La desprotección de los informantes de delitos sigue siendo la norma en el mundo. Desafiar al poder (militar, político o económico) es un riesgo en casi todas partes, como demuestra lo ocurrido con Julian Assange, pero también con otros muchos whistleblowers. Un problema que, a menudo, pone también en el punto de mira a los medios de comunicación que se atreven a difundir el contenido de sus filtraciones.

Edward Snowden sigue siendo el más famoso. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) filtró en 2013 los documentos que probaban la vigilancia masiva e ilegal que este departamento, de dependencia directa del gobierno norteamericano, estaba llevando a cabo. La NSA espiaba llamadas de teléfono, correos electrónicos y el tráfico de Internet de la práctica totalidad de los ciudadanos de su país y de gran parte del mundo.

Snowden tuvo que huir a la Rusia de Vladímir Putin para escapar de la justicia de EEUU. Allí vive desde entonces. De nada le sirvió la evidencia del delito que denunció: para la justicia norteamericana pesa más la violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos y el hecho de haber faltado a su compromiso de no revelar lo que la NSA estaba haciendo.

El portugués Rui Pinto facilitó en 2016 decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA). Esas informaciones hicieron posible que varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrieran investigaciones penales.

Pero Pinto fue arrestado en Budapest (Hungría) en 2019 a petición de las autoridades portuguesas. Fue liberado en agosto de 2020. Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto recurrió. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones —clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros— en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados.

El informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad, pero también conoce la cárcel. Su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que había en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales fueron investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

El periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 —y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad— no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que había sido condenado en Suiza no eran punibles en España, ya que revelar “a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales” los datos que recabó sobre “actividades sospechosas de ilegalidad” no es constitutivo de delito.

Chelsea Manning es una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca.

El francés Antoine Deltour, exempleado en las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Luxemburgo, dio a conocer en 2010 documentos fiscales confidenciales en poder de la empresa que dieron lugar a los LuxLeaks, una investigación periodística que develó cientos de acuerdos fiscales muy ventajosos celebrados por firmas de auditoría con la administración fiscal luxemburguesa en nombre de muchos clientes internacionales.

Deltour fue acusado de robo doméstico, violación del secreto profesional, violación de secretos comerciales y blanqueo de dinero, condenado y después liberado por la justicia luxemburguesa.

España, donde de momento no se ha producido nada parecido, cuenta desde hace un año con una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero no parece muy comprometida con su desarrollo. La norma, que nominalmente trata de proteger a los ciudadanos que denuncien actos ilegales o irregulares en su entorno laboral, tanto en el sector público como privado, no ha pasado del papel a la realidad y nada indica que eso vaya a suceder a corto plazo.

En su articulado, la ley prevé poner en marcha canales a través de los cuales realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del informante y protegiendo su identidad frente a posibles represalias, mediante la puesta en marcha de una autoridad independiente que obligatoriamente debía haberse creado el pasado marzo, pero que sigue sin existir.

La normativa estableció la obligatoriedad para todas las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como para todas las entidades del sector público, de implementar un “sistema interno de información” accesible, confidencial y eficiente en la gestión de las denuncias recibidas. Y creó un canal externo de información gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una instancia encargada a su vez de actuar con independencia y autonomía para recibir y tramitar las denuncias que es la que ni siquiera ha visto la luz.

La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra los denunciantes y establece medidas de apoyo y protección para evitar daños laborales, reputacionales o de otro tipo. También se incluyen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, asegurando así un entorno seguro y justo para los informantes. Además, contempla la posibilidad de implantar programas de clemencia para fomentar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

Es la autoridad independiente prevista en la ley la que debe gestionar el canal externo de denuncias, ofrecer asesoramiento y elaborar modelos de prevención del delito en el ámbito público. Su presidente debe ser nombrado por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

Seis años y diez meses después de que Ecuador le concediese asilo político en su embajada en Londres, el mundo conoció este jueves por la mañana la detención del líder de WikiLeaks, Julian Assange, por parte de Scotland Yard. El arresto se produjo en virtud de una orden emitida en 2012, después de que Assange violase la libertad condicional en la que estaba, y EEUU ha pedido inmediatamente su extradición por "conspiración", un delito por el que podría enfrentarse hasta a cinco años de prisión. Assange, no obstante, no es el único filtrador de documentos perseguido por la justicia: nombres como los de Rui Pinto, Chelsea Manning, Edward Snowden o Hervé Falciani también se han visto en situaciones parecidas en los últimos años.

Assange llevaba encerrado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde el año 2012, pero sus problemas con la justicia comenzaron antes, en el año 2010, cuando WikiLeaks publicó 391.000 documentos secretos del Pentágono relativos a la Guerra de Irak, una filtración sin precedentes por entonces de la que se hicieron eco medios a escala mundial. Ese mismo año, la organización de Assange también publicó otros 91.000 documentos secretos relativos a la Guerra de Afganistán, y asimismo hizo públicos 250.000 cables diplomáticos confidenciales de EEUU.

Con las autoridades de medio mundo con sus ojos puestos en Assange, este se entregó a la policía y fue puesto en libertad condicional. No obstante, un juez británico aprobó en enero de 2011 la extradición a Suecia del líder de WikiLeaks, acusado de cargos de acoso sexual y violación, una extradición que fue confirmada en junio de 2012 tras desestimar la justicia británica su recurso. Fue entonces cuando Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, argumentando que su extradición a Suecia no sería sino el primer paso de un proceso que acabaría con él en EEUU para ser juzgado por las filtraciones de documentos.

En 2017, cuando Assange ya llevaba cinco años en la Fiscalía sueca cerró la investigación por violación y retiró la orden de arresto internacional contra él por la imposibilidad de procesarlo estando asilado en la embajada de Ecuador. Pero la orden de detención por parte de las autoridades británicas contra él seguía en vigor, y por ello el líder de WikiLeaks se mantuvo encerrado en la legación de Ecuador, país que le concedió la nacionalidad.

No obstante, a raíz del cambio de gobierno y el acceso a la presidencia de Lenín Moreno en 2017, el país cambió su actitud con respecto a un asilado cada vez más incómodo. En marzo de 2018, el Ejecutivo ecuatoriano restringió el acceso a las comunicaciones con el exterior de Assange por haber incumplido su promesa de evitar opinar sobre cuestiones políticas de otros países –fue, por ejemplo, muy activo en la defensa del referéndum ilegal del 1-O– y le restringió las visitas.

Como corolario de esta degradación de las relaciones, este jueves el presidente Moreno retiraba el asilo a Assange "por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la embajada y lo acusó de "conducta irrespetuosa y agresiva", así como de ser el máximo responsable de "las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización". La decisión ha sido criticada por diferentes organizaciones y activistas, como Amnistía Internacional o X-Net, cuya cofundadora, Simona Levi, aseguró a este diario que la posible extradición de Assange es "muy preocupante". "Es cierto que la situación [en la embajada] era tensa" y la relación con Ecuador –un país "pequeño y sujeto a las presiones de EEUU"– "conflictiva", pero "se hubieran tenido que buscar otras soluciones", lamenta.

Chelsea Manning y Edward Snowden

Precisamente sus relaciones con Assange fueron las que llevaron a tener problemas con la justicia de su país a Chelsea Manning, una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental o abuso de su posición.

El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca, pero este lunes su nombre volvió al primer plano de la actualidad, ya que la acusación de "conspiración" que EEUU achaca a Assange tiene que ver, precisamente, por sus tratos con Manning para obtener la información que publicó WikiLeaks. "Assange se implicó en una conspiración [...] para ayudar a Manning a hackear la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta, usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", afirmó este jueves la Fiscalía estadounidense, que aseguró que en sus conversaciones "Assange animó activamente a Manning a proporcionarle más información".

Otro de los filtradores de documentos clasificados de EEUU no ha tenido tanta suerte y aún se encuentra asilado, en su caso en Rusia: Edward Snowden, antiguo consultor de la NSA, que reveló a través de los diarios The Guardian y The Washington Post cómo esta agencia registró llamadas y otras comunicaciones de estadounidenses sin orden judicial y también espió a sus propios países aliados y a dirigentes como la canciller alemana Angela Merkel. Snowden huyó a Hong Kong antes de realizar su filtración, y EEUU pidió su extradición desde allí acusándolo de revelar sus programas de espionaje.

No obstante, el exanalista pudo huir a Moscú, desde donde realizó peticiones de asilo a países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o incluso España. No obstante, fue finalmente Rusia quien le ofreció un permiso de residencia temporal que ha ido renovando en varias ocasiones y Snowden continúa en la capital del país dado que EEUU sigue manteniendo contra él sus acusaciones y el expresidente Barack Obama rechazó otorgarle el perdón argumentando que, para ello, antes tenía que ser condenado por un tribunal.

Rui Pinto, en prisión

Quien sí se encuentra en prisión es el informático portugués Rui Pinto, en prisión preventiva desde hace meses –primero en Hungría y, actualmente, en su propio país– por haber hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks que ha puesto al descubierto las prácticas que siguen grandes estrellas del mundo del fútbol para eludir impuestos. La justicia portuguesa le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda: de hecho, se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración en las investigaciones penales abiertas a raíz de sus filtraciones, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Falciani, condenado pero libre

Por el contrario, el informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad y, de hecho, su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que hay en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales están siendo investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

No obstante, el periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 estos datos –y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad– no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó el pasado septiembre su extradición, como ya hizo en 2013.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que ha sido condenado en Suiza no son punibles en España, ya que revelar "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales" los datos que recabó sobre "actividades sospechosas de ilegalidad" no es constitutivo de delito.

La militar estadounidense Chelsea Manning ha declarado que filtró documentos secretos a Wikileaks por pura "responsabilidad personal" ante la "muerte y la destrucción" de la que fue testigo durante su servicio como analista de Inteligencia en Irak, según ha manifestado en sus primeros comentarios públicos tras la salida de prisión.

Según informa Europa Press, Manning fue condenada por ello a 35 años de cárcel durante los que sufrió un severo trauma psicológico cuando los servicios penitenciarios le retiraron temporalmente la terapia de hormonas necesaria para completar su transición, lo que provocó que la militar intentara quitarse la vida hasta en dos ocasiones.

La militar asumió la total y absoluta responsabilidad de la filtración durante una entrevista a Good Morning America, de la cadena ABC. "Nadie me dijo que lo hiciera. Nadie me ordenó que lo hiciera. Fui yo. Fue responsabilidad mía", ha declarado antes de agradecer al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que conmutara su sentencia antes de abandonar el cargo.

"Me dieron una oportunidad. Eso es lo que pedía. Solo pedía una oportunidad. Nada más que eso", ha declarado Manning, emocionada, durante los extractos de entrevista que ha avanzado la cadena, y en los que recordó la suspensión de su tratamiento hormonal como el peor episodio de su estancia en prisión.

"Era lo que me mantenía literalmente con vida. Era lo que me impedía sentir que estaba en el cuerpo equivocado. Lo que impedía desear arrancarme el cuerpo a pedazos".

El independentista puertorriqueño Óscar López Rivera, encarcelado en una prisión del estado de Indiana durante 36 años, ha llegado este jueves a Chicago después de haber cumplido sus últimas semanas de condena en su país natal y ser liberado el 17 de mayo, donde ha sido recibido como un "héroe" por una multitud de personas.

La de López Rivera fue una de las últimas conmutaciones de sentencias del expresidente de Estados Unidos Barack Obama antes de abandonar la Casa Blanca.

López Rivera ya aseguró entonces que una vez que abandonara la prisión viajaría hasta Chicago (Illinois), estado al que llegó con 14 años y donde se encuentra su familia, pero después de eso regresará a vivir a su pueblo natal, San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico.

Con carteles de "Bienvenido" y banderas de Puerto Rico, decenas de personas se han concentrado en las calles de Chicago para celebrar la salida de prisión del independentista, según ha informado el diario local Chicago Tribune.

Muchos de los presentes lo han recibido como un héroe, después de décadas esperando el momento de su liberación. "Después de 35 años y meses como prisionero, te digo que nunca jamás perdí la esperanza de estar aquí con vosotros", gritó López, de 74 años, a la multitud que lo esperaba en el parque Humboldt.

Rivera, que estuvo 35 años en una prisión del estado estadounidense de Indiana, pasó sus últimas semanas como reo en una prisión en el barrio de Santurce, en la capital puertorriqueña, San Juan.

Obama anunció el pasado 17 de enero que el boricua saldría de prisión el 17 de mayo. López Rivera, que acaba de cumplir 74 años, está acusado de formar parte, a finales de la década de 1970, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), organización responsable de actos de sabotaje en varias ciudades de Estados Unidos en reclamo por la independencia de Puerto Rico.

Considerado en su isla natal un "prisionero político", fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel, a los que se sumaron 15 años más en 1987 por intento de fuga.

Entre los asistentes a la histórica jornada estaba Carlos Alberto Torres, otro de los exmiembros del FALN que también estuvo en prisión. "Aquí está nuestro hermano, nuestro amigo y familia", ha afirmado.

Chelsea Manning, responsable de la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de Estados Unidos a WikiLeaks, ha salido este miércoles de la prisión militar en la que ha pasado los siete últimos años, según ha informado Europa Press.

Según ha informado el Ejército estadounidense en un comunicado, Manning, de 29 años, ha salido de la prisión de Fort Leavenworth, en Kansas, hacia las 2.00 horas.

"Aprecio el maravilloso apoyo que he recibido de tantas personas en todo el mundo en estos últimos años", ha señalado Manning en una declaración remitida a la cadena ABC News antes de su puesta en libertad.

"A medida que reconstruyo mi vida, me recuerdo a mi misma no revivir el pasado. El pasado siempre me afectará y lo mantendré en mente mientras recuerde cómo influyó es solo mi punto de partida, no mi destino final", ha añadido. En su Twitter, Manning ha compartido una foto de sus "primeros pasos de libertad".

Manning fue condenada a 35 años de cárcel por entregar aproximadamente 75.000 documentos a WikiLeaks, parte de los cuales fueron publicados por la prensa. Dichos documentos contenían información sobre los conflictos en Irak y Afganistán así como sobre el centro de detención de Guantánamo.

Su puesta en libertad este miércoles es el resultado de la conmutación de su pena decretada por el expresidente Barack Obama poco antes de abandonar la Casa Blanca, quien justificó su decisión, entre otras cosas, por lo "desproporcionado" de la pena y que ya había pasado un tiempo significativo entre rejas.

"A lo largo del terrible calvario por el que ha pasado Chelsea Manning, miles de activistas de Amnistía Internacional de todo el país y del resto del mundo han hecho campaña sin descanso por la llegada de este día", ha celebrado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos.

"Chelsea ha recibido un trato especialmente mortificante, dado que no se han exigido responsabilidades a nadie por los presuntos crímenes que ella puso al descubierto", ha añadido en un comunicado.

"Aunque celebramos su liberación, seguiremos pidiendo una investigación independiente sobre las posibles violaciones de Derechos Humanos que Chelsea sacó a la luz, y asimismo que se adopten medidas de protección para que ningún denunciante de irregularidades como Chelsea vuelva a sufrir semejante trato", ha remachado.

Entramos en terra ignota. No nos sirven los mapas ni la experiencia acumulada. Han cambiado los decorados, no tanto los monstruos. Sigue el mismo discurso, lo que se modifica son las formas. Trump no se esconde en la educación impostada, le gusta mostrarse desafiante. Su rueda de prensa fue un ejemplo. Ganó por goleada.

Donald Trump aterrizará mañana en el Despacho Oval  en un momento de crisis. No solo es económica, como decimos, es sistémica. Es el sistema el que ha dejado de funcionar para una inmensa mayoría. Trump es la respuesta del sistema. Como lo es el Brexit, ya reforzado por la primera ministra Theresa May, o Marine Le Pen.

Son tiempos de gran desconcierto. Parece que nada sirve, nada se sostiene, todo es susceptible de derribo: la OTAN, que Trump tilda de obsoleta; la UE tras el zarpazo de los británicos, la ONU porque vota a favor de la legalidad internacional en Israel una vez cada 30 años. Es posible que la ONU y la UE no sean instrumentos eficaces, pero al menos son instrumentos que podrían volver a serlo. Depende de los hombres, de los dirigentes. Una cosa positiva de Trump: no tiene miedo, dice lo que piensa. No nos apresuremos a alabar la virtud, porque solo es parte de su personaje faltón, del macho alfa naranja que se siete ungido por dioses.

A la imprevisibilidad generada por los profundos cambios tecnológicos, que afectan a los hábitos de información, a la organización del trabajo y las costumbres, se suma desde mañana la imprevisibilidad política. La información dejó de ser un intento más o menos honesto por contar el mundo que nos rodea, tratar de entenderlo. Hoy es parte del mismo espectáculo que representa Trump. Es la consecuencia de un desvarío que empieza en los años 80: la asunción de que el Estado es el problema y la barra libre, la solución.

No sabemos cómo será el mundo a finales de este año, si habrá Navidad (es broma) o cómo será en los años 20 (no confundirse de siglo ni de crisis), pero no cambia el sistema educativo alumbrado tras la Revolución Industrial, la forma de hacer política y dar participación a los ciudadanos. Conviven dos realidades contradictorias. Es un mundo a punto de estallar.

La globalización ha vaciado de contenido las democracias, recortado soberanías y cercenando los derechos. Sobre este escenario aterriza Donald Trump.

Antes de seguir, un apunte: Trump no es un idiota ni un payaso, aunque a veces lo parezca. Estamos ante un tipo inteligente que sabe lo que quiere y que maneja el lenguaje televisivo como nadie. Parece el jefe de la pista del circo. Lleva años de entrenamiento en sus reality shows. Vive en una burbuja de poder, mujeres y dinero. Lo que a la mayoría nos alarma, a sus votantes les entusiasma. Se dirige a ellos, no a los medios de comunicación que considera hostiles.

El problema de Trump es su personalidad. Se trata de un narcisista patológico, como Vladimir Putin.  Ambos tienen una elevada opinión de sí mismos y una necesidad extrema de ser admirados y reconocidos todo el tiempo. Este tipo de personalidades suelen chocar. Podría ser un problema mundial cuando suceda.

Trump no aguanta una crítica. Desempolva su cuenta de Twitter como Billy el Niño sacaba sus pistolas. No es capaz de tomarse con humor un revés. Todo adquiere una enorme transcendencia. Hay sed de venganza en muchas de sus acciones, como dice Bill Maher. El trato dado a Mitt Romney, a quien engolosinó con el cargo de jefe de la diplomacia y luego dejó tirado, es una prueba.

También preocupa su escasa capacidad de concentración para analizar problemas complejos. Según han informado varios medios estadounidenses, el casi presidente no desea recibir información diaria de los servicios de espionaje. Le parece algo aburrido. A Ronald Reagan le sucedía lo mismo. ¿Cómo va a lidiar con la guerra en Siria, la ofensiva de Mosul para expulsar al ISIS, la amenaza terrorista global? Gran parte de su discurso se reduce a una serie de simplezas con dos de sus sospechosos habituales de fondo: los inmigrantes y los musulmanes.

Tiene prisa por imprimir una velocidad de vértigo a sus primeros meses, desea dejar impronta de su nueva revolución conservadora. Una de sus primeras víctimas será la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (conocido como Obama Care), que podría dejar sin seguro médico a 18 millones de personas. La gente no importa, ni las ideas, todo parece devenir a golpe de tuit en busca de una buena audiencia. Así se ve a sí mismo, como el hombre que pulveriza las audiencias. Es como si todo lo que le está ocurriendo fuera parte de un juego.

Habrá que esperar, pero los síntomas son preocupantes. Tampoco entiende la ayuda al desarrollo en África. Un gobierno de millonarios no podrá gobernar para el 99% restante. No puede por una sola razón: el resto no existimos.

Al menos, Obama se va a lo grande: con el indulto de Chelsea Manning. Gracias.

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, ha conmutado la pena a Chelsea Manning, responsable de las primeras filtraciones a Wikileaks que estaba condenada a 35 años de cárcel, según ha anunciado este martes la Casa Blanca en un comunicado.

Manning, ex analista de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entregó a Wikileaks decenas de miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak y Afganistán y cables diplomáticos que fueron publicados en 2010 desatando una tormenta internacional. La exmilitar fue condenada a 35 años de cárcel en un juicio en el que se disculpó por las consecuencias perjudiciales de sus actos. "Siento haber perjudicado a Estados Unidos", dijo en su alegato final.

Manning, que inició un proceso de reasignación de sexo en prisión, ha sufrido varios intentos de suicidio. El pasado noviembre pidió a Obama que redujera su condena a los más de seis años que ya ha cumplido, entre la prisión provisional y el tiempo transcurrido tras el fallo. "No pido que se me perdone. (...) Lo único que pido es ser liberada de una prisión militar tras cumplir seis años de confinamiento, como persona que no intentaba dañar los intereses de Estados Unidos", solicitó Manning en una carta.

"El presidente Obama ha hecho lo correcto al conmutar su sentencia, pero llega con mucho retraso", ha dicho la directora de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Margaret Huang. "Es inadmisible que haya languidecido en una prisión durante años mientras los supuestos implicados en la información que reveló aún no han respondido ante la Justicia", ha reprochado.

Hacía semanas que la prensa estadounidense especulaba con una posible liberación de Manning y del también ex analista de Inteligencia Edward Snowden, que filtró a Wikileaks datos sobre el programa de espionaje de Estados Unidos, antes de que Obama abandonara el cargo, el próximo 20 de enero.

También a Edward Snowden

Human Rights Watch (HRW) ha celebrado la de decisión de Obama, y al igual que Amnistía Internacional ha pedido que perdone también a Edward Snowden, perseguido por los mismo delitos.

En un comunicado difundido por HRW, la abogada general del grupo, Dinah PoKempner, ha señalado que la decisión de Obama es una "noticia esperanzadora", dado que había sido condenada a una "desproporcionada pena de prisión", y que pone de relieve la necesidad de que el presidente saliente revierta su "lamentable" actuación contra los responsables de filtraciones y perdone a Snowden.

Por su parte, el propio Snowden ha agradecido este martes al presidente saliente su decisión de incluir en su lista de conmutaciones de sentencia a Chelsea Manning. "En sólo cinco meses serás libre", ha escrito Snowden, a través de su cuenta oficial de la red social Twitter. "Gracias por lo que has hecho por todos, Chelsea. ¡Sé fuerte un poco más!", ha añadido.

"Déjenme decir sinceramente y de corazón: gracias, Obama", ha agregado en otro mensaje publicado posteriormente. 

Amnistía Internacional ha pedido a Obama que antes de ceder la vara de mando a Donald Trump "use sus poderes ejecutivos en sus últimos días para perdonar" a Snowden, que se encuentra refugiado en Rusia para evitar ser juzgado en Estados Unidos.

Julian Assange es el responsable de la organización Wikileaks, que ha filtrado más de 10 millones de documentos, muchos de ellos archivos clasificados del Gobierno de los Estados Unidos. Se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Chelsea Manning es una exoficial del Ejército estadounidense responsable de la filtración de varios documentos a Wikileaks. Actualmente cumple 35 años de condena en una prisión militar. Edward Snowden es un antiguo empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que filtró cientos de archivos clasificados a la prens, demostrando la existencia de una trama de espionaje gubernamental en todo el mundo. Actualmente, se encuentra en un lugar indeterminado de Rusia mientras busca asilo en otro país. 

En inglés existe para ellos una palabra que todavía no tiene su equivalente en español: whistleblowers. No tiene las connotaciones negativas de chivato o soplón; es, digamos, un confidente más independiente de lo que esta palabra sugiere. Pero el director y dramaturgo Jorge Yamam-Serrano y la periodista Neus Molina tienen otro nombre para ellos: "profetas". Están preparando desde hace meses una obra llamada La santa trinidad digital, que tratará de llevar a escena el castigo impuesto por el poder a estas tres personas, a las que inscriben en una larga tradición histórica de "personas que se arriesgan en favor del bien común".

El escultor italiano Davide Dormino ya unió a estas tres figuras en Anything to say, una obra de gran tamaño que define como "monumento al coraje" y en la que cada uno de ellos son representados en pie sobre una silla. Una cuarta, junto a ellos, se ofrece al visitante. "Estos tres personajes, en algún momento de su existencia, han tenido la oportunidad de decir la verdad en perjuicio de sus propias vidas", defiende el director teatral, "Y lo han hecho". En uno de los primeros correos encriptados que Snowden envió en 2013 a la documentalista Laura Poitras —relatora de este proceso en el escalofriante documental Citizenfour, ganador del Oscar—, él mismo se muestra muy consciente que de sus acciones tendrán consecuencias: "Al final, si publicas el material, me veré immediatamente implicado. Esto no debe desalentarte de publicar la información que voy a proporcionarte".

La investigación que estos dos autores están llevando a cabo constituye gran parte del proceso de creación y ha incluido contactos con el entorno de los retratados, con Amnistía Internacional, con la organización Xnet y los responsables de su buzón de filtraciones, han tomado nociones sobre procesos informáticos que pertenecen más al día a día de un hacker que al de un usuario medio, y se han zambullido en la deep web —también llamada Internet profunda o Internet invisible—, la amplia sección de la red que no está indexada por los motores de búsqueda como Google. Yamam-Serrano le ha pillado el gusto a las historias de espías después de su experiencia con Camargate, la obra que llevaba a escena la conversación entre Sánchez-Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola que fue grabada por la agencia Método 3. 

Allí se trataba de "hacer entendibles, interesantes y entretenidas" las tramas políticas subyacentes a la grabación en lo que el director llamó "una comedia pasada de vueltas entre Valle-Inclán y el programa Polònia". Y eso que la obra se limitaba a recoger la conversación real entre Alicia Sánchez-Camacho y Vicky Álvarez. Esta vez, las referencias son otras: el documental CitizenfourCitizenfour, las series Halt and Catch Fire y Mr. Robot... Nada de política local, mucho menos humor, muchísima más tecnología —mucha más que ese micrófono de La Camarga oculto en un ramo de flores— y un complejo entramado de empresas, Gobiernos, nombres y problemáticas muy lejanas para la mayor parte de los espectadores y que sin embargo moldean sus vidas.

La obra, que ha obtenido ayudas a la creación tanto de la SGAE como de la Generalitat de Cataluña, estará dividida en tres actos, cada uno de ellos dedicado a uno de sus protagonistas. Todos están construidos en torno al encierro físico, eco del aislamiento y la vigilancia producidos por el uso de la tecnología. El acto dedicado a Chelsea Manning —antes conocida como Bradley— estará ambientado en su celda de la prisión militar y utiliza como material dramatúrgico una carta que escribió durante su reclusión. El acto dedicado a Assange está extraído de Cuando Google encontró a Wikileaks, donde Assange transcribe la conversación de horas que mantuvo con Eric Schmidt, presidente de Google hasta 2011, y varias personas de su entorno. El de Snowden se sirve de Citizenfour —"no hay mejor thriller que este", argumentan— y el encierro de varios días en Hong Kong durante el cual el activista explicó toda su historia a Laura Poitras y los periodistas de The Guardian Glenn Greenwald y Ewen MacAskill.

Pero también están Sócrates y Galileo Galilei. Dos whistleblowers, a su manera, en palabras del dúo creativo. Dos personas que tuvieron que tomar una decisión sobre la verdad y la coherencia. Serán dos monólogos, durante los entreactos, que buscan contextualizar la figura del whistleblower. Del primero se recoge su Apología —redactada por Platón—, su discurso de defensa ante los que le acusaban de despreciar a los dioses y de corromper a sus jóvenes discípulos. Fue condenado a muerte, y lo aceptó. Galileo sirve de contrapunto algo vergonzoso frente a la entereza del filósofo. En su famosa abjuración, reniega de sus descubrimientos y acepta que la Tierra es el centro del mundo y que está inmóvil. Después, parece, diría aquello de eppur si muove, y sin embargo se mueve. Pero lo dijo bajito. 

“Cuando la maquinaria de la ONU se pone en marcha, ya no eres nadie”, explica un denunciante que se encuentra a día de hoy en la picota por denunciar un supuesto caso de abuso de poder por parte de su jefe. Todos los funcionarios que han tenido la desafortunada idea de denunciar el incumplimiento de los principios de la ONU se muestran unánimes: no es buena idea oponerse a una organización que –aunque tiene como bandera el respeto de los derechos humanos– no duda en poner en marcha todo un abanico infinito de medidas de represalia contra quien se atreve a desafiar al establishment. Las prácticas más comunes incluyen la no renovación del contrato, traslado inmediato y anulación del visado, lo que obliga al funcionario de turno a salir del país en el que vive y en el que trabaja. “Hay que tener los nervios de acero para hacer frente a la maquinaria de la ONU”, reconoce un diplomático.

¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que decide denunciar algo que considera que va contra las reglas? ¿Cómo se convierte alguien en denunciante? “Cuando pasé a formar parte de la organización, no podía sentirme más orgullo. Creía en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Creía en la idea de un mundo mejor. Quizás fui un poco ingenuo. Después, como desplazado sobre el terreno, pude constatar que lo que veía –pienso ahora sobre todo en casos de violaciones o en la corrupción– no se correspondía con la idea que me había hecho de la organización. Me cansé de aparentar”, confiesa un funcionario que, superado por la inacción de que hacían galas sus superiores a los que advirtió de lo que ocurría, terminó por filtrar documentos a la prensa. “Tan pronto como llegaron las represalias, me dirigí a la Oficina de Ética, pero no me ayudaron mucho. ¿Qué habría podido esperar de una oficina que depende de la Secretaría General? ¿Dónde está su principio de independencia?”. Una denuncia que rechaza Elia Armstrong, recientemente nombrada directora de dicha Oficina de Ética: “El problema radica en que no podemos recibir quejas ni podemos investigar. Intervenimos cuando ha quedado demostrado que un empleado sufre represalias como denunciante. Nuestra oficina es completamente independiente”.

Goolam Meeran, juez del Tribunal Administrativo de la ONU, encargado de varias causas relativas a denunciantes, no parece compartir la opinión de Armstrong: “Si la independencia y la imparcialidad son fundamentales en el funcionamiento de la Oficina de Ética y Deontología, como se recoge en el informe de la Secretaría General, es curioso constatar cómo ninguna de estas palabras figuran en los términos referenciados en el informe de la Oficina”, puede leerse en el informe alusivo a un denunciante. “La jurisprudencia actual exime de responsabilidad alguna a la Oficina de Deontología y esto, en sí mismo, socava gravemente el objetivo de exponer las faltar y de proteger a los que las denuncian de buena fe”, prosigue.

La política de protección de la Secretaría General contra las represalias entró en vigor en enero de 2006, precisamente después de que saltara a la luz el escándalo conocido como Petróleo por alimentos. En aquel momento, 270 personas, entre ellas algunas responsables de la ONU, fueron acusadas de haber favorecido a empresas y de haber recibido sobornos. Preocupada por proteger su imagen, que salió muy dañada, la ONU decidió crear una oficina encargada de velar por que el personal ejerza sus funciones conforme a las normas requeridas por la Carta de Naciones Unidas y proteger a todos los funcionarios, becarios o voluntarios que faltasen a los principios éticos. “Nuestra oficina ofrece un mecanismo de recurso y de reparación a aquellos miembros del personal que dicen haber padecido represalias después de haber denunciado algún incumplimiento o por haber cooperado con una auditoría autorizada o con una investigación. Deben dirigirse a nosotros tan pronto como estimen que están siendo víctimas de represalias por denunciar. No antes”, puntualiza Elia Armstrong.

Una situación que desanima a un buen número de denunciantes potenciales, como asegura uno de ellos: “¿Cómo pueden pensar que el hecho de ir a denunciar a la Oficina de Deontología va a ser un dique de contención eficaz contra las medidas de represión que se ejercer contra quien ha denunciado la corrupción de un superior o los abusos sexuales cometidos por uno sus colegas?”. Muchos consideran que una vez que se enfrentan a represalias, es demasiado tarde, y que el hecho de discutir una decisión desfavorable, mientras se alegan represalias –lo que puede, por tanto, acarrear un largo y costoso proceso ante los tribunales administrativos– corre el riesgo de servir poco menos que de consuelo a los miembros del personal que habrán buscado protección a tiempo. “Estamos inmersos en un proyecto para que los denunciantes puedan dirigirse a nosotros antes de verse enfrentados a represalia”, asegura Kevin Waite, empleado de la Oficina de Deontología.

La ONG norteamericana Government Accountability Project (GAP), que asesora y representa judicialmente a los denunciantes, asegura que la Oficina de Deontología ha recibido desde su creación 447 consultas de funcionarios que aseguran haber sido víctimas de represalias por haber denunciado conductas poco éticas. Según la ONU, sólo se dio curso a cuatro casos. Unos datos que Elia Armstrong y Kevin Waite cuestiona: “El GAP ha participado en la elaboración de algunas de nuestras enmiendas. Hemos seguidos sus consejos. No entendemos de dónde salen esas cifras y así se lo hemos trasladado. Desde el 1 de agosto de 2011, la Oficina ha recibido 151 demandas vinculadas con la política de protección contra las represalias. Ocho de ellas no eran competencia de esta Oficina. En 94 casos, se asesoró al funcionario sobre el procedimiento que debía seguir para denunciar. La Oficina ha abierto una investigación preliminar en 49 casos. Cinco de ellos siguen abiertos”. “Las cifras son totalmente falsas”, responde un exinvestigador del OIOS (Oficina de Servicios de Supervisión Interna) que ha recurrido en varias ocasiones a la Oficina de Deontología.

Entre los casos que han saltado a la luz, algunos se remontan a la década de los años 60, lo que pone de manifiesto que realmente no ha cambiado nada. En 1996, André Sirois, traductor en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), descubrió que la corrupción gangrenaba al personal administrativo al más alto nivel. Advirtió a la oficina OIOS, que inició una investigación. Craso error. Tanto él como los colegas que corroboraron sus palabras fueron destituidos de inmediato. La OIOS reconoció que había corrupción en el seno del TPIR y el conjunto del personal administrativo fue despedido. Al cabo de siete años de tribulaciones judiciales, el tribunal administrativo concluyó que “posiblemente” los contratos no se habían renovado a raíz de la denuncia de corrupción. El contrato, de sólo dos años, no incluía ninguna cláusula de renovación. Sirois trabaja actualmente como especialista en derecho administrativo internacional en Nueva York y representa a denunciantes de las Naciones Unidas. Cuando alguno de ellos se pone en contacta con él, no duda en aconsejarles que den el paso: “Sólo si están dispuestos a perder el empleo”.

“Convertirse en denunciante es suicida en cualquier carrera profesional”, afirma F., antiguo investigador de la OIOS, porque a pesar de las garantías de las personas que recomiendan denunciar los incumplimientos de carácter ético, el denunciante se va a quedar sin trabajo, sin dinero y a menudo sin amigos, frente a la justicia de la ONU. A la postre, uno termina por preguntarse si realmente merece la pena”. En 2004, coincidiendo con el décimo aniversario del genocidio ruandés, un rumor agitó el microcosmos de la ONU: la caja negra del avión siniestrado en el que viajaba el falleció presidente ruandés Habyarimana pudo haber estado durante diez años en una oficina de la ONU –donde Kigali presuntamente la envío para su análisis– sin que nadie se preocupase por ello. F. formaba parte de las personas encargadas de la investigación. Al término de la misma, llegó a una conclusión que no coincidía con la versión oficial. Poco después, se filtraban diversas informaciones a la prensa. A F., que fue acusado de divulgarlas, se le prohibió que pusiera un pie en su despacho y sólo pudo recoger sus efectos personales escoltado por tres agentes de seguridad. Presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo de la ONU y ganó el proceso. Pese a todo, sus problemas no acabaron ahí. Fue relegado, tratado como un paria y, cuando finalizó su contrato, a finales de noviembre de 2006, no se lo renovaron. “Las pasé canutas”, admite ahora con amargura. Y añade que el tiempo transcurrido no ha restado un ápice de violencia a la situación que vivió.

“El estatus de denunciante no existe en Naciones Unidas”

Cuando Caroline Hunt-Matthes denunció que un miembro del Acnur (Alto Comisionado para las Naciones Unidas) había violado a una refugiada en Sri Lanka, no esperaba ser despedida. Han tenido que pasar diez años hasta lograr que se haga justicia. En 2007, el norteamericano James Wasserstrom, entonces responsable del programa de lucha contra corrupción de la ONU en Kosovo, advirtió a sus superiores de prácticas corruptas en algunos máximos dirigentes de la Minuk (misión de la ONU en Kosovo). Fue destituido de forma fulminante y sometido a registros por parte de la Policía de la ONU. Fue investigado. Su viacrucis duró siete años.

En 2009, la norteamericana Ai Loan Nguyen-Kropp y su supervisor Florin Postica, ambos investigadores en la OIOS, acusaron a Michael Dudley, director interino, de haber ocultado y manipulado pruebas en un caso que les había sido confiado. Las represalias no tardaron en llegar. Nguyen-Kropp tuvo que salir de su oficina para pasar a ocupar un trastero y Postica, que empezó a trabajar en la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf), volvió a Naciones Unidas para limpiar su nombre y el de su colega. Pero la atmósfera irrespirable existente en el seno de la oficina llevó a Nguyen-Kropp a exiliarse a Viena. Aunque la Oficina de Deontología ha concluido finalmente que las represalias existieron, el Secretario General ha constituido un comité de investigación alternativo cuyos miembros no tienen ni experiencia ni la condición de investigadores. La ONU ha rechazado explicar cómo han sido seleccionados sus integrantes. Dicha investigación alternativa ha costado 200.000 dólares y ha permitido que el secretario general salga victorioso: no se mantienen las acusaciones de represalia. Es verdad que Postica y Nguyen-Kropp han quedado limpios de los cargos de que se les acusaba, pero nadie ha molestado a Michaël Dudley.

En agosto de 2012, Aicha Elbasri, norteamericana de origen marroquí, fue nombrada portavoz de la Minuad, la misión de la Unión Africana y de la ONU en Darfur. Un puesto que ocupó durante menos de un año. Pocas semanas después de su llegada, un periodista la telefoneó para interesarse por la posición de la Misión a raíz de los enfrentamientos que acababan de producirse en Darfur del Norte. Se informó al respecto. Le respondió que la situación estaba tranquila. En los días posteriores, recibió informes sobre un ataque de gran envergadura cometido sobre civiles, personas desplazadas, crisis humanitarias. “Pregunté y me enteré de que la situación no estaba tranquila en absoluto. Durante el fin de semana, cuatro localidades habían sido atacadas por las fuerzas gubernamentales y numerosas mujeres habían sido violadas. Todo ello había sido documentado por la Misión, pero no se había remitido ningún informe oficial a Nueva York”. Cuando sus superiores le ordenaron que se limitase a la versión oficial y a hacer que resultase creíble, se negó. “La Minuad indujo deliberadamente a error a los medios de comunicación y a los miembros del Consejo de Seguridad. Mintió sobre la actuación de las tropas de la ONU cuando durante los incidentes, fracasaron en su labor de proteger a los civiles”, asegura. Y va más lejos: la Minuad supuestamente encubrió crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales sudanesas, por motivos étnicos, contra las poblaciones de Fur y Zaghawa, el desplazamiento forzoso de miles de civiles, los bombardeos indiscriminados, así como la violación masiva y sistemática de mujeres y de niñas. Avivó también las guerras tribales con el único objetivo de proteger los intereses políticos del Gobierno. Aicha Elbasri reiteró estas acusaciones el 22 de octubre de 2015 en la conferencia celebrada en la ONU sobre la protección de los denunciantes, en presencia de David Kaye, el informador especial sobre la libertad de opinión y de expresión, que presentaba su informe relativo a la promoción y la protección de esos derechos ante la tercera comisión.

Aicha es tajante: la Misión silenció más de 16 incidentes. El informe final de la comisión de investigación –que la ONU nunca hizo público– admitía que en cinco casos, la Minuad había decidido ocultar pruebas fundamentales que establecían la responsabilidad de las fuerzas gubernamentales sudanesas y de sus mandatarios, en ataques sobre civiles y los cascos azules. Después de un pulso con la dirección, prefirió dimitir para recuperar su libertad de expresión: “Había pasado diez años con una organización que me gustaba. Tenía una carrera por delante. Sin embargo, no lo dudé. No podía callarme”.

Sin embargo, el caso más controvertido es el de Anders Kompass, el director de operaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, suspendido de sus funciones por divulgar un informe interno sobre la explotación sexual de niños por parte de las fuerzas militares francesas desplegadas en la República Centroafricana. El trato injusto que se dio a Kompass provocó el enfado de los trabajadores y obligó a Ban Ki-Moon a ordenar una investigación externa para esclarecer la gestión del asunto. A día de hoy, y a pesar de que un tribunal lo ha exculpado formalmente y ha ordenado su reincorporación, todavía es objeto de una investigación interna. El caso sigue provocando gran revuelo; el pasado 6 de octubre, Gallianne Palayret, especialista en derechos humanos, fue entrevistada por la corresponsal de France Info. Ella fue la que recogió los primeros testimonios de niños que decían haber sido violados por militares franceses, a cambio de comida. La periodista explicaba que Gallianne ha conseguido el estatus de denunciante y que por tanto le asiste el estatus de denunciante y tiene total libertad para hablar, lo que no es cierto: “El estatus de denunciante no existe en Naciones Unidas”, explica Kevin Waite. “No hay ningún proceso por el que se designe a los miembros del personal de la ONU como denunciantes”. “En mi opinión, a la ONU le sirve de coartada”, explica Paula Donovan, codirectora de la ONG Aid Free World. “Se le habría dictado lo que debía decir”. Aspecto éste que corroboran numerosos funcionarios: “No veo a la ONU concediendo autorización alguna para hablar con la prensa”, afirma este alto funcionario. “Hace ya más de 20 años que trabajo aquí y nunca he visto que la ONU autorizase una entrevista, salvo si le servía a sus intereses. Lo que es probablemente el caso. La prueba es que no sólo ha conservado su trabajo, sino que no ha sufrido represalia alguna”.

“Mientras los denunciantes no estén protegidos, pocos serán conscientes de la importancia de revelar aquellos actos censurables de los que han sido testigos. Quizás sea eso lo que busque la ONU”, advierte Beatrice Edwards, directora de la ONG GAP. Desde enero de 2014, una ley aprobada por el Congreso norteamericano obliga al departamento de Estado a retener el 15% de las cotizaciones a la ONU y a sus agencias si éstas no protegen a sus empleados que denuncien corrupción. “Es una buena idea, loable en sí misma, pero que nunca se ha puesto en práctica”, explica un funcionario que prefiere mantenerse en el anonimato. De hecho, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que encarcela a sus propios denunciantes y que los priva de derechos cívicos? Dos casos, entre los más famosos, vienen a recordar que en materia de protección, no sale a cuenta convertirse en denunciante en Estados Unidos. Sucede así con el caso del soldado Bradley Manning, quien estando destinado en Irak se descargó informaciones militares, entre ellos más de 500.000 informes del ejército así como vídeos de combatientes que ha puesto en manos de Wikileaks. Contra Manning, ahora Chelsea, se sigue un proceso en Fort Meade, en Maryland, y se le acusa de cargos que incluyen haber prestado “ayuda al enemigo”. Chelsea corre el riesgo de ser condenada a 20 años de cárcel. Edward Snowden, que representa el caso más emblemático, dejó la NSA llevando consigo secretos de Estado. Se refugió en Rusia. Si fuese extraditado, podría ser condenado a cadena perpetua.

“Los denunciantes son elementos clave de una democracia sana y debería ser protegidos y no demonizados por los Gobiernos”, escribe Daviv Kaye, el informador especial de la ONU sobre libertad de expresión, en su informe. Un deseo piadoso que no se aplica, sin lugar a dudas, en los 193 países miembros de la ONU.

_______________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Según informa el diario estadounidense The Washington Post, los funcionarios consultados han hecho hincapié en que es una decisión que aún no está tomada y que WikiLeaks sigue siendo investigada. Sin embargo, ha insistido en que hay "pocas posibilidades" de presentar una reclamación en contra de Assange, a menos que esté implicado en una actividad criminal que no sea la difusión de dichos documentos.

El gobierno de Obama ha acusado a empleados públicos y contratistas que han robado información clasificada por una violación de la Ley de Espionaje, como es el caso del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, o el ex analista de Inteligencia del Ejército Bradley Manning. Pero los funcionarios han señalado que la situación de Assange es diferente.

En este sentido, los funcionarios que trabajan en el caso han explicado que si el Departamento de Justicia acusa a Assange, también tendría que enjuiciar al New York Times y otros medios de comunicación, así como a los periodistas que firman las noticias donde se incluyen los documentos clasificados.

Por su parte, el portavoz de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, se ha mostrado "escéptico", al menos hasta que se produzca una confirmación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos y su negativa a procesar al fundador de WikiLeaks. En este sentido, los funcionarios de Justicia consultados por el citado diario dicen que "no está claro" que este anuncio vaya a producirse.

Assange acusa a EEUU de “ocupar militarmente” Internet

El fundador de Wikileaks denunció el pasado sábado que "Internet ha sido ocupada militarmente por Estados Unidos y sus aliados anglosajones del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda", con el fin de dominar las sociedades "perdiendo la soberanía nacional y la libertad".

Al respecto, consideró que los gobiernos deben colocar sus propias redes de fibra óptica para que Internet "no sea utilizada por Estados Unidos como modo de ocupación del mundo de manera virtual y estratégica y que hoy opera como una organización pirata global en busca del tesoro, que es la información, para sobornar o explotar", sentenció.

Assange, asilado desde el 19 de junio en la embajada de Ecuador en Londres, solicitó asilo político al gobierno de Rafael Correa, que se lo concedió, pero no pudo abandonar la sede diplomática porque el Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, "y en estos 500 días la situación mucho no cambió", explicó el periodista.

El fundador de WikiLeaks dijo que buscó asilo en ocho países y destacó que sólo Ecuador y Venezuela le brindaron protección. "Ecuador se movilizó más rápido y no fue una elección mía en detrimento de otro país", aclaró el periodista, quien agregó que "conté con el apoyo de Unasur (Unión de Naciones del Sur), algo muy importante y que hace diez años no hubiese sido posible", concluyó.

El soldado del Ejército de Estados Unidos Bradley Manning, condenado a 35 años de cárcel por filtrar información clasificada a Wikileaks, ha solicitado el perdón presidencial, según han informado este miércoles sus abogados defensores.

La solicitud fue presentada por el abogado David Coombs este martes e insta al presidente estadounidense, Barack Obama, a "examinar este asunto de cerca" y dar un "paso positivo adelante" para proteger a los informantes mediante la limitación de la sentencia a Manning al tiempo que ya ha cumplido en prisión –casi tres años– o garantizándole el perdón íntegro.

La carta ha sido enviada a Obama a través del Departamento de Justicia estadounidense y al secretario del Ejército de los Estados Unidos, John Mc Hugh. Además esta solicitud se ha acompañado de una carta de apoyo de Amnistía Internacional (AI).

El presidente estadounidense ha recibido un total de 1.496 peticiones de perdón y 8.313 de conmutación de sentencia. De ellas, Obama ha garantizado 39 perdones y una conmutación, según datos de la oficina del Departamento de Justicia encargada del perdón presidencial

Una corte marcial condenó a Manning el pasado mes de agosto a 35 años de prisión tras haber sido declarado culpable de un total de 20 delitos, entre los que se incluía espionaje y robo, por proporcionar más de 700.000 documentos clasificados, vídeos y cables diplomáticos a Wikileaks.

Al día siguiente de conocer la sentencia, Manning hizo público su deseo de convertirse en mujer y solicitó que se le llamase Chelsea. "Dado el modo en el que me siento y en el que me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible y espero que me apoyéis en esta transición", manifestó en un comunicado.

El soldado estadounidense Bradley Manning, que ayer fue condenado a 35 años de cárcel por haber filtrado miles de documentos clasificados al portal Wikileaks, remitió este jueves un comunicado a la cadena de televisión NBC News en el que asegura sentirse como una mujer y pide que desde ahora se le llame "Chelsea".

"Soy Chelsea Manning. Soy una mujer", afirma en el comunicado. "Dado el modo en el que me siento y en el que me he sentido desde la infancia, quiero comenzar una terapia hormonal tan pronto como sea posible y espero que me apoyéis en esta transición", manifestó.

Asimismo, Manning pidió que "a partir de hoy" se refieran a él por su nuevo nombre y se use el "pronombre femenino" (excepto en el correo oficial al centro de detención)".

"Estoy deseando recibir cartas de seguidores y tener la oportunidad de responder", añadió en su mensaje, que firma como "Chelsea E. Manning", según la cadena, que recuerda que en el sistema penitenciario estadounidense los reclusos transgénero –como sería el caso de Manning– normalmente conviven con otros presos de su sexo de nacimiento, pero no está clara cuál es la política del Ejército.

Por su parte el abogado de Manning, David Coomes, ha indicado durante el programa Today en el que se ha revelado el mensaje del soldado que espera que su cliente pueda salir en libertad condicional el siete años. "Pero, en realidad, espero que sea indultado",añadió. "Al menos esa es mi esperanza, que el presidente [Barack Obama] le indulte", aseguró.

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Abusando del angustioso tópico fusilado de García Márquez, esta es la crónica de una condena anunciada. Y lo peor es el triunfo de la resignación o el conformismo. Todos los observadores descontaban que Manning sería condenado, incluso más duramente. Es un militar (degradado), un 'soldadito' americano predestinado a regresar de Irak cargado de condecoraciones y de traumas. O muerto. Pero la información privilegiada a la que accedía como analista de inteligencia en Bagdag le llevó a cometer el 'error' de creer que su obligación era divulgar los crímenes que se estaban cometiendo y las mentiras que se estaban contando a los ciudadanos. Durante el juicio, Manning se ha humillado. No sólo ha pedido perdón por haber filtrado papeles secretos. No sólo ha asumido que su conducta "ha perjudicado a EEUU". No sólo ha declarado que le gustaría "poder volver atrás" y rectificar. Ha llegado a utilizar en su defensa problemas mentales y trastornos acerca de su condición sexual. Todo con tal de reducir la pena de ¡sesenta años de cárcel! solicitada por la fiscalía para que el caso Manning sirviera de "ejemplo disuasorio". Para que a ningún otro soldado se le pase por la cabeza desvelar información clasificada.

[Sobre su identidad sexual, Manning acaba de anunciar este jueves que a partir de ahora quiere "vivir como una mujer" y ser llamada Chelsea Manning].

La Unión por las Libertades Civiles ha denunciado la vergüenza que esta sentencia supone para la democracia en Estados Unidos: "Cuando a un soldado que ha compartido información con la prensa se le impone un castigo mayor que a quienes han torturado o asesinado a civiles es que algo funciona extremadamente mal en nuestro sistema de justicia". Así es. Algo está funcionando extremadamente mal en nuestros sistemas democráticos. 

El ruido y los efectos

Manning dijo creer que sus filtraciones generarían un debate público que podría cambiar la historia. Algunos de los grandes medios que accedieron en exclusiva a los cables de Wikileaks también lo creyeron o actuaron en su día como si lo creyeran. En lo que se refiere a España, los cables de WikiLeaks documentaban la genuflexión gubernamental, diplomática y hasta de algunos cargos judiciales ante las presiones de EEUU, en asuntos como el asesinato del periodista José Couso, el paso de aviones de la CIA hacia cárceles ilegales o la negociación para recibir a presos de Guantánamo. ¿Qué consecuencias políticas, judiciales o diplomáticas tuvo el escándalo? Cero.

Cuando Bradley Manning salga de prisión aún tendrán que pasar unos cuantos años hasta ver desclasificados muchos de los documentos declarados secretos (no desmentidos) por las autoridades nortemericanas y españolas. El máximo responsable de WikiLeaks, Julian Assange, sigue refugiado en la sede de la embajada ecuatoriana en Londres, reclamado por la justicia sueca (acusado de violación) y por el Gobierno de Washington como cómplice en las filtraciones masivas.

La condena del soldado Manning coincide además con la persecución del ex agente de la CIA Edward Snowden, que se esconde en Rusia tras haber entregado a la prensa datos secretos sobre operaciones de espionaje a la ciudadanía y a instituciones de todo tipo ordenadas por los Gobiernos de EEUU y el Reino Unido. Este mismo miércoles, diarios británicos han desvelado las presiones directas del primer ministro David Cameron al periódico The Guardian para que interrumpiera la publicación de documentos. El propio director de The Guardian, Alan Rusbridger, ha reconocido que se vio obligado a permitir que expertos de la inteligencia británica supervisaran la destrucción de ficheros con material confidencial entregados por Snowden al diario. Pocos días antes, la Policía había detenido (sin motivación alguna) al novio del periodista de The Guardian que en su día divulgó los datos que le enviaba Snowden. ¡En Londres, que no es La Habana! 

Van encadenándose elementos que conducen a una misma y alarmante conclusión: corre peligro el derecho a la información de los ciudadanos. Gobiernos que actúan contra periodistas y contra sus fuentes. Se hacen pajaritas con la libertad de expresión. La democracia al revés: Ponen medallas a quienes espían a los ciudadanos y encarcelan a quienes denuncian el espionaje. 

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(Artículo actualizado este jueves 22 de agosto a las 14,10 horas)

El soldado estadounidense Bradley Manning ha sido condenado este miércoles a 35 años de prisión por filtrar más de 700.000 documentos clasificados del Gobierno de los Estados Unidos a WikiLeaks sobre las guerras de Irak y Afganistán. Además, la jueza militar Denise Lind ha decidido que Manning sea expulsado del ejército con deshonores y le ha impuesto una multa de 100.000 dólares.

El soldado se enfrentaba a una pena que podía haber llegado hasta los 90 años por los 20 delitos por los que fue acusado –cinco de espionaje, cinco por robo, otro por fraude y el resto por delitos militares– hace un mes. Aunque se libró de la acusación más grave, ayudar al enemigo, la cual hubiera conllevado una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, la fiscalía norteamericana había pedido una pena para Manning de 60 años.

La condena se verá reducida en 1.293 días por el tiempo que ya ha pasado el militar en prisión desde que fue detenido en mayo de 2010 en Irak. Además, el tribunal ha tenido en cuenta el trato abusivo que recibió en sus más de ocho meses que pasó en una celda de aislamiento en la Base Naval de Quantico (Virginia). Ahora la sentencia será enviada al tribunal militar de Apelaciones.

Según la sentencia, el soldado deberá cumplir un tercio de la condena antes de poder optar a la libertad condicional. La lectura del veredicto pone fin a casi tres meses de juicio y a un proceso judicial que comenzó el 27 de mayo de 2010 cuando fue detenido en Irak.

Los materiales que Manning entregó al portal que dirige Julian Assage incluyen documentos que muestran los abusos que hubo por parte del ejército norteamericano e informes que muestran que las muertes de civiles eran mayores de las que las fuentes oficiales indicaban en las guerras de Irak y Afganistán.

La semana pasada, el soldado pidió perdón por las filtraciones y por haber perjudicado a su país. “Pido perdón por los inesperados resultados de mis acciones. Los últimos tres años me han servido como experiencia”, aseguró Manning. Además reconoció que le hubiera gustado volver a su vida de antes.

"victoria estratégica" para WikiLeaks

A través de Twitter, la organización dirigida por Julian Assange ha asegurado que la sentencia anunciada este miércoles es una "victoria estratégica" debido a que puede quedar en libertad en nueve años o en 4,4, según los cálculos hechos por la entidad.

Por su parte, Julian Assange ha reconocido, tras conocer la sentencia de Manning, que "representa una victoria táctica". Además se mostró muy satisfecho con la decisión final de la jueza Denise Lind. "Es probable que la condena sea menor de diez años de reclusión. La defensa del señor Manning está tratando de reducir aún más el tiempo de prisión. La ley militar de Estados Unidos estipula que la sentencia sólo puede ser reducida".

"Es importante que el apoyo para Bradley Manning continúe durante este tiempo", señaló el activista. 

El soldado Bradley Manning ha sido condenado a 35 años de prisión por haber filtrado a WikiLeaks documentos diplomáticos y militares secretos de EEUU. Se enfrentaba a un pena máxima de 90 años de cárcel por los 20 delitos de los que fue encontrado culpable por la juez militar encargada del caso, aunque fue absuelto del cargo más serio, el de ayuda al enemigo.

Durante la fase final del juicio, la fiscalía solicitó a la juez que impusiera a Manning una pena de 60 años que sirviera “de ejemplo disuasorio”. El abogado de Manning, mientras tanto, aspiraba a que se la sentencia fuera de un máximo de 25 años, el periodo que debe pasar para que los documentos secretos en EEUU dejen de ser secretos y puedan hacerse públicos.

El proceso judicial del soldado del Ejército de Estados Unidos Bradley Manning toca a su fin. La jueza que preside el consejo de guerra contra el militar por filtrar información clasificada a Wikileaks, Denise Lind, informó este martes de que la sentencia se conocerá este miércoles. Varios medios norteamericanos han anunciado que el dictamen se conocerá este miércoles a las 16:00, hora española.

El soldado de 25 años fue declarado culpable de 20 delitos –cinco de espionaje, cinco por robo, otro por fraude y el resto por delitos militares– por entregar más de 700.000 documentos clasificados en 2010 a WikiLeaks. Aunque no fue inculpado de la acusación más grave, ayuda al enemigo, la cual hubiera conllevado una posible cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Por ello, la Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado una pena de 60 años. Sin embargo, como anunció la magistrada Manning, se podría enfrentar a una pena de más de 90 años de prisión. Además, la acusación pide que Manning sea expulsado del ejército y propone una multa de 100.000 dólares, por el daño ocasionado.

Por su parte, el abogado defensor, David Coombs no pidió una pena específica, pero dijo que su cliente era un buen candidato para la rehabilitación y no debería “pudrirse en la cárcel”.

“Quizás su mayor delito fue que él se preocupaba por la pérdida de vidas y no pudo ignorarlo”, señaló Coombs sobre la decisión de Manning de entregar la información al portal WikiLeaks.

El soldado se disculpó la semana pasada por sus acciones y por haber perjudicado a su país. “Pido perdón por los inesperados resultados de mis acciones. Los últimos tres años me han servido como experiencia”, confesó el militar.

Bradley Manning, el soldado estadounidense acusado de filtrar documentos secretos a Wikileaks, conocerá este martes el veredicto por los más de veinte delitos de los que se le acusa, después de permanecer más de tres años encarcelado.

Se trata del juicio por la mayor filtración de documentos secretos de la historia. El pasado mes de febrero, Manning, de 25 años, admitió su culpabilidad en otros diez delitos menores, que podrían acarrearle una pena de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, se declaró no culpable de doce de los delitos que se le imputaban, entre ellos el de ayudar al enemigo, la acusación más grave.

La juez que lleva el caso, la coronel Denise Lind, se negó a retirar la acusación de ayudar al enemigo, que podría suponer la cadena perpetua, ya que los documentos entregados por WikiLeaks fueron colgados en internet y posteriormente llegaron a Osama bin Laden.

El abogado del acusado, David E. Coombs, ha argumentado que Manning, que sirvió como analista de Inteligencia en Irak en 2009 y 2010, no tenía "conocimiento real" acerca de las consecuencias reales de la filtración. El Gobierno estadounidense, sin embargo, aduce que Manning debería haber sabido que la información podría llegar hasta personas que quisieran hacer daño a los soldados estadounidenses.

Probablemente nunca sabremos que la orden emanada desde Washington para detener a Morales, y con él supuestamente a Snowden, iba a ser fielmente cumplida también por España que sigue en su papel de súbdito en la rememoración de lo que fue en su día la tragedia de los aviones de la CIA reconvertida ahora en farsa. Tampoco escucharemos nunca hablar al gobierno de Rajoy de lo ocurrido en Egipto como “golpe de estado”. Y también sabemos que los ciudadanos somos considerados culpables hasta que demostremos no sólo nuestra inocencia sino “lealtad al régimen”. En consecuencia es “lógico” que seamos tratados como terroristas en potencia por si llegamos a serlo.

¿Pueden los gobiernos demócratas actuar de forma totalitaria? Por supuesto. No sólo pueden sino que lo hacen. Y aquí hemos reseñado sólo algunos de los ejemplos más recientes en torno al derecho internacional y a los derechos humanos. Hubiera sido más fácil poner ejemplos sobre la economía, los recortes sociales y el papel de la troika sobre y contra la ciudadanía de los estados de la Unión Europea. Pero hablamos del mismo ejercicio de la política en ámbitos diferentes. Un ejercicio no democrático de la democracia. Algo que está en la base de todo poder…si no es controlado.

De ahí que el nacimiento de esta Convocatoria Cívica tenga mucho que ver con lo que está pasando. Pero sobre todo con cómo está pasando. La perversión de la política a través de la corrupción de sus actores degrada la democracia en su conjunto. No olvidemos que el origen de la corrupción tenemos que buscarlo en la complicidad de la política con el poder económico. Pero no nos referimos sólo a los escándalos diarios que desangran la credibilidad en el sistema. Hablamos de la necesaria regeneración y de la revolución en la participación de la ciudadanía para enriquecer el mejor sistema de representación que es la democracia.

Podemos elaborar nuevas leyes, adoptar nuevos instrumentos de intervención social y electoral, y renovar personas y gobiernos. Pero si no somos capaces de transformar la participación con mecanismos de decisión y control activo por parte de la ciudadanía en lo cotidiano no habrá ley que sirva. Por eso este llamamiento ciudadano, que compartimos y asumimos, merece y necesita una respuesta. Una respuesta política y un respaldo social.

Los impulsores de esta Convocatoria han dado un paso al frente para catalizar y promover una propuesta positiva, que ahora corresponde concretar a las formaciones políticas, capaz de ofrecer soluciones y mecanismos de participación superadores de las meras siglas y partidos.

Quienes nos dimos cita y nos reconocemos en ese manifiesto, somos y seguiremos siendo plurales en las ideas de las izquierdas en torno a una misma ilusión. Sus promotores consiguieron que ese día compartiéramos espacio físico y virtual, lo que constituye, sin duda, el primer éxito de la convocatoria. El mínimo común múltiplo de todos es la conceptualización del PP y sus políticas como nuestro primer y principal adversario y también enemigo. De los convocados y también de los convocantes. Entre los que se encontraban personas como Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, Pilar del Río, Isabel Coixet, Almudena Grandes, Antonio Gutierrez, Luis García Montero, Vicenç Navarro, Juan Torres y muchas y muchos más. Como señalan en el párrafo final del propio manifiesto: “Convocamos a un proceso de confluencia y unidad que, con el amparo de la máxima movilización ciudadana, culmine en la alternativa que ponga fin al drama que estamos viviendo.”

Ahora la pregunta está en el aire, pero la respuesta debe surgir del seno de los partidos de izquierda, sindicatos y colectivos sociales que deben, debemos, ceder el paso a la sociedad civil. Y así juntos, elaborar una propuesta para derrotar a la derecha y construir una nueva alternativa que hasta el momento nadie ha ofrecido. Eso implica cambios de fondo y no sólo de forma en todos los partidos. Izquierda Abierta ya ha respondido y se ha comprometido a fondo con esta estrategia. Esperamos y deseamos que el resto se sume con la misma ilusión, convicción y generosidad.

Estamos ante una iniciativa ciudadana de calado ante la que los partidos y colectivos tenemos la obligación de escuchar, participar y colaborar sin protagonismos de ningún tipo. Es la hora de superar la fractura entre lo social y lo político y afrontar la necesidad de cambios en los partidos y en una democracia cada vez menos democracia y más plutocracia.

Proponemos una revolución participativa unida a un programa anti neoliberal, radical y alternativo a la Europa sin alma social, sin corazón democrático y sin cerebro para la sostenibilidad. Sólo así seremos capaces de construir un escenario de participación y fortaleza suficiente capaz de hacer frente al austericidio de la Unión Europea derrotándolo, primero en las elecciones europeas del próximo año y después en las elecciones generales, autonómicas y municipales. Entre las cuestiones concretas que debemos asumir están: la preponderancia de la sociedad civil sobre las cúpulas de los partidos, un cambio en los métodos de participación política, tanto en la elección de candidaturas a través de elecciones primarias abiertas a la ciudadanía como del posterior compromiso de interacción con los votantes a los que se les dará poder real de decisión, por supuesto un compromiso ineludible de derrotar a la derecha, un programa básico para revitalizar lo público y desmontar la batería de recortes de todo tipo y de atentados contra los derechos sociales que, como la reforma laboral, ha desarrollado el Ejecutivo de Rajoy. Si estamos de acuerdo en esto. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo?

Los firmantes de este manifiesto merecen una respuesta. Pero los verdaderos convocantes sentados en la mesa del Ateneo de Madrid estaban detrás, en la calle. Ciudadanos anónimos, indignados (“indignadanos” como diría Baltasar Garzón) que exigen de la política organizada una respuesta común y contundente. Y es a esa ciudadanía a la que debemos responder social, política y electoralmente, agrupándonos en un frente común que represente el éxito de todos y no el de unas siglas, partidos o candidatos. Es el momento de aceptar este reto, escuchar a los convocantes y responder con un sí fuerte y convencido.

Si no sabemos o queremos atender este llamamiento será más fácil que nos obliguen a detener nuestro sueño en forma de vuelo. Por eso éramos muchos los que viajábamos junto a Evo Morales, pero también somos muchos los que seguimos junto a Snowden, Assange, Manning y todos aquellos que son perseguidos por arriesgar su libertad a cambio de un poco de la nuestra.

Personalidades del mundo del cine y de la música han promovido una campaña para pedir que el soldado norteamericano sea nominado al Nobel de la Paz. 

Manning, acusado de 22 cargos, entre ellos el de "colaboración con el enemigo", podría ser condenado a cadena perpetua por revelar cerca de 700.000 documentos secretos del Gobierno estadounidense a la red de información Wikileaksred de información Wikileaks.

Con el lema "Yo soy Bradley Manning", celebridades como los actores Wallace Shawn, Russell Brand, Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard; el director de cine Oliver Stone; los músicos Tom Morello y Moby; y los periodistas Phil Donahue, Matt Taibbi y Chris Hedges muestran su imagen en apoyo a esta iniciativa. Mirando a cámara y sosteniendo el cartel preguntan a los espectadores si tendrían el coraje de revelar la verdad a la opinión pública sobre crímenes de guerra o alguna acción ilegal, y qué hubieran hecho en su situación.

Además, ciudadanos anónimos también han querido apoyar al soldado encarcelado y han subido sus propias fotografías donde muestran la consigna. La iniciativa también ha puesto a disposición de los usuarios de Twitter el hashtag #IamBradleyManning para que escriban las razones de su respaldo.

Nominación al Nobel de la Paz

El objetivo de esta campaña es visibilizar la situación por la que está pasando Manning, quien lleva 1107 días encarcelado, un periodo que la inicitativa denomina como de "encierro injusto". El soldado norteamericano de 25 años está acusado de realizar la mayor filtración de documentos de los servicios secretos, cables diplomáticos y vídeos clasificados que impactaron en la opinión pública, como el difundido en 2010 que muestra como un helicóptero de Estados Unidos ataca a un grupo de diez civiles.

Tras su detención, el soldado fue trasladado a la base naval de Quantico, en Virginia, bajo condiciones de máxima seguridad, donde vivió durante nueve meses en una situación de aislamiento absoluto.

Por eso, los famosos invitan al público a firmar la petición para que Bradley Manning postule al premio Nobel de la Paz, una iniciativa que hasta el momento ha conseguido más de 60.000 firmas.

Este vídeo muestra el ataque desde un helicóptero estadounidense contra un grupo de personas en la mañana del 12 de julio de 2007 que se encontraban en un barrio llamado Nuevo Bagdad. En la versión oficial todos los muertos eran insurgentes, es decir, terroristas.

La realidad, como se puede apreciar en las imágenes, era otra. Se trataba de civiles; entre ellos estaban el fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen y su conductor Saeed Chmagh. El tiempo que tarda el artillero en abrir fuego ayuda a disipar cualquier duda. Al principio se ve un arma, después nada; todos iban desarmados.

Estas imágenes fueron declaradas secreto. Casi siempre los secretos afectan a personas que cometieron errores, no tanto a la seguridad nacional. Los intentos de Reuters por descubrir lo ocurrido se toparon con un muro de silencio en el Ejército de EEUU.

El muró cayó con Wikileaks. De todos los documentos divulgados por la ONG de Julian Assange, este es el más impactante. No admite eufemismos. No son solo las imágenes, es el sonido, la frialdad con la que se habla, la persecución hasta la camioneta…

El lunes comenzó el juicio

(corte marcial; no un proceso civil) contra el soldado Bradley Manning. Se le acusa de ser el filtrador, la persona que hizo llegar a Assange el vídeo y los llamados papeles de Irak, Afganistán y del Departamento de Estado. Estos tuvieron mucha repercusión. Aunque no revelaron nada espectacular provocaron más de una incomodidad al Gobierno de Barack Obama: los diplomáticos en privado no siempre son tan diplomáticos.

El fiscal sostiene que el delito cometido por Manning favoreció a Al Qaeda. Con un nombre así sobre la mesa no hay muchas opciones de absolución. Al Qaeda despierta recuerdos dramáticos, el 11-S, la Patriot Act anula libertades, derechos.

Los papeles del Departamento de Estado ayudaron a entender la metodología e idiosincrasia de la diplomacia estadounidense, mucho más eficiente de los que se pensaba. Son un material precioso para historiadores más que para periodistas encelados en el corto plazo.

En el caso de España, lo mas sobresaliente de las filtraciones de Wikileaks-Manning, fue descubrir que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tan crítico en ese tema con el de José María Aznar, había actuado igual, o peor, en el caso Couso: prometía justicia en público y trabajaba en privado para impedirla.

Manning se enfrenta a una cadena perpetua y Assange, el fundador de Wikileaks, vive asilado desde hace un año en la embajada de Ecuador en Londres. Los filtradores están presos, sin libertad de movimiento. Los pilotos del helicóptero Apache que dispararon sobre civiles y los mandos que encubrieron la acción no han sufrido persecución legal alguna.

Para seguir en Twitter las noticias relacionas con el caso: #Manning #IAmBradleyManning

Hay un precedente interesante: los papeles del Pentágono. El tribunal Supremo de EEUU dictaminó que The New York Times no era el filtrador, sino el medio que los publicóThe New York Times. Prevalecía la libertad de información sobre cualquier otra. Este precedente favorece, en teoría, a Assange, que es también el medio no la fuente. No todos están de acuerdo con esta visión.

Un eventual juicio en EEUU contra el fundador de Wikileaks podría acabar con un serio revés para el Gobierno. De momento ese juicio no es prioritario, hay otro pendiente en Suecia por un caso de presunto abuso sexual. Assange habla de montaje.

Otro precedente es el del coronel Oliver North, el arquitecto de la política de Ronald Reagan para financiar a la Contra en su lucha con los sandinistas. Se le llamó el caso Irán-Contra. North es un héroe, incluso un comentarista televisivo de prestigio.

Manning lleva tres años detenido en espera de juicio

. A la soldado Lynndie England se la condenó a tres años de prisión por los abusos y torturas en la prisión de Abu Ghraib. Si se repasan otros casos, como el de la matanza provocada por mercenarios (perdón, guardias privados) de Blackwater en Bagdad, se comprobará que existe un doble rasero: comprensivo con los crímenes, duro con los filtradores.

Esta es una canción compuesta por Graham Nash y James Raymond a favor del soldado Manning. Se titula Casi desaparecido, la balada de Bradley Manning.