. A ello contribuyen de forma activa y negativa influencers, como Rosalía, tras descubrir el pingüe filón comercial del sentimiento religioso que ofrecen junto a “virtudes” del ama de casa tradicional como planchar y hacer la colada.

Basta ver qué tipo de personas ocupan los puestos de mayor lucimiento y se dan los más grotescos golpes de pecho en los rituales de la Semana Santa para constatar que son los mismos sayones que gozan haciendo de la vida un calvario para el resto de la humanidad.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).