Vaupés, también conocido como Uaupés en portugués, es un río de aguas oscuras y caudalosas que nace en Colombia, serpentea por el Amazonas y desemboca en el río Negro, en territorio brasileño. A lo largo de sus orillas y de las de su gemelo, Solimões, que transcurre en paralelo, conviven 24 etnias indígenas, entre ellas los karapanãs y los makunas, con traficantes de cocaína, la mayoría de ellos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y socios directos de los narcotraficantes gallegos, algunos instalados en Sudamérica para cerrar acuerdos, como los que se convierten en grandes travesías a bordo de narcosubmarinos.

Así lo desvela NarcoFiles, una investigación internacional que lidera el consorcio OCCRP con la participación de más de 40 medios de comunicación de todo el mundo, infoLibre y Narcodiario en España, a partir de una filtración masiva de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

La frontera entre Colombia y Brasil es parte de una lucrativa ruta internacional del narcotráfico. La operativa fue objeto de una investigación confidencial del Gobierno de Estados Unidos y el Ejército colombiano que detalló, por primera vez, cómo uno de estos grupos criminales trabaja para abastecer al PCC (Primeiro Comando da Capital) de toneladas de cocaína por vía aérea y fluvial a través del Vaupés. Las lanchas rápidas cargadas de cocaína recorren el Vaupés y el Solimões hasta su desembocadura en Manaos, la puerta brasileña del Amazonas. Y terminan en las costas de Galicia.

La mercancía del narcosubmarino encontrado en Aldán (Pontevedra), en noviembre de 2019, se cargó en lanchas en Leticia, en la Amazonia colombiana. La del semisumergible interceptado en Vilaxoán (también en Pontevedra), el pasado marzo, está en plena fase de investigación, pero una línea sólida apunta a la ruta amazónica que detallan los NarcoFiles. 

Piauí y UOL, dos de los más destacados medios de comunicación de Brasil e integrados en NarcoFiles, analizaron los documentos que muestran el camino seguido por la cocaína que sale de Colombia, pasa por Manaos, atraviesa el Caribe y termina en manos de los consumidores en Europa. En el caso del Che, el narcosubmarino hallado en Aldán, la droga cargada en Leticia recorrió el Solimões y se trasvasó al sumergible cerca de Santarém, una gran población brasileña ubicada aguas abajo. En la propia selva amazónica brasileña, y no en Colombia, se construyó el submarino. La droga sí partió de territorio colombiano.

La investigación comenzó en 2020, a partir de información transmitida al Ejército de Colombia y a la Policía Federal de Brasil por la Administración para el Control de Drogas (DEA), la policía estadounidense especializada en la lucha contra el narcotráfico. Los estadounidenses llamaron la atención sobre un esquema de compra y venta de cocaína en la región conocida como cabeza de perro, en el extremo noroeste de Brasil, donde el país hace frontera con Colombia y Venezuela. El lugar recibió su apodo porque, en los mapas, su forma se asemeja a un perro con la boca abierta.

Según la información preliminar proporcionada por los estadounidenses, quien sirvió de puente entre las disidencias de las FARC y los criminales del Primeiro Comando da Capital fue un colombiano llamado Nelson Jaramillo Quiceño, más conocido como Calidad. A él le correspondía garantizar que los delincuentes colombianos, radicados en los departamentos de Guaviare y Vaupés, pudieran pasar lotes de cocaína a delincuentes brasileños de Manaos y São Gabriel da Cachoeira, asegurando su paso previo antes de su partida hacia Europa.

Nacido en San José del Guaviare, a 400 kilómetros de la capital Bogotá, Calidad formó parte de un grupo de paramilitares que operaron en el sur de Colombia a principios de la década de 2000. Eran milicias que luchaban contra la guerrilla de las FARC en la jungla. En 2003, Calidad fue investigado por su implicación en el asesinato de cuatro personas, entre ellas un adolescente, pero acabó absuelto por falta de pruebas.

Seis años después, fue detenido in fraganti por el Ejército brasileño mientras transportaba cuatro toneladas de cemento a bordo de una embarcación en el río Vaupés, cerca de Iauaretê, una localidad amazónica próxima a la frontera con Colombia. La venta de cemento está controlada en Brasil, ya que el producto puede utilizarse para transformar las hojas de coca en pasta base. Por tanto, se requiere autorización para exportarlo. Calidad no tenía los papeles necesarios y fue detenido por los militares. Días después salió de prisión gracias a un hábeas corpus, que obliga a presentar ante el juez a un detenido en un plazo determinado.

Calidad vive ahora en São Gabriel (Brasil), donde posee una barbería y un restaurante, o en Yavaraté, un pueblo colombiano en la frontera. Según los investigadores, se acercó al principal grupo de disidentes de las FARC. Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla en 2016, las FARC se convirtieron en partido político, pero algunos de sus miembros optaron por permanecer en la selva, dedicándose a los secuestros y al tráfico de drogas y armas. De ese grupo parten un buen número de los alijos que acaban en España a través de Galicia o de otros puertos del país. Estos disidentes, denominados “grupos armados organizados residuales” por el Ejército colombiano, están divididos en varios frentes y clasificados por números.

El frente número 1 controla la producción y el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés, territorio que abarca 6.700 hectáreas sembradas de hoja de coca, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Informes de inteligencia del Ejército colombiano revelan que la cocaína producida por el grupo era transportada en embarcaciones a través de 520 kilómetros entre las ciudades de Miraflores y Mitú, en Colombia. Desde allí, la droga es enviada a Manaos mediante aviones de Aerovías Regional del Oriente (ARO), una empresa de taxi aéreo que cuenta con una flota de nueve aparatos.

Los militares sospechan que lotes más pequeños de droga fueron llevados por embarcaciones que recorrían los ríos Solimões, Vaupés y Negro hasta Manaos, escondidos en cargamentos lícitos. Desde esa zona parte la droga en aviones hacia distintas lanzaderas del país, y en embarcaciones, narcosubmarinos incluidos, hacia el Atlántico, casi siempre rumbo a Europa.

El Solimões es el principal punto de entrada de la cocaína que llega a Brasil a través del Amazonas, según la Policía Federal. En los últimos años, esta ruta ha estado dominada por el Comando Vermelho, lo que obligó a la facción rival del PCC a buscar rutas alternativas. Ambos grupos criminales brasileños tienen ya oficinas estables en España y presencia en Galicia y Portugal. La Memoria de la Fiscalía Antidroga menciona como uno de sus temas de preocupación “la ruta que conecta Sudamérica con Canarias con la presencia del PCC brasileño en las islas”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La Comisión de la Verdad de Colombia ha asegurado que el finado líder de las desaparecidas FARC, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, fue "inducido" por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía a cometer delitos y así salir de los acuerdos de paz, tal y como hizo en 2019 junto a otros destacados guerrilleros para formar la disidencia de Segunda Marquetalia, informa Europa Press.

En su informe Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia que se hizo público la semana pasada, la Comisión de la Verdad sostiene que la DEA diseñó esta operación, y que fue ejecutada en colaboración del coronel retirado Gustavo Calvache Prado y uno de los sobrinos de Jesús Santrich, Marlon Marín.

El objetivo era explotar las diferencias que por entonces mantenían el ahora secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, sobre cómo se estaban aplicando los acuerdos de paz alcanzados con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana.

Cuando ejercía como diputado de la Cámara de Representantes, Jesús Santrich fue detenido en abril de 2018 por delitos de narcotráfico, aunque fue puesto en libertad un mes después. Sin embargo, en agosto anunciaba junto a otros líderes guerrilleros que retomaba el camino de las armas.

Esta detención, señala el informe del que se ha hecho eco la revista Cambio, "desató un nuevo ciclo de violencia y puso en riesgo la implementación del acuerdo de paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el acuerdo de paz había fracasado".

Entre estos antiguos guerrilleros estaba Iván Márquez, objetivo de la DEA desde antes de 2016, con quien fundo la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla que sigue operando en Colombia.

La Comisión explica las repercusiones jurídicas que tuvo la detención de Jesús Santrich para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal surgido de los acuerdos para investigar a quienes participaron en el conflicto, al mismo tiempo que muestra unas transcripciones de unas llamadas telefónicas del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, autorizando usar cocaína para llevar a cabo un montaje que propiciara el arresto del exguerrillero.

En ese sentido, el informe publica también una carta de 2017 en la que se advierte al senador Iván Cepeda de que algunos antiguos guerrilleros "están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones técnicas" por parte de un grupo especial de la Fiscalía, coordinados por la DEA, "cuya misión es la de recaudar pruebas para relacionarlos con la actividad de narcotráfico".

"Posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir", señala la carta, en la que se especifica que dicho grupo especial tenía "plena autonomía operativa", contaba "con inmunidad y protección de Estados Unidos" y estaba dirigido por Mauricio Nieto, hermano del entonces director de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto.

En mayo de 2021, las disidencias de las FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich tras una incursión de tropas del Ejército colombiano en la parte venezolana de la Serranía del Perijá.

En unos meses se cumplirá un lustro de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto entre Colombia y las FARC, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Dos meses antes, en un acto solemne en presencia de los principales mandatarios latinoamericanos, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero delegado, Rodrigo Londoño Timochenko, habían firmado en Cartagena de Indias el acuerdo original que culminaba las negociaciones emprendidas años antes en La Habana.

Sometido a referéndum, contra todo pronóstico el primer acuerdo no consiguió su ratificación popular por un escaso margen. La campaña plebiscitaria pronto se tornó en clave de polarización política entre el gobierno y la oposición conservadora más radical, deshaciendo el amplio apoyo con que contaba el proceso de paz en la opinión pública. La comunidad internacional había hecho una apuesta decidida por el diálogo y la solución pacífica, que se vio refrendada por la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2016. El traspié del referéndum fue resuelto con agilidad al convocar a las fuerzas políticas a un pacto nacional para salvar el proceso, que desembocó en tiempo récord en una revisión del acuerdo con cinco puntos de mejora relativos a desarrollo agrario, priorización de las víctimas, apertura de cauces de participación política, compromisos firmes de fin del conflicto y mecanismos de verificación.

El último informe (2020) del Instituto Kroc, con mandato de las partes para prestar el apoyo técnico al seguimiento y verificación de los acuerdos, muestra que la implementación se encuentra en la senda de abordar los objetivos de medio y largo plazo, una vez cumplidos mayoritariamente los objetivos de corto plazo. En términos globales, en torno al 30 % de las 578 disposiciones derivadas del Acuerdo Final se han completado, un 20 % están avanzadas y la otra mitad en un estadio inicial de cumplimiento.

Se ha producido un recrudecimiento en los enfrentamientos entre los sectores guerrilleros disidentes —denominados «grupos armados organizados residuales» (GAOr), en la terminología oficial— con la Fuerza Pública en territorios estratégicos para la consolidación de la paz. Las medidas de seguridad establecidas, como ya ocurriera en otros intentos históricos de parar la violencia con participación política (caso de la Unión Patriótica en el proceso conducido durante el mandato del presidente Belisario Betancur en la década de los años ochenta del siglo pasado), no han impedido que se sigan produciendo amenazas y asesinatos selectivos de combatientes desmovilizados y líderes sociales con un papel relevante asignado en el cumplimiento de los acuerdos. En 2020 se registraron hasta 73 asesinatos de esta naturaleza, que el Partido Comunes (nuevo nombre adoptado desde este año por las FARC desarmadas) y otras fuentes no gubernamentales elevan a varios centenares.

La pandemia sanitaria mundial en curso ha dificultado la movilidad, el desarrollo de los procesos participativos y la reintegración social, profundizando la desigualdad, el abandono estatal, los desplazamientos forzados y la vulnerabilidad de la población más pobre. La fijación de la población en las áreas rurales, clave en un futuro de recuperación nacional, requiere completar la limpieza de las zonas de desminado humanitario y desarticular decididamente a las organizaciones criminales que actúan en el territorio, aprovechando la oportunidad del desarme y la desmovilización de los efectivos de los frentes guerrilleros.

En relación con la solución pactada al complejo problema del narcotráfico, que mantiene intacta su capacidad de contaminar a todos los actores, no se ha avanzado significativamente en el consenso de los agentes locales sobre la política nacional contra las drogas, el plan de sustitución de cultivos y la atención integral a los cultivadores. Sigue también el déficit en garantizar el apoyo institucional y la financiación de los proyectos productivos, las garantías a la participación ciudadana y la reforma electoral. Apenas se han desarrollado las previsiones con enfoque de género y relativas a los pueblos étnicos, históricamente marginados y sometidos a una degradación de vida con un alto consumo de drogas psicoactivas.

La reforma rural integral, considerada una pieza fundamental del éxito del proceso, requiere desarrollar los planes nacionales sectoriales y dinamizar los procesos de ordenamiento social, ambiental y productivo de los territorios (fondo de tierras, baldíos, especialidad agraria). La implementación de aquellos enfoques transversales que tienen una base territorial exige la implicación efectiva de las autoridades departamentales y municipales de ejecución de la planificación asociada, lo que interfiere con la adscripción política partidista de los responsables.

Las comisiones, asociaciones e instituciones de memoria, en alianza con organizaciones internacionales, han comenzado a cumplir su función con entrega de restos de personas desaparecidas, designaciones de zonas de actividad paramilitar, lucha contra la impunidad, registro de testimonios de participantes, pedagogía del esclarecimiento de la verdad y la convivencia y el respeto a los derechos humanos. No obstante, pese al buen ritmo de trabajo de la jurisdicción especial, el programa de reparación de las víctimas sigue siendo escaso.

La verificación de los acuerdos se ha visto favorecida por el acompañamiento internacional de financiación multilateral bajo el liderazgo de Naciones Unidas y su misión de verificación. Existe un desequilibrio acusado entre los fondos destinados a la financiación pública de las instituciones que realizan la labor técnico-humanitaria y las inversiones directas de construcción de la paz. Los observadores del proceso consideran que las reformas estructurales y cambios instituciones previstos en los acuerdos deben producir transformaciones tangibles en el nivel de las comunidades y las personas, para no desincentivar el compromiso mayoritario de la sociedad civil colombiana en conseguir una convivencia en paz duradera y estable.

Cabe preguntarse por la relación que pueda existir entre la implementación del Acuerdo, la agudización de la violencia que viene registrándose en determinados territorios recolonizados por grupos del crimen organizado y el largo ciclo de protestas urbanas que vive el país, duramente reprimidas por el Gobierno en el marco de la Política de Seguridad del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Las manifestaciones públicas, con una fuerte carga de violencia, bloqueo coactivo de la vida ciudadana y destrucción de infraestructura, fueron respondidas con un desproporcionado uso de la fuerza por las autoridades, produciendo un número inaceptable de muertos y heridos, que contradice las bases del proceso de paz. El derecho fundamental de manifestación es un ejercicio democrático irrenunciable de los ciudadanos, máxime para expresar el malestar social por el deterioro acelerado de las condiciones materiales de vida y el incumplimiento de las vías de participación.

La reacción gubernamental ante los excesos violentos de los grupos organizados en la protesta —en estas acciones pueden identificarse algunos patrones de tácticas y técnicas híbridas— tiene que ceñirse estrictamente a los protocolos profesionales de actuación, preservar la vida humana y respetar los derechos humanos. Los autores de actos vandálicos y criminales deben ser puestos a disposición judicial con rapidez y plenas garantías, así como debe hacerse con los efectivos de la fuerza pública que eventualmente se extralimiten en sus cometidos para despejar toda sombra de impunidad tolerada. La autonomía operativa que llevó a los abusos del pasado, incluidas miles de ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos», no puede volver si se aspira a merecer la confianza de la ciudadanía. En este sentido, hay que saludar las acciones de modernización de la Policía, anunciadas esta semana, para convertirla en una fuerza de Seguridad Pública, con estándares de servicio público y control democrático.

Comprender lo que está sucediendo en Colombia no es una tarea sencilla. Lo que empezó como la respuesta a una reforma tributaria que cargaba aún más las tintas en la clase trabajadora se ha convertido en un estallido social que el Gobierno de Iván Duque solo es capaz de contrarrestar con violencia.

Del otro lado, un documental de Iván Guarnizo que se estrena este sábado 5 de junio en la Sección Oficial del Festival de Málaga, ofrece de forma indirecta una mirada que puede ayudar a entender el camino hasta aquí. La película sigue el viaje de Iván y su hermano Papeto por intentar dar con alguno de los antiguos miembros de las FARC que secuestró a su madre. Beatriz Echevarry estuvo 603 días cautiva en la selva colombiana.

Sin embargo, el diario que sus captores le permitieron escribir reveló una compleja relación de cariño y respeto mutuo entre Beatriz y Güérima, el exguerrillero que quedó a cargo de ella durante aquellos meses. La aspiración de comprender este vínculo es el centro del viaje físico, emocional y cinematográfico que emprende Iván Guarnizo en Del otro lado. La siguiente conversación es un intento por describirlo y por discutir si es posible extrapolar esta forma de cicatrizar heridas a toda la sociedad colombiana.

PREGUNTA: Percibo Del otro lado a la vez como un viaje emocional y como un trayecto de raciocinio. Es emocional porque es una forma de honrar la memoria de tu madre y porque está cargado de sentimientos a flor de piel. Pero es al mismo tiempo un intento por comprender racionalmente el cariño que tu madre llegó a desarrollar por quien la tuvo retenida casi dos años. ¿Cómo fue manejar todas estas contradicciones a lo largo del documental?Del otro lado

RESPUESTA: Digamos que de eso se trataba, de ese viaje emocional pero también mental. Me fui dejando llevar por lo que iba descubriendo y por lo que yo mismo me iba preguntando. Cada cosa que descubría era un reto emocional y al mismo tiempo un reto intelectual. Tenía que pensar en términos emocionales, pero también en términos cinematográficos cómo retratar todo lo que iba sucediendo. Una de las cosas más difíciles fue imaginar cómo podía mostrar algo que yo mismo estaba viviendo y que todavía tenía que procesar. A veces ganabas la emoción y otras ganaba el raciocinio.

Es el viaje emocional más importante que he hecho en mi vida. El viaje físico en el que me adentré en la selva junto con mi hermano se convirtió en un viaje de proporciones épicas para mi vida, lo cambió todo.

P: A lo largo del documental tu familia y tú os topáis con todo tipo de dificultades a la hora de dar con las personas que secuestraron a tu madre. ¿Temiste que acabase resultando imposible? ¿Habrías sacado la película sin el encuentro con Güérima, el guerrillero que cuidó de ella durante el cautiverio?

R: No sé si podría no haberse hecho, pero sí hubo un momento en el que estuve a punto de soltar la toalla en la búsqueda de alguien implicado en el cautiverio de mi mamá. Cuando ya llevabas dos años buscando insistentemente y no hacía más que encontrarme callejones sin salida (la cosa en Colombia se estaba poniendo bastante oscura con los continuos asesinatos de excombatientes), me empecé a preguntar si tenía que hacer una película sobre el fracaso mismo de la paz. Sobre no poder dar la mano y caminar hacia ese otro lado. Pero antes de hacer esa película sobre el fracaso tenía que reponerme del fracaso mismo de no haber encontrado a Güérima ni a ninguno de los captores.

Esto me duró un par de meses, hasta que ocurrió algo realmente muy cinematográfico. El día en que comenté esta idea de que se convirtiese en una película sobre el fracaso con la coguionista por la mañana, por la tarde recibí el teléfono de Güérima y pudimos hablar. En el momento en que solté, de alguna manera el universo se acomodó y me dejó seguir.

P: En su secuestro, tu madre escribió un detallado diario que pudo llevarse con ella cuando fue liberada. Podríamos decir que ese diario es el primer guion que tuvo la película, un mapa con el que comenzar a orientarse. ¿Volvías mucho a él durante el proceso de grabación y el montaje?

R: El diario definitivamente fue una especie de columna vertebral. Uno de los trabajos más complicados que hice junto con la coguionista, Nuria Polo, fue la edición emocional e intelectual del diario. Durante el viaje que hicimos primero a la selva y luego a la montaña leí el diario y fui descubriendo las relaciones y vivencias de mi mamá durante el secuestro.

Cuando tuvimos que montar la película, de 603 días recopilados terminamos seleccionando no sé si siete o diez días en total. Los formatos de diario no son tan concisos como a uno le gustara, ya que uno muchas veces escribe lo primero que le pasa por la cabeza. Poder transmitir lo que uno siente la primera vez que leo el diario de verdad es complicado y requería un trabajo de edición. Pero el diario nos acompañó siempre y hasta el último minuto estuvieron entrando y saliendo partes del diario. Incluso me planteé incluirlo íntegramente, pero iba a ser insoportable para el espectador.

Fue para mí la mejor clave para entender mi mamá. Contrastarlo con los lugares donde ella estuvo y con el encuentro con Güérima fue lo que siempre me daba lo que mi mamá podría estar pensando. Me transmitía emociones directas que ella había vivido.

P: El diario es uno más de los objetos cargados de significado que aparecen a lo largo de la película. Puede que el más inolvidable sea esa aguja de croché creada a partir del plomo de balas fundidas. Hay una relación entre lo material, lo simbólico y lo emocional poderosísima. ¿Qué implican estos objetos para ti?

R: La aguja de ganchillo me parece de un poder simbólico muy potente. Cuando lo leí por primera vez en el diario, cuando la tuve en la mano y me di cuenta de que Güérima la había creado fundiendo sus balas para transformar un objeto de muerte en un objeto para crear vida, me di cuenta de que en ese momento habían empezado a tejer la paz de alguna manera. Es un objeto increíblemente potente que representa la reconciliación.

También hay un momento donde menciono el abanico de mi madre. Durante el secuestro, tanto Güérima como su primo Julio [cautivo junto a Beatriz] se lo arreglan varias veces. Yo siempre veía ese abanico como su piel, que iba reparándose de una situación muy complicada. Ese abanico quedó muy maltratado, pero cogió una solera muy potente por todo lo que vivió. Igual que mi mamá.

P: El encuentro con Güérima sin duda el clímax emocional de la película. ¿Cómo fue combinar tu enorme implicación personal con el hecho de estar realizando una pieza documental? Pienso, por ejemplo, en que la película se va a negro en cuanto Güérima pide que paréis la filmación porque está emocionándose.

R: Es lo más difícil que he hecho en mi vida. No habría sido posible sin el equipo que tuve alrededor. Sin el director de fotografía que es Carlos Villaoslada, que me entiende sin que tenga que decir nada. Él y Nuria Polo hicieron una cosa muy importante: ayudarme a tener la distancia necesaria sin que se volviera fría. Me permitían perderme en la emoción cuando era necesario, como ese momento que mencionas. Carlos entendió que tenía que cortar sin que yo le dijera nada. Me dejó a mí vivir ese instante como personaje. En el momento de ese corte yo estaba también con la garganta hecha un nudo.

Pero había momentos donde yo tenía que decir “está bien, vamos a poner otra vez la cámara y volver a empezar a hablar con Güérima”. Él en ese momento no quería ser grabado, pero le dije que eso era lo más importante que podía hacer y decir por mi mamá porque es lo que define la relación entre los dos. Mi equipo me proporcionó el espacio para sentir emocionalmente lo que estaba sintiendo, y con ello poder decir después que había que seguir filmando y seguir hablando.

También fue posible por supuesto gracias a Güérima, que me permitió que le pusiese la cámara en un primer plano que da pie a un momento tan espacial. Creo que es el lugar al que lleva toda la película. Emocionalmente fue muy potente para mí, y creo que para la película también lo es.

P: Es una escena que ejemplifica el papel central que tuvo la violencia en la sociedad colombiana y una posible vía para dejarla atrás. ¿Cómo estás viviendo la dramática situación de tu país, donde la violencia, muy especialmente la ejercida desde el Estado, ha vuelto a ocupar un papel central?

R: Hay tanto que decir… La situación que se está viviendo en Colombia tiene varios orígenes. Es muy doloroso primero vivirla desde España. Hace unos días se cumplió un mes de paro y de represión increíble.

Creo que los Acuerdos de Paz que se firmaron en 2016 con las FARC han permitido que la gente salga a protestar en Colombia como nunca lo había hecho. Antes de que se firmaran los Acuerdos, la marcha social y la manifestación estaba muy vilipendiada por el Estado. Cualquiera que se manifestaba era tildado de guerrillero. Por ello muy pocas veces las manifestaciones tenían tanta fuerza, aunque por ejemplo hubo importantes manifestaciones estudiantiles en 2011, pero eran muy esporádicas. Desde la firma de los Acuerdos, se le ha caído un poco la careta al Estado. Siempre habían utilizado esta estigmatización de la protesta social para echarle la culpa de todo a las FARC. Cuando deja de existir, empieza a salir más gente a la calle.

Eso se combina con un año de pandemia y de brutal crisis económica en donde la gente empieza a pasar hambre. A este Gobierno indolente se le ocurre presentar una reforma tributaria que iba a perjudicar a los más pobres cuando la gente llevaba días o semanas sin comer. Ahora la protesta se ha convertido en un estallido social incontrolable en muchos sentidos. No se trata de que el Gobierno dé unas cuantas prebendas, se está pidiendo un cambio mucho más grande, un cambio como yo nunca había visto en Colombia.

Papeto Guarnizo y su hijo.

P: ¿Crees que una solución basada en la comprensión, la aceptación o el perdón es extrapolable al conjunto de la sociedad colombiana?

R: No soy quién para decirle a las víctimas cómo tienen que resolver sus dolores, pero sí puedo decir que fue la manera en que yo los resolví. Creo firmemente en la utilidad de mirar a los ojos a las personas que te han podido hacer daño, que ellos te conozcan y decirles lo que pasó, pero también escuchar sus dolores.

El director de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el padre Francisco de Roux, dijo que si en Colombia tuviésemos que hacer un minuto de silencio por cada víctima de la guerra del Estado colombiano estaríamos 16 años en silencio. En Colombia hay más de ocho millones de víctima, somos más de un 25% de la población. Todos hemos sufrido de alguna manera. Sentarse y escuchar activamente a la persona delante de uno, y que se esa persona te escuche, podría resolver muchas cosas. Pero también entiendo que hay heridas muy profundas que no son tan fáciles de sanar. Esto puede ser un paso importante, pero no sé si es el único.

P: Para terminar, me interesan muchos los momentos familiares previos a que tu hermano y tú emprendáis la búsqueda. Pienso en la atención que prestas a tu sobrino. ¿Ves en su generación la esperanza de construir otra Colombia?

R: Me gusta mucho que saques esa parte, mi otra escena favorita de la película junto al encuentro con Güérima. La conversación que tienen mi hermano y mi sobrino en la hamaca es muy importante porque hablar con nuestros hijos, contarles nuestros dolores y que ellos entiendan Colombia de una manera más profunda puede dar lugar a una juventud diferente.

En muchos muchachos que ahora tienen 18, 19 o 20 años y están en las manifestaciones luchando por una Colombia distinta y que no son violentos siento algo de esperanzo, creo que son una gran muestra de dignidad. Mi sobrino en esa secuencia es un ejemplo de esa dignidad. Obviamente tiene miedo por el viaje que va a emprender su papá, pero también quiere comprender más profundamente a su país, a un país tan complejo.

A pocos metros del famoso Museo del Oro, Raúl Carvajal termina de colocar las pancartas frente a su camión. Como cada mañana, el hombre de 73 años se ha despertado al alba en el aparcamiento de una gasolinera de la capital colombiana donde estaciona su vehículo para pasar la noche. Desde hace más de 13 años, ha hecho de su vehículo su casa para recorrer Colombia, mientras reclama una investigación oficial sobre la muerte,en septiembre de 2006, de su hijo, soldado, a la edad de 29 años.

Poco antes, Raúl Carvajal hijo –comparten el mismo nombre, como sucede con frecuencia en América Latina– le había llamado para darle una buena noticia: “¡Vas a ser abuelo de una niña!”–. La comunicación entre ellos es fluida y el joven también le confiesa que quiere dejar el Ejército, porque ya no se reconoce en sus métodos y se encuentra hastiado. Supuestamente, le pidieron que ejecutara a dos civiles inocentes, a lo que se negó.

Unas semanas más tarde, Raúl se entera de la muerte de Raúl Jr., asesinado en un combate contra las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la frontera con Venezuela. En su opinión, todo es falso, ahora está convencido de ello. El Ejército lo ejecutó y encubrió el asesinato. El joven soldado se había convertido en una amenaza porque quería denunciar la matanza de civiles por parte del Ejército para inflar las cifras de la lucha contra el terrorismo y obtener bonificaciones. Un sistema conocido como “falsos positivos”.

A finales de los años 90, la guerra civil hacía 30 años que había comenzado. Las FARC lograron apoderarse de varias bases militares y se acercaban peligrosamente a Bogotá. El presidente Andrés Pastrana comenzó entonces a negociar con su homólogo americano Bill Clinton. El objetivo es luchar más eficazmente contra este enemigo desde el interior, pero también tranquilizar a la opinión pública, ya que se sospecha que tiene vínculos con los cárteles.

Las FARC fueron entonces el blanco de ambos países por su papel en el tráfico de drogas pero sobre todo por su ideología antiimperialista. En efecto, al mismo tiempo, según un informe del gobierno colombiano de 2001, los paramilitares, milicias creadas para luchar contra la guerrilla, que sin embargo son responsables del 40% de las exportaciones de droga –frente al 2,5% de las FARC–, están poco preocupados.

Echa a andar el Plan Colombia. En 15 años de aplicación, Estados Unidos ha invertido 10.000 millones de dólares en el país, lo que supone el mayor presupuesto de ayuda militar estadounidense después del concedido a Israel. Pero este apoyo financiero y militar significa que hay que conseguir resultados y pronto se hace sentir la presión norteamericana.

En este clima, Álvaro Uribe fue elegido presidente de la República en 2002. Su pasado problemático y los vínculos probados de su séquito con los traficantes de drogas no volverán a ser un problema en su conquista del poder. La lucha contra las FARC se reforzó entonces con la ayuda de Estados Unidos y el gobierno comenzó a recuperar el control sobre la guerrilla.

En este contexto, el gobierno saca adelante la directiva secreta número 29 en noviembre de 2005. Se presentó en forma de una tabla donde se relacionan los objetivos rebeldes que deben eliminarse y las bonificaciones otorgadas por cada “positivo”, es decir, por cada “enemigo neutralizado”. En un país donde la pena de muerte fue abolida en 1910, el gobierno acababa de legitimar y fomentar los asesinatos de Estado.

Esta directiva refuerza una política ya bien establecida de números y resultados. Según múltiples testimonios, cada batallón tiene objetivos precisos en cuanto al número de guerrilleros que debe matar. Entre ellos estaba el coronel Róbinson González del Río, que estuvo implicado en la muerte de 27 civiles. En 2014, confesó que había oído a su superior el general Mario Montoya decir a otros soldados de alto rango: “¡No quiero regatos de sangre, quiero ríos de sangre! ¡Necesitamos resultados!”. Aseguró que llegó a estar entre las 10 unidades más mortíferas del país.

Madres de Falsos Positivos

Gloria es miembro de la asociación Mafapo (por “Madres de Falsos Positivos”). Las madres a las que se unió luchan por arrojar luz sobre el asesinato de sus familiares por parte del Ejército colombiano y llevar a los culpables ante la Justicia. Se reunieron en 2008 cuando se dieron cuenta de que muchos de ellos en Soacha estaban en la misma situación. Situado en los suburbios del sur de Bogotá, este municipio de 500.000 habitantes es conocido por su extrema pobreza y su alto nivel de desempleo.

En la mañana del 6 de febrero de 2008, el hijo de Gloria, Daniel, que entonces tenía 21 años, salió de la casa. Antes había conocido a Pedro Gámez, un hombre de la zona que le ofreció un trabajo temporal muy bien pagado en el norte del país. Su madre intentó disuadirlo sin éxito. Dos días después, el teléfono suena y la hermana de Daniel responde. Está al otro lado de la línea y su voz está muy cansada. “Dile a mi madre que lo siento. No podré cumplir mi promesa de que ella no tendrá que trabajar más. Os quiero mucho, díselo”. La llamada telefónica se corta.

Gloria se enteró más tarde de que su hijo Daniel había sido ejecutado el mismo día por miembros del Ejército colombiano, después de dos días de confinamiento durante los cuales fue obligado a beber alcohol de alta graduación e ingerir varias drogas para evitar que huyera.

Blanca Monroy es la madre de Julián. El joven tiene 19 años y acababa de conseguir un nuevo trabajo en el norte del país cuando se marchó al final del día, era el 2 de marzo de 2008. Fue a unirse a uno de los dos reclutadores que había conocido 15 días antes y le pidió a su madre que le guardara algo de cenar. Pero no volvió. Al día siguiente, sus padres comenzaron a buscarlo. Como Gloria, se enfrentan a la burla y al rechazo. Blanca finalmente se las arregló para prestar declaración el 5 de marzo de 2008. Al no recibir ninguna noticia, continuó la búsqueda con su familia durante los siguientes seis meses, pero sin éxito.

A principios de septiembre de 2008, comenzaron a circular rumores en Soacha. Todo apuntaba a que los jóvenes desaparecidos habían aparecido muertos en el norte del país, en Ocaña. Tiempo después, Blanca conoció a una amiga de su hijo en Soacha que le dijo que otro joven también había desaparecido y que habían encontrado su cuerpo en Ocaña, junto al de Julián.

Unas semanas más tarde, se encontraron más cuerpos de jóvenes de Soacha en las afueras de Ocaña en las fosas comunes del cementerio de Las Liscas. Entre ellos, el hijo de Gloria, Daniel. Había dejado Soacha el mismo día que Jaime, el hermano menor de Anderson, otro residente de Soacha. Reclutados por el mismo hombre, tomaron el mismo autobús el mismo día y fueron ejecutados juntos dos días después. Jaime tenía 16 años.

El informe forense, dos días después de su muerte, indica que Jaime fue asesinado durante una lucha contra el Ejército colombiano. Como su identidad era oficialmente desconocida en ese momento, su cuerpo fue a parar a una fosa común con los cuerpos de otros jóvenes asesinados por el Ejército. El informe del supuesto combate de ese día menciona tres enemigos muertos a tiros, que más tarde se supo que eran Daniel, Jaime y un tercer joven de Soacha llamado Diego. Según el informe, atacaron a la Brigada Móvil Nº 15 tendiéndole una emboscada a unos 15 kilómetros al norte de Ocaña. Durante el ataque, ningún militar colombiano resultó herido y la brigada móvil se apoderó de varias armas, incluidos dos rifles y un revólver.

“¿Quién dio la orden?”

Lamentablemente, estos casos no son aislados y se sabe, en particular, por un informe de Human Rights Watch (HRW) que data de 2015, que el número de víctimas es de más de 5.000 en toda Colombia. Esta ONG internacional ha investigado mucho la cuestión y trata de concienciar desde hace años sobre estos asesinatos de Estado.

Según Omar Eduardo Rojas, expolicía colombiano, el número de personas asesinadas supera las 10.000. Ahora refugiado en Europa, este expolicía colombiano ha escrito un libro sobre los “falsos positivos” en el que describe un sistema nacional que la mayoría de los testimonios recogidos desde entonces confirman.

Según los dos principales reclutadores, recientemente encarcelados, la máquina estaba bien engrasada. Cada civil que lograban llevar de Soacha a Ocaña para entregarlos a una muerte segura les aportaba un poco más de 300 euros de la época. El proceso de selección se llevó a cabo de antemano, con el fin de identificar a las personas más vulnerables, estableciendo así una “limpieza social”. La prioridad era traer a los desfavorecidos, a los discapacitados mentales, a los sin techo o a las personas con adicciones.

Los militares que los asesinaron tenían derecho a una bonificación de más de 1.000 euros hasta 2008, y luego a un permiso adicional. A pesar de los testimonios de estos dos hombres y una gran cantidad de pruebas, la mayoría de los soldados involucrados siguen libres en la actualidad. El Ejército los ha encubierto desde el principio y la Justicia militar a menudo ha tomado el relevo de la Justicia colombiana para evitar que sean encerrados.

Hoy en día, la mayoría de las familias de las víctimas optan por el silencio en lugar de exponerse, ya que los que hablan son amenazados de forma regular. Algunas personas han sido golpeadas o violadas. La madre y la hermana de Anderson, por ejemplo, tuvieron que huir de Colombia después de recibir palizas y amenazas de muerte. La mayoría de las madres de la asociación Mafapo están, por tanto, bajo protección.

Desafortunadamente, la seguridad del resto de las familias está a cargo de un servicio estatal. La mayoría de sus miembros son exmiembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de Uribe. El DAS tuvo que ser disuelto en 2011, tras la revelación de las acciones de algunos de sus funcionarios, que se habían convertido en verdaderos gángsteres.

A raíz de un artículo publicado en mayo de 2019 en The New York Times, la población colombiana comenzó a ser realmente consciente de este escándalo. Describía todo el funcionamiento del sistema que aún permite al Ejército ejecutar a civiles sin mayores preocupaciones.

El pasado mes de septiembre, el presidente Duque, fiel sucesor de Álvaro Uribe, anunció que su Ejército había eliminado a 14 disidentes de las FARC durante una incursión en el sur del país. Los periodistas se dieron cuenta enseguida de que eran niños y que algunos habían sido ejecutados a sangre fría después del bombardeo. Este descubrimiento llevó a la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Más recientemente, el jefe del Ejército Ninacio Martínez también tenía que dimitir, en parte debido a su probada implicación en el asunto de los “falsos positivos”. Human Rights Watch había pedido su salida tan pronto como se conoció su nombramiento, pero no fue hasta que el presidente estuvo contra la pared cuando se tomó la decisión.

El establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la llegada de testimonios militares también han sacado a la luz nuevos escándalos y han llevado al descubrimiento de muchas fosas comunes. En diciembre pasado en Dabeiba (región de Antioquia), se encontró una fosa común. Contenía unos 50 cadáveres, que se cree que eran de jóvenes de Medellín traídos entre 2006 y 2007 con el mismo modus operandi que el utilizado en Soacha.

El pasado mes de octubre, tras numerosas revelaciones y el trabajo de las asociaciones de derechos humanos, se realizó un fresco en el centro de Bogotá. En él se mostraba el número de casos de “falsos positivos” reconocidos por el sistema de Justicia de transición, así como un desglose del número de casos atribuidos a funcionarios militares. En letras mayúsculas, una frase dice: "¿Quién dio la orden?".

La noche siguiente a su finalización, el fresco fue borrado por militares. El grupo de asociaciones Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado), que denunciaban la censura, puso la imagen a libre disposición de los ciudadanos para su descarga gratuita en las redes sociales, y al día siguiente el cartel apareció en las paredes de muchas ciudades colombianas.

Junto a estas acciones y a las nuevas demandas de justicia, que también se pueden ver en las manifestaciones que se están llevando a cabo desde el 21 de noviembre en Colombia, la Justicia también está avanzando.

La magistrada Catalina Díaz Gómez es miembro de la JEP y está a cargo, junto con dos colegas, del caso N.º 3, que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales. El principio de esta jurisdicción es evitar en la medida de lo posible las penas de prisión para aquellos que colaboren plenamente y ayuden a establecer la verdad.

Por lo tanto, lleva a cabo audiencias tanto de los soldados involucrados como de las familias de las víctimas, para tratar de establecer la verdad sobre los “falsos positivos”. Convencida de que, a pesar de la fuerte presión sobre este expediente, logrará castigar a los culpables, confía sin embargo, sin decirlo abiertamente, que algunas personas siguen siendo intocables...

En 2008, Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe mientras los jóvenes de Soacha eran asesinados por el Ejército. Ocho años después recibió el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de paz firmados durante su presidencia con las FARC. A continuación se ocupó de que en estos acuerdos se recogiera que "la JEP no es competente para juzgar a los ex presidentes".

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Ejército de Colombia ha publicado este martes una lista a través de su cuenta oficial de Twitter en la que ha señalado a varios periodistas, partidos y políticos de izquierdas, así como agrupaciones de campesinos, como elementos de "oposición", aunque posteriormente ha eliminado la publicación tras las denuncias de varios profesionales de la información.

El portal de noticias Cuestión Pública ha denunciado dicha lista, de la que formaba parte después de haber creado un 'hilo' en Twitter acerca del supuesto fraude electoral que se produjo en las elecciones de 2018 y que habrían propiciado la victoria del actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Si bien el Ejército eliminó la publicación tan pronto como Cuestión Pública se hizo eco de la misma, el portal de noticias tuvo tiempo de recopilar una serie de nombres de periodistas, partidos y políticos, así como asociaciones campesinas que habían sido también señalados por los militares como "oposición".

Entre ellos, figuraban figuras de la política nacional como los senadores de izquierdas como Aída Avella, de Unión Patriótica; el que fuera candidato presidencial en 2018 Gustavo Petro; Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes; e Iván Cepeda, del Polo Democrático.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la formación política de la extinta guerrilla, así como varios de sus dirigentes, entre ellos Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo'; Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'; o Pastor Alape, también hacen parte de esa lista.

Según Cuestión Pública, dicho registro estaba formado por una treintena de cuentas, entre las cuales también estaba la de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la de varias organizaciones campesinas; la del director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco; así como la de periodistas de medios de comunicación como la revista 'Semana' o la emisora Caracol Radio, entre otros.

El Ejército reconoce el "desacierto"

Tras la polémica suscitada por la lista, ya que la Constitución colombiana refleja en su artículo 219 límites a la intervención de los militares en asuntos políticos, el Ejército ha lanzado un comunicado reconociendo que "se erró en la utilización del término" y que desde la institución ya se ordenó "iniciar la indagación disciplinaria correspondiente".

El Ejército colombiano ha admitido que "la denominación que se destinó fue un desacierto y una falta de criterio absoluto" del administrador de su cuenta de Twitter y ha explicado que el único objetivo era "informarse acerca de contenidos ya públicos, sin ningún otro fin".

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha dimitido este miércoles tras la polémica por una operación contra la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 2 de septiembre en la región de Caquetá, donde murieron ocho menores.

En un escueto comunicado, el ministro ha presentado su renuncia, que ha tenido lugar ante la fuerte presión ejercida por el Congreso y después de ser sometido a acusaciones por haber ocultado presuntamente la muerte de los menores, según ha informado el diario local El Tiempo.

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República (Iván Duque) para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de Ministro de Defensa Nacional", ha manifestado.

"Doy fe de su talante, liderazgo y entrega para realizar una gestión en beneficio de todos los colombianos", ha señalado Botero en relación con el presidente Duque, con el que ha mantenido un encuentro.

Botero, un empresario de 71 años, ocupaba el cargo de Ministro de Defensa desde agosto de 2018 y era responsable del manejo de la seguridad del país, incluida la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales.

Según había asegurado el ministro de Defensa, "cuando esta operación se hizo no se conocía la presencia de menores". "Se revisó la legislación y los abogados conceptuaron positivamente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y como tal se podía bombardear el sitio", justificó antes de insistir en que "todas estas operaciones tienen control judicial".

Iván Márquez, el que fuera negociador jefe de las FARC en las conversaciones de paz y que se encontraba en paradero desconocido desde hace un año, ha reaparecido este jueves en un vídeo junto a otros dirigentes de la antigua guerrilla para anunciar "una nueva etapa de lucha para el despertar de las conciencias".

En el manifiesto, de 32 minutos de duración y difundido en YouTube, Márquez ha anunciado la creación de una nueva guerrilla, que toma el nombre y los símbolos de las FARC y aglutinaría en esencia a la disidencia de la guerrilla por lo que se desprende de la grabación, para luchar contra "la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana" que pusieron fin a cinco décadas de lucha armada.

Asimismo, ha adelantado que el nuevo grupo armado buscará "coordinar esfuerzos" con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), principal guerrilla en el país, y "con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas".

Márquez, que habla desde algún lugar de la selva colombiana, ha justificado el paso porque tras el acuerdo de paz y "el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada" no han cesado las muertes. "En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los exguerrilleros muertos en medio de la indolencia e indiferencia del Estado", ha denunciado, según informa el diario El Espectador.

"Todo esto, la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte", ha añadido.

"La lucha continúa"

"Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas", ha aseverado, prometiendo que Colombia conocerá "una nueva modalidad operativa" y que solo responderán "a la ofensiva".

En este sentido, ha prometido que abandonarán los secuestros con fines económicos pero buscarán "el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas".

También ha tenido palabras de crítica hacia el expresidente Juan Manuel Santos, promotor del acuerdo y que le valió el Nobel de la Paz, acusándole de no haber hecho nada para evitar que se hiciera "trizas" el acuerdo.

"Tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos de mejoramiento de vida en el campo han quedado por ahora en el olvido", ha denunciado, acusando a Santos de no hacer nada para "impedir el hundimiento de la reforma política en el Congreso, sabiendo que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para la paz".

Márquez aparece arropado en el mensaje por otros dirigentes de las FARC que se habían alejado del proceso de paz, incluido Jesús Santrich, quien había desaparecido el pasado 30 de junio de un espacio territorial de capacitación y reincorporación de los antiguos guerrilleros. Precisamente, al final de la grabación, Santrich toma la palabra para gritar "viva las FARC-EP", el nombre de la guerrilla.

Rodrigo Londoño se desmarca

El antiguo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', se ha apresurado a desmarcarse del paso dado por sus antiguos compañeros. "Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran, estamos con la paz", ha escrito en su Twitter.

Según el líder del partido de la FARC, el fundador de las FARC, Manuel Marulanda, enseñó a la guerrilla a "cumplir la palabra". "Nuestra palabra hoy es la paz y la reconciliación", ha añadido, insistiendo en que "a pesar de los obstáculos y dificultades, estamos convencidos que el camino de la paz es el acertado".

El nuevo Congreso de Colombia quedará constituido este viernes, con la toma de posesión de los representantes y senadores elegidos en los comicios del pasado 11 de marzo, entre los que por primera vez se encuentran miembros de la antigua guerrilla de las FARC, como parte del acuerdo de paz.

El partido político surgido del exgrupo armado, bautizado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para mantener las mismas siglas, compitió en dichas elecciones pero no logró el umbral mínimo de votos para irrumpir en el Congreso por mérito propios, por lo que solo tiene los cincos escaños que el Acuerdo de Paz le da en cada cámara.

Los congresistas designados de la FARC han sido los primeros en acudir al Congreso para recoger sus actas de representantes y senadores, un gesto que realizarán a lo largo de la jornada todos los parlamentarios electos hasta que la sede legislativa quede constituida.

En principio, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez debían ocupar los cinco curules del Senado y Jesus Santrich, Byron Yepes, Jairo Quintero, Marco Calarcá y Olmedo Ruiz debían ir a la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Santrich fue detenido en abril en Bogotá petición de Estados Unidos acusado de continuar con el tráfico de drogas tras la firma del Acuerdo de Paz, lo que le impide tomar posesión de su escaño, mientras que Márquez anunció poco después que abandonaría su asiento en el Senado en solidaridad con su antiguo compañero de lucha.

La FARC han decidido dejar vacío el escaño de Santrich en la Cámara de Representantes, pero el de Márquez en el Senado ha sido ocupado por Benkos Biohó, según informa la prensa colombiana. Su falta de experiencia en política ha obligado a los diez nuevos parlamentarios a hacer un curso exprés sobre "técnica legislativa y acción parlamentaria" que concluyeron in extremis el miércoles, según informó en Twitter Pablo Catatumbo.

La Bancada de la Esperanza, como han decidido llamar a su grupo parlamentario, "trabajará por la consolidación de la paz, la ampliación de la democracia y la defensa de la vida y los Derechos Humanos", ha anunciado el nuevo senador en dicha red social.

Es la primera vez que ex guerrilleros de las FARC tienen representación política, gracias al Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016. Sin embargo, los textos de La Habana solo les garantizan al menos estos diez escaños en las elecciones legislativas de 2018 y 2022. A partir de ese momento, dependerán de sus votos.

La FARC se enfrentarán a un Congreso donde el futuro Gobierno de Iván Duque, que comenzará su andadura el próximo 7 de agosto cuando dé el relevo a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, tendrá mayoría por la suma de Centro Democrático y el Partido Conservador, que forman su plataforma electoral, y las nuevas alianzas forjadas estos meses.

El nuevo Congreso tiene ante sí el reto de continuar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, así como de operar los cambios que proponga el Gobierno de Duque, quien ya avanzó durante la campaña electoral que modificaría el documento original en aspectos clave como la justicia transicional o la participación política.

Los cadáveres de los dos periodistas y el conductor del diario ecuatoriano El Comercio han llegado este miércoles a Ecuador procedentes de Colombia. Fue en el país vecino donde fueron encontrados e identificados, meses después de que las víctimas fueran secuestradas y asesinadas por disidentes de las FARC en la frontera común.

El avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que los trasladaba ha aterrizado a las 9.50 de la mañana en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, una hora después de partir de la ciudad colombiana de Cali. Ha sido recibido con un arco de agua en honor a los tres trabajadores de El Comercio.

En el Mariscal de Sucre se encontraban los ministros de Exteriores, José Valencia, e Interior, Mauro Toscanini, y la viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, que han dado una breve rueda de prensa para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas.

Los féretros, cubiertos con banderas ecuatorianas, han sido trasladados a una funeraria de Quito en medio de una caravana en la que familiares y amigos han mostrado fotografías y pancartas en honor a los dos periodistas y al conductor.

En las próximas horas está previsto que se instale una capilla ardiente para la familia, si bien el jueves habrá una de carácter público en la iglesia La Dolorosa, según informa El Comercio.

Secuestro y asesinato

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sufrido varios ataques de disidentes de las FARC.

El Frente Oliver Sinisterra, formado por disidentes de las FARC liderados por alias 'Guacho', reivindicó el secuestro y posteriormente atribuyó la muerte del equipo de El Comercio a las operaciones de rescate de las fuerzas ecuatorianas.

Los cadáveres estaban en poder del Frente Oliver Sinisterra, que se negó a entregarlos si el Estado ecuatoriano no cumplía sus demandas, que pasaban por suspender los acuerdos de seguridad en la frontera con Colombia. Fueron encontrados el 21 de junio en la ciudad colombiana de Tumaco y el pasado lunes se confirmó su identidad.

En respuesta a este crimen, el presidente, Lenín Moreno, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron reforzar la seguridad en la línea limítrofe y dar caza a 'Guacho' y sus hombres, señalándoles como "objetivo de alto valor militar" y ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares.

Sin embargo, el 17 de abril, apenas un mes después, el Frente Oliver Sinisterra anunciaba el secuestro de otras personas en la frontera entre ambos países, un caso que sigue sin resolverse.

Un año sin las FARC en Colombia

Hace un año se celebró el acto oficial de desarme de las FARC, tras un proceso de meses en el que los miles de integrantes de la guerrilla abandonaron sus escondites en la selva para dar el paso a la vida civil.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha destacado este miércoles los beneficios del primer año sin armas de la extinta guerrilla de las FARC, gracias al acuerdo de paz firmado en 2016. "En #UnAñoSinArmas", ha escrito en Twitter, Colombia ha vivido "las elecciones más pacíficas de la historia" y ha registrado "la tasa de homicidios más baja en 40 años".

Desde su desmovilización y desarme, las FARC se han convertido en partido político –la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común– y han participado en unas elecciones legislativas, aunque con escaso éxito.

Los ministerios de Exteriores y Defensa de Colombia han confirmado este lunes en un comunicado conjunto que los tres cadáveres hallados en la ciudad colombiana de Tumaco pertenecen a los dos periodistas y al conductor del diario ecuatoriano El ComercioEl Comercioque fueron secuestrados y asesinados en la frontera común por disidentes de las FARC.

Los departamentos que dirigen María Ángela Holguín y Luis Carlos Villegas han anunciado "la confirmación de que estos (cadáveres) pertenecen a los ciudadanos ecuatorianos Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra". "Serán entregados a las autoridades ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo desde Cali para tal efecto", han indicado.

Los cuerpos fueron encontrados el 21 de junio en Tumaco, tras lo cual fueron trasladados a Cali para su identificación.

Manifestación en rechazo al asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio con Colombia: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra en Quito (Ecuador). | EFE

Holguín se aventuró a anunciar el pasado viernes que los cadáveres correspondían a los empleados del periódico quiteño, a pesar de que aún no habían concluido las pesquisas forenses.

El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, emitió un comunicado en el que calificó de "muy penoso" que las familias de las víctimas tuvieran que enterarse por la prensa de "noticias aún no definitivas".

Secuestro y asesinato

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia, que en los últimos meses ha sufrido varios ataques de disidentes de las FARC.

El Frente Oliver Sinisterra, formado por disidentes de las FARC liderados por alias GuachoGuacho, reivindicó el secuestro y posteriormente atribuyó la muerte del equipo de El Comercio a las operaciones de rescate de las fuerzas ecuatorianas.

En respuesta a este crimen, el presidente, Lenín Moreno, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron reforzar la seguridad en la línea limítrofe y dar caza a GuachoGuacho y sus hombres, señalándoles como "objetivo de alto valor militar" y ofreciendo una recompensa de 100.000 dólares.

Sin embargo, el 17 de abril, apenas un mes después, el Frente Oliver Sinisterra anunciaba el secuestro de otras personas en la frontera entre ambos países, un caso que sigue sin resolverse.

Los cultivos de hoja de coca en Colombia suponían a finales de 2017 unas 180.000 hectáreas, según las cifras desveladas por el Gobierno de Juan Manuel Santos y recogidas por Europa Press. De esta forma, el presidente reconoce un nivel de cultivos sin precedentes en casi dos décadas.

La extensión cultivada con la materia prima de la cocaína subió drásticamete entre 2013 y 2016, en parte por el interés de los campesinos en beneficiarse de las ayudas económicas contempladas en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El pacto planteaba pagos a cambio de la erradicación de cultivos ilegales y del desarrollo de otros proyectos.

"Partimos de la base de que tenemos 180.000 hectáreas y la meta para el año 2023 son 90.000 hectáreas", explicó ante los periodistas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. La cifra representa un incremento de más del 23% respecto a las 146.000 hectáreas de 2016, según un informe de la ONU aceptado por las autoridades colombianas.

Villegas aclaró que, para reducir el área cultivada de coca a la mitad en los próximos cinco años, se contempla erradicar anualmente 70.000 hectáreas con la ayuda de vehículos tácticos y drones que fumigarán las plantaciones. El plan cuenta con la ayuda de Estados Unidos, cuya agencia antidrogas (DEA) ya establecía en 188.000 las hectáreas cultivadas a cierre de 2016.

Los colombianos votan este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Es improbable que alguno de los ocho candidatos que compiten se proclame ganador, por lo que en realidad estos comicios servirán para filtrar a los dos aspirantes que realmente lucharán por la Casa de Nariño el 17 de junio, enfrentando visiones sobre el acuerdo de paz con las FARC, tema central de la campaña.

Más de 36 millones de colombianos están llamados a las urnas este 27 de mayo, a los que se suman otros 819.398 residentes en el extranjero que llevan votando desde el lunes, para elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, aunque solo para los próximos cuatro años, ya que la reelección presidencial instaurada en 2010 por el exmandatario Álvaro Uribe fue derogada en 2015.

Ocho candidatos aspiran a recoger el testigo de Santos, entre ellos destacados políticos como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras o el jefe negociador del Gobierno en el diálogo de paz con las FARC, Humberto de la Calle. En esta exclusiva lista figuraba también el líder de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, pero en marzo tuvo que renunciar a sus aspiraciones presidenciales por su frágil salud.

Los que verdaderamente tienen opciones de alzarse con la victoria son Iván Duque, candidato de la suma conservadora integrada por Centro Democrático –partido fundado por Uribe– y el conservadurismo del exmandatario Andrés Pastrana, y Gustavo Petro, que abandera la Coalición Colombia Humana, alianza izquierdista formada por cinco partidos, incluido Unión Patriótica.

Petro comenzó ganando la carrera presidencial en un escenario en el que todavía no se habían definido todas las candidaturas. Sin embargo, en estos meses ha ido cediendo terreno ante Duque, que ahora se sitúa en cabeza, con un 40% de las preferencias y diez puntos de ventaja sobre el ex alcalde de Bogotá.

Estos números vaticinan que ninguno conseguirá la llave de Nariño en primera vuelta, para lo cual necesitarían obtener al menos el 50% de los votos más uno, y que el nombre del nuevo presidente se decidirá en el balotaje previsto para el mes que viene en un cara a cara que, previsiblemente, protagonizarán Petro y Duque.

La única sorpresa podría llegar de la mano de Sergio Fajardo, un profesor universitario que hace una década se estrenó en política para transformar Medellín dejando atrás el estigma de Pablo Escobar. El abanderado de la Coalición Colombia, formada por la izquierda clásica de Polo Democrático y el Partido Verde, se situaría alrededor del 10%, si bien podría arañar el voto centrista a uno y otro lado.

Una Colombia en paz

La gran novedad de estos comicios es que por primera vez en más de medio siglo los colombianos elegirán a su presidente en paz, gracias al acuerdo firmado en 2016 por el Gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, otrora la primera guerrilla del país.

Los textos de La Habana, negociados durante cuatro años, han permitido reconvertir al grupo armado en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y han despejado el camino para que la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmerso en su propio diálogo con el Gobierno, obre la "paz completa" soñada por Santos.

Paradójicamente, la firma de la paz ha traído consigo un nivel "endémico" de violencia, en palabras de Naciones Unidas, por la guerra que se ha desatado entre los grupos armados supervivientes –disidentes de las FARC, el ELN, cárteles o paramilitares– por el control de los antiguos territorios y (lucrativos) negocios de las FARC.

En estos dos años, cerca de 300 líderes sociales y activistas, así como 50 exguerrilleros de las FARC, han sido asesinados, según datos del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía. En respuesta, el Gobierno ha puesto en marcha un operativo de seguridad para este domingo dotado de 155.000 efectivos, entre policías y militares. "Se han dado todas las garantías", ha sostenido Santos.

Segundo referéndum

La paz es sin duda el eje central de la campaña. Duque, un prestigioso economista que regresó a Colombia hace solo cuatro años tras una estelar carrera en Estados Unidos, ha hecho de la oposición al acuerdo entre Gobierno y FARC su seña de identidad, ya que los demás aspirantes lo defienden sin ambages.

El acuerdo ha sido aplaudido por la comunidad internacional –Santos fue galardonado con el Nobel de la Paz–, pero no goza de tal popularidad en Colombia. Cincuenta y dos años de guerra y ocho millones de víctimas después, la mayoría personas desaparecidas a las que aún se busca, han marcado la psique nacional.

El referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016 sobre el acuerdo de paz fue la primera prueba. El no, impulsado exclusivamente por Uribe y Pastrana, se impuso aunque exiguamente (50,21%) obligando a Gobierno y FARC a idear una nueva forma de ratificación que pasó por el Congreso un par de meses después.

El exitoso resultado de los expresidentes se ha materializado en la coalición conservadora que representa Duque. Ha prometido modificar el actual acuerdo de paz para eliminar la justicia transicional, que contempla sanciones más beneficiosas que la justicia ordinaria para quienes aporten verdad y sitúa al mismo nivel a guerrilleros, agentes estatales y terceros civiles (eufemismo de empresarios) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

En las antípodas de Duque, si bien con distinta intensidad, se encuentran los otros siete candidatos. Petro, exguerrillero del M-19 que se define como hijo político de la paz, no solo ha prometido preservar el acuerdo con las FARC, sino que pretende dar continuidad al legado pacificador de Santos persuadiendo al ELN de que abandone las armas.

Desde el Gobierno saliente, por su parte, reprochan al uribismo –que ha logrado escorar a Pastrana– su discurso demagógico. Santos explicaba en una reciente entrevista a Europa Press que el acuerdo de paz está blindado por la Corte Constitucional durante al menos tres mandatos. "Nadie lo va a echar atrás", sentenció.

La gran oportunidad de la izquierda

La casi certeza de que el 17 de junio habrá que sacar las urnas de nuevo dibuja un cuadro político completamente distinto. El duelo entre Duque y Petro podría concitar el voto del sí a la paz en torno al autor de la Lista de la Decencia y conceder a la izquierda colombiana su primer gobierno.

La trágica historia de la izquierda en Colombia arranca con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenando el baño de sangre de El Bogotazo y el oscuro periodo de La Violencia. A la de Gaitán siguió la muerte de numerosos dirigentes y el exterminio del partido político surgido del M-19.

Petro tiene ahora la oportunidad de conquistar el poder para la izquierda. Uribe ya rompió en su momento la inercia turnista entre liberales y conservadores con su tercera vía por la derecha y el jefe de Colombia Humana tendrá que marcar un nuevo hito para ampliar el espectro político hacia el otro extremo.

Pesa en su contra la asociación que tradicionalmente han hecho los colombianos entre izquierda y guerrillas y la vinculación que Duque ha tratado de establecer entre Petro y el castro-chavismo –"Vota para que Colombia no sea otra Venezuela", reza un cartel electoral de Centro Democrático–.

El reto está servido, pese a que solo será un aperitivo de la verdadera batalla. Serán "las mejores elecciones de nuestra historia", ha afirmado Santos. Queda ver por qué derroteros transita la Colombia post FARC.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha admitido este domingo durante una entrevista a la cadena de televisión CNN que los periodistas ecuatorianos de el diario El Comercio fueron asesinados en territorio colombiano.

El dirigente, que ha señalado que el equipo periodístico fue capturado en Ecuador y posteriormente trasladado a Colombia, ha asegurado que los periodistas fueron secuestrados por disidentes de las extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos ha lamentado lo que ha tildado como un "coletazo" de los más de 50 años de conflicto con las FARC en Colombia y ha aseverado que es "normal" que haya un porcentaje de excombatientes que continúe incurriendo en delitos una vez puesto en marcha el proceso de paz.

"Sabíamos que el narcotráfico iba a tirar de los excombatienes", ha indicado el presidente colombiano, que ha insistido en que continúa en permanente comunicación con su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, para cooperar y dar con los responsables.

"Hay que tener objetivos claros, colaborar para obtener justicia y castigar a los responsables como se merece", ha continuado, según ha recogido el diario local El Espectador.

Este mismo domingo, las autoridades de Ecuador han confirmado la detención de 43 personas vinculadas al grupo armado ilegal colombiano responsable del secuestro y asesinato de dos periodistas y su conductor ecuatorianos en la frontera entre ambos países.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha instalado un equipo forense en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, ante la posibilidad de que los cuerpos de los periodistas sean entregados por los disidentes, según ha informado el vicepresidente del país, Óscar Naranjo.

Asimismo, Naranjo ha indicado que "Colombia cuenta con todas las capacidades" para ello y ha señalado que "en la sede de Tumaco se apoyará el proceso" de identificación de los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que fueron capturados el 26 de marzo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas cuando realizaban un reportaje sobre la situación en la frontera con Colombia.

Según las investigaciones, las víctimas murieron tras recibir varios disparos cuando se encontraban secuestrados, periodo en el que fueron encadenados. El ministro del Interior, César Navas, ha explicado este domingo que las autoridades aún no han encontrado los cuerpos ni saben dónde se encuentran.

En este sentido, el mandatario ha indicado que se están coordinando todas las acciones para recuperar los cadáveres lo antes posible.

La antigua guerrilla de las FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha cerrado su primera participación electoral tras la firma del acuerdo de paz en 2016 con varias decenas de miles de votos que apenas representan unas décimas del porcentaje total. Sin embargo, tiene garantizados diez escaños, cinco por cada Cámara.

"Nuestra primera participación en las urnas nos llena de orgullo y nos fortalece en la construcción de la Colombia Nueva, la Paz y el buen vivir", ha celebrado la FARC en su cuenta de Twitter, desde donde ha dado las gracias por el apoyo y ha abogado por "una nueva forma de hacer política".

A falta de que se concluya definitivamente el recuento, el Consejo Nacional Electoral concede a la antigua guerrilla en torno al 0,34% de los votos en los comicios para el Senado y alrededor del 0,22% en los del Congreso. En número de votos, se traduciría en algo más de 85.000, según medios locales.

El porcentaje alcanzado dejaría teóricamente fuera a la FARC del Congreso colombiano, pero el acuerdo de paz le garantizaba cinco representantes en cada una de las dos Cámaras. Así, aunque dirigentes de la desaparecida guerrilla llegaron a apuntar más alto y a soñar incluso con dar la sorpresa, finalmente el grupo se tendrá que conformar con un total de diez.

En el Senado se incorporarán como representantes de la FARC Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe del equipo negociador que selló el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo; Judith Simanca, Victoria Sandino; Julián Gallo Cubillos, Antonio Lozada. La lista la completa Criselda Lobo Silva, Sandra Ramírez, viuda del fundador de las FARC, Manuel Marulanda.

Por otra parte, a la Cámara de Representantes se incorporarán Jairo González Mora, Byron Yepes; Jairo Quintero; Seusis Pausivas Hernández; Luis Alberto Albán, Marco León Calarcá; y Olmedo Ruiz, informa la emisora RCN.

Votos emocionados

Al margen de las cifras, los exguerrilleros que participaron en la votación del domingo se esforzaron en destacar lo histórico de una cita inédita desde hace tres décadas. En 1986, la guerrilla participó dentro de la plataforma política Unión Patriótica (UP), que surgió coincidiendo con los diálogos de paz con el Gobierno de Belisario Betancur.

"Tantos años han transcurrido desde que voté por la Unión Patriótica, cuando fui representante a la Cámara", declaró Iván Márquez, visiblemente emocionado, al depositar su voto. "No pensé que esto se fuera a dar tan pronto. Debemos reconocer que esto se da gracias al acuerdo de paz en La Habana, del que esperamos que todos los colombianos tomen conciencia de su significado", añadió.

También Pablo Catatumbo destacó la importancia de la cita y prometió a "los humildes, los trabajadores del campo y la ciudad, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, hombres y mujeres del común" que no les fallarían. "Tengan la certeza de que nosotros no les fallaremos. Que sus voces y reivindicaciones se escucharán y se sentirán con fuerza en el Congreso de la República", proclamó.

Las redes sociales han servido también de altavoz de esta satisfacción generalizada y a través de ellas los miembros del Consejo Político Nacional del nuevo partido, antes integrantes del Secretariado de las FARC, han difundido imágenes de la jornada y mensajes de aliento.

La ausencia de Timochenko

Las elecciones parlamentarias estaban llamadas a ser el primer paso en un año electoral que también tendrá otra cita en mayo y junio con los comicios presidenciales. Sin embargo, la FARC ha optado por no presentar candidato a este segundo proceso tras la retirada de su abanderado, Rodrigo Londoño, alias Timockenko.

El antiguo líder de las FARC fue dado de alta el domingo en la clínica de Bogotá donde permanecía internado, cuatro días después de someterse a una cirugía cardiaca, según informaron tanto el centro médico como el propio aludido. "!Ya nos dieron el alta médica! Ahora con un tintico y desde este bello atardecer seguimos acompañando los resultados", ha celebrado Timochenko en su cuenta de Twitter, donde también ha compartido una fotografía.

Colombia celebra este domingo las primeras elecciones en las que podrán participar las FARC, convertidas ya en partido político por al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de unos comicios a la Cámara de Representantes y al Senado que configurarán el Congreso con el que tendrá que lidiar el próximo inquilino de la Casa de Nariño y que, de facto, ejercerán de primera vuelta de las presidenciales, informa Europa Press.

En esta ocasión, el color político que adopte el nuevo Parlamento será, si cabe, aún más relevante que en años anteriores. Santos abandonará el cargo el próximo agosto dejando huérfano un proceso de paz que, sin su tutela, quedará a merced de una sede legislativa que tiene como principal tarea hacer realidad cada una de las medidas pactadas en La Habana.

Hasta ahora, el Gobierno logró sacar adelante algunos de los puntos más controvertidos del acuerdo de paz, como la ley de amnistía o la justicia transicional, gracias a la amplia base parlamentaria con la que cuenta Santos, con el Partido de la Unidad Nacional (Partido de la U) y sus aliados.

Esta mayoría ha encontrado, sin embargo, el freno de un creciente escepticismo respecto a la paz diseñada por el Ejecutivo y las FARC que ha estado liderado por el Centro Democrático (CD), el partido fundado por el ex presidente Álvaro Uribe para hacer oposición al que fuera su delfín político.

Las encuestas auguran que la Unidad que catapultó a Uribe y a Santos a la Presidencia de la República sufrirá este 11 de marzo y aspirará tan solo a mantener los 21 senadores y 37 representantes que suma actualmente, a favor del partido Cambio Radical, del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y del CD, con el ex presidente como primer espada.

Aguantan el tipo los partidos Conservador –cuyo referente es el ex presidente Andrés Pastrana–, a pesar de la salida de destacadas figuras como Martha Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, que compiten por Nariño; y el Liberal, con el ex presidente César Gaviria y el jefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, también en la carrera presidencial, como activos.

La izquierda colombiana, por su parte, está en la cuerda floja. Polo Democrático (PD) y Alianza Verde pugnan por conquistar el umbral para seguir en el Congreso (unos 400.000 votos), lo que supone que históricos como Iván Cepeda o Antanas Mockus podrían perder sus escaños; mientras que la Lista de la Decencia diseñada por Gustavo Petro, ex PD, tampoco lo tendrá fácil.

Puesta de largo de las FARC

La antigua guerrilla, rebautizada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, se estrena en las urnas, lo cual ya constituye todo un logro por sí mismo, aunque lo hace con escasas probabilidades de éxito, de acuerdo con los sondeos sobre intención de voto.

Las FARC se presentan con listas integradas por ex combatientes, miembros de Voces de Paz –representación civil que les ha servido de portavoz en el Congreso estos dos años para asuntos relacionados con los textos de La Habana– y líderes sociales. Destaca el que fuera número dos del grupo armado, Iván Márquez, que encabeza la lista para el Senado.

En realidad, el nuevo partido concurre sin presión a la contienda electoral porque el acuerdo de paz le garantiza un mínimo de cinco escaños en cada cámara durante dos legislaturas y, precisamente por ello, el verdadero triunfo de las FARC sería sumar más senadores y representantes con sus propios votos.

Los ex insurgentes esperan pescar en los caladeros de voto de las zonas rurales que han controlado durante el conflicto armado, donde por momentos han sido la única autoridad presente. Apelan a "la gente del común" y enarbolan la bandera de "la justicia social".

Sin embargo, su campaña no ha tenido buena acogida. Muchos en Colombia aún vinculan este nombre con más de medio siglo de guerra y ocho millones de víctimas. Y tampoco ayuda el hecho de que entre los candidatos se hayan colado miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano ejecutivo de la guerrilla.

Así, las FARC anunciaban el 9 de febrero la suspensión de su campaña a causa de una serie de ataques contra candidatos y simpatizantes. Como telón de fondo, la ola de violencia desatada por la lucha entre grupos rivales para ocupar el vacío dejado por las FARC y por la caza a ex guerrilleroscaza protagonizada por facciones de extrema derecha.

La batalla por el Congreso será la única que darán las FARC este año, debido a su inesperada retirada de la lucha por el trono de Nariño a causa de los recurrentes problemas de salud de su líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que ha sufrido un nuevo episodio cardiaco y ha tenido que ser operado.

Los indignados colombianos

Al margen de las grandes siglas, entre los cerca de 3.000 colombianos que aspiran a ocupar un escaño en alguna de las dos cámaras durante los próximos cuatro años hay una multitud de candidatos independientes y de recién llegados que han dado al traste con el orden clásico de partidos políticos.

Petro, por ejemplo, ha contado para su lista con el narco escritor Gustavo Bolívar –autor de Sin tetas no hay paraíso–, un ex drogadicto del Bronx bogotano, un hincha del Santa Fe, un bajista de la banda de rock Doctor Krápula y una activista transexual. Por su cuenta, compiten asimismo reinas de la belleza y la primera víctima de un ataque con ácido en Colombia.

Estos nuevos personajes han desplazado el foco de interés desde el proceso de paz, pilar de la campaña para los partidos tradicionales, a otras preocupaciones de la sociedad colombiana. Destaca el creciente hartazgo por la corrupción, hasta el punto de que las autoridades electorales han tenido que desmentir un referéndum anticorrupción.

A pesar de la fuerte contestación social a las llamadas mermeladas (sobornos) las sagas cuestionadas se resisten a ceder el puesto. Por ejemplo, Musa Besaile y Bernardo Noño Elías, algunos de los congresistas más votados en 2014, están ahora en la cárcel, pero sus hermanos les guardan el asiento.

Primera vuelta

Las elecciones legislativas en Colombia suelen servir como termómetro de las presidenciales, que se celebran a dos vueltas unos meses después. Este año no hay duda de que constituyen una auténtica tercera vuelta, ya que el mismo 11 de marzo se dirimirán también las primarias en las coaliciones de derecha e izquierda.

Los votantes izquierdistas están llamados a elegir entre Gustavo Petro o Carlos Caicedo. La pugna interna en la siniestra colombiana no tiene mucho misterio porque la mayoría de las mediciones apuestan por Petro, ex combatiente de la extinta guerrilla del M-19 y ex alcalde de Bogotá, que además figura como favorito para suceder a Santos.

En cambio, por la derecha parece más difícil despejar la incógnita del candidato presidencial. Iván Duque, apadrinado por Uribe, partiría con ventaja, pero la cercanía de Martha Lucía Ramírez, respaldada por Pastrana, no le permite acomodarse en el liderato. El único que parece descartado es el ex procurador general Alejandro Ordóñez.

Petro y Duque serían los elegidos para batirse en la segunda vuelta a la que, con toda probabilidad, dará lugar la primera tentativa, prevista para el 27 de mayo. Con visiones antagónicas, determinarán el futuro del proceso de paz constreñidos en mayor o menor medida por un Congreso que, en cualquier caso, marcará el ritmo al nuevo presidente.

El pasado 29 de enero Juan Manuel Santos suspendió el quinto ciclo de negociaciones con la guerrilla tras los atentados que costaron la vida a siete policías. El presidente de Colombia oficializó la paralización de las conversaciones con el bombardeo de un campamento cercano a comunidades indígenas en el Chocó con el coste de tres elenos muertos.

No faltan generalmente desde las ciudades, con procesos electorales cercanos las voces que piden una ofensiva para aplastar al ELN. Siempre generalmente en los lugares que menos padecen la violencia política en Colombia. Lo reflejó el plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016, en el que se impuso el no con un 63 por ciento de abstención.  Sobran ejemplos en la literatura. El cadáver insepulto, de Arturo Álape; Crónicas de guerra, de Juanita León; o La Tormenta, de Germán Castro Caycedo cuentan con crudeza el periodo anterior en el que las FARC armadas poblaban los montes, así como los relatos de víctimas y victimarios.

“No sé si habrán muerto todos los hijos de mis enemigos, aunque los paramilitares, como ha sucedido desde el Imperio Romano, tienen una manera de operar que puede ser cruel, pero que para mí es válida: si eliminas al padre hay que hacer lo mismo con el hijo. De lo contrario, este te matará más tarde a ti mismo”.  El libro de Castro Caycedo recoge tal aseveración, expresada por una mujer adinerada que contrató los servicios de los paramilitares con el objetivo de liberar a su hermano secuestrado por las FARC.

Expresiones muy presentes en la presidencia de Álvaro Uribe  entre los defensores de la militarización del país a través Política de Seguridad Democrática. Y no digamos entre los más arduos admiradores del ex presidente.  Quien no derrotó a las FARC, ni tampoco al ELN por la fuerza; como tampoco lo hará Juan Manuel Santos, ni quien lo sucederá. Para muestra los acontecimientos del siglo pasado que recogen publicaciones como Breve historia del conflicto armado en Colombia, de Jerónimo Ríos Sierra.

Lecciones del pasado

La guerra de los 1.000 días causó un millar de muertes entre 1899 y 1902 en un país de tres millones llamado Colombia. Hasta 1930 la patria de García Márquez no presentaba  niveles de violencia inferiores a las regiones vecinas.

Luego llegó La violencia. Etapa definida como para Erik Hobsbawm como el mayor periodo de movilización de campesinos, guerrilleros, grupos armados de autodefensa en la historia contemporánea del hemisferio occidental. El asesinato a Jorge Eliecer Gaitán en 1948 inauguró los enfrentamientos armados entre conservadores y liberales. En el campo se mataban los simpatizantes de uno y otro partido mientras los grandes propietarios, y hombres de negocio, liberales y conservadores disfrutaban de la vida tranquila en las ciudades.

Los levantamientos armados movilizaron a 20.000 personas el año que llegó a la presidencia el Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Cuatro años después, terminó el periodo del general, con el triste balance de  800.000 desplazados y 180.000 muertos desde 1947.

En 1964 las muertes por violencia política superaron las 200.000, en su mayoría civiles, y surgió el ELN. Grupo armado fundamentalmente campesino, con cuadros proceden de la Universidad Industrial de Santander, y cuyos principios los recoge el  Manifiesto de Simacota -combinación de marxismo-leninismo, guevarismo y teología de la liberación- con el mártir  Camilo Torres, sacerdote, y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia como mayor símbolo.

Misael Pastrana  intentó con 33.000 militares terminar con el ELN: no lo consiguió. Aunque  la operación Anorí terminara con las vida de Manuel y Antonio Vásquez Castaño, y diezmara a la guerrilla. De 250 guerrilleros pasaron a contar con 70.

El Cura Pérez durante los años 80 logró centralizar el mando guerrillero, y quintuplicar las tropas entre 1983 y 1986.  Bajo su liderazgo carismático el ELN se fusionó con el PRT y el MIR-Patria Libre, y dio surgimiento a la Unión Camelista-Ejército de Liberación Nacional.

La década de los 90 se suceden los acuerdos de Cravo Norte,  los diálogos de Tlaxcala, el acuerdo de Puerta del Cielo y el acuerdo del Palacio de Viana.

Cuarto de siglo después de la operación Anorí murió el Cura Pérez, para entonces el ELN contaba con 5.000 efectivos. Aumentar el gasto en defensa no doblegó a la guerrilla. Si en 1997 llegaba al 3,6% del PIB; cinco años después alcanzaba el 4,4%.  Entre 2002 y 2010 la policía pasó de 110.000 a 160.000 efectivos; y las Fuerzas Militares de 203.000 a 270.000.

La intensificación de la guerra  trajo 15.000 violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario entre 2002 y y 2010. Más de 10.000 de ellas cometidas por paramilitares y Ejército según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Y aunque los secuestros de las guerrillas bajan en este periodo, se contaban por cientos al año.

Lecciones del presente, y retos del futuro

El paro armado de 10, 11, 12 y 13 de febrero ha demostrado que la guerrilla no fue aplastada ni en la guerra, ni en la tregua. Pese al tremendo error cometido, cuentan con más tiempo que Juan Manuel Santos. Y aunque la fiscalía haya ordenado la búsqueda y captura de la cúpula del ELN por el presunto asesinato de tres exguerrilleros de las FARC, así como el reclutamiento de  45 menores indígenas en Chocó: no es más que una dramática escenificación.

Ambos actores del conflicto seguirán con sus roles en forma de de acciones armadas antes  de reactivar la quinta sesión de las negociaciones antes o después de las elecciones.

“Sólo aquellos que nunca han experimentado una guerra la consideran dulce”, afirmó Erasmo de Rotterdam. Sólo unos pocos desean mandar a los hijos de los pobres a matarse con la indumentarias de distintos brazaletes hoy en día en Colombia. Más si tenemos en cuenta que se llegó tan lejos en una negociación entre el Gobierno y el ELN.  Y que pese a los más recientes tropiezos, los últimos tres meses de alto el fuego no se produjeron enfrentamientos entre guerrilla y ejército.

Tras el punto y aparte del acuerdo de paz, se abrirá otra historia para Colombia.  El nuevo país sin guerrillas deberá superar el triste registro de contar en su espacio territorial con las cifras más elevadas de desplazamiento interno en el mundo: 7.246.000 según el Consejo Noruego para los Refugiados. Un goteo sin cesar, pues sólo en 2016 sumaron 171.000 casos según la misma organización.

Los paramilitares tienen presencia en 344 municipios de 31 de los 32 departamentos del país según el Observatorio de Conflictos Unidad de Investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) les atribuyó en 2016: más de 80 ejecuciones extrajudiciales, 9 desapariciones forzadas y 12 casos de tortura. Las bandas criminales se cebaron con defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, y avanzan en la toma de los territorios que han abandonado las FARC.

Obstáculos demasiado altos pese a todo lo recorrido y, por supuesto, salvables. Si cómo nos enseñó Johan Galtung para pasar de los círculos viciosos, a los virtuosos hay que identificar tres problemas: los propios de la de la raíz subyacente del conflicto, los vinculados directamente con reconstrucción posterior a la violencia directa, y los asociados a la reconciliación de las partes del conflicto… Todos ellos están identificados en Colombia.

El postconflicto que afrontará la república suramericana correspondiente a la reconstrucción posterior al daño material, y la rehabilitación a las víctimas que  eliminen las causas que las provocaron, y evitar repetirlas… Costará más. Será después de las elecciones a la Cámara de representantes, el Senado; los comicios presidenciales, y la elección de quien dirija los designios de Colombia. Pero será y pasará porque el ELN y Gobierno volvieron previamente a las negociaciones.

Hace tres lustros se estrenó La pelota vasca, la piel contra la piedra. En el documental de Julio Medem, Bernardo Atxaga expresó: “La paz algún día se producirá, entonces la gente en vez de andar un poco sobre el suelo, andará a 20 centímetros. Levitará por el peso que nos quitaremos encima: ahora tenemos mucho peso sobre los  hombros”. Los colombianos no disfrutarán de un meteórico y estético como el de Remedios la Bella cuando la paz llegue. Aun así se dará, con políticas de Estado, palabras horrendas en los periodos electorales en 2018. Pero imprescindibles y hoy ausentes. ________________

 José Luis Torremocha Martín es socio de infoLibre.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes la retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas sin discusión previa, han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

Los Gobiernos europeos acordaron el 26 de septiembre de 2016 suspender durante seis meses las sanciones contra las FARC por formar parte de la lista de organizaciones terroristas después de que la guerrilla colombiana y el Gobierno de Bogotá sellaran un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que se cobró la vida de más de 220.000 personas en casi 50 años.

Los Veintiocho no retiraron formalmente a la guerrilla colombiana de la lista de organizaciones terroristas, algo que condicionaron al cumplimiento del acuerdo de paz y sobre todo a la verificación internacional de su desarme, algo que la ONU constató el 15 de septiembre pasado.

Tras este paso, los jefes de la diplomacia europea han aprobado este lunes sin discusión previa este lunes sacar a las FARC de la lista de organizaciones terroristas en la UE, en la que la guerrilla fue incluida en junio de 2002. La decisión que ya venía cerrada de antemano por los Veintiocho.

En las últimas horas se han publicado varios vídeos que demuestran la responsabilidad de la Policía en la muerte de ocho campesinos cocaleros. El material audiovisual desmiente la acusación de este crimen emitida por el presidente, Juan Manuel Santos, a un grupo guerrillero disidente o a bandas criminales. El incidente ocurrió el pasado jueves en Tumaco, departamento de Nariño.

En los vídeos obtenidos por Citynoticias y grabados por civiles se ve cómo varios policías y campesinos discuten sobre los cultivos de hoja de coca.

Un segundo vídeo muestra el momento exacto en que comienza el tiroteo.

Según varios cultivadores de coca que dijeron estar presentes en el momento de los hechos, un capitán de la Policía sacó su arma en medio del diálogo, y segundos después comenzaron los disparos. Por el momento, la Policía ha dicho que espera a que la Fiscalía concluya la investigación.

Tras el tiroteo, el Ejército se encargó de evacuar a los heridos. "De no haber sido por el Ejército aquí hubiese muerto mucha más gente", ha asegurado un poblador de la zona.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó este viernes a "bandas delictivas" de la masacre. El Ejército, a su vez, señaló al disidentes de las FARC alias 'Guacho' y su grupo por el lanzamiento de una granada de mano durante una operación para erradicar un campo de coca.

El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia ha cifrado este domingo en más de 60.000 los desaparecidos en el país en los últimos 45 años, afirmando que la mayoría de las desapariciones forzosas fueron responsabilidad de grupos paramilitares.

En su informe con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el organismo ha indicado que "las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales", según ha informado la emisora local Caracol Radio.

El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia ha indicado que, del total, sólo se conoce el paradero o estado de 8.122 de las víctimas, con un 46 % de los casos siendo responsabilidad de grupos paramilitares.

En segundo lugar figuran las guerrillas, con un 20 %, y actores no identificados, con un 16 %. A ello hay que sumar a grupos post desmovilizados, con un 9 %, y a agentes del estado, con un 8 %.

El organismo ha detallado que el año con más desapariciones forzadas fue 2002, con un total de 5.000, a partir del que se registró una tendencia descendente que llegó a las 100 en 2013.

Así, ha indicado que la situación deriva en parte "de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror" y, por otra, de prácticas empleadas por grupos armados para garantizar su impunidad.

En este sentido, ha detallado que las desapariciones forzosas se usaron en el país como práctica de castigo contra disidentes, como control de dominio y regulación territorial y como mecanismo de terror.

Por último, esta práctica habría sido usada para manipular las cifras sobre bajas en combate mediante el ocultamiento de cadáveres o con la presentación de civiles como muertos en combate.