El Gobierno admite que las eléctricas pueden subir sus tarifas pese al tope al gas aunque no sea "sensato"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto al rey Felipe VI, el lehendakari Iñigo Urkullu y directivos de Iberdrola, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán.

Nuevo episodio en la ya extensa partida de ajedrez entre el Gobierno y las grandes eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica sigue trabajando en la propuesta para limitar las ofertas del gas en el mercado eléctrico y así bajar los precios del mercado mayorista. A las empresas no les gusta el tope y amenazaron este martes con subir las tarifas del mercado libre en respuesta, como recoge Cinco Días. "Declaraciones así revelan la falta de responsabilidad social de estas empresas", aseguran fuentes del Gobierno, "en un momento como este, en el que los consumidores domésticos y las industrias están sufriendo".

"En una coyuntura de beneficios extraordinarios que nunca imaginaron" –continúa esta misma fuente– "lo socialmente responsable es moderar sus beneficios y participar en tarifas y propuestas a las altura de las circunstancias y las necesidades de sus consumidores". Transición Ecológica considera que no es ni "razonable" ni "sensato" que las compañías pongan sobre la mesa la posibilidad de subir sus precios. Las empresas ya habían manifestado su desconcierto y rechazo hacia el refuerzo de la minoración del gas anunciado el pasado mes, mediante el cual algunos contratos bilaterales que se escapaban de la extracción de beneficios volvían a ser incluidos.

Para entender la amenaza es necesario repasar cómo funciona el tope al gas que estudia el Gobierno, y que aún no tiene el visto bueno de la Comisión Europea. Lo que pretende Transición Ecológica es que las centrales de ciclo combinado tengan un límite a la hora de hacer sus ofertas, teniendo en cuenta un precio del gas de 30 euros. Como el combustible fósil les cuesta mucho más, el Ejecutivo pretende que sean las comercializadoras las que compensen a esta tecnología, y que estas lo trasladen a los consumidores. Pero al cliente final, en base a los cálculos del equipo de Ribera, no le subiría el recibo, sino que le bajaría, porque la ayuda se contrarrestaría con un descenso del pool hasta, estiman, los 100 euros el MWh.

Esto funcionará así, en principio, automáticamente con la tarifa regulada, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que internaliza el resultado de la subasta mayorista. Pero no con el mercado libre, en el que comercializadoras y usuarios acuerdan un precio y generalmente no cambia mientras dure el contrato, que suele ser de un año. Por lo que esas comercializadoras (entre ellas, las grandes: Iberdrola, Endesa o Naturgy) pueden disfrutar de la rebaja en el pool, ya que acuden a la subasta a adquirir la electricidad, pero no bajar los precios a los consumidores, e incluso subirlo, como han esgrimido este martes.

Lo pueden hacer porque, como se explica aquí, muchas de las tarifas del mercado libre de las grandes eléctricas, que promocionaban estabilidad ante las subidas y bajadas del PVPC, tienen una letra pequeña que les permite subir el precio sin avisar si se producen cambios regulatorios. Endesa, por ejemplo, aumentará el coste del KWh si se produce "cualquier tipo de variación del precio aplicable al suministro o cualquier modificación de los demás conceptos, actividades o componentes regulados que pudieran aprobarse por la Administración durante la vigencia del presente contrato", como explica en sus condiciones.

"Se repercutirán en cada momento las variaciones a la baja o al alza en las tarifas y peajes de acceso, cánones y en los valores regulados que puedan ser aprobadas por la Administración para su aplicación durante la duración del Contrato", explica Iberdrola en el detalle de su "plan estable", de manera similar a Naturgy. El Gobierno asegura que si las compañías encarecen sus ofertas del mercado libre en respuesta al tope al gas, "deberán asumir la penalización por revisar el contrato, si la hay, y en todo caso, informar a sus abonados del cambio con un mes de antelación e incluir en el aviso una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión". Sin embargo, en estas letras pequeñas, las eléctricas se reservan el derecho a hacerlo sin antelación y sin avisar.

Por otro lado, Transición Ecológica defiende que estas subidas en el mercado libre estarían "acotadas" a la minoración del gas, mejorada en el decreto de respuesta a la guerra de Ucrania. La norma establece que en el caso de los contratos intragrupo, que se fijan entre empresas que en realidad son la misma –por ejemplo, la filial de Iberdrola que se encarga de la generación y la comercializadora–, el mecanismo tendrá en cuenta los precios del mercado libre de estas compañías para hacer el cálculo de cuántos beneficios deben detraerse. Pero no está claro, porque aún quedan muchos detalles por limar, cómo interactuaría exactamente esta herramienta prevista por el Ejecutivo y la amenaza de las eléctricas, y qué consecuencias tendría para el ciudadano.

El conflicto entre el lobby privado y el impulso público contra la escalada de precios sigue, así, sin un final a la vista, con los consumidores como rehenes. Un especialista en el mercado eléctrico que prefiere no revelar su nombre explica a infoLibre que considera probable una nueva intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en este asunto, para definir exactamente si el tope al gas es un cambio regulatorio que permite a las eléctricas, como pretenden, subir las tarifas sin avisar.

Grandes eléctricas como Iberdrola, EDP o Endesa se opusieron a través de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica al tope al gas en el mercado mayorista. Defendían otro tipo de límite a este combustible fósil: en el propio mercado del gas, una decisión que no ha sido avalada por ningún experto, aunque sí estudiada por la Comisión Europea, que advirtió de los riesgos para el suministro que conllevaba. Si España, de manera unilateral o coordinada con la Unión Europea, pone un límite al precio de este combustible fósil, los metaneros que surten al continente provenientes de Qatar o Estados Unidos pueden, simplemente, virar su rumbo hacia un destino donde les paguen mejor.

No es la primera vez que las propuestas de las eléctricas entran en conflicto con los intereses de los consumidores finales y de todo el país, entrando en juego la seguridad de suministro. Al comienzo de la crisis, en septiembre de 2021, Endesa propuso al Gobierno quemar las reservas estratégicas de gas para bajar la factura, como desveló El Independiente. Ribera lo rechazó de inmediato. El estallido de la guerra en Ucrania le ha dado la razón.

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