Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron este jueves el primer paso para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas de la UE, una decisión en gran medida simbólica puesto que ya está sujeta a una amplia gama de sanciones europeas, incluidas algunas destinadas a prevenir la proliferación nuclear, informa EFE.

La UE adoptó por primera vez medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en actos de terrorismo en diciembre de 2001, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año. La lista de la UE se estableció para aplicar la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e incluye a organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico.

Todas las personas, grupos y entidades incluidos están sujetos a medidas relacionadas con la inmovilización de fondos y activos financieros y con la cooperación policial y judicial en materia penal.

La decisión de incluir a la CGRI se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes, en las que murieron 3.117 personas, según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EEUU, sitúan en 6.373, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.

"La represión no puede quedar sin respuesta", indicó este jueves la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "'terrorista' es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo".

Fuentes diplomáticas habían apuntado la víspera que la CGRI ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán —tanto como entidad como muchos de sus miembros— y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que "en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado".

De hecho, la UE introdujo en 2011 un régimen compuesto por medidas restrictivas dirigidas específicamente contra las violaciones y abusos de los derechos humanos en Irán, que se han renovado anualmente desde entonces. Desde 2022, la UE ha aumentado drásticamente las medidas restrictivas, adoptando múltiples paquetes de sanciones en el contexto de la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán.

Además, el 20 de julio de 2023, el Consejo estableció un marco específico para las sanciones en vista del apoyo militar de Irán a la guerra de Rusia contra Ucrania y, en mayo de 2024, su alcance se amplió en vista del apoyo militar de Irán a grupos armados en Oriente Medio y la región del Mar Rojo y de los ataques con drones y misiles que Irán llevó a cabo contra Israel en abril de ese año.

La posibilidad de situar a la CGRI en la lista comunitaria de organizaciones terroristas llevaba años en la mesa del Consejo. Volvió a tomar fuerza a raíz del asesinato de la joven iraní Mahsa Amini en custodia policial en septiembre de 2022 tras haber sido arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo islámico.

Esa muerte provocó manifestaciones que fueron duramente reprimidas por las autoridades iraníes con cerca de 500 fallecidos, unos 20.000 detenidos y las posteriores ejecuciones de una veintena de personas.

La decisión, que requería la unanimidad de los Veintisiete, ha sido posible porque algunos de los países más reticentes, como España y Francia, que habían pedido calibrar bien las posibles consecuencias de la medida, se sumaron a la mayoría. Algunos Estados miembros habían hecho hincapié en el impacto de la seguridad para sus propios ciudadanos, teniendo en cuenta la práctica habitual de detención sin aparente justificación de europeos en prisiones iraníes.

Kallas aseguró que "se han calculado los riesgos" y precisó que "la parte diplomática queda fuera" de la Guardia Revolucionaria: "Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos", agregó.

Por su parte, Irán calificó este jueves de "otro error estratégico" la designación de la CGRI como terrorista y acusó a la UE de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

Tras el acuerdo informal alcanzado este jueves, la UE deberá aprobar la decisión formalmente, mediante la adopción por unanimidad en el Consejo de las actas legales. 

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presunto líder de la primera célula en España de The Base, la organización terrorista neonazi. El detenido fue arrestado en Castellón junto a otros dos presuntos integrantes de este grupo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en un auto a petición de la Fiscalía, que considera al presunto líder de esta célula, David D.G., responsable de delitos de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas. El magistrado considera procedente su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y ante "la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

The Base es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos. Según la policía estadounidenses y la Europol, su líder y fundador es Rinaldo Nazzaro, a quien se considera actualmente afincado en Rusia.

Según el auto, David D. G. lidera la célula de esta organización terrorista en España, y está dirigiendo la implantación y consolidación de este grupo en nuestro país. De hecho, ha estado en contacto directo con Nazzaro, según él mismo ha manifestado, "lo que demuestra su adhesión a los objetivos y fines" de la organización terrorista, como es la creación de células denominadas "unidades insurgentes", que, con encubrimiento y medidas de seguridad, realizan "ataques selectivos para desestabilizar los Estados en los que se encuentran incardinadas".

Es por tanto "conocedor", sostiene el juez, de la consideración de esta organización como entidad terrorista a nivel europeo y "asume y acepta las consecuencias jurídicas y penales que tiene la pertenencia a la misma, lo cual no solo ha aceptado, sino que ha hecho como propio". En ese contexto, añade el auto, ha realizado "una continua labor de captación y adoctrinamiento en los postulados ideológicos" de esta organización.

Esto es, "en su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos, su defensa, propaganda de la organización, postulados aceleracionistas, adquisición y manejo de armas tipo PCP, técnicas de combate con armas blancas, teorías preparacionistas y survivalistas, equipamiento y entrenamiento táctico, etc., donde se observa su ideario extremista y violento, así como que el último fin es la que ellos denominan "lucha por la secesión blanca"".

Asimismo, ha realizado labores de adiestramiento a terceras personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad, Onda (Castellón), en los cuales se han observado a varias personas en sus prácticas. En este sentido, durante la investigación se ha observado que ha realizado "un acopio anormal de diversos tipos de armas y objetos lesivos", así como de indumentaria paramilitar o "material médico de combate".

Este acopio, agrega el juez, "no se ha quedado en el mero almacenaje de armas, principalmente armas blancas, si no que se ha observado la asiduidad con la que portan y utilizan este tipo de armas en vía pública lo que supone un peligro grave para la seguridad añadido a su radicalidad y violencia".

La filosofía de esta organización es "acelerar" la caída de las instituciones –de ahí el termino "aceleracionistas– mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

También hay indicios de que habría estado recibiendo financiación de la organización internacional The Base y, asimismo, estaría financiando la actividad de la misma en España a través del tráfico de drogas a pequeña escala (marihuana y cocaína). Estaría también implicado "en múltiples actos violentos", como el que ha protagonizado junto a los otros dos presuntos integrantes de la célula detenidos con él, J. E. L, y D. A. F., con los que se desplazó en su vehículo a Madrid "a fin de localizar y dar una paliza a una tercera persona por simple venganza". Asimismo, habría mostrado con "asiduidad" su carácter "extremadamente violento" con incitación a la violencia contra terceras personas, "dada su radicalidad manifestada, lo que él mismo declara en conversaciones telefónicas o mensajes publicados".

Su papel predominante, unido a la pena que se le puede llegar a imponer, conlleva un riesgo de fuga ante el que el juez no considera suficiente el arraigo de que dispone. Aprecia además el riesgo de reiteración delictiva en la existencia de anteriores detenciones por delitos violentos y delitos de odio, en donde se aprehenden armas blancas y de gas con la utilización de balas de acero, unido a un "exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco".

A todo esto se suma, indica el auto, que se está en "una fase inicial del procedimiento, lo que determina la posibilidad de incidir sobre las fuentes de prueba, dado el carácter jerarquizado de la organización criminal y su papel prioritario dentro de la misma".

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este lunes de estas detenciones practicadas el pasado martes por agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Se trata de una organización que opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una 'guerra racial'.

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. 

Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de The Base, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron en los cinco registros practicados en la provincia de Castellón dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi, así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación Cascadia ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que agentes de Europol han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación que contína abierta a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, quien decretó el ingreso en prisión del líder de la célula.

Funcionarios estadounidenses e israelíes acusan al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) del intento de asesinato de Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México, el pasado verano. El presunto complot fue frustrado por los servicios de seguridad mexicanos, asegura la revista estadounidense Axios.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, los funcionarios afirman que este supuesto plan para asesinar a la embajadora israelí, el cual se habría puesto en marcha a finales de 2024, es una prueba más de "la extensa red" extranjera con la que Irán opera contra "objetivos estadounidenses e israelíes" incluso en Latinoamérica.

Estas fuentes también aseguran que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de IRGC —la misteriosa Unidad 11000— que en los últimos meses habría intentado llevar a cabo ataques contra judíos e israelíes también en Australia y Europa. «Este es solo el último de una larga serie de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní», aseguraba el funcionario estadounidense. Según Axios, la operación habría sido dirigida por esta unidad que durante años ha reclutado agentes en toda América Latina "desde la embajada de Irán en Venezuela".

El portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, remitió este viernes un comunicado de prensa en el que agradeció a los servicios de seguridad del país mexicano por haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán". "La comunidad de inteligencia y seguridad israelí seguirá trabajando sin descanso, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus representantes contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo", aseguraba.

Israel también tiene un largo historial de asesinatos de funcionarios iraníes —aunque no de embajadores—, incluso en terceros países, asegura el medio estadounidense.

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que se produjeron tres muertos (incluido el atacante) y al menos cuatro heridos y que ha sido considerado como atentado terrorista, según informa EFE.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó de estos arrestos y reiteró que el presunto autor resultó también muerto por disparos de los agentes.

"Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", afirmó Taylor.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan "objetos sospechosos" en el cuerpo del supuesto atacante, cuya imagen pudo verse en vídeos en las redes sociales, primero en pie con algo extraño en la cintura y después abatido en el suelo.

El subcomisario expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares y calificó de "devastador" que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

En una rueda de prensa posterior, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado hasta morir por los agentes apenas siete minutos después de haber recibido el primer aviso.

También indicó que cuatro personas permanecen en el hospital y bajo tratamiento tras haber resultado heridas graves en el ataque.

La Policía antiterrorista trabaja con la GMP en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 09.30 hora local (08.30 GMT) cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo.

El jefe de la GMP dijo que, en este momento, se sabe que el vehículo se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche "fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo" y portaba sobre su cuerpo un chaleco "que tenía la apariencia de un artefacto explosivo". 

"Un gran número de feligreses acudía a la sinagoga en el momento del ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante", agregó Watson.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.

Además de los políticos, varias organizaciones musulmanas, así como también cristianas, denunciaron el "cobarde" ataque y llamaron a la convivencia pacífica entre las religiones.

Este atentado se produce después de que se detectara en el Reino Unido un aumento de los delitos antisemitas e islamófobos desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra en Gaza.

La Administración de Donald Trump cumplió este miércoles con su amenaza y declaró como grupos terroristas a los principales carteles de la droga de México, lo que ha desatado incertidumbre sobre una eventual intervención estadounidense en territorio mexicano.

La decisión, formalizada este miércoles en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de mandato, supone un cambio de paradigma dado que Washington usaba tradicionalmente esta designación contra grupos con una agenda política, algo de lo que carecen los narcotraficantes.

En concreto, el secretario de Estado, Marco Rubio, incluyó en la lista terrorista al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerados durante años como los más poderosos del mundo, así como al Cartel del Noreste, el Cartel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

Además de esos grupos mexicanos, designó también como terroristas a la banda venezolana del Tren de Aragua y a la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13).

Según la legislación estadounidense, para designar a un grupo como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) esta debe llevar a cabo "actividades terroristas" que supongan una "amenaza a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos".

El Departamento de Estado tiene catalogados como terroristas a organizaciones como el Estado Islámico (EI), Hamás o El Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Trump consideró durante su primer mandato (2017-2021) declarar a los carteles mexicanos como terroristas pero no lo hizo a petición del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con quien mantuvo una relación fluida. Pero en los últimos años, el apoyo a esa medida ha ganado fuerza dentro de los filas republicanas debido a las cifras récord de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, una sustancia que según Washington fabrican los carteles mediante productos químicos adquiridos de China.

México, en cambio, se ha opuesto a que Estados Unidos diera ese paso por temor a que se abra la puerta a una intervención estadounidense unilateral en territorio mexicano, lo que violaría la soberanía del país latinoamericano.

No se trata de una sospecha infundada, dado que el propio Elon Musk, mano derecha de Trump en este segundo mandato, advirtió este miércoles de que la designación permite a Estados Unidos bombardear con drones a los carteles mexicanos.

La lista de organizaciones terroristas no otorga al Gobierno de Estados Unidos autoridad para usar la fuerza militar en otro país, pero puede propiciar operaciones de contraterrorismo si, dependiendo del caso, se cuenta con autorización del Congreso, donde los republicanos controlan la mayoría.

La decisión de Rubio se formalizó después de que se diera a conocer que la CIA ha estado usando, desde la pasada Administración de Joe Biden (2021-2025), drones espía para vigilar a los carteles mexicanos del narcotráfico y localizar laboratorios de fentanilo. Trump justificó el martes esta medida porque, según dijo, México "está gobernado en gran parte por los carteles".

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, heredera de López Obrador, argumentó este miércoles que los drones espía estadounidenses vuelan "bajo petición del Gobierno de México" y dijo "no tener miedo" de una invasión de Estados Unidos porque se siente respaldada por la población. La mandataria mexicana desmintió además a Trump al asegurar que su Gobierno no tiene nada que ver con el narcotráfico.

La inclusión de un grupo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras prohíbe a sus miembros entrar en territorio estadounidense y ordena la congelación de todos sus fondos.

La ley también prohíbe explícitamente a cualquier persona proporcionar a sabiendas "apoyo material o recursos" a una organización catalogada como terrorista.

El alcance de este punto es todavía incierto, pero algunos expertos apuntan a que podría afectar a los migrantes que llegan a Estados Unidos dado que los carteles mexicanos les cobran para cruzar la frontera estadounidense y podrían ser considerados cómplices de terroristas.

En otro ejemplo, Sheinbaum advirtió la semana pasada, en caso de que la designación tirara adelante, que las empresas armamentísticas de Estados Unidos, cuyas armas acaban en manos de narcotraficantes mexicanos, también deberían ser consideradas como colaboradoras del terrorismo.

Todo se fundió a un horrible negro cuando la luz del sol comenzaba a iluminar un nuevo día. Era 11 de marzo de 2004. Y el reloj marcaba las 7:39, hora punta. En ese preciso instante, tres bombas explosionan en un tren que llega a la estación madrileña de Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después, cuatro más estallan en otro convoy a la altura de la calle Téllez. Y, simultáneamente, se registran otras tres explosiones en las estaciones de Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Es el peor atentado perpetrado en suelo europeo. La barbarie yihadista arrebata en la capital 193 vidas –a la que luego se sumaría la de un policía en las operaciones posteriores– y deja más de dos millares de heridos. Centenares de familias rotas en mil pedazos por el terrorismo.

Aquella masacre cogió con el pie cambiado a las fuerzas de seguridad. Es cierto que, por aquel entonces, España tenía bien desarrolladas las capacidades antiterroristas. El problema es que se prestaba atención, principalmente, a la amenaza procedente de ETA. Pocos efectivos policiales, como recuerda Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, estaban dedicados en cuerpo y alma a observar entonces el fenómeno del yihadismo. Aunque ya se habían desarrollado algunas operaciones importantes en esta línea. En 1997, Appreciate, centrada en el Grupo Islámico Armado (GIA). En 2001, Dátil, que desarticuló una célula de Al Qaeda en España, la de Abu Dahdah. Un golpe importante para la organización terrorista en suelo europeo.

El CNI no puso en marcha hasta poco antes del 11M un departamento específico dedicado al yihadismo en su División de Contraterrorismo. Pero los atentados provocaron un punto de inflexión. "Forzaron un cambio de paradigma que nos obligó a adaptar nuestra mirada y comprender que la principal amenaza para la seguridad nacional iba a ser, a partir de ese momento, el terrorismo yihadista", apunta Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales y analista especializado en seguridad. Un fenómeno, completa, que no estaba constituido por "un enemigo ubicado en un espacio concreto" y con una "estructura organizacional tradicional", sino que se trataba de "una amenaza asimétrica, rizomática y resiliente, con capacidad para extenderse por todo el planeta".

Desde entonces, y a lo largo de las dos últimas décadas, se ha avanzado mucho en ese terreno. Tras los atentados de Madrid, explica García-Calvo, los recursos destinados en las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el yihadismo se "intensificaron inmediatamente". "Las capacidades se multiplicaron casi por seis", apunta la experta. En After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and the Prevention of Global Terrorism in Spain, el especialista Fernando Reinares señala que solo en la legislatura posterior al 11M los servicios o unidades externas de información, que son los que se ocupan fundamentalmente de cuestiones de terrorismo internacional, crecieron en un 72% en la Policía Nacional y un 22% en la Guardia Civil.

Es imposible saber cuántos efectivos hay destinados en la actualidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado a combatir el yihadismo. Dicha información tiene carácter secreto. Como también aquella relativa a la estructura y organización de la lucha antiterrorista. Unidades que con el paso del tiempo se han ido especializando. "Se han introducido dos perfiles: por un lado, especialistas en árabe y en mensajes, tanto en red como por otras vías de propaganda; y, por otro, expertos operativos en lucha antiyihadista, gente que se infiltra en este tipo de comunidades", señala Rafael Calduch. Este perfil fue clave, por ejemplo, en la operación Caronte, que permitió la desarticulación de una célula yihadista en la provincia de Barcelona gracias a la infiltración de un Mosso d'Esquadra.

La descoordinación en las fuerzas de seguridad fue otro de los problemas que pusieron de relieve el 11M. El domicilio de Jamal Zougam, uno de los condenados por los atentados de Madrid, ya había sido registrado a mediados de 2001, encontrándose en el mismo, tal y como se desprendió en la instrucción de Dátil, propaganda yihadista. El nombre de Allekema Lamari, uno de los suicidas en el piso de Leganés, ya había salido en el procedimiento seguido en su día en relación al Grupo Islámico Armado y se situaba bajo el radar de los servicios secretos. Y el de Serhane Ben Abdelmajid, alias el Tunecino, otro de los suicidas de Leganés, ya había aparecido dos años antes en una agenda que la Guardia Civil incautó en otra operación contra un destacado miembro de Al Qaeda en Barcelona.

"Tras los atentados, se establecieron marcos para compartir información", señala la investigadora de Elcano. En mayo de 2004, el Gobierno creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Y una década después, tras apreciar los vínculos que existían entre dicho fenómeno y el crimen organizado, lo fusionó con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Fue así como surgió el actual CITCO. Integrado por miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI o cuerpos de seguridad autonómicos, el mismo se encarga de "recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva".

Los expertos también destacan los avances en materia de cooperación con otros países. Tanto a nivel policial como de inteligencia y judicial. En este último aspecto se centra Dolores Delgado, actual fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y durante más de una década –desde 2007 a 2018– coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. "Se potenció la coordinación internacional", explica en conversación con infoLibre. Primero, se conformó el llamado tripartito, en el que se integraban los ministerios públicos de España, Francia y Marruecos. Un grupo al que, posteriormente, se unieron los colegas de Bélgica y que permitía, cuenta, un intercambio continuo de información entre los distintos Estados.

"El envío de datos en tiempo real mejoraba nuestras investigaciones, porque el terrorismo yihadista es internacional y se nutre de indicios que se producen en otros países", trata de resumir Delgado. La fiscal habla sobre el valor de la "inteligencia judicial" dados los puntos de conexión que existen entre las distintas causas relacionadas con el yihadismo y la interrelación de actores. "Esto permite identificar patrones de conducta", dice. Citábamos antes a Lamari o Zougam. Pero otro ejemplo lo podemos encontrar con Abdelbaki Es Satty, imán que surgió como cabecilla de los atentados de Barcelona de 2017, el primer ataque yihadista desde el 11M. Su nombre ya había aparecido más de una década antes en Chacal, otra causa que en su día se siguió contra una supuesta red de apoyo a individuos que participaron en los atentados de Madrid.

El legislador también fue adaptando, tras la matanza en la capital, el ordenamiento jurídico a la nueva realidad. Se empezó a prestar más atención a la financiación, se suprimió la exigencia de que existiera una organización para poder aplicar el tipo de terrorismo o se incluyeron en el Código Penal conductas como el autoadoctrinamiento, la difusión de propaganda terrorista y el traslado o establecimiento en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. Era, entonces, la época dorada del Estado Islámico y su propaganda. De los combatientes extranjeros. De las mujeres engañadas para desplazarse a zonas en conflicto. "Se empezó a ver en Siria una suerte de Califato terrenal", señala Delgado.

Calduch también pone el foco sobre el papel de Instituciones Penitenciarias: "Se intentan controlar los procesos de radicalización en las cárceles". Algo en lo que también se detiene García-Calvo. En las prisiones, explica, se trabaja en dos ámbitos. Por un lado, en lo que se refiere a "la prevención de la radicalización y el reclutamiento de jóvenes para la causa terrorista". Por otro, en lo que tiene que ver con la "rehabilitación y reintegración de yihadistas". Según una respuesta reciente del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, de las 27 personas que a finales de noviembre se encontraban cumpliendo condena por delitos de terrorismo yihadista –no se cuentan las que están en prisión preventiva–, 17 participaban en el nuevo programa de desradicalización.

La prevención es un pilar fundamental en la lucha antiterrorista. "El elemento clave para poder hacer frente a este fenómeno no es tanto la lucha armada o las intervenciones militares, que también, sino especial y esencialmente el trabajo a la hora de prevenir la captación y radicalización violenta", asevera Gazapo. El terrorismo yihadista, cuyos "dinamizadores de contenido" y "reclutadores" actúan tanto desde las cárceles como a través de Internet, es capaz de "elaborar un relato que se inserta, como si de un virus se tratara, con enorme facilidad en las mentes y corazones de sujetos de toda índole o perfil". De ahí la importancia "absolutamente estratégica", apunta el analista internacional, de elaborar "narrativas preventivas y contranarrativas".

Han pasado dos décadas desde aquel terrible 11M. Veinte años en los que, según los datos del Ministerio del Interior, se han llevado a cabo 408 operaciones antiyihadistas en nuestro país en las que se han detenido a 1.047 personas –71 en lo que va de legislatura–. "España está razonablemente preparada para hacer frente a esta amenaza", apunta Gazapo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no existan riesgos ante un fenómeno extremadamente complejo. "El terrorismo de etiología yihadista se caracteriza, en este momento, por apostar por técnicas de ataque de baja complejidad operativa y bajo coste económico, lo que hace que sea mucho más complejo, detectarlo, prevenirlo y neutralizarlo", completa el experto.

Coinciden con él todos los especialistas consultados por este diario. "No se puede tener la certeza total de que no ocurran acciones aisladas", dice Calduch. "La seguridad total es imposible", deja claro García-Calvo. "Lo que se puede hacer es reducir el nivel de riesgo adelantándonos con investigaciones constantes", completa Delgado. Y en este sentido, dicen las dos últimas, hay que tener siempre un ojo puesto fuera de nuestras fronteras. Porque este tipo de terrorismo, explican, es muy sensible a los vaivenes internacionales. De ahí que, por ejemplo, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidiese en octubre reforzar el nivel 4 de alerta con nuevas medidas tras la escalada de tensión en Oriente Próximo. Un grado alto en la escala de riesgo que se mantiene desde 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

Un acto homenaje en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, y una misa en la Catedral de La Almudena recordarán a las víctimas del 11 de marzo, el atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos cuando se cumplen 20 años.

Así, la Real Casa de Correos acogerá el lunes, a partir de las 9 horas, el solemne acto de homenaje a las víctimas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, depositarán una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio en recuerdo a las víctimas, así como a los servicios de emergencias y ciudadanos que las auxiliaron.

Según ha informado el Ejecutivo regional, la ceremonia comenzará con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia regional, a las que se sumarán las de las iglesias cercanas a la Puerta del Sol. Además, habrá interpretación musical e intervenciones dedicadas a recordar su memoria.

Si la meteorología lo permite, la cita se hará al aire libre para que continúe siendo "abierto a toda la ciudadanía", indicaron fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

En cuanto a si se invitará a miembros del Ejecutivo central, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró que trasladarían las correspondientes invitaciones y estarán los "representantes de los distintos niveles de la Administración".

En este sentido, las mismas fuentes puntualizaron que se ha invitado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y a cargos de Guardia Civil y Policía Nacional, que dependen del Ministerio del Interior, "como en otras ocasiones", pero no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a ministros.

Por otra parte, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá el lunes a las 10 de la mañana una misa funeral en la Catedral de La Almudena en memoria de las víctimas. Según informó el arzobispado de Madrid, a la misma está prevista la asistencia de autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de las asociaciones de Víctimas del Terrorismo, así como representantes institucionales y eclesiásticos.

Con motivo de dicho aniversario, el lunes, a las 9 horas, las campanas de las iglesias de Madrid sonarán durante dos minutos, invitando a la oración por las víctimas y sus familias.

Además, también tendrán lugar los clásicos homenajes que se vienen realizando todos los años, como el que hacen por la mañana los sindicatos CCOO, UGT, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices en Atocha, seguido de la habitual ofrenda floral.

Posteriormente, a las 12 horas, tiene lugar el tradicional homenaje del Bosque del Recuerdo en el del Parque del Retiro. Se trata del acto de conmemoración del 11M Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Los homenajes continúan por la tarde en la calle Téllez (13.30 horas) y a los alrededores de las estaciones de tren de Santa Eugenia (18 horas) y El Pozo (19 horas).

Asimismo, la Comunidad de Madrid inaugurará este domingo, en la víspera del aniversario, un nuevo espacio de recogimiento y homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en superficie.

En este mismo punto, además, la tarde del domingo se encenderá al atardecer un haz de luz azul que se proyectará hacia el cielo para honrar a los fallecidos y más de 2.000 heridos que causaron la explosión de las bombas colocadas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez.

Esta iluminación especial se podrá ver este domingo y el lunes día 11, coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo y el XX aniversario de los atentados de 2004 en Madrid.

El monumento del 11M en Atocha ha sido desmontado para el desarrollo de las obras de la Línea 11 de Metro, unos trabajos planteados en dos fases, una centrada en el cilindro exterior y otra para la parte interior, donde se ha instalado este nuevo memorial, en el vestíbulo de la estación, diseñado contando con la opinión de las víctimas.

Esta nueva área de recogimiento, que se inaugurará el domingo, ocupará una superficie total de 2.000 metros cuadrados, cuadriplicando el espacio anterior que era de 400, aunque en el día de su apertura solo serán visitables 1.200 metros cuadrados.

Las paredes del mismo están pintadas de color azul cobalto, el elegido por las Asociaciones de Víctimas para este entorno, y llevan grabados los nombres de los fallecidos en el atentado del 11 de marzo del 2004 de Madrid, así como algunas de las frases que se podían leer en el monumento, ahora desmontado.

Entre ellas, fijaran mensajes como "no a la violencia"; "todos íbamos en ese tren"; "nunca os iréis del todo"; "no hay camino para la paz, la paz es el camino"; o "por todos vosotros seremos mejores". También se recogen textos en euskera, catalán inglés, francés, portugués, árabe, ucraniano, rumano, polaco, búlgaro y georgiano.

Este mismo jueves, el Ayuntamiento de Madrid organizó un acto homenaje a las 193 víctimas del 11M coincidiendo con el 20 aniversario de la mayor masacre terrorista en suelo europeo en el que se condenó la "mezquindad sin límites" con la que actuaron los terroristas yihadistas y se ensalzó el comportamiento ejemplar del pueblo de la capital.

En el acto celebrado en el Centro Cultural Daoiz y Velarde se dieron cita más de un centenar de personas, entre ellas víctimas y familiares y efectivos de los servicios sanitarios y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para recordar a las 192 personas que el 11 de marzo de 2004 murieron en las explosiones registradas en trenes de Cercanías de Madrid, en recuerdo de los cuales se guardó un minuto de silencio.

Durante el acto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, leyó un bando en homenaje a las víctimas del mayor atentado registrado en suelo europeo, "que cambió para siempre" la historia de Madrid, y en el que también se ensalzó el comportamiento heroico y solidario del pueblo madrileño.

"Fuerte es quien siempre se levanta, como habéis hecho vosotros", les dijo a las víctimas, tras una acción que buscaban "una matanza incluso mayor de la que tuvo lugar". "La intención de los terroristas fue hacer daño donde más duele y ponernos de rodillas. Y solo consiguieron lo primero", se subraya en el bando, leído mientras de fondo sonaba la suite número 2 en re menor de Bach.

En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en los criterios de reparto de los ladrillos de vidrio que componían en antiguo monumento a las víctimas del atentado del 11 de marzo, en el entorno de la estación de Atocha, para darles "todo el recuerdo que merecen".

"Estamos ya estableciendo los criterios también para la distribución, como decíamos, de todas esas placas en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, y en relación con el monumento se está avanzando en la negociación también entre la Comunidad de Madrid y las asociaciones de víctimas para darles el lugar, el sitio y sobre todo el recuerdo que merecen", explicó el alcalde de Madrid.

El primer capítulo de esta miniserie (en Movistar Plus+) plantea el asesinato de Carrero como el dilema no resuelto de la muerte de Kennedy, en el que todos dejan hacer. Aunque se analiza su papel como cerebro de la política exterior, no hay mención alguna a su control del aparato represivo ni de los servicios de información que reorganizó después de la guerra.

El guion sigue el relato clásico, por el que se habría convertido en hombre de confianza de Franco tras oponerse a entrar en la II Guerra Mundial y, sobre todo, por ser el primero en comprender la importancia de restaurar la monarquía, empeñándose personalmente en traer a Juan Carlos. Tópicos construidos posteriormente que no explican su papel en el proyecto de continuación de la dictadura, del franquismo sin Franco, que le convertiría en la figura decisiva de 1973. Carrero presidió la jurisdicción del Tribunal de Responsabilidades Políticas hasta su desaparición en 1951 y dirigió la reorganización de los servicios de información militar, clave para que accediera a la presidencia del Gobierno, puesto que había concentrado Franco desde la guerra. 

La serie documental estrenada en Movistar no es tanto del género de reconstrucción histórica sino de ficción con actores, aunque usa importantes imágenes de época, sobre todo de RTVE, así como la propia entrevista que dio ETA en Francia al día siguiente del atentado, algo impensable tan solo hace unos años. La clave, repetida una y otra vez, es que todos querían muerto a Carrero, por lo que pusieron en marcha una serie de conspiraciones que confluyeron en ese mismo objetivo.

La idea tradicional es que ETA no tenía experiencia ni tampoco infraestructura para realizar un atentado de estas características en Madrid, por lo que recibieron decisivas ayudas de distintos servicios secretos nacionales e internacionales. Primero, en una reunión en el Hotel Mindanao, reciben el soplo de que el almirante va a misa todos los días sin escolta. Lo comprueban y planean un secuestro para intercambiarlo por presos. Poco después, cuando el comisario de Bilbao avisa sobre sus movimientos en la capital y se monta un operativo para detenerlos, se anula la orden en el último momento. Una orden que solo podría autorizar la DGS, Arias Navarro, o los servicios de información de la Guardia Civil, Iniesta Cano.

En cuanto al cambio de la idea del secuestro por la del atentado se ofrecen dos versiones. Tras la muerte en una emboscada de uno de los líderes de ETA, Txikia, la banda decide responder acabando con Carrero. Pero se apunta a que fue más decisivo su nombramiento como presidente, tras el que tampoco se le incrementa la escolta. Aquí es donde se presume que intervienen los servicios de información extranjeros, en concreto la CIA. Kissinger se reúne con Carrero el 18 de diciembre. Ese día su propia Embajada le dice que no pernocte en Madrid y se cambia el explosivo por uno de tipo militar al que ETA no tendría acceso. Pero la pregunta, que al menos este primer capítulo no despeja, es qué ganaba Estados Unidos desestabilizando un aliado clave del sur de Europa en plena Guerra Fría.

Los cables de su embajador tras el atentado muestran precisamente lo contrario. En cuanto al interior, la lectura de la conspiración omite al menos dos aspectos: el Proceso 1001 a los líderes de Comisiones Obreras que comenzaba ese mismo día, y el proceso de Burgos contra ETA que terminó tres años atrás con la conmutación de las penas de muerte, tras una profunda y pública división del gobierno. El propio Carrero lo interpretó como un gesto de debilidad que haría crecer el terrorismo. Arias Navarro, su sucesor, desencadenó una fuerte persecución de la oposición y un endurecimiento del régimen que perduraría más allá de la muerte de Franco, por lo que resulta difícil entender el atentado como el comienzo de la Transición.

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Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y director del grupo de investigación de la guerra civil y el franquismo.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres personas por su presunta relación con el terrorismo de corte yihadista en una nueva operación bajo la coordinación de la Audiencia Nacional, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La operación, según ha avanzado El Ideal de Granada, se desarrolló con el apoyo de los especialistas del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y está vinculada con la organización terrorista de Estado Islámico (Daesh). Según ha adelantado por este diario, las detenciones se han efectuado en dos domicilios situados en el norte de la ciudad durante a madrugada con la presencia de efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, y los investigados son árabes sin permiso de residencia.

Los tres supuestos terroristas residentes en Granada pasarán a disposición del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional en las próximas horas. Se trata de una operación de la Comisaría General de Información que continúa abierta, según señalan las citadas fuentes.

La Policía Nacional ha detenido al presidente de la Comisión Islámica en España, Ayman Adlbi, en el marco de una operación antiterrorista con varios arrestos más, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que señalan que el representante del islam español ya ha quedado en libertad.

La operación la ha desarrollado la Comisaría General de Información y continúa abierta. Según ha adelantado El Confidencial, la actuación policial está relacionada con la operación Wamor, que en junio de 2019 desarticuló una red que se dedicaba al envío de fondos a Siria y otras zonas de conflicto para sufragar presuntamente acciones armadas de grupos supuestamente radicales.

Ayman Adlbi se convirtió el pasado verano en presidente de la Comisión Islámica de España. A los investigados se les atribuye colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo, entre otros delitos.

Han pasado dos décadas pero el esqueleto derruido de los antiguos ministerios de Defensa de Yugoslavia y Serbia continúan tal y como se quedaron la madrugada del 30 de abril de 1999, después de que la aviación de la OTAN los demoliese con sus bombas. Es el recordatorio de una ofensiva que la mayoría de los serbios ven como una agresión histórica, y que significó el final de la guerra de Kosovo, iniciada tres años antes.

Desde una garita un soldado vigila el recinto, y una pancarta en cirílico dice: “Ministerio de Defensa y del Ejército de Serbia”. Es la única reseña que anuncia lo que significa ese tropel confuso de cemento y ladrillos rojos hundidos y perforados. A la escena, propagandística de por sí, el Ayuntamiento de Belgrado ha decidido colocarle en la fachada una enorme lona publicitaria con la imagen de varios militares tras la bandera nacional y la frase “Solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”, atribuida a Vojvodas Živojin Mišić, considerado un héroe tras participar en guerras como las de finales del siglo XIX contra los turcos.

La operación Fuerza Aliada, como se llamó a la campaña de bombardeos, fue la segunda gran maniobra de guerra de la OTAN desde su creación —la primera se produjo en 1995 durante la guerra de Bosnia—, y la justificó alegando que el entonces presidente serbio, Slobodan Milošević, estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la provincia autónoma de Kosovo. Aun así, cuando el que fuera secretario general del organismo militar transnacional, Javier Solana, ordenó los ataques sobre lo que quedaba de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), lo hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión que suscitó controversia y acusaciones de crímenes de guerra por la muerte de civiles en, al menos, 90 incidentes. Posteriormente también se supo que la Alianza Atlántica había llegado a utilizar uranio empobrecido en varias de las más de 23.500 bombas que arrojó, escudándose en la inexistencia de un texto que prohibiese expresamente su uso.

Una lona publicitaria cubre los restos del antiguo ministerio de Defensa de Yugoslavia. En ella se lee: “solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”. ALBERTO MESAS

Como sucede en todos los conflictos las cifras cambian en función de quién las aporta, pero reuniendo los datos oficiales de ambos contendientes e informes como el de la ONG Human Rights Watch, en los casi 80 días que duró el asedio aéreo (del 24 de marzo hasta el 11 de junio) murieron entre 1.200 y 5.000 civiles, casi 500 soldados yugoslavos y más de 100 policías, y tres periodistas chinos. También perdieron la vida dos soldados estadounidenses en un accidente de helicóptero que en ese momento no estaba en combate. Los heridos de la población civil rondaron los 10.000 y los que huyeron a zonas alejadas del combate o buscaron refugio en otros países se contaron por decenas de miles.

Esto último es lo que le pasó a Čedomir, el propietario de un puesto callejero itinerante de comida típica que él mismo prepara, en el barrio de Stari Grad (el centro de Belgrado). Es sábado y su sobrina Ljerka, una adolescente de 17 años, está en la tienda y accede a hacer de traductora al inglés. “Lo intentaré, pero no habléis muy rápido”, advierte.

Čedomir cuenta cómo poco más de una semana después de que empezasen a caer las bombas tuvo que cruzar la frontera de Rumanía: “Mi padre era electricista en una empresa de reparación de aviones, un día llegó y sus jefes les dijeron a todos que ya no podían trabajar allí porque corrían peligro. Decían que los aviones estaban bombardeando fábricas como esa y que tenían que cerrar”. Efectivamente, después de los primeros días eliminando objetivos militares, la OTAN pasó a destruir infraestructuras económicas y estratégicas como puentes, edificios gubernamentales, plantas de industria pesada y energética o sedes de medios de comunicación.

“Entonces vivíamos en Savamala [en la orilla oriental del río Sava], yo tenía 12 años […] Mi hermana, que era enfermera, y mi madre, que cuidaba a mi abuela, se quedaron en Belgrado, pero a mi hermano pequeño y a mí nos mandaron con mi padre a Timisoara [al oeste de Rumanía]”. Allí, explica, su padre no tardó en encontrar trabajo en un taller de autobuses hasta que, casi tres meses después, regresaron: “Nos enteramos de que la guerra había terminado y queríamos volver a casa cuanto antes, pero mi padre desconfiaba [...] llamó a un montón de parientes y amigos hasta convencerse”.

Apenas un año después de la intervención transatlántica otra ONG, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que acusaba a la OTAN de haber cometido crímenes de guerra durante la Operación Aliada, que en opinión del organismo violó el derecho internacional. Entre otras actuaciones, criticaba el bombardeo sobre las sedes de la radio y la televisión de Belgrado, donde murieron casi 20 civiles. Una semana después del dosier, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contraatacó con otro texto. A través de la ex fiscal jefe suiza Carla del Ponte, la Corte de La Haya promulgó un análisis jurídico elaborado por expertos que exculpaba completamente a la OTAN de haber cometido irregularidades en las ofensivas aéreas y la eximía de responsabilidades penales por la muerte de civiles. No obstante, diez años después de la intervención transnacional, del Ponte publicó un libro en el que tildaba de controvertida la intervención de la OTAN.

Nacionalismo y odio

No es fácil encontrar en Belgrado a un serbio dispuesto a manifestar su opinión real acerca de la guerra y el conflicto kosovar. Muchos se excusan diciendo que ha pasado mucho tiempo y hay que dejarlo correr, o que eran jóvenes y no recuerdan bien lo que sucedió, otros rescatan ambiguas evasivas antibelicistas como “la guerra estuvo muy mal” o “es mejor para todos que haya paz”. Quizá porque hace calor y por los soportales donde ha aparcado no transita mucha gente Ranko, un taxista belgradense que ya conducía el suyo cuando Yugoslavia todavía eran seis repúblicas, se abre a decir lo que piensa.

A pesar de mostrarse apático hacia la política y asegurar que nunca ha votado, tiene interiorizado ese argumento del ellos frente al nosotros, de la Serbia que solo se defendió del agravio kosovar y por ello fue víctima de la injerencia militar extranjera: “[en 1998] Kosovo llevaba muchos años provocando y burlándose de Serbia, y luego los terroristas del UÇK empezaron a atacarnos […] Nosotros solo queríamos un país unido y sin enfrentamientos, pero entonces llegó Europa a bombardearnos [...] Me da igual lo que crean los putos albaneses y que Europa los haya reconocido. Ellos son de Serbia y siempre formarán parte de Serbia, aunque no les guste”.  

Una pancarta delante del Parlamento de Serbia (antiguo Parlamento de Yugoslavia) acusa a la guerrilla albanesa UÇK de haber secuestrado y asesinado a civiles serbios. ALBERTO MESAS

Es verdad que a principios de los 90 el UÇK, el autodefinido Ejército de Liberación de Kosovo, comenzó a crecer, a comprar armas de contrabando en Albania y a consumar ataques contra comisarías y autoridades yugoslavas en Kosovo, pero Ranko obvia, no se sabe si por interés o desconocimiento, los años anteriores de hostigamiento contra albaneses kosovares instigado por Serbia —cierre de medios en lengua albanesa, despidos masivos en empresas e instituciones públicas, prohibición de cátedra a profesores...—. Al hablar de la guerra de Bosnia tampoco cuenta cómo los líderes político y militar serbobosnios (Ratko Mladić y Radovan Karadžić, condenados a cadena perpetua en La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad) ejecutaron en torno a 8.000 bosnios musulmanes por razones étnicas, un antecedente sobre el que la OTAN cimentó su intervención.

Dudoso futuro de Serbia y Kosovo en la UE

Pese a la desconfianza general de la sociedad y el rechazo frontal —y en ocasiones violento— de algunos grupos, como el Partido Radical Serbio del ultranacionalista  Vojislav Šešelj, hace unos años el Gobierno serbio inició los trámites para entrar en la Unión Europea. Bruselas concedió 2025 como la fecha aproximada del ingreso serbio, pero le exigió a su Gobierno que completara ciertos objetivos en los ámbitos económico o de conquistas sociales para que llegue a producirse la incorporación. Entre esas metas está la que Serbia jamás ha aceptado: el reconocimiento de Kosovo como un país independiente y soberano. Este es el mayor escollo y donde Europa incide con más vehemencia para que ambos territorios logren un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, en los últimos meses la tensión no ha parado de intensificarse por episodios como la imposición kosovar de aranceles a productos serbios, o su amago de crear un ejército propio; comportamientos que alejan sistemáticamente de Europa a las dos naciones.

Kosovo proclamó unilateralmente su independencia en el año 2008, e inmediatamente países como Estados Unidos, la gran mayoría de los países de la UE y las antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia, excepto Bosnia y Herzegovina, reconocieron esa independencia. Por supuesto Serbia se niega a hacer esa concesión y continúa considerando a Kosovo como una de sus provincias autónomas junto a Vojvodina (al norte). Debido a posibles similitudes con la situación en Cataluña, España tampoco ha llegado a reconocer jamás a Kosovo como un país independiente.

Ranko es tajante sobre el tema del ingreso de Serbia en la UE: “La Unión Europea es un timo, allí los jefes son Alemania y Francia y los demás países obedecen [...] Aquí hay muchas cosas que no funcionan bien, hay mucha corrupción, pero la UE no nos va a solucionar nada [...] Nosotros no queremos saber nada de Europa, ¿para qué?, Europa siempre nos ha maltratado”.

Un monumento en el Parque Tašmajdan de Belgrado recuerda a los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN. A.M.

Con respecto a la hipotética entrada de Serbia en la OTAN, el pasado marzo el Instituto Europeo de Asuntos Exteriores publicó una encuesta cuyos datos son contundentes. Según el sondeo casi el 80% de los serbios se opone al ingreso en la Alianza transnacional. Del mismo estudio se desprende que más del 60% no está dispuesto a aceptar una disculpa oficial del organismo, cuya actuación tildan de “campaña al servicio de los intereses de Estados Unidos y Occidente”. Por el momento la incorporación de Serbia a la Organización continúa en el aire, algo que desea más el Gobierno que la población.

En 20 años han cambiado muchas cosas en Belgrado, se han asentado multinacionales como McDonald's o Starbucks, se han erigido edificios modernos de compañías extranjeras y se ha trabajado en su promoción, ofreciéndola al turismo como una capital europea moderna. Sin embargo, y tal y como sucedía a finales de los años 90, el nacionalismo excluyente hacia los albaneses continúa, muchos serbios exhiben pegatinas en sus coches con la frase "Kosovo es Serbia", en los mercadillos se siguen vendiendo souvenirs que hacen referencia a una Yugoslavia unida y a una Serbia con Kosovo en su territorio, y los principales periódicos generalistas siguen hablando y recordando la guerra desde las crónicas de desfiles militares y las fotos con banderas de la patria; y lo hacen porque, aunque hayan pasado 20 años, la intención es que no se olvide nunca.

En el vídeo se ve que ha perdido su esplendor. Ya no tiene esa majestuosidad de quien subía ceremoniosamente, kalashnikov en mano y rodeado de un magnífico thob (abrigo tradicional), los escalones del púlpito de la vieja mezquita Al Nouri de Mosul, en el norte de Irak, desde la que se dirigía al mundo para anunciar que el califatose había restablecido, que él era su encarnación y que todos los musulmanes debían "obedecerle".

Han pasado cinco años desde ese 4 de julio de 2014, fecha de su primera aparición pública tras una década en la clandestinidad. El que sus partidarios llaman, con el mayor respeto, "califa Ibrahim", pero que se conoce más por el nombre de guerra de Abu Bakr Al-Baghdadi, en referencia al primer califa (sucesor del Profeta) del Islam, esta vivo y bien vivo. Pero en esta segunda aparición se le ve en una tienda de campaña. El califa de Mosul ha regresado al desierto. De ahí su nuevo apodo: el "califa del desierto".

Su verdadero nombre es Ibrahim Awad Ibrahim Ali Al Badri, alias Abu Du'a durante sus primeros años de rebelde. El jefe del Estado Islámico ha reaparecido este 29 de abril en un vídeo difundido en Al Furqan, la web de la organización. Sigue siendo el hombre más buscado del mundo y los Estados Unidos ofrecen 25 millones de dólares por su captura.

Conocido también como "el fantasma", nunca ha merecido tanto este apodo puesto que, hasta su reaparición, nadie sabía si estaba vivo o muerto. El último mensaje que se le atribuye es una grabación audio difundida en agosto de 2018.

El nuevo vídeo parece auténtico. La fecha en que ha sido filmado no se conoce ni, evidentemente, tampoco el lugar de la grabación. Pero en una parte del vídeo, en la que no aparece, Abu Bakr Al-Baghdadi reconoce los atentados perpetados el 21 de abril, durante la Pascua católica, contra iglesias y hoteles en Sri Lanka, que han causado la muerte de 253 personas y han sido reivindicados por su organización, aunque no sea seguramente la autora.

Para él, esta masacre viene de una "venganza por los hermanos (muertos) de Baghuz", último reducto del Estado Islámico reconquistado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la alianza árabo-kurda apoyada por fuerzas de la coalición internacional.

En las imágenes, el yihadista está envejecido, con la cara cansada, barba grisácea y en parte enrojecida con hena. Su voz es pausada y entrecortada. Tiene las piernas cruzadas y se dirige a tres personas cuyos rostros están pixelados. Hay un kalashnikov apoyado en la pared, viste al estilo beduino y hace pensar más en un guerrillero en fuga que en el "amir al mouminine", el "comendador de los creyentes" que dice ser.

"El vídeo me recuerda mucho al grabado por Abu Musab Al Zarqaui en el que se le ve tirando ráfagas de kalashnikov. Era unos meses antes de su muerte (por un ataque americano, en junio 2006). Se ve que Al Baghdadi está, como estaba Zarqaui, en la lucha por la supervivencia", analiza Khattar Abu Diab, un politólogo especialista en el mundo árabe.

Zarqaui era el fundador de Al Qaeda en Mesopotamia, una organización creada tras la invasión americana de Irak, en abril de 2003, a la que se agregaron otros grupos de combatientes para formar la matriz del Estado Islámico.

En su mensaje, el "califa Ibrahim" parece indicar que el Estado Islámico ha entrado en una segunda fase estratégica después de la pérdida de su "califato", que llegó a tener más de siete millones de habitantes y una superficie comparable a la de Gran Bretaña. La pérdida de su último bastión de Baghuz, el 7 de febrero de 2019, que él evoca de entrada en su sermón, parece cerrar para él la fase del Estado Islámico en tanto que entidad territorial. Habla de ello largo y tendido, nombrando a los diferentes comandantes y felicitando a los combatientes por su valor. A continuación anuncia un nuevo ciclo de combates contra occidente, una batalla que prevé larga.

En el vídeo se ve que él se considera aún el "comendador de los creyentes" y llama a los musulmanes del mundo entero, y por supuesto a los yihadistas, a serle leales. Pero, a diferencia de Bin Laden, está lejos de ser carismático. Tampoco se distingue la perspicacia estratégica de Auman Al Zawahiri, el actual jefe de Al Qaeda, que se esconde probablemente en Pakistán. Tampoco se ve que habite en él el ardor guerrero de Zarqaui, que combatía en primera línea.

"En su sermón, subraya Khattar Abu Diab, se ve que hay dos países particularmente señalados. Son Arabia Saudita y Francia, este último especialmente por su implicación en el Sahel. Se puede ver que menciona a Burkina Faso, donde precisamente acaba de producirse un atentado contra una iglesia protestante, y que exhorta a la acción a Abu Walid Al Sahraui, el jefe del Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS), sospechoso de haber participado en la emboscada de Tongo Tongo que costó la vida, el 4 de octubre de 2017, a cinco militares nigerianos y a cuatro miembros de las fuerzas especiales americanas. Abu Walid Al Sahraui pudo librarse por poco, el 22 de febrero de 2018, de una operación conjunta de soldados franceses de la fuerza Barkhane y de combatientes tuaregs".

El "califa del desierto" no ha olvidado tampoco mencionar a dos yihadistas franceses muy conocidos, Fabien y Jean-Michel Clain.

Como hacía Osama Bin Laden, Al Baghdadi se ha dedicado a un amplio panorama general. Ha mencionado las revueltas populares de Sudán y Argelia, pero evitando apoyarlas porque no se ajustan a "la única vía posible, la de la Yihad". Sobre esto dice, felicitando a los yihadistas libios por un reciente ataque: "Alá nos ha ordenado la Yihad, pero no la victoria".

Queda por saber desde qué refugio ha lanzado su campaña el jefe del Estado Islámico. El investigador Hicham Al Hachemi, especialista en movimientos yihadistas y cercano a los servicios secretos iraquíes, cree que se esconde en la Badiya, una vasta zona desértica que va desde el centro de Siria hasta Irak y que bordea también una parte de Turquía. Se basa en la muerte de su hijo Houdhayfah Al Badri, muerto en julio de 2018 en la gruta donde se escondía por tres misiles rusos teledirigidos.

Ya no estaría protegido más que por un puñado de combatientes y una mini guardia cercana constituida por su hermano mayor, Joumoua, su chófer y guardaespaldas Aldellatif Al Joubouti, que conoce desde la infancia, y su mensajero Saud Al Kurdi. Sus días estarían pues contados aunque en esta región, al Este del Éufrates, el Estado Islámico cuente todavía con numerosos grupos armados. Esto es lo que ha informado recientemente una delegación kurda de visita en París.

  Traducción de Miguel López.

Aquí puedes leer el texto original en francés.  

Dos jóvenes gallegos, María González Vicente y Alberto Chaves Gómez, de 32 y 31 años respectivamente, han fallecido en los atentados ocurridos en Sri Lanka en la jornada de este domingo de resurrección, según ha confirmado el alcalde de Pontecesures, Pontevedra, a La Voz de Galicia.

La joven pareja había viajado a Sri Lanka de vacaciones y tenían como última parada la capital, Colombo. Ella trabajaba en la empresa familiar, dedicada a la rotulación de ropa. Él, natural de Rianxo, trabajaba para una empresa de procesados de alimentos que tenía filial en India, ha explicado el periódico regional. En estos momentos las familias de los jóvenes gallegos se encuentran realizando gestiones con el país asiático para la identificación de los cuerpos.

El Gobierno de Sri Lanka cree que los atentados que acabaron con la vida de al menos 290 personas y dejaron más de 500 heridos en varios hoteles e iglesias el domingo de resurrección fueron perpetrados con la ayuda de una "red internacional", según ha contado este lunes el portavoz del Ejecutivo, Rajitha Senaratne. La Policía de Sri Lanka ha detenido este lunes a 24 personas por su presunta relación con la ola de atentados.

"Nosotros no creemos que estos ataques fueran llevados a cabo por un grupo de personas confinadas en este país", ha indicado el portavoz del Ejecutivo ceilandés. "Hubo una red internacional sin la cual estos ataques no habrían tenido éxito", ha remachado. Posteriormente, el portavoz del Ejecutivo ceilandés ha señalado que los atentados habrían sido obra del grupo Nacional Towheed Jamath (NTJ), un grupo islamista local poco conocido. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de la cadena de ataques.

Por su parte, Ariyananda Welianga, investigador de la División Forense de la Policía ceilandesa, ha dicho que los ataques fueron perpetrados por siete terroristas suicidas contra iglesias y hoteles de lujo. Dos suicidas detonaron su carga en el hotel Shangri-La, en Colombo, los restantes los hicieron en tres iglesias y en otros dos hoteles. También fueron atacados un cuarto hotel y una casa de un suburbio de Colombo aunque las autoridades no tienen claro cómo se llevaron a cabo esos ataques. "Las investigaciones todavía continúan", ha explicado Welianga, en una comparecencia ante la prensa.

La Presidencia de Sri Lanka ha anunciado que a partir de la medianoche del lunes al martes declarará el estado de emergencia nacional para centrar los esfuerzos en la investigación de los ataques y la lucha antiterrorista. La medida de excepción incluye una serie de iniciativas para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad. Además, el Ejecutivo ha decidido decretar el martes como día de luto nacional por los ataques del domingo de resurrección. Así, el mandatario ha ordenado a las fuerzas de seguridad que pongan en marcha un plan de seguridad para proteger todas las iglesias católicas y a los miembros de esta comunidad religiosa y ha decretado un toque de queda que estará en vigor desde las 20.00 horas hasta las 4.00 horas del martes.

La decisión de decretar el estado de emergencia nacional ha sido adoptada por el presidente del país, Maithripala Sirisena, que estaba en el extranjero cuando ocurrieron los ataques, en la reunión que ha presidido a primera hora de este lunes del consejo de seguridad nacional ceilandés. El mandatario ha emplazado a todos los embajadores y representantes diplomáticos en Sri Lanka para que soliciten apoyo internacional para el país tras los brutales atentados del domingo.

La petición del presidente ceilandés se basa en la información aportada por los servicios de Inteligencia de Sri Lanka, que han apuntado a la implicación de organizaciones terroristas internacionales en los ataques. "Los informes de Inteligencia señalan que hay organizaciones terroristas extranjeras detrás de los terroristas locales. Por tanto, el presidente va a pedir la ayuda de otros países", ha indicado la Presidencia ceilandesa en un comunicado.

Los atentados

Este lunes la Policía ha detenido a 24 personas por su presunta relación con la ola de atentados y, durante la jornada de este domingo, detuvo a otros 13 sospechosos, según informaó el diario News First. Las autoridades han localizado una furgoneta que podría haber trasladado los materiales explosivos y la casa donde podrían haberse alojado los responsables de este ataque en las afueras de la capital del país, Colombo. A última hora de este domingo, las fuerzas de seguridad han encontrado un artefacto explosivo cerca del aeropuerto y lo han desactivado.

Las fuerzas de seguridad del país han hecho guardia esta noche frente a los principales hoteles y decenas de personas han regresado a sus hogares tras el levantamiento de las restricciones. El Gobierno también bloqueó el acceso a Facebook y Whatsapp, lo que dificultaba el acceso a la información.

Más de un centenar de personas han muerto solo en una explosión, la ocurrida en la iglesia de San Sebastián, en la ciudad de Negombo, al norte de la capital. Otra treintena de personas han fallecido en la explosión de la iglesia de Sión, en Batticaloa (provincia oriental del país). La tercera detonación ha ocurrido en la iglesia de San Antonio, en el distrito de Kotahena, en la capital, Colombo, y ha dejado al menos medio centenar de fallecidos.

Los tres hoteles afectados son el Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La, todos ellos en la capital, Colombo, y todos de categoría cinco estrellas. Cuatro horas después ocurrieron otras dos explosiones. La primera, en el jardín zoológico nacional de Dehiwala, a 10 kilómetros al sur de Colombo, que ha dejado al menos dos policías fallecidos, según han confirmado fuentes médicas.

La octava explosión del día sucedió en el barrio residencial de Dematagoda, en el este de la capital, Colombo, cuando policías que investigaban los atentados contra los hoteles siguieron a un sospechoso hasta una casa donde fue detonado el explosivo. Tres policías han muerto. La deflagración no ha impedido, sin embargo, la detención de tres individuos que están ya siendo interrogados, según ha explicado el portavoz de la Policía Ruwan Gunasekara: "No podemos decir quién está detrás de estos atentados y cuáles son sus intenciones hasta que concluya la investigación", ha apuntado el portavoz de la Policía, Ruwan Gunasekara.

Advertencias

El primer ministro ceilandés, Ranil Wickremesinghe, reconoció que antes de los ataques recibieron alertas previas, pero no adoptaron las precauciones necesarias. Wickremesinghe ha destacado además que numerosos líderes internacionales se han puesto en contacto con el Gobierno para ofrecer su apoyo y colaboración y ha apuntado que recurrirán a la misma si los responsables de los atentados recibieron ayuda del exterior, según recoge el portal de noticias cingalés News First.

En cuanto a los autores, Wickremesinghe ha indicado que pronto publicará los detalles de las personas responsables de este ataque, aunque ha avanzado que los terroristas son ciudadanos cingaleses por la información que ha recibido hasta el momento. En concreto, ha señalado que se han tomado medidas para evitar una mayor desestabilización del país. Por último ha hecho un llamamiento a la unidad del país para "trabajar unidos para acabar con la amenaza del terrorismo y echarla de este país".

Dos víctimas mortales españolas en Sri Lanka

Hasta el momento se tiene constancia de que al menos dos ciudadanos de origen español, María González Vicente y Alberto Chaves Gómez, han fallecido a consecuencia de los atentados. A los residentes españoles en la isla se les ha recomendado minimizar los desplazamientos y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales así como el toque de queda: desde las 20.00 horas de este lunes hasta las 4.00 horas del martes. La Embajada española en Nueva Delhi, que se ocupa también de las relaciones con Sri Lanka, no ha tenido constancia de que haya otros españoles entre las víctimas de los atentados de este domingo, si bien "el número de víctimas no para de aumentar".

Entre los fallecidos hay 37 víctimas mortales extranjeras con cinco británicos, tres indios, tres daneses, dos turcos, un holandés y un chino. Además, se ha informado de un número no especificado de portugueses, belgas, japoneses, bangladeshíes y paquistaníes y de "varios" estadounidenses, según el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

El personal de la Embajada, que ha desplazado un diplomático a Colombo, ha logrado contactar con 37 de los 92 españoles residentes en el país y con entre 150 y 200 de los más de 1.000 turistas que se estima que están en el país.El diplomático ha recomendado a los españoles que se encuentren allí que tomen todas las precauciones posibles y, si es posible, que salgan del país en cuanto puedan. Según ha dicho, el aeropuerto está abierto y la situación en Colombo "parece tranquila, dentro de la tensión", aunque hay problemas y retrasos y hay que llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de antelación, la documentación en orden y los billetes impresos.

Además de enviar un diplomático a Colombo para ayudar a los españoles que lo necesiten, la Embajada trabaja con una cónsul honoraria en Sri Lanka y ha abierto una línea telefónica de emergencia (+919810174160).

Exteriores aconseja además a quienes tuvieran previsto visitar el país que aplacen sus viajes. En una nota publicada en su web, recomienda evitar todo viaje al país, porque las comunicaciones están afectadas y el transporte aéreo está sufriendo alteraciones. Para aquellos presentes en la zona se recomienda extremar la precaución, comunicar con sus familias para informar sobre su estado, permanecer en los hoteles o casas en los que se encuentren, evitar las zonas públicas, seguir las indicaciones de las autoridades locales y estar atento a las recomendaciones de la Embajada de España a través de las redes sociales (@EmbEspIndia).

El 19 de marzo de 1984, una fuerte explosión sacudió la Avenue Victor Hugo de Biarritz. A poco más de 30 kilómetros de la frontera con España, un Renault 18 con matrícula falsa saltó por los aires provocando daños de importancia en las viviendas situadas en un barrio frecuentado por ciudadanos vascos residentes en el sur de Francia. En un primer momento, la Gendarmería sospechó que la única víctima había sido el ciudadano español Rodolfo Zornoza Esteban, a raíz de un carné de conducir a ese nombre localizado junto a los restos del vehículo. Sin embargo, todas las alarmas saltaron cuando la supuesta víctima madrileña apareció en los medios de comunicación denunciando que le habían suplantado la identidad y que alguien llevaba dos años utilizando un coche igual que el suyo y con la misma matrícula, lo que había provocado que le llegaran a casa diferentes multas por infracciones de tráfico que él no había cometido. Todos los cabos comenzaron a atarse cuando entre los restos de la explosión se encontró una tarjeta con el nombre del sargento de la Guardia Civil Manuel Pastrana.

En aquella explosión no murió ningún Zornoza Esteban. La víctima fue Jean Pierre Cherid, un francés nacido en Argelia que trabajó durante años como mercenario en la guerra sucia contra ETA. Ahora, treinta y cinco años después de su muerte, la periodista Ana María Pascual recupera toda su historia en el libro Cherid. Un sicario en las cloacas del Estado (El Garaje Ediciones), en el que se combina la investigación de la reportera sobre el personaje y los recuerdos de la viuda del terrorista, Teresa Rilo. La obra relata desde los inicios del mercenario en la Organización del Ejército Secreto (OES) hasta su llegada a España en pleno franquismo y sus labores como sicario de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Y desgrana pormenorizadamente las relaciones existentes entre grupúsculos de la ultraderecha de la época y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una historia en la que no puede faltar, por supuesto, el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, quien fuera íntimo amigo de la familia.

Los primeros pasos delictivos de este pied noir –como se conocía a los franceses que vivían en Argelia y que tuvieron que salir del país tras su independencia– los dio junto a la organización terrorista gala OAS, de la que era miembro activo junto a su hermano. Sin embargo, la mayor parte de la vida de Cherid transcurrió en suelo español. El joven francés, que con apenas veintiún años ya había empuñado un arma en territorio argelino para defender la soberanía gala, llegó a la España franquista en 1962. Lo hizo tras fugarse del hospital al que había sido trasladado como consecuencia de la huelga de hambre que había iniciado en la cárcel de Saint Michel, en la que ingresó a la espera de juicio tras el atraco a una joyería y la persecución posterior, en la que falleció un policía francés. Él y su hermano no tuvieron ningún problema cuando cruzaron la frontera mostrando a la Guardia Civil pasaportes falsos. Tampoco cuando desde Francia se solicitó su extradición, algo que rechazaron unas autoridades franquistas que hacían la vista gorda con los miembros del grupo terrorista galo.

Las vidas de Cherid y de Teresa Rilo se cruzaron en San Sebastián a comienzos de los setenta, poco después de que el mercenario volviese a coger las armas en la Guerra de Biafra. Por aquél entonces, los viajes al extranjero del francés eran habituales. “En la primavera de 1972 se marcharon a la isla de Martinica, donde permanecieron seis meses. Jean Pierre me explicó que iban a trabajar en una plantación bananera. Ahora sé que no eran plátanos lo que fueron a cortar al Caribe, sino los anhelos de independencia de la población martinica”, relata en la obra la viuda del mercenario. La vida de Rilo junto a Cherid estuvo plagada de sospechas y mentiras. Dudas sobre los tejemanejes de su pareja que arrancaron en 1972, cuando en un viaje a París un guardia civil le advirtió en la frontera de que el francés no era trigo limpio. Fue, a partir de ese momento, cuando “el miedo a la mentira, a lo irreversible, a lo inevitable” anidó en lo más profundo de Rilo. Sin embargo, la confianza pesó más que el olor a podrido alrededor del pied noir.

Los vínculos con la extrema derecha

A lo largo de la obra, la viuda de Cherid relata con todo lujo de detalles las conexiones existentes en plena Transición entre grupos de extrema derecha y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Unas estrechas relaciones que tenían como epicentro el restaurante Aeroclub en Castellón, regentado por los hermanos Gilbert y Clement Perret, dos marselleses a los que la policía española retuvo y posteriormente liberó en la frontera de Irún en 1980 tras el atentado contra el bar Hendayais. En la terraza de aquel local, la viuda de Cherid sitúa como habituales a los comisarios Roberto Conesa y Manuel Ballesteros. Y, a la sombra de ellos, Billy el Niño. “Recuerdo que Antonio [González Pacheco], con un puro en la boca, se estiraba en su silla mientras clamaba: ‘Os juro que cuando me jubile me vengo a vivir aquí”, relata Rilo sobre uno de esos encuentros, en los que “policías y pistoleros disfrutaban de un espléndido asueto mientras cerraban acuerdos”. Reuniones en las que Cherid tomó la decisión de trasladarse a Madrid ante las jugosas oportunidades laborales que ofrecía.

Fue en la capital donde las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se hicieron más estrechas. A comienzos de 1976, el mercenario francés empezó a trabajar para la Policía en “labores de información contra ETA”. O, al menos, esa fue la información que trasladó a su viuda, que poco a poco fue descubriendo que los encargos que hacían a Cherid sus jefes, “todos ellos miembros de la Policía”, no se limitaban tan sólo a informar sobre el paradero de supuestos miembros del grupo terrorista. En sus acciones, la organización que lideraba el francés recurría a diferentes nombres: Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA o Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A). Su grupo colaboraba estrechamente con los terroristas fascistas italianos de la Internacional Negra, dirigida por Stefano Delle Chiaie y que tenía como base de operaciones un restaurante italiano cercano a la Gran Vía. Local que frecuentaban desde abogados de Fuerza Nueva hasta el entonces líder de los Guerrilleros de Cristo Rey. Y, por supuesto, el comisario Conesa y Billy el Niño.

La conexión con Billy el Niño

La relación de la pareja con el expolicía de la Brigada Político Social siempre fue muy estrecha. “Antonio González Pacheco había sido jefe de Jean Pierre en el Batallón Vasco Español y acabaron siendo grandes amigos”, señala Rilo, que entre otras cosas desvela que el exagente, además de con la Medalla de Plata al Mérito Policial, fue premiado con 200.000 pesetas por la liberación en 1977 del entonces presidente del Consejo de Estado y del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. La periodista, además, relata otros hechos que prueban la relación laboral de Cherid y González Pacheco. En 1979, por ejemplo, se localizó en Leganés un bolso con una pistola, munición, una agenda y diferentes documentos, además de varias fichas con información sobre varios miembros de ETA. En el listado telefónico figuraban los contactos de la Dirección General de Seguridad y de la Brigada Central de Información, además del número del inspector González Pacheco. Entre la documentación, dos DNI falsos y una autorización de residencia para extranjeros a nombre de Jean Pierre Cherid.

Después de este incidente, que provocó una investigación de la Guardia Civil, la periodista relata que sus jefes le facilitaron un salvoconducto. Con fecha de 21 de agosto de 1980 y membrete y sello de la Brigada Central de Información, el documento señalaba: “Asunto: Colaborador Jean Pierre Cherid. Brigada Central de Información. Se ruega a cualquier dependencia policial que tramite algún asunto relativo al portador de este escrito que se ponga en contacto con el teléfono 2216516. Extensión: 149”. “La extensión correspondía al número de teléfono directo del inspector Antonio González Pacheco”, recoge el libro. No es la única relación que se ha encontrado entre las Fuerzas de Seguridad y el sicario francés, al que un informe elaborado por el Gobierno vasco en 2008 atribuye el asesinato de seis miembros de ETA. En 1981, se pone en manos de Cherid un carné con su fotografía y un nombre falso que le acredita como sargento primero del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Además de los muertos y heridos, la guerra sucia del mercenario francés tuvo otra víctima colateral: Teresa Rilo y sus hijas. Tras el fallecimiento de Cherid, llegaron las traiciones y los embustes para intentar tapar los vínculos entre el terrorista galo y las Fuerzas de Seguridad. “Me veía a mí misma como una sombra, sin consistencia alguna, relegada a un rincón oscuro”, relata la viuda. La relación con González Pacheco se rompió definitivamente. En 1986, un comando de ETA asesinó al cuñado de Rilo en respuesta a los ataques perpetrados por Cherid. Se cumplían tres años desde que el mercenario, que no creía en la democracia y que la noche del 23-F no dudó en salir dirección el Congreso, murió cuando manipulaba el coche bomba que él mismo había colocado. Sin embargo, en la cabeza de Rilo siempre ha estado muy presente la posibilidad de que Cherid pudiera haber sido asesinado por sus propios compañeros de las cloacas del Estado.

El presidente del Gobierno ha ofrecido España como sede para el diálogo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), si el país pide que se le ofrezca "esa cobertura".

"Queremos arrimar el hombro. Si Colombia necesita ese apoyo, desde luego España la dará", ha dicho el presidente sobre la posibilidad de ser la sede de las conversaciones entre ambas partes, al ser preguntado en una entrevista en Caracol TV durante su visita a aquel país dentro de la gira iberoamericana que realiza esta semana.

El presidente del Gobierno acude precisamente a Colombia con la intención de ofrecer la ayuda de España para buscar un acuerdo de paz con la guerrilla del ELN, cuya resistencia a comprometerse con un cese de la violencia mantiene estancada la negociación con las autoridades colombianas.

Sánchez ha mostrado su "absoluto respeto" hacia la posición de su homólogo colombiano, Iván Duque, y le ha expresado todo su apoyo para consolidar "algo preciadísimo como es la paz".

El presidente ha explicado en todo caso que Colombia ha logrado ya "algo decisivo", como son los acuerdos de paz. A modo de ejemplo, ha explicado que en el País Vasco la llegada de la paz tras el final de ETA "es irreversible" y ha asegurado que "no hay persecución por pensar distinto al otro", lo que permite por ejemplo que los políticos se muevan sin escolta. "La paz es irreversible, la gente quiere eso", ha insistido.

La operación se ha lanzado por parte de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como kale borroka, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. 

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

La Tigresa abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del comando Nafarroa logró redimir 11 años por buen comportamiento.

En el caso de Enrique Letona Viteri, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.

Más de 45 cuentas bloqueadas

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga, que se puede traducir como tributo en vasco, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas". Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

La Guardia Civil ha detenido este martes en Viladecans (Barcelona) a una coordinadora de los Comités de Defensa de la República (CDR), a quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga por rebelión y terrorismo por presuntamente dirigir "actos de sabotaje" para crear un "clima de agitación social". La detención se enmarca dentro de un operativo contra integrantes de los CDR lanzado este martes por el Instituto Armado a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por orden del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 Diego de Egea, informa Europa Press.

La Fiscalía ha confirmado este martes a primera hora de la tarde que se mantiene abierto un operativo de búsqueda para tratar de localizar a un varón que no fue localizado en su domicilio y al que también se relaciona con las actividades de dirección y coordinación de los CDR "concebidos para provocar un clima de agitación social".

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ministerio Público no descarta otras detenciones en una operación bautizada como Cadera, en la que se arrestó a primera hora de este martes en Viladecans (Barcelona) a Tamara C.G., española de 34 años, que ya ha sido trasladada a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), a la espera de pasar a disposición del Juzgado Central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

La interposición de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha llevado este martes a la petición de detención de esta vecina de Viladecans y de un varón en Esplugues de Llobregat. "Hasta el momento se han practicado dos entradas y registros y se ha llevado a cabo la detención de una mujer, mientras que se intenta localizar al varón investigado, ausente de su domicilio", explica el Ministerio Público.

"Se trata de dos personas que habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación en los actos de sabotaje llevados a cabo durante la Semana Santa de 2018 de forma coordinada por los denominados CDR concebidos para provocar un clima de agitación social", añade la Fiscalía.

La detenida será puesta a disposición judicial una vez que la Guardia Civil practique las diligencias policiales pertinentes. Fuentes jurídicas han confirmado que los agentes se han incautado durante el registro en el domicilio de Tamara C.G. de documentación relativa a un acuartelamiento del Instituto Armado en Barcelona.

La Guardia Civil ha encontrado además cartelería, una agenda, diversos teléfonos móviles, un ordenador y una memoria externa tras un registro practicado en la vivienda de Viladecans que ha concluido pasadas las 11.30 horas, portando los agentes varias bolsas con las pertenencias de la arrestada.

La Guardia Civil relaciona a la detenida esta mañana en Viladecans con un audio que circuló en Semana Santa por redes sociales llamando a la movilización, en el que se explican los planes que tenían previsto llevar a cabo los CDR para "hacer bullir la olla" con cortes de carreteras y hasta el bloqueo del puerto de Barcelona o de Mercabarna, según fuentes de la investigación.

"Si podemos llegar al puerto sería brutal porque dejamos sin avituallamiento a las Islas Baleares, los chinos se cabrearían, también hay muchas mercancías como la SEAT que llevan los coches en barco", se escucha en el citado audio al que ha tenido acceso Europa Press.

Los CDR fueron objeto de investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional desde que se inició el procés. En Semana Santa protagonizaron varios sabotajes con cortes de carreteras y la apertura de las barreras en varias autopistas catalanas.

Los Mossos d'Esquadra diseñaron un plan especial ante el incremento de sus acciones. Este lunes desplegaron un amplio cordón de seguridad por la protesta de unas 500 personas convocadasprotesta por los CDR en el L'Auditori de Barcelona con motivo de la entrega de despachos a los jueces por parte del Rey.

Concentración en la plaza de Sant Jaume

Miles de personas, unas 3.500 según la Guardia Urbana,llenaron en la tarde de este martes la barcelonesa plaza de Sant Jaume, en la que se encuentra el ayuntamiento, para protestar contra la detención de una miembro de los CDR bajo el lema Jo sóc CDR (Yo soy CDR, en castellano). En la concentración, los asistentes mostraron pancartas pidiendo la libertad de los presos soberanistas y corearon lemas como: "Somos el pueblo, no somos terroristas".

Los Comités de Defensa de la República habían convocado concentraciones a partir de las 20.00h frente a los consistorios de toda Cataluña. "¡Juntos haremos frente a la represión! Ni la audiencia ni ningún tribunal nos hará retroceder. ¡Seguiremos demandando la libertad de los presos políticos, el regreso de las personas exiliadas y hacer efectiva la República!", expresaron en su cuenta de Twitter. 

Zoido relaciona las detenciones con su carácter "violento"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, relacionó este martes los registros y detenciones con el carácter "violento" de esta estructura horizontal y sin jerarquía que, según subrayó, son "similares a los comités de defensa cubanos".

En una entrevista en el Programa de AR en Telecinco, recogida por Europa Press, el ministro señaló que a primera hora de la mañana tenía noticia de una sola detención. Fuentes policiales precisan a Europa Press que se trata de una mujer arrestada Viladecans (Barcelona) a la que la Guardia Civil atribuye un papel de "ideóloga" de las acciones de sabotaje. Entre otras acciones, envió un audio llamando a la movilización.

El operativo, coordinado por el Juzgado Central 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que imputa los delitos de terrorismo y rebelión, está dirigido al menos contra otra persona más miembro de los CDR, en concreto un varón de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que presuntamente coordinó la campaña de sabotajes contra los peajes de la AP-7 en la operación retorno de Semana Santa.

El ministro no dio detalles sobre las detenciones por ser una operación abierta, más allá de confirmar la primera de ellas. Subrayó que la estructura de los CDR son "poco horizontales" aunque tanto la Fiscalía como la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra pusieron el foco en estos comités, de ahí que, dijo, se estén practicando también registros en domicilios.

"Por su estructura", defendió Zoido sobre estos más de 300 CDR repartidos por Cataluña, "tienen más facilidades para penetrar en el tejido sobre todo de gente joven y en varias localidades". "En los últimos días había comentarios de inactividad; no se trataba de detener a uno cualquiera sino lo que queríamos era precisamente investigar, saber cómo estaban organizados", comentó el titular del Interior.

Zoido explicó que esta investigación "ha llevado a que la Guardia Civil, después de muchas investigaciones, al igual que la Policía Nacional y los Mossos, hayan solicitado del Juzgado y de la Fiscalía la autorización para llevar a cabo estas detenciones". El ministro recordó que, según los informes policiales, los CDR empezaron a actuar con "acciones violentas antes y durante el referéndum del 1-O", de ahí que se llamaran comités de defensa del referéndum y ahora de la república.

Reacciones

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, criticó el dispositivo de la Guardia Civil contra los CDR. En un mensaje de Twitter recogido por Europa Press, afirmó que "la justicia en Europa los avergüenza con la rebelión, por eso ahora también se inventan terrorismo y lo banalizan", en referencia velada al pronunciamiento del tribunal alemán que desestimó extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por presunta rebelión.

"¡Vergüenza!", añadió Mauri, máximo representante de la entidad soberanista desde el encarcelamiento de su presidente, Jordi Cuixart, en octubre.

En el mismo sentido se pronunció la CUP. En un mensaje de Twitter publicado este martes, advirtió de que "ninguna detención puede parar a un pueblo". "Hay quien dice que es una locura oponerse a la excepción. Lo que es una locura es no hacerlo. Ninguna detención puede parar a un pueblo. Basta de represión. Basta de excepción. Ni una más", publicaron.

El adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, también criticó la operación de la Guardia Civil defendiendo que los CDR son un movimiento pacífico que merece ser respetado. "Volvemos a rechazar el uso del Código Penal contra la protesta pacífica. Estaremos atentos a la evolución de los acontecimientos", explicó el dirigente republicano en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, rechazó así mismo la operación: "Perseguir el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales como delitos de terrorismo es propio de un Estado autoritario". En una apunte en Twitter recogido por Europa Press, defendió que los CDR son un movimiento político cívico, pacífico y democrático.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, pidió este martes no "banalizar el terrorismo" y defendió la necesidad de proteger el derecho a la protesta recogido en la Constitución. "Cuando se comenten ilícitos civiles o penales" en el marco de "protestas legítimas", arguyó, existen "leyes maravillosas para perseguirlos y hacer cumplir las responsabilidades a las personas que los cometieran" sin necesidad de perseguirles por terrorismo.

En la misma línea se manifestó el secretario general del partido, Pablo Iglesias: "Creo que todo el mundo entiende que no hay una situación de violencia terrorista en Cataluña. Aunque determinadas acciones puedan constituir un ilícito, el derecho penal tiene que ser proporcional", señaló en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Izquierda Unida registró este martes en el Congreso dos peticiones de comparecencia para que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, expliquen la "responsabilidad" del Gobierno en la "estrategia represiva" lanzada desde la Audiencia Nacional contra las protestas "pacíficas" protagonizadas por personas vinculadas a los autonodenominados Comités de Defensa de la República.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, también consideró que hay actuaciones de los CDR que son "condenables políticamente y, posiblemente, penalmente", pero que no hay motivos para juzgarlas en base a la legislación antiterrorista. "No vemos motivos para aplicar una legislación antiterrorista, hay que ser muy cuidadoso con este tipo penal", destacó en rueda de prensa en el Parlament.

Por el contrario, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, calificó de "muy gratificante conocer que la Guardia Civil está procediendo a detener responsables de los Comités de Defensa de la República".

Del mismo modo, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, celebró este martes que la Guardia Civil haya puesto en marcha esta operación. "Me parece muy bien que no se normalice la actividad de este tipo de comandos que usan la violencia", valoró en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, y pidió que se investigue la actividad de los CDR, que cree intolerable en democracia.

El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, se pronunció en la misma dirección que Arrimadas: "La democracia española no va a permitir que unos pocos condicionen la vida de todos y amenacen a jueces, fiscales, concejales y familiares". "Esto me recuerda al pasado, esto ya lo hemos vivido en España. Ojalá no volvamos a ver capítulos como los que vimos", expresó.

Hay dos momentos en este número de tintaLibre abril que resultan muy ilustrativos. El primero es cuando Otelo Saraiva de Carvalho, el artífice de la Revolución de los Claveles, le dice a su mujer que se olvide de La Traviata que va a cantar Joan Sutherland en Lisboa porque se ausentará un par de días para tumbar la dictadura de Salazar. El segundo, cuando la respetada periodista de izquierdas Ulrike Meinhof salta por la ventana del Instituto de Investigaciones Sociales de Berlín detrás del encarcelado terrorista Andreas Baader, al que estaba entrevistando, para unirse a la banda más sanguinaria (y chapucera) de la historia alemana después del nazismo.

Saraiva de Carvalho recuerda esta anécdota en una extensa entrevista concedida en su casa de Lisboa a la periodista Ana Soromenho. Mientras que la historia del auge y la caída de la Baader Meinhof, su lucha de egos y la mitomanía de sus integrantes, la recupera desde Berlín Carmen Rosa Fernández. El exmilitar portugués sigue en forma, confiando en el poder del pueblo, a los 81 años. Ulrike Meinhof, por su parte, apareció ahorcada con una toalla en la prisión de Stammheim, el 9 de mayo de 1976, un suceso que todavía genera muchas dudas en la investigación posterior y nunca cerrada del todo. Al resto de la banda no le fue mucho mejor.

Antes de que el capitalismo se asentara plácidamente en un escenario de los mercados globales y grandes corporaciones dominantes, antes de que el mundo conociera la doble moral de Wall Street y el neoliberalismo fuera la moneda acuñada en Davos, los años setenta plantaron cara de múltiples maneras a una batalla quizás perdida de antemano (como dice Zizek, resulta más fácil imaginar el final de la Historia que el del capitalismo). Ahí estaba el escritor, pensador y cineasta Pier Paolo Pasolini, en Italia, anticipando los males de la sociedad de consumo y del pensamiento único, lanzando un grito primitivo y cristiano; ahí, en otro momento de la década, apuntó en 24 folios Otelo Saraiva de Carvalho los planes para derrocar una dictadura de 48 años (al año siguiente, Franco murió en la cama); ahí fue también que los chicos de la Baader Meinhof decidieron tirarse al monte para poner en jaque a los cerdos (Die Schweine) que levantaron Auschwitz y seguían dominando, con otras máscaras, el cotarro alemán. Al autor de Edipo Rey o Saló o los 120 días de Sodoma, le dedica Mario García de Castro un perfil en las páginas de tintaLibre abril.

Abril, el mes más cruel, según la conocida poesía de Eliot, el mes de los claveles en Portugal y de la República española, nos trae también otros frentes de la protesta que no se extinguen. Santiago Sierra, uno de los artistas más internacionales de España (subrayemos esto ante los que quieren unirle al carro del oportunismo), aunque no se reconoce como artista, nos habla, también en exclusiva, tras la chapuza del última feria ARCO, otra más en la última deriva censora de un peligroso mundo en el que el auge de las redes sociales y el celo de los grupos dominantes ha convertido a cada individuo, apunten eso, “en un corrector del régimen”.

De pasados abriles nos llegan también ecos poderosos de voces como la del periodista Corpus Barga (acabó en Lima contento de ser un republicano español e impartiendo clases de periodismo), Buenaventura Durruti (hacía la comida para su hija pequeña mientras su mujer trabajaba) o Luis Buñuel que se acercó durante sus últimos años -él, “ateo por la gracia de Dios”- a las corrientes progresistas de la iglesia católica en México DF dónde, al parecer, siguen sus cenizas en un capilla de la Universidad.

Bienvenidos a las revoluciones de abril.

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Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas sin discusión previa, han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

Los Gobiernos europeos acordaron el 26 de septiembre de 2016 suspender durante seis meses las sanciones contra las FARC por formar parte de la lista de organizaciones terroristas después de que la guerrilla colombiana y el Gobierno de Bogotá sellaran un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que se cobró la vida de más de 220.000 personas en casi 50 años.

Los Veintiocho no retiraron formalmente a la guerrilla colombiana de la lista de organizaciones terroristas, algo que condicionaron al cumplimiento del acuerdo de paz y sobre todo a la verificación internacional de su desarme, algo que la ONU constató el 15 de septiembre pasado.

Tras este paso, los jefes de la diplomacia europea han aprobado este lunes sin discusión previa este lunes sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas en la UE, en la que la guerrilla fue incluida en junio de 2002. La decisión que ya venía cerrada de antemano por los Veintiocho.