A medida que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana, algo que amenaza el suministro de electricidad, gas y calefacción en medio de la caída de las temperaturas en Ucrania, las autoridades locales refuerzan las defensas y tratan de mitigar el impacto de los ataques sobre la población. Sumergir a Ucrania en la oscuridad y el frío vuelve a ser el objetivo fundamental de la estrategia de Rusia, que pretende erosionar la resistencia de los ucranianos y presionar a Kiev para que haga concesiones.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores, cuando Rusia lanzó ataques con misiles a gran escala contra todo el sistema energético, su enfoque actual se centra en las regiones fronterizas y del frente. Los drones y misiles rusos atacan las infraestructuras de zonas como Cherníguiv, Sumi y Járkov las 24 horas del día, golpeando incluso los componentes más pequeños.

En Cherníguiv, donde gran parte de la región se quedó sin electricidad este martes, los drones rusos sobrevuelan las subestaciones dañadas y amenazan con atacar a los equipos de reparación para obstaculizar los esfuerzos de recuperación, denunció el Ministerio de Energía de Ucrania.

Esta táctica busca convertir estas regiones en lugares "inhabitables", según Vadim Skibitski, subdirector de inteligencia militar de Ucrania. Rusia también apunta a enlaces críticos que canalizan la electricidad desde el oeste y el norte hacia el sur y el este, en un intento por colapsar todo el sistema.

Ante la escasez de sistemas de defensa aérea, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció planes para desplegar helicópteros adicionales para interceptar drones rusos y colaborar con los aliados internacionales para desplegar material para reparaciones. Además, se acelera la construcción de protecciones físicas alrededor de las subestaciones clave.

Según Ukrenergo, la empresa responsable de la red, más del 50% de las subestaciones están ya protegidas con barreras de hormigón diseñadas contra los ataques de drones, aunque esas defensa ofrecen una protección limitada frente a docenas de drones dirigidos contra un solo objetivo.

A diferencia de los prolongados cortes de electricidad de 2022-2023, la incertidumbre también se cierne sobre el suministro de calefacción, debido a los ataques rusos contra la producción ucraniana de gas. Dado que es poco probable que las reparaciones resuelvan la crisis rápidamente, Zelenski confirmó que Ucrania ha conseguido la mitad de los cerca de 2.000 millones de euros necesarios para importar gas adicional.

Las autoridades, ante la incertidumbre, pospusieron la activación de la calefacción centralizada hasta finales de mes, a pesar de que las temperaturas ya han bajado a cero en algunas noches. La temperatura ya ha bajado de los 16 grados en el apartamento de Katerina Ragulina en Shostka, una ciudad de 70.000 habitantes al norte de Ucrania y situada a 50 kilómetros de Rusia.

Además, el suministro eléctrico irregular debido a los repetidos ataques rusos le impide utilizar calefactores eléctricos. "No puedo instalar una estufa de leña porque vivo en un apartamento y, de todos modos, no tengo dinero. Estoy muy preocupada por el invierno, porque puede ser una cuestión de supervivencia", dijo esta mujer de 37 años.

En la ciudad occidental de Leópolis ya se hacen preparativos para hacer frente al peor de los escenarios. Durante un reciente ataque que provocó breves cortes de electricidad en algunas zonas de la ciudad, alrededor de 80 residentes fueron a un refugio antiaéreo del edificio de la administración del distrito de Lichakiv, según su director, Yuri Lukashevski.

Esa edificación podría albergar a cientos de personas si la calefacción funciona de forma irregular en sus hogares. "Tenemos varias estufas, una reserva de leña e internet por satélite para proporcionar calor y comodidad básica", explicó Lukashevski.

En la actualidad se preparan docenas de estas estaciones de calefacción en escuelas, teatros o sótanos de edificios residenciales en función de la gravedad de los cortes de electricidad y si hay dificultades para calentarse. No obstante, las autoridades locales insisten en que sobrevivir a los meses más fríos exigirá un esfuerzo colectivo e instan a los residentes a prepararse y apoyar a los grupos vulnerables, como las personas mayores y discapacitadas.

Mientras que algunas empresas y residentes dependen de dispositivos de almacenamiento de energía o generadores, los que viven en viviendas particulares o edificios antiguos almacenan leña en los patios o balcones para sus estufas y están aislando térmicamente sus apartamentos.

A pesar de la amenaza de un invierno frío y oscuro, Lukashevski está convencido de que los esfuerzos de Rusia para que Ucrania se rinda están destinados al fracaso. "Cualquier presión sólo provoca más resistencia. No podemos traicionar a quienes han dado su vida para que Ucrania pueda existir", concluyó.

El 20 de mayo, día número 141 del calendario en este año bisiesto 2024, es el día en el que habríamos agotado el saldo de biocapacidad que cada año nos ofrece el planeta Tierra si el conjunto de la humanidad produjera y consumiera como lo hacemos las gentes en España. Hoy entraríamos en tiempo de descuento, en una situación de sobrecapacidad o de deuda ecológica. En números rojos a efectos prácticos. 

Si el mundo fuera España, a partir de hoy viviríamos en deuda con la naturaleza, por haber sobrepasado su capacidad de regenerar, absorber y compensar nuestras extracciones, emisiones y residuos. Si el mundo fuera Catar, el 11 de febrero habríamos arrasado con todo. Como cada país tiene patrones de producción y de consumo diferentes —unos más depredadores y despreocupados, otros menos— y dispone de activos ecológicos de distinta calidad y dimensión, el día en el que el conjunto de los humanos comenzamos a vivir por encima de las capacidades naturales de las que disponía el planeta Tierra en 2023 fue el 25 de julio. La fecha correspondiente a 2024 será anunciada el próximo 5 de junio. 

El día de la deuda ecológica, de la sobrecapacidad o rebasamiento (overshoot, en inglés) es cada año más temprano. En 1971, primer año de la serie, fue el 25 de diciembre. Una década más tarde (1981) se adelantó al 20 de noviembre; transcurrida otra década (1991) no superamos el 20 de octubre. En 2001 fue el 13 de septiembre; en 2011 el 6 de agosto y desde entonces nos hemos mantenido aproximadamente en esas fechas, lo que arroja un mensaje positivo, algo estamos cambiando para bien. 

La huella ecológica es la métrica, probablemente la única, que mide cuánta naturaleza tenemos (oferta) y cuánta naturaleza usamos (demanda). Por el lado de la oferta, la biocapacidad de un país o región representa la productividad de sus activos ecológicos (tierras de cultivo, bosques, caladeros, tierras urbanizadas, las áreas forestales y la capacidad de absorción natural de dióxido de carbono, entre otros), expresado en hectáreas globales (gha), es decir, hectáreas biológicamente productivas comparables a nivel mundial (asignando una productividad media mundial). 

Por el lado de la demanda, la huella ecológica suma todas las áreas biológicamente productivas, los activos ecológicos que una población requiere para producir los recursos y servicios naturales que consume (alimentos, madera, suelo y espacio para la infraestructura urbana y de transporte, etc.) y para absorber sus residuos que genera, especialmente las emisiones de carbono, pero no solo. 

La contabilidad de la huella ecológica hace un seguimiento del uso de las superficies productivas y, si una población excede la biocapacidad de la región donde habita, esa región incurre en un déficit de biocapacidad o déficit ecológico, de tal modo que la demanda de los bienes y servicios que su tierra, sus mares y su aire pueden proporcionar supera lo que los ecosistemas de la región pueden regenerar. Una región con déficit ecológico satisface la demanda importando, liquidando sus propios activos ecológicos (como la sobrepesca, la deforestación, el agotamiento de los acuíferos o la calidad del aire) y acumulando residuos, especialmente dióxido de carbono en la atmósfera que más que demostrado está que es la principal causa del aumento de la temperatura media del planeta y, por tanto, del cambio climático. 

Más del 80% de la población mundial vive en países con déficits ecológicos, pero hay algunas regiones, como buena parte de América Latina, Canadá y Australia, cuya biocapacidad aún supera su huella ecológica y por tanto disponen de reservas. 

Comparar la huella ecológica de cada país (o ciudad, o región) con su propia biocapacidad (que, en España, en términos per cápita es de 1,70 gha), o con la del mundo (1,51 gha), permite conocer si estamos en déficit o si contamos con reservas de biocapacidad.

La huella ecológica de España fue de 3,92 gha por persona en 2022 (último dato disponible en las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad de 2023), por lo que se habrían necesitado 2,6 planetas Tierra (3,92 / 1,51) para sostener a la humanidad si todos los habitantes del planeta vivieran como lo hacemos en España. Como 2024 ha sido año bisiesto, el Overshoot Day de España es el día número 141 (366 días en 2024 x (1,51/3,92). O sea, después de 141 días (el 20 de mayo), el presupuesto anual de recursos regenerativos para el año se habría agotado por completo. 

La Unión Europea, cuyo Overshoot Day fue el pasado 3 de mayo, ha declarado su apoyo al desarrollo y uso de indicadores que complementan a los tradicionales (como el PIB) por tener la bondad de incorporar aspectos medioambientales y sociales y habilitar la adopción de una contabilidad de triple resultado (profits, people and planet). Espero que siga haciéndolo, y con más valentía e intensidad tras la renovación de su Parlamento fruto de las elecciones del 9 de junio.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Salvo sorpresas de última hora, los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas se aprobarán este jueves en el pleno del Congreso tal y como han quedado diseñados tras su paso por la Comisión de Economía la semana pasada. El dictamen de la proposición de ley presentada por los grupos socialista y de Unidas Podemos contó con el respaldo de 21 votos y el rechazo de 16 diputados, e incluye enmiendas de PNV, PDeCat y EH Bildu. De forma que el diseño final de los tres gravámenes ha incorporado algunas variaciones sobre el esquema elaborado por el Gobierno. Incluso menciona el informe del Banco Central Europeo (BCE) del 2 de noviembre, que advertía al Ejecutivo de los riesgos que aplicar el impuesto a los bancos puede suponer para el sector financiero y para el crecimiento económico en general.

Además, alguna de las enmiendas aprobadas se ajusta a las recomendaciones del BCE, que no son vinculantes, pero que las entidades financieras han aplaudido como sostén de sus argumentos para las demandas judiciales que ya han anunciado contra el impuesto.

Así, la recaudación del nuevo gravamen a la banca por sus beneficios extraordinarios se destinará a unos fines determinados, “en línea con lo aconsejado por el dictamen del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2022”, se señala en la exposición de motivos. De hecho, la proposición de ley reproduce literalmente una de las recomendaciones del BCE, que considera necesaria “una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general”.

Varios grupos parlamentarios habían pedido al Gobierno en sus enmiendas que precisara los fines a los que se van a dedicar los ingresos procedentes de estos tres nuevos tributos. Ciudadanos y PDeCat se remitieron a los detallados en el reglamento de la UE sobre intervenciones de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Mientras que Vox reclamaba que la recaudación del impuesto a las energéticas se destinara “íntegramente, hasta el último céntimo”, a rebajar las facturas de la luz de “las familias españolas”, en especial las que se encuentren “en riesgo de pobreza”. Y el impuesto a la banca, a sufragar incentivos fiscales o ayudas a la compra o alquiler de la vivienda y al pago de hipotecas.

Finalmente, PSOE y Unidas Podemos han incorporado la lista de fines establecidos por la UE para el impuesto a eléctricas y petroleras: apoyo financiero tanto a los hogares vulnerables en el pago de las facturas como al ahorro de energía, a las empresas grandes consumidoras de energía, siempre que inviertan en renovables o medidas de eficiencia, y al desarrollo de la autonomía energética. También podrá destinarse la recaudación de estos impuestos a financiar “la protección del empleo y el reciclaje profesional”.

El dictamen del BCE desaconsejaba igualmente que el impuesto a la banca se aplicara sólo a determinadas entidades de crédito españolas, porque “podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la unión bancaria”. Tras su paso por el Congreso, el nuevo gravamen va a afectar también a los bancos extranjeros que tengan sucursales en España, “con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”. Es decir, “a todas las entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica […] quedan bajo la supervisión directa del BCE”. De forma que “no se altere la competencia en el mercado” y se favorezca “la igualdad de condiciones”. La idea original era que gravara sólo a las entidades españolas con ingresos por intereses y comisiones superiores a los 800 millones. Tanto Ciudadanos, como el PNV y PDeCat habían pedido que se grave únicamente a las entidades que operen en territorio español y se elimine el límite de los 800 millones, que sin embargo se mantiene.

El impuesto a las energéticas sólo se aplicará a la parte del negocio de estas compañías que se desarrolle en España, según explica la enmienda de PSOE-UP, igualmente para “alinearse” con el reglamento comunitario sobre precios de la energía.

También pedía el BCE al Gobierno que hiciera un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto a la banca, en particular sobre el impacto en la rentabilidad de las entidades financieras. En su momento, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, ya antes de elaborar la proposición de ley, el Ejecutivo había evaluado el margen de los bancos para hacer frente al gravamen, que se ha configurado como una prestación patrimonial. Y, por iniciativa de EH Bildu, el Gobierno se ha comprometido a preparar un estudio, al finalizar 2024, sobre los resultados del gravamen. Y lo hará, de nuevo, “a la vista de las consideraciones que efectúa el BCE en su dictamen del 2 de noviembre de 2022”, evaluando la situación del sector bancario, la evolución de los tipos de interés y las comisiones”, así como el efecto acumulativo del gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades”. Antes, en el último trimestre de 2023 también tendrá que hacer un informe provisional sobre el primer año de aplicación del impuesto. Pero el objetivo de esos análisis será decidir si el gravamen se convierte en permanente o no. Al mismo examen y con idéntico fin se someterá el impuesto a las energéticas.

Sobre la rentabilidad de las entidades financieras, el Banco de España publicó la semana pasada los datos del segundo trimestre de este año: la han mantenido en los niveles que tenían en 2021. La rentabilidad sobre capital alcanza el 10%, superando por tanto “con holgura”, destaca el supervisor, el coste del capital medio, que se sitúa en el 7%. El Banco de España también hará su propio análisis sobre el impacto del nuevo tributo una vez que se apruebe en el Congreso.

Tanto EH Bildu como el BNG querían que se eliminara de la proposición de ley todas las menciones al pacto de rentas, que el Gobierno promueve con sindicatos y patronal para repartir el coste de la crisis energética y de precios, precisamente con el fin de que el impuesto no fuera una medida temporal. Las referencias al pacto –bloqueado desde su mismo anuncio y sin visos de prosperar–se mantienen, al igual que la prohibición a empresas energéticas y bancos de que repercutan el coste del gravamen en los clientes. Pese a que era esta una de las críticas del BCE al diseño del tributo, además de otra de las peticiones tanto de Ciudadanos como de PDeCat. La formación naranja y los catalanes también pretendían que el tributo a las energéticas fuera deducible del Impuesto sobre Sociedades. Ciudadanos pidió que se excluyera de la prestación patrimonial a las eléctricas. Los catalanes, a las empresas que carecen de instalaciones de refino.

Sí que prosperó la idea de Ciudadanos, PDeCat y PNV para que no se gravara la parte regulada del negocio de las energéticas, la que ofrece el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC). Como el precio está fijado por ley, esa actividad, razonan los grupos, no generan un beneficio extraordinario.

Por el contrario, se quedó en el tintero una modificación que promovieron PDeCat, ERC, Junts y Compromís: que los tributos recaudados tanto con el impuesto a los bancos como a las energéticas se repartieran en un 50% para el Tesoro Público y otro 50% entre las comunidades autónomas. En el primer caso, en función del porcentaje en que cada territorio participa de los ingresos obtenidos con el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Y en el segundo, según el consumo neto de electricidad en cada comunidad autónoma.

Con la prestación patrimonial que deberán pagar las grandes energéticas, se gravará su cifra de negocio con un tipo del 1,2% a las que superaran en 2019 los 1.000 millones de euros de facturación. Los bancos que ingresaron más de 800 millones en 2019 en concepto de intereses y comisiones deberán pagar un 4,8% de esa cantidad. Ambos gravámenes se cobrarán durante 2023 y 2024. El Gobierno preveía recaudar 2.000 millones de euros al año con el primero y 1.500 millones con el segundo, pero tras la exclusión del negocio regulado y de las empresas extranjeras, los ingresos por el tributo a las energéticas se reducirán a la mitad, de acuerdo con los cálculos realizados por Bankinter y citados por Europa Press.

Finalmente, el impuesto a las grandes fortunas, que fue incluido como una enmienda en la proposición de ley, se ha diseñado como complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que gravará a quienes superen los tres millones de euros también en 2023 y 2024. Los tipos serán del 1,7% para los patrimonios entre tres y 5,3 millones, del 2,2% para quienes posean entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los que estén por encima de 10,6 millones de euros. 

Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado este viernes un acuerdo político sobre las medidas de emergencia para intervenir el mercado eléctrico comunitario y han pactado reducir la demanda eléctrica en la UE un 5% en horas punta, una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite de 180 euros/MWh al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía, según informa Europa Press.

Tras poco más de una hora de reunión, los titulares de Energía de los Veintisiete han adoptado estas medidas de emergencia para fijar una reducción obligatoria del consumo de electricidad, establecer una tasa de "solidaridad" a las intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, o redistribuir a los más vulnerables los beneficios extraordinarios de las tecnologías inframarginales que vendan la electricidad por encima de 180 euros/MWh.

"Creo que hoy daremos otro paso necesario para gestionar la crisis energética. La Comisión ha propuesto medidas para reducir la demanda de energía y generar beneficios", ha indicado la comisaria de Energía, Kadri Simson, a su entrada al Consejo de ministros de Energía de la UE, al tiempo que ha agregado que estos instrumentos "relajarán la presión en los precios".

Las medidas, que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana, no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y su aplicación se extenderá del 1 de diciembre del presente ejercicio al 31 de diciembre de 2023, si bien Chipre y Malta cuentan con excepciones específicas por su condición de islas energéticas.

El acuerdo suscrito por los ministros de Energía de los Veintisiete establece que estas medidas serán compatibles con las implementadas a nivel nacional por los Estados miembros si tienen un carácter equivalente, como es el caso del mecanismo de minoración del gas o el impuesto sobre los ingresos de las grandes energéticas.

Así, los ministros de Energía han suscrito la propuesta de Bruselas de fijar una reducción obligatoria del 5% de consumo de la electricidad en la franjas horarias de máximo consumo y una disminución del 10% de la demanda de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 hasta finales de marzo de 2023.

En todo caso, corresponderá a cada país introducir las medidas apropiadas para alcanzar los objetivos de reducción del consumo durante este periodo. "El acuerdo alcanzado supondrá un alivio para los ciudadanos y empresas europeos. Los Estados miembros aplanarán la curva de demanda de electricidad durante las horas pico, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios", ha indicado el ministro checo de Industria y Comercio, Jozef Síkela, en un comunicado.

Además, los Veintisiete han convenido establecer una tasa de "solidaridad" a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, como petroleras, gasísticas o el sector del refino. Esta medida fijará una "contribución" del 33% sobre los beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2023 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los últimos cuatro años. Este impuesto se articula como una contribución temporal y el importe recaudado se destinará a hogares vulnerables, a las empresas más afectadas y a las industrias electrointensivas.

La tercera de las medidas acordadas por los países de la UE pasa poner establecer un máximo de 180 euros/MWh al precio al que las tecnologías inframarginales, las que producen electricidad por debajo de las productoras de ciclo combinado de gas como las renovables o la nuclear, pueden vender la electricidad en el mercado mayorista (pool).

El acuerdo contempla la posibilidad de que los países introduzcan modificaciones como establecer un limite de precios más elevado, utilicen medidas para limitar los beneficios del mercado, establezcan diferenciaciones por tecnologías o apliquen límites a los beneficios en el mercado a otros operadores como los proveedores.

Con este instrumento, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2023, se pretende atajar los beneficios extraordinarios de estas compañías de electricidad que se redirigirán a cubrir la factura eléctrica de los colectivos más vulnerables, para lo cual los Estados miembros podrán aplicar las medidas que consideren más convenientes e incluir ciertas flexibilidades para adaptarse a las circunstancias de cada mercado.

El acuerdo contempla que para aquellos países en los que la importación de electricidad es superior al 100% de lo que produce deberán establecer acuerdos con los países exportadores para compartir los excedentes de los ingresos y deberán cerrarse estas alianzas antes del 1 de diciembre.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "al final" vaya "a hablar aunque sea solo un poco" en el Senado sobre ahorro energético, ya que así, "podemos hablar de España sin insultar a nadie", según informa Europa Press.

Así lo ha asegurado Feijóo después de que Sánchez haya pedido comparecer en el Pleno del Senado para presentar el plan de ahorro energético del Gobierno que se debatió la pasada semana en el Congreso en la convalidación del decreto ley.

Feijóo ha dicho que tiene "mucho interés" en decirle a Sánchez "lo que opina" y cuáles son las propuestas del PP en materia energética. "Nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación", ha exclamado. "Además, creo que es bueno que comparezca en el Senado porque mientras comparece en el Senado los ministros no nos van a insultar y eso es muy importante", ha apostillado el presidente del PP.

Al respecto, ha señalado que "esta mañana ya ha insultado otro ministro, antes de comer puede que le toque al siguiente y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán"; por eso, ha continuado, "por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, podemos hablar de España sin insultar a nadie, que es el objetivo de esta comparecencia, hablar de España sin insultar a nadie", ha afirmado.

En relación con los insultos, ha dicho que "hacia mi persona los acepto, llevo algunos años dedicándome a la política, y he visto que el deporte favorito de los nacionalistas, podemitas y de los socialistas en Galicia era insultarme" y "cuando más me insultaban más votos teníamos y cuanto más veces me insultaban más mayorías absolutas sabácamos".

"Si necesitan 22 ministros para turnarse e insultar a un ciudadano será porque no tienen mucho que hacer", ha señalado, pero ha dejado claro que no acepta que el Gobierno "insulte a los españoles maquillando la realidad en la que están viviendo". "Ese insulto me duele especialmente".

Así lo ha indicado Feijóo, que ha participado junto con el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el coordinador general del PP y presidente provincial, Elías Bendodo, en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande en la Junta Directiva del PP de Málaga.

En cuanto a uno de los "fracasos" del Gobierno ha citado la política energética porque "ha limitado de forma irresponsable la capacidad de producción energética de España".

"Mientas los polacos, los alemanes y otros países de la UE potenciaban sus centrales térmicas, aquí se han cerrado todas; mientras los portugueses, y otros países de la UE estaban incrementando sus potencialidad hidráulica, aquí no se ayuda a ello; y mientas la mayoría de los países y la UE señala que la energía nuclear es verde, aquí se ha dado plazo de finalización a las centrales nucleares españolas, que producen el 20% de la energía que consumimos", ha enumerado.

Es más, ha lamentado que "el mismo año que Alemania incrementaba sus centrales térmicas, aquí cerrábamos incluso aquellas que habían hecho inversiones millonarias para cumplir el reglamento de emisiones de la EU".

A su juicio, España "ha perdido competitividad y vulnerabilidad". "El resultado es que, cuando apagas un sistema y fuente de energía que funciona antes de enchufar una nueva fuente de energía que aún no funciona, tenemos un problema energético al que hemos introducido todavía más dificultades".

"Sánchez ha sabido combinar a la perfección la irresponsabilidad política energética con la irresponsabilidad política en asuntos exteriores", ha advertido, por otro lado, Feijóo.

Así, ha criticado, en un momento de crisis energética que invade a toda la UE, "el volantazo" en la política de exteriores de España, que "ha conseguido que uno de los grandes países proveedores de gas, el país que más gas vendía a España en unas condiciones óptimas, como es Argelia, haya pasado a vender el que nos vendía a nosotros a vendérselo a Italia y hacer grandes acuerdos con Francia".

"Es evidente que lo que ha ocurrido en la política exterior de España ha impactado negativamente en la política energética", ha dicho y se ha referido a las declaraciones de Sánchez sobre ir a Argelia: "Lo que debería era haber ido a Argelia antes de tener un problema con Argelia y no ahora a intentar solucionar el problema que él ha generado", ha sentenciado.

Por otro lado, ha aludido a la subida de la factura de la luz y como los "costes energéticos están cuestionando la viabilidad de empresas españolas". "Ahora la única solución que se le ocurre al Gobierno, sin hablar con los sectores que lo tienen que aplicar; con las Comunidades, que tiene que vigilar, y sin hablar con la oposición y en contra del reglamento de la UE, es obligar a los ciudadanos, a los comerciantes, a los escaparates y tener la broma de sacarnos y ponernos la corbata en función de que nos interese ponerla o sacarla".

"Esto no tiene ningún sentido; no tiene ningún sentido poner límites a la producción de energía en el país; proponer al mismo tiempo recortes drásticos en el consumo de la energía que necesitan empresas para operar y limitar la producción de energía en el ámbito hidráulico, de las térmicas y nucleares", ha enumerado, además de que "no tiene ningún sentido subvencionar con 400 millones de euros a los consumidores franceses con esa excepción ibérica", ha señalado.

Por ello, ha pedido a Sánchez que "confíe en España y los españoles", que "abandone la vía de la imposición y apueste por la vía de los incentivos al ahorro de las familias, que ofrezca ayudas y bonificaciones a aquellos particulares y empresas que se comprometen y consiguen bajar el ahorro de energía, que confíe en las capacidades energéticas del país y ponga a trabajar todas las fuentes de energía instaladas", además de que "sea el primero en dar ejemplo".

"No le puedes pedir esfuerzo a las familias y ciudadanos y que tu Gobierno sea el más caro de la democracia española en 40 años. Eso es lo contrario a dar ejemplo", ha advertido.

Por otro lado, ha incidido, asimismo, en que un Ejecutivo "responsable" ha de buscar "soluciones, bajar el diapasón del insulto, evitar discusiones y buscar puntos de encuentro", porque "solo así podemos unir a España ante la reconstrucción del país".

Durante su intervención, tras advertir de que el curso político que se inicia es "decisivo" para España, ha lamentado que el país y los españoles están "en un momento de enorme incertidumbre y cada día, cada semana y cada mes hay más familias, ciudadanos, autónomos, pequeñas y medianas empresas, preocupadas por la situación".

"Estamos preocupados por la situación porque sabemos, después de casi cuatro años, que este Gobierno no es capaz de hacer frente a la difícil situación que atraviesa el país", ha advertido, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo "no ha estado ni está concebido para hacer frente a una crisis, sino para resistir en el Gobierno".

Ha recordado que se acusó al PP "de catastrofistas" en relación con la inflación o la advertencia del riesgo de entrar en una desaceleración económica, entre otros. "Hace tan solo unas semanas, sin embargo, todos los que nos llamaban catastrofistas nos advierte de que vamos a tener un otoño e invierno muy duros".

Por ello, ha criticado que Sánchez y su Gobierno "siempre hacen lo mismo. Desprecian todo lo que diga el PP" y, segundo, "niegan la realidad" y cuando esa realidad es evidente "llegan tarde a buscar soluciones".

Según los datos recogidos por el Informe diario de balance de Redeia (antes Red Eléctrica), el 10 de agosto se alcanzaron los 752GWh (gigavatios/hora) en lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, lo que supone un descenso del 5,3% en el primer día en vigor del plan de ahorro del Gobierno, respecto al miércoles 3 de agosto de este año, con una diferencia de 42GWh.

Con respecto al año anterior en las mismas fechas, se ha consumido un 2,1% más. Con un consumo de 712GWh, la diferencia de 40GWh es notoria. Esto se debe a que la situación española conforme al consumo energético era diferente por la crisis del coronavirus. La mayoría de negocios de ocio nocturno estaban cerrados o su aforo era mínimo, como hoteles, bares, pubs, etc. El turismo disminuyó, y una gran parte de empleados se encontraban en el ERTE, porque la situación y medidas eran diferentes, por lo que su consumo fuese menor es comprensible y está justificado.

A la situación actual hay que sumarle además que las fronteras se encuentran abiertas, el turismo ha aumentado, los negocios de ocio nocturno están abiertos, Europa está en conflicto con Rusia y también está viviendo constantes olas de calor que suponen un antes y un después en la sociedad y forma de vida europea.

El plan de ahorro del Gobierno que entró en vigor este miércoles busca disminuir el exceso de consumo en zonas públicas, como iluminación de edificios, monumentos o escaparates para tener un control de las temperatura y climatización. La finalidad es poder bajar un 5% este consumo a nivel nacional donde a lo largo de las próximas semanas se dictarán nuevas medidas para llegar al objetivo de compromiso con Bruselas, que busca disminuir este consumo en un 7% a nivel europeo. Este paquete de medidas de ahorro de la UE es llamada internacional para poner en regla y alertar sobre lo que está suponiendo el consumo extremo de energía, sobre todo no renovable por parte de las eléctricas.

Por lo que el objetivo a nivel de la UE y por parte del gobierno español es concienciar en cierta parte a las grandes energéticas de lo que supone este plan de ahorro (el europeo y el español), así como a los ciudadanos para poder adoptar medidas que permitan seguir viviendo sin abusar del consumo energético que le está costando al planeta.

El Ayuntamiento de Vigo ha iniciado este martes, 2 de agosto, la instalación de sus luces de Navidad, que este año estarán encendidas una hora menos al día para reducir un 14% el consumo energético, tras la recomendación del Gobierno y de la Unión Europea de disminuir la factura eléctrica, ha informado Europa Press.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, quien ha indicado que este año la ciudad volverá a contar con 11 millones de luces LED como en la Navidad pasada, pero repartidas por unas 400 calles, 40 más que en 2021.

En este sentido, ha insistido en la importancia que tiene la Navidad para el turismo de Vigo, asegurando que ya hay hoteles que cuentan con reservas para esas fechas. Además, ha indicado que el Ayuntamiento tiene unas 400 calles en lista de espera porque sus vecinos también quieren que se instalen allí luces.

Caballero ha reivindicado que la próxima será una Navidad "excepcional" y "llena de sorpresas", por lo que ha emplazado a los próximos meses para seguir contando novedades. Sin embargo, lo que sí ha explicado es que la calle Príncipe, la principal vía comercial de la ciudad, contará con nuevos adornos y con una estrella gigante.

El alcalde ha subrayado que este año espera que la Navidad de Vigo atraiga a más de 3 millones de personas de fuera de la localidad, superando la cifra de 2021. Pese a ello, no ha querido anunciar el día del encendido ni del apagado de las luces, aunque sí ha destacado que 25 personas trabajan en la colocación de las luces desde este mes hasta febrero, cuando se desmontarán.

Sobre lo que suponen las luces de Navidad en cuanto a gasto energético, Caballero ha indicado que en 2021 durante los casi dos meses que duraron las fiestas en la ciudad, el Ayuntamiento pagó unos 30.000 euros de factura energética, lo que supone un 0,5% del gasto total de luz en Vigo, que ascendió a unos 5,5 millones de euros.

El regidor ha subrayado que este año se espera que el gasto sea mayor, ya que el precio de la luz ha aumentando. No obstante, ha dicho que el gasto de luz de la Navidad es inferior a lo que consume un estadio de fútbol de unos 30.000 asientos en un mes.

Pese a ello, debido a que el Gobierno instó a las administraciones públicas y a los ciudadanos a reducir el gasto energético, Caballero ha anunciado que este año las luces de Vigo estarán encendidas una hora menos cada día, retrasando su encendido a las 18.30 horas y adelantando su apagado a las 00.30 horas.

Según sus cálculos, esto supondrá un ahorro del 14%, "el doble del que pide el Gobierno". Asimismo, ha recordado que toda la energía que utiliza Vigo en su alumbrado es renovable.

La realidad es lo contrario de muchas cosas, desde la justicia a la lógica o la razón. Por ejemplo, es posible que una persona afirme categóricamente algo y lo contrario, y jure ser sincero en las dos ocasiones, con lo cual transforma los antónimos en sinónimos; o que sus actos contradigan sus palabras hasta en lo más sagrado y con tanta frecuencia que explique por qué, en el terreno de lo espiritual, la hipocresía tiene sus propias frases hechas: a Dios rogando y con el mazo dando; una cosa es predicar y otra dar trigo... Seguro que las dos valen para definir a gente que conocen y, desde luego, son una fotografía de todas esas personas en quienes están pensando. En la mitología cristiana, Jesús expulsa del templo, a latigazos, a los mercaderes, derriba “a todos los que vendían y compraban allí, y los bancos de los cambistas y las jaulas de los que vendían las palomas”, mientras les grita: “Mi casa será llamada casa de oración y vosotros hicisteis de ella un centro de ladrones". Pero la realidad también es lo contrario de la religión, y el problema de nuestro mundo es que aquí los mercaderes son los dueños del templo.

Es curioso que en nuestras sociedades suelan llevar la bandera de la moral y presentarse como defensores de la fe los mismos que ejercen la usura, no practican la solidaridad y son la voz cantante de la avaricia. Más de uno con mando en plaza y que ha acabado en la cárcel por ladrón, lanzaba proclamas de ahorro, moderación y sacrificio mientras saqueaba sus propias empresas y acumulaba una fortuna en paraísos fiscales; otros se oponen hoy a la subida del salario mínimo al mismo tiempo que ganan sueldos astronómicos con el periodismo o son cargos públicos que cobran cien veces lo que los jubilados cuyas pensiones se oponen a que se suban. Y mientras, tocan las campanas. Quien afirmó que no se podía estar a la vez en misa y repicando también nos engañó.

El Gobierno ha aprobado el cobro de unos impuestos especiales para las grandes compañías energéticas y la banca. Unas y otras recaudan millones, las primeras exprimiendo al consumidor, obligado a desembolsar cantidades estratosféricas por un producto de primera necesidad que debería valer el veinte por ciento de lo que vale, como mucho, y, en mi opinión, ser estatal, pero en lugar de eso ejecuta un saqueo puerta a puerta cuyo resultado es que sus directivos ganan decenas de miles de euros al día. Han leído bien: al día. Alguno de ellos es también un firme defensor de los recortes, la flexibilidad en los despidos y las medidas que conlleven sacrificios sin fin de las y los trabajadores “para que no colapse el sistema”. Se puede tener más cara, pero ya habría que ser una de las cabezas del monte Rushmore, en Dakota del Sur.

El famoso relato, la manera en que lo que sucede se cuenta y, a base de repetirlo, se da por hecho, siempre lo imponen quienes más poder manejan y más dinero tienen, porque disponen de canales por los que transmitir su doctrina, de porteadores que les saquen en procesión y de personas que, unas de buena fe y otras a cambio de algo, los secundan y vitorean. Que algunos de esos partidarios sean a la vez sus víctimas es uno de los grandes misterios de nuestra época, porque una cosa es que haya desaparecido lo que en algún momento se llamó conciencia de clase y otra muy distinta hacerles de limpiabotas a quienes nos pisotean. A mí ya no me convencía lo de poner la otra mejilla, así que ni hablamos de aplaudir a los que nos dan bofetadas, que son cosas opuestas, por mucho que el sonido que hacen sea parecido. Que, además, nueve de cada diez veces los adalides de la desigualdad se cuelguen del cuello la medalla de mujeres y hombres piadosos, ya es de nota. “Porque nunca he querido dioses crucificados, / tristes dioses que insultan / esa tierra ardorosa que te hizo y deshace”, escribió Luis Cernuda, y los grandes poetas nunca te engañan.

Tal vez, la nueva crisis que se avecina para cuando las playas se vacíen y las luces de los hoteles y los bares de la costa se apaguen se afronte de otra manera, sin abandonar a su suerte a los más débiles para defender a los más fuertes, que ya están ganando cantidades ofensivas, aquí y ahora: los bancos a los que se impone la nueva contribución han ganado miles de millones en el primer semestre del año, algunos mil ochocientos y pico hasta marzo y otros dos mil cuatrocientos de ahí a junio, al mismo tiempo que los pequeños ahorradores que tenían un modesto remanente en sus cuentas, perdían y perdían. “La situación”, les explican, “la guerra en Ucrania”, “los imponderables…” Las grandes cajas fuertes se llenan mientras las huchas se vacían. Y qué decir del gas, la luz y los carburantes, que se han convertido en un secuestro.

El mundo va mal porque está en malas manos, sólo por eso. No seamos nosotros quienes les pongamos los anillos de piedras preciosas en los dedos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos al considerar que en 2013 la compañía "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía" con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores", según informa Europa Press.

En un auto de este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, envía al banquillo a la compañía y a sus directivos por un delito relativo al mercado y a los consumidores. En concreto, el juez detalla que, "para conseguir" un "mayor precio en el mercado eléctrico", aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013.

Y lo hicieron, añade, "a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad". "Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía", añade el juez.

Esa decisión fue adoptada, sostiene, por el equipo directivo de Iberdrola compuesto por el director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global.

Para los cuatro directivos la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas.

El Ministerio Público pide igualmente que se imponga a Iberdrola Generación una pena de multa de 84.891.272 euros –el cuádruple del beneficio obtenido– así como el decomiso de las ganancias obtenidas.

En su auto, el instructor detalla que Iberdrola quebrantó "el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh".

Fue a partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando "el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables".

"La consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 €/MWh, que ocasionó un perjuicio a la demanda de, al menos, 107.340.000 de euros, teniendo en cuenta que la misma en el período objeto de acusación fue de 15.000 GWh y que el mayor coste dimanante de la actuación de Iberdrola, como antes hemos señalado, fue de 7,156 €/MWh", apunta el magistrado.

Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, "lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros", lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El juez, que mantiene la situación de libertad de los directivos, les da un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa frente a la acusación particular ejercida por la Asociación de Consumidores y Usuarios Consumidores en Acción- FACUA, Geoatlanter y Axpo Iberia.

Además, impone a cada uno de los directivos la prestación de una fianza por un importe total de 107.534.666 euros. En concreto, 194.666 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles.

El magistrado acuerda que Iberdrola Generación deberá prestar fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serán para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.

Ese último importe, el de la responsabilidad civil, serviría "de indemnización a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre". De esa cantidad responderán "conjunta y solidariamente" todos los acusados.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado, sobre las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que por ley no se puede crear una figura fiscal en los próximos Presupuestos para gravar los ingresos extra de las eléctricas, que el liderazgo en materia fiscal corresponde a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz", ha afirmado, según ha recogido Europa Press.

"Yolanda Díaz dice algo que forma parte del planteamiento del Gobierno de coalición y es que a esta situación hay que responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos, para que los costes se repartan de forma equitativa. Pero a la hora de diseñar el sistema fiscal, es obvio que el liderazgo lo lleva el Ministerio de Hacienda. Además de esa voluntad política que nos une al Gobierno de coalición, requiere de una valoración técnica. Por tanto, hay que estar más pendiente de lo que diga Montero que Yolanda Díaz", ha explicado Ribera.

En declaraciones a la prensa en el marco del Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid, la vicepresidenta tercera ha recordado, en contestación a pregunta sobre cómo detectar posibles malas prácticas de las eléctricas, que España dispone de un organismo regulador que hace un seguimiento por si hubiera malas prácticas. "Es importante que la CNMC esté pendiente", ha subrayado Ribera, quien ha puesto de manifiesto que "diez años después ses ha imputado a una compañía eléctrica por malas prácticas en el mercado".

El pasado martes, la CNMC comunicó que ha sancionado a Endesa con un importe total de 4,9 millones de euros por la comisión de dos infracciones constitutivas de abuso de posición de dominio en dos nudos de acceso a la red de transporte de energía eléctrica.

En cuanto al funcionamiento del mecanismo del tope al gas, ha señalado que si no hubiera entrado en vigor, los precios serían más elevados, y que factores como la alta demanda por la ola de calor o la oferta menguante por el cierre de la espita por parte de Gazprom han llevado a los precios de la energía a estos niveles.

Por ello, ha expresado su confianza en que el paso de la ola de calor ayude a recuperar precios de la electricidad por debajo de los actuales niveles.

Respecto a si se va a prorrogar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, Ribera ha indicado que, dado que el precio de las gasolinas está alto y puede seguir estándolo, la intención es mantener el acompañamiento a las familias más vulnerables.

"Es importante mantener la bonificación", ha subrayado, y aunque ha reconocido que "conceptualmente" es posible introducir mejoras en el mecanismo para mejorar la situación de las familias vulnerables, algo que se haría si en este lapso de tiempo el Gobierno consiguiera "algo operativo", si no es así se mantendrá la bonificación tal cual está.

Hay una tercera vía para calentar las casas en el próximo invierno, que será duro, al menos en el ámbito geopolítico. Las instalaciones más comunes son los radiadores eléctricos, de instalación barata pero poco eficientes y bajo un mercado de la luz también tensionado, o bien las calderas de gas natural, más comunes en el centro y norte de la Península, que consumen un combustible contaminante, emisor y del que la Unión Europea quiere desengancharse. Las bombas de calor, que disfrutan solo el 5% de los españoles, son la gran alternativa, según autoridades europeas, internacionales y expertos: pero queda mucho camino por recorrer y no tenemos tanto tiempo.

Una bomba de calor se basa en una tecnología que, a partir de un uso reducido de la electricidad, consigue calentar estancias enteras, o enfriarlas, mediante el uso de la aerotermia y la geotermia: extrae aire caliente del exterior para introducirlo en el interior, cuando se utiliza de calefacción, y al contrario cuando se necesita para refrescar la estancia. Con un consumo, en condiciones óptimas, del 30% de la electricidad que necesita un radiador convencional y sin quemar gas natural. Suena bien, pero hay un gran pero, además del desconocimiento: sus costes iniciales.

La Comisión Europea, a través del plan RePowerEU para avanzar en la transición ecológica y desconectarse de Rusia, ha propuesto 2029 para el fin de la venta de calefactores basados en combustibles fósiles. Y la financiación pública (dentro de rehabilitaciones, por ejemplo) para instalar esas calderas estará prohibidas en 2025. Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 13%, frente al anterior 9%, por lo que no servirá solamente prohibir, sino transformar lo existente. Países Bajos ha sido el primer Estado miembro que ha dado un paso adelante tras el impulso del Ejecutivo comunitario. Prohibirá la nueva calefacción a gas a partir de 2026 y obligará a la instalación de bombas de calor en su lugar. En España, por el momento, no se plantea nada similar.

"Donde actualmente estamos centrando los mayores esfuerzos es en la introducción de la bomba de calor en la rehabilitación de los edificios. Este es el sector que presenta mayores barreras y que más tenemos que trabajar", explica la jefa del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía del Ambiente del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Carmen López. "En la nueva construcción la bomba de calor está entrando fenomenal, la barrera es la rehabilitación", insiste la responsable del organismo, dependiente de Transición Ecológica.

Las ventajas son múltiples. "Principalmente, el ahorro económico y energético, pero también la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, la posibilidad de cancelar el contrato de gas y unificar en el de electricidad todos los consumos de una vivienda, el beneficio de ligar la bomba de calor a una instalación de autoconsumo con fotovoltaica...", enumera López. Pero son instalaciones muy costosas, que lleva tiempo amortizar. En el sector servicios, la amortización se consigue entre los seis y los ocho años. Pero para el consumo residencial la cifra se dispara. "Es cierto que puede resultar alta cuando los consumos son bajos, por ejemplo, en pisos individuales o unifamiliares", asegura la responsable del IDAE.

Con el objetivo de bajar el número, el IDAE ha puesto en marcha una línea de ayudas para la instalación de bombas de calor gracias a los Fondos de Recuperación. Sin embargo, hay dos principales carencias en el programa. La primera: no está destinado a individuos, sino a empresas. Tanto para hacer más eficiente el negocio como para que se incluyan en los servicios de reforma y rehabilitación que se ofrecen; sin embargo, no hay subvención para el consumidor de gas que por su cuenta y riesgo quiera descarbonizar la calefacción de su vivienda.

En segundo lugar, son las comunidades autónomas las que deben gestionar el programa. Y solo Andalucía, Galicia y Euskadi han publicado ya las ayudas en sus boletines autonómicos. El IDAE, de hecho, no tiene constancia de que Cataluña y Comunitat Valenciana hayan aceptado la subvención. En esta web se puede comprobar el acceso al dinero por parte de las comunidades que ya lo han puesto en marcha.

Las bombas de calor se encuentran con los mismos desafíos que otras herramientas de la transición ecológica, como el autoconsumo o la rehabilitación energética de viviendas: la clase baja, la que más necesita estas reformas, a la que le viene mejor ahorrar a largo plazo, carece en muchas ocasiones de la capacidad económica o el espacio mental necesario para afrontar las obras, que suelen ser incómodas y que requieren de papeleo. Así lo reconocía a este periódico Joan Groizard, el director general del IDAE. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo. Para eso, además, hay que trabajar mucho con el tercer sector, con gente que trabaja con familias en situaciones de vulnerabilidad, que conoce las dinámicas". 

El último decreto sobre eficiencia energética, que movilizaba 2.900 millones de euros para rehabilitación de viviendas, prevé la creación de ventanillas únicas: canales de interlocución burocrática en los que hacer todos los trámites en un solo lugar. Pero no basta. Lo admite Groizard: la administración tiene que ser proactiva. Los deberes energéticos de España están por hacer.

El mecanismo para topar el precio del gas para la generación eléctrica aspira a reducir la inflación a finales de año a niveles entre el 5 o 6%, además de aportar un ahorro considerable a los consumidores de energía, según informa Europa Press.

Así lo estiman fuentes gubernamentales para recalcar también que se emprenderá una reforma para calcular la tarifa del mercado regulado, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), con el objetivo de aportar mayor estabilidad, para lo cual se mira sobre todo al modelo portugués.

El Ejecutivo ya publicó este sábado el Real Decreto-Ley por el que se establece el mecanismo para topar el gas a una media de 48,8 euros por megavatio hora durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

Una limitación que el Ejecutivo ya quiso introducir en el decreto anticrisis pero era "inexcusable" al visto bueno de Bruselas, en lo que se ha denominado la "excepción ibérica" y que supondrá, con efecto inmediato, una bajada de la luz para gran parte de la industria (sobre un 80% del tejido productivo) y los consumidores del mercado regulado.

En el caso del cliente en el mercado libre, las mismas fuentes recalcan que su efecto se espaciará de forma gradual, al notarse cuando se realicen las renovaciones de contrato de forma anual.

En sectores del Ejecutivo expresan su satisfacción por la autorización de esta limitación al precio del gas, tras una "negociación sensata" con la Comisión Europea que permite desplegar durante seis meses un precio máximo de 40 euros, que garantiza una media que permite una gran reducción de la factura, aunque es menos ambiciosa de la promulgada por Podemos, que apostó desde hace meses por topar el gas y poner una franja de 30 euros.

Pero aparte de esos efectos en el recibo de la luz, desde el Ejecutivo de coalición subrayan la relevancia de esta medida para reducir la inflación, evitando así alcanzar niveles de dos dígitos, algo que se llegó a rozar por la crisis derivada por la crisis de Ucrania, y poder a lo largo del ejercicio bajar la tendencia de los precios. De esta forma, el objetivo que estiman desde sectores gubernamentales es poder terminar el año en una horquilla entre el 5 y el 6%.

Pero también detallan que el acuerdo con Bruselas entraña otro aspecto, que es la reforma a la hora de fijar la tarifa del mercado regulado de cara a 2023, para separarla de la cotización horaria del mercado mayorista de electricidad.

Un aspecto que, para estas fuentes, también es positivo porque otorgará capacidad para "reducir la volatilidad" del precio para este segmento de consumidores, contemplando una media estable en las tarifas sin las oscilaciones trimestrales, como pasa actualmente.

En cualquier caso, para estos sectores gubernamentales la reforma de la tarifa PVPC siempre garantizará precios más bajos que el mercado libre y apuntan al modelo portugués como espejo para acometer estos cambios, propiciando un patrón más estable para el recibo de estos consumidores. La idea, por tanto, es poder aplicar esta reforma a final de año y tenerla diseñada de cara en torno a otoño.

A su vez, las fuentes consultadas enfatizan que desacoplar el precio del gas del resto de tecnologías de generación implica la minoración de los "beneficios caídos" del cielo a las eléctricas, al atajar un porcentaje fuerte de esa sobrerretribución ligada al gas.

Por ello, detallan que las compensaciones a las centrales de ciclo combinado tienen sentido y compensa, dado que siempre será bastante inferior a la reducción del coste total y al ahorro neto que se logra con el tope al gas.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, despertó este jueves la polémica y la indignación al llamar "tontos" a los usuarios de la tarifa regulada de electricidad, también conocida como el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), porque, asegura, es la que más está sufriendo la subida del mercado mayorista desde el pasado verano. Las grandes eléctricas siempre han animado, con métodos admitidos por Competencia y con otros fuera de la legalidad, a pasarse al mercado libre, donde tienen más margen de beneficio y posibilidad de imponer sus condiciones. Pero nunca habían sido tan claros, por descuido o por intención política de frenar la intervención del Ejecutivo en las reglas de la luz. Este viernes, a última hora de la tarde, Sánchez Galán mostró sus "sinceras disculpas" en el caso de que "alguien se sintiera ofendido" por sus afirmaciones que, subrayó, se desarrollaron "en un ambiente coloquial". Y remarcó su "máximo respeto" hacia los consumidores.

A continuación, se muestran los cuatro motivos por los cuales no es de "tontos" acogerse al PVPC e, incluso, puede ser una opción más competitiva que las ofertas de Iberdrola y de decenas de comercializadoras de electricidad.

Ha sido uno de los argumentos más utilizados para oponerse a las palabras de Sánchez Galán. Aproximadamente el 40% de los consumidores, unos 10 millones de personas en cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, están en el PVPC. Pero al menos 1.168.542 suministros están acogidos al bono social de electricidad, que ofrece descuentos de hasta el 70% en el recibo, según el grado de vulnerabilidad. Es obligatorio acogerse a la tarifa regulada para disfrutar de la rebaja. Es decir: en ese sentido, el presidente de Iberdrola calificaba de "tontos" a los "más débiles", en palabras de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; para ese sector de usuarios, la tarifa regulada no es una opción de consumo, sino una necesidad. "Debería rectificar de inmediato. Es una vergüenza", aseguró la ministra unas horas antes de que Sánchez Galán rectificase.

Justo este viernes, Iberdrola ha iniciado una campaña para, según explica su dirección de comunicación, "animar a los consumidores a suscribir contratos de suministro eléctrico a través de contratos libres por ser más baratos que la tarifa regulada por el Gobierno". Sin embargo, esto no es del todo cierto. El PVPC sube o baja en base al resultado de la subasta mayorista, que se ha encarecido en los últimos meses: esta tarifa intervenida ha sufrido el rally de precios, provocado por el alza del coste del gas en los mercados internacionales.

Según las organizaciones de consumidores, la tarifa regulada ha sido históricamente, antes de este episodio, la opción a largo plazo más competitiva, ya que no se fija en base a las estrategias comerciales de cada compañía sino en base a un mercado cuyas reglas son públicas y contrastables, independientemente de su justicia. Pero es que además, según el comparador de tarifas de la CNMC, sigue siendo más barata que el 80% de las ofertas analizadas por el regulador, tomando la media de lo abonado entre mayo de 2021 y mayo de 2022.

Un consumidor con una potencia estándar y un consumo medio en Madrid ha pagado, de media, 995 euros por su tarifa regulada de electricidad en el último año. Hay ofertas más baratas en el mercado libre, sobre todo de las grandes eléctricas, que pueden permitirse generar luz a bajo coste en sus instalaciones de renovables, hidráulicas o nucleares y venderla a través de las comercializadoras del mismo grupo. Las pequeñas empresas independientes no tienen ese margen.

Aun así, hay compañías mastodónticas cuyo coste del KWh es más elevado que el que ha registrado de media en el último año el PVPC: Por ejemplo, la "tarifa online" de Repsol o la "tempo 24 horas" de Endesa. Prometen más estabilidad, dado que en muchas de estas ofertas el precio por cada kilovatio hora no cambia dependiendo del resultado diario del mercado spot. Pero la aseveración de que el mercado libre es siempre y bajo toda circunstancia más barato que el regulado es falsa. Tampoco es cierto que estos contratos no se hayan contagiado de la crisis: muchas comercializadoras tienen que acudir al pool a comprar la energía o firman suministros en base a los mercados a futuro, que también se han disparado.

Si el Gobierno aprueba el próximo martes, como tiene previsto, la intervención en el mercado mayorista eléctrico español para poner un tope al gas, la tarifa regulada bajará automáticamente entre un 30% y un 40%, según los cálculos. Una medida a la que se oponen Iberdrola y otras grandes eléctricas. Las centrales de ciclo combinado, obligadas a quemar un gas natural que sigue caro, son las que marcan el precio del pool: al limitar el precio de las ofertas que pueden hacer, con la correspondiente compensación, se logrará bajar el resultado medio de la subasta hasta los 140 euros el MWh, aproximadamente.

Gracias al diseño de la tarifa regulada, este descuento se podrá traducir de manera inmediata a los recibos de los acogidos a la modalidad regulada. Sin embargo, no pasará lo mismo en el mercado libre; y de hecho, Iberdrola, junto a Endesa y EDP, ha amenazado con subir las tarifas unilateralmente y sin previo aviso, en vez de bajarlas, si el Gobierno cambia las reglas.

¿Cómo pueden cambiar las eléctricas las tarifas unilateralmente y sin previo aviso? Porque muchas compañías, entre ellas Iberdrola, se reservan el derecho a subir los precios sin negociación con el cliente si se producen cambios regulatorios que ellos consideran que les afectan o ponen en riesgo el negocio. Las ofertas del mercado libre que son para "listos", en base al esquema de Sánchez Galán, están repletas de cláusulas en sus condiciones, como se explica aquí. No pasa lo mismo en el PVPC: el precio del KWh puede ser más alto que en algunas tarifas libres, cuando el gas logra imponerse y tira para arriba de la subasta, pero no hay letras pequeñas, ni trampa, ni cartón, al ser una modalidad garantizada por el poder público y respaldada por la Comisión Europea para bajar la electricidad.

Durante 2021, 1,25 millones de consumidores eléctricos optaron por pasarse al mercado libre: con un precio pactado con la comercializadora y no tan dependiente del resultado de la subasta diaria como en la tarifa regulada. El trasvase duplica lo registrado en años anteriores: 575.000 clientes abandonaron el PVPC en 2020 y 660.000 lo hicieron en 2019. Los datos son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pone cifras a una tendencia evidente: las principales comercializadoras de electricidad, sobre todo las más grandes, llevan meses ofertando modalidades "estables", que permiten no estar pendientes de la evolución del mercado. Sin embargo, esas tarifas no son tan planas como parece: las eléctricas se reservan el derecho a subir los precios en la letra pequeña si la regulación del Gobierno les afecta, aunque las medidas no tengan como objetivo final el consumidor.

El lector puede comprobarlo rápidamente entrando en cualquier página web comercial de una gran empresa eléctrica: la estabilidad, el pagar lo mismo por cada kWh, es el principal reclamo, dada la coyuntura y las noticias prácticamente diarias sobre el mercado mayorista. "Paga lo mismo cada mes, sin tramos horarios", promociona Endesa. "Olvídate de las subidas del precio de la luz", promete Naturgy. "Paga lo mismo a cualquier hora, sin preocuparte del cambio de tarifas", asegura Iberdrola. Efectivamente, es cierto que estas modalidades son mucho menos variables que la tarifa regulada, al menos en base al diseño actual.

Además, pueden ofrecer precios más bajos que los que se registran en el pool. No solo porque no tienen que interiorizar el vaivén diario, sino porque las grandes empresas son a la vez generadoras (propietarias de las centrales) y comercializadoras, por lo que pueden establecer contratos bilaterales intragrupo y fijar el precio que quieran por lo generado, sin que el gas marque el coste. Pero no es oro todo lo que reduce.

Iberdrola y Naturgy hacen referencia directa a sus condiciones a una de las reformas que está tramitando el Congreso a iniciativa del Consejo de Ministros. Se trata de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, abreviado por sus siglas: FNSSE. El Ejecutivo pretende, en esencia, que sean las eléctricas las que paguen por el desarrollo de renovables, en concreto de las acogidas al régimen de financiación especial conocido como RECORE, con 0,84€ por megavatio/hora. Y lo considera una de las patas de su reforma energética, para capear el escenario de altos precios. "El nuevo marco establece un reparto equitativo entre los diferentes vectores energéticos de los costes fijos vinculados a la transición energética", defendía el Gobierno en la exposición de motivos.

Sin embargo, ambas empresas son claras en su letra pequeña. Quieren que sean los consumidores los que lo paguen. También los que suscriben un "plan estable", como el de Iberdrola. "¿Quieres disfrutar de la tranquilidad de tener 5 años sin subidas de precio? Contrata el Plan Estable y despreocúpate de tu factura", promete la empresa en su propaganda. Sin embargo, en las condiciones aseguran que subirán los costes si el FNSSE sale adelante. "En el momento en que se realicen aportaciones al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) por las unidades de energía suministradas al Cliente, se repercutirán los costes indirectos correspondientes", se puede leer.

Naturgy también lo pone negro sobre blanco; en este caso, en las condiciones generales del contrato, que afectan tanto a su tarifa por uso (el mismo precio del KWh a cualquier hora) como a su tarifa plana (lo mismo cada mes independientemente del consumo, en base a un estudio de los hábitos del cliente). "Olvídate de las subidas del precio de la luz", aseguran: salvo si el Gobierno aprueba la reforma, porque entonces sí podrán cambiarlas. Unilateralmente y sin avisar, aumentando el coste de manera "automática", ya que no se consideran "modificaciones contractuales", como se puede comprobar aquí.

Endesa no hace referencia explícita al FNSEE, pero deja abierta la puerta, en las condiciones generales del contrato aplicables a sus ofertas de precios "estables", a modificar el precio de manera unilateral y sin avisar si hay cambios regulatorios. Es decir, "cualquier tipo de variación del precio aplicable al suministro o cualquier modificación de los demás conceptos, actividades o componentes regulados que pudieran aprobarse por la Administración durante la vigencia del presente contrato". No especifica qué modificaciones son las sujetas en este punto y la empresa no ha contestado a las preguntas de infoLibre al respecto.

Iberdrola, por su parte, también se reserva el derecho a subir los precios o, incluso, a cancelar el contrato con su cliente si se ponen en marcha las subastas de energía a largo plazo, anunciadas por el Gobierno en septiembre pero sin fecha. Mediante esta medida, el Ejecutivo pretende asegurar que las comercializadoras de electricidad (más de 100 empresas, al margen de lo que se conoce como oligopolio, donde se incluyen pequeñas compañías y cooperativas) puedan adquirir la materia prima a las generadoras (Naturgy, Endesa, Iberdrola, Acciona, EDP, Repsol, u otras especializadas en renovables) a un precio asequible. Las compañías se defendieron argumentando que mucha de esa energía que les obligaban a subastar estaba ya vendida.

"En el caso de que esa "participación obligatoria" incremente "el coste de aprovisionamiento de energía" de la empresa, Iberdrola podrá "incrementar el precio de este contrato en la misma proporción en la que se incremente el coste medio de aprovisionamiento como consecuencia de esas medidas regulatorias". Y si no puede encontrar una fuente de "aprovisionamiento alternativa", Iberdrola podrá romper lo firmado con el preaviso de un mes, pero sin indemnización; lo que puede poner en problemas a buena parte de la industria electrointensiva o a negocios que no tengan tan fácil cambiar de suministrador.

Cada vez son más los clientes que desembarcan en el mercado libre huyendo de los precios y la volatilidad de la tarifa regulada. Pero hay que tener cuidado y no confiarse por la "estabilidad" que prometen las eléctricas, aseguran las organizaciones de consumidores. Los contratos suelen tener un año de duración y para subir el precio, el preaviso puede ser solo de un mes, en el caso de Endesa y de Naturgy. Por eso es importante revisar siempre el recibo y tener presente cuándo se firmó el contrato y cuándo caduca, puesto que lo probable es que se produzcan aumentos debido a la situación del pool.

Muchas de estas ofertas especifican que no tienen permanencia; otras no. Iberdrola, en las condiciones particulares del "plan estable", asegura que si el usuario de más de 10 kw de potencia contratada (generalmente, negocios) quiere abandonar antes del primer año, se deberá abonar "una penalización por importe equivalente al 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro".

Endesa, que fue señalada en 2019 por cortar el suministro por una avería al periodista aquejado de ELA Carlos Matallanas (fallecido el pasado año), que dependía de la electricidad para sobrevivir, incluye unas líneas en sus condiciones para especificar que es responsabilidad de los enfermos el mandar toda la documentación que demuestre que, en base a la ley del sector eléctrico de 2013, no les pueden cortar la luz así como así.

Este martes se reunieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los directivos de las principales compañías eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP. No ha salido del encuentro ningún compromiso concreto. El Ejecutivo coincide con las empresas en la necesidad de acelerar la implantación renovable. Las compañías insistieron, explicaron fuentes presentes en la reunión, en que cualquier tipo de detracción de "beneficios extraordinarios" o "caídos del cielo" no tiene sentido porque no se perciben, dado que los contratos bilaterales, que en teoría no indexan el precio del pool, son el 80%.

En rueda de prensa, la ministra ha vuelto a insistir en que es necesario que las grandes empresas hagan "un esfuerzo adicional" ante la crisis, un mensaje que repitió el jueves en París: "En una situación tan complicada, no puede haber solo un esfuerzo del consumidor, del contribuyente. Debe haber también un esfuerzo por parte de aquellas empresas que están en posición de hacerlo". Sin embargo, las compañías no parecen muy dispuestas a que el golpe no lo asuman los consumidores, a juzgar por las condiciones de sus tarifas.

Los principales directivos de las compañías eléctricas han trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su disposición a "arrimar el hombro" ante la compleja situación actual, con los precios de la energía desbocados, y le han asegurado que no tienen "beneficios caídos del cielo", como erróneamente se cree, informa Europa Press.

Así se lo han trasladado en la reunión mantenida esta mañana con el presidente, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y el secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, a la que han acudido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques.

Según informaron a Europa Press en fuentes del sector, los ejecutivos le han transmitido que las compañías eléctricas no se benefician de los precios tan desorbitados de la energía, porque también tienen que acudir al pool a comprar electricidad, dado que suelen distribuir más energía de la que producen.

Otra de las razones que han esgrimido es que España ocupa además uno de los primeros puestos en Europa por el número de contratos a largo plazo (PPAs) en electricidad.

Un PPA (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor a un precio fijo.

Las compañías energéticas españolas están impulsando estos contratos para dar estabilidad, certidumbre y predictibilidad a los grandes consumidores de energía. Durante el cuarto trimestre de 2021, los precios cerrados con energía solar española aumentaron un 11,5%.

En concreto, entre octubre y diciembre se firmaron PPAs con las compañías a 34 euros MWh para plantas fotovoltaicas, colocándose, así como el país con los precios más baratos de todo el Continente, según datos de la consultora LevelTen Energy.

Además, los precios que se están cerrando para 2023 y 2024 están bastante alejados de los precios de mercado actuales. De hecho, las compañías están firmando contratos para 2023 a 51 euros para plantas fotovoltaicas -y de 35 euros para 2024-. Estas cifras son todavía más bajas para los parques eólicos: 32 euros para 2023 y 34 euros para 2024.

Algunos de los directivos presentes en la reunión han abogado también por topar el precio del gas para la generación de electricidad en los ciclos combinados, algo que podría beneficiar a hogares y empresas con un consumo intensivo de energía, ya que de la situación actual solo se estarían beneficiando petroleras y gasistas.

El presidente del Gobierno ha informado a los ejecutivos de las compañías eléctricas de su reciente gira europea y de las negociaciones que se están entablando en la UE para encontrar soluciones a la actual crisis de los precios de la energía y que culminarán en el Consejo Europeo de este jueves y viernes en Bruselas, según ha informado Moncloa.

Pedro Sánchez les ha transmitido su preocupación ante el impacto que la subida exorbitante de los precios de la energía tiene sobre los consumidores domésticos, en especial los más vulnerables, la industria y las pymes, base del tejido productivo nacional. En este contexto, el presidente del Gobierno ha apelado a la unidad de todo el país, partidos políticos, administraciones públicas, agentes sociales y sector privado, para hacer frente a las consecuencias de esta crisis.

Según las fuentes del sector eléctrico, el presidente del Gobierno ha estado "muy constructivo" y ha tendido la mano a las compañías, dado que necesita su colaboración para acelerar el proceso de descarbonización de la economía española, con un despliegue más rápido hacia las energías renovables, el almacenamiento, la movilidad sostenible y la eficiencia energética.

Sánchez les ha transmitido que quiere a las compañías eléctricas como aliados por la importancia de la autosuficiencia energética y con la intención de que impulsen la transición ecológica, razón por la que considera necesario fomentar las redes y el almacenamiento.

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se disparará este martes un 7,6% por encima del marcado hoy lunes, hasta los 194,23 euros por megavatio hora, informa Europa Press. 

Este precio será el segundo nivel más alto en lo que va de mes de noviembre, tan solo superado por los 199,28 euros megavatio hora del pasado 10 de noviembre, aunque lejos del máximo histórico que tocó el pool el pasado 7 de octubre, con más de 288 euros megavatio hora, según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) recogidos por Europa Press.

En términos anuales, la luz para este martes será un 357% más cara que en el mismo día de 2020, cuando marcó un precio medio para la jornada de 42,48 euros.

El precio máximo de la luz para mañana se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, con 250 euros, mientras que el precio mínimo se registrará entre las 04.00 y las 05.00 horas, con 160,25 euros.

Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada —el denominado PVPC—, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre.

Este encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se debe, principalmente, a los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), en máximos históricos en este año.

El precio medio de la electricidad en los 16 primeros días del mes de noviembre se sitúa así por encima de los 166,5 euros, unos 33,4 euros menos que los más de 200 euros del precio de octubre.

No obstante, multiplica casi por cuatro el precio medio del pool en noviembre de 2020,pool cuando se situó en los 41,94 euros.

Un total de 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, entre ellos 1.800 menores, que han vivido más de un año de "supervivencia pura y dura" sin luz, se preparan para vivir otro invierno sin calefacción, pero no se rinden y aseguran que van a "seguir luchando" para que se les restablezca el suministro eléctrico,. "Queremos luz inmediatamente porque no se puede consentir que más de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, pasen otro invierno sin calefacción", ha subrayado la presidenta de la asociación cultural Tabadol del sector VI de la Cañada Real, Houda Akrikez, en declaraciones a Europa Press.

Akrikez ha reclamado "contratos" como el que tiene cualquier ciudadano perteneciente a la Comunidad de Madrid, para poder "pagar el suministro eléctrico". "Vamos a seguir en nuestra lucha, nuestro mensaje es claro, justo, un reconocimiento ciudadano, queremos luz y la queremos pagar", ha afirmado. A su juicio, lo que están viviendo es "un atropello de los derechos humanos" porque al no tener electricidad, sus viviendas no cumplen con las condiciones adecuadas para vivir.

En el caso de los niños y niñas, Houda Akrikez explica que tienen que hacer los deberes del colegio "bajo una lamparita que se carga con la luz del día". Además, dice que el frío ya está pasando factura a su salud pues, en su caso, lleva una semana con una bronquitis aguda.

Para movilizarse, los vecinos de la Cañada Real han creado una plataforma cívica de apoyo a la lucha por la luz de Cañada Real Galiana, a la que pueden adherirse ciudadanos, organizaciones, entidades sociales. También pueden enviar vídeos de apoyo a la dirección: plataformaporlaluzcanadareal@gmail.com.

Asimismo, el pasado 27 de octubre, los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la compañía precisa que UFD está "en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación". En este sentido, la compañía asegura que está "plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente".

La lucha sigue en el sector V

Por su parte, los vecinos del sector V de la Cañada Real consiguieron organizarse para tener luz, controlando mucho el consumo, aunque temen que ahora cuando todos conecten las estufas y radiadores ante la ola de frío, superen la potencia máxima y se queden otra vez sin electricidad. "Seguimos luchando por unos contadores y unas instalaciones adecuadas, unas infraestructuras legales y pagar la luz como todos los vecinos, porque es un derecho", ha explicado a Europa Press la portavoz de la asociación Al Shorok-Amanecer, Cristina Poza.

Poza ha puesto en valor el trabajo realizado por los vecinos del sector V para que todo el mundo tuviera luz. "Al principio, nos turnamos, íbamos viendo cómo combinaban los transformadores para que no saltara la luz, el trabajazo de los vecinos en la calle cambiando el flujo de los transformadores, ha sido la supervivencia pura y dura. Unos se encargaban de recoger dinero, otros de comprar materiales, otros de picar zanjas, otros de poner cableado nuevo", ha recordado. Si bien, señala que, hasta que no tengan contadores legales, siempre estarán con la "amenaza constante" de levantarse una mañana, pulsar el interruptor de la luz y que no se encienda, miedo que se incrementa ante las olas de frío como la que ha entrado esta semana en España y ante posibles borrascas como Filomena. 

Ante esta situación, el pasado mes de enero de 2021, distintas comunidades cristianas enviaron una carta al Papa Francisco pidiendo "su mediación y su oración por la dificilísima situación" que estaban viviendo en la Cañada Real Galiana. Sin embargo, el sacerdote de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, firmante de aquella misiva, ha informado a Europa Press de que no han recibido respuesta, ni siquiera el acuse de recibo.

Realojar a las familias en tres años

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso a comienzos del pasado mes de octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada Real Galiana en un plazo de tres años, a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.

Además, la semana pasada, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que van a destinar 5 millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demuestran, según dijo, "la voluntad política" del Gobierno para dar una solución a esta situación.

Precisamente, el pasado 28 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, celebró y acogió "de buen grado" que el Gobierno de España se implique en los realojos de habitantes de la Cañada Real Galiana. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, próximamente se convocará el Comité Ejecutivo, que es el órgano de la toma de decisiones y, una vez que se celebre, se convocará la comisión de seguimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana.

En todo caso, las mismas fuentes han precisado que, desde el Comisionado regional de la Cañada Real se están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios y se está trabajando de manera coordinada con ayuntamientos y delegación. Pero mientras administraciones y distribuidora insisten en mostrar su buena voluntad para solucionar el problema, ya ha pasado un año y 4.000 personas, entre ellos 1.800 menores, se vuelven a enfrentar a la incertidumbre de tener que pasar otro invierno sin luz y helados de frío.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista subirá este martes a 145,95 euros el megavatio hora, un 60,03% más que este lunes, día en que el precio se situó en los 91,2 euros.

Este aumento implica que el valor de la luz vuelve a escalar tras dos días de precios por debajo de los 100 euros, cuando se han alcanzado mínimos desde el 17 de agosto, día en el que la luz estaba a 89,5 euros, ha recordado Europa Press.

De esta forma, la luz de este martes será 54,75 euros más cara que este lunes, aunque todavía está lejos del precio máximo histórico registrado el pasado 7 de octubre, cuando la electricidad se situó en los 288,53 euros.

En comparación con el mismo día hace un año, el precio se ha encarecido un 256,90%, ya que el precio entonces se situó en los 40,89 euros el megavatio hora.

El precio más alto este martes se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando alcanzará los 223,55 euros, mientras que el más bajo se registrará entre las 04.00 horas y las 05.00 horas, cuando cotizará a 93,13 euros.

El precio promedio de la luz se situó al cierre de octubre en los 212,29 euros, es decir, 56,15 euros por encima de la media de septiembre (156,14 euros), siendo así el mes más caro de la historia hasta ahora. Con los dos primeros datos de noviembre, la media se situaría en 118,575 euros.

Red Eléctrica de España (REE) indica que no existe "ningún indicio objetivo" que haga pensar que pueda producirse un apagón eléctrico en Europa, incluida España, después de que algunos países europeos hayan advertido en las últimas semanas sobre posibles problemas de suministro eléctrico, según informa Europa Press.

Según ha afirmado REE, el sistema eléctrico peninsular español cuenta con un "elevado nivel de cobertura" y su capacidad de generación -con más de 107 GW de potencia instalada (107.088 GW)- duplica cualquier pico de demanda que se haya producido hasta el momento.

Por ejemplo, el máximo histórico en España alcanzó una potencia instantánea de 45.450 MW. Esto fue el 17 de diciembre de 2007 a las 18.53 horas. Y el máximo registrado este año llegó a una potencia instantánea de 42.225 MW, teniendo lugar el 8 de enero a las 14.05 horas.

Además, REE asegura que la "resiliencia" del sistema eléctrico español ha quedado "demostrada en numerosas ocasiones", y para ello pone de ejemplo el temporal de Filomena de principios de enero de este año. "El sistema eléctrico español no se vio comprometido y garantizó el suministro eléctrico", señala. En cualquier caso, Red Eléctrica mantiene la comunicación y coordinación habitual con otros operadores del sistema eléctrico de países del entorno de España, así como con el gestor técnico del sistema gasista español, Enagás, para "garantizar en todo momento la seguridad y calidad del suministro".

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista se desplomará este sábado un 29,18%, hasta los 124,53 euros el megavatio hora, siendo este precio el más bajo registrado en casi un mes, ha informado Europa Press. 

Además, esta nueva cifra supone volver a los niveles que se registraban a finales de agosto, en torno a los 120 euros. Desde entonces, la luz se ha situado por encima de esa cota, con excepción de los 111,6 euros alcanzados el pasado 3 de octubre.

Este viernes también bajó por primera vez en 16 días de los 200 euros, de forma paralela a la ralentización del ritmo de subida del gas, que en las dos últimas semanas se encareció de media un 5,6%, frente al alza del 30% registrada la quincena anterior.

Pese a este escenario de bajadas en el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la luz todavía se encuentra en unos niveles muy altos respecto al resto de la serie histórica. En concreto, justo hace un año cotizaba en 41,58 euros, por lo que el encarecimiento en el último año es del 200%, es decir, tres veces más cara.

Además, a falta de conocer la cotización de este domingo, último día de mes, el precio promedio de la luz en octubre cerrará por encima de los 200 euros, es decir, más de 40 euros por encima de la media de septiembre (156,14 euros), el mes más caro de la historia hasta ahora.

El precio más alto este sábado se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando alcanzará los 192,07 euros, mientras que el más bajo se registrará entre las 04.00 horas y las 05.00 horas, cuando cotizará a 58,79 euros.