El Gobierno de Murcia oculta un informe que revela niveles ilegales de metales en el Campo de Cartagena

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

Un informe que sale a la luz por error

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, aunque la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

¿Estos mapas suponen prohibir la agricultura en la zona?

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, automáticamente se prohíbe el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y el agricultor debe implantar un protocolo de vigilancia.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los valores de concentración de referencia para una sustancia de riesgo.

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El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye unos valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de la región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.