Es una noche cerrada en la Ciudad de Panamá, pero Mixia Díaz lleva una hora despierta y ya camina a su trabajo: el Cerro Patacón, un relleno sanitario (vertedero controlado) que se creó en 1986 pero pronto se convirtió en el vertedero a cielo abierto más grande del país, a donde va a parar el 40% de los desechos que tiran los 4,28 millones de habitantes y otros miles de turistas. 

Desde lo alto de la montaña de basura se ven los edificios, el Canal de Panamá, los hoteles de lujo. Ahí lejos está Mixia, de 50 años, tez morena, mascarilla negra, lista para buscar qué de todo ese caos se puede reciclar. 

—Me gustaría meterme en la universidad, me fascina lo que es el medio ambiente —dice.

Hace 37 años que se dedica a esto: rescatar de la basura plástico o cartón que alguien tiró, pero que aún se puede transformar en otra cosa. Lo hace para comer y dar de comer a su familia, pero también para que esos desechos no se sumen a un espacio de por sí colapsado. Lo mismo hacen los 2.000 trabajadores y trabajadoras que forman el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. De esos, al menos 500 trabajan en el Cerro Patacón. 

De la basura que produce, Panamá recicla menos del 10%. Aunque no hay un dato preciso sobre cuánta es esa basura que genera, se sabe que solo de plástico son más de 380 mil toneladas, de las cuales el 89% termina en vertederos, áreas naturales o es incinerada al aire libre. 

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó en 2024 un comunicado explicando que ese vertedero "presenta incendios constantes, lo cual genera emisiones de gases tóxicos que afectan a las poblaciones aledañas, además de otras afectaciones en cuerpos de agua y al entorno natural por deficiencias en el manejo de lixiviados. Esta situación es preocupante para el país, pero especialmente para las más de 18.000 personas que viven cerca de esta área".

Mixia es una de esas 18.000 personas. Vive en el barrio La Bendición, en Kuna Nega, una comunidad pegada al vertedero. Se despierta a las cuatro de la mañana, prepara el lonche –como llaman allí a la comida que se lleva para el almuerzo– para su hija, se peina, se viste y sale solo con su riñonera, una gorra y la ropa puesta. Hoy no se pudo bañar, no hay agua en su casa. Hace días. No hay agua tampoco en su barrio.

Su hija está por terminar el tercer año de la escuela secundaria. Algunos días, como hoy en la tarde, Mixia deberá salir del vertedero más temprano para ponerse un jean, una camisa de colores y una vincha (diadema) para asistir a un acto escolar.

Su sueño es que su hija estudie: que sea una licenciada, una ingeniera, dice, un poco agitada por la caminata, y elevando la voz porque justo pasa un camión iluminando el camino en medio del amanecer. 

—Me considero una mujer guerrera, que echa hacia adelante. Es lo que les quiero dejar a mi hija y a mis nietos, que sigan defendiendo al medio ambiente y a todos los recicladores que están aquí en Panamá.

Al llegar al Cerro Patacón, mientras busca con la mirada cartones y plásticos, habla con un compañero sobre el incendio. Fue hace como diez años, concuerdan. En 2013, una nube tóxica causó alarma nacional. Pero ese no fue el único incendio: sólo en 2024, según el Cuerpo de Bomberos de Panamá, hubo ocho en el vertedero.

¿Cuánto mide la galera de reciclaje?, se preguntan. Una hectárea, dice él. No, más, como 10 hectáreas, responde ella. La galera: un cobertizo de techo de zinc y columnas endebles, lleno de agujeros, bajo el que algunos perros flacos buscan qué comer, mientras al lado del hueco los camiones descargan basura. Es el espacio que tienen para hacer la separación de los materiales.

La galera no fue un gesto de buena voluntad: nació como obligación contractual. Así lo establece el Contrato No. 489-2008 entre el Municipio de Panamá y Urbasia Plotosa (URBALIA SA), que contemplaba un "componente social" para ordenar el trabajo de los recicladores que ya trabajaban ahí. 

Según la Autoridad de Aseo, en sus inicios funcionó como un espacio organizado, pero con el tiempo perdió ese orden y se fue deteriorando. Cuando se construyó, tenía baño, agua y luz para los días enteros de trabajo. Pero entonces ocurrieron los incendios. Ahora el sol cae sobre las paredes agujereadas de la galera, los rayos entran y calientan los desechos, los plásticos, la comida. 

—Estamos bajo nuestro propio riesgo, eso hay que tumbarlo. Nos guarecemos del sol y del agua en este techo, pero no tanto del agua porque llueve muchísimo. El baño ya no está. 

Los camiones trabajan cerca. Muy cerca. El ruido del pip pip pip es ensordecedor. Decenas de pájaros bajan y suben a buscar algún desecho para comer. 

Mixia selecciona todo el cartón que puede sostener, camina hacia una camioneta pick up que está dentro del predio y lo mete. Todavía no se llenó, sigue ahí. Cuando se llene de cajas dobladas, lo llevarán a la compañía que les compra el material, lo pesarán y les entregarán unos tickets que consignan el peso total, implorando que la mayor parte esté seca para que no les descuentan 'humedad'.

—Es una rutina cansona, pero nos gusta el trabajo que nosotros hacemos —dice. Mientras, limpia las bolsas de plástico de papeles, de cintas adhesivas, de todo lo que no sea el mismo material. Encuentra un papel que dice "Costa del Este". Se ríe: "Viene de gente de plata". Costa del Este: una de las zonas más “exclusivas” y modernas para vivir en Panamá. Mixia se mete en la bolsa grande y pisa todo el material de adentro, para que se compacte.

Aunque el Ministerio de Ambiente reconoce "los importantes aportes que realizan los recicladores de base a la gestión integral de residuos y a la transición hacia una economía circular", no tiene un censo nacional propio para saber cuántos son, en qué condiciones viven, cómo desarrollan su trabajo, y tampoco tienen idea de qué porcentaje de lo reciclado se produce en los mismos vertederos en manos de los recicladores del Movimiento. 

Varios estudios internacionales hablan del rol de los recicladores de base, de su importancia en el medio ambiente, de lo poco reconocidos que están. Uno es de la Circle Economy Foundation, que dice: "Los recolectores y recicladores informales de residuos asumen gran parte de la labor de gestión de residuos de la región, pero no están integrados formalmente en el sistema de gestión de residuos".

Otro es del Foro Económico Mundial, que dice que los recicladores informales, organizados de manera comunitaria, son responsables de hasta el 50% del material recuperado en la región. 

Para la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), si no existe información acerca de los recicladores en la caracterización de la gestión de residuos en el país, difícilmente existirá reconocimiento y los mecanismos adecuados para su inclusión. Por eso, en 2018 impulsaron el primer censo nacional de recicladores de Panamá, realizado en conjunto entre el Movimiento Nacional de Recicladores con la Universidad de Panamá. Fue el primero liderado por una organización de recicladores en Latinoamérica. Un hito autogestionado. 

Según ese censo, en el 2018 el 56% de los recicladores de ese país ganaba menos de 20 dólares por día. 

Sentado en su escritorio en la Universidad de Panamá, la mirada firme, el cabello y la barba blancos, ocho años después de la publicación de ese censo del que fue parte, el profesor Francisco Farnum dice que la situación se complicó, por problemas de salud de los trabajadores, por falta de acceso al material: "Entonces, si disminuyen los recursos, disminuyen los ingresos. Obviamente que eso no alcanza. Eso es una actividad de hambre".

Una actividad que, cuenta Mixia, en un día muy bueno, cuando llega bastante material que pueda reciclar, llega a hacer 30 dólares estadounidenses. Pero eso como mujer. "Porque los hombres tienen más ventaja porque ellos abren las bolsas y obtienen aluminio, lata, hierro. Tienen más facilidad de ganar más que nosotras. Lo que mejor se paga es el aluminio (latas) y el cobre. Nosotras agarramos plástico y cartón". Un día malo, cuenta, es cuando "no se ve mucha rebusca", y puede llegar a irse con las manos vacías a la casa.

¿Qué hace la universidad entonces? "Nosotros como universidad los estamos apoyando porque queremos que ellos tengan un título universitario que bien podría ser a nivel de técnico, que les permita optar por otro tipo de servicios más allá de rebuscar entre los escombros", explica Farnum, que además es investigador y doctor en Diseño de Proyectos y máster en Ecología Vegetal.

Y da ejemplos: apoyo en una barriada, apoyo en un condominio, asesorías a grupos sociales y hasta escuelas. Eso ya viene sucediendo: integrantes del Movimiento Nacional de Recicladores asesoraron en escuelas a padres, madres y estudiantes sobre cómo manejar los residuos en sus casas. También recibieron un taller de competencias blandas: cómo hablar con otros, cómo manejar conflictos, cómo mostrar su conocimiento…

"Ellos tienen muchas competencias duras: saben diferenciar un material del otro, saben pesar, saben valorar, etcétera. Pero las competencias blandas están totalmente alejadas de la realidad. No se venden como un profesional", dice Farnum.  E insiste en que el objetivo es la profesionalización de los recicladores, que obtengan un título, que los recicladores que se formen en la universidad no trabajen en los lugares de disposición, en los vertederos, sino en los eventos anteriores: "Si logramos eso, yo creo que podemos tener un mejor sistema de reciclaje".

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Yenny González sale a caminar por las calles de Bogotá después de unas horas intensas de taller que hace la Asociación de Recicladores de esa ciudad sobre la madera plástica. Sale a caminar y las ve: dos mujeres, que podrían ser ella misma y alguna compañera, pero en otro país, que tampoco es el suyo. Son venezolanas buscando en la basura colombiana. 

—Yo hago esto mismo, yo soy de Panamá, pero trabajo en un vertedero —les dice Yenny cuando se acerca. 

—Yo soy de Venezuela, tengo ya un año estando aquí varada, no puedo avanzar, estamos ahorrando, pero tenemos que sacar para pagar el hospedaje donde estamos.

Un dólar equivale a unos 3.500 pesos colombianos. Esto Yenny no lo sabe, pero lo aprende ese día: "Ella decía que era un poco difícil porque la moneda estaba desvalorada y no podían seguir avanzando en su propósito de llegar hasta Estados Unidos".

Lo importante, piensa Yenny, es que mediante el reciclaje estas mujeres venezolanas pudieron ahorrar, pagar el alojamiento, no dormir en la calle. Se sienta con ellas, comparte su comida, se saca una foto. Y entonces le siguen contando: ese día se les está complicando.

—Ay, ayer la vimos difícil, no pagué los cinco dólares, y no llego a pagar hoy, ya nos van a sacar de donde estamos porque no nos podemos atrasar tres días.

Entonces decide darles 20 dólares, que no le sobran. Ellas le agradecen diciéndole que ahí nadie les ha regalado nada, que sólo les toca sufrir, que las miran mal. Yenny las entiende, sabe que por ser recicladora las personas en todos los países las miran con desprecio, pensando que son lo peor, el último eslabón de todo. Pero ella cree que no, que reciclar "es lo mejor que hay en la vida".  Las mujeres aprendieron a reciclar ahí y piensan hacerlo para avanzar hacia Estados Unidos. Yenny les recomienda, entre risas, no hacerlo en Panamá: porque en Panamá no pagan bien. Se saludan con un abrazo.

En 2024 el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá tomó el cargo en una de las secretarías de la Red Lacre, y ella viaja en representación de los recicladores panameños. Por eso, como estas, tiene historias en Perú, en Brasil, y en distintos países de Centroamérica. En el barrio donde vive sospechan de ella, sospechan de los viajes que hace. Cuando sube una foto a su estado de Whatsapp, los vecinos le escriben a su mamá: "Oye, tu hija anda fuera y cómo si ella no trabaja". La madre se detiene en medio de la calle, mira a la persona a la cara y dice: "Ella está en esto que es de recicladores". Entonces todos quieren tener su trabajo. 

Pero su vida no fue siempre así. Yenny entró a trabajar al Cerro Patacón a los 14. Trabajó 30 años ahí. En ese tiempo, un día un camión le rozó la espalda de la nuca hacia abajo. Otro día la tapa de una botella aplastada por otro camión le golpeó la vista. "Así vimos morir a varios", dice. Ahora, sentada a la mesa en el comedor de su casa, con el teléfono que no para de sonar, a los 50 años, es líder del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. "Si no fuera por el reciclaje, yo estaría viviendo en la calle o muerta", cuenta.

¿Qué quiere hoy?: "Quiero que el mundo sepa que somos seres humanos que sentimos. Que reconozcan nuestro trabajo como una profesión más, como el albañil, el ingeniero, el carpintero, el doctor". Ese primer día en el Cerro Patacón no se le olvida: un vecino les explicó cómo entrar, era campo abierto con algunas casitas de pallets donde las personas se refugiaban del sol. Un mundo diferente al que estaba acostumbrada, donde su madre no la dejaba ni lavar los platos. 

—Cuando estaba chica yo quería estudiar y ser doctora.

Pero no. Fue recicladora. Hoy se reconoce como una líder. Una líder que conoce a los suyos. Dice que a través del censo que hicieron con la Universidad de Panamá lograron tener una base de datos para saber no sólo que son más de 2.000, sino quiénes son, cómo se llama cada reciclador en cada vertedero, cuántas personas dependen de ellos, cuánto genera al día… Ese es el logro del Movimiento. Pero Yenny no se queda con esos números. Sabe que en el vertedero de Ocu hay una recicladora que se llama Máxima, que tiene 60, que hace unos días cumplió años, que tiene problemas en la vista; en Boca del Toro, a la esposa de un compañero le picó una culebra y dejó tres hijos en orfandad; en Puerto Armuelles, las empresas que localmente se consiguen para que administren los vertederos no dejan entrar a los recicladores; y en el vertedero de Colón solo reciclan hombres, no hay mujeres porque ellos no les permiten reciclar porque "el trabajo es muy duro". 

Todo eso sabe Yenny: "Porque una cosa es que tú digas: 'Sí, existe el reciclador'. Pero, ¿quién es? ¿Quién es?", repite en medio del cacareo intenso de una de sus gallinas. Pero el reconocimiento formal aún no llega. 

En Panamá existe la Ley 33 de Basura Cero desde el año 2018, que tiene la finalidad de priorizar la recuperación y el reciclaje, reconociendo formalmente a los recicladores como actores clave del sistema. Pero eso no ocurre así. Francisco Farnum explica que aunque la ley existe, su implementación práctica es casi nula y ha quedado mayormente en el papel. 

La Autoridad de Aseo, un organismo autárquico del Estado nacional, defiende la trayectoria institucional: el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos permitió "establecer una hoja de ruta", dicen desde el área de comunicación del organismo, y señalan que está en desarrollo un Sistema de Información para la Gestión de Residuos (SIGIRS) para consolidar datos nacionales. Hasta marzo de 2023, la empresa que administraba el vertedero de Cerro Patacón era Urbalia, pero se le venció el contrato y tuvo que pagar una multa por el mal manejo de un millón de dólares. Ese fue el momento en que la Autoridad de Aseo tomó el control, declarando la "emergencia ambiental". 

Según el organismo, desde el segundo semestre de ese año "no se han registrado incendios y actualmente se mantiene una cobertura diaria de los residuos incluyendo medidas de mitigación". Aunque dicen que "se han venido impulsando esfuerzos para mejorar las condiciones operativas, fortalecer la organización de los recicladores y promover una gestión más ordenada e inclusiva", reconocen que "aún existen retos importantes en materia de formalización y condiciones sociales".

Dicen también que el Cerro Patacón tiene una "vida útil de cinco años adicionales sobre terreno debidamente habilitado según la norma (Decreto Ejecutivo 275)", por lo que contemplan la construcción de una nueva tina de vertido –un área de contención habilitada para depositar residuos dentro del vertedero– que se iniciaría el próximo mes.

Joana Abrego, abogada ambientalista del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explica que como no hay un sistema integral, a pesar de ser los únicos que recuperan material los recicladores son tratados como "intrusos dentro de un vertedero". Se trata, dice la especialista, de una labor de mucho riesgo, porque no cuentan con equipamiento adecuado, y operan donde el material ya está contaminado. CIAM interpuso una denuncia en enero de 2024, días después de otro incendio más que cubrió de humo a la capital, contra el administrador de la Autoridad de Aseo, Rafael Prado; el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre; y el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. 

La acusación invoca los artículos 399 y 402 del Código Penal —delitos contra los recursos naturales, que contemplan penas de hasta ocho años cuando los desechos vertidos son cancerígenos o ponen en peligro la salud—, el artículo 408 por las emisiones tóxicas, el 304 por delitos contra la salud pública, y el 356 por omisión de los deberes de servidor público. Las abogadas piden que se investigue, se sancione y se indemnice por los daños. A más de dos años de la denuncia, desde CIAM no saben en qué punto está: no hubo notificación de avances, y mientras tanto, los tres funcionarios denunciados ya no ocupan sus cargos.

¿Por qué Panamá no logra una solución a esa emergencia? Mariana Méndez, representante de la Cámara de Reciclaje y del Grupo Vidriero Centroamericano, dice que los recicladores de base son el eslabón más importante de la cadena de reciclaje, que incluso son un "recurso humano especializado" que ayuda a resolver problemas graves de contaminación atmosférica, de suelo y del agua, pero que el país los está desaprovechando: "En Panamá no hemos sabido trabajar con el eslabón más importante de la cadena de reciclaje".

Para ella, y para la Cámara de Reciclaje, ni Yenny ni Mixia ni sus compañeros deberían trabajar en vertederos, sino en centros de acopio con material ya clasificado. Pero cada día, a las 5 de la mañana, Mixia se sube a la chiva, como le dicen al bus en Panamá, que ya va llena. Algunas personas van paradas, sostenidas de la baranda alta, sacudiéndose con cada curva. Hay estudiantes con mochila, trabajadores, y recicladores que van al Cerro Patacón. 

Un día suena un reggaetón a todo volumen, que (le) dice: Trabajando duro lo que tengo es bien merecido.

Mixia mira por la ventana.

La reciente ola de calor ha llevado al límite a decenas de millones de europeos no acostumbrados al calor. Hospitales colapsados, trenes cancelados, ríos urbanos convertidos en piscinas o colegios desalojados. Son imágenes que se han repetido a lo largo de todo el continente. La falta de aire acondicionado en hogares, oficinas, edificios estatales y el transporte público comienza a verse ya como una amenaza de salud pública en verano, lo que podría traducirse en la instalación de millones de aparatos de climatización en la próxima década.

Esta transición supone paradójicamente engordar el problema, según los expertos, ya que estos aparatos contribuyen a incrementar el efecto isla de calor de las ciudades debido a que el compresor expulsa aire caliente fuera del edificio. También supone un fuerte incremento del consumo eléctrico que en muchos países debe ser compensado con mayor generación con gas natural o carbón, acelerando el cambio climático, que es, a su vez, el origen del problema.

"Es una dicotomía, desde luego", resume Ana Terra, investigadora del Basque Centre for Climate Change. "Es imprescindible para proteger a la población vulnerable y debería estar en colegios, residencias y hospitales, es una cuestión de supervivencia. Pero también son una fuente de calor dentro de las ciudades y de emisiones de CO2", añade. Según su opinión, no es factible que todos los hogares tengan aire acondicionado porque sería contraproducente, sino que hay que a gran escala habría que apostar por soluciones más sostenibles.

Sin embargo, las opciones que dan la arquitectura o los expertos en eficiencia energética para afrontar las canículas deben implementarse a gran escala, con ayudas públicas y mediante planes de actuación escalonados. En los últimos cinco años, los proyectos de rehabilitación de edificios han demostrado que prácticamente nadie tiene intención de aventurarse a realizar estas reformas millonarias, y cuando se ha intentado, ha habido cuellos de botella porque la mano de obra es limitada.

Nazaret Ruiz, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, también opina que hace falta apostar por planes alternativos al aire acondicionado para evitar engordar el problema todavía más. "Los edificios ya consumen el 40% de la energía global y producen el 30% de las emisiones. Tenemos un objetivo de cero emisiones en 2050, ¿cómo pensamos cumplirlo con más aire acondicionado?", cuestiona la experta.

En su caso, propone una construcción inteligente sacando provecho a la orientación para evitar el sol directo en las horas centrales, maximizar la vegetación urbana, instalar toldos –mejor que persianas– para que la luz no llegue a la fachada y utilizar ventiladores de bajo consumo cuando sea necesario. "Pero si llega el calor y todo esto no se ha contemplado, cada uno mira para sí mismo y termina tirando del aire acondicionado", resume Ruiz.

Los problemas asociados a la refrigeración, sin embargo, no parece que vayan a frenar el crecimiento astronómico de estos aparatos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) equipara el aire acondicionado con los coches eléctricos, los electrodomésticos o los centros de datos como los principales responsables del crecimiento de la demanda eléctrica global.

Si bien es cierto, será en los países en desarrollo donde más se instalarán simplemente por el crecimiento económico de estas regiones, donde la población se acomodará, pero el cambio climático será responsable de 170 gigavatios (GW) de demanda extra en refrigeración, y en los años más cálidos habrá un consumo añadido de 270 GW. "Estos aumentos acumulados elevarían la demanda máxima [eléctrica global] en más de un 15% para 2035 con respecto al nivel actual", calcula la IEA en su informe anual de 2025.

Este consumo añadido, unido al calor sofocante de los veranos actuales, golpeará también por diferentes frentes a las redes eléctricas, con el consiguiente encarecimiento de la luz para los consumidores, como subraya José Pablo Chaves, investigador energético de la Universidad Pontificia Comillas.

Por una parte, el propio aumento de la demanda energética provoca que más plantas de generación tengan que ponerse en marcha, instalaciones menos eficientes y más contaminantes que venden su electricidad más cara. Mientras que las mayores temperaturas provocan averías en la red y pueden inhabilitar centrales nucleares, como ocurrió la semana pasada en Francia, contribuyendo también al encarecimiento de la luz.

"El incremento de la dependencia del aire acondicionado supone y supondrá un encarecimiento de la energía generalizado. Aunque hay países con energías renovables con ventaja, como España, donde el incremento del consumo de luz coincide con las horas centrales del día, que es cuando más energía renovable se produce, de manera que ambas situaciones se acoplan y el impacto se reduce. Otros países, sin embargo, tienen que tirar de gas para compensar la situación", opina Chaves.

Este problema sobre los precios no es un escenario futuro, sino que se reconoce claramente esta semana observando los precios de la electricidad en Europa. La ola de calor se ha desplazado al centro del continente y golpea en este momento Alemania, donde el coste de la luz en el mercado mayorista marcó este lunes, a las 17:15 horas, 693,47 euros/MWh y, en Bélgica, 946,29 euros/MWh. En ese momento, la luz en España y Portugal costaba 128,08 euros/MWh.

El escándalo de las prótesis investigadas en la Región de Murcia ha abierto una de las crisis más graves que recuerda la sanidad murciana. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas y económicas ha derivado en algo mucho más preocupante: la sospecha de que pudieron utilizarse prótesis caducadas o fuera de los procedimientos reglamentarios en pacientes del Servicio Murciano de Salud. La investigación judicial deberá determinar el alcance exacto de los hechos y las responsabilidades penales que correspondan, pero existe ya una responsabilidad política que no puede seguir esquivándose.

La primera obligación de cualquier administración sanitaria es garantizar la seguridad de los pacientes. Cuando surgen indicios de que los controles han fallado durante años, la pregunta que se hace la ciudadanía es inevitable: ¿quién vigilaba? ¿Quién supervisaba? ¿Quién era responsable de que los sistemas de control funcionaran?

Resulta difícil comprender que, en medio de esta crisis, la respuesta política del Gobierno regional haya sido ascender a Isabel Ayala, gerente del Servicio Murciano de Salud durante parte del periodo investigado, al cargo de consejera de Salud. El propio presidente Fernando López Miras ha defendido este nombramiento argumentando que fue la propia administración la que impulsó las investigaciones internas, premiando a quien ocupaba la máxima responsabilidad ejecutiva del organismo donde presuntamente fallaron los controles.

La cuestión no es determinar responsabilidades penales antes de tiempo. Para eso están los tribunales. La cuestión es si resulta razonable que una persona que dirigía el principal organismo sanitario de la Región durante los años investigados sea promocionada en lugar de apartarse temporalmente de la primera línea política hasta que se esclarezcan los hechos. En cualquier democracia madura, la asunción de responsabilidades políticas no exige una condena judicial. Exige ejemplaridad.

Precisamente porque creemos en la sanidad pública debemos ser más exigentes con ella. Defenderla no significa cerrar filas ante cualquier crítica ni convertir cualquier investigación en un ataque partidista. Defender la sanidad pública significa exigir transparencia absoluta, auditorías independientes, rendición de cuentas y tolerancia cero frente a cualquier práctica que pueda poner en riesgo la salud de los pacientes o el correcto uso de los recursos públicos.

Y hay una pregunta que apenas ha aparecido en el debate público y que merece una respuesta urgente. Si las irregularidades investigadas afectaron a material implantable y a procedimientos asistenciales, ¿qué controles se han realizado en los centros privados concertados que trabajan para el sistema público? ¿Se han revisado los mismos protocolos? ¿Se han auditado los mismos procesos de compra, almacenamiento y trazabilidad? ¿Existe la certeza de que situaciones similares no pudieron producirse fuera de la gestión directa del SMS?

La ciudadanía tiene derecho a conocer si las inspecciones y revisiones están alcanzando a toda la red asistencial financiada con fondos públicos, independientemente de quién gestione cada centro. Porque cuando un paciente entra en un hospital concertado derivado por la sanidad pública sigue siendo un paciente del sistema público y merece exactamente las mismas garantías.

El verdadero debate no debería ser si este caso perjudica la imagen de la sanidad pública. Lo que perjudica a la sanidad pública es la opacidad. Lo que daña la confianza de los ciudadanos es la sensación de que nadie asume responsabilidades cuando los controles fallan. Lo que erosiona el prestigio de los profesionales sanitarios es que quienes ocupan cargos de gestión parezcan inmunes a cualquier consecuencia política.

La inmensa mayoría de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores sanitarios cumplen cada día con profesionalidad y rigor. Ellos son el verdadero rostro de la sanidad pública. Precisamente por respeto a ellos, por respeto a los pacientes y por respeto al dinero de todos, este caso debe investigarse hasta el final.

Murcia necesita saber qué ocurrió, quién lo permitió, quién no lo evitó y qué medidas se van a adoptar para que jamás vuelva a suceder. Y necesita también recuperar una cultura política en la que los ascensos no sustituyan a las explicaciones y en la que la responsabilidad sea algo más que una palabra utilizada en las ruedas de prensa.

Porque la mejor defensa de la sanidad pública no consiste en proteger a los cargos públicos. Consiste en proteger a los pacientes.

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José Antonio Serrano es médico y exalcalde de Murcia.

El único visor nacional online para consultar la contaminación atmosférica en España lleva caído desde el 2 de febrero y por ahora no tiene fecha de regreso. Un ciberataque al servidor dejó fuera de servicio la aplicación de Calidad del Aire del Ministerio de Transición Ecológica y, casi cinco meses después, la herramienta sigue sin estar operativa. Ecologistas en Acción denuncia que esta caída ha provocado un "vacío informativo" sin precedentes que deja desprotegidas a personas con problemas respiratorios o cardiovasculares, vulnerables a los picos de polución.

No ha dejado de medirse la contaminación; lo que ha dejado de existir es una ventana única para verla. Las estaciones autonómicas y municipales siguen registrando datos y estos continúan almacenándose y remitiéndose a la Comisión Europea, pero el ciudadano ya no puede consultarlos en un mapa estatal común. Desde febrero, quien quiera conocer la situación debe acudir por separado a los portales de comunidades autónomas y ayuntamientos, cada uno con formatos, indicadores y criterios de visualización distintos.

El ejemplo más reciente ha ocurrido esta misma semana, coincidiendo con la ola de calor. Está ampliamente demostrado que los episodios de calor extremo van acompañados de niveles muy altos de contaminación por ozono, un gas relacionado directamente con la radiación solar y uno de los contaminantes más agresivos para la salud. Los registros de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos muestran que esta semana ha habido concentraciones de riesgo en la península pero, como el portal oficial está caído, este problema ha pasado desapercibido. 

Miguel Ángel Ceballos, encargado de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, insiste en que es “inaceptable” que casi cinco meses después todavía no se haya solventado. "Es una situación totalmente negligente porque deja desasistidas a millones de personas vulnerables a la contaminación que ya no pueden acceder de manera fácil y visual a esta información", denuncia.

La ONG ha trasladado varios avisos al ministerio y su respuesta siempre es que la reparación del sistema es inminente. Transición Ecológica ha confirmado a infoLibre que están trabajando para solucionarlo, aunque precisa que el hackeo no afectó a sus sistemas, sino a los servidores del Ministerio de Agricultura, donde está alojada la información. La avería, según el departamento, es limitada porque los datos históricos no se han perdido, cada día se siguen almacenando las nuevas mediciones y se envían a la Comisión Europea. El problema es que no se muestran en la web.

Es cierto que la información no es completamente inaccesible porque las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos –quienes tienen las competencias sobre la calidad del aire– tienen sus propios portales online de contaminación. Pero cada administración muestra los datos a su manera y es realmente difícil obtener una visión general de la situación en España. Lo que es imposible ahora es acceder a los datos concretos de todas las estaciones de medición del país, como sí se podía hasta el 2 de febrero. 

Muchas autonomías, como Andalucía, País Vasco o Comunidad de Madrid, utilizan un mapa de avisos de polución mediante una paleta semáforo que resume la situación general a partir de una media calculada con todos los gases y partículas analizados. Sin embargo, este formato está completamente obsoleto científicamente, según los expertos. El caso más sangrante es el de Extremadura, que tiene el portal AireExtremadura caído al menos desde hace un año.

La mayoría de regiones y algunos ayuntamientos permiten la posibilidad de descargar los datos de cada estación por día o por horas, pero hacerlo a gran escala para construir un mapa nacional supone un trabajo inasumible. "Si para nosotros, que llevamos haciéndolo años, es imposible, imagínate para el ciudadano medio", opina Ceballos. De hecho, este es el primer verano que Ecologistas en Acción deja de monitorizar los niveles de ozono en España y de avisar de las superaciones peligrosas por este problema.

Aunque la información disponible ahora es limitada, hay evidencias de que en los últimos días se han superado niveles de ozono peligrosos, como suele ocurrir durante una ola de calor. También se registró un episodio similar de ozono elevado a finales de mayo, coincidiendo con otro pico en los termómetros. 

Por ejemplo, en la red de Cataluña ya se ha superado el umbral de información a la población por ozono en 40 ocasiones este año, lo que supone superar los 180 µg/m3 por hora. También hay evidencias de niveles muy altos de ozono estos días en estaciones de País Vasco, Comunidad de Madrid o Comunitat Valenciana, pero hace falta procesar las mediciones para conocer su media octohoraria, la que se usa como referencia en la directiva europea de Calidad del Aire.

El ozono es considerado el contaminante atmosférico del verano porque se dispara entre los meses de abril y septiembre. No lo generan los coches o las chimeneas de las fábricas, sino que se produce por la interacción de otros contaminantes, llamados precursores, con la luz solar. Por eso, su presencia se multiplica durante los días de más calor.

Como el ozono es altamente oxidante, a corto plazo genera irritación e inflamación en los pulmones y los ojos, incrementa el estrés y la ansiedad y puede agravar otras enfermedades previas. A largo plazo, puede producir problemas crónicos en el sistema respiratorio, cardiovascular y endocrino. La Agencia Europea de Medioambiente atribuye al ozono 6.527 muertes en España en 2023.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, advierte de que durante las olas de calor hay que estar muy pendientes también de la contaminación atmosférica, y recuerda que estos gases y partículas son responsables del 18% de la mortalidad adicional que se produce en los días más calurosos del verano.

"Cuando hay una ola de calor no solo suben las temperaturas, también el dióxido de nitrógeno (NO2), las micropartículas (PM10 y PM2,5) y el ozono. Y tanto el calor como la contaminación golpean a los mismos grupos vulnerables. Sin embargo, solo vemos consejos enfocados al calor, como hidratarse o buscar la sombra, pero no se habla de usar mascarillas ni de limitar el tráfico", explica..

213 muertes en 4 días. 213 personas que han fallecido, en nuestro país, por esta última ola de calor. Personas que tenían algún tipo de patología y que las altas temperaturas han complicado y les han llevado al peor final. 213 personas que han estado en una situación de riesgo por el calor.

Esto es una emergencia. Y quien antes lo entienda, mejor sabrá adelantarse a lo que se nos viene. Porque la tendencia no va a ser mejor. La tendencia es que cada año pasemos más calor, que empecemos a batir récords de máximas… Y que esos episodios serán más intensos y más duraderos. Porque de esto iba el cambio climático, para quienes todavía quieren empeñarse en mirar hacia otro lado.

Las ciudades del norte del país siguen peor preparadas que las del sur para estas temperaturas extremas. Las ciudades y los vecinos de esas ciudades. Las casas no están climatizadas y se acaban convirtiendo en hornos, que —especialmente en zonas el Cantábrico—, sumados esos factores a la humedad, las hacen inhabitables. Personas mayores y niños pequeños son las poblaciones más vulnerables: ellos no saben regularse, se olvidan de hidratarse, no pueden bajar a darse un baño al mar, o la piscina municipal, si la tienen cerca.

En los últimos tiempos hemos empezado a escuchar un término que, quienes vivimos más al sur que esas comunidades del Cantábrico, lo tenemos más interiorizado: los refugios térmicos. Zonas habilitadas con aire acondicionado donde estar en las horas centrales del día. Zonas a las que ir si en casa no podemos parar. Y que han empezado a abrirse en ciudades como Bilbao.

Pero nada de todo esto está en la agenda inmediata de nuestros políticos. Ni los incendios, que será algo de lo que, me temo, estaremos muy pendientes un verano más. Esta semana no hemos escuchado ni una sola propuesta política sobre cómo abordar lo que se nos viene, qué se va a hacer en las ciudades para hacerlas más habitables ante esta subida extrema de temperaturas. Sólo hemos escuchado una retahíla de “y tú más” que suena manida, que agota a los ciudadanos, que genera hartazgo y muchísimo rechazo.

Tenemos tantas cosas que abordar de forma urgente que, visto lo visto el miércoles en el Congreso, da la sensación de que los políticos cada vez viven más alejados de la realidad, de los problemas reales de la gente. Que les preocupa más su asiento, su puesto que todo lo demás. El miércoles en algunas ciudades del norte los termómetros registraron 43 grados. Algunas personas mayores pasaron una noche de perros, con vómitos, con mareos, por un golpe de calor (un caso real, muy cercano). Pero nadie se acordó de ellos en el Congreso. Hablaban de corrupción, de esa que lo contamina todo y que, a día de hoy, es la mayor amenaza a nuestro sistema.

Repito el dato por si esto no les parece grave: 213 personas han muerto en estos cuatro días de ola de calor. A ver si con eso se espabilan.

Nuestro idioma está lleno de colores. Encontramos ejemplos en diversas situaciones: te puedes poner morado a consecuencia de una abundante comilona; te puedes poner rojo, como un acto de timidez supina; o te pueden poner verde, incluso sin motivos. También podemos, siguiendo esta misma línea de metonimias, ver los colores y expresar con ellos estados de ánimo. Hay quienes lo ven todo negro, yo intento mantenerme alejado de ellos. Hay otros que prefieren verlo todo de color rosa, que es una forma no lisérgica de afrontar la vida de manera positiva. De estos intento alejarme aún más.

Pero últimamente también podemos encontrar a quienes ven las cosas de color amarillo, de manera literal, porque usan filtros de este color en sus gafas. La verdad es que hay que reconocerles que nos pongan tan fácil el identificar su estupidez. No hace falta escucharlos. Sólo ver lo que llevan puesto. Algo así como en su día fue levantarse el cuello de la camisa. Hoy, uno de los grandes precursores de esta nueva moda ocular es Marcos Llorente, futbolista de profesión y necio de vocación, que no duda de "divulgar" sus ocurrencias a sus millones de seguidores, ya sea en redes sociales, como en programas de televisión. En el mundo digital es complicado poner coto a estas situaciones, quizás sí sea más sencillo en los entornos televisivos, por ejemplo, no invitando a estos personajes a que se expresen sin ningún tipo de pudor, ¿no?

Este mismo pelotero ya ha sido noticia en más de una ocasión por cuestiones alejadas del ámbito deportivo. Es un ferviente defensor de tomar el sol sin protección. Yo le diría que no echarse crema solar es como si descartas poner barrera cuando el rival te va a lanzar una falta al borde del área. Aunque puestos a elegir, yo preferiría un gol en contra a un melanoma. También defiende determinados estilos de nutrición alejados de la evidencia, o polémicas acciones como salir semidesnudo a la calle mientras pasea a su perro. También alude a teorías conspiranoicas cuando tiene ocasión. Por ejemplo, con los conocidos como chemtrails, es decir, las estelas de vapor de agua que dejan los aviones y que algunos intentan vincular con una especie de plan para envenenarnos. Que yo pienso, puestos a que nos fumiguen, que lo hagan con colonia; los que utilizamos el transporte público a menudo lo agradeceríamos.

El problema es que la legitimidad que aporta la fama es más que suficiente para muchos incautos que siguen el veredicto de sus ídolos en su día a día. No son “particulares teorías”, como destacan algunos titulares, son opiniones pseudocientíficas o bulos, con un daño potencial muy elevado. Lo que me resulta llamativo es que alguien sea capaz de hacer gala de su ignorancia frente a una audiencia masiva. Imagino que el ego de estas figuras públicas es directamente proporcional a su insolencia. Lo que me perturba es que, en un contexto donde podemos acceder a información fidedigna al momento, estos discursos se tornen tan populares. Y me perturba aún más que no haya consecuencias. Que sí, que el derecho a la libertad expresión es sagrado, ¿pero convertirse en un posible peligro público no debería tener represalias por parte, al menos, de las propias redes sociales? “Es que es mi opinión”. No, disculpe, decir que la Tierra es plana no es una valoración subjetiva; elegir jugar al contragolpe o a través de posesiones largas, sí lo es.

Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos revertirlo? Es sencillamente complejo, sólo hace falta darse cuenta de las lentes (entiéndase como sesgos cognitivos) que todos llevamos encima de manera involuntaria y que nos hacen interpretar el mundo de una determinada manera. La clave es ser consciente de estas propias limitaciones y dudar, siempre dudar, de los colores que ven nuestros ojos. Cómo envidio a los daltónicos.

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José María Gómez Vallejo es socio de infoLibre.

Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de las organizaciones de pacientes, una norma con la que el Gobierno busca regular por primera vez el papel de estas entidades en el sistema sanitario y establecer unos cauces para que tengan una participación en las políticas públicas de salud. “La iniciativa consolida su papel como interlocutoras ante la Administración General del Estado y las reconoce como agentes fundamentales de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud”, destacan desde el Ministerio de Sanidad. 

La iniciativa, cuya tramitación comenzó en septiembre de 2025, reconoce a las organizaciones de pacientes de ámbito estatal, pero fija una serie de requisitos que deben cumplir para acogerse a este marco legal. Los principales son su carácter no lucrativo, la presencia mayoritaria de pacientes, familiares o cuidadores no profesionales en sus órganos de gobierno o el desarrollo de su actividad en más de una comunidad autónoma.

Una de las principales novedades de esta norma es el reconocimiento de nuevos derechos para estas entidades. El principal es que podrán acceder a la información necesaria para la defensa de sus intereses, así como asesoramiento para el ejercicio de sus derechos. A esto se suma el derecho a participar en la elaboración y evaluación de planes y estrategias y el derecho a formar parte de un censo estatal para facilitar su interlocución.

Por su parte, la Administración del Estado también debe asumir una serie de obligaciones. Entre ellas, agilizar la respuesta a las solicitudes de información, fomentar el uso de herramientas digitales en la relación con estas organizaciones y difundir de forma activa las iniciativas normativas o los planes de salud que puedan afectar a este colectivo. 

Otro cambio relevante que introduce la norma afecta directamente a los órganos de participación del Sistema Nacional de Salud, al garantizar la presencia de representantes de estas organizaciones en los principales espacios de consulta y gobernanza sanitaria. En el caso del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, se asegura la participación permanente de ocho representantes de las organizaciones de pacientes mediante la modificación de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

La Fiscalía europea ha abierto una investigación por posible fraude en un contrato entre el Gobierno de Murcia y la consultora vasca IDOM para la elaboración de un informe en 2020 en el que se retrata la contaminación de los suelos en el Campo de Cartagena. El estudio sigue guardado en un cajón, pese a las docenas de peticiones de acceso de las organizaciones vecinales, preocupadas por los metales pesados a los que se exponen cada día. Además, hay evidencias de que el trabajo podría haberse entregado de forma incompleta. Como fue financiado en un 80% con fondos europeos Feder, los investigadores indagan ahora en si se cometió un delito de fraude comunitario por valor de 200.932,60 euros.

Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía quiere averiguar si el encargo fue efectivamente entregado en tiempo y forma, porque la Consejería de Medioambiente ha ignorado sistemáticamente todas las peticiones de acceso de la organización vecinal Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que terminó denunciando en Luxemburgo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia también envió dos reclamaciones a la Dirección General de Medio Ambiente para que publicase en internet el estudio íntegro, pero fueron ignoradas.

Cuando la asociación tuvo finalmente acceso al documento el pasado mes de febrero a través de terceras personas –la Consejería sigue desoyendo las peticiones de transparencia–, pudo comprobar que el estudio encargado hace seis años estaba en realidad incompleto. infoLibre tuvo acceso al trabajo y pudo comprobar que la ausencia más clara es la de la creación de una app móvil en la que se debería poder ver sobre un mapa el nivel de riesgo por contaminación, pero que nadie ha visto todavía.

Esa aplicación formaba, de hecho, parte del título del encargo, y su elaboración era una prioridad. El trabajo se titula Determinación de niveles de fondo y Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de metales y elementos traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web (con visor SIG) para la gestión de la información de la calidad de los suelos.

Según los denunciantes, en el informe que fue filtrado tampoco había rastro de otros contenidos que sí estaban recogidos en el pliegue del contrato: la cartografía de suelos contaminados, la memoria final, nueve informes de seguimiento y un material divulgativo para dar publicidad a los resultados. En la versión que vio infoLibre, el informe estaba además recortado y no contenía los anexos II y III, donde supuestamente están las actas de laboratorio y los resultados analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

"Existen indicios de que el contrato pudo ser certificado y/o pagado total o parcialmente sin evidencia verificable de ejecución real y entrega de entregables esenciales", se lee en la denuncia de la organización de vecinos. Tras recibir el escrito, la Fiscalía europea decidió la semana pasada abrir una investigación por "un posible delito de malversación de caudales públicos, un delito de fraudes y exacciones ilegales y un delito de prevaricación". Los tres delitos están recogidos en el Código Penal y conllevan pena de prisión.

El contrato fue adjudicado el 1 de junio de 2020 a IDOM Consulting y se daban diez meses para su realización, pero no se volvió a saber más de él. No obstante, en el informe filtrado hace cuatro meses sí que figura que fue finalizado en noviembre de 2020. El proyecto fue presupuestado en 251.165,75 euros (IVA incluído) y 200.932,60 euros fue la cantidad que aportó la Unión Europea. El resto se costeó con los presupuestos de la Consejería de Agricultura.

Sara Rubira, la consejera a cargo de esta cartera, fue precisamente cesada la semana pasada, junto con el consejero de Sanidad, en lo que el barón del PP Fernando López Miras calificó de renovación del Gobierno murciano. Rubira fue aupada a ese puesto en 2023, cuando, en teoría, el informe de IDOM ya había sido entregado. Sin embargo, sí fue bajo su cargo cuando ignoró las exigencias de publicación del Consejo de Transparencia. No es tampoco el primer informe de este tipo que Rubira mantiene en un cajón.

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, que lleva años reclamando que el Gobierno regional se tome en serio los altísimos niveles de contaminación por metales pesados en los suelos de los municipios que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Las minas que se explotaron en esa zona hasta la década de 1990 quedaron abandonadas y docenas de balsas de residuos permanecen abiertas, de manera que el viento y el agua dispersan metales pesados por toda la región. Un informe sobre incidencia y la mortalidad por cáncer con datos de 1996 a 2007 ya demostró que la comarca era un punto negro. En las últimas dos décadas apenas ha cambiado nada.

Pedro Gálvez, portavoz de esa asociación, denuncia que él mismo se ha sometido en los últimos años a tres análisis de plomo y cadmio en sangre, y ha dado positivo en ambos casos. "Que la contaminación minera sea la causa no lo podemos saber, porque nadie lo ha investigado, pero hay mucha gente enfermando de cáncer aquí", explica. "Cuando hace viento, ese polvo tóxico llega a mi casa, porque lo hemos comprobado con análisis. Y cuando llueve, se generan unos lixiviados, que es un cóctel de arsénico, cadmio y plomo, que se arrastran hasta el puerto de Cartagena", añade.

Lo que sí figura en el informe de IDOM, fechado en noviembre de 2020, es un resumen de los resultados de 550 muestras de suelo tomadas por los autores y que demuestran una vez más que la región que rodea la Sierra Minera de Cartagena-La Unión está contaminada por metales pesados, suelos que incluyen tierras agrícolas y municipios como Cartagena, La Unión, El Algar o El Llano del Beal. Según se lee, todo el área tiene concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, casi diez veces por encima del máximo legal para una tierra de cultivo. El plomo es un metal considerado potencialmente cancerígeno.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio, un metal considerado cancerígeno, en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

Leo que el Servicio Murciano de Salud anda preocupado porque en los hospitales públicos y privados de esa región se han utilizado prótesis no homologadas o caducadas en cirugías vasculares con sospecha de varias muertes. Una trama corrupta se ha embolsado alrededor de siete millones de euros con la “operación stent” y al gobierno murciano, tras cesar al consejero de salud, le preocupan más los millones que las víctimas. Ya saben, lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Siendo muy grave, no es preocupante por no ser el único caso y estar legitimado por los votos de la ciudadanía afectada. Votan en modo ruleta rusa.

Leía hace poco que técnicos, facultativos y sindicatos han denunciado la orden dada para aprovechar los “culillos” de reactivos caducados en el Hospital de La Axarquía de Málaga. La Junta de Moreno Bonilla, carga contra los sindicatos lo mismo que cargó contra AMAMA por los cribados del cáncer de mama: la ciudadanía ha respaldado esa gestión sanitaria con sus votos. Hoy escucho, en un centro de salud andaluz, a una vecina repetir una de las mentiras del PP: con “los otros” la cosa no iba mejor. Más votos a la ruleta rusa.

Y meses antes, leí un correo interno del Grupo Ribera (gestor privado de hospitales públicos como el de Torrejón de Ardoz): “Como quedamos la semana pasada, os indicamos en qué condiciones se está procediendo a reutilizar catéteres esterilizados en procedimientos de electrofisiología (...) Solo se aplica en el caso de catéteres NO irrigados. Cada catéter se reutiliza normalmente 10 veces”. Este tipo de catéteres, introducidos en la vena, se usan en procedimientos cardíacos y tienen un marcado CE de un solo uso, por lo que está prohibida su reutilización como se describe en el correo. Era la intención del Grupo Ribera ahorrar 160.000 € mediante esa práctica. El paciente paga la bala de la ruleta rusa.

La cosa viene de lejos, desde que Ana Mato y Feijóo, con amenaza de muerte para 4.000 pacientes con hepatitis C, se negaron a financiar el Sovaldi por su elevado coste, hasta las muertes recientes de 7.291 personas discriminadas en las residencias madrileñas por no tener seguro privado. La mafia privada hace caja con el presupuesto público aportado por la ciudadanía, avalada por quien vota este modelo de estafa y respaldada por eso que llaman, sin serlo, Justicia. La ruleta rusa mata con pistola política y absolución togada.

Hay políticos implicados (muchos), hay empresas sobornando a políticos para ganar dinero (mucho), hay jueces y fiscales mirando a otro lado (muchos) y… ¡hay médicos en este sucio negocio de muerte y codicia! El juramento hipocrático, base ética y deontológica de la práctica médica, ha sido sacrificado en el altar del mercado. En consecuencia, vuelven la teúrgia que encomienda la salud a dioses y santorales y la taumaturgia de los vendedores de crecepelo y de los Frankenstein que ofrecen bellezas de catálogo y elixires hormonados.

Son tiempos extraños en los que muertos de hambre con escasa inteligencia suspiran por un seguro privado, cegados por la publicidad y los escaparates de chiringuitos sanitarios que inundan pueblos y ciudades ofreciendo falsas promesas y mentiras como las de los políticos con los que se confabulan. Son tiempos de suicidio colectivo para una sociedad que da la espalda a los sanitarios y educadores vocacionales para entregarse a unos profesionales sin otro horizonte que lucrarse a costa de la incultura y la falta de salud.

Muerto Hipócrates, son tiempos de hipócritas, corruptos y asesinos con licencia para matar.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

El subidón de precios de los fertilizantes derivado de la guerra en Irán podría reavivar el uso del estiércol y purines en el campo, una práctica con un pasado sombrío en España porque provocó la contaminación de buena parte de los acuíferos del país. Su uso ahora está regulado por ley y la tecnología actual permitiría evitar los abusos del pasado, pero los expertos subrayan que hace falta un impulso político para que lleguen a emplearse de forma masiva.

En el sector primario hay un consenso en que este año se desplomará el uso de fertilizantes sintéticos después de que su precio se haya casi duplicado desde hace un año. Son tan caros que se han vuelto viables las variedades orgánicas, normalmente más costosas porque son difíciles de transportar y ocupan entre cinco y diez veces más que sus alternativas químicas.

"El abono orgánico puede ser un alivio para la crisis actual y un impulso para la agricultura ecológica en España. No creo que resuelva el problema y cambie el sistema, pero ayudará", opina Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.

Los estiércoles siempre han sido una opción para el sector primario, pero hasta el pico de precios de este momento estaban reservados fundamentalmente para las fincas ecológicas, que por normativa tienen muy acotado el tipo de fertilizantes que pueden utilizar. Son buenos para la planta y además refuerzan la salud del suelo y mejoran su diversidad, pero son más caros, más engorrosos de manejar y son muy sensibles a las propiedades del suelo, por lo que requieren mucho trabajo de medición, prueba y error.

Para empezar, hay muchos tipos de abonos naturales y cada tipo de suelo y cultivo tiene el suyo. Los principales son los excrementos animales (de vacas, cerdos, gallinas…) y se dividen en sólidos (estiércol) y líquidos (purines). Estos son los que se han usado tradicionalmente en las granjas para dar salida a esos residuos, pero al utilizarse sin control, una gran cantidad ha terminado filtrándose a los acuíferos. Según Greenpeace, un 30% de las aguas subterráneas en España están contaminadas de esta manera.

Roberto Ruiz de Arcaute, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), reconoce que esta práctica tradicional ha traído muchos problemas al campo, pero que ahora hay maneras de reducir ese impacto ambiental. La más destacada es convertir los desechos en digestatos, un fertilizante natural de acción lenta que se absorbe lentamente por la tierra. En ese tanque se genera al mismo tiempo biogás que puede utilizarse como alternativa al gas natural que España tiene ahora que importar, fomentando la economía circular.

La Comisión Europea publicó esta semana su plan de acción contra la crisis de los fertilizantes y entre sus soluciones plantea precisamente incrementar el uso de digestatos, aunque para ello hace falta fomentar la construcción de plantas de biogás, que en España todavía son anecdóticas. El portavoz de SEAE comenta que este es un punto de fricción ahora mismo en la España rural, que está recibiendo una oleada de proyectos de este tipo. "La teoría está muy bien, pero vemos cómo se intentan construir plantas de biogás donde no hay ganado y en forma de macroinstalaciones de purines. Se las llevan a Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León… y eso elimina la idea de la economía cercana y circular", explica.

Otro de los puntos que preocupan a Ruiz de Arcaute, que representa a los agricultores que ya utilizan estos abonos en su día a día, es que este nuevo auge podría convertirse en una burbuja. Asegura que cuando la tonelada de fertilizantes químicos sube de los 500 euros, hay un trasvase hacia las variantes bio, y ahora mismo el precio de los sintéticos está muy por encima de ese límite, rozando los 1.000 euros por tonelada. "Esto ya pasó en la crisis de 2008. Los agricultores fuertes acapararán los fertilizantes orgánicos y subirá el precio. En estas circunstancias siempre hay especulación", valora.

Algunas organizaciones agrarias, como Asaja, reclaman que si de verdad se quiere aumentar el uso de abonos naturales en Europa hay que eliminar las restricciones de uso por motivos ambientales. Algunos cultivos no son rentables salvo que la producción sea artificialmente alta, y para eso necesitan una cantidad de nitrógeno extraordinaria. Sin embargo, el uso de estiércol está topado en algunos lugares donde históricamente se ha abusado de ellos.

En concreto, su empleo está limitado a 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año en terrenos sensibles a la contaminación de las aguas subterráneas, que no son pocos: prácticamente toda Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y amplias zonas del centro y el sur de la península. Mientras que el uso de fertilizantes químicos en estas tierras está regulado pero es mucho más laxo, en función del cultivo.

Carlos Baixuli, director del Centro de Experiencias de Cajamar y experto en salud del suelo aboga por eliminar estos máximos. "El problema es que tenemos una normativa que nos limita con unos valores que en mi opinión son un corta-pega de Europa que no tienen sentido para España", opina. El experto aboga por utilizar análisis de suelos y sondas para soltar con precisión estos abonos. "Utilizar materia orgánica no significa hacer mal las cosas, solo hay que saber dosificarla. Hay malos usuarios de abonos orgánicos y hay malos usuarios de minerales, que piensan que por echar más van a recoger más".

El ébola vuelve a golpear África. El pasado 5 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue alertada de un brote de una enfermedad desconocida y de alta mortalidad en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC). Tras una investigación exhaustiva, diez días después se confirmó que se trataba de un brote de ébola causado por la especie Orthoebolavirus bundibugyoense. En la actualidad, la situación ya se ha convertido en una epidemia.

Hasta el momento, en el epicentro de Ituri concentran más de 370 casos sospechosos y al menos 100 fallecidos, entre ellos varios trabajadores sanitarios. La expansión del virus incluye al menos un caso confirmado en la capital Kinshasa, la capital congoleña; otro en la ciudad de Goma y dos contagios importados en Kampala, capital de Uganda, donde uno de los pacientes ha fallecido. El episodio ha sido calificado de extraordinario y potencialmente muy peligroso. Se espera que el número de casos y de muertes siga aumentando.

La OMS ha determinado que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por una combinación de factores críticos que elevan el riesgo global y regional. Entre ellos figuran la rápida expansión transfronteriza entre la República Democrática del Congo y Uganda; la alta movilidad de la población en una zona afectada por conflictos armados que dificultan la contención; el hecho de que la especie responsable sea el virus Bundibugyo –poco frecuente y para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados–; y la falta de claridad para identificar el origen de los contagios, lo que apunta a una transmisión comunitaria activa y probablemente subestimada.

Con la declaración del ESPII, la OMS busca movilizar con urgencia recursos financieros, científicos y logísticos internacionales. El objetivo es acelerar las investigaciones clínicas y mejorar la vigilancia sanitaria mundial.

Por el momento, no se cumplen los criterios para declarar una pandemia. Por esa razón, la OMS ha desaconsejado el cierre generalizado de las fronteras internacionales.

El virus del ébola afecta con mayor frecuencia a personas y primates no humanos, como monos, gorilas y chimpancés. Hasta la fecha se han descrito seis especies del patógeno.

De ellas, tres se han asociado a grandes brotes de ébola en África: Bundibugyo, Sudán y Zaire. Las tasas de mortalidad varían según la especie: alrededor del 40% en el caso del virus del brote actual, el Ébola Bundibugyo (Orthoebolavirus bundibugyoense); del 50% para el virus del Ébola Sudán (especie Orthoebolavirus sudanense), y de hasta el 90% en el virus del Ébola Zaire (especie Orthoebolavirus zairense).

La incidencia en personas del Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense), identificado más recientemente, sigue desconocida. Los ebolavirus Reston y Taï Forest, aunque pueden infectar a humanos, de momento no han producido fallecimientos.

El virus del ébola fue detectado por vez primera en 1976 en dos brotes simultáneos registrados en la República Democrática del Congo y Sudán. Ahora, la RDC afronta su 17º brote.

Entre 1976 y 2014, los brotes de ébola se produjeron principalmente en aldeas remotas próximas a las selvas tropicales de África central y occidental. Concretamente, en la RDC, Sudán, Gabón, Uganda y la República del Congo.

Sin embargo, en 2014 se produjo un cambio profundo en la distribución de la enfermedad. Por primera vez, el ébola provocó grandes brotes en África occidental (Guinea, Liberia y Sierra Leona). En estos países la transmisión se extendió con intensidad en las zonas urbanas, lo que multiplicó la extensión de la enfermedad.

Asociados a este brote, fueron importados casos de ébola a Italia, Nigeria, Malí, Senegal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La aparición de nuevos brotes de ébola en África parece ser cada vez más habitual. Pero, ¿a qué se debe? Algunas de las causas están relacionadas con la deforestación y la destrucción de hábitats, que obligan a los murciélagos portadores a desplazarse y a entrar en mayor contacto con las poblaciones humanos.

Además, el crecimiento demográfico y la mejora de la conectividad vial permiten que un virus antes aislado en aldeas remotas llegue rápidamente a ciudades densamente pobladas.

Asimismo, los conflictos armados dificultan la respuesta sanitaria. La presencia de grupos rebeldes, el desplazamiento masivo de refugiados y la profunda desconfianza de algunas comunidades hacia los gobiernos o los trabajadores sanitarios extranjeros complican mucho el rastreo de contactos, el aislamiento de los enfermos y la aplicación de medidas de control.

A esto se suma la persistencia del virus, capaz de reactivarse o transmitirse sexualmente en supervivientes meses después de la infección. Por último, la mejora de la capacidad científica para detectar y registrar brotes que antes pasaban desapercibidos ha aumentado la frecuencia de los casos declarados.

Al parecer, el virus del ébola Bundibugyo llega a la población humana a través del contacto estrecho con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados como murciélagos frugívoros, chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque o puercoespines hallados enfermos o muertos en la selva tropical.

Después, el virus se transmite de persona a persona mediante el contacto directo, a través de la piel lesionada o las membranas mucosas, con la sangre o los fluidos corporales de una persona que está enferma o ha muerto a causa de la enfermedad del ébola. También puede propagarse a través de objetos que han sido contaminados con fluidos corporales como sangre, heces o vómito.

La especie Bundibugyo fue identificada por primera vez en 2007 en el distrito homónimo, situado en el oeste de Uganda. Desde el brote registrado en 2012 en la República Democrática del Congo, no había vuelto a dar señales de vida.

El período de incubación varía entre dos y 21 días. Las personas infectadas con Bundibugyo no pueden propagar la enfermedad hasta que desarrollan síntomas y siguen siendo infecciosas mientras el virus permanezca en su sangre.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina e incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupción cutánea, síntomas de insuficiencia renal y función hepática. En algunos casos, el paciente puede presentar sangrado tanto interno como externo.

Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y de Uganda cuentan con experiencia en la gestión de brotes de ébola, mantienen activos programas de vigilancia y disponen de profesionales capacitados para detectar el patógeno. Aún así, crear conciencia sobre los factores de riesgo de la infección y las medidas de protección sigue siendo una estrategia eficaz para reducir la transmisión humana de la enfermedad.

Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, Universidad de Salamanca. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

José Antonio López Guerrero (Madrid, 1962), catedrático de Microbiología en el departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, es un poco madrileño, un poco extremeño y otro poco alemán, además de uno de nuestros principales divulgadores científicos. Con una curiosidad voraz desde niño, adelantaba los cursos mientras demandaba las respuestas que ahora le gusta transmitir a los demás en los diferentes medios de comunicación en los que colabora. A sus colegas reacios a explicar sus líneas de trabajo les espolea: “Si no sabes comunicar a la sociedad en qué estás trabajando, seguramente te has equivocado de trabajo”.

“Soy virólogo molecular y solemos estudiar el comportamiento del virus con su hospedador, los ciclos virales y quizás también la respuesta inmune que puede producirse tras una infección. En el caso de la especie de hantavirus Andes, que es la única a día de hoy que se ha constatado que se transmite entre humanos, la idea es dar la mayor información veraz posible, con los datos científicos en la mano. La población tiende a pedir siempre soluciones y explicaciones inmediatas. Lo vimos durante la pandemia. Luego hay mucha gente que se convierte en profetas del pasado. En el año 2026 ya saben exactamente lo que había que haber hecho en febrero de 2020, pero entonces estuvieron calladitos. Solamente los virólogos y los comunicadores científicos tuvimos que ir informando a medida que íbamos sabiendo los datos y los íbamos interpretando. Como sabemos en ciencia, la realidad y los datos científicos a veces son volátiles, se van superando por nuevos datos. La pseudociencia no tiene ningún problema, su esencia es estanca. A un iluminado se le ocurre una pseudociencia y esta permanece inamovible, ad eternum”.

“La crisis del hantavirus, por desgracia, en relación al comportamiento social y de los políticos, no ha decepcionado, en el mal sentido. Durante la pandemia de 2020, la de la covid-19, nos acostumbramos a que incluso se utilizaron los cadáveres que iban produciéndose día a día como arma arrojadiza electoral y política mientras se iba perfeccionando la comunicación supranacional cada vez con más organismos y los diferentes países fueron engrasando su cooperación epidemiológica. Creo que eso ha permitido actuar tempranamente en otras crisis con otros virus. Por ejemplo, el Monkey Pox hace unos años. El mundo de la política sigue igual de embarrado, sigue igual de enfangado y, además, como ahora estamos en época de elecciones, todavía más. Utilizar en clave electoral, en clave política desde el minuto cero, todas las actuaciones ya no de un gobierno, sino de una estructura compleja de organización con muchos actores, la OMS, el Centro de Control de Enfermedades, diferentes países, el Gobierno español... Utilizarlo desde el minuto cero para intentar generar ruido y alarma en ese momento innecesaria, por desgracia es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde la política. Lo vivimos durante la covid-19 y no hemos aprendido nada. Y seguramente en la siguiente crisis sanitaria volveremos otra vez a ver este sinsentido político”.

“La dimensión de esta crisis del hantavirus ha sido algo excepcional. El hantavirus es un virus endémico en el Cono sur americano, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. Ahí conviven con el virus y se infectan todos los años cientos de personas y mueren en torno a un 20% o 30% de al menos los que desarrollan sintomatología. Pero un barco, un crucero de lujo con pasajeros de más de 20 países ha sido, como digo, algo excepcional. Se ha tenido que organizar un consorcio realmente complicado de gestionar y creo sinceramente que ha ido bien. Se ha tenido que ir, no me gusta decir improvisando, pero sí creando protocolos ad hoc para las circunstancias tan especiales de tener que repatriar a más de 20 nacionalidades desde un barco que estaba en alta mar, que había cruzado el Atlántico. Y con todo eso ha habido luego cierta libertad para los diferentes países a la hora de gestionar internamente la crisis. En cuanto a dónde y cuándo realizar la cuarentena, todavía hay flecos que se están organizando, por ejemplo, cuándo debe empezar. Y con el caso positivo entre los pasajeros españoles del barco, a lo mejor se reestructura esa cuarentena. Se ha organizado un operativo excepcional para un problema sanitario excepcional, con muchos actores de muchos países, y considero que está saliendo razonablemente, por no decir realmente, bien”.

“La familia hantaviridae pertenece a un grupo de virus que se conocen como virus de fiebres hemorrágicas. Muchos de ellos son virus emergentes y viven en reservorios animales. Centrándonos en los hantavirus en roedores, se especula que han evolucionado con ellos desde hace a lo mejor 100 millones de años. Cada especie de hantavirus tiene un roedor específico como reservorio en el que vive en equilibrio sin causar daño. En el caso del hantavirus de la especie Andes es el ratón de cola larga. Pasan de los roedores a los humanos por contacto con sus excrementos, con fluidos, con orina, con saliva... Y, en principio, el humano se convierte en una especie de final de infección. El Andes es un virus como otros de los llamados del Nuevo Mundo, que producen síndrome cardiopulmonar, altamente patogénico en el caso del Andes. Se transmite difícilmente entre humanos. Hace falta contacto estrecho, prolongado. A medida que se transmite entre humanos, los datos que hay hasta ahora son que va perdiendo capacidad de transmisión. Allí donde se transmite es donde causa sintomatología. El virus se convierte en ltamente letal, con, según a quién le preguntes, hasta un 50% de letalidad. Una media entre un 20% y un 30%, eso sí”.

“Falsos expertos, comunicadores, divulgadores, son oportunistas que brotan en las crisis. Lo sufrimos durante la pandemia de la covid. Muchos se mueven muy bien en las redes sociales. Muchos también tienen connotaciones políticas. Por desgracia, los mensajes catastrofistas, los mensajes negacionistas se hacen más virales que los mensajes desde el mundo de la ciencia que son menos radicales. No se sabe todo. En ciencia se va aprendiendo a medida que va avanzando la crisis. La pseudociencia, los bulos y las mentiras son muy atrevidos y pueden ser tan exagerados como se desee. A veces es difícil distinguirlos en los medios oficiales de comunicación, televisión, prensa o radio. Y es una lucha para los científicos tener que estar detrás de todos estos falsos comunicadores, como diría Don Quijote, desfaciendo entuertos. Dicho esto, no hay ningún experto universal. Yo no trabajo con hantavirus, tampoco trabajaba al principio con coronavirus. Ahora sí tengo proyectos con coronavirus. Pero soy virólogo, digamos que soy capaz de llegar a las fuentes del conocimiento. Y, como se suele decir vulgarmente, en el caso de que no sepa un aspecto de la virología de los de los hantavirus, tengo el teléfono de los que lo saben. Por lo tanto, yo creo que como comunicador no es necesario tener el conocimiento universal, pero sí saber dónde encontrarlo, sí gestionarlo y sí saber comunicarlo”.

“El riesgo de este brote o extraordinario momento es –en ciencia tendemos a ser comedidos y no ser absolutos– diría que cero. El riesgo es ninguno. En ciencia se dice que es prácticamente, virtualmente ninguno. El riesgo de una pandemia, un descontrol social epidémico de este virus, no es, no existe. Entre otras cosas estamos comentando que el virus ya está libre. Es endémico en Chile, en Argentina y se dan casos esporádicos. El virus se empezó a conocer en los años 90. En el año 2018, hubo un gran brote en un cumpleaños de 38 personas. Ahora, en Madrid tenemos, en el Hospital Gómez Ulla, a un paciente de los 14 pasajeros españoles. Eso ya estaba contemplado en el operativo que había formado. Porque estamos dentro del periodo en el que una persona puede ser asintomática y de repente positivizar. Simplemente se le ha cambiado a una planta aislada, restringida. Creo que está también contemplado empezar a hacer pruebas serológicas porque sería lógico ver cómo evoluciona también el sistema inmunológico de los pacientes con sintomatología. Pero insisto, riesgo para la población, si quiero ser muy científico diré prácticamente cero; si quiero ser realmente comunicador y realista, diré cero”.

“La investigación de los virus se lleva a cabo en diferentes laboratorios del mundo, porque cada año se producen más de 100.000 casos de virus. Gran parte de ellos en el sureste asiático, donde predominan la rama de los hantavirus que producen fiebres hemorrágicas y síndrome renal. También en Argentina hay grandes grupos de epidemiología. En España, en el Centro Nacional de Epidemiología, en el Centro de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda, se trabaja con virus emergentes. Compañeros y compañeras mías son asesores y trabajan en contacto directamente con la Organización Mundial de la Salud. Pero sinceramente desconozco que haya grupos concretos que trabajen con hantavirus y concretamente con la especie Andes. Hice una consulta al respecto dentro de la Sociedad Española de Virología y me dijeron que no les constaba ningún proyecto ni ningún grupo específico experto concretamente en esta familia viral”.

“El segundo mandato del señor más poderoso del mundo, y yo creo que uno de los de los más peligrosos, diría que es mucho más peligroso que el virus. El Trump 2.0 está siendo catastrófico para muchas cosas, para sobre todo para la vida humana. Con qué frivolidad trata un genocidio en Palestina. Con qué frivolidad trata una guerra en Ucrania despreciando al presidente. Ahora entra en un país de forma ilegal para secuestrar a un presidente, aunque se pueda cuestionar también la autoridad y legalidad de ese presidente. Y ahora mismo tenemos Irán. Y en cuanto a salud, se ha salido de muchas de las organizaciones supranacionales de cooperación para el desarrollo, de cooperación para la salud. Se ha salido de la OMS, de los programas mundiales de vacunación, por ejemplo, que permitían vacunar a millones de niños de diferentes enfermedades, y eso está provocando la muerte de miles y miles de niños y de personas en países de bajo nivel económico. Realmente está suponiendo una catástrofe mundial medioambiental porque también se ha salido de los organismos de control de los programas medioambientales y sanitarios. Un desastre. Está siendo un desastre. Lo único que podemos esperar es que no dé un golpe de Estado interno y se quede a perpetuidad, y que esto dure solamente lo que le queda de mandato”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo que, al igual que la ONU, el presidente Trump está menospreciando. De hecho, ha creado algo así como una ONU secundaria ad hoc con sus camaradas ultras de Argentina, de Israel. Y no sé si [ahí] seguirá Hungría ahora que Orbán ya no es presidente. En lo que respecta a la OMS, la pérdida de la aportación de Argentina no tanto, pero la de Estados Unidos ha sido demoledora. Sin embargo, está demostrando que con los pocos recursos que tiene del resto de los países que son socios, por ejemplo España (por cierto, hay que felicitarnos porque tenemos una ministra que forma parte del Comité de Sanidad de la OMS), tiene capacidad todavía para coordinar grandes operativos como el que estamos viviendo de esta crisis de hantavirus”.

“Se da una falta de apoyo federal de Estados Unidos a sus programas de investigación y de sanidad. El que era quizá el mayor Centro Nacional de Salud del mundo está muy mermado por la retirada de capital. Han cambiado varias veces ya a los a los directores. En la era de Elon Musk en la Administración, fue sometido a una criba de funcionarios y también de dinero público para investigación. Con el Secretario de Estado de Sanidad siendo un negacionista de las vacunas. Es una catástrofe. Eso lo puedo constatar yo. He pasado de ser un demandante de laboratorio de cooperación, de solicitar ayuda a muchos laboratorios de Estados Unidos para mi propia investigación, a ver cómo es rara la semana que no me llega una solicitud de un grupo de investigación en Estados Unidos pidiéndome algo así como asilo, algo así como una colaboración. Incluso se ofrecen venirse con todo el equipo, con todo el grupo. ¿A dónde? ¿A mi laboratorio? ¿Un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid con escasamente cinco personas entre predoctorales, postdoctorales y coordinadores? Esto parece la serie Stranger Things, en la que hay un mundo al revés. Ya sufrieron algo parecido en la era Bush con los recortes a la investigación en medicina regenerativa, con los embriones supernumerarios. De repente perdieron el frente de investigación a favor de otros grupos en China, por ejemplo, y en Europa. Y, por desgracia, tardarán años, el gran Estados Unidos y su gran sociedad, en recuperar los niveles hegemónicos a los que nos tenía acostumbrados. Y todo esto lo está aprovechando claramente otra potencia que se dice que es la segunda potencia del mundo, pero creo que según en qué parámetro, ya está por delante de Estados Unidos, por mucho que le pese a Trump, que es China”.

“La fuga de cerebros en España la sufrimos constantemente. Porque nosotros tenemos como algo endémico la deficiente ayuda pública a la investigación, donde nuestros mejores científicos se tienen que marchar. Sé de lo que estoy hablando porque tengo en mi laboratorio a una de las mentes más brillantes que he visto en toda mi carrera científica. Y está luchando, como se suele decir en mi pueblo, como gato panza arriba para intentar conseguir un puesto de ayudante en la universidad o en el CSIC, que en el mejor de los casos estamos hablando de sueldos de mil, mil y pocos euros al mes. Hasta que en un momento determinado pueda decidir que ya no le compensa y se vaya fuera de España. Cuando haga eso, en unos años oiremos hablar seguramente de esta persona con la genialidad que tiene y nos daremos golpes en el pecho diciendo que una científica española ha descubierto tal cosa en tal país. Ahora podemos hacer que esa tal cosa ocurra en nuestro país. En Estados Unidos está habiendo una fuga de cerebros también muy importante ahora mismo, pero a lo que está pasando en España estamos acostumbrados, por desgracia. No parece que la situación vaya a cambiar con en torno al 1% del PIB de inversión en ciencia, cuando nos están pidiendo desde fuera que lleguemos al 5% en armamento; es algo, como he dicho, de Stranger Things, del mundo al revés”.

En noviembre del año pasado, un colapso en el servicio de radiología del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) dejaba más de 5.000 TAC –una prueba médica de diagnóstico por imagen– pendientes de realizar. 500 de ellos eran oncológicos. Lo denunciaba el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a través de sus representantes en el centro, que pedían más personal para poder responder a la alta afluencia de pacientes. Una de aquellas pacientes era Cristina, una mujer de 60 años a la que, tras un tratamiento de quimioterapia por un cáncer gástrico comenzó con las consultas de seguimiento de la enfermedad. El problema es que los pacientes siguen denunciando que ese retraso en las pruebas aún persiste.

La afectada cuenta a infoLibre que su primera revisión estaba programada para el 20 de noviembre de 2025, aunque la cita para el TAC, con el que su oncóloga debía valorar su evolución, llegó el 21 de diciembre, es decir, un mes y un día tarde. En su siguiente revisión, programada el 26 de febrero de 2026, lejos de hacerle otra prueba, utilizaron el resultado de la anterior. Su próxima cita con la oncóloga es el 19 de mayo, cuenta, y por el momento, no ha recibido una citación para hacerse el TAC con el que su médico debe valorar la evolución de su salud. 

En noviembre del año pasado, el sindicato señalaba que en el hospital funcionaban "tres equipos de TAC, cada uno con su propio listado de pacientes. Sin embargo, desde hace más de un año se mantiene una cuarta lista de espera paralela, repartida entre las tres máquinas, lo que ha provocado una sobrecarga permanente de actividad, acumulación de retrasos y un deterioro progresivo de la calidad asistencial". En ese momento, los afectados llegaron incluso a organizarse en la Asociación SOS Salud Andalucía para denunciar la situación.

El marido de Cristina, José Luis, cuenta que ante este escenario hablaron con su médico sobre la posibilidad de hacerse las pruebas necesarias en la sanidad privada y aportarlas al expediente. “Mi mujer pidió cita para hacerse el TAC por la privada porque estamos viendo que va a ocurrirnos lo mismo de nuevo”, apunta. De hecho, han pasado por el centro sanitario para recordarles su cita, aunque sin obtener una respuesta concreta.

Una de las representantes sindicales de CCOO en el hospital explica a infoLibre que en noviembre, y a raíz de varias quejas que habían ido recibiendo, pidieron explicaciones al centro sobre las listas de espera y solicitaron que se reforzasen las plantillas. “No queremos que este atasco en las listas de espera sirva como excusa para que se externalizase el servicio o se contratase a empresas privadas, sino para que se reforzase el personal del centro”, apunta. 

Este periódico ha pedido al Hospital de Jerez los datos actualizados sobre la situación de las listas de espera, pero a fecha de publicación de este artículo no ha recibido una respuesta.

Los tiempos de la sanidad pública y la acumulación de pacientes en las listas de espera se suelen utilizar para medir el desempeño de los sistemas sanitarios públicos. En el último dato ofrecido por el Ministerio de Sanidad, relativo a diciembre de 2025, las listas de espera en España acumulaban un dato récord de 853.509 pacientes. En el caso de Andalucía, las protestas en esta área han sido reiteradas y llamativas. Por un lado, los andaluces son los que más esperan, de media, para una operación (173 días) y los cuartos, después de Canarias, Navarra y Aragón, que más tardan en ser atendidos por un especialista (136 días), según datos de Sanidad. Por otro lado, los retrasos en el diagnóstico de más de 2.000 mujeres que desató el escándalo de los cribados del cáncer de mama a finales de 2025 pusieron aún más en cuestión la situación del sistema sanitario andaluz.

La sanidad es el punto débil de Juanma Moreno (PP) y un motor de protestas sociales. El pasado 12 de abril, miles de personas salieron a la calle en las ocho capitales de la comunidad para protestar por el deterioro del sistema sanitario. De hecho, el CIS andaluz lo sitúa como la primera preocupación de los ciudadanos, por encima del paro.

En esa sensación de deterioro inciden también los representantes sindicales del Hospital Universitario de Jerez: "Cada prueba retrasada implica un diagnóstico que no llega a tiempo, un tratamiento que se aplaza y, en muchos casos, una patología que se agrava por falta de respuesta sanitaria rápida [...] Esta situación representa un riesgo asistencial grave y una falla de gestión que está poniendo al límite tanto a los profesionales como a los usuarios del sistema público de salud", exponían en su nota de prensa protestando por las largas listas de espera en los TAC.

En el debate entre los candidatos a la Junta celebrado este lunes, la sanidad acaparó gran parte de las intervenciones. Juanma Moreno defendió la actuación de su ejecutivo al "pedir perdón, resolver el problema y asumir responsabilidades" en el tema de los cribados del cáncer de mama. Sobre el deterioro del sistema y las listas de espera y la privatización, el actual presidente y candidato popular se acogió al argumento de que era una cuestión de gestión, argumentando que la Junta recurre a conciertos sanitarios con empresas externas para cubrir necesidades, como lo hacen otras comunidades.

“El Servicio Andaluz de Salud (SAS) nunca ha funcionado muy bien, pero últimamente se ha deteriorado. Además, en temas oncológicos, donde el tiempo de respuesta es clave. Ha tenido mucha repercusión el asunto de los cribados del cáncer de mama y se han propuesto solucionarlo, pero da la impresión de que han empezado a desvestir un santo para vestir a otro, porque cánceres de otro tipo no están siendo atendidos como deben”, concluye José Luis.

Una combinación de calor extremo y humedad pondrá en riesgo la salud de los jugadores y la afición durante el próximo Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio. Según un estudio publicado este jueves, al menos una cuarta parte de los encuentros se disputarán en condiciones meteorológicas consideradas "inseguras" para un deporte de alta intensidad, y algunos de esos partidos –en principio, se estiman en cinco– tendrán lugar en condiciones de muy alto riesgo, con una sensación térmica equivalente a 38 ºC. El cambio climático, recoge el análisis, empeorará drásticamente las condiciones de juego.

El prestigioso equipo que lo ha elaborado, el World Weather Attribution, una coalición global de científicos, ha reclamado en una rueda de prensa, medidas preventivas para evitar sustos, como ataques al corazón o golpes de calor. Los autores advierten que los aficionados estarán expuestos a muchas horas de sol que se sumarán a la habitual combinación de alcohol, baja hidratación y poco descanso que caracteriza a este evento. Añaden que los jugadores procedentes de regiones frías probablemente tendrán un peor rendimiento en el campo debido al choque térmico y podrían sufrir problemas de salud.

El informe calcula la peligrosidad de cada partido teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas, elevada humedad, escaso viento y fuerte radiación solar. Esos cuatro parámetros combinados permiten calcular un índice llamado temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb Globe Temperature, o WBGT) para cada partido del Mundial. El WBGT se diferencia de la conocida como sensación térmica en que esta se mide a la sombra y solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad.

Calcular la temperatura de bulbo es muy importante en lugares de elevada humedad porque representa el estrés térmico al que se somete el organismo, y es clave para medir el peligro al que se exponen personas que pasan mucho tiempo al sol o practican deporte. A medida que aumenta la humedad relativa del aire, el cuerpo humano pierde capacidad para sudar porque el aire se satura de agua, incrementando drásticamente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

A diferencia de la temperatura del aire seco que utilizamos en nuestro día a día –y que los humanos pueden soportar en niveles muy altos–, la WBGT tiene un límite máximo de 35ºC, según el consenso científico. A partir de ese nivel, cualquier persona, incluso un deportista con buena salud, sufre un golpe de calor y puede morir en cuestión de seis horas porque en esas condiciones el organismo llega a alcanzar temperaturas de 42-43 ºC. No obstante, para llegar a una temperatura de bulbo de 35 ºC haría falta, por ejemplo, que una ciudad registre 41 ºC de calor con un 75% de humedad, un escenario extremo.

En ningún caso se llegará a esos niveles durante el Mundial, pero sí se esperan umbrales de WBGT de riesgo en numerosos encuentros, especialmente en estadios del este y el suroeste de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York y Kansas.

Teniendo en cuenta la fecha, hora y ubicación de cada uno de los 104 partidos del evento, los investigadores han calculado que se jugarán nueve partidos bajo una temperatura de bulbo superior a 26 ºC, el nivel a partir del cual se considera arriesgado jugar, según el sindicato internacional de futbolistas Fifpro. En esa cifra no se tienen en cuenta los enfrentamientos jugados en los estadios de Houston, Dallas y Atlanta porque estos tienen aire acondicionado, disminuyendo el peligro.

Si se incluyen también estos estadios, en total habrá 26 partidos de riesgo a lo largo del Mundial. Los autores destacan, en todo caso, que las zonas exteriores de fans en ningún caso estarán refrigeradas. A lo largo del Mundial, también habrá al menos cinco partidos en los que la temperatura de bulbo superará previsiblemente los 28 ºC, una línea roja.

La organización Fifpro recoge que cuando la temperatura de bulbo supere los 26 ºC en un partido "deberían incluirse pausas de refresco. Por ejemplo, a los 30 minutos de cada parte". Mientras que cuando se superen los 28 ºC de bulbo, "debería retrasarse o posponerse el partido hasta que las condiciones para los jugadores, árbitros y fans sean seguras". Estas advertencias contrastan con la normativa vigente de la Copa Mundial de la FIFA, que solo contempla el aplazamiento cuando la WBGT supera los 32 °C.

Chris Mullington, anestesista y profesor del Imperial College de Londres, explicó en la rueda de prensa de presentación del estudio que el índice de temperatura de bulbo será determinante en el Mundial de este año porque las condiciones serán especialmente duras.

"En la práctica, la temperatura de bulbo expresa la dificultad del cuerpo para enfriarse. Esto es importante porque los futbolistas generan grandes cantidades de calor metabólico a base de esprintar. Cuando los umbrales seguros se superan, las consecuencias son tanto de salud como de rendimiento", resumió Mullington.

El experto puso ejemplos históricos como el del corredor británico Jonny Brownlee, que tuvo que ser ayudado por un compañero en 2016 para alcanzar la meta durante una carrera en condiciones extremas de humedad en Cozumel (México).

En cuanto a los aficionados, el especialista advierte que el riesgo es todavía mayor. "Entre el público habrá gente muy joven y muy mayor, pueden tener problemas cardiovasculares o de riñones o pueden estar tomando medicamentos sensibles al estrés térmico", añade. 

Joyce Kimutai, una de las autoras del estudio e investigadora del Centro de Política Medioambiental del Imperial College, subraya que este Mundial será 0,7 ºC más cálido de media que el último celebrado en Estados Unidos, en 1994. "Este cambio es atribuible al cambio climático antropogénico. Además calculamos que esta intensidad se incrementará en el futuro a medida que el planeta se caliente. Solo el fin de los combustibles fósiles puede prevenir esta escalada", subrayó en una llamada con periodistas. Para atenuar el impacto sobre la salud del evento, incidió en que hará falta poner toldos, zonas de hidratación y aire acondicionados en todas las instalaciones. 

Hace ya tiempo que, cada vez que alguien me pregunta educadamente “¿cómo estás?”, mi respuesta es una repregunta: “¿en comparación con quién?”. Todo el mundo entiende que es una expresión realista. Sin entrar en detalles. La crisis originada por ese crucero con pasajeros enfermos o quizás portadores del hantavirus ha sido una oportunidad muy clara para comparar distintas formas de gestionar la salud pública, pero también de distinguir entre buenas o malas personas, entre políticos responsables o verdaderos ineptos, entre gente solidaria o ególatras de manual, entre dirigentes respetuosos con los derechos humanos y la legalidad internacional o tipos que sólo reivindican el “sálvese quien pueda”... Incluso hemos podido distinguir entre ratas y hombres, entre patriotas de boquilla y quienes defienden lo común y están donde deben estar. Sin un solo grito.

En lo peor de la pandemia se me quedó grabada una reflexión del profesor Daniel Innerarity que repito a menudo: “Ni los científicos saben tanto como creemos, ni los políticos pueden tanto como parece”. Partiendo de esa máxima, es razonable admitir que la gestión de esta crisis de salud pública por parte del Gobierno de coalición ha sido irreprochable. ¿Era su obligación? Sí, pero también habría podido ponerse de perfil, desoír la petición de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea y sumarse a la ola populista y demagógica de la “prioridad nacional”. Tiene toda la razón David Trueba cuando advierte que “los que pretendían que los pasajeros del barco en cuarentena siguieran en alta mar durante semanas con un cadáver en el congelador tan sólo prolongaban el lema populista de nosotros primero” (ver aquí). Ese patrioterismo ratero deshace cualquier “nosotros” y deshumaniza por completo la convivencia. Toda “prioridad nacional” acaba en la defensa de los intereses de las élites con mayor poder económico y financiero, quienes confían en que ese “sálvese quien pueda” los protege, primero y casi exclusivamente, a ellos.

Sí, conviene comparar para poder valorar a cada cual en su justa medida. No se trata de poner el ventilador, sino el aire acondicionado. Cada gobernante lleva su mochila en gestión de crisis. El PP tiene en su “haber” el accidente del Prestige, el del Yak-42, los atentados terroristas del 11-M, el descarrilamiento del Alvia a Santiago, el del Metro de València, el desastre de la dana… Miren al retrovisor y repasen lo que se hizo y cómo se hizo. Cualquiera diría que tienen un manual de instrucciones que siguen al pie de la letra: primero negar la realidad de lo ocurrido, segundo desviar la atención buscando culpables sin el menor fundamento, tercero demonizar a las víctimas señalándolas como activistas políticos, y cuarto obstaculizar la acción de la justicia para esquivar responsabilidades. Todo con un hilo conductor: la mentira como principal mensaje político. Y siempre con la inestimable ayuda de toda una batería mediática de potencia sufragada con dinero público. 

Los gobiernos de Pedro Sánchez han acumulado desde 2018 una experiencia inédita en gestión de crisis. Y hablamos de crisis que superan la gravedad de un accidente aéreo o un vertido de petróleo, sólo comparables (quizás) a la masacre terrorista de marzo de 2004. Examinada con perspectiva y con el análisis comparativo respecto a otros gobiernos nacionales o autonómicos, la gestión de la pandemia del covid en 2020 tiene como principal mancha la que aportaron una ultraderecha negacionista y una derecha irresponsable, muy especialmente con una presidenta de la Comunidad de Madrid que todavía a día de hoy sigue instalada en la mentira, la opacidad y el desprecio a las víctimas de los Protocolos de la Vergüenza aplicados en las residencias de mayores durante los primeros meses del covid (ver aquí).

Como ya han advertido científicos de muy diferente origen y formación, lo más parecido al brote de hantavirus del crucero MV Hondius no es el covid, sino el brote de ébola de finales del verano de 2014 que se llevó por delante las vidas de dos misioneros y una auxiliar de enfermería. Busquen, por favor, documentos y vídeos sobre la gestión que hizo la entonces ministra de Sanidad del PP, Ana Mato (ver aquí). Cualquier comparación con Mónica García y su actuación en la última semana es letal para la primera. Baste decir que en aquella ocasión tuvo que salir Fernando Simón a salvar al gobierno del PP del devastador ridículo que estaba haciendo (cosa que, al parecer, aún no le perdonan en Génova a quien Pedro Sánchez mantuvo como Coordinador de Emergencias Sanitarias). 

Por supuesto que en toda gestión de crisis se cometen errores, y es exigible que se asuman, se corrijan y se extraiga de ellos aprendizaje para el futuro. Pero, sinceramente, no quiero imaginar ya una crisis de salud pública o una catástrofe gestionada por un Rajoy, un Trillo, un Aznar, una Mato, un Mazón… No estoy hablando aquí de ideología (que también), sino sobre todo de rigor, seriedad, capacidad, eficacia, entrega… Pregunten, sin distinción de siglas, a los valencianos si les gustaría tener al frente a un Mazón ante una nueva dana (que llegará, desgraciadamente), o a los gallegos y gallegas si recuperarían a un Rajoy o a un Cuiña frente a un nuevo vertido de petróleo. O en Madrid a una Ana Botella tras un accidente en una macrofiesta de Halloween (ver aquí).

Y sí, menciono la ideología porque toda estrategia política tiene consecuencias. Cuando un partido conservador abandona la trinchera de los principios democráticos de la igualdad, la libertad, la fraternidad… y abraza disparates discriminatorios como la llamada “prioridad nacional” (con o sin “arraigo”), termina haciendo lo que el PP hizo nada más estallar la crisis del hantavirus: pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, culpar a Sánchez de un supuesto “caos” que no existía y dar la espalda a la responsabilidad de España ante la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el respeto a los derechos humanos. Nada alejado de la alucinógena tesis de Santiago Abascal: “El hantavirus es un invento de Sánchez para ocultar los casos de corrupción”. O sea la misma idiotez que lanza la reaparecida Ayuso, que además denuncia haber sido “abandonada” (por Sánchez, obviamente) en una “situación de peligro extremo” en México (riesgo máximo que la ha obligado a pasar unos días de vacaciones discretas en la Riviera Maya, ¡sin ningún pudor!).

Lo cierto es que, pasadas casi dos semanas, seguimos sin saber exactamente qué habrían hecho las derechas en una situación similar: ¿habrían dejado el barco a la deriva? ¿Habrían enviado un comando para extraer sólo a los españoles (y mucho españoles) del pasaje? ¿Habrían quizás encargado a Netanyahu bombardear el crucero para evitar cualquier posibilidad de contagio? Aquí no solo ha hecho el ridículo Fernando Clavijo con sus ratas nadadoras; se ha retratado también el trío Feijóo-Abascal-Ayuso con su absoluta incapacidad para mostrar el más mínimo sentido de Estado. Con ese desparpajo patriotero siempre dispuesto a proteger a las élites, nunca pendiente de los vulnerables.

P.D. De ratones y hombres, de John Steinbeck, fue uno de los libros que más me impactaron en la adolescencia. Por su lenguaje, por su dureza, por la crudeza de la historia narrada. Por su retrato en parte autobiográfico de la Gran Depresión, tan deprimente como el que escribió en Las uvas de la ira. Dibuja –con casi un siglo de antelación– las consecuencias inhumanas de un capitalismo salvaje (y eso que ni podía imaginar el autor los dominios de los tecnooligarcas). Es la historia de dos migrantes que solo buscan sobrevivir. Prioridad humana (no nacional).

Hace ya tiempo que en España se ha instalado la zafiedad como marca. Hace ya tiempo que la sensatez se ha refugiado en algún rincón perdido, incapaz de doblegar a la zafiedad. Es lo que lamentablemente se llevará el Secretario General de la OMS de su presencia en España.

El máximo responsable del organismo que vela por la salud de los terrícolas (incluidos los españoles) que lleva sobre su mochila toda la información científica de cada rincón del mundo y de los recursos que poseen las autoridades de aquellos rincones, no dudó ni un segundo en señalar a España como el lugar con la capacidad necesaria para solventar los problemas sanitarios que, en torno al hantavirus, se habían producido en el barco crucero My Hondius procedente de Ushuaia (Argentina). “Estamos orgullosos de que haya sido la OMS quien haya elegido España para esta operación, dada la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica y de nuestro sistema sanitario”, ha señalado la ministra de Sanidad. 

Pero lo que seguramente no lleva en su mochila es la zafiedad que lleva instalada en España desde hace más de 7 años. Que al presidente de Vox no se le ocurra otra estupidez que señalar al inquilino de La Moncloa como “el responsable de generar una epidemia en España” ya no aguanta ningún comentario. Pero que el responsable del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no permita el amarre del buque en el puerto tinerfeño y determine la distancia exigible para fondear (una milla) para evitar que las posibles ratas “se lancen al agua” para llegar a tierra y extender el virus por la isla de Tenerife (lo había consultado en IA) escapa a cualquier comentario dotado de sensatez. Supongo que Tedros Adhanom Ghebreyesus se estará meando de risa o llorando por los límites de la estupidez humana.

Más aún, según la Constitución es un asunto 100% competencia del Gobierno de España (AGE) al ser una alerta comunitaria (UE) e internacional (OMS).

Por ello, el Gobierno de Canarias es incompetente en Puertos y Aeropuertos (Transportes) y Sanidad Exterior con ciudadanos afectados de varias CC.AA. Sanidad delega ahora en un hospital militar (Defensa). Y el ministerio del Interior es la fuerza coercitiva vía Policía Nacional y Guardia Civil para asegurar la operación sanitaria.

A Clavijo le informan por cortesía, no por obligación legal, al tener 0 competencia en este asunto. Pero a este “gobierno dictatorial” no le queda más remedio que tragar el sapo y esconderse para que no salpiquen al resto de Europa las “aportaciones científicas” del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.