Los vecinos del noreste de Madrid han tenido este lunes y martes un pequeño adelanto de lo que será la carrera de Fórmula 1 de Ifema del 13 de septiembre. Una prueba con apenas cinco coches de Fórmula 3 provocó un ruido ensordecedor que se llegó a escuchar en diferentes barriadas de la capital. El enfado de los vecinos, según ha podido comprobar infoLibre in situ, es monumental tras confirmar que los promotores les engañaron a la cara cuando les aseguraron que no sufrirían molestias y que solo serían tres días. Mientras tanto, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienden una alfombra roja al evento, al que asistirán unas 350.000 personas según los organizadores.

En los grupos vecinales son muchos los que plantean irse de casa ese fin de semana, ya que entre pruebas y carreras, el show se alargará tres días, de viernes 11 a domingo 13 de septiembre. “Si se parece a lo que hemos vivido estos días, me marcharé a casa de mi hermana”, afirma Eva Zubieta, vecina de Hortaleza. Evidentemente, añade, el evento no solo se parecerá a las pruebas de esta semana, si no que será mucho, mucho peor. Este lunes y martes solo corrieron un puñado de coches menos que eran menos potentes que los de F1 –frente a los 22 que competirán el día 13– y realizaron paradas intermitentes que no habrá durante el Gran Premio de España.

Lo más llamativo de las declaraciones de Zubieta es que no vive de cara al circuito, sino a media hora andando de él, cerca del metro de Mar de Cristal. Sin embargo, desde su cuarto, con la ventana cerrada, se escuchaba este martes cada pasada de los bólidos. “Si tienes un bebé, un hijo con autismo o personas enfermas en casa, ¿cómo lo soportas? Se supone que la administración está para protegernos de esto, no para incentivarlo”, afirma desde el salón de su apartamento.

Si a 740 metros es difícil hablar con las ventanas abiertas, a pie de pista los vecinos están desesperados. En la avenida Francisco Umbral, donde el circuito solo está separado de las viviendas por unas gradas y una calle, los niveles de ruido son incluso peligrosos para el oído. Una medición de este lunes de la plataforma vecinal Stop F1 marcó una media de 102,7 decibelios (dbA) y un pico de 109,1 dbA, prácticamente el doble de los 55 dbA que son el máximo permitido por el Ayuntamiento de Madrid en una zona residencial entre las 7:00 horas y las 23:00 horas, con un margen extra de cinco dbA que concede la ordenanza municipal.

Constantino Blanco, que forma parte de Stop F1, explica además a infoLibre que los niveles de ruido se miden en una escala logarítmica, de manera que 102 dbA no es el doble de agresivo que 55 dbA, sino que la intensidad es 27 veces mayor. Para hacerse una idea, esos niveles equivalen a estar a 10 metros de distancia de la sirena de una ambulancia o a un metro del tubo de escape de una moto, y se relacionan con un daño de las células nerviosas del oído y daños neurodegenerativos. 

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid, el competente en materia de ruido, explican que en este caso se aplica una "exención" como en casos de conciertos, aunque no aclaran a infoLibre cuál es el límite excepcional que se permitirá en este caso.

Paralelamente, esta semana se han acercado agentes del equipo de Medio Ambiente de la Policía Local de Madrid para medir el ruido en los alrededores del circuito y, según afirman los vecinos, les han explicado cómo denunciarlo al Ayuntamiento. Además de estas quejas, que ya se han presentado en masa, la plataforma estudia llevar el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, aunque antes tomarán mediciones con equipos profesionales durante el fin de semana del Gran Premio.

Con los niveles de ruido de estos días, cerrar las ventanas solo atenuó parte del problema. Este martes por la mañana, una medición oficial de la Policía municipal en el salón de un ático de primera línea que tenía las puertas y las ventanas cerradas, marcó 77 dBA, equivalente al tráfico de una gran avenida. 

Álvaro Rol, que vive en un piso con todas las ventanas al circuito, confía en que la carrera del día 13 se quede en una y no más porque su mujer teletrabaja todos los días y tienen un bebé de siete meses que esta semana no ha habido manera de dormir por las pruebas del circuito. "Confío en que lo paremos y que se quede en estos tres días porque no es solo las carreras. Las gradas del circuito son alquiladas y cada vez que quieran organizar una son tres meses de montaje", explica.

Cuando la plataforma Stop F1 se creó hace año y medio, la ambición de los vecinos era frenar por completo la organización de la carrera, pero la protesta no ha conseguido detener la ambición de José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema y gran arquitecto del proyecto, quien ha contado con el apoyo incondicional de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y presidenta de la Junta Rectora de Ifema.

Una vez que el circuito está ya construido, parece más complicado tumbar el proyecto, pero al mismo tiempo son cada vez más los vecinos que se oponen a este proyecto ya que sufren en primera persona las consecuencias. La gran duda es si tendrán que pelear solo para frenar el Gran Premio de F1, que tiene un contrato de diez años para celebrarse allí, o si además se sumarán carreras de motos, camiones o cualquier show que se le ocurra a los promotores de Ifema.

Inmaculada Gallego, portavoz de Stop F1, cree que si se han gastado alrededor de 200 millones en construir una pista de este tamaño, tratarán de explotarla al máximo con más carreras, aunque por ahora no hay ninguna más anunciada. Sin embargo, a estas alturas no se fían en absoluto de las intenciones de Ifema, que ya les engañó en la única reunión que tuvieron. "Nos hicieron dos promesas: serían tres días y no habría molestias para los vecinos. Las dos son mentira", resume.

Por si fuese poco, esta inversión millonaria que se ha hecho en la zona contrasta con la queja de los vecinos de Valdebebas, el barrio que rodea al circuito y en el que se estima que viven entre 40.000 y 50.000 personas, que denuncian que carecen de servicios básicos. Allí hay gente viviendo desde hace 15 años sin un centro de salud y apenas hay dos colegios y dos escuelas infantiles, con muchas dificultades para matricular a los niños debido a la escasez de plazas, aseguran.

Teresa Frübeck, vecina que vive frente al nuevo circuito, asegura que su barrio se ha convertido en un cúmulo de proyectos fallidos de la Comunidad de Madrid. "No tenemos centro de salud, pero tenemos un intercambiador de transportes fantasma, un hospital Zendal para poner vacunas y un autobús exprés que va vacío con un carril construido específicamente para él. Y ahora también un circuito mundial de Fórmula 1".

Las personas con menos recursos tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el estudio PaRIS, elaborado por la OCDE y el Ministerio de Sanidad, que analiza a las personas de 45 años o más usuarias de Atención Primaria y que, en un nuevo informe publicado a finales de julio de este año, se centra específicamente en los problemas de salud mental.

La diferencia más clara se observa entre las mujeres. Las que tienen menos renta presentan una prevalencia de problemas de salud mental del 30,3%, frente al 21% entre las mujeres con más ingresos, lo que suponen 9,3 puntos de diferencia. Entre los hombres, la brecha es menor, pero también existe: 16,7% entre los de menor renta frente al 12,5% entre los de mayor renta.

Otra de las variables en las que se centra el estudio es la disparidad entre los territorios. Los que tienen un mayor porcentaje de problemas de salud mental (PSM) son Ceuta, con un 31,3%, Melilla, con un 29,3%, Murcia, con un 25,2% y Andalucía, con un 24,4%. En estos territorios existe una correlación entre estas cifras y los datos de AROPE, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social.

Ceuta tiene un porcentaje de AROPE del 41,8%, Melilla del 36,7%, Andalucía del 37,5% y Murcia del 30,5%. En el otro extremo de la lista también existen coincidencias claras como País Vasco, con un PSM del 17% y un AROPE del 15,5% y Navarra con un 15,5% del primer indicador y un 17,2% del segundo. 

Sin embargo, el nivel de pobreza no es el único factor que puede explicar un aumento de los problemas de salud mental, ya que existen casos que se apartan de esta tendencia. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que teniendo el mismo PSM que Andalucía (24,4%) tiene una tasa de AROPE bastante más baja, del 19,4%. 

Aquí entra otra de las variables en las que el Ministerio de Salud lleva meses poniendo el foco: el lugar dónde se vive. En febrero de este año, la ministra Mónica García indicaba que “la salud muchas veces depende de nuestro código postal más que de nuestro código genético” y advertía del impacto que pueden tener en la salud mental factores urbanos como la vivienda, el ruido, la contaminación o la falta de espacios comunitarios.

El informe ahora publicado sigue esta línea y concluye que los problemas de salud mental son más frecuentes en ciudades grandes. Entre las mujeres, afectan al 29,1% de quienes viven en ciudades de más de 100.000 habitantes, frente al 25,9% de quienes residen en municipios de menos de 10.000 habitantes. Entre los hombres, la diferencia es del 16,6% frente al 12,3%.

Al observar los datos del INE sobre los hogares que ingresan menos de 1.500 euros, también se aprecia una relación entre los que viven en municipios de 50.000 habitantes y los problemas de salud mental. En Madrid, el 85,5% de los hogares con menos de 1.500 euros mensuales incluidos en esta estadística viven en municipios de más de 50.000 habitantes. En Navarra, la proporción ronda el 25,2%.

Al combinar pobreza y concentración urbana, la brecha se hace más clara. En los territorios donde ambas variables presentan valores más bajos, la prevalencia de problemas de salud mental es del 18,6%. En aquellos donde tanto la pobreza como la concentración urbana son más elevadas, asciende al 24,4%. La diferencia es de 5,8 puntos. Estos dos grupos corresponden, respectivamente, a los territorios situados en torno al percentil 25 y al percentil 75 en el indicador elaborado a partir de ambas variables. 

El resultado se repite cuando se mira específicamente a la población con menos ingresos. Entre los hogares que ganan menos de 1.500 euros al mes, cuanto mayor es la proporción que vive en municipios de más de 50.000 habitantes, mayor tiende a ser también el porcentaje de problemas de salud mental. Con esta segunda medida, la diferencia entre los territorios con menor y mayor concentración de hogares vulnerables en ciudades es de unos cinco puntos, del 18,9% al 23,8%.

La cerveza sin gluten está de moda. Así lo constata el Informe del consumo alimentario en España 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que recoge que la compra de este producto en los hogares españoles ha crecido un 21% en comparación con el año anterior. Un dato que choca directamente con el de la cerveza normal, cuyas compras se han reducido un 4,7%.

Dentro de los productos sin gluten, es también el que más crece, ya que en conjunto han aumentado en un 5,4%, muy por debajo del 21% registrado por la cerveza. Hay una primera razón de este crecimiento y no es otra que la médica. Esta es la única cerveza apta para las personas que padecen enfermedad celíaca y, según recoge la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el número de personas diagnosticadas no ha dejado de crecer en los últimos años gracias a una aplicación cada vez mejor de los protocolos de diagnóstico, alcanzando ya la cifra de 450.000 personas.

La cerveza normal se elabora habitualmente con cebada malteada y, por ello, suele contener gluten, por lo que estas bebidas se preparan con cereales naturalmente libres de esta proteína o mediante procesos destinados a reducirla. Sin embargo, el número de celíacos no puede responder por sí solo a estas cifras y aquí entra una segunda vertiente: consumir cervezas sin gluten pensando que son una opción más sana.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en 2021 analizó el consumo de productos sin gluten en personas sin ningún tipo de celiaquía y acabó concluyendo que aquellas que consideraban estos alimentos más sanos tenían un 69% más de probabilidades de incluirlos en sus dietas. Otro estudio llevado a cabo en Portugal llegó a una conclusión parecida al comprobar que los productos con la indicación “sin gluten” se percibían como más saludables, menos calóricos y menos procesados. 

Esto es lo que se conoce como health halo, que se produce cuando una característica real, en este caso, la ausencia de gluten, se convierte mentalmente en una cualidad saludable, aunque no exista una relación demostrada entre ambas. Y es que no existe hasta el momento un estudio científico que sostenga que este tipo de productos mejoran la salud de personas no celíacas.

En 2024, un grupo de investigadores siguió a 27 adultos sanos que durante cuatro semanas consumieron una dieta estrictamente sin gluten. La conclusión fue que, aparte de algunos pequeños efectos antiinflamatorios a corto plazo, el consumo de estos productos no produjo “una mejora cardiovascular global ni una mejora de la calidad de vida”.

Esto significa que un producto sin gluten no aporta por sí mismo ninguna mejora en la salud y, en el caso de la cerveza, no hay que olvidar que mantiene el resto de componentes perjudiciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es tajante en su posición frente al alcohol y afirma que no existe ninguna bebida alcohólica mejor o peor, ya que el compuesto responsable del riesgo es el etanol, independientemente de si llega al organismo a través de una cerveza con o sin gluten, un vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica.

La OMS recuerda que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer y que está relacionado causalmente con al menos siete tipos de cáncer. También señala que no se ha podido establecer un umbral por debajo del cual desaparezca este riesgo. De esta manera, entre dos cervezas con una graduación alcohólica similar, el hecho de que una no contenga gluten no elimina el riesgo sanitario derivado de su contenido en alcohol.

La Universidad del País Vasco publicó en 2025 un estudio que seguía esta misma línea. Los investigadores analizaron 60 muestras correspondientes a tres lotes de diez marcas comerciales, recogidas a lo largo de tres años y compararon cervezas a las que se había retirado el gluten con sus equivalentes que lo conservaban para estudiar dos grupos de compuestos que producen hinchazón y problemas intestinales, sobre todo en personas con problemas previos: los fructanos, pertenecientes a los FODMAP, y los inhibidores de amilasa/tripsina (ATI).

Tras el análisis, no encontraron diferencias significativas en el contenido total de ninguno de los dos componentes entre las bebidas con gluten y aquellas a las que se les había retirado. Los investigadores encontraron, además, que la cantidad de estos compuestos dependía más de otras características de la cerveza y de su elaboración. De esta manera, llegaron a la conclusión de que retirar el gluten no hace desaparecer automáticamente otros componentes de la cerveza que pueden presentar problemas digestivos para determinados grupos, lo que supone un mayor peligro si la sociedad empieza a ver las cervezas sin gluten como una alternativa más sana que la tradicional.

Trabajar expuesto al sol causa una de cada tres muertes por cáncer de piel (distinto al melanoma), según un informe publicado por Comisiones Obreras (CCOO) basado en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El calor cada vez es un factor más relevante en lo que se refiere a los riesgos laborales, y las estadísticas recogen un aumento en la incidencia de las dolencias derivadas de la exposición al sol y a las temperaturas extremas. Sin embargo, para expertos y sindicatos, las estadísticas aún distan mucho de estar bien afinadas y señalan un infrarreconocimiento en lo relativo a las muertes y accidentes por calor. Si a eso sumamos que enfermedades como el cáncer son difíciles de vincular con el trabajo y no tienen protocolos de reconocimiento claros, el resultado es un ecosistema menos seguro para los trabajadores.

En este marco es donde debe ubicarse el dato de muertes por cáncer de piel. “Hay otro peligro muy relevante, que se agudiza también en verano, y que pasa desapercibido en muchas ocasiones: la radiación ultravioleta”, afirma un informe de CCOO que señala a la radiación como responsable, en gran medida, de esta afección.

El calor y el cáncer son dos de los grandes agujeros negros en la prevención sobre los que las agrupaciones sindicales llevan tiempo poniendo el foco. “Pese a las evidencias, en España el cáncer de piel derivado de la exposición solar no está considerado una enfermedad profesional”, explican desde CCOO, que ha propuesto incluir esta afección en el grupo de enfermedades profesionales que recoge el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). “Esta realidad nos obliga a que la única forma que actualmente tenemos para declarar un cáncer de piel por exposición solar como contingencia profesional es tramitarlo como accidente de trabajo”, apuntan.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) sostiene que entre 4.000 y 8.000 cánceres detectados en España tienen un origen laboral, sobre un total de diagnósticos que en 2025 superó los 296.000 casos. Sin embargo, oficialmente solo 119 casos de cáncer se han podido vincular con el desarrollo de la actividad profesional. Un dato que contrasta con las estimaciones científicas y con la opinión de la Comisión Europea, la cual recoge que "el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea, con una incidencia del 53% del total de las muertes laborales cada año (frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias)".

La dificultad para establecer una relación causal deriva de que muchos agentes carcinógenos no están reconocidos por el INSS, por ejemplo, el gas radón o la propia exposición continuada al sol. Además, cuando se trata de enfermedades cuya latencia y evolución se estira en el tiempo, reclamar resulta más difícil y suele conducir a un proceso judicial por el que no todo el mundo quiere pasar, sobre todo si se trata de una persona con una enfermedad grave.

En el caso del cáncer de piel, desde CCOO señalan que, si no se reconoce el origen laboral de esta enfermedad, tampoco las medidas para evitarlo podrán ser efectivas y la lista de casos seguirá aumentando. Más en un contexto de cambio climático donde las olas de calor y los días soleados se suceden. De hecho, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que en la UE existen 14,5 millones de trabajadores expuestos a radiación solar durante al menos el 75% de su jornada laboral.

“A nivel de empresa es importante porque, si se reconoce la enfermedad, se debe revisar la evaluación de riesgos y adoptar las medidas preventivas necesarias”, apunta el documento. Además, su reconocimiento como enfermedad profesional implicaría mejores prestaciones económicas para el afectado o para sus familiares, en caso de fallecimiento, y mayores multas para las empresas que deliberadamente expongan a sus trabajadores no aplicando las medidas preventivas necesarias.

Agricultores, obreros de la construcción, personal de carreteras, servicios de limpieza, jardineros… son algunas de las profesiones que más se exponen a un fenómeno que continuará agravándose a medida que el cambio climático avanza, pero además son oficios que ya tienen niveles altos de siniestralidad laboral. La OMS estima que la exposición prolongada a la radiación solar puede incrementar el riesgo de padecer un cáncer en la piel hasta un 60%. Además, han mostrado que entre 2000 y 2019, las muertes por cáncer de piel que se pueden identificar como directamente relacionadas con la exposición a radiación solar durante el trabajo casi se duplicaron, pasando de 10.088 fallecimientos a 18.960. Es decir, la incidencia está aumentando más de un 80% en 19 años al ritmo de la crisis climática.

Por ello, la actividad sindical ha comenzado a poner más atención en los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores a largo plazo. “Hay que señalar que la incidencia del melanoma está aumentando más rápidamente que cualquier otra forma de cáncer (con la excepción del cáncer de pulmón en las mujeres)”, recoge el documento.

De hecho, la nueva ley de riesgos laborales que el Gobierno lleva tiempo intentando adaptar contempla, entre otras cosas, actualizar los riesgos profesionales por calor, aunque por el momento sigue atascada y aún le falta un largo camino antes de entrar en vigor. Este nuevo texto reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo y, por tanto, la salud de los trabajadores, por lo que obliga a las empresas a crear planes específicos para olas de calor, riadas u otros fenómenos extremos.

Además, regula los tiempos de exposición a olas de calor y pone el acento en el infrarregistro que existe en torno a los accidentes laborales por temperaturas extremas. Sin embargo, aunque ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social, la norma tiene pendiente el trámite parlamentario, donde previsiblemente tendrá problemas para salir adelante.

En lo que llevamos de verano, España ya suma 33 casos en humanos de fiebre del Nilo occidental y el pasado 5 de agosto se registró la primera muerte por esta enfermedad en Dos Hermanas (Sevilla). Andalucía es el territorio que más casos registra, con 29, seguida de Extremadura, con tres, y Alicante, con uno. 

Desde que se detectó el primer caso en humanos en España, en 2004, la presencia de este virus se ha convertido en una realidad cada vez más habitual en nuestro país. El gran punto de inflexión fue en 2020, cuando se registraron 77 casos humanos y ocho fallecimientos. Le siguieron un par de años con una incidencia menor, pero en 2024 se alcanzó un récord de 158 casos. En 2025 se notificaron 45 casos y cinco fallecimientos, que, aunque fueron cifras menores a las del año anterior, mantuvieron una tendencia preocupante.

El virus se transmite a través de las picaduras de los mosquitos, lo que ayuda a entender su expansión en los últimos años. Aunque son muchos los factores que intervienen en su propagación, los veranos cada vez más cálidos y las primaveras lluviosas favorecen en gran medida al crecimiento de las poblaciones de mosquitos y hacen más probable la transmisión del virus.

Sin embargo, el ciclo de transmisión de este virus comienza en las aves, que actúan como reservorio, porque pueden mantenerlo durante mucho tiempo en su sangre sin presentar síntomas graves. Desde ellas, el virus puede pasar a los humanos y a otros animales, principalmente los équidos (caballos, burros, etc.). “Nosotros tenemos viremias, es decir, la presencia del virus en sangre es de menor intensidad y de duración más corta; por lo tanto, no somos tan buenos mantenedores de la circulación del virus como las aves”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de España.

Aunque en los humanos la infección suele ser asintomática, en ocasiones se traduce en la llamada fiebre del Nilo occidental, que provoca fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, malestar general y, en ocasiones, síntomas digestivos. “Cuando la infección afecta al sistema nervioso central puede aparecer la forma neuroinvasiva, con encefalitis, meningitis o meningoencefalitis”, relata Fernández.

El mayor obstáculo a la hora de luchar contra esta enfermedad es que “no existe actualmente una vacuna para las personas ni un tratamiento antiviral específico”, por lo que las principales herramientas para tratar de frenar su propagación son la prevención y la detección precoz. “La vigilancia no se tiene que hacer cuando ya hay casos”, indica Fernández, sino que “hay que mantener siempre un plan de vigilancia importante”.

Por esta razón, desde hace años el Ministerio de Agricultura activa, desde los meses de marzo y abril hasta enero del año siguiente, el Programa de Vigilancia de la Fiebre del Nilo que articula sus acciones preventivas en tres niveles: aves, mosquitos y équidos. 

En el caso de las aves, la vigilancia es relativamente sencilla, ya que es fácil seguir el rastro del virus a través de la investigación de ejemplares enfermos o muertos y el muestreo específico en poblaciones de diferentes especies. Este sistema permitió detectar los primeros positivos animales de 2026 a través del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, referente en esta enfermedad.

Los problemas surgen con la vigilancia entomológica, es decir, la referida a los mosquitos. Aunque es un paso imprescindible para conocer la época de actividad del vector y localizar las zonas donde existe mayor riesgo potencial, no es sencillo llevarla a cabo solo con el uso de trampas. “Los científicos no podemos medir continuamente cuántos mosquitos hay en todos los lugares y por eso la ciencia ciudadana es tan valiosa”, indica Frederic Bartumeus, ecólogo del CSIC y codirector de la aplicación Mosquito Alert, la mayor ayuda en esta misión.

Con ella, cualquier ciudadano puede documentar con una foto los mosquitos que encuentra y su localización, además de registrar las picaduras que ha sufrido. Aunque la plataforma no sustituye a las trampas oficiales ni constituye por sí sola el sistema de vigilancia del virus del Nilo, sí que aporta una red de observación mucho más extensa y permite detectar cambios en la distribución y actividad de los mosquitos.

Desde su creación en 2014, Mosquito Alert ha contribuido a detectar la presencia por primera vez del mosquito de Japón en 2018 y los primeros descubrimientos del mosquito tigre en Andalucía en 2014 y en otras comunidades a partir del 2023.

El tercer nivel de vigilancia son los équidos, especialmente los caballos. Según explica el propio Ministerio de Agricultura, estos animales no son un reservorio del virus ni una fuente relevante para infectar a nuevos mosquitos, sino que actúan como “fondo de saco epidemiológico” porque la cantidad de virus que alcanzan en sangre no es suficientemente elevada para que un mosquito se infecte al picarlos. Por eso, cuando se detecta un caballo infectado, el objetivo no es evitar una transmisión entre animales, sino investigar de dónde procede la infección y comprobar si el virus está circulando en la zona.

El ministerio establece, en su programa de actuación en explotaciones equinas, que ante un caso confirmado debe reforzarse la vigilancia en las explotaciones de la zona. Esto incluye el censo de los animales, una encuesta epidemiológica, inspecciones clínicas y controles serológicos para conocer hasta dónde se ha extendido la infección. La vigilancia debe intensificarse especialmente alrededor de los humedales de riesgo.

Para que este sistema funcione es fundamental la colaboración de ganaderos y veterinarios. La guía considera “imprescindible” su participación para detectar animales con síntomas compatibles y comunicar las sospechas. Además, como solo una parte de los caballos infectados desarrolla signos clínicos, el ministerio contempla utilizar “équidos centinela” en determinadas zonas de riesgo: animales inicialmente seronegativos y no vacunados a los que se realizan controles periódicos para detectar si han entrado en contacto con el virus.

Los caballos tienen además una posibilidad de protección que no existe para las personas: la vacunación. Agricultura recomienda la vacunación preventiva especialmente en las zonas consideradas de mayor riesgo y también en animales que vayan a desplazarse a ellas. La Agencia Europea de Medicamentos mantiene actualmente autorizadas vacunas veterinarias como Equip WNV y Equilis West Nile, destinadas a la inmunización de caballos.

De esta manera, estos tres niveles son la mejor herramienta a la hora de conseguir controlar un virus cada vez más común y que, en casos concretos, puede llegar a provocar la muerte. “Vigilar a todos los niveles es la forma de luchar contra esta enfermedad”, concluye Fernández.

Mientras la mortalidad por calor crece rápidamente en el centro y el sur de Europa por el impacto del cambio climático, la cifra de fallecimientos laborales debido a los golpes de calor permanece casi congelada desde hace una década. En España, uno de los países más afectados por las altas temperaturas, estos accidentes de trabajo se cuentan cada año con los dedos de una mano. La estadística oficial del Ministerio de Trabajo solo reconoce 25 víctimas en su puesto de trabajo en la última década, el 0,34% de los 7.444 accidentes mortales ocurridos entre 2016 y 2025.

Los expertos en accidentes laborales no creen, en absoluto, que sea porque los empresarios están tomando medidas de prevención laboral para compensar los veranos tórridos, sino que hay un profundo problema a la hora de trasladar estos accidentes a las estadísticas. Mientras que los estudios sobre la relación entre la mortalidad y el cambio climático están muy avanzados en el área de salud pública, la salud laboral tiene todavía esa asignatura pendiente.

Sergio Salas, investigador en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), considera que hay tres agujeros en el sistema que impiden contabilizar correctamente estas muertes: que a menudo no se establece una relación entre el calor y la enfermedad que causó la muerte, que el fallecimiento ocurre horas o días después de la exposición al calor y que las empresas suelen batallar para que la muerte no sea reconocida como accidente de trabajo. "Es difícil saber cuál de las tres tiene más peso porque no hay estudios al respecto, pero desde luego las estadísticas no reflejan la realidad", asegura. 

Los dos primeros problemas radican en que no siempre es fácil determinar que las altas temperaturas están detrás de un desenlace fatal. Un golpe de calor es fácil de identificar porque el cuerpo se calienta muy rápido y no consigue enfriarse, y suele ir acompañado de mareos, confusión, enrojecimiento de la piel, entre otros síntomas. Pero el fallecimiento puede ocurrir hasta 72 horas después. "Si es por causas circulatorias puede ser inmediato, pero si es por causas respiratorias, neurológicas o renales, puede retrasarse hasta tres días", señala Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III.

Ese desfase entre la exposición al calor y el fallecimiento del trabajador provoca que, en muchos casos, la muerte quede registrada como consecuencia de un problema de salud fortuito. Quizás su cuerpo colapsó ese fin de semana haciendo deporte por el esfuerzo acumulado, o se desplomó en la ducha de su casa al día siguiente de trabajar en plena ola de calor. "Si no se hacen las preguntas adecuadas a la víctima, a su familia o a sus compañeros de trabajo, no hay manera de establecer una relación en esos casos", resume Salas.

Otra dificultad añadida en el diagnóstico es el amplio abanico de dolencias que puede desencadenar la exposición continua a altas temperaturas, de manera que cuando el paciente entra en Urgencias, no parece que sea víctima de una negligencia de su empresa, ya que el efecto del calor se camufla detrás de un cuadro clínico más complejo.

El título de un estudio de 2017 resume perfectamente este problema: 27 maneras en las que el calor puede matarte, publicado por la Asociación estadounidense de Cardiología. El trabajo describe que la exposición a las altas temperaturas –sin que se produzca necesariamente un golpe de calor– puede dañar hasta siete órganos (cerebro, corazón, intestinos, riñones, hígado, pulmones y páncreas), de cinco formas diferentes: isquemia, hipertermia citotóxica, inflamación, coagulación intravascular diseminada y rabdomiólisis.

"De 35 combinaciones posibles, encontramos evidencia médica de 27 vías diferentes por las cuales los mecanismos fisiológicos desencadenados por el calor pueden conducir a la insuficiencia orgánica y, finalmente, a la muerte", concluyen los investigadores.

Por ejemplo, la rabdomiólisis, que afecta normalmente a deportistas, se produce cuando el calor intenso degrada y rompe las células musculares, liberando mioglobina, una proteína tóxica que puede causar insuficiencia renal. Si ese proceso, en un caso extremo, acaba con la vida de una persona tres días después de haber cavado una zanja a pleno sol, no hay manera de relacionar la dolencia con su trabajo si no se realiza una autopsia y se investiga a la empresa.

A las dificultades sanitarias se suma un problema que es tan antiguo como la legislación de prevención de riesgos laborales: las empresas tratan a toda costa de desligarse de la muerte de uno de sus empleados para evitar investigaciones de la inspección de trabajo o responsabilidades administrativas o penales por el accidente.

La ley determina que una empresa es responsable de todo accidente que ocurre en sus instalaciones, pero en sectores más propensos a accidentes es común que se trate de responsabilizar al trabajador: por no llevar el arnés colocado correctamente si se cae de un andamio o por no haber parado para refrescarse si estaba sufriendo una hipertermia.

Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid, trabaja en un sector con una alta mortalidad y explica que estas batallas legales son habituales. De hecho, la semana pasada presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo a raíz de la muerte de un trabajador por un golpe de calor fulminante durante la construcción de una instalación eléctrica, en un día catalogado por ola de calor en Paracuellos del Jarama (Madrid). "Hemos denunciado porque hemos pedido el parte de fallecimiento y no nos lo dan. Creemos que no quieren reconocerlo", valora.

El representante sindical asegura que esta pugna es su día a día. "Las empresas pelean para que no se reconozca su responsabilidad porque supone una inspección de trabajo, tener al comité de empresa encima de ellos…", explica. Por desgracia, añade, muchas de estas disputas terminan dando la razón al empleador porque la víctima no cumplía con todas las precauciones, aunque Pinilla subraya que esto ocurre por la presión a la que están sometidos. "En industria hay un alto porcentaje de víctimas en las que se determina que la culpa del fallecimiento es del trabajador. Está claro que es él quien se accidenta, pero es por las prisas, por la falta de medios adecuados o por la falta de formación", señala.

Un caso ocurrido el año pasado en Lleida retrata hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos empleadores para librarse de la responsabilidad. Un temporero de 61 años falleció en Torres de Segre en agosto de 2025 por un evidente golpe de calor poco después de avisar a su encargada de que se encontraba mal. Sin embargo, esta le contestó que descansase debajo de un árbol en lugar de llamar a la ambulancia, según el relato recogido por El País. 

Según cuenta ahora a infoLibre Mireia Martínez, abogada laboralista, la empresa llegó a argumentar a la Inspección de Trabajo que la víctima había bebido para culparla de lo ocurrido. "Le dijeron al inspector que estaba borracho y que el alcohol había agravado el shock por el calor. Por desgracia, es habitual que las empresas peleen hasta el final para evitar una responsabilidad penal", afirma.

El 8 de agosto se celebró el Día del Orgasmo Femenino, una de esas efemérides extrañas que no se sabe muy bien de dónde salen pero que acaban sirviendo para que, al menos un día al año, todo el mundo hable del asunto. Y justo por esas fechas, además, se cumplía medio siglo de la publicación del Informe Hite, el tratado sobre sexualidad femenina escrito por Shere Hite, aniversario, además, muy relacionado con lo anterior y del que pocos medios se hicieron eco. Sin embargo, el Informe Hite supuso una completa revolución en el acercamiento a la sexualidad femenina; una revolución que hoy sabemos inacabada.

Últimamente me andaba yo quejando de que al feminismo le pasa que siempre parece que empieza de cero. Las teóricas y las activistas escriben, enseñan, debaten, explican…y después el tiempo entierra la mayor parte de lo aprendido; se hace el silencio y, pasado un tiempo, se produce otra ola de feminismo, con sus características propias, se producen avances, redescubrimos lo anterior… y luego viene un retroceso. Sí, no nos tomemos a la ligera que hay un movimiento político que está discutiendo, en serio, la posibilidad de abolir el voto femenino. Nuestros saberes y experiencias siempre son frágiles y están bajo amenaza. Es fácil arrinconarlos en una esquina del sentido común y dejarlos convertidos en saberes minoritarios que alguna vez alguien volverá, quizá, a descubrir y sacar a la luz. 

La feminista Ruby Rich es autora de una frase que yo siempre tengo presente: “Es imposible dar demasiada importancia a la sexualidad como problema para las mujeres”. Hablemos pues, de sexo, feminismo, y un poquito de mí misma, porque el Informe Hite no me lo leí, sino que prácticamente me lo bebí. Yo era, cuando se publicó y llegó a España, una feminista muy joven y muy aguerrida. El feminismo de los años 70 y 80 mantuvo, interna y externamente, una prodigiosa conversación sobre sexualidad que a las feministas de aquellos años nos hizo mucho más libres y felices, y que debería haber servido para sentar las bases de la sexualidad de las futuras generaciones de mujeres. Pero no. Mucho antes de que la reacción patriarcal se hiciera explícita con propuestas reaccionarias y contrarias a los avances de estos años, ya se había producido un retroceso o invisibilización cultural que nos sitúa casi en el punto de partida. No es este el espacio para desarrollar una teoría feminista sobre sexualidad, pero sí es el espacio para mencionar que nos falta una teoría feminista del deseo y una agenda sexual capaz de cuestionar los significados sexosimbólicos del patriarcado al tiempo que ofrezca placer y felicidad a las mujeres. Necesitamos volver a considerar el placer de las mujeres como una cuestión política, porque está desapareciendo en un magma de sexualidad androcéntrica y profundamente machista en donde nuestra sexualidad corre el riesgo de convertirse (si no lo ha hecho ya) en una performance para mayor gloria (y placer) de ellos. 

Hace 50 años Shere Hite realizó una encuesta sexual a miles de mujeres y demostró que la inmensa mayoría de ellas (de nosotras) no obtienen placer con la penetración y que las pocas que lo obtienen suele ser porque, al mismo tiempo, reciben estimulación en el clítoris. Esto, que todas sabemos, no es un saber general ni socialmente aceptado. Y la culpa no es sólo del porno, el actual libro de texto sobre sexualidad de los adolescentes, sino que es lo que se nos enseña incluso en las representaciones sexuales más triviales y menos ofensivas: series, películas, novelas, representaciones gráficas, etc. Todas las representaciones sexuales heterosexuales que vemos y que no provienen del porno son del tipo: se encuentran, se besan, se acarician diez segundos, se la mete, se corren a la vez. Las variaciones más frecuentes son aquellas en las que ella se la chupa y entonces el que se corre es él. (Si hablamos de porno, entonces la cosa está en otro nivel). Me gustaría decir a los adolescentes, ellos y ellas, que no se crean nada de eso, que es mentira, que la cosa no funciona así. Ellos puede que no lleguen a saberlo nunca y ellas lo sabrán, pero para cuando se den cuenta seguramente piensen que es culpa suya, que hacen algo mal. 

Siempre que digo esto se me echan encima varias mujeres que me dicen, “eso serás tú, yo tengo muchísimos orgasmos con Pepe”. Bueno, cada cual es cada cual y sí, hay de todo, pero no me cabe duda (a las investigadoras tampoco) de que hay una bolsa enorme y oculta de mujeres que se avergüenzan de reconocer que no se corren tanto como dicen. La verdad es que hay más orgasmos fingidos en este mundo que gotas en el mar y estrellas en el cielo. Diré más, y de esto estoy completamente segura y pondría las dos manos en el fuego: lo que primero aprendemos las mujeres del sexo es a fingir convincentemente un orgasmo. La primera vergüenza del sexo es la falta de orgasmo, que nos produce pudor cuando se supone que tenemos que tenerlo, igual que nos avergüenzan nuestros pelos púbicos, nuestra celulitis, nuestra menstruación y, en general, cualquier cosa nuestra que no se ajuste a lo que debemos ser y parecer en este sistema patriarcal. 

Con los orgasmos femeninos y con la penetración pasa lo mismo. No, no está superado. El mundo de la sexualidad sigue girando en torno a la penetración y, en todo caso, a la absoluta imposibilidad de imaginar una relación heterosexual que no la incluya. Aprovechando el Día del Orgasmo Femenino aparecieron varios informes que revelaban que muchas chicas no saben identificar el clítoris ni saben siquiera asegurar si han tenido un orgasmo. No quiero ni pensar lo que sabrán ellos. ¿Superado? En absoluto, por eso volvemos a hablar de ello. Estamos redescubriendo el clítoris. He vuelto a ver, en las redes sociales, vídeos y post informativos en donde aparecen los dibujitos de la rajita rosada con su flor en el centro y he vuelto a leer explicaciones acerca de su utilidad y sobre el número de terminaciones nerviosas que tiene ese pedazo de carne (son muchas, muchísimas). Así que sí, volvemos a hablar del clítoris del que escribió tanto Shere Hite. Ahora, otra vez, muchas chicas entenderán por qué no se corren con un coito “normal” y dejarán de pensar que la culpa es suya. ¿Imagináis un mundo en el que, de tanto en tanto, nos olvidáramos todas y todos de cómo funciona sexualmente un pene? En mi época heterosexual y juvenil solía hacer bromas con eso, no siempre bien comprendidas, por cierto. 

-¿Qué me dices que te gusta hacer con eso? — Era mi pregunta disruptiva preferida, y hay que decir que no siempre acababa bien. (El humor y el sexo es una combinación que no es para todos los paladares). 

Pero, en serio: ¿y si nos olvidáramos de la centralidad de la penetración ineludible y ésta pasara a ser una práctica más, quizá minoritaria? ¿Y si nadie diera por hecho que el final de un calentón es un coito? ¿Y si en cada ocasión pudiéramos poner en común lo que más le gusta a cada uno y una, llegar a acuerdos placenteros y nada se diera por sabido antes de un encuentro sexual? ¿Y si Broncano dejara de hacer preguntas absurdas y machistas?

¿Qué pasaría en este mundo? Pues, aunque no lo pensemos en cada interacción sexual, y aun a riesgo de parecer una feminista loca de aquellas (bueno, soy un poco de esas), derribar la centralidad de la penetración supondría hacerle un agujero terrible al patriarcado. Porque han construido un mundo a su medida, a medida de un órgano que les supone placer, pero también poder; con el que follan con amor y cuidado pero también con el que violan. Con el que pretenden dar placer, pero con el que a veces les gusta castigar. Con el que se sienten poderosos, pero que les hace muy frágiles y sobre el que se construye una parte enorme de la subjetividad sexual masculina, que es como decir la subjetividad masculina, sin más.

Nada de esto es nuevo, ya está escrito, teorizado, discutido e incluso practicado. Ahora sólo queda que se sepa, que ellos lo sepan, que nosotras lo explicitemos, que la sexualidad nos ofrezca las mismas posibilidades de placer a unos y otras. Y para todo esto, nada como leer el Informe Hite 50 años después y reconocer su inmensa aportación al conocimiento y a la libertad de las mujeres. Celebremos como se merece a una de las indiscutibles madres fundadoras del feminismo y honremos lo que aprendimos con ella. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

“Fumar es una virtud”, decía Rajoy allá por 1996. Y por si quedaban dudas, en 2004 aclaraba: “Fumo todos los puros que me da la gana”. Tres años después completó el repertorio con el famoso “¡Viva el vino!” contra una campaña de prevención sobre el consumo de alcohol. Le siguió Aznar, diciendo que a él nadie le iba a decir cuántas copas de vino podía beber antes de ponerse al volante del coche. En 2020 nos extrañamos de que Ayuso resignificara la libertad como el derecho a tomar cañitas en plena pandemia, pero no hacía más que seguir una tradición.

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un nuevo proyecto de ley antitabaco, que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria, algo que se prevé difícil tanto por los tiempos como por los apoyos necesarios. Esta propuesta amplía los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales. Se prohíbe el consumo de productos del tabaco por parte de menores de edad, se equipara el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco en los espacios donde esté prohibido fumar y solo se podrán vender estos productos en tiendas especializadas.

Las reacciones no se han hecho esperar. Esta vez ha sido Ayuso la que ha tildado la ley de “furibunda y ridícula”, Feijóo no ha dudado en decir que se trata de una “cortina de humo” para tapar los casos de corrupción —quizá pensaba que estaba haciendo un juego de palabras— y los hosteleros han vuelto a poner el grito en el cielo alertando sobre pérdidas millonarias en el sector, e incluso llegando a decir que hay 300.000 empleos en riesgo.

Afortunadamente, esto lo hemos vivido ya. Desde 1988 llevan aprobándose restricciones al tabaco, pero fue en 2011 cuando Leire Pajín, ministra de Sanidad, aprobó la primera ley antitabaco que prohibía fumar en espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre, como espacios escolares o parques infantiles. Los hosteleros se manifestaron en las calles, alertaron de que el sector estaba cayendo en la ruina y que el turismo iba a resentirse notablemente. Rajoy dijo que era una ley extremista y que ya la cambiaría cuando gobernara. Unos y otros avisaban de los enormes conflictos sociales que se iban a producir cuando la ley entrara en vigor.

2 de enero de 2011. Llegó el momento. La ley entró en vigor. ¿Qué ocurrió? Nada. Absolutamente nada. Las mismas generaciones que habíamos fumado en clase o haciendo exámenes en la facultad, que habíamos visto cómo médicos y enfermeras fumaban en las consultas, que entrábamos en autobuses urbanos, trenes y aviones llenos de humo y que no concebíamos tomar unas cañas o terminar una cena en un restaurante con amigos sin encender un cigarro, habíamos entendido ya que aquello no podía ser y que era hora de cambiar. Es este un caso paradigmático, que se enseña en las facultades, de cómo cuando en la sociedad civil se establecen los consensos, los cambios normativos no solo se entienden, sino que se acogen de buen grado. Incluso quienes siguen fumando asumen sin problemas que no es de recibo hacerlo en espacios públicos, que molestan a quienes ya han dejado el hábito o no lo han tenido nunca, y a todos nos parecen una asquerosidad esas escenas de ceniceros llenos de colillas en consultas médicas, despachos de profesores o restaurantes.

En cuanto a la hostelería, el sector mueve hoy, pese a todas las restricciones del tabaco, 166.000 millones de euros de facturación y 1,85 millones de empleos. No va a arruinarse por impedir que se fume en las terrazas, máxime cuando cada vez somos más quienes agradecemos no tener que respirar el humo de otros, y menos quienes se molestan por levantarse y apartarse un momento para encender el cigarrillo.

Por todo esto, resulta hoy difícil de comprender que haya quien siga sin entender que la sociedad ha cambiado en este aspecto y que, si esta nueva ley entra en vigor, seguirá sin romperse España, no habrá disturbios por las calles, no se perderán —por ese motivo— esos 300.000 empleos en la hostelería ni se acabará el mundo. Que busquen otro motivo para el apocalipsis, porque no vendrá de la mano de la nueva ley antitabaco.

He aquí otro ejemplo de cómo la buena política salva vidas. Con las autoridades avanzando en salud pública y la sociedad civil consciente de los riesgos del tabaquismo y apostando por un aire lo más limpio posible (sí, otro día hablaremos del humo de los coches).

España arde, el aire de España se contamina por los incendios. Queman el monte y cambian el aire de las ciudades y pueblos. No es un humo cualquiera que en poco tiempo desaparece en el aire; es persistente en sus efectos y duración. Emponzoña mucho, de forma muy diferente a como lo hacen las gasolinas y sus similares. La mala calidad del aire de estas últimas forma ya parte de nuestras vidas; además, lo que no se ve y apenas huele se sumerge en el amplio mundo de la desatención y del olvido. En cierta manera, vivimos muriendo cada día un poco.

Siempre que quiero informarme, asesorarme sobre temas de calidad del aire urbano y salud, acudo a dos sensatas y sólidas fuentes de información: el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el ISGlobal de Barcelona. En esta ocasión, busco si se parecen los humos de los incendios a la contaminación “normal” del aire. En un artículo publicado por el segundo centro de investigación me encuentro con una primera diferencia notable: la contaminación del aire por los incendios viaja impulsada por los fuertes vientos y calores a cientos de kilómetros. Seguramente todos estaremos enterados de que durante los recientes incendios las autoridades sanitarias habían rogado encarecidamente el confinamiento en algunas poblaciones cercanas. Eran taxativos: su salud depende de la calidad del aire que respire, con una persistencia de riesgos asociados que no se terminan enseguida.

Abundemos en esta cuestión. En el reciente incendio Toledo-Ávila- Madrid los vientos habían llevado la contaminación, habían empeorado gravemente la calidad del aire, hasta la capital del Estado. Avisa el ISGlobal: “El humo de los incendios forestales no es simplemente "polvo" u hollín. Es una mezcla compleja y cambiante de gases y partículas finas (PM₂.₅), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Su mezcla exacta depende del tipo de vegetación que arde y de las condiciones de combustión”. De hecho, en estos incendios tan graves los niveles de partículas finas pueden superar los máximos permitidos y exponer a grandes grupos de población, algunos millones en este caso, a niveles peligrosos de contaminación.

El ISGlobal no habla de oídas. Ha liderado, con la participación de otros centros de investigación europeos, el proyecto CATALYPSE entre 2004 y 2022. Las conclusiones del trabajo se publicaron en The Lancet Planetary Health en agosto del año pasado. Entre sus conclusiones más importantes y relacionadas con la vida diaria, citamos casi textualmente: la exposición a corto plazo al humo de los incendios forestales causó una media de 535 muertes al año en Europa. Advierte que considerar las partículas PM₂.₅ procedentes del humo como equivalentes a las de otras fuentes, como el tráfico, conduciría a infravalorar significativamente su impacto sobre la mortalidad. Además, insiste una vez más en que “los efectos más inmediatos se observan en los sistemas respiratorio y cardiovascular”. Niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades previas constituyen los grupos más vulnerables, registrándose un aumento de las visitas a los servicios de urgencias durante los episodios de humo.

Por si se habían olvidado a las muchas personas que en Madrid parece que no tomaron medidas precautorias, a la vista de la ocupación de terrazas en los bares, repetimos las medidas que el Ministerio de Sanidad recomendaba, entre otras, para estos sucesos: permanecer en espacios interiores, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado; utilizar una mascarilla FFP2 o N95 si es necesario salir al exterior; mantener una buena hidratación bebiendo agua con frecuencia y evitando el consumo de alcohol o bebidas con cafeína; seguir los avisos oficiales sobre la calidad del aire y las recomendaciones de las autoridades de salud pública.

El Ayuntamiento de Madrid añadía otros más: no realizar actividades deportivas al aire libre; mantenerse informados permanentemente; acudir a los centros sanitarios en caso de alteraciones respiratorias.

Conocer el porcentaje de personas que siguieron estas recomendaciones daría una imagen de cultura del riesgo social, también de credibilidad en las instituciones. Recordemos que la salud también es una construcción particular y no solamente sanitaria.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Europa acumula ya este verano más de 160 casos de virus del Nilo Occidental repartidos en siete países. 94 en Italia, 42 en Grecia, 16 en España, siete en Macedonia del Norte, cinco en Rumanía, dos en Francia y uno en Alemania. A ello se suman otras enfermedades como el chikungunya o el dengue, que en España ya acumulan 108 y 124 casos importados respectivamente y que cada vez son más habitual en territorios donde el aumento de las temperaturas favorece la presencia de los mosquitos que las transmiten.

El punto en común de estas enfermedades es que son transmitidas por la picadura de mosquitos, cuyos patrones de distribución y actividad están cambiando. “Lo que más estamos viendo ahora mismo es el impacto sobre los insectos y otros artrópodos. Si aumenta la población de estos vectores, también aumenta la probabilidad de que haya ejemplares infectados y, por tanto, la posibilidad de transmisión a las personas. Eso no significa que todas las picaduras provoquen una enfermedad, pero sí aumenta el riesgo”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Aunque las altas temperaturas son uno de los factores que explican estos cambios, desde el ámbito científico advierten de que no hay que caer en discursos simplistas que reducen el fenómeno a la idea de que “a más calor, más mosquitos”.

"Hay que desmontar un poco ese mito, porque en principio es así, pero no es tan fácil", describe Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC) y codirector de la aplicación Mosquito Alert. Explica que “los mosquitos tienen óptimos térmicos, necesitan unas condiciones concretas de temperatura y humedad para sobrevivir y reproducirse. Cuando el calor es extremo y se combina con sequía, su actividad disminuye”.

De hecho, durante las sucesivas olas de calor registradas este verano en Cataluña, los investigadores han observado un descenso de las poblaciones. “Paradójicamente, un otoño lluvioso podría favorecer un repunte mayor que el propio verano”, destaca Bartumeus, que añade que el principal efecto del cambio climático “no será necesariamente un aumento constante del número de mosquitos, sino una modificación de sus patrones de actividad”.

“Esto provocará que los picos de abundancia se desplacen del verano al otoño o que tengamos actividad de mosquitos en diciembre porque el invierno tarda más en llegar, mientras que el verano sea demasiado extremo para ellos”, explica.

Otro de los factores que influyen en la distribución de estos insectos es la geografía, lo que estaría favoreciendo su expansión en países del centro y norte de Europa y que, si las temperaturas siguen aumentando, podría provocar el fenómeno contrario en parte del Mediterráneo debido al exceso de calor y la escasez de agua. “Si hablamos del centro o norte de Europa, el cambio climático sí puede permitir que especies que antes apenas encontraban condiciones adecuadas ahora las tengan durante más meses. Pero España ya parte de un clima donde siempre ha habido mosquitos; aquí el exceso de temperatura puede incluso dificultarles la vida”, resume.

Un factor que tampoco puede ignorarse para entender el crecimiento de estas enfermedades es la movilidad global. Muchos de estos virus llegan a Europa a través de viajeros infectados procedentes de América Latina, Asia o África y, cuando un mosquito local pica a esa persona, puede iniciarse una cadena de transmisión autóctona.

“La movilidad humana ha cambiado muchísimo en los últimos diez o 15 años y eso también explica el aumento del riesgo”, relata Bartumeus, que pone como ejemplo una de las investigaciones que ha llevado a cabo, cuya principal conclusión es que la expansión del mosquito tigre por España ha estado estrechamente relacionada con el tráfico por carretera. “Su expansión está muy asociada a la movilidad en coche de los españoles y a las principales carreteras. El mosquito se mete en los vehículos y puede colonizar nuevas ciudades mucho más rápido de lo que lo haría volando”.

A su proliferación también se suman las alteraciones en las migraciones de las aves. Fernández explica que España es un importante punto de paso para aves procedentes de África y que estos animales pueden transportar garrapatas infectadas, que posteriormente transmiten virus a la fauna silvestre. "Al final, cuanto mayor es la población de mosquitos y garrapatas, mayor es también la probabilidad de que existan ejemplares infectados. Es una cuestión de probabilidad", resume la especialista.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) advierte de que los efectos del cambio climático sobre la salud no se limitan a los mosquitos. El aumento de las temperaturas incrementa también el riesgo de intoxicaciones alimentarias por la proliferación de bacterias, favorece infecciones como la vibriosis tras el baño en aguas costeras de baja salinidad y prolonga la temporada de actividad de las garrapatas, responsables de enfermedades como la de Lyme o la encefalitis transmitida por estos parásitos. “Ante un cambio climático que incrementa el espectro de amenazas para la salud pública, hay una necesidad creciente de colaboración estratégica entre los sectores humano, ambiental y animal”, subraya la agencia europea.

“Las altas temperaturas también favorecen la proliferación de bacterias en los alimentos y de microorganismos del género Vibrio, presentes en aguas salobres, que pueden provocar infecciones cutáneas y cuadros graves en personas vulnerables”, describe Fernández. No obstante, matiza que, por ahora, “en España no estamos viendo un aumento significativo de infecciones por estas bacterias”, ya que se centra más en países del norte de Europa, aunque considera necesario mantener la vigilancia.

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad considera que la participación ciudadana es fundamental para detectar precozmente estos cambios. Aquí toma protagonismo la aplicación Mosquito Alert, que se nutre de los avisos enviados por los propios ciudadanos sobre la presencia de mosquitos invasores y contribuye a complementar los sistemas tradicionales de vigilancia.

Para Bartumeus, el seguimiento de millones de observaciones realizadas por la población permitirá comprender mejor cómo evolucionan estas especies en un escenario climático cambiante. “Lo que necesitamos es monitorizar los cambios. El riesgo va a cambiar, la cuestión es cómo va a cambiar. Y para responder a eso necesitamos más datos y más ciencia”, concluye.

Comienza agosto y lo hace cerrando una ola de calor que, durante cuatro días, ha dejado temperaturas de hasta 45 grados en diferentes puntos del país. Ya es la cuarta que se vive este verano y vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de fenómenos se produce cada vez con mayor frecuencia. En España, la definición de ola de calor viene recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la describe como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Desde 1975 hasta 2026, este organismo ha contabilizado un total de 474 días de ola de calor. Hasta el año 2000 se acumularon 129 días, frente a los 345 registrados entre el 2001 y 2026. Esto significa, según la propia Aemet, una tendencia de aproximadamente 3,3 días adicionales de ola de calor por década, lo que demuestra que estos episodios son cada vez “más frecuentes, extensos e intensos”. Y es que, aparte de las molestias que puede causar la exposición a altas temperaturas, las consecuencias pueden ser mucho más graves y derivar en enfermedades, problemas de salud y, en algunos casos, la muerte. 

Desde 2015, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III lleva un registro de las muertes atribuibles a las altas temperaturas. Sus datos muestran una relación directa entre los episodios de olas de calor y el aumento de estos fallecimientos. En los días de ola de calor, la mortalidad crece de media un 5,5% en comparación con el resto de los días del verano, lo que supone más de 60 muertes diarias adicionales.

Al analizar estas cifras, se observa que 2022 es el año con más fallecimientos de toda la serie, con un total de 4.792. Fue también el año que más días de calor acumuló, con 41 repartidos en tres episodios diferentes. Durante ese verano se produjo, además, la ola de calor más mortífera de la serie, entre el 9 y 26 de julio, que dejó 1.889 fallecimientos.

El segundo año con más muertes es 2025, con 3.832 fallecimientos , y también es el segundo que más días de ola de calor, con 36 repartidos en tres episodios. En 2026 los datos tampoco son positivos: desde principios de año y hasta el 2 de agosto ya se contabilizan 3.229 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. De ellos, 1.043 se han producido durante las cuatro olas de calor registradas este verano, lo que supone el 32,3% del total en tan solo 16 días.

Este fenómeno no es desconocido para los expertos ni para las organizaciones internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que las olas de calor deben abordarse como una emergencia de salud pública. En la segunda edición de su guía Heat–health action plans, publicada este mes de julio, el organismo advierte de que "la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son prevenibles" y sostiene que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzcan estos episodios, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las temperaturas ya son extremas.

"La planificación anticipada salva vidas", resume el documento, que reclama que las administraciones desarrollen planes específicos frente al calor extremo. Para la OMS, estos deben combinar sistemas de alerta temprana con una respuesta coordinada de los servicios sanitarios, sociales y de protección civil, de manera que las medidas lleguen especialmente a las personas con mayor riesgo.

Entre sus principales recomendaciones figura la identificación previa de la población vulnerable, como lo son las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños pequeños, embarazadas, personas sin hogar o trabajadores expuestos al aire libre, para que los servicios públicos puedan hacer un seguimiento activo de su situación.

Según describe la organización, el calor extremo afecta al organismo mucho antes de provocar un golpe de calor. “La exposición prolongada a temperaturas elevadas obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para mantener estable su temperatura interna, lo que incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular y favorece la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos”, señala. Por ello, el calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas preexistentes, además de aumentar el riesgo de infartos, ictus e insuficiencia renal aguda. A esto se suma que también puede afectar a la salud mental, empeorar enfermedades crónicas y reducir la capacidad física y cognitiva. 

Para revertir esta situación, la OMS considera imprescindible que los gobiernos habiliten refugios climáticos públicos, adapten las ciudades para reducir la exposición al calor mediante más zonas verdes y sombra, mejoren el aislamiento de las viviendas y formen a los profesionales sanitarios para detectar precozmente las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Además, insiste en que cada episodio debe evaluarse posteriormente para comprobar qué medidas han funcionado y cuáles deben reforzarse.

En España, el instrumento que actualmente articula esta respuesta es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, coordinado por el Ministerio de Sanidad y activo cada año entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud mediante un sistema de vigilancia y prevención, apoyado en las previsiones de la Aemet, que establece umbrales de temperatura de riesgo para cada zona del país. Cuando las previsiones indican que esos umbrales pueden superarse durante varios días consecutivos, se activan distintos niveles de alerta que desencadenan actuaciones por parte de las administraciones públicas.

Entre ellas figuran la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para evitar la exposición al calor, campañas informativas sobre hidratación y protección frente al sol, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales y la vigilancia específica de colectivos especialmente vulnerables. A partir de este marco estatal, son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que desarrollan sus propios protocolos de actuación.

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.

Cuando escuchas la frase "cáncer de próstata metastásico en estadio IV", no valoras bien su significado, pero algo dentro de ti se paraliza. Después, no puedes evitar reflexionar y darle vueltas a los números cuando te dicen que "la tasa de supervivencia relativa a los cinco años es del 37%".

En ese momento, tu mente, incapaz de procesar el porcentaje con la frialdad de las estadísticas de laboratorio, hace la cuenta de la vieja de que, de cada cien hombres como yo, sesenta y tres morirán en esos cinco años. Te quedas mudo y una sensación fría y dolorosa se abre en tu interior: me han colgado una fecha de caducidad. Todo un torbellino de sensaciones —miedo, desesperanza y tristeza— se aferra a tu corazón. Sin embargo, nunca me pregunté: "¿Por qué a mí?". La verdadera pregunta que me atormentaba en bucle era otra: "¿Por qué no lo supe antes?". Y la respuesta que encontré fue tan simple como indignante: simplemente porque sobre este cáncer no existe información, ni preventiva ni de ningún tipo, solo la nada.

Afortunadamente, el conocimiento y la medicina actual nos permiten desarmar el terror de los números. Ahora sé que ese dato del 37% no refleja los tratamientos más actuales, que están logrando cronificar la enfermedad. Además, esa cifra incluye a pacientes de avanzada edad que fallecen dentro de ese periodo por causas naturales, infartos u otras causas ajenas al propio tumor. La realidad clínica actual demuestra que se puede vivir mucho más tiempo y con una excelente calidad de vida, al menos eso espero yo.

Sin embargo, el impacto que provoca escuchar ese porcentaje te cambia para siempre. Y es precisamente ahí, en el borde de ese abismo, donde nace la indignación que encendió el motor de PROSVIDA.

No podemos seguir permitiendo que miles de hombres sigan llegando a esa misma consulta, a enfrentarse a la angustia de esas estadísticas, simplemente por desinformación o por un pudor absurdo que nos silencia. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres, pero se sigue tratando como un tema tabú. Nos falta educación, nos falta hablar sin miedo de la salud masculina y, sobre todo, nos faltan protocolos institucionales de cribado y concienciación que lleguen a cada rincón de nuestra sociedad.

Si un simple análisis de sangre —PSA— y una revisión a tiempo pueden evitar que un hombre tenga que enfrentarse al diagnóstico de una metástasis, no implementar campañas masivas de información es una negligencia social. Mi realidad actual, con la que convivo desde 2022, ya no es solo una batalla médica personal; es una cruzada colectiva. Luchamos a través de la palabra, de la cultura y de iniciativas como el Festival Nacional de Poesía PROSVIDA, porque el arte también es una herramienta política y sanitaria para romper el silencio.

No quiero que nadie más tenga que calcular sus probabilidades de supervivencia bajo una cifra aterradora por culpa del desconocimiento. La información salva vidas. El diagnóstico precoz nos devuelve el futuro. Exijo, exigimos, que se informe a tiempo, porque llegar antes de la metástasis no es un privilegio, es un derecho fundamental que nos pertenece a todos. Más de seis mil muertes al año es una terrible brutalidad que se debe acabar. El cáncer de próstata es curable casi al cien por cien si se detecta a tiempo.

Yo ahora me enfrento a un dilema personal profundamente complejo. Por un lado, siento el orgullo colectivo de un éxito rotundo conseguido en pocos meses: se ha logrado entre todos lo impensable, hemos celebrado 24 recitales por toda España y se ha sumado el apoyo de miles de personas.

En este camino, romperé siempre una lanza a favor de los ayuntamientos: todos, sin excepción, nos abrieron sus puertas con sensibilidad. Pero de ahí hacia arriba, el silencio institucional ha sido absoluto —provincial, regional y nacional—, lo que me deja una dolorosa sensación de fracaso a pesar del éxito social y cultural conseguido.

Por otro lado, está mi coste personal. Llevo peleando contra este cáncer desde 2022 y, a través de PROSVIDA, no he podido dejar de pensar en él ni un solo instante. Necesito pasar página, olvidar la palabra cáncer y volver a tener una vida normal. Esta lucha no va a curar mi enfermedad, que hoy es incurable, ni me dará más tiempo del que ya tengo.

Deseo no ser uno de esos sesenta y tres que se marchan antes de tiempo, pero, si lo soy, tengo una vida hermosa más allá de la enfermedad y quiero vivirla con toda la intensidad que me sea posible; el tiempo que me pueda quedar, que espero sea mucho.

Por todo esto, he decidido tomarme un tiempo de calma durante los meses de verano para descansar y pensar con perspectiva. Será entonces cuando decida si el proyecto PROSVIDA sube un nivel conmigo al frente o si, por el contrario, ha llegado el momento de dar un paso al lado y apoyarlo en la distancia.

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Julio Criado García es empresario fundador del grupo editorial Oretania.

El Consejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, salió este miércoles en rueda de prensa para sacar pecho del potente cuerpo de bomberos que tiene a su cargo. Preguntado por el enfado de una parte del dispositivo, que lo acusa de incumplir la ley básica de bomberos forestales, dijo que estaba todo bajo control y que la región capital estaba preparada como ninguna otra de Europa. Tanto, que podía asumir incendios limítrofes de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

"El operativo no se está resintiendo. Tenemos más de 560 efectivos diarios, la mayor concentración de medios terrestres y aéreos por hectárea de Europa y estamos pudiendo responder en Madrid y en otras comunidades autónomas", fueron sus palabras. Dos días después, Isabel Díaz Ayuso pidió por primera vez en España la declaración nacional de emergencia por el fuego.

Una parte del cuerpo de bomberos regional, que en total supera los 2.000 efectivos, no podía creerse las palabras del consejero. La falta de prevención durante el invierno, un déficit de más de 200 bomberos y un cóctel perfecto de calor y combustible demostraban a comienzos de mes que solo hacía falta una combinación de incendios simultáneos para generar una catástrofe, y así se lo han hecho saber al consejero en varias ocasiones durante las últimas semanas.

El desenlace ha sido el que ya se considera el mayor incendio de la historia de Madrid, que al cierre del viernes dejaba más de 63.000 personas afectadas, al menos cinco municipios desalojados y cuatro confinados, y más de 12.000 hectáreas calcinadas. Casi todos en el suroeste de la región, en los alrededores del popular pantano de San Juan, aunque a última hora llegó a desalojarse un camping de El Escorial.

"Sale a decir que tiene el cuerpo más completo de Europa, que se hace cargo de los incendios de otras comunidades, y 48 horas después pide la declaración de nivel 3. ¿Esto cómo se come?", se pregunta en conversación con infoLibre José Manuel Alonso, uno de los portavoces de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF). "Para mí es quitarse del medio para que otro se coma el marrón", opina este profesional.

La declaración de nivel máximo de emergencia, justificó Isabel Díaz Ayuso en la red social X, fue la presencia simultánea de varios incendios y la necesidad de recibir apoyo del Gobierno central a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –los bomberos que dependen de Defensa y del Ministerio de Transición Ecológica, respectivamente– y de equipos de socios europeos. Sin embargo, elevar la categoría de riesgo no incrementa la ayuda, solo cambia la gestión del mando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pone a cargo de la dirección operativa a la UME. Sobre el problema de la simultaneidad, Castilla y León llegó a soportar más de 20 incendios al mismo tiempo en los peores días de agosto de 2025 sin activar el nivel tres.

Los bomberos también subrayan que Madrid no llega todo lo preparada que puede a la temporada de riesgo extremo ni se ha molestado en cerrar sus disputas con el cuerpo de extinción, hasta el punto de que este verano hay unos 230 efectivos menos que el año pasado.

Por una parte, los bomberos de primera línea que forman parte del personal laboral de la comunidad, 60 personas, no se han activado en lo que va de verano porque están en disputa con el consejero y este no los ha llamado aún a la acción. Dentro de este colectivo, hay además 64 plazas sin cubrir en comparación con el verano de 2025. También hay que sumar que otra pata del operativo, los bomberos forestales subcontratados a la empresa pública Tragsa, tiene 110 miembros menos esta temporada. La suma de ausencias representa alrededor del 10% de todo el cuerpo de extinción madrileño.

No obstante, habrá un refuerzo extra este fin de semana. Los 60 bomberos que están en tira y afloja con el consejero han decidido este viernes incorporarse a la extinción tras conversar con la Delegación del Gobierno central en Madrid. "No nos ha movilizado la Comunidad ni tenemos órdenes de despliegue, pero queremos contribuir. Iremos con nuestros propios coches a las bases porque no nos facilitan vehículos", explica Alfonso Ferrero, uno de sus portavoces.

La situación de este grupo es particular. En verano de 2024 paralizaron una huelga para negociar con Novillo una mejora de sus condiciones, que estaban fuera de la ley, pero, según explican, el consejero rompió esta primavera, dos años después, las conversaciones. Sobre la mesa estaba, por ejemplo, reconocer la categoría profesional de estos bomberos, que en sus contratos están clasificados como conductores de taxi o técnicos de mantenimiento, aunque ejercen como bomberos forestales, o cobrar un suplemento por peligrosidad o penosidad.

Los 60 efectivos respondieron negándose a acudir a los parques de bomberos y se mudaron a la sede de Las Rozas para trabajar desde allí, el que figura teóricamente como su lugar de trabajo. En respuesta, la Comunidad de Madrid se ha negado desde entonces a facilitarles vehículos y llamarlos a los incendios, y la Consejería se niega a retomar las negociaciones hasta que no vuelvan a sus retenes.

"Les pido responsabilidad y lealtad, que abandonen la huelga y realicen el servicio", dijo Novillo el miércoles. Alfonso Ferrero confía en que sumarse al despliegue este fin de semana sirva para desatascar el problema durante el resto del verano. "Esperemos que dé resultado, que al menos traigan una propuesta de acuerdo en la próxima reunión", afirma a este medio.

Sin embargo, la tensión escaló dramáticamente en la tarde del viernes, cuando la Comunidad publicó en X que "estudiará todas las vías administrativas y jurídicas contra la actuación de un reducido grupo de bomberos forestales, que han podido comprometer la actuación de los dispositivos de emergencia", en referencia a estos 60 bomberos. Según su versión, en su día rechazaron "mejoras económicas" que rechazaron y ahora incumplen su contrato al establecerse en el centro de Las Rozas.

Ayuso también ha llegado al verano sin cerrar un acuerdo con los bomberos de Tragsa, un cuerpo de alrededor de medio millar de empleados externalizados, pero donde la Comunidad de Madrid tiene la última palabra, ya que es quien contrata a la empresa pública para cubrir este servicio esencial. En este caso, las conversaciones van por mejor camino y su huelga no está activa en este momento, pero continúan trabajando con el mismo convenio colectivo de 2008.

"Está absolutamente desfasado y no se ajusta a ley. Está fuera del Estatuto de los trabajadores, del estatuto de bomberos forestales de 2024", resume para infoLibre José Manuel Alonso, uno de los que ha liderado la lucha de los bomberos de Tragsa durante la última década. Entre otros problemas, cobran un sueldo que roza el salario mínimo jugándose la vida, y no tienen complementos extra a final de mes por peligrosidad y otros riesgos, como obliga el estatuto. Tampoco se les reconocen las enfermedades profesionales, como en el resto de España, porque la Seguridad Social no ha aprobado todavía el catálogo de enfermedades profesionales de esta profesión, como se pactó también en 2024.

La brutal ola de calor que recorrió Europa a finales de junio pilló desprevenidos a millones de ciudadanos y dejó, según las estimaciones oficiales, más de 20.000 fallecidos en el continente, principalmente en Francia, España, Bélgica y Alemania. La cifra es comparable a las peores semanas de la pandemia de la covid-19, y algunos creen que esta crisis –a la que se suman los incendios, la sequía o las tormentas extremas de otoño– merece ser tratada como una emergencia de primer orden y exige la celebración de una cumbre europea del calor.

Tres días antes de que comenzase esa ola que dejó récords por todo el continente, se reunió el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 27 países. Se debatió de Ucrania, de Oriente Próximo, de energía asequible y de los presupuestos comunitarios, pero ni una palabra sobre el calor. En las siguientes dos semanas, sin embargo, la prensa europea no habló de otra cosa que de millones de personas intentando buscar refugio del sol, del colapso de los colegios y los hospitales y de los ahogamientos en ríos no preparados para el baño.

El Partido Verde europeo, formado principalmente por eurodiputados alemanes y franceses, considera que este episodio fue un aviso rojo para que la Unión Europea actúe en bloque, empezando por la organización de una cumbre de emergencia del Consejo Europeo. "Dada la magnitud, el peligro y la urgencia de la situación, insistimos en que el Consejo Europeo convoque una Cumbre sobre el Calor", señala Vula Tetsi, copresidenta del Partido de los Verdes Europeos.

"La Unión Europea no está haciendo lo necesario y hemos llegado a un punto en el que en países como España no se puede salir a la calle durante dos tercios del día", afirma a infoLibre. "Organizamos cumbres continuamente. Por Ucrania, para aprobar nuevos paquetes de sanciones… y nosotros estamos a favor de la flexibilización fiscal para reforzar la defensa, pero también hay que flexibilizar el presupuesto para adaptación al cambio climático y para la transición energética justa", añade.

La propuesta parte de la experiencia de los últimos veranos y de la evidencia científica de que esto solo irá a más. Europa es el continente que más rápido se calienta y eso significa que tendrá que prepararse mejor y más rápido que otras zonas. Según el servicio climático de la Comisión Europea, la temperatura media del planeta ha aumentado de media hasta ahora 1,4 ºC en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900), pero en Europa ya ha subido 2,5 ºC.

Una de las razones es que la región sufre más olas de calor que otros puntos del planeta debido a los cambios en los patrones meteorológicos derivados del cambio climático, pero hay más. El deshielo de montañas y glaciares europeos por la subida de las temperaturas reduce el efecto albedo, el reflejo de la luz en la Tierra por la reverberación de la nieve. Otro motivo es que la reducción de la contaminación del aire por el endurecimiento de las normas europeas, especialmente de aerosoles, permite que más radiación alcance el continente. Y el último es que el extremo norte del continente roza con el Ártico, la única zona del planeta que se calienta incluso más rápido que Europa debido al deshielo masivo.

Javi López, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, considera que sí es momento de cerrar un "consenso" alrededor de la emergencia climática, y coincide en que "el primer paso es llevarlo como un punto a la agenda del Consejo Europeo" para que discutan urgentemente presidentes y primeros ministros. "El Consejo Europeo fija las prioridades políticas de la Unión Europea y es la máxima autoridad política. Lo que no llega ahí no existe como prioridad real", valora López.

Un impacto cercano a las peores semanas de la covid-19

El desencadenante de esta propuesta de los Verdes fue la excepcional ola de calor de finales de junio y las sucesivas, menos agresivas, del mes de julio. Según el Euromomo, el monitor de mortalidad de la Unión Europa, entre el 15 de junio y el 12 de julio se produjo una mortalidad extraordinaria de 21.455 personas.

Los datos de Eurostat sobre víctimas de la pandemia, revelan que lo ocurrido hace cuatro semanas es comparable a semanas muy duras de la pandemia, una crisis que provocó una respuesta inmediata y sin límites desde Bruselas. Por ejemplo, en marzo de 2020, el primer estallido del virus, fallecieron 52.774 personas en la Unión Europea, más del doble que durante la ola de calor de junio. Si bien el episodio de altas temperaturas afectó a muchos menos países y duró menos de dos semanas.

La necesidad de un plan de choque europeo, añaden los expertos, tendría que ir más allá de las olas de calor porque la crisis climática ha llevado también los incendios a una nueva dimensión. El año pasado ardieron más de un millón de hectáreas en Europa, y la mitad se quemaron en España. La tragedia de Los Gallardos (Almería), en la que murieron al menos 13 personas a comienzos de julio, o el reciente megaincendio de Guadalajara son otra prueba más de que incluso países acostumbrados a las llamas tienen dificultades para enfrentarse a lo que está por llegar.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, fue director durante la década pasada de FireLinks, un proyecto europeo que reunió a más de 30 países para intercambiar conocimiento sobre incendios, y subraya que es imperativo que los líderes europeos aúnen fuerzas en este momento. "Los países del norte de Europa nos están pidiendo ayuda para prevenir grandes incendios porque ya se enfrentan a condiciones climáticas mediterráneas. Si hacemos cumbres para comprar armas, cómo no vamos a hacer una cumbre sobre el calor", resume.

El uso nocturno de aire acondicionado y ventiladores ya se refleja en las estadísticas de demanda eléctrica del país, especialmente en las semanas de calor asfixiante. Según cifras de Red Eléctrica (REE), la demanda de luz durante las madrugadas ha crecido drásticamente en el último mes, y eso ha provocado un encarecimiento de la energía hasta alcanzar un máximo en cuatro años en el tramo situado entre las 00.00 y las 06.00 horas durante junio y julio.

Aunque el calor empezó a apretar a finales de mayo, las cifras parecen mostrar que los españoles esperaron a encender el aire acondicionado durante la noche hasta mediados de junio, y desde entonces el consumo no ha parado de crecer, tocando techo durante esta semana, cuando la península afronta su tercera ola de calor.

Solo teniendo en cuenta las horas comprendidas entre medianoche y las seis de la mañana, en la última semana (entre el 15 y el 21 de julio), la demanda media de electricidad cada hora fue de 27.593 MW, un 6,6% más que durante las madrugadas de la semana equivalente de junio y un 26% más que en las horas similares del mes de mayo.

El incremento del uso del aire acondicionado es lógico a medida que las temperaturas mínimas de la noche baten récords año tras año. Cada vez se registran más noches tropicales –en las que el momento más fresco de la madrugada no baja de los 20 ºC– y más noches tórridas –con mínimas siempre superiores a 25 ºC–. Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde 1961 las mínimas han ascendido de media en España 2 ºC, y ya se producen hitos impensables hace unos años como la racha que vivió Almería a finales de junio de más de tres días seguidos con termómetros que no bajaron en ningún momento de 30 ºC.

Coincidiendo con este crecimiento del consumo, el recibo durante las madrugadas de este verano ha escalado sin parar desde comienzos de junio hasta alcanzar un máximo desde 2022. En la última semana, el precio medio de la luz entre las 00.00 y las 06.00 horas ha marcado de media 162,19 €/MWh cada hora en el mercado mayorista, al que luego hay que sumar peajes, cargos, otros costes e impuestos. Esa cifra es un 38,4% superior a la de la semana equivalente de junio y un 110% más que en mayo. Solo en 2022 la energía fue más cara de madrugada debido a que la guerra de Ucrania llevó el gas natural y la luz a unos precios nunca vistos.

Una de las razones de este encarecimiento es la subida del consumo de energía. El sistema eléctrico europeo está diseñado de tal forma que a más demanda –y en ausencia de energías renovables–, la electricidad es más cara, ya que hay que encender centrales de gas natural menos eficientes y más costosas, trasladando ese coste a la luz. Sin embargo, no es la única razón, porque en los últimos días también se ha vuelto a encarecer el gas por el recrudecimiento de la guerra en Irán y porque la producción de energía renovable cae en verano.

"Estamos entre las madrugadas más caras del histórico por el uso del aire acondicionado, pero también porque el precio del gas ha regresado a los niveles de marzo, justo después del inicio del conflicto, y porque la generación de energía eólica es un 28% menor estos días que en la media del año", señala Danny Salazar, director de la compañía energética Hello Watt. 

Aunque los días de ola de calor son los más duros de llevar, los datos de REE demuestran que cientos de miles de hogares encienden la refrigeración para dormir durante todo el verano a partir de mediados de junio.

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha dedicado precisamente a calcular cuál es el nivel de calor que provoca en España un pico de consumo de aire acondicionado. No exclusivamente durante la noche, sino en general. Averiguar esta cifra es relevante porque permite prever con varios días de antelación un crecimiento importante del consumo energético en el país de cara a programar de manera óptima la generación y la demanda de energía y abaratar los costes del sistema.

Según Miguel Ángel Navas, investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del ISCIII, el punto de inflexión no se produce en las olas de calor, sino 4,4 ºC por debajo de ese umbral –que varía en función de cada territorio– porque nadie espera a que los termómetros se disparen para poner a pleno rendimiento el aire acondicionado. O lo que es lo mismo, el límite de confort térmico de los españoles está 4,4 ºC por debajo del nivel de ola de calor. Estos datos corresponden a un estudio que todavía no ha sido publicado y que se encuentra en revisión.

El análisis también confirma que, con cifras de los últimos dos años, la demanda eléctrica sube de manera destacada en el país durante los días declarados como ola de calor. "En España, durante los veranos de 2023 a 2025, el consumo medio por contrato y día durante estos fenómenos aumentó un 23,6% respecto al resto de días del verano. Y el coste estimado de la factura aumentó todavía más, un 30,3%", afirma Navas.

La tercera ola de calor del verano comienza este martes y llevará de nuevo a millones de españoles a vivir en condiciones sofocantes, poniendo incluso en riesgo su salud. El aire acondicionado, una herramienta que salva miles de vidas cada año en España, solo está presente en la mitad de los hogares del país, según el INE, sobre todo entre los de altos ingresos, mientras que las familias vulnerables sufren un cóctel especialmente severo de altas temperaturas, viviendas antiguas y mal aisladas, y la presencia de niños o de personas mayores, más expuestos que el resto.

Las organizaciones que se dedican a acompañar y a ayudar a familias de bajos ingresos coinciden en que los casos que suelen atender en verano evidencian que el calor es un problema de salud pública en España. Charo Romero, de la Fundación Ecodes, trabaja en el programa Ni un hogar sin energía, donde atendieron a más de 18.000 familias el año pasado, y asegura que algunas de las casas que han visitado son inhabitables estos días. "Son viviendas en las que no se puede estar. Recuerdo una en el barrio de Delicias, en Zaragoza, donde vive una madre con un bebé y una niña. Temíamos que la pequeña llegase a deshidratarse por vivir ahí".

Aunque España sea uno de los epicentros del calor en Europa, el aire acondicionado es considerado un electrodoméstico de confort y buena parte de la población no tiene o reduce al mínimo su uso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 solo el 49,6% de los hogares (9,3 millones) tenía en su casa uno o más aparatos. Es cierto que, en muchas comunidades autónomas, hasta hace unos pocos años no era necesario, pero la renta es sin duda un factor determinante. Según ese mismo estudio, solo el 40% de las familias que ingresan menos de 1.000 euros netos tiene refrigeración, lo cual no significa que la usen. A partir de 3.000 euros de ingresos, la presencia de aire acondicionado asciende ya al 61% de los casos. 

El trabajo de la Fundación Ecodes permite mirar en detalle cómo afrontan las olas de calor los hogares vulnerables. Como afirma Romero, no solo no tienen aire acondicionado, sino que sufren una "tormenta perfecta" de precariedad energética. De las 18.202 familias atendidas en 2025, el 81% no tenían su contrato de la luz optimizado –tenían contratada más potencia de la necesaria–, el 74% de quienes cumplían los requisitos para acceder al bono social eléctrico no disfrutaban de él y el 75% vivían de alquiler.

"Con unos ingresos medios de 943 euros mensuales entre las familias que atendíamos, la frase más repetida era: “O hago la compra o pago la factura de la luz”. Por lo que evidentemente no ponían el aire acondicionado. Además, tenían muchas veces contratadas las tarifas más caras y utilizaban electrodomésticos obsoletos que inflaban el consumo", resume Romero.

Estas familias son las que más sufrirán esta semana temperaturas que superarán los 40 ºC en España, y puntualmente entre 42 ºC y 44 ºC en el sureste peninsular, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología, con el pico de calor previsto para el jueves. El MoMo, el servicio de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, calcula que ya se han registrado en el país, desde el 1 de mayo, 2.496 muertes atribuibles al calor, casi las mismas que en todo el verano de 2025, cuando todavía quedan casi dos meses y medio para que termine el recuento del periodo estival.

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) publicó a comienzos de julio un estudio sobre la desigualdad en el acceso a la climatización en la provincia de Barcelona, donde denuncian que las rentas altas, además de acceder al aire acondicionado, disfrutan de viviendas más preparadas y de más zonas verdes, de manera que los ayuntamientos también han incrementado esta brecha de salud pública. 

Rubén Martínez, uno de los autores, define así lo que sería un ejemplo claro de víctima de la falta de climatización: "Podría ser una persona mayor que vive en La Florida (L'Hospitalet de Llobregat), en un último piso, que incluso no tiene ni ascensor, sin compañía de nadie y que no puede pagar el aire acondicionado. Esta persona no es consciente del peligro que corre en una ola de calor", resume el experto.

Martínez también recuerda un dato clave sobre aire acondicionado y salud. Según un estudio publicado en Environment International, el aumento de la presencia de refrigeración en los hogares redujo un 28,6% las muertes por calor y un 31,5% las muertes por calor extremo entre finales de los años ochenta y principios de la década de 2010 en España.

Las temperaturas astronómicas que se han alcanzado en los últimos veranos han multiplicado la presencia de organizaciones que trabajan para ayudar a estas familias, como el grupo ABD de pobreza energética, que surgió en 2012 para garantizar el confort doméstico durante el invierno, pero que ahora también trabaja en periodo estival.

Mònica Plana, directora de Inclusión y Pobreza y experta justicia energética de esta asociación, afirma que su principal trabajo consiste en asesorar a la hora de contratar una buena tarifa, solicitar el bono social, y buscar maneras de refrescar la casa en los casos en los que el aire acondicionado sea inviable, pero que el hecho de que la gran mayoría de las familias vivan de alquiler es un muro insuperable.

"La solución prioritaria es evitar que entre sol en casa mediante toldos o mejorar el aislamiento de la vivienda, porque si la casa se pone a más de 30 ºC, no haces nada con un ventilador. Pero todo esto depende del dueño de la casa, y si no está por la labor, tenemos un problema", reconoce Plana.

Los recientes terremotos acaecidos en Venezuela han generado muy diversos debates y reflexiones sobre la seguridad y el nivel de riesgos de los edificios. Cada edificio constituye un pequeño ecosistema en el que convergen numerosos factores que pueden afectar a la seguridad de las personas, a su salud, al medioambiente y al propio patrimonio construido. Sin embargo, la información sobre esos riesgos suele encontrarse dispersa entre distintas administraciones, organismos públicos, registros sectoriales y estudios técnicos, lo que dificulta disponer de una visión completa de la realidad de cada inmueble.

En las últimas décadas se han producido importantes avances en materia de cartografía digital, administración electrónica, información geográfica y transparencia pública. Al mismo tiempo, han aumentado los riesgos asociados al envejecimiento del parque edificatorio, al cambio climático, a la contaminación ambiental y a la complejidad tecnológica de nuestras ciudades. En este contexto, parece razonable plantear la elaboración de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios, que pasamos a describir.

Un Mapa Integral de Riesgos sería una herramienta pública que reuniría, para cada edificio, la información disponible sobre los distintos riesgos que puedan afectarle, ya sean derivados de sus propias características constructivas o del entorno donde se ubica.

La finalidad de este mapa no sería identificar edificios inseguros, sino ofrecer una visión integral que facilitara la prevención, la planificación de actuaciones, la rehabilitación del parque edificatorio, la protección de la salud pública y una mayor transparencia para propietarios, compradores, arrendatarios y administraciones.

Uno de los aspectos básicos de esta propuesta es que no sería necesario comenzar desde cero. España dispone ya de una enorme cantidad de información pública relacionada con los edificios, aunque se encuentra repartida entre múltiples organismos y bases de datos. Su desarrollo podría realizarse así de una manera gradual, a dos niveles:

a) Incorporando inicialmente aquellos datos que ya existen en registros públicos y ampliando posteriormente el contenido conforme se disponga de nuevas fuentes de información.

b) Comenzando por las aproximadamente cien mayores ciudades españolas, que concentran una parte muy significativa de la población y del parque inmobiliario nacional.

El Catastro, las Inspecciones Técnicas de Edificios —ITE—, los Informes de Evaluación del Edificio —IEE—, los certificados de eficiencia energética, los registros urbanísticos municipales, la cartografía geológica, los mapas de zonas inundables, los mapas estratégicos de ruido, las redes de calidad del aire o diversos inventarios ambientales constituyen solo algunos ejemplos de información que podría incorporarse desde el inicio.

La filosofía del proyecto consistiría en integrar progresivamente estos datos en una plataforma común, pública y permanentemente actualizada, capaz de ir incorporando nuevas fuentes de información conforme se encuentren disponibles.

La primera gran categoría estaría formada por los riesgos derivados del propio estado de conservación del inmueble. Aquí se incluirían aspectos como la estabilidad estructural, el estado de las cimentaciones, la aparición de grietas, deformaciones, humedades, corrosión de armaduras, patologías constructivas y deterioro de fachadas, cubiertas o instalaciones esenciales.

En numerosos municipios españoles ya existen inspecciones periódicas obligatorias para edificios de determinada antigüedad, además de expedientes municipales relacionados con obras, rehabilitación o conservación. Toda esta información constituye una excelente base para valorar la denominada «salud del edificio» y establecer prioridades de actuación.

No se trataría de sustituir las inspecciones técnicas existentes, sino de aprovechar sus resultados para ofrecer una visión integrada del estado general del parque edificatorio.

Los edificios no solo presentan riesgos derivados de su propia construcción, sino también del lugar donde se encuentran. Las inundaciones, la erosión, los deslizamientos del terreno, la subsidencia, la sismicidad, los incendios forestales próximos a zonas urbanas o determinados fenómenos meteorológicos extremos pueden condicionar significativamente la seguridad y el valor de un inmueble.

Gran parte de estos riesgos ya están perfectamente cartografiados por distintos organismos públicos mediante sistemas de información geográfica. La integración de esta información permitiría conocer, de forma sencilla, qué edificios se encuentran en zonas potencialmente inundables, en áreas con riesgo sísmico relevante o sobre terrenos con determinadas características geológicas.

Además, el progresivo impacto del cambio climático hace prever que este tipo de información adquirirá cada vez mayor importancia en la planificación urbana y en la adaptación de las ciudades.

Otro bloque fundamental hace referencia a aquellos elementos presentes en algunos edificios que pueden afectar directamente a la salud de sus ocupantes. El ejemplo más conocido es el amianto, ampliamente utilizado durante décadas en cubiertas, depósitos, conducciones y materiales aislantes, cuya retirada constituye actualmente una prioridad en numerosos países.

También pueden existir pinturas con plomo, antiguos depósitos de combustibles, suelos potencialmente contaminados por actividades industriales previas o materiales que requieren una gestión específica durante las obras de rehabilitación.

En algunos casos ya existen inventarios públicos, registros ambientales o censos específicos que podrían incorporarse progresivamente al mapa, permitiendo planificar actuaciones preventivas y facilitar la toma de decisiones por parte de propietarios y administraciones.

Una cuarta categoría comprendería aquellos factores físicos que pueden influir sobre la calidad ambiental y la seguridad de los edificios. Entre ellos pueden incluirse la contaminación acústica, la calidad del aire, las vibraciones provocadas por infraestructuras de transporte, la contaminación lumínica, la proximidad a instalaciones industriales, líneas eléctricas de alta tensión, estaciones transformadoras o infraestructuras potencialmente peligrosas.

Asimismo, podrían incorporarse riesgos tecnológicos derivados de instalaciones industriales sujetas a normativa de accidentes graves, depósitos de productos peligrosos o infraestructuras críticas cuya existencia pueda resultar relevante desde el punto de vista de la protección civil.

En muchos casos ya existen mapas públicos elaborados por ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos estatales que podrían integrarse de manera relativamente sencilla.

La principal virtud de este proyecto sería precisamente su carácter evolutivo. No sería necesario esperar a disponer de toda la información imaginable para poner en marcha el sistema. Por el contrario, podría comenzarse con aquellos riesgos respecto de los cuales ya existe información pública suficientemente homogénea en la mayoría de los grandes municipios españoles.

Posteriormente podrían incorporarse nuevas capas de información conforme fueran digitalizándose registros adicionales o desarrollándose nuevas metodologías de evaluación. Este enfoque permitiría disponer desde el primer momento de una herramienta útil para ciudadanos, administraciones, investigadores, aseguradoras, comunidades de propietarios y profesionales del sector inmobiliario.

La utilización de sistemas de información geográfica, tecnologías de interoperabilidad entre administraciones e inteligencia artificial facilitaría, además, la actualización continua del mapa y la detección de patrones territoriales de riesgo.

La implantación de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios podría desarrollarse mediante un proceso gradual y realista en las siguientes cinco fases:

Primera fase: elaboración de un inventario nacional de todas las fuentes de información pública ya existentes relacionadas con edificios y riesgos, definiendo un modelo común de clasificación e interoperabilidad.

Segunda fase: creación de un primer mapa piloto que abarque las cien mayores ciudades españolas, integrando exclusivamente la información pública ya disponible de forma homogénea, lo que permitiría cubrir una parte muy importante de la población y del parque edificatorio nacional.

Tercera fase: incorporación progresiva de nuevas capas de información procedentes de comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos estatales y otras entidades públicas, ampliando tanto el número de riesgos considerados como el detalle de los datos disponibles.

Cuarta fase: extensión gradual del sistema al resto de municipios españoles, adaptándolo a las características específicas de cada territorio y garantizando criterios homogéneos de calidad y actualización.

Quinta fase: consolidación del mapa como una infraestructura pública permanente, integrada en las políticas nacionales de vivienda, urbanismo, protección civil, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

España dispone actualmente de una importante oportunidad para avanzar hacia una gestión mucho más inteligente, preventiva y transparente de su patrimonio edificado. Nunca antes había existido tal cantidad de información pública sobre edificios, territorio y medioambiente, ni tecnologías tan potentes para integrarla y ponerla al servicio de la sociedad.

La creación de un Mapa Integral de Riesgos de los Edificios, comenzando por las cien mayores ciudades españolas, permitiría aprovechar ese conocimiento ya existente y convertirlo en una herramienta de utilidad pública para ciudadanos, administraciones y profesionales.

Lejos de pretender elaborar un sistema perfecto desde el primer momento, la propuesta consiste en iniciar un mapa abierto, dinámico y evolutivo, construido sobre la información ya disponible y enriquecido de forma continua mediante la incorporación de nuevas fuentes y registros.

En definitiva, su valor residiría tanto en la mejora de la seguridad y de la prevención como en el impulso a la transparencia administrativa, la planificación urbana, la rehabilitación del parque inmobiliario, la protección de la salud pública y la adaptación de las ciudades a los desafíos ambientales y tecnológicos del siglo XXI.

Todo ello permitiría proporcionar una visión integral del estado de nuestros edificios y favorecer una toma de decisiones más informada, eficiente y orientada al interés general.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

El pasado 7 de julio de 2026 marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos y la salud. Porque no es lo mismo reclamar atención política, financiera y médica por una enfermedad olvidada que denunciar la violación de un derecho fundamental y humano. Esa es la diferencia después del 7 de julio.

La noticia debería haber llegado por altavoces a cada una de las más de mil millones de personas afectadas en el mundo por una o varias de las 21 enfermedades tropicales desatendidas (ETD), según la clasificación de la ONU. Es una lista larga donde resuenan algunas como la leishmaniasis, la lepra, la filariasis linfática o el Chagas. La mayoría de estas dolencias comparten rasgos de exclusión, estigma y discriminación. Suelen causar estragos en entornos de pobreza, poblaciones tradicionalmente olvidadas y con un fuerte impacto en mujeres y niños.

Si algunas de ellas, como la enfermedad de Chagas, antes estaban muy localizadas en sus zonas endémicas rurales por la presencia del vector transmisor, hoy son una realidad y un problema de salud global y hasta urbano por los movimientos migratorios y los cambios climáticos. Solo en España se estima que puede haber 80.000 personas con la enfermedad de Chagas, que, además, puede transmitirse de madre a hijo.

Y, a partir del pasado 7 de abril, las ETD son algo más: son materia de derechos humanos. Ergo, no tratar debidamente estas enfermedades será una violación de los derechos humanos y no solo un problema de negligencia sanitaria o política.

La resolución aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue impulsada por un grupo de países africanos liderado por Malawi. Asimismo, contó con el apoyo de decenas de organizaciones.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en 1948, al final de un mundo en guerra. El artículo 25 —de un total de 30— se refiere directamente al derecho a la salud. A falta de un informe que detalle en qué consistirá la inclusión de las ETD en los derechos humanos, podemos anticipar un impacto en el fortalecimiento del trabajo de incidencia de los grupos y asociaciones de personas afectadas. Porque no es lo mismo reclamar la falta de atención médica que denunciar la violación de un derecho humano legalmente respaldado. Ese es el punto que marca un antes y un después del 7 de julio.

Para quienes investigan —entre los que hay miles de españoles y españolas—, para quienes dan formación y para quienes desarrollan herramientas terapéuticas y logísticas contra las ETD, estamos en un tiempo nuevo. No solo trabajan por una cuestión de justicia y equidad en salud, sino por un derecho humano oficialmente reconocido.

Y hasta aquí la parte naíf de la noticia. Porque, sinceramente, ¿quién cree que los Estados estén ahora mismo temblando por la noticia? ¿Creen que están calculando los recursos y compensaciones millonarias que tendrían que abonar a cada persona que no haya sido tratada apropiadamente de una ETD? ¿Alguien se imagina ver condenado al Gobierno de un país por no dedicar más atención al compromiso de eliminar las ETD? Imaginen a Donald Trump y Elon Musk riéndose juntos. A que da mucha grima.

Bien es cierto que, en materia legal, no es lo mismo un problema de salud pública que uno de derechos humanos. Este tipo de derechos son inalienables y pertenecen a cada una de las personas.

Stalin —vaya personajes que se están viniendo a este artículo—, según dicen, inventó aquella frase de que “la muerte de mil millones de personas es solo una estadística, pero la muerte de una puede ser una desgracia”. Él sabía de esas cosas. En parte, la resolución de la ONU les cambia el nombre a las enfermedades desatendidas: ya no son «helmintiasis, filariasis, pian u oncocercosis». Ahora se llaman Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Atenderlas no es solo un deber de salud pública, sino un derecho de Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Un derecho de cada uno de nosotros.

No es tiempo de hacerse muchas ilusiones. Otra vez, nos encontramos en un mundo en guerra, con una financiación creciente hacia el sector armamentístico y un recorte fundamental a la ayuda en salud global —échenle la culpa a Trump y Musk, pero miren cómo les siguen muchos otros—.

Y, sobre los derechos humanos, solo hace falta ver lo que está ocurriendo en Gaza, frente a nuestros ojos, así como en otras partes del mundo, al norte, sur, este y oeste. Si buscan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontrarán un papel carbonizado o esparcido en añicos. Y ya las violaciones de tales derechos ni siquiera se enmascaran ni disimulan. Al menos, todavía.

Estamos en el “todavía”, en uno de los peores momentos para los derechos humanos. Así que la aprobación de que las ETD formen parte de ellos parece más bien el regalo envenenado de un banco en quiebra que elige a un incauto director sin informarle del estado de las cuentas.

Pero el tiempo pasa y los muertos pesan. Veremos la vuelta a la cordura, en ese ciclo pendular incesante del ser humano entre la violencia y el sentido común; entre lo mío y lo de todos. Volveremos a la idea del todos, al «otro mundo posible». Volveremos a leernos cada artículo de los derechos humanos como si fuera la única frontera del mundo. Entonces, alguno preguntará: «¿Cómo llegamos a consentir aquello?», como se preguntan en silencio tantos millones que supieron antes y no hicieron nada.

Lo importante será que, cuando llegue ese día, en los artículos de la Declaración estarán ya las ETD, donde siempre debieron estar, con la cara, los ojos y la boca de cada una de las personas afectadas, pero por fin atendidas. Por una mañana, por una tarde, la del 7 de julio, no se nos prohibió soñar. «Pasó una mañana, pasó una tarde. Fue el día primero».

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F. J. Sancho Mas es periodista y escritor. Es experto en temas de cooperación internacional y salud global.

Las camareras de piso han movido la primera ficha para conseguir un derecho que llevan años persiguiendo: ser consideradas como profesión de riesgo. Este pasado jueves 9 de julio, Omar Rodríguez Cabrera, secretario del sector estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de FeSMC-UGT, presentó formalmente la solicitud para la tramitación de coeficientes reductores para conseguir anticipar la edad de jubilación de estas trabajadoras, lo que defiende como “un acto de justicia social”.

Los coeficientes reductores son un mecanismo previsto en la Ley General de la Seguridad Social que permite adelantar la edad ordinaria de jubilación en aquellas actividades que acrediten unas condiciones de trabajo excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad.

El sistema funciona aplicando un coeficiente concreto por cada año efectivamente trabajado en la actividad de riesgo. Esto significa que los trabajadores de las profesiones a las que se les aplica un coeficiente de 0,20, pueden descontar un año de la edad de jubilación por cada cinco trabajados, mientras que uno de 0,10 exige diez años. Sin embargo, la jubilación no puede ser nunca antes de los 52 años.

Gracias al Real Decreto 402/2025, en vigor desde mayo del año pasado, se fija un procedimiento común para solicitar este reconocimiento: cada profesión debe demostrar, mediante indicadores objetivos como la siniestralidad, las enfermedades profesionales o las bajas laborales, que el riesgo no puede eliminarse únicamente con medidas de prevención. Si el Gobierno aprueba la solicitud, los trabajadores de ese colectivo podrán jubilarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la cuantía de su pensión, a cambio de una cotización adicional que asumirán empresas y trabajadores.

Los primeros trabajadores que consiguieron este derecho en los años 70 fueron los mineros y los trabajadores del mar. Más tarde llegaron los artistas, por las peculiares características de determinadas actividades y por la brevedad de la vida profesional en algunas categorías; y los toreros, que se pueden jubilar a los 55 años. También lo han conseguido trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo de trabajos aéreos y los bomberos.

Sin embargo, son todavía muchas las profesiones, que, aunque cada día se enfrentan a situaciones muy complicadas que comprometen su salud física y psicológica, todavía no han logrado tener un coeficiente reductor específico.

En el caso de albañiles y trabajadores primarios de la construcción no tienen reconocido este derecho, por lo que mantienen la misma jubilación que el resto de trabajadores. “No tiene sentido que una persona de más de 60 años siga trabajando en un andamio, cargando pesos, adoptando posturas forzadas o expuesta a agentes cancerígenos y tóxicos”, denuncia Aída Suárez, secretaria de Salud Laboral y Política Energética de CCOO del Hábitat, en conversación con este periódico.

Por esta razón, junto a UGT, registraron en julio de 2025 una solicitud para que los profesionales que trabajan en los oficios de mayor desgaste físico, como albañiles, poceros u operarios de carreteras, puedan tener coeficientes de reducción y disfrutar de una jubilación anticipada. Su principal argumento es la elevada siniestralidad en el sector. 

Sergio Estela, portavoz de UGT-Federación de Industria, Construcción y Agro, recuerda que “en los cinco primeros meses de 2026 han fallecido 71 trabajadores en la construcción”, el mayor número de todos los sectores económicos, y advierte de que, si la tendencia continúa, "superaríamos los 200 fallecidos al año, y eso no lo podemos consentir”. Para ambos sindicatos, permitir la jubilación anticipada de quienes desempeñan los trabajos más penosos no solo mejoraría la salud de los trabajadores, sino que contribuiría a renovar el sector y a hacerlo más atractivo para las nuevas generaciones.

La petición no cuenta por el momento con el respaldo de la patronal, porque defienden que “supondría un sobrecoste que no están dispuestos a asumir”. Desde los dos sindicatos indican que están en contacto constante para conseguir su respaldo, “perfilar los cálculos y determinar con precisión qué profesiones presentan un mayor riesgo y una mayor exposición a la siniestralidad y a las enfermedades profesionales”, porque consideran que “es una cuestión de justicia”.

Una lucha que también se arrastra desde hace años y que puede estar cerca de terminar, está dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Ertzaintza tiene reconocido un coeficiente de 0,2 desde 2010, mismo grado que recibieron las policías locales en 2019 a través del Real Decreto 1449/2018. También lo consiguieron los Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra 2022, dejando fuera a los dos cuerpos principales: Policía Nacional y Guardia Civil.

La reducción de la edad de jubilación en ambos cuerpos es uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil. Sin embargo, todo el proceso se ha acelerado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo impulsada por JUPOL, sindicato mayoritario dentro de la Policía Nacional.

El Alto Tribunal concluyó en mayo de 2025 que el Estado estaba incurriendo en un “trato discriminatorio” al no regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, mientras sí la había reconocido para policías autonómicas y locales. En su fallo, el Supremo obligó al Gobierno a iniciar el procedimiento para desarrollar esta regulación mediante un real decreto, al considerar que la diferencia de trato carecía de una justificación objetiva y razonable.

Unas semanas después, el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento común para solicitar coeficientes reductores en profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres. Desde entonces, tanto los sindicatos de la Policía Nacional como las asociaciones de la Guardia Civil están participando en las mesas de negociación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para concretar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y la financiación del sistema mediante un incremento de las cotizaciones.

Según indican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en este cuerpo, actualmente se encuentran en un parón de las negociaciones, que se retomarán en septiembre. Su portavoz, Diego Madrazo, se muestra optimista y asegura a infoLibre que espera que para el próximo enero ya tengan reconocido este derecho.

La jubilación anticipada es también una de las reivindicaciones centrales del personal sanitario y se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción durante la negociación del nuevo Estatuto Marco. Los sindicatos sostienen que las guardias, el trabajo nocturno y a turnos, la sobrecarga asistencial, el desgaste físico y emocional y la exposición a riesgos biológicos y psicosociales justifican que se estudie la aplicación de coeficientes reductores a determinadas actividades y categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Esta petición se ha convertido en el motor de diferentes movilizaciones y protestas en los últimos años, pero, según aseguran fuentes sindicales, “lo ven muy mal” para conseguir este objetivo en un futuro próximo. En enero de 2026, SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF alcanzaron con el Ministerio de Sanidad un acuerdo para iniciar la tramitación del Estatuto Marco y el borrador negociado contemplaba que Sanidad elaborase informes técnicos sobre las ocupaciones que pudieran considerarse excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y que, una vez realizados estos estudios, las administraciones y las organizaciones sindicales promovieran ante la Seguridad Social el procedimiento para determinar si correspondía establecer coeficientes reductores.

Sin embargo, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y sometido a audiencia pública en junio eliminó esa regulación detallada. El nuevo texto mantuvo una referencia genérica a que la jubilación anticipada podría regularse mediante la correspondiente norma reglamentaria y previa tramitación del procedimiento establecido en el Real Decreto 402/2025, pero dejó de recoger expresamente el compromiso de realizar los estudios y de impulsar la solicitud. 

Los sindicatos denunciaron entonces que el cambio debilitaba lo pactado y exigieron recuperar la redacción anterior. infoLibre ha contactado con Sanidad, donde aseguran que estos informes todavía están en proceso de elaboración, pero la decisión final recae en el Ministerio de Inclusión, por lo que el proceso está todavía en una fase embrionaria.