La inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Ahora ya no es sólo la herramienta que ayuda a resumir textos, a realizar investigaciones o a preparar discursos políticos. Ahora, la IA ya es un actor político más. En 2026, nos acercamos, cada día más, a ese mundo distópico que Michael Crichton narraba en Presa o a esa novela de Emma Mieko Candon, The Archive Undying, donde las IA eran dioses caídos.

La inteligencia artificial se ha convertido en candidata electoral o en portavoz y cerebro de campaña en países como Japón, Colombia, Dinamarca o Reino Unido, cuatro territorios en los que la IA ya es parte del entramado político. 

La novedad no es sólo tecnológica. Es, sobre todo, moral. Porque plantea preguntas incómodas: ¿puede una inteligencia artificial representar a los votantes? ¿Puede un partido articulado en torno a un chatbot aspirar a algo? ¿Qué pasa con los bots y las redes sociales, remarán a favor del voto a las IA?

El politólogo Andreas Jungherr en Artificial Intelligence and Democracy: A Conceptual Framework, realiza un amplio estudio de cómo la IA ya está impactando en “las condiciones del autogobierno, la igualdad política, las elecciones y la competencia entre sistemas democráticos y autocráticos”.

En Japón, Team Mirai es probablemente el ejemplo más completo de “tecnopolítica” convertida en realidad. Fundado por perfiles ligados al software y la ingeniería, el partido dio el salto a la política nacional con un mensaje que mezcló reformas concretas y una defensa explícita de la IA como motor de modernización del Estado. En las elecciones de febrero a la Cámara Baja nipona obtuvo 11 escaños, con una base de 2.600 afiliados, consiguió el voto de tres millones de personas, un 7% de los votantes del país.

Ideológicamente, se sitúan en un centro‑derecha tecnocrático. Bruce Schneier, que ha estudiado el caso en profundidad, explica en uno de sus ensayos que Team Mirai “se presentó a las elecciones sin alinearse con los ejes tradicionales de izquierda y derecha” y que su eje principal es el futuro frente al inmovilismo. “La tecnología te hace la vida más fácil”, es uno de sus lemas de campaña. 

El propio análisis de Schneier destaca que el partido mantuvo una posición “contraria” en el gran tema de la campaña: en vez de prometer rebajar el impuesto al consumo, defendió mantenerlo y compensar a las familias trabajadoras con créditos fiscales y menores cotizaciones sociales.

No son anti‑sistema, como pudiera ser el Partido Pirata de Islandia, sino una fuerza que propone redistribución selectiva y ajustes demográficos. 

Mirai apuesta por la inversión en sectores tecnológicos y el uso intensivo de aplicaciones propias y estatales, como la app Gikai, que utiliza IA para resumir proyectos de ley y recabar opiniones ciudadanas. Schneier lo resume con una frase que define bien su proyecto: “Team Mirai se concibe como un 'utility party', una especie de infraestructura básica para la democracia japonesa, más que un partido clásico organizado en torno a una identidad ideológica cerrada”.

Por otro lado, Dinamarca encarna la versión más radical del algoritmo: el Partido Sintético.

Fundado en 2022 por el colectivo artístico Computer Lars y la fundación MindFuture, colocó un chatbot en el centro de su identidad. Vice aseguró que “el chatbot de IA Leader Lars, está programado basándose en las políticas de partidos daneses marginales desde 1970”.

Este chatbot fue entrenado con décadas de programas electorales para llegar a proponer políticas a partir de las preferencias acumuladas y para dialogar con los votantes. El partido pretendía representar a quienes no votan y explorar formas de “democracia más‑que‑humana”. Entre sus propuestas estaban una renta mínima, la incorporación explícita de la IA a la agenda de derechos humanos y la alineación con objetivos de desarrollo sostenible centrados en la convivencia entre humanos y máquinas.

Partidarios de la redistribución, inclusión y una integración ética y regulada de la IA en la sociedad, el Partido Sintético nunca llegó a presentarse porque la ley electoral danesa prohíbe partidos sin base jurídica personal. 

Si la tecnología y la inteligencia artificial son la base de estos partidos, Colombia y Reino Unido han ido más allá y propusieron, directamente dos candidatos creados por IA: AI Steve y Gaitana IA.

El caso británico fue el más mediático. AI Steve se presentó como el primer “candidato de IA” en las generales de 2024 en el Reino Unido, pero en realidad era un avatar asociado al empresario Steve Endacott, que se presentaba en Brighton Pavilion. Si recuerdan el metaverso, AI Steve era la representación digital de Endacott.

AI Steve “invitaba a los votantes a interactuar con un chatbot que recogía opiniones y las transformaba en propuestas y luego un grupo de “validadores” (humanos) tendría la tarea de traducir ese feedback en decisiones concretas”, recuerda el periodista Tomás Estevez que siguió el caso de este candidato híbrido. 

“El programa incluía recortes del 50% en tasas universitarias aplicando tarifas más altas a estudiantes extranjeros, construcción de vivienda asequible en suelos industriales”, recuerda Estevez que colocaba al avatar de Endacott en el espectro del centro‑derecha liberal británico. 

AI Steve no consiguió el escaño, pero “sentó un precedente: un candidato humano‑máquina que luego hemos visto en otros lugares”, dice Estevez que cita otro caso de este póker de IA en elecciones: Gaitana.

El caso colombiano es el último. Gaitana IA apareció en las papeletas de las elecciones legislativas de 2026, en la circunscripción especial indígena, presentada como una candidata creada con inteligencia artificial. Detrás del avatar, sin embargo, había una arquitectura legal y política híbrida: dos personas —entre ellas el activista Carlos Redondo— se registraron como candidatos reales, mientras el bot azul actuaba como rostro digital del proyecto.

El programa, según detalla Wired en su edición en español, se centraba en inclusión indígena y soberanía digital: defensa del territorio y de los derechos colectivos, y la reivindicación de que las comunidades originarias participen en la conversación global sobre tecnología, desde la banca hasta la educación, usando IA y otras herramientas emergentes.

Gaitana no obtuvo escaño, pero centró el debate en normalizar el uso de un avatar para redes y un candidato de carne y hueso para relacionarse.

La expansión de estas experiencias no ocurre en el vacío. International IDEA ha señalado que “la IA ya está entrando en la maquinaria cotidiana de las elecciones, incluyendo la administración, el análisis de datos, la provisión de información y la supervisión”, y advierte, al igual que José Manuel Mateu de Ros, CEO de la consultora Zertia, para infoLibre, que “muchas autoridades reconocen tener baja alfabetización en IA mientras ya la están usando, lo que constituye un grave problema de seguridad”. 

El centro de investigación Brookings, en un artículo sobre el “super‑año” electoral global de 2024, recuerda que el potencial para alterar la información que reciben los votantes es considerable. Ese diagnóstico encaja con multitud de estudios sobre el uso malicioso de la IA y de bots automatizados en campañas recientes, “para producir vídeos, imágenes, textos, falsas webs… Un problema de difícil solución”, dice Mateu que ve que este problema irá en aumento en los próximos años.

El antecedente más citado sigue siendo Cambridge Analytica, la firma que, en 2016, accedió sin consentimiento a los datos de decenas de millones de usuarios de Facebook para dirigirles anuncios políticos en la campaña de Donald Trump y en el referéndum del Brexit. Aunque entonces no se hablaba todavía de IA generativa, la lógica era similar: usar grandes volúmenes de datos para segmentar con precisión y explotar vulnerabilidades emocionales en el electorado.

International IDEA plantea que la adopción de IA en elecciones debe ir acompañada de “sólidos marcos de gobernanza” y propone una base democrática de cinco pilares: alfabetización en IA, ética y derechos humanos, moderación de contenidos, regulación y uso de IA para mejorar la gestión electoral. “Sin estos elementos la IA corre el riesgo de socavar la integridad electoral en lugar de reforzarla”, concluye Mateu.

El nuevo Plan Quinquenal de China va más allá de cinco años. La idea de Xi Jinping es sentar las bases para que en nueve China se convierta en una potencia económica, tecnológica y militar. Puede sonar grandilocuente, pero China, como recuerdan desde el Real Instituto Elcano, suele cumplir con alrededor del 80% de lo que propone en sus planes.

Este XV Plan coloca como meta el año 2035, que marca el plazo para alcanzar un nivel de modernización socialista básico, mientras que el año 2050 se erige como la fecha límite para la consecución de un país desarrollado integral.

Para esto, China se fija como objetivo una nueva etapa en la que quiere dejar atrás los bajos salarios, la mano de obra abundante y ser la fábrica del mundo para convertirse en una potencia de las “nuevas fuerzas productivas de calidad”. Es decir: la inteligencia artificial, la robótica, los nuevos materiales, la biomedicina o la industria aeroespacial. A la vez, en estos cinco o diez años, buscará desarrollar tecnologías emergentes como la computación cuántica, el hidrógeno o el 6G.

Pekín lleva años enseñando al mundo de lo que es capaz. Se hizo con el dominio de los paneles solares, exporta y fabrica coches eléctricos para todo el mundo y, según un informe de McKinsey, para 2030 dominará el mercado. Y, cuando nadie apostaba porque China pudiese fabricar un modelo más potente de inteligencia artificial generativa, apareció DeepSeek, que puso en alerta a los gigantes estadounidenses de Silicon Valley. 

El plan, recogido en un documento de 141 páginas, se habla, y mucho, de Inteligencia Artificial, el eje sobre el que pivota toda la estrategia del país para estos años.

En ese contexto se enmarca la iniciativa IA Plus, que tendrá un alcance sin precedentes: integrar la IA en manufactura, logística, educación y sanidad, y llevar su penetración al 70% de la economía el próximo año y al 90% en 2030.

Para conseguir esto, los centros de datos y toda la estructura que soporte esta tecnología estará respaldada por una electricidad barata y abundante: energía solar y eólica, el pasado año solo estas dos energías ya cubrieron el 97,1% de la nueva demanda eléctrica.

La diferencia de la IA china con el resto es que apostará por el código abierto; esto “marca una distinción clave entre los enfoques chino y estadounidense hacia la IA”, señala Tilly Zhang, analista industrial especializada en el sector tecnológico chino, en declaraciones recogidas por Reuters. 

“Creo que China ha analizado esto meticulosamente y ha elegido posicionar la IA de código abierto como estrategia insignia y ventaja competitiva frente a Estados Unidos”. El impacto de DeepSeek, que demostró que China podía competir en IA, es lo que motiva que todo gire en torno a esta tecnología. Ya se vio con el lanzamiento de Seedance 2.0 y su capacidad de crear vídeos casi indistinguibles de los reales.

Y, aunque suena lejano, el plan quinquenal pasa por seguir desarrollando los agentes de IA autónomos, sistemas capaces de ejecutar tareas complejas de forma encadenada sin supervisión humana constante. Una auténtica revolución que, como explica en su newsletter el fundador de la consultora de IA Naktor, Hektor Jacynycz García, ya ha tenido consecuencias a nivel mundial con OpenClaw. Lo que plantea China para 2030 no es entrenar modelos, es desplegarlos en fábricas, hospitales y redes de transporte, asegura a infoLibre.

La imagen de los robots saltando y bailando que se vio en el Festival de Primavera es el objetivo fijado por el Partido Comunista chino para estos cinco años; de ahí el interés por conseguir la autosuficiencia en semiconductores y no depender de terceros países. “China busca, más que aumentar la capacidad, optimizarla. Para ello, desarrolla sistemas propios de hardware y software que le hagan autosuficiente”, comenta el profesor Juan Vázquez, doctor en Economía y profesor en la Universidad Camilo José Cela a infoLibre.

Pekín sueña con conseguir robots humanoides para sectores con escasa mano de obra, y ya trabajan en fábricas y en entornos controlados por operarios humanos con máquinas capaces de doblar ropa, planchar o limpiar.

No es un farol: en este XV Plan, China se ha comprometido a mantener el gasto en I+D por encima del 7% anual. En 2025 ya lo superó con un crecimiento del 9,1%, alcanzando los 3,92 billones de yuanes. Eso coloca a China por delante de EEUU, India —otra potencia emergente— o Arabia Saudí.

Pero el plan, sobre todo, incide en las tecnologías para la autosuficiencia. Ser una “aldea gala”, en medio del mundo. El documento anuncia “medidas extraordinarias” para lograr avances en semiconductores, software básico y materiales avanzados, exactamente donde las restricciones de exportación y la guerra comercial con EEUU están haciendo más daño al gigante asiático. 

Y la apuesta autosuficiente de China pasa por la energía verde. El nuevo documento fija reducir las emisiones por unidad de PIB en un 17% y elevar la cuota de energías no fósiles al 25% del consumo total.

Como explica Vázquez en su último artículo para The Conversation, “el núcleo de esta transformación es una electrificación masiva que abarca transporte, industria y consumo doméstico. Esto genera un ciclo de retroalimentación: la transición energética impulsa la demanda de equipos donde China ya tiene ventajas: baterías, paneles solares o vehículos eléctricos, que en 2024 ya representaban el 10% del PIB”. Pero China va a mantener su industria del carbón porque "porque es fiable, barato y, sobre todo, doméstico. China lo controla y puede usarlo cuando lo necesita", recuerda Vázquez. El Gobierno lo define como un “lastre” necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar fallos en el suministro.

"Las renovables lideran, pero el carbón actúa como red de seguridad. Con el tiempo, el carbón irá pesando menos, pero seguirá ahí como apoyo para garantizar que el sistema funcione sin interrupciones y sin depender tanto del exterior", todo para no poner en riesgo el suministro, incide Vázquez.

En 2027, con el centenario del Ejército Popular de Liberación, China prevé mostrar avances en sensores cuánticos, IA militar y tecnologías contra armas hipersónicas. “La modernización militar moderna es inseparable del progreso rápido en ciencia y tecnología”, señala el informe de Forecast International.

Y en el ámbito militar no se descarta la toma de Taiwán bajo el principio de “una sola China”. El documento asegura que deben “implementar plenamente la política general” del “Partido para la nueva era sobre la solución de la cuestión de Taiwán, luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas que aspiran a la ‘independencia de Taiwán’”, oponerse “a la interferencia externa, salvaguardar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y mantener firmemente la iniciativa y la capacidad de dirección en las relaciones entre ambos lados del Estrecho”,

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, moderó algo el tono del documento e invitó a los residentes de Taiwán a viajar, trabajar y vivir en la parte continental eso sí, siempre mencionando y valorando la reunificación.

En cambio, el documento reafirma la política de “un país, dos sistemas”, subrayando que debe aplicarse de manera “resuelta”, garantizando un alto grado de autonomía en Hong Kong y Macao. El Gobierno insiste en reforzar el papel internacional del primero como centro financiero, comercial e innovador, y en diversificar la economía del segundo más allá del turismo y el juego.

Sin embargo, Camille Boullenois, analista de Rhodium, baja algo las expectativas de lo que promete China en The Economist: “Pekín ganó en renovables y en coches eléctricos. Pero sigue por detrás en semiconductores avanzados, la columna vertebral del desarrollo tecnológico actual”, además, Washington seguirá presionando y poniendo aranceles a productos clave como son los chips, lo que podría generar enormes pérdidas este año y el próximo hasta que se pueda asentar una producción propia autosuficiente.

El profesor Vázquez recuerda que “el cambio que plantea es estructural: dejar de competir por costes y hacerlo por control tecnológico” con una única finalidad: “Ocupar posiciones centrales en las cadenas de valor, definir estándares industriales y aumentar su influencia en la economía global”, haciendo fuerte hincapié en que la Nueva Ruta de la Seda adopte tecnología, financiación y sistemas de gestión chinos para crear relaciones de dependencia de esos países con China, algo que, a priori, parece complicado.

Donde ya tiene ventaja (como minerales críticos o tecnologías verdes) China busca consolidarla y ampliarla. "No solo produciendo dentro del país, sino controlando las cadenas globales de valor: invierte en recursos en el exterior (litio en Chile, níquel en Indonesia) para asegurar suministro y liderar el proceso, aunque parte de la producción se realice fuera de China", asegura Vázquez.

El automóvil es un reflejo de los retos que el país asiático tiene por delante. El profesor Vázquez explica a infoLibre cómo la autosuficiencia energética que busca China no es una autarquía, "empresas como BYD están abriendo fábricas en distintas regiones (por ejemplo, en Europa o América Latina) para evitar aranceles y acercarse a los mercados finales. Pero mantienen en China las partes de mayor valor (como el diseño, la tecnología de baterías o el desarrollo del software). Por ejemplo, un coche puede ensamblarse en Europa, pero su batería, su tecnología clave y gran parte del valor añadido siguen siendo chinos".

La transición demográfica también se convertirá en un reto en este XV Plan Quinquenal, y es que el envejecimiento poblacional y la “contracción de la fuerza laboral en edades centrales plantean desafíos para la seguridad social, los mercados laborales o la innovación”, alerta Eduardo Regalado, autor de El despertar del Dragón en una conversación telefónica con infoLibre tras analizar el documento chino. Según lo expuesto por la Academia China de Ciencias Sociales (2024), se proyecta una disminución aproximada de 30 millones en la población en edad laboral (15-59 años) durante el período 2025-2030. ¿Podrán los robots hacer frente a esa caída de mano de obra?

Ocurrió en noviembre de 2023. Un ciudadano cubano afincado en Soria, ciudad de apenas cuarenta mil habitantes, donde los crímenes violentos son noticia precisamente por su rareza, había desaparecido. Para resolver el caso, un asesinato, acabó resultando decisivo un servidor de Mountain View, California. Un fotograma rutinario de Google Maps Street View, capturado por una cámara montada en un vehículo que recorría calles con indiferencia algorítmica, había registrado al asesino en el momento exacto en que introducía el cuerpo en el maletero de su coche. El testigo más decisivo del caso era una máquina que ni siquiera sabía que estaba mirando. Los culpables —el hombre fotografiado y una mujer— acabaron confesando.

Esta historia ilustra la transformación más profunda que ha experimentado la justicia penal en las últimas dos décadas. Pero lo que ocurrió en Soria no es una excepción ni una anécdota. Es el síntoma más visible de un cambio de paradigma que el profesor Andrew Guthrie Ferguson, de la American University Washington College of Law, ha sistematizado bajo el concepto de la sensorveillance (sensorvigilancia). La fusión entre los sensores del Internet de las Cosas y la vigilancia ha transformado cada objeto cotidiano —el coche, la bicicleta, el termostato, el reloj de pulsera— en un informante digital en potencia. Y, a diferencia del testigo humano, estos dispositivos no mienten, no olvidan y no se cansan.

Los datos del informe anual de Cellebrite —una compañía especializada en tecnología forense que elabora desde hace siete años la encuesta de referencia del sector, esta vez con más de 900 profesionales de 63 países entre agentes de policía, funcionarios judiciales y empleados de empresas privadas— cuantifican con una contundencia difícil de rebatir la magnitud del cambio. El 95% de los encuestados afirma que la evidencia digital aumenta significativamente la capacidad de resolver crímenes, una cifra que sube veinte puntos porcentuales respecto a 2024. No es una tendencia. Es una avalancha.

El 97% de los investigadores señala que los teléfonos inteligentes aparecen como fuente frecuente de evidencia en sus casos, frente al 73% de 2024. Una investigación típica involucra entre dos y cinco dispositivos, convirtiendo cada smartphone, tableta o portátil incautado en un archivo potencial de pruebas capaz de ubicar a su dueño en el espacio y en el tiempo con una precisión que ningún testigo humano podría igualar. El 93% de los encuestados afirma que esta evidencia acaba resultando crítica en detenciones, acusaciones y juicios. La sociedad, además, ya lo da por sentado: el 97% de las respuestas coinciden en que su comunidad espera que la evidencia digital sea utilizada en prácticamente todos los casos.

Pero los teléfonos son solo el síntoma más visible. Ferguson documenta en su libro Your Data Will Be Used Against You —“Tus datos se utilizarán en tu contra”— cómo la red de testigos digitales se ha expandido mucho más allá de nuestros bolsillos.

En Pensilvania, los fiscales utilizaron los datos de una simple aplicación de linterna de un iPhone para demostrar que un ladrón estaba dentro de una casa en el momento del robo. En otro caso paradigmático, una conductora, Cathy Bernstein, negó haber sufrido un accidente de tráfico: su propio coche Ford llamó automáticamente al 911 tras el choque, y la telemetría del vehículo confirmó el despliegue de airbags junto a la ubicación exacta, llevando a su detención por fuga. El objeto que conducía se convirtió en su acusador.

La expansión del rastro binario hacia los objetos físicos plantea una pregunta que la industria tecnológica prefiere no formular en voz alta: ¿cuánto de lo que hacemos dentro de nuestros propios vehículos es realmente privado? 

Los coches modernos recogen casi tanta información como los teléfonos. Al conectar un dispositivo para escuchar música o leer mensajes, el vehículo puede descargar listas de contactos, registros de llamadas y patrones de desplazamiento. Algunas políticas de privacidad de fabricantes llegan a extremos que parecerían inverosímiles si no estuvieran publicadas: Ferguson señala que Nissan se ha reservado el derecho de recolectar información sobre actividad sexual, datos genéticos y tendencias psicológicas, con posibilidad de vender esa información a intermediarios de datos o entregarla a las autoridades.

El mecanismo legal que hace posible todo esto es una de las grietas más incómodas del derecho a la privacidad contemporáneo. Las agencias gubernamentales pueden evitar el trámite de una orden judicial —cuya exigencia en Estados Unidos está protegida por la Cuarta Enmienda frente a registros irracionales— simplemente comprando los datos a empresas privadas. Bajo la lógica de que el usuario aceptó los términos de servicio al instalar una aplicación o activar un dispositivo, la información deja de considerarse privada y se convierte en una mercancía accesible para quien tenga presupuesto para adquirirla. La vigilancia, en ese esquema, no necesita juez. Solo necesita tarjeta de crédito.

Google operó durante años el llamado Sensorvault, una base de datos que combinaba señales de GPS, Bluetooth, torres de telefonía y redes wifi para rastrear ubicaciones con precisión milimétrica. Las llamadas “geofence warrants” permitían a la policía solicitar datos de todos los teléfonos presentes en un área específica durante el momento en que se cometió un crimen. 

En el caso de Okelle Chatrie, identificado como autor de un atraco bancario, los investigadores analizaron los registros de diecinueve teléfonos que se encontraban en las proximidades. En 2024, Google anunció que dejaría de almacenar estos datos de ubicación en la nube para guardarlos localmente en los dispositivos, lo que en teoría obliga a la policía a identificar primero al sospechoso antes de solicitar una orden judicial específica. Es un paso, aunque no cierra el debate sobre los datos que otros operadores siguen centralizando.

Frente a este panorama, el marco legal europeo se prepara para una transformación que podría modificar sustancialmente las reglas del juego. El Reglamento E-Evidence —oficialmente, el Reglamento (UE) 2023/1543— entrará plenamente en vigor el 18 de agosto de 2026 y supone la ruptura más significativa con el paradigma tradicional de la cooperación judicial internacional en décadas.

El problema que viene a resolver es tan viejo como la propia globalización digital: los delincuentes operan sin fronteras, pero los jueces sí las tienen. Hasta ahora, obtener datos almacenados en servidores de Meta o Google desde un juzgado español exigía activar los mecanismos de asistencia legal mutua entre países, un proceso que tardaba de media diez meses. Para cuando llegan los datos, las investigaciones han envejecido, los sospechosos han movido activos y, en algunos casos, la evidencia ha desaparecido.

La nueva normativa introduce dos instrumentos de naturaleza radicalmente diferente. La Orden Europea de Producción permite a cualquier autoridad judicial de un Estado miembro requerir directamente a un proveedor de servicios —sea cual sea su ubicación dentro de la Unión— que entregue datos concretos en un plazo máximo de diez días. En situaciones de peligro inminente para la vida, ese plazo se comprime a ocho horas. 

La Orden Europea de Preservación, por su parte, bloquea preventivamente los datos durante sesenta días mientras se tramita el acceso definitivo. Todo proveedor que opere en la Unión Europea, independientemente de dónde tenga su sede, deberá designar un representante legal en un Estado miembro como punto de contacto. La neutralidad jurisdiccional de Silicon Valley, en la práctica, queda severamente limitada.

El reglamento incluye algunas garantías cuya efectividad está por ver. Para datos de contenido y tráfico existe un procedimiento de notificación que permite a las autoridades del Estado donde se ubica el proveedor oponerse en diez días si consideran que la orden vulnera derechos fundamentales, secretos profesionales —incluyendo el periodístico— o si el hecho investigado no constituye delito en su jurisdicción. Para España, la implementación tiene que articularse a través de una Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, que actuará como centro nacional para supervisar estas órdenes transfronterizas.

Si el Reglamento E-Evidence es la respuesta legislativa a la saturación del sistema, la inteligencia artificial es la apuesta tecnológica. El informe de tendencias confirma que la profesión ha alcanzado un consenso llamativo sobre cómo debe desplegarse: el 65% de los profesionales cree que la IA puede acelerar las investigaciones. Sus aplicaciones más valoradas son encontrar vínculos entre personas (74%), identificar usuarios de dispositivos (74%), transcribir o traducir contenido (72%) y realizar búsquedas avanzadas en textos e imágenes (71%).

El modelo que la comunidad forense defiende no es el de la sustitución sino el de la amplificación. Que la máquina procese terabytes de datos de mensajería para identificar patrones, pero que el investigador decida qué significa ese patrón. Un consenso del 92% entre los profesionales sostiene que la decisión final debe ser siempre humana, no solo por consideraciones éticas sino por exigencias estrictamente jurídicas: en los juzgados españoles, una prueba generada por un algoritmo incapaz de explicar su propio razonamiento puede ser declarada nula por vulnerar el derecho de defensa.

Pero la IA no solo está del lado de los investigadores. Los deepfakes —vídeos y audios sintéticos indistinguibles de los reales— amenazan con colapsar precisamente el pilar sobre el que descansa toda la arquitectura de la justicia digital: la confiabilidad de la evidencia audiovisual. Si un vídeo puede ser fabricado con suficiente perfección, ¿qué peso probatorio conserva? 

Los laboratorios forenses han respondido con lo que los propios especialistas describen como una carrera armamentística: el desarrollo de sistemas de contra-análisis capaces de detectar micro-inconsistencias en medios sintéticos. La autenticidad, que antes era un dato, se ha convertido en un problema que hay que demostrar.

El horizonte jurídico español ofrece dos lecturas en tensión que conviene leer juntas. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo validó definitivamente el uso de mensajes extraídos de la red cifrada EncroChat —interceptada por autoridades francesas— bajo la doctrina del hallazgo casual, confirmando penas de hasta catorce años para redes de narcotráfico. Pero en 2026, la Audiencia Provincial de València absolvió a varios acusados en un caso relacionado con la plataforma Sky ECC al detectar una ruptura en la cadena de custodia y la ausencia de los archivos originales en formato técnico. 

La evidencia digital es indispensable, pero su admisibilidad depende de un rigor procedimental que ninguna urgencia investigadora puede relajar. La sola gravedad del delito no legitima atajos forenses.

Ferguson advierte en su libro algo que ningún informe sectorial formula con tanta claridad: aunque hoy todavía podemos elegir una bicicleta sin sensores, pronto será imposible comprar un coche que no rastree datos. La sensorvigilancia no es una opción que pueda desactivarse con un clic en los ajustes de privacidad. Es la condición por defecto de una civilización que ha decidido conectar cada objeto al flujo de datos globales. Ese mismo flujo que contribuyó a resolver el crimen de Soria es el que registra dónde dormimos, con quién nos reunimos y qué buscamos a las tres de la madrugada.

La evidencia digital ha ganado la batalla de la relevancia. Lo que está en juego ahora es si las sociedades democráticas serán capaces de diseñar los límites dentro de los cuales esa evidencia puede ser recogida, conservada y utilizada. Porque los datos no distinguen entre un asesino y un disidente. De eso, todavía, siguen teniendo que encargarse los humanos. Y las leyes que los humanos deciden aplicar.

De nuevo, ha aparecido un estudio de una big tech diciendo que la IA va a cambiar la forma en que trabajamos. Esta vez se trata de una de las creadoras de Claude: Anthropic. Su artículo “Impactos de la IA en el mercado laboral: una nueva medida y sus primeras evidencias” compara los trabajos que teóricamente podría hacer la IA y los que realmente está haciendo.

Y no hablamos del típico informe de una consultora vendehumos, sino de Anthropic, la compañía fundada por exdirectivos de OpenAI (los creadores de ChatGPT), a los que no les gustaba el rumbo que tomaba el mercado y querían centrarse en la seguridad y desarrollar una IA con principios que han llamado IA Constitucional, y que hace solo unos días han dicho no a ser usados como tecnología militar. Así que son poco sospechosos de tecnoptimismo. Pero en su artículo apuntan a la existencia del concepto del Junior Cliff.

Este informe nos da muchas claves rápidas que, a poco que se muevan por Linkedin y otras plataformas, habrán visto a muchos neogurús hablando del mismo gráfico de araña que explica el impacto de la IA en varios sectores laborales. 

Si no se lo han leído, se lo resumo: aunque teóricamente la IA ha demostrado su capacidad en muchos campos y hay una serie de empresas innovadoras que han demostrado que funciona, aún hay una gran cantidad de empresas que no desarrollan todo su potencial, principalmente por barreras burocráticas, procesos internos o por no confiar totalmente en la tecnología.

Si se le ha despertado el ludita interior y ha dicho “menos mal, aún me queda tiempo”, tengo una mala noticia: está a un cambio de jefe en la implementación total, ya que de lo que estamos hablando no es de una barrera técnica, sino de una barrera cultural. Y les recuerdo que los humanos solemos sobreestimar el riesgo a corto plazo pero subestimamos el impacto a medio plazo. 

Un nuevo jefe con ganas y una actualización de software pueden hacer que, de un día para otro, tenga que colaborar con un compañero que no se cansa y que es mejor que usted en muchas materias. Así que le vuelvo a pedir, como en mi artículo anterior, La IA como segundo cerebro: externalizar la lógica para volver a ser humanos, que trabaje en sus habilidades humanas que le hacen único frente a la IA: pensamiento crítico, gestión de problemas complejos y, sobre todo, relaciones interpersonales.

Pero, aparte de la bomba habitual de este tipo de artículos de investigación, este artículo esconde otras conclusiones que harán que el futuro sea más complejo y que la mayoría está pasando por alto: viene a confirmar el fin de la escalera de entrada (Junior Cliff, en palabras de los investigadores de Anthropic), algo que complicará el futuro de la entrada de los jóvenes al mundo laboral.

Y es que, aunque no se observa un aumento del desempleo entre los trabajadores de alta cualificación ya establecidos, sí se ralentiza la contratación de jóvenes en esos perfiles. La IA está asumiendo las tareas de soporte a estos perfiles que servían para formar a los jóvenes para ellos.

Por llevarlo a un paralelismo fácil de entender. Piensen en la carrera de un joven en un despacho de abogados tradicional. En su primer año, difícilmente salía de la biblioteca en busca de jurisprudencia para que el resto del bufete pudiera contar con la base sobre la que construir los casos. Ahora eso lo hace un ordenador más rápido y mejor, y encima no toma café. Pero este trabajo, que tenía algo de rito de paso, también servía para adquirir habilidades reales que no se enseñan en las universidades. Si ahora la IA redacta el contrato, el humano tiene que analizar por qué esa cláusula del contrato puede ser un peligro para usted.

En Fundación Alternativas venimos trabajando en estos temas en los últimos meses, ya que vemos que se está produciendo una fractura silenciosa en la entrada de los jóvenes al mercado laboral. En mi artículo de enero La universidad dual: menos rito y más oficio, ya abordábamos el problema de que la formación universitaria está desconectada del mundo laboral, si bien antes no era algo tan importante porque se corregía en las primeras etapas de trabajo. Sin embargo, al estar desapareciendo estos trabajos que están siendo sustituidos a marchas forzadas por la IA, los nuevos trabajadores se enfrentan a un reto endiablado, como llegar a ser un jefe competente sin haberse breado en los niveles más bajos. 

Si además tenemos un mercado en el que las empresas no desarrollan talento, sino que lo compran, la permanencia de los perfiles más demandados disminuye vertiginosamente y ronda los tres años de media. Esto se debe a la fuga de talento: las empresas que no forman a sus trabajadores acaban pagando por mercenarios, que se van en cuanto otro les paga más.

Es más, los genios de la eficiencia económica reman en sentido contrario. Esto genera paradojas ultraliberales de ahorro extremo a costa de externalizar costes a los trabajadores. Arreglo el balance quitando el pasivo a corto plazo, pero me deja una deuda con el futuro. Por ejemplo, hemos pasado del BYOD ("bring your own device"), que permite a los empleados usar sus dispositivos para trabajar —si mis empleados traen su propio teléfono, ahorro el gasto en equipos—, a algo más perverso, como el BYOK ("bring your own knowledge"), donde el empleado paga su formación y la empresa ahorra estos costes. Actualmente, se estima que más del 55% de la formación la paga el empleado. Si el teléfono lo pongo yo y el máster lo pongo yo, la lealtad a la empresa desaparece: o me pagas más, o me voy a otra que me pague más.

¿Cómo se aprende a correr sin haber aprendido a andar? ¿Cómo aprendemos a escribir sin haber aprendido a leer? ¿Cómo se pasa a hacer estrategia sin haber estudiado táctica? ¿Cómo vamos a cazar si no hemos aprendido a acechar? Si no formamos a los futuros líderes, nos enfrentamos a un abismo: la IA ha roto la escalera del talento al quitar los primeros escalones.

La solución no es fácil ni sencilla de implementar. Si no hay escalera de entrada, la formación, tanto universitaria como empresarial, debe centrarse en potenciar las capacidades humanas para supervisar la IA. Debemos mejorar la coordinación entre personas y el pensamiento crítico para evaluar ambos. En general, todas las habilidades racionales preparan al joven para supervisar técnicamente la IA desde el primer día.

Es necesario volver a la época de los aprendices, en la que entrar en una empresa era tener un camino de carrera, y si era posible cierto movimiento, pero esto se hacía si las cosas iban realmente mal. Es necesario que los viejos leones enseñen a cazar a los jóvenes, que el conocimiento se vuelva a trasvasar para que acabe impactando en el activo de las empresas.

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Isaac Pozo Ortego es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

El pulso entre Irán, Israel y Estados Unidos no solo se libra en el terreno diplomático o militar: sus efectos ya se dejan sentir en las rutas marítimas que sostienen la economía global.

La amenaza de una interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un factor clave de la actual reconfiguración geopolítica, con consecuencias que van más allá del encarecimiento del crudo. Afecta al comercio internacional, tensiona las cadenas de suministro y, de forma menos visible, pero no menos relevante, está favoreciendo el resurgimiento de la piratería en la región.

La piratería somalí ha sido contenida por operaciones como la ATALANTA de la EUNAVFOR, que en la actualidad está prorrogada hasta 2027. Sin embargo, esta nueva situación política ha provocado un desplazamiento de buques hacia las zonas de conflictos en defensa de antimisiles e interceptación de drones que ha sido aprovechada por los grupos de criminales que operan en el Golfo de Adén y el estrecho de Mandeb o Bab el-Mandeb.

Ahora bien, la actividad de piratería frente a las costas de Somalia ha vuelto a emerger desde finales de octubre de 2025, con grupos de acción pirata coordinados que operan a gran distancia de la costa, en la cuenca de Somalia y el océano Índico adyacente, lo que marca una escalada significativa tras varios años de relativa calma y que se puede ver agudizada con el conflicto actual.

La piratería, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, se define en su artículo 101 como “todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: (i) contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; (ii) contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.

Que la economía global del crudo se vea afectada por las rutas que están siendo salpicadas por la guerra, producirá un incremento en la piratería, como se extrae del último informe de la International Maritime Bureau (Oficina Internacional Marítima), que reporta un total de 137 incidentes durante el pasado año.

El fenómeno no es nuevo. En la Antigua Roma ya tenían claro que los piratas no eran simples ladrones del mar, sino una amenaza total. No solo asaltaban barcos: saqueaban ciudades, secuestraban personas y extendían la violencia tierra adentro. Por eso fueron definidos como hostes humani generis (enemigos de toda la humanidad), una etiqueta que justificaba su persecución implacable por parte del poder romano.

No obstante, esta condena no impidió que Roma adoptara posiciones pragmáticas en determinados contextos. Así ocurrió con la piratería cilicia –operaba principalmente desde la escarpada región de Cilicia Tráquea (actual Turquía)–, cuya actividad llegó a ser tolerada, cuando no indirectamente aprovechada, en función de intereses estratégicos frente a determinados reinos helenísticos.

La piratería surge allí donde se repite una misma combinación explosiva. De un lado, costas abruptas y difíciles de controlar, con pocos recursos, que empujan a mirar al mar como única salida. En segundo lugar, Estados débiles, incapaces de vigilar sus aguas, que dejan abiertos auténticos corredores sin ley en rutas clave del comercio mundial. Y, sobre todo, surge donde la pobreza, la falta de oportunidades y las tensiones geopolíticas convierten la piratería en negocio, en refugio o incluso en estrategia.

Pompeyo, investido de amplios poderes extraordinarios por la Lex Gabinia de piratis persequendis (67 a.C.), logró neutralizar en gran medida la amenaza pirática en el Mediterráneo. Más allá de la represión militar, lo consiguió desarrollando una estrategia de integración con clara dimensión política: promovió la reubicación de antiguos piratas en territorios despoblados, especialmente en Cilicia, como Solos, donde se incentivó su dedicación a la agricultura como medio de vida estable. Esta política no solo reducía la reincidencia, sino que contribuía al control y reorganización del territorio.

Un paralelismo contemporáneo puede observarse en iniciativas impulsadas por la FAO y la Unión Europea en Somalia, donde la instalación de FADs (Dispositivos de concentración de peces o Fish Aggregating Devices) incrementa la productividad pesquera, genera empleo y ofrece alternativas sostenibles frente a la piratería.

Curiosamente, aunque la piratería ha acompañado a la humanidad desde las riberas del Mediterráneo romano, en España el Código Penal de 1995 decidió borrarla del mapa jurídico, considerándola una figura anacrónica. El resultado fue paradójico: la Audiencia Nacional quedó sin un tipo penal específico para juzgar ataques en aguas internacionales, creando un vacío legal difícil de entender en pleno siglo XXI, cuando los piratas vuelven a surcar mares estratégicos y las rutas comerciales se convierten en terreno de riesgo global. Una lección de historia y derecho que recuerda que el pasado nunca se aleja del todo.

Esta laguna legal quedó en evidencia durante el caso del barco Alakrana, en 2009, cuando la falta de una norma clara dificultó la aplicación de la jurisdicción universal. Eso obligó a los tribunales a encajar los hechos en delitos genéricos de robo o detención ilegal, cuya persecución internacional es más compleja.

Para corregir este vacío, la Ley Orgánica 5/2010 reintrodujo la piratería en los artículos 616 ter y 616 quater. El primero castiga con penas de 10 a 15 años a quien, mediante violencia o engaño, se apodere o dañe una embarcación o aeronave; mientras que el segundo extiende la responsabilidad penal a quienes colaboren en la planificación o financiación de estos actos, dotando finalmente a la justicia española de las herramientas necesarias para procesar estos crímenes globales.

Más allá de las leyes estatales, para plantar cara a los delitos de piratería es preciso articular mecanismos de colaboración internacional a través de instancias como la IMB PRC (International Maritime Bureau), la OMI (Organización Marítima Internacional), el MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea) y la ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia).

Después de todo, nos encontramos ante un fenómeno estructural y persistente, cíclico, que se adapta a los distintos contextos históricos. Y en el que confluyen la piratería tradicional y nuevas formas de violencia marítima próximas al terrorismo, afectando gravemente a la seguridad de la navegación y al comercio internacional.

A estos riesgos se suman hoy desafíos emergentes como la ciberseguridad y el uso de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial, que amplían las capacidades operativas de actores ilícitos.

Todo ello se ve intensificado por el actual escenario de inestabilidad global, donde conflictos armados y tensiones comerciales están reconfigurando las rutas marítimas.

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José Luis Zamora Manzano es catedrático de Derecho romano en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La gran aceleración tecnológica y la creciente tensión geopolítica redefinen la competitividad en el marco internacional. Ser competitivo en el mundo actual implica contar con capacidades propias —industriales, tecnológicas y de talento— para innovar, sostener cadenas de suministro y proteger infraestructuras.

El informe Ciencia, Industria y Competitividad, publicado recientemente por la Fundación Alternativas, parte de esta premisa, y presenta una guía para convertir el conocimiento en ventaja competitiva y reforzar así la posición española. 

El hecho es que un conjunto de tecnologías disruptivas domina el tablero y todo parece indicar que la UE ha perdido el liderazgo también en el tándem de soberanía tecnológica y seguridad. Las implicaciones que se derivan para España se sustentan sobre tres pilares básicos: 

Primero, una competitividad industrial sostenible requiere controlar razonablemente los elementos estratégicos. La soberanía tecnológica conjuga influencia geopolítica, capacidades internas de I+D y fabricación, recursos humanos cualificados, regulación y gobernanza. 

Desde esa perspectiva, la inteligencia artificial, entendida como tecnología habilitadora y dual, transversal a la industria, los servicios y la defensa, no es sólo software; su despliegue exige infraestructuras —computación, almacenamiento, centros de datos— y hardware especializado. 

En ese contexto, la ciberseguridad es, a su vez, condición estructural de competitividad, especialmente en contextos de guerra híbrida, porque la digitalización amplía la superficie de ataque. Y en esa dirección, la IA jugaría un papel ambivalente, porque mejora la detección y respuesta, al tiempo que multiplica y escala los ataques ofensivos, siendo más difícil su atribución. 

El problema es que la falta de confianza en infraestructuras, datos y cadenas de suministro digitales vulnerables frena la innovación o la vuelve más frágil. Se valora positivamente, por lo tanto, una mayor inversión en defensa y seguridad, porque supone un mecanismo de tracción de la I+D mediante tecnologías duales de aplicación en el ámbito civil, transferencia que tiene un carácter claramente bidireccional.

Segundo, ser competitivo en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y conflictos bélicos requiere articular la estrategia industrial con el ecosistema innovador. Esto implica inversión, escalado y regulación, como ya recomendaba Draghi en su Informe a la UE. 

En el caso de España, es esencial reducir las barreras a la innovación y reforzar las capacidades del sistema para no perder posiciones en la carrera por las tecnologías avanzadas; en caso contrario, será inevitable resignarse a quedar estancados en segmentos de bajo valor añadido.

El diagnóstico del ecosistema empresarial español muestra que perdemos velocidad a la hora de convertir ciencia en productos y capacidad industrial. Las dificultades de crecimiento empresarial y la insuficiente coordinación se agravan por otros cuellos de botella como la insuficiencia de capital riesgo, sobre todo comparado con las experiencias de otros países.

No basta con financiar proyectos aislados para aprovechar, por ejemplo, la oportunidad que ofrecen las tecnologías profundas como palanca de desarrollo industrial, dada su intensidad de conocimiento y creación de valor. Se requieren políticas que abarquen toda la cadena, desde la formación, y la financiación hasta los marcos regulatorios adecuados.

Si bien la doble transición –verde y digital– es un buen eje de competitividad para cerrar la brecha de innovación, descarbonizar y reducir las dependencias, cabe distinguir distintos planos: lo digital como habilitador de lo verde; la huella ambiental del sector digital; y, la vulnerabilidad de las infraestructuras ante geopolítica, clima y ciber-amenazas. En otras palabras, competir no es solo innovar sino innovar reduciendo riesgos sistémicos.

Tercero, el balance de los recursos humanos es positivo. Constituye el componente más sólido del sistema español de innovación, aunque haya demostrado ser el factor más vulnerable en las crisis. Las universidades públicas tienen un papel central, pero las desigualdades territoriales son persistentes en la concentración del talento. Hay que seguir aplicándose en afrontar las debilidades identificadas mediante, por ejemplo, la profesionalización del apoyo a la gestión de la investigación, la consolidación de las carreras tempranas y el refuerzo a la atracción de talento y la evaluación. 

Igualmente, cabe destacar que la equidad de género es un motor de competitividad porque un sistema que desperdicia talento o restringe la diversidad reduce su capacidad de innovación. Aunque España sea uno de los países con mayor número de mujeres inventoras, estas proceden mayoritariamente del ámbito académico y menos del empresarial. Además, las familias de patentes con mujeres inventoras representan sólo un tercio de las invenciones. Esas brechas de género recomiendan apostar más por programas de mentorazgo e instrumentos de financiación que impulsen el liderazgo femenino en áreas tecnológicas estratégicas.

Todo ello implica conectar la política científica con el modelo productivo; de no hacerse, se perderían oportunidades en transferencia, adopción y absorción tecnológica en procesos, productos y servicios. Tratar la ciencia como esfera separada ha sido uno más de los errores del sistema español; es el momento de corregirlo, alinear prioridades e instrumentos y evitar así que la innovación se quede en el laboratorio.

Una estrategia de innovación acertada para la competitividad industrial española ha de ir indisolublemente ligada a la seguridad y resiliencia, a la reducción de riesgos sistémicos y a la atracción y retención de talento.

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Isabel Álvarez es catedrática de Economía y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La deserción de ministerios, medios y universidades de plataformas estigmatizadas ha dejado un vacío que hoy ocupan la desinformación y el extremismo. Frente a la dictadura del algoritmo y la lentitud del Estado, es hora de que la sociedad civil recupere el espacio digital. 

Imaginen una inmensa plaza donde cualquiera puede dirigirse a cientos de miles de personas sin filtros, sin que un algoritmo comercial decida en la sombra quién escucha qué. Una plaza donde es posible compartir conocimiento, organizar comunidades y llegar a audiencias que hace tiempo dieron la espalda a los medios tradicionales. Esa plaza existe. Se llama Telegram. 

Ahora imaginen que en esa misma plaza las instituciones que deberían vertebrar nuestra sociedad —ministerios, universidades, grandes editoriales científicas, medios de referencia— han decidido no aparecer. No porque carezcan de medios, sino porque tienen miedo. Temen que su logotipo quede asociado a un rincón de internet con fama de oscuro, donde ciertamente anidan la piratería, el extremismo y la desinformación. Al desertar para proteger su reputación, dejan el terreno libre para que otros lo colonicen. 

Esta deserción no es una hipótesis pesimista. Es una realidad que la ciencia ya está cuantificando. 

En un estudio reciente desde la Universidad de Granada analizamos la presencia de las principales editoriales académicas en Telegram. Los resultados son demoledores: el 78% de los canales que operan bajo el nombre de gigantes como Elsevier, Springer o Nature son fraudulentos. Suplantan logotipos para ganar credibilidad, ofrecen artículos pirateados y prometen publicaciones exprés a cambio de dinero. Lo más revelador: ninguna de las trece editoriales analizadas se había molestado en abrir un canal oficial verificado para proteger su identidad y a sus usuarios. El vacío institucional no es neutral; es una invitación.

Ese caso es solo el síntoma de una patología mayor. Una investigación en curso, que sistematiza centenares de estudios científicos publicados en la última década sobre esta plataforma, está trazando el mapa completo de lo que ocurre cuando el Estado y el rigor académico abandonan la red. Lo que emerge es lo que podríamos llamar el círculo vicioso del estigma: Telegram arrastra una justificada fama de refugio de lo ilícito; esa fama genera aversión en las organizaciones legítimas; su retirada produce un inmenso vacío; y ese vacío lo fagocitan desinformadores, estafadores y extremistas cuya actividad confirma, a su vez, el estigma inicial. Un bucle que se retroalimenta y que nadie parece dispuesto a romper. 

La pandemia nos dejó el ejemplo más nítido de ese fracaso. Mientras los ministerios de sanidad arrastraban los pies para abrir canales oficiales, los movimientos antivacunas ya habían tejido una red continental perfectamente engrasada para inocular el miedo. En el periodismo ocurre algo similar: mientras los grandes medios vuelcan sus titulares con desgana, verificadores independientes y reporteros en zonas de conflicto han comprendido que Telegram es la mejor infraestructura para llegar a unas audiencias exhaustas de la televisión convencional. 

¿Cuál es la respuesta? No puede venir exclusivamente del algoritmo ni del Estado. El algoritmo de plataformas como X o TikTok solo busca retener nuestra atención para maximizar beneficios, premiando la indignación y la ira. El Estado se mueve con la lentitud burocrática del siglo XX frente a crisis que cambian a velocidad digital. Entre un Estado que a menudo no escucha y un algoritmo que no duda, el ser humano pierde centralidad. 

Es desde esta convicción desde la que nace ANEMOS —"aliento" en griego—, un espacio de la sociedad civil que reúne a ciudadanos e instituciones que entienden la democracia no como un procedimiento automático sino como una experiencia viva. ANEMOS parte de una tesis clara: ni el algoritmo ni el Estado pueden sustituir al ser humano. La tecnología debe estar al servicio de la dignidad; las instituciones, al del bien común. Y la verdad —sometida hoy a una presión sin precedentes— es el oxígeno sin el que no hay pensamiento autónomo, ni deliberación, ni democracia posible. 

Ocupar los espacios digitales que hemos abandonado es, exactamente, uno de esos compromisos. No para imponer una verdad oficial ni para censurar, sino simplemente para estar. Para ofrecer un contrapeso. Para demostrar que, incluso en los callejones más ruidosos de la red, es posible sostener una conversación pública basada en los hechos, el respeto y la dignidad. 

Nuestra inacción institucional no es una postura neutral. Es un subsidio implícito, un regalo invaluable a quienes no dudan en ocupar el espacio vacío para sus propios fines. Las universidades deberían reclamar su nombre en plataformas donde otros venden pseudociencia a su costa. Las asociaciones ciudadanas deberían abrir canales para quienes buscan pensamiento autónomo en medio de la saturación informativa. La ciencia ha hecho ya su trabajo: ha diagnosticado la enfermedad y cuantificado el daño. 

Ahora toca dar el siguiente paso. Ocupemos la plaza antes de que nos cierren las puertas. 

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Carlos Castro es profesor del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad  de Granada y miembro de ANEMOS.

Cuando un periodista del Detroit News, que había acudido a entrevistarle, le preguntó a Adolf Hitler en 1931 por qué tenía en la pared de su despacho en la sede del partido nazi en Múnich un gran retrato enmarcado de Henry Ford, su interlocutor le respondió: “Considero a Henry Ford mi inspiración”.

No era un halago de cortesía. Mein Kampf reproduce ideas —y a veces párrafos enteros— de las publicaciones del magnate del automóvil. 

Ford intentó jugar un papel fundamental en la promoción del nazismo en Estados Unidos como una manera de frenar a la izquierda en su país. Había comprado un periódico deficitario, el Dearborn Independent, y lo convirtió en la máquina de propaganda antisemita más potente del mundo anglosajón: 92 entregas bajo títulos como “El judío internacional”, distribuidas en los concesionarios de Ford Motor por todo el país y editadas en doce idiomas sin copyright para maximizar su difusión.

Noventa años después, en los días previos a las elecciones alemanas de febrero de 2025, Elon Musk publicó en X —la red social que compró en 2022 y cuya moderación de contenidos desmanteló casi por completo— una serie de mensajes de apoyo a Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha que ha heredado en parte el vocabulario y los marcos conceptuales del nazismo. No fue un tuit aislado. Era la culminación de una estrategia.

La comparación no es ni superficial ni caprichosa. Es la conclusión inevitable de la lectura de dos ensayos que acaban de ver la luz en España con pocas semanas de diferencia, Precuela (Capitán Swing), de la periodista norteamericana Rachel Maddox, e Irresponsables (Alianza), del historiador francés Johann Chapoutot. Su análisis del papel que jugaron los actores que contribuyeron al ascenso del fascismo en los años treinta, con éxito en Alemania y sin él en EEUU, revela una hoja de ruta inquietantemente familiar.

Para entender el presente hay que recordar a Alfred Hugenberg, al que Chapoutot llama el "Führer olvidado" de Alemania entre 1928 y 1933. Hugenberg construyó un conglomerado mediático sin precedentes: una agencia de noticias que vendía contenidos a la competencia, 26 diarios propios, y una “fábrica de textos” —la WiPro— que producía editoriales, artículos y reportajes listos para publicar y los enviaba en matrices a 1.600 periódicos de toda Alemania.

Esos periódicos difundían los contenidos sin saber, o sin importarles, que estaban distribuyendo propaganda con línea editorial “nacionalista, reaccionaria, racista y antisemita”, en palabras de Chapoutot. Completaba el arsenal la UFA, la mayor productora cinematográfica alemana, y el noticiario cinematográfico Deulig-Tonwoche, que se emitía en los cines antes de cada película.

El mecanismo retórico de Hugenberg —grandes titulares, signos de exclamación, caricaturas grotescas, talking points (argumentos clave que se repetían hasta convertirse en sentido común)— es reconocible para cualquiera que use redes sociales en 2025. El filósofo Oswald Spengler, amigo de Hugenberg, lo describió con cinismo en los años veinte: la prensa fabrica “verdades” mientras haya dinero para repetirlas. Lo que a partir de 2016 se llamó “posverdad”, Hugenberg lo había sistematizado un siglo antes.

Musk ha replicado el modelo con la ventaja de operar sobre una plataforma global en tiempo real. Tras adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares, amnistió decenas de miles de cuentas suspendidas por difundir desinformación y discursos de odio, redujo drásticamente los equipos de moderación y modificó los algoritmos para amplificar sus propios contenidos y los de las cuentas afines. 

El resultado ha sido documentado por investigadores de distintas universidades: las narrativas de ultraderecha han ganado alcance sistémico en la plataforma. AfD en Alemania, Reform UK de Nigel Farage, Vox en España, el bolsonarismo en Brasil: Musk no solo expresa simpatía por todos ellos, sino que interviene activamente en sus campañas electorales con una herramienta que llega a 600 millones de usuarios.

La historia de cómo la gran patronal alemana apostó por Hitler no es, según Chapoutot, un detalle secundario. Es el corazón del relato. En enero de 1932, Hitler pronunció un discurso ante el Club de la Industria de Düsseldorf en el que argumentó que la empresa y el ejército son los únicos modelos racionales de organización —ambos antidemocráticos— y que la soberanía popular no era más que “el poder de la mediocridad”. La sala respondió con “largos aplausos entusiastas”. 

En noviembre de ese año, un grupo de “eminentes personalidades del mundo de la economía” —entre ellos Fritz Thyssen y el banquero Kurt von Schröder— enviaron un requerimiento formal al presidente Hindenburg pidiéndole que nombrara a Hitler canciller. Celebraban “la prometedora aurora de una era que, superando la lucha de clases, crearía las condiciones para un renovado crecimiento de la economía alemana”. Tres meses después, Hitler era canciller.

La lógica era sencilla: usar a los nazis para destruir al movimiento obrero, desmantelar el Estado del bienestar (muy incipiente) y garantizar la estabilidad del orden capitalista, confiando en que podrían controlar a los nazis desde las sombras. Sobra decir que no pudieron hacerlo.

Aquí el paralelismo estratégico de los tecnoligarcas se hace evidente. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, uno de los primeros grandes inversores de Facebook y padrino ideológico de J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, habla con una franqueza que recuerda a los discursos del Club de Düsseldorf: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. 

Thiel financia desde hace años a pensadores del movimiento neorreaccionario, cuyo ideólogo más visible, Curtis Yarvin, defiende abiertamente que las democracias deberían ser reemplazadas por empresas dirigidas por un CEO con poderes absolutos. La “Ilustración Oscura”, como se denomina esta corriente, no es un capricho académico marginal: es la base intelectual de una red de financiación, de candidatos políticos y de decisiones empresariales.

El nombramiento de Musk al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con acceso a los sistemas informáticos de prácticamente todas las agencias federales de Estados Unidos, fue la materialización más visible de este proyecto. No se trata de reformar del Estado, sino de capturarlo. 

La historia americana de los años treinta es, paradójicamente, la más útil para entender lo que puede ocurrir ahora, precisamente porque es la historia de un fracaso. El proyecto fascista americano tenía ingredientes similares al alemán: Ford con su aparato antisemita, el padre Charles Coughlin con su audiencia de decenas de millones de oyentes de radio proclamando que “la democracia está condenada” y que “el camino es el fascismo”, y el agente nazi George Sylvester Viereck, que utilizó el privilegio del franqueo de más de una docena de congresistas para inundar el país de propaganda alemana pagada por el contribuyente —una estrategia, el uso sistemático del correo postal, sorprendente parecida a la que hoy desarrolla Musk utilizando medios digitales—.

Los neofascistas estadounidenses no triunfaron por varias razones que Rachel Maddow documenta en Precuela. Roosevelt, por ejemplo, ofreció una salida política real a la crisis económica, restando base al extremismo. Y el movimiento fascista americano era fragmentado y, con frecuencia, risible en su ejecución —sectas lideradas por egocéntricos que no se ponían de acuerdo ni en el saludo—. 

Pero, sobre todo, hubo ciudadanos que les hicieron frente antes de que las instituciones se movieran: Leon Lewis, veterano judío de la Primera Guerra Mundial, montó de su propio bolsillo una red de espías infiltrados en las organizaciones nazis de California desde 1933. Henry Hoke, un oscuro publicista de correo directo, rastreó durante años el esquema de propaganda nazi con métodos de detective y publicó sus hallazgos.

El periodista Dillard Stokes, del Washington Post —sí, el mismo diario que hoy está en manos de Jeff Bezos, otro miembro del club de tecnobros—, siguió el hilo hasta destapar la operación de Viereck en el Congreso. Y los hermanos Warner, que financiaban en secreto las operaciones antifascistas, sacaron adelante en 1939 Confessions of a Nazi Spy, la primera película de Hollywood que nombraba directamente a Hitler como enemigo —hoy lo que queda de su compañía está a punto de ser devorado por Paramount Skydance, una corporación indisimuladamente en la órbita ideológica de Donald Trump—.

Entre lo que pasó en los años treinta en Alemania y Estados Unidos y lo que está sucediendo en estos momentos en Occidente hay también diferencias. Una de ellas es que los nuevos irresponsables son, en varios aspectos decisivos, más peligrosos que sus predecesores.

Hugenberg necesitaba imprentas, camiones y suscripciones. Musk posee la infraestructura de comunicación en tiempo real de medio planeta. La propaganda de los años treinta requería fabricar y distribuir papel; los algoritmos de 2025 fabrican realidades y las distribuyen de forma personalizada, a escala, sin fricción y sin posibilidad de auditoría pública.

La WiPro de Hugenberg enviaba matrices a 1.600 periódicos. El algoritmo de X decide lo que ven 600 millones de personas en función de parámetros que solo conoce su propietario. No es propaganda; es algo más parecido a la ingeniería del entorno cognitivo.

A esto se suma lo que analistas como Yanis Varoufakis han bautizado como “tecnofeudalismo”. Las plataformas operan como feudos digitales donde sus propietarios extraen rentas de cada transacción, cada interacción, cada búsqueda, y donde los usuarios no son ciudadanos sino siervos que ceden sus datos y su atención a cambio de acceso. 

Empresas como Palantir —de Thiel— venden a gobiernos sistemas de vigilancia predictiva que permiten anticipar y neutralizar la disidencia política. Starlink proporciona conectividad de comunicaciones en zonas de conflicto, convirtiendo a Musk en un actor geopolítico con capacidad de decisión sobre el desarrollo de guerras.

Y hay un elemento que no tenían ni Hugenberg ni Ford: la dimensión mesiánica. El movimiento Tescreal —transhumanismo, singularitarismo, criogenia, longevismo— que impregna el pensamiento de buena parte de Silicon Valley introduce una lógica de elección divina que los viejos industriales nunca necesitaron. Los tecnobros no tratan solo de proteger el capital: pretenden salvar a la especie, colonizar Marte, crear superhumanos. La democracia no es solo un obstáculo para los negocios; es un sistema, desde su punto de vista, diseñado por mediocres para preservar la mediocridad.

El título del libro de Chapoutot, Irresponsables, lo dice todo. No es una acusación moral abstracta. Es un diagnóstico de causalidad histórica: los empresarios, magnates de la prensa y políticos conservadores que normalizaron y financiaron a los nazis creyendo que podían controlarlos y utilizarlos contra la izquierda provocaron el mayor desastre de la historia moderna. 

Hugenberg fue nombrado superministro en el primer gabinete Hitler-Papen. Lo destruyeron políticamente en menos de seis meses. Thyssen huyó a Suiza en 1938, horrorizado por lo que había contribuido a crear. La patronal obtuvo a corto plazo lo que quería —fin de la democracia de empresa, supresión de sindicatos, rearme—, pero desató una guerra que destruyó Alemania y Europa.

La experiencia americana, donde un proyecto similar fracasó en parte porque hubo ciudadanos que se organizaron para combatirlo, ofrece la única nota de esperanza en un panorama sombrío. No fueron los poderes del Estado los que salvaron la democracia americana en los años treinta, señala Maddow: fueron personas que actuaron antes de que las instituciones se movilizaran, a menudo solas, a menudo sin reconocimiento.

La pregunta no es si el paralelismo es exacto —nunca lo es— sino si las democracias actuales serán capaces de generar anticuerpos equivalentes antes de que el proceso sea irreversible. La historia no se repite, pero, como se atribuye a Mark Twain, a veces rima con una precisión inquietante.

La evaluación del sistema español de ciencia y tecnología es objeto de análisis dinámicos por parte de la Fundación Alternativas desde hace años. Este año se ha presentado el quinto informe. En él se han plasmado las predicciones de informes anteriores. Los drásticos cambios en el sistema internacional, con la irrupción de nuevos agentes en la toma de decisiones: las grandes tecnológicas, China y los actores secundarios, Rusia, la Unión Europea y los países gigantes emergentes, Brasil, India y Turquía, amenazan la tradicional supremacía norteamericana, vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién va a convertirse en el principal suministrador de las nuevas tecnologías? La IA, biotecnología, telecomunicaciones, software y materiales innovadores, entre otras áreas de ciencia, se han convertido en un campo de competencia y, sobre todo, van a definir quién tiene independencia tecnológica y quién va a ser comprador y vendedor de innovación en los próximos años en el mundo. Los avances científico/tecnológicos se han convertido en la base de una pugna, no amistosa, con episodios de guerra fría y caliente. El salto del desarrollo científico-tecnológico, tanto académico como industrial, a la geopolítica ya es un hecho consumado.

En España, con todas las dificultades que haya, que las hay, tenemos una serie de áreas científicas con un desarrollo equiparable al de nuestros socios competidores de la UE, y podemos ayudar a que Europa pueda competir en la pelea que se ha desatado, dentro del pelotón de la carrera, por el dominio industrial de los próximos años. Las comunicaciones, la biotecnología, sanitaria y agroalimentaria, los nuevos materiales para semiconductores, el software y la IA, entre otras, son áreas estratégicas en las que España puede competir con nuestros vecinos europeos, ayudándolos, a la vez, a tener una presencia en la competición internacional, fundamentalmente la chino-norteamericana. Por otra parte, el intento ruso de recuperar la política exterior de la extinta URSS y del Imperio de los zares, pero con una tecnología más retrasada y un arsenal atómico heredado, los convierte en más peligrosos. En ese esfuerzo europeo se hace necesario reorientar los objetivos estratégicos hacia la seguridad, ante el aparente agotamiento del dividendo de la paz en el que se habría sustentado el modelo vigente hasta hace muy poco tiempo.

Vivimos momentos en los que preservar la seguridad implica atender a la defensa convencional, y también a la amenaza híbrida, por lo que el desarrollo de una mayor capacidad de defensa en la UE y en España implica revisar cómo disminuir la dependencia científico-tecnológica y qué implicaciones tiene el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial en la industria, para aumentar la soberanía e independencia. Esto no puede hacerse sin una base científica sólida, acompañada de una relación estable entre la investigación pública (universidades y OPIs) y la industria, bien de base biotecnológica como la farmacéutica, de nuevos materiales, base de los semiconductores avanzados o de cualquier otro tipo. Desde las comunicaciones al desarrollo de vacunas para prevenir las enfermedades que están volviendo a aparecer en Europa por la subida geográfica de los vectores, desde las zonas más cálidas, cerca del Ecuador, debido al aumento global de las temperaturas. Las enfermedades víricas como las producidas por el zika, el dengue, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre amarilla, entre otras, están volviendo a las zonas de donde fueron erradicadas hace más de un siglo (Europa. Caribe, EEUU, Australia, Canadá, etc.). Resulta una obviedad decir que hay que investigar los mecanismos de estas patologías para poder prevenirlas y conseguir vacunas o mejorar las que hay. Como que hay que dedicar esfuerzos a las resistencias frente a los antibióticos o a la protección de las cosechas o a los chips de grafeno (¿sabe alguien que estamos muy avanzados en los estudios sobre este nuevo material?). En conjunto, debemos entrar, y tenemos los mimbres para hacerlo, en la primera división de la investigación y el desarrollo europeo en varias áreas de interés estratégico, y ayudar a Europa a tener una voz en el nuevo mundo con reglas imperiales de vasallaje que nos quieren imponer. 

¿Estamos preparados para dar este salto cualitativo? Muchos laboratorios públicos sí. Los responsables políticos no. Los gastos en I+D han estado basados durante los últimos años en el empleo de fondos europeos que ya se terminan. Con los presupuestos nacionales, sin un plan especial de desarrollo, es prácticamente imposible. Todavía más grave es la falta de planes de movilización de las áreas estratégicas: telecomunicaciones, IA, software, nuevos materiales, biotecnología, etc. No es suficiente con los programas actuales. Se trata de eso, de “movilizar efectivos”, bien españoles o extranjeros que den un salto adelante, en las áreas correspondientes. Facilitarles la vida a los cerebros repescados, no solo darles un sueldo, después de una exigente selección. Hay que darles algo más que laboratorios vacíos. Proyectos de iniciación y facilitar que vengan equipos completos. Estas acciones no representarían un gasto inabordable (cuestan menos que el precio de una escuadrilla de aviones modernos) para el Estado. Esto es tanto para el gobierno central como para los de las CCAA.

Hay que modificar, de una vez por todas, la gestión esclerosada de mediados del siglo veinte que es incapaz de ayudar al sistema de ciencia y tecnología a desarrollarse. Dejar los manguitos y la pluma por el ordenador, aunque, aparentemente, los tengan. Pero, lo primero es tener planes a medio plazo que no parece ser el caso en los responsables de la I+D en España. Hay que crear (¡¡todavía a estas alturas!!) una relación fácil con las empresas que van a necesitar una conexión fuerte con las universidades y los OPIs para hacer frente a los retos inmediatos. Y, de forma esencial, tenemos que creernos que el sistema español de I+D+i puede tener una voz importante en unas cuantas áreas estratégicas en Europa. La UE tiene problemas de liderazgo, pero los países grandes, y España lo es, tienen la obligación de ponerse en marcha, arrastrando al resto, para no ser excluidos por los imperios que quieren adueñarse del futuro de la innovación y la influencia social. Nos jugamos no solo la independencia en la innovación, sino también la pervivencia de los valores democráticos que están siendo puestos en peligro por los imperios nacientes. Sin complejos, como ellos dicen.

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Vicente Larraga es profesor de Investigación “ad Honorem” del CSIC y analista de la Fundación Alternativas.

En las últimas semanas ha habido mucho movimiento provocado por el lanzamiento simultáneo de nuevos modelos de IA que no paran de superarse unos a otros, la publicación de la carta Algo grande está pasando en la IA, de Matt Shumer, donde advierte de las consecuencias de esta tecnología para multitud de puestos de trabajo, o la declaración del CEO de Microsoft AI, que dice que van a automatizar el 75% de las labores de oficinas. También que un modelo ha quedado octavo a nivel mundial en la competición de desarrolladores.

Si han sobrevivido al ruido de los titulares apocalípticos de las últimas semanas, pensarán que la Inteligencia Artificial viene a por sus nóminas con la delicadeza de una plaga bíblica. Es comprensible. Pero si dejamos de lado la histeria del Gran Reemplazo y bajamos al barro de la operativa diaria, la realidad es mucho más cínica y, afortunadamente, más rentable.

La tesis que les arrojo hoy es impopular en los círculos académicos, pero esencial para el futuro laboral: la IA no es una mente rival; es la prótesis definitiva para un hemisferio izquierdo que llevamos 200 años sobreexplotando, ignorando las capacidades del derecho.

Desde que la máquina de vapor impuso su cadencia, la humanidad sufrió un hackeo biológico. El sistema económico premió al operario que se comportaba como un engranaje y al administrativo que procesaba datos con la frialdad de un algoritmo. Nos convertimos en máquinas de carne. La educación actual se diseñó para aumentar la producción estandarizando procesos cognitivos, no fomentando la disrupción, porque era lo óptimo para el modelo social de la época.

Esto choca con nuestro cerebro de mono sin pelo y sin garras. Dependemos de la cooperación con otros para sobrevivir. Cuando el primo lejano del humano actual bajó de los árboles, pasó unos cien mil años evolucionando a un cerebro súper especializado para ese entorno dividido en dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo experto en lógica y, atención al detalle, uno derecho que es el que entiende el contexto, los patrones y las relaciones. 

Sin embargo, llegó la agricultura y después la revolución industrial (periodos que, aunque tengamos cierta neuroplasticidad, no representan nada en términos evolutivos), y desde entonces hemos pasado dos siglos forzando a nuestro cerebro, una máquina evolutiva diseñada a gestionar tribus complejas, a realizar tareas de repetición lógica y al almacenamiento de datos. Hemos intentado ser discos duros eficientes, pero ahora que llega un disco duro que habla, nos ofendemos.

Me gusta comparar la IA con los libros que tenían antes los abogados detrás de su mesa, que no eran para leer sino para consultar. Eran un segundo cerebro donde volcar los detalles, y su valor era saber dónde buscar el argumento que hace ganar el juicio.

Hasta ayer, saber cosas —memorizar el BOE o procesar excels infinitos— era un activo de mercado. Hoy, el coste marginal de generar ese conocimiento es cero. Ya no me pagan por recitar de memoria los Criterios Técnicos de Selección del Reglamento (UE) 2020/852 sobre Taxonomía Financiera: la máquina procesa esa burocracia en milisegundos. Me pagan por saber cuándo un proyecto es puro greenwashing y está retorciendo la interpretación para que pase el filtro de la sostenibilidad financiera. No me pagan por saber cosas, sino por saber qué significan. El valor se ha desplazado del dato a la generación de sentido.

Estamos ante un retorno forzoso a nuestra configuración de fábrica. Debemos volver a lo que la evolución nos hizo más eficientes: cooperar.  Nuestra función deja de ser la de procesadores de los datos para convertirnos en conectores de personas.

En este nuevo ecosistema, las llamadas "habilidades blandas" se endurecen hasta convertirse en hormigón armado. Podemos cambiar la terminología para hacerla más moderna, pero las bases se mantienen. Lo que antes se llamaba intuición, ahora se llama "reconocimiento de patrones". La ética es compliance. Y la empatía ya no es conexión emocional, es "ingeniería social", pero todo se resume en volver a hacer tribu.

Claro que esto nos vale para los que llevamos un tiempo en la trinchera y sabemos cooperar, pero para los jóvenes que llegan ahora a la vida laboral la cosa cambia. Han sido educados en un mundo académico en el que seguía primando el conocimiento, pero llegan a un mundo laboral donde estamos digitalizando las primeras etapas, el trabajo de base, la búsqueda de información, que era donde se forjaba la tribu. Así que se encuentran ante la paradoja de reciclarse o reinventarse sin haber ni siquiera trabajado para encajar en este nuevo modelo.

Si nos vamos a los más jóvenes, los que están en las primeras etapas de la formación adulta, la cosa aún puede tener solución. Integrar la IA en la educación puede ser beneficioso, pero no se trata de pedirle a ChatGPT que me haga el trabajo, sino de desarrollar el equivalente a las historias de hoguera discutiendo con la IA. El reto de los docentes será cómo fomentar el pensamiento crítico y sin que unos jóvenes acostumbrados a la inmediatez se dejen seducir por la las respuestas fáciles.

Dejémonos de poesía. El valor real hoy no es el conocimiento, sino el juicio experto que decide qué hacer con él. La máquina va a hacer el trabajo sucio, pero no va a ser un camino de rosas tecnooptimista de gurú de LinkedIn, nos va a costar sangre y sudor. Háganse a la idea de que si su valor añadido es procesar papeles, tendrán que ir actualizando el currículum. Si su valor es negociar con humanos y navegar la incertidumbre, este es su momento. Elijan rápido, porque el algoritmo no espera a nadie.

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Isaac Pozo Ortego es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

Las críticas a las políticas de inmigración son caldo de cultivo del crecimiento de la derecha extrema populista, tanto en España como en Europa. Recientemente, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el proceso para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras residentes en España despertó de nuevo las campañas de rechazo frontal. Desde la esfera ultra –para sorpresa de nadie– se agitaba la bandera de la teoría del reemplazo, calificando la medida como parte de la “​​agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. También el comisario europeo de Inmigración –adscrito al Partido Popular Europeo– manifestaba sus reservas ante la medida promovida por la coalición progresista en España.

Casi en las mismas fechas, Yuval Harari intervino en la cumbre anual que celebra en Davos el World Economic Forum. La excusa de su presencia era la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La primera parte de la intervención se basó en los conceptos que el filósofo ha desarrollado en su último ensayo, Nexus, y que ya estaban presentes en su anterior obra, Homo Deus: breve historia del mañana. Básicamente, una reiteración de sus advertencias sobre la IA como un agente autónomo, diferente de los anteriores instrumentos meramente pasivos ideados por el ser humano. El ensayista dejó para la segunda parte su reflexión más profunda: la comparación del despliegue mundial de la IA con un inmenso flujo migratorio.

La advertencia de Harari está lejos de ser una exageración. Es inmediata la proliferación de los agentes IA, sistemas avanzados capaces de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, requiriendo mínima o ninguna supervisión humana. Como bien describe el pensador hebreo en su intervención, estamos asistiendo a la creación de entidades que desempeñarán puestos de trabajo actualmente ocupados por humanos, transformarán la cultura de la sociedad donde se desplieguen y tendrán lealtades ajenas a la localización para la que presten sus servicios. Una versión digital de la teoría del reemplazo, en este caso de seres humanos por entes artificiales. Una completa oleada migratoria de IA que, en el caso de Europa, viene del otro lado del Atlántico. 

En el mundo del trabajo, existen indicios del reemplazo de los empleados de cuello blanco por las aplicaciones IA. En la misma cumbre de Davos, el consejero delegado de una gran empresa de esta nueva tecnología predijo la sustitución de los ingenieros de software por aplicaciones en un plazo de seis a doce meses. Los trabajadores en las líneas de fabricación y otros trabajos manuales tampoco serán más afortunados. El despliegue de la IA física alcanza ya el hito de robots fabricando robots. Incluso en el mismo EEUU, donde la ola migratoria de IA viene del interior de sus fronteras, el 64% de los trabajadores creen que esta tecnología disminuirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años. 

En el reemplazo, las entidades IA que emigran a Europa desde EEUU nos traen también una cultura y política concreta: la ideología conservadora extrema y populista. La Casa Blanca ha establecido la obligación por orden ejecutiva de prevenir la implantación de la cultura de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las aplicaciones IA de la Administración. Previamente, había ordenado a las agencias federales de Comercio y Telecomunicaciones a identificar y contrarrestar las leyes estatales que impulsan el desarrollo de una IA conforme a los valores DEI. 

Quienes hoy critican en Europa la apertura de fronteras a los inmigrantes humanos, establecen escasos condicionantes a la llegada del contingente de entes IA estadounidenses. Los mal llamados Patriotas Europeos ponen el acento en que sean portadores de su visión de los valores europeos, perfectamente compatible con la trumpista. Como contraposición, la derecha extrema populista no se manifiesta al respecto de la sustitución de trabajadores por aplicaciones y máquinas IA.

Aquellos que se preocupan por un despliegue gobernado en Europa de la nueva ola tecnológica tampoco establecen un marco estratégico completo para dar respuesta a la realidad migratoria de la IA descrita por Harari. 

La realidad migratoria de la IA descrita por Harari no impacta en las instituciones y políticos europeos. Los intentos de regularizar la IA –como la Ley de la IA de la Unión Europea– carecen de un enfoque a la altura de la dimensión del cambio, focalizándose en la transparencia en su uso y prácticas no permitidas. En paralelo, el Plan Europeo para un Continente IA se ocupa tan solo del aspecto industrial del desarrollo de esta tecnología. Existe la carencia de una política europea –o en otra área económica– de integración holística de la IA en la esfera laboral, cultural y política. 

La IA, vista como fenómeno migratorio, abre un nuevo riesgo de intemperie por la que puede profundizar la brecha entre élites y clase media y trabajadora. De igual modo que con la migración de los humanos, la inquietud en la población receptora sólo se resuelve adoptando medidas. Al igual que en la era de la Revolución Industrial, como bien recuerda Daron Acemoglu en su ensayo Poder y Progreso, la tecnología por sí sola no limita sus propios excesos. Tampoco los flujos migratorios se regularizan sin realizar ninguna acción. Mirar a otro lado y no enfrentarse a la IA con una respuesta integral no va a resolver los nuevos retos.

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Emilio García es coautor de Chips y Poder y colaborador de la Fundación Alternativas.

Los documentos de los clústeres tecnológicos de la Comunidad de Madrid que, como reveló infoLibre, destinaron 145.200 euros de fondos públicos en 2024 al despacho del exministro del PP Rafael Catalá, muestran otro extraño movimiento de fondos: algunos de los gerentes que los dirigen han cobrado de las propias entidades que gestionan, ya sea a través de empresas de su titularidad o prestando servicios remunerados a otros clústeres del mismo programa. Todo el dinero procedía de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

La documentación examinada por este medio —las cuentas justificativas de las subvenciones nominativas correspondientes al ejercicio 2025 del Clúster de Transformación Digital y las del ejercicio 2024 de los cuatro clústeres— revela dos casos distintos pero análogos, en un entramado donde toda la actividad conocida se externaliza al 100% y no consta ningún mecanismo de control de incompatibilidades.

Olga Álvarez Anguita figura como gerente del Clúster de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Su correo de contacto oficial, publicado por la propia asociación en una nota de prensa de septiembre de 2025, pertenece al dominio de Sunte Solutions SL, empresa de la que es administradora única según el Registro Mercantil.

Las cuentas justificativas de la subvención nominativa recibida en 2025 por el Clúster de Transformación Digital —el único que ha publicado las de ese año— reflejan que Sunte Solutions SL facturó aproximadamente 29.430 euros a la asociación en concepto de servicios de gestión y coordinación. Es decir, la gerente del clúster cobró de ese mismo clúster a través de su propia empresa.

Las cuentas anuales de Sunte Solutions SL depositadas en el Registro Mercantil permiten dimensionar el alcance de ese contrato. En 2023, la empresa obtuvo un beneficio neto de 147,52 euros. En 2024, el resultado mejoró hasta los 24.766 euros. Lo facturado al clúster en 2025 supera el beneficio total de la empresa en 2024 y equivale a doscientas veces el de 2023. En ambos ejercicios, Sunte Solutions no tenía ningún empleado, según sus cuentas anuales. Las cuentas de 2025 no están disponibles.

infoLibre ha contactado con Álvarez Anguita por varias vías para saber si recibe además alguna remuneración directa como gerente, si hubo proceso competitivo para adjudicar el contrato a Sunte Solutions y si considera que existe un conflicto de interés en esta situación; pero este medio, en el momento de publicar esta información, no ha recibido respuesta.

El segundo caso tiene como protagonista a Mario Carabaño, gerente del Clúster de Internet de las Cosas. Las cuentas justificativas de los cuatro clústeres correspondientes a 2024 revelan que Carabaño cobró 42.350 euros por redactar las memorias justificativas de las otras tres asociaciones del programa: 14.520 euros del Clúster de Blockchain, 13.310 del de Inteligencia Artificial y 14.520 del de Transformación Digital. Los pagos se realizaron a su nombre y con su DNI.

En total, los tres documentos elaborados por Carabaño suman 128 páginas, —muchas de ellas de sin texto—, lo que significa que cobró a razón de 330 euros por página de memoria. El Clúster de Internet de las Cosas, del que Carabaño es gerente, encargó la memoria a una empresa externa. Contactado por varias vías, Carabaño tampoco ha respondido a las preguntas remitidas de infoLibre.

Los estatutos de los clústeres —los tres que están disponibles en la sede electrónica, todos excepto el de Transformación Digital— regulan los cargos de la Junta Directiva: presidencia, vicepresidencia y secretaría; y establecen que serán no remunerados. Sin embargo, no contienen ninguna referencia a la figura del gerente ni tampoco establecen ningún régimen de incompatibilidades para ese cargo.

Además de los pagos directos a Carabaño, las cuentas de 2025 del Clúster de Transformación Digital —el que gestiona Álvarez Anguita— reflejan un pago de 16.940 euros a Business Integration Partners (BIP), empresa en la que trabaja Carabaño. 

Como ya reveló infoLibre, los cuatro clústeres carecen de estructura propia y externalizan la totalidad de su actividad conocida, según sus cuentas justificativas. La Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, titular de los convenios y subvenciones nominativas que financian a las asociaciones, no ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre sobre si tiene conocimiento de estos pagos y si existen o existían controles al respecto. Tampoco lo han hecho las propias asociaciones. 

Los cuatro clústeres se constituyeron el 19 de septiembre de 2022 en reuniones simultáneas de diez minutos de duración. Desde entonces, han recibido de la Comunidad de Madrid 800.000 euros en virtud de cuatro convenios en 2024 y una cantidad equivalente en subvenciones nominativas en 2025, cuyas justificaciones aún no han sido publicadas en su integridad. Para 2026, el Gobierno de Ayuso ha incluido cuatro partidas, una por asociación, en los Presupuestos Generales y ha rebajado su asignación a 100.000 euros para cada una, 400.000 euros en total.

La oposición ha reaccionado a las informaciones publicadas por infoLibre sobre estas asociaciones. Más Madrid presentó el pasado 25 de febrero una solicitud ante la Mesa de la Asamblea para que la Cámara de Cuentas fiscalice los convenios firmados por la Comunidad de Madrid con los cuatro clústeres. La diputada Marta Lozano, autora de la iniciativa, describió el término "clústeres" como "nombre rimbombante para una asociación de toda la vida" y reclamó saber "los motivos por los que parte del dinero acabó en el bolsillo de Rafael Catalá". 

El PSOE también ha registrado, a raíz de la investigación de infoLibre, varias iniciativas para que el Gobierno regional explique qué proyectos han llevado a cabo las asociaciones y qué participación tiene la Comunidad de Madrid en ellas.

Sin embargo, la actitud de los socialistas no siempre ha sido de denuncia. Meses antes de que salieran a la luz estas informaciones, durante la tramitación de los Presupuestos autonómicos para 2026, el grupo socialista presentó cuatro enmiendas al articulado de los presupuestos —G-51, G-52, G-53 y G-54— para añadir 200.000 euros adicionales a la dotación de cada clúster. De haber prosperado, cada asociación habría pasado a recibir 300.000 euros anuales —1,2 millones en total—, el triple de lo que percibirán este año. Las enmiendas no fueron admitidas.

Al influyente economista John Maynard Keynes le atribuyen una frase en 1930 con cierta actualidad: dijo que para el año 2030 la jornada de 40 horas se reduciría a 15 gracias a los avances tecnológicos. En España la jornada media estaba en 2024 en 38,4 horas, y muchas empresas, sobre todo las más grandes y con mayor implantación tecnológica, se mueven en las 37 horas. Y, aunque lejos de las predicciones de Keynes, es una realidad que los ensayos para reducir la jornada laboral han tomado cuerpo en los últimos años. En España decayó una propuesta del Ministerio de Trabajo para fijarla en 37,5 horas, pero hay países que prueban con la jornada laboral de 4 días. Estos ensayos, además de cumplir con un reclamo sindical y social, van un poco más allá.

La automatización de diferentes tareas profesionales y la implantación de la inteligencia artificial han puesto sobre la mesa las consecuencias que podría tener una hipotética disminución de la demanda de mano de obra y un consiguiente impulso del desempleo. Las preguntas que surgen resultan radicales y, por el momento, parecen un ejercicio de prospectiva. ¿En qué trabajaremos si el empleo deja de ser mayoritario? ¿Se deben implantar menos horas por trabajador para que haya más trabajadores? ¿Cómo se grava la producción de un robot que sustituye a un trabajador? ¿Qué rentas nos sostendrán si la producción de valor es tecnológica y no humana?

Por el momento, cabe señalar que la inteligencia artificial (IA), aunque ha tenido efectos en el empleo, no ha provocado la hecatombe que muchos pronosticaban. Un informe de Goldman Sachs Research estima que el desempleo aumentará en medio punto porcentual durante el periodo de transición de la IA mientras los trabajadores desplazados busquen nuevos puestos. Lo que en Estados Unidos, uno de los países con mayor aplicación de IA en las empresas, puede desplazar a entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral. Si la implantación es lenta, señalan, el golpe será más moderado.

En el desplazamiento del empleo y en el ritmo al que lo hace está la clave, según apunta Josep Ginesta, economista y profesor de OBS Business School. "A medio plazo las corrientes que vaticinan el fin del trabajo no son demasiado realistas, pero sí se está dando un desplazamiento de los perfiles laborales y eso exigirá políticas públicas que respondan, por ejemplo, a puntuales bolsas de paro elevado", explica Ginesta.

“Lo más preocupante para un sistema donde la creación de valor ha sido históricamente humana (a través del trabajo) es que los cambios lleguen de golpe”, coincide Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Y en este escenario es en el que se empieza a hablar de alternativas al modelo social laboral establecido. “El problema de fondo, aunque ahora suene un poco distópico, es qué hacer con la gente que genera valor con su trabajo y cobra por ello, si dejan de tener una ocupación”, apunta el profesor y autor del libro Nosotros, digitales. Manual para sobrevivir a la hiperconectividad (Erasmus, 2026). Aquí, explica, se abren posibilidades que supondrían “revisar nuestro contrato social”, como una renta básica universal o un sistema impositivo que grave la producción de robots o procesadores automáticos.

"Si hay menos gente que trabaje y menos gente que perciba un salario, esas personas, para mantener su estilo de vida solo tienen dos opciones: o bien que los servicios se los dé el Estado, o bien que reciban un salario de mantenimiento, la famosa renta mínima universal", explica Lorente. Esta idea de una renta básica universal tiene un recorrido académico largo, pero las propuestas más recientes plantean la posibilidad de apoyarla en un gravamen aplicado a las plataformas digitales, que obtienen beneficios a partir de los datos producidos por nuestras interacciones en la web. Una propuesta que, curiosamente defienden personajes como Elon Musk. "Habrá una renta universal alta (no solo una renta básica).Todos tendrán la mejor atención médica, alimentación, vivienda, transporte y todo lo demás", defendía en su red social X, en respuesta a una usuaria que se preguntaba por lo que ocurriría si la IA reemplazase a los trabajadores.

Aunque la academia siempre suele hacer hipótesis más allá del presente, la renta básica ha tenido algunas tentativas en la realidad. En Alaska el Estado creó una fundación para repartir parte de los beneficios que da el petróleo a todos los ciudadanos, que reciben en torno a 2.000 dólares anuales por persona. Otro ilustre economista, Thomas Piketty, proponía algo más radical: otorgar 120.000 euros a cada ciudadano cuando cumpla 25 años para asentar una base patrimonial con la que podría vivir y financiar esa medida con un impuesto a las grandes fortunas. Otras propuestas, señala el economista de EAE Business School, apuntan a un fondo soberano que financiaría esta renta mínima universal, aunque, por el momento, casi todo es teoría.

Ginesta puntualiza que en los debates sobre la influencia tecnológica, el optimismo de los principales representantes del sector debe tomarse con relativa cautela ya que, al fin y al cabo, "están vendiendo sus productos", pero insiste en la importancia de que las políticas públicas se muevan rápido. "La Universidad de Stanford apunta que la robótica duplica su capacidad cada dos años y eso inevitablemente terminará por impactar en la productividad tecnológica y en el empleo porque habrá profesiones que se queden obsoletas", concluye.

Otro de los puntos sensibles sería cómo gravar unas rentas del trabajo que obtienen máquinas y no obreros. En el Foro de Davos, que finalizó el pasado 23 de enero, Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, anunció que su empresa comenzará a enfocarse más en la fabricación de robots humanoides y menos en producir vehículos eléctricos. El giro estratégico en su modelo de negocio pasa por dejar de producir dos tipos de automóvil que tenían bajos niveles de ventas (Model S y Model X) para invertir 16.700 millones de euros en la producción de un robot de nombre Optimus. Y, aunque los expertos coinciden en que aún es una realidad muy lejana, sí que se ensayan respuestas a las problemáticas que plantearía.

"Cuando empezamos a tener una desviación tan grande entre la creación de valor y la creación de empleo, de alguna forma, esa creación de valor adicional, habría que sustraer una parte para que los seres humanos puedan mantener un estatus de vida adecuado", explica Lorente. A ese punto van las teorías que piden llevar la cotización a las máquinas y no solo por persona trabajadora. "Hay propuestas que piden que cuando una empresa introduzca un sistema que sustituya a los empleados, cotice o pague un impuesto por esa máquina, porque al final termina siendo una fuerza productiva". Pero este es un escenario, apunta Ginesta, que solo se daría si los perfiles profesionales no se adaptasen a las nuevas formas de trabajo lo suficientemente rápido. "Los desplazamientos de la fuerza laboral han existido toda la vida —desde la misma Revolución Industrial—; la diferencia es que ahora se dan con mayor aceleración", concluye.

Para ninguno de los expertos es un escenario cercano, pero ambos advierten del impacto social que tendría "porque el trabajo al final es una forma de redistribuir la riqueza y redistribuir la riqueza quedándonos en casa se antoja muy difícil", puntualiza Ginesta.

La Comunidad de Madrid destinó 800.000 euros de fondos públicos en 2024 a cuatro asociaciones que denomina "clústeres tecnológicos" —dedicadas a impulsar la inteligencia artificial, el ‘internet de las cosas’, la transformación digital y el blockchain, respectivamente— que carecen de empleados y que destinan el 20% de la subvención a pagar a un bufete de abogados vinculado al Partido Popular.

Según la documentación de ejecución presupuestaria de los convenios correspondientes al ejercicio 2024, el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas facturó al menos 145.200 euros a las cuatro asociaciones de las que forma parte la Comunidad de Madrid. Estos importes se consignaron en concepto de “asistencia técnica” y se computaron como gasto indirecto. Uno de los tres socios del despacho es Rafael Catalá, ministro de Justicia entre 2014 y 2018 en los gobiernos de Mariano Rajoy. El hijo de Catalá, Ignacio Catalá Martínez, es actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Los cuatro clústeres fueron constituidos como asociaciones sin ánimo de lucro en reuniones que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 2022, según consta en sus respectivas actas fundacionales. Las cuatro reuniones se celebraron a las 12:00 horas del mismo día y terminaron a las 12:10 h, es decir, en sesiones de apenas diez minutos. Todas se llevaron a cabo a la vez y con la misma persona representando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Extrañamente, aunque las fechas y horas coinciden en las actas, en algunas consta que la reunión se celebra en Tres Cantos y en otras en Las Rozas.

Aparecen como socios fundadores la propia Comunidad de Madrid —representada por el entonces consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo Torres— y la consultora Crowe Accelera Management. El tercer socio varía: Funditec Tecnológica Advantx en los clústeres de inteligencia artificial e ‘internet de las cosas’; la Asociación Consorcio Red Alastria en el de blockchain; y Antalis Consulting Services en el de transformación digital.

Al inicio, las cuatro asociaciones compartieron domicilio provisional en el número 30 de la calle Gran Vía de Madrid, concretamente en la quinta planta, donde la Comunidad de Madrid tiene parte de sus oficinas. También establecieron una cuota mensual simbólica de 100 euros por socio.

El 28 de diciembre de 2023, la Consejería de Digitalización, dirigida por Miguel López-Valverde Argüeso, firmó cuatro convenios de colaboración, uno por cada clúster, por un importe de 200.000 euros cada uno. Los convenios fueron autorizados por acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de diciembre de 2023.

La subvención se concedió de forma directa y sin competencia “por razones de interés público y social”. Los convenios justifican esta excepcionalidad apelando a la crisis sanitaria provocada por la covid-19, pese a que los textos se firmaron casi cuatro años después del inicio de la pandemia.

Para 2025, la fórmula de las subvenciones de la Comunidad de Madrid a los clústeres pasó de ser un convenio de colaboración a una subvención nominativa. Las justificaciones de estas subvenciones, que tuvieron que ser presentadas a la Comunidad de Madrid antes del pasado 31 de diciembre, no han sido aún publicadas en la sede electrónica de los clústeres, ni remitidas a infoLibre, que ha solicitado acceder a ellas sin recibir respuesta.

Los convenios también establecían que los gastos indirectos no podían superar el 20% del importe total de la subvención, es decir, un máximo de 40.000 euros por clúster. Estos costes se definen como los gastos generales de funcionamiento de la asociación: personal, dietas, desplazamientos, energía, alquiler, limpieza y asesoría, según la literalidad de los textos.

Sin embargo, las justificaciones de las subvenciones del ejercicio 2024 revelan que la práctica totalidad de esa partida de gastos indirectos —145.200 euros en total entre las cuatro asociaciones— se destinó a un único proveedor: el despacho Carles Cuesta Abogados y Economistas. El importe facturado a cada clúster fue idéntico: 36.300 euros, cantidad que equivale al 90% del tope máximo de gastos indirectos permitido por convenio. La facturación se produjo entre abril y diciembre de 2024, es decir, no durante todo el año, y se hizo a razón de aproximadamente 12.000 euros mensuales entre los cuatro clústeres.

Estos gastos no se corresponden con los gastos totales de los clústeres. Se trata de las justificaciones que se entregan a la Comunidad de Madrid y que se imputan a la subvención autonómica. Las cuentas generales, referentes a ingresos privados e independientes del Gobierno autonómico—si es que existieron—, no están disponibles en la sede electrónica. Al no estar registradas como asociaciones de utilidad pública, su publicación no es obligatoria.

No consta en la documentación de ejecución consultada gasto alguno en estructura ni personal propio de las asociaciones. Toda la actividad justificada ante la Comunidad de Madrid se distribuyó íntegramente entre proveedores externos: estudios encargados a firmas como Accenture, KPMG o Talent Hackers; promoción a través de Alcandora Publicidad y Merge Digital; y los citados gastos indirectos del despacho de Catalá. Incluso las memorias justificativas de las cuatro asociaciones fueron realizadas por un proveedor externo.

Rafael Catalá se incorporó a Carles Cuesta Abogados y Economistas en mayo de 2021 como primer socio externo del despacho, fundado por José Carles y Carlos Cuesta. Así lo publicó Confilegal en abril de 2021. En aquella entrevista, el propio Catalá definía la firma como un despacho especializado en “fusiones y adquisiciones, recuperaciones empresariales, refinanciaciones de deuda y derecho concursal”, al que calificó de “‘boutique muy prestigiosa”.

El perfil del bufete no guarda relación aparente con las necesidades de cuatro asociaciones dedicadas, sobre el papel, a la promoción de tecnologías. Los convenios definen los gastos indirectos como costes de “funcionamiento general” asociados a la administración del proyecto. La documentación de ejecución clasifica la facturación del despacho como “asistencia técnica”.

Los textos de los convenios excluyen expresamente de la subvención los gastos de “asesoría jurídica para la defensa civil, penal, administrativa o de otra índole”. Aunque esa exclusión se refiere específicamente a la asesoría para defensa, la pregunta sobre qué tipo exacto de servicios presta un despacho concursalista a cuatro asociaciones tecnológicas sin empleados no tiene respuesta conocida, al menos mientras el bufete no conteste a las preguntas remitidas por infoLibre.

Años antes de asumir la cartera de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2000 y 2002, Rafael Catalá fue subsecretario de Hacienda con Cristóbal Montoro al frente del ministerio. Tras su salida, entre 2005 y 2011, fue secretario y consejero de la multinacional de juego Codere, que pagó 679.000 euros a Equipo Económico, el despacho de Montoro, entre 2008 y 2012. La investigación judicial sobre el alcance de las maniobras del despacho para influir en la situación legal y fiscal de las empresas del juego está en curso y no se ha formulado acusación contra Catalá.

Su hermana, Raquel Catalá, tampoco figura como investigada en la causa, pero aparece citada en los informes del denominado caso Montoro por su papel como jefa de la delegación especial de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en Madrid de 2012 a 2018. Según la propia Agencia Tributaria, le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la Agencia, datos fiscales sobre los socios de Equipo Económico.

Cuando en el año 1886 se vendió el primer vehículo de motor de explosión en Alemania, un Benz Patent-Motorwagen, nadie sospechaba que en el futuro iba a ser necesario realizar un examen que demostrase las habilidades y capacidades para dirigir ese vehículo y que ese acceso solo se podría conseguir con una madurez suficiente. Ahora nadie concibe que se pueda conducir un coche sin carnet de conducir, sin formación y a cualquier edad. Autoescuelas, códigos de circulación vial, multas, semáforos, señales, limitaciones de velocidad, códigos de construcción y seguridad y delitos relacionados con la conducción han conseguido que nuestras carreteras no sean lugares peligrosos. Y como cualquier actividad humana todos sabemos que está en evolución constante y quizá en el futuro haya que aumentar toda esa legislación para atender a coches autónomos o quién sabe qué nos traerá el devenir. 

Y si la industria automovilística entendió que para vender coches era necesario someterse a la regulación estatal, ¿por qué las redes sociales no han de seguir el mismo camino? El anuncio del presidente del Gobierno la semana pasada levantó una oleada de críticas a diestra y siniestra por la deriva autoritaria que supone prohibir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales. Tanto es así, que tanto el dueño de X, Elon Musk, como el de Telegram, Pavel Durov, la emprendieron contra Pedro Sánchez y le tacharon de fascista y tirano. Y ni X ni Telegram son las redes sociales preferidas por nuestra juventud, de manera que no están preocupados por perder una clientela considerable, a diferencia de Instagram o TikTok, que sí son las que concentran la atención de los adolescentes españoles. No. Lo que a Musk y Durov les preocupa es que Pedro Sánchez se ha colocado al frente de quienes piden una regulación de los contenidos de las redes sociales, que incluye la responsabilidad de los directivos, la moderación de sus contenidos y la orden de la fiscalía para que persiga como delitos penales la manipulación de redes sociales y servicios de IA más extremos. Igual que los editores de infoLibre son responsables si en mi artículo yo difamara a alguien, resulta que en las redes sociales, los dueños del algoritmo que prohíbe unos contenidos, silencia otros y viraliza los que considera, esos mismos dueños con cuentas bancarias milmillonarias no tienen ninguna responsabilidad de los insultos y mentiras que se vierten en sus plataformas.

Hemos visto que se ha apelado mucho a la necesidad de educar a nuestros hijos e hijas en el uso responsable de las redes sociales, como si hasta ahora en los colegios e institutos no se hubiera hecho nada. O como si las familias hubieran cejado voluntariamente en sus responsabilidades educativas. Aumentar los niveles educativos y la sensibilización nunca está de más, pero desde luego, si la salud mental de nuestros jóvenes se está resintiendo quizá haya llegado el momento de dar un paso al frente. Los 20 años que llevamos sin regulación o una regulación mínima ya nos han demostrado que es necesario actuar con firmeza. 

Porque, no nos engañemos, el problema de estas plataformas es que están socavando, si no destruyendo, nuestro modelo de sociedad. La desinformación siempre ha sido una práctica de todos los gobiernos a lo largo de la historia, es cierto. Pero es en los últimos 10-15 años cuando ha comenzado a convertirse en un problema de primera magnitud. Ningún gobierno ha desprestigiado públicamente a la comunidad científica en sus consensos ni ha cuestionado la eficacia y necesidad de las vacunas. Si la semana pasada la OMS nos retiró el estatus de país libre del sarampión no fue por ninguna actuación de los distintos ministerios de Sanidad que hemos tenido en los últimos 20 años. 

Las plataformas tecnológicas se han encontrado con que la Unión Europea, el selecto club de 400 millones de personas con mayor poder adquisitivo de todo el mundo, quiere regular sus negocios y cuestiona sus modelos por los efectos no deseados que está produciendo en la población. Y por eso los dueños de estas empresas, un selecto club de señores tecno-feudales, están apostando, con la ayuda y el beneplácito de Moscú y Washington (¿Pekín también?), para debilitar y fragmentar todo lo posible la Europa de los 27. Por eso quieren cobrarse la pieza de Pedro Sánchez. Por eso, la lucha contra los gigantes tecnológicos va camino de convertirse en una lucha por la democracia.

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Pedro Silverio es periodista y doctor en Filosofía, autor del libro ‘La Muerte de la Verdad en Democracia’.

Musk, Zuckerberg, Durov.... todos fueron pioneros, admirados y celebrados por sus invenciones. Ahora, todos ellos parece que no están satisfechos con lo que han conseguido. Quieren más. Es una sucesión de imágenes: Zuckerberg aparece con un cambio de aspecto generalizado, con ropa juvenil, collares y unos rizos naturales; Bezos cierra Viena por completo para celebrar su boda multitudinaria; Musk se presenta en un mitin del partido republicano haciendo un saludo que se parece (mucho) al mismo que hacían los nazis. Todos ellos presencian juntos la investidura de Donald Trump en un lugar privilegiado. Desde hace ya un tiempo, son los grandes magnates de la tecnología los que deciden —en gran parte— sobre el futuro de naciones tan importantes como Estados Unidos. La tecnología lo puede todo. Sus dueños creen que ellos también.

Paula C. Chang, investigadora de Filosofía por la Universidad Complutense, y Andrea G.Galarreta, doctorada en Filosofía por la misma institución, escriben a cuatro manos Criptoprofetas: Hipermasculinidad y nueva derecha, un ensayo que destripa este fenómeno. Se sumergen en la arquitectura ideológica y afectiva que rodea a una masculinidad nueva. Aquella que reniega de todo tipo de afecto, vulnerabilidad o pacto social, y que (sobre todo) mira con buenos ojos a la extrema derecha.

En infoLibre adelantamos la introducción de este ensayo que saldrá a la venta el 11 de febrero.

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El mundo cambió mucho antes de que nos diéramos cuenta. No se trata de un discurso anecdótico ni de casos aislados, sino un susurro amplificado, una avalancha de conversaciones que se diseminan en foros, pódcast y canales privados. Un ejército de hombres — muchos jóvenes, precarizados y convencidos de que algún día dejarán de serlo— empezó a surgir en los márgenes de la política y la teoría social.

Autoproclamados como incorrectos e incómodos, los «criptoprofetas» se convirtieron en símbolo y síntoma de algo más grande, algo que estaba gestándose en la oscuridad de los algoritmos de internet y en las sombras de los mercados globales. Era el retorno de un viejo espectro y el renacimiento de una patología que muchos pensaban superada; pero, en la fabricación de valores culturales en la fase actual de la era postfordista, el culto a los caudillos no parece una realidad tan alejada ni remota.  

Se trata de un fenómeno que combina el desdén por las instituciones tradicionales con una fe casi mística en el poder de la tecnología para derribar todo lo que se interponga en su camino hacia la restauración de un orden anterior a la crisis de la masculinidad, incluida la restauración de su lugar en el mundo. Mientras algunos observaban el fenómeno como simple síntoma del disenso social, sectores políticamente movilizados mirábamos con desconfianza esa retórica del señalamiento: una masculinidad rígida, un deseo de demolición de lo establecido y una profecía de ruptura absoluta con el consenso social y sus formas organizativas.

Los criptos se convirtieron en la imagen de un nuevo tipo de sujeto político y económico, un nodo donde convergen la especulación financiera, el individualismo exacerbado y una masculinidad inquieta y ansiosa de validación. Hágase justicia aunque caiga el cielo; una aproximación teórica a la creciente reactividad social era imperativa. Estamos ante el auge de una ultraderecha renovada, impulsada tanto por la tecnología como por un desencanto radical con las instituciones y un progresismo social que cuestiona sus privilegios existenciales: la actualidad donde se hace más patente que nunca que la separación entre persona y avatar no existe, ahí donde la violencia se moviliza a partir de ese no-lugar común que son los foros.

El fenómeno de los criptoprofetas, en apariencia complejo y fragmentario, se mueve bajo principios que parecen claros para sus adeptos, pero indescifrables para el resto. Una aproximación a ellos supone también una redefinición del poder en sus múltiples formas de expresión. Lo que encontrarás en las próximas páginas no es una solución definitiva al problema que plantea este resurgimiento, sino una serie de claves para comprenderlo en toda su transversalidad. El objetivo de nuestro texto es esbozar de qué modo se configuran las políticas de la reactividad en los nuevos entornos virtuales, una aproximación a través de la convergencia entre el ensayo y la etnografía; un pretexto para reivindicar la filosofía como una herramienta viva, orgánica y con una vehemente orientación práctica, encomendada a entender todo fenómeno que nos rodea e interpela.

Por lo expuesto, el texto que tienes entre manos se forja apostando por el análisis criptográfico, ofrece la reflexión teórica y su marco, con la integración interdisciplinar de la visión del devenir mundo de distintos agentes sociales: filósofos, periodistas, activistas, docentes, artistas… Huelga destacar que, dada la complejidad del análisis que comporta nuestro objeto de estudio, la estructura de este libro se presenta como arborescente; una narrativa con distintas ramificaciones para abordar qué son los criptoprofetas, explicar su emergencia como fenómeno vivo de nuestro ecosistema político de actualidad y comprender la arquitectura afectiva de las masculinidades de la nueva derecha. En la primera parte abordaremos la taxonomía de las subjetividades y perfiles sociales que articulan este fenómeno de las masculinidades criptoproféticas a la vista de una crisis de la masculinidad que va de la mano de la crisis de Lehman Brothers; una cartografía de los actores que convergen en el nuevo ecosistema virtual, escenario de nuevos modus vivendi y nuevas ansiedades. Aquí exploraremos cómo las nociones de otredad, parásito, deseo y poder se reconfiguran en este espacio, y de qué manera se articulan discursos de masculinidad que hacen del resentimiento y la ruptura su piedra angular.

La segunda parte de este libro se sumerge en la concreción práctica de estas subjetividades en comunidades explícitamente ultraderechistas, donde lo latente se vuelve manifiesto y las redes de afinidad se consolidan en estructuras políticas basadas en el odio. Aquí, la ultraderecha no solo emerge como mera preferencia ideológica con la que cohabitar, sino como amenaza a la diversidad social, apoyada en las ínfulas de la higienización y el despliegue de violencia simbólica que, paradójicamente, se reviste de una retórica de «libertad» y defensa de la tradición. Este trabajo aspira a ser un esbozo para entender, por un lado, cómo se entrelazan las fuerzas subyacentes del postfordismo en los nuevos ecosistemas políticos que auspician el nacimiento de esta nueva ultraderecha y, por otro, cómo la figura del criptoprofeta es, en el fondo, mucho más que una nueva moda pasajera en tiempos de fascismo pop: es el epítome de una resistencia subterránea a las transformaciones sociales y de género de nuestro tiempo. Son cuatro las manos que escriben este texto. Concebimos esta obra como madres primerizas que, con mucho amor y esfuerzo, han procurado que las diferencias entre los pares de manos se difuminen, se entremezclen. Como la progenie: estos ojos son tuyos y la boca es mía, pero en realidad no son de ninguna de las dos porque son única y exclusivamente de esta nueva vida que es el libro. Con el fin de comprender algunos términos nucleares sobre los que se construye este ensayo adjuntamos a continuación algunas definiciones aclaratorias.

Raúl Magallón Rosa ejerce como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, en el departamento de Comunicación. Forma parte del observatorio Verifier, promovido por la Comisión Europea para analizar los medios digitales de Portugal y España y en el que participan doce universidades.

“Elaboramos informes y monitorizamos todo lo que tiene que ver con la desinformación en España”, afirma sobre un proyecto en el que colaboran con Maldita, Newtral, Verficat, o EFE. Magallón es autor de varias investigaciones sobre medios. Entre ellas su obra Updating news, información y democracia, sobre la relación entre información, periodismo y democracia. Este estudioso da su visión sobre el despido masivo de informadores en un periódico mítico, The Washington Post, cuyo lema es: “La democracia muere en la oscuridad”.

“El despido de 300 periodistas del diario de Jeff Bezos lo interpreto, como todas las señales que se están reproduciendo en Estados Unidos, como un declive paulatino de la democracia en aquel país. ¿Qué objetivos tenía Jeff Bezos al comprar The Washington Post en el año 2013? Es un medio que está teniendo pérdidas y me planteo por qué ahora. La segunda cuestión es qué objetivos busca al despedir a un tercio de la plantilla desde un punto de vista de seguir protegiendo la libertad de expresión y de información en Estados Unidos”.

“En relación a la pérdida de calidad democrática, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que dicen los distintos estudios es que se está viendo un declive progresivo durante los últimos 18 años. Los informes de Democracy Index, Freedom House o V-Dem lo que están diciendo es que el número de países que pueden ser considerados democracias plenas y las libertades están reduciéndose durante los últimos 18 años de manera constante. Más allá de la percepción general que tenemos de que la democracia va hacia atrás, lo que dicen los indicadores es que el retroceso es constante durante casi los últimos 20 años”.

“La cuestión europea es interesante cuando vemos, por ejemplo, los estudios de Democracy Index. Lo que vienen a decir es que la mayoría de democracias plenas que hay en el mundo están en Europa. Es decir, Europa, dentro de lo que es el mundo, es un pequeño oasis democrático; si bien es cierto que la calidad democrática de un país –y, en este caso, de lo que significa la Unión Europea– depende de la de nuestros vecinos. Si estos tienden hacia las autocracias, probablemente muchos de los efectos y las consecuencias se verán representados en los intereses que llegan a la Unión Europea. Evidentemente debemos tener cuidado con todo lo que está ocurriendo a nivel global. Pero a nivel interno de la Unión Europea están ocurriendo también cosas que son señales de alarma”.

“Hablando del uso de TikTok y de las redes sociales, debemos tener en consideración varias cuestiones. Cuando se desarrollaron las redes sociales a principios de este siglo, entendimos que representaban la libertad de expresión digital y una forma de establecer nuevas relaciones sociales. Poco a poco vimos que no solo eran actores tecnológicos, sino que acaban convirtiéndose en actores políticos. Dentro de la esfera pública de cada país y a nivel global, las redes podían tener una importancia fundamental a la hora de definir los problemas y las corrientes de opinión política. En la situación actual que estamos viendo, ya sea con TikTok, Twitter, Facebook, las redes no son un campo de juego neutral donde la gente discute y hay una gran conversación, sino que realmente los algoritmos pueden determinar también, y esto es importante que lo entendamos, corrientes de opinión, influir en la opinión pública e incluso en las decisiones políticas y de voto de un país. Por lo tanto, tenemos que integrar e incluir las redes sociales dentro de lo que podría ser considerado la esfera pública y política de cada país”.

“Lo que está implicando [la ofensiva del Ejecutivo contra las big tech] es una especie de discurso de los oligarcas contra todo lo que tiene que ver con la regulación. Me preocupa aún más que estos máximos propietarios de las empresas tecnológicas se conviertan en la voz autorizada y en los portavoces de la libertad de expresión y de información. En este caso, el propietario de Telegram, más que hablar de la libertad de expresión y de información, debería hablar de cómo eso puede afectar a su plataforma. Hay que tener en cuenta todos los problemas que Telegram potencia y desarrolla en relación a delitos de campañas de desinformación y en lo que tiene que ver con redes internacionales de delincuencia. Por lo tanto, lo que más me preocupa de todo esto es que los representantes de la libertad de expresión y de información sean los grandes magnates y los propietarios de las empresas tecnológicas”.

“En la confrontación entre el presidente del Gobierno y Elon Musk me interesan varias cuestiones. La primera, creo que, desde un punto de vista de la comunicación política, es una estrategia, en este caso por parte del Gobierno de España. Y en cierta forma consiste en internacionalizar algunos debates para posteriormente integrarlos en los debates internos de nuestro país. En segundo lugar, son declaraciones que pueden implicar un efecto cascada en otros países. Es un debate que se tiene a nivel global porque se considera que se necesitan unas soluciones que hasta ahora no se estaban tomando. En tercer lugar, sí que me interesa también el intento de influencia geopolítica por parte de Elon Musk y de las empresas tecnológicas. Pretendían que las leyes nacionales en ningún caso regularan dichas empresas y el funcionamiento de las plataformas. Así pues es un debate interesante y positivo hasta ahora”. 

“Como media, un adolescente, según los estudios, puede pasar al año unas 1.400 horas consumiendo contenidos en redes sociales y plataformas mientras que el tiempo que pasa en el instituto con una formación reglada puede estar en torno a las 1.054 horas. Lo que no se entiende es que, más allá de la regulación, no se hayan implantado e implementado políticas de alfabetización pública, una asignatura relacionada con la alfabetización digital y algorítmica en nuestro país. Las redes sociales favorecen muchas cuestiones que son positivas en conocimiento, relaciones, nuestros hobbies, etcétera. Es importante también que nuestros jóvenes conozcan sus peligros. También hay un debate sobre la eficacia de prohibir las redes. Muchos países están intentando tomar medidas: Australia, Francia, Portugal, Suecia o Dinamarca. Una prohibición tiene que venir acompañada de una serie de cuestiones relacionadas con delimitar muy bien lo que se va a prohibir, qué redes se van a prohibir. En países como Australia ciertas plataformas y sistemas de mensajería como Telegram o WhatsApp no se están prohibiendo. La prohibición tampoco implica que los más jóvenes no se puedan saltar la medida. Hay que analizar también la edad en la que dar a un adolescente un teléfono móvil. El debate de la prohibición y de la edad de acceso a las redes sociales tiene muchas aristas y muchas consecuencias”.

“En relación a la posibilidad de que los propietarios de las grandes plataformas tecnológicas se sometan a una rendición de cuentas y tengan una responsabilidad jurídica, ¿por qué no en otros sectores empresariales? También hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la economía productiva la influencia que tienen las redes sociales a la hora de crear riqueza. Me parece mucho más interesante obligar a las plataformas y a las redes sociales a que tengan equipos de monitorización de discursos de odio, de desinformación o de posibles injerencias extranjeras que el hecho de intentar establecer medidas que probablemente estén limitadas por la normativa europea y por la Ley de Servicios Digitales. Las redes sociales obtienen buenos beneficios provenientes principalmente de la publicidad. ¿Cómo repercuten estos en el tejido social de un país? Y el tercero de los debates que creo que hay que abrir ya es la cuestión de la soberanía digital. Una legislación de los gobiernos nacionales puede ser peligrosa, puede llevar a la censura y a la limitación de la libertad de expresión y de información, pero también deberíamos plantearnos qué consecuencias tiene que estemos dando nuestros datos, nuestra información, nuestras posiciones políticas y nuestra orientación digital e ideológica a las empresas tecnológicas. ¿Qué ocurriría si esos datos pudieran acabar, por ejemplo, en una Administración como la de Trump y pudiera decidir que podemos acceder o no al país o a determinados recursos? ¿Qué consecuencias puede tener que nuestros datos acaben en los servidores de los Gobiernos de Estados Unidos o de China? Tenemos que considerar posibles escenarios no deseados o no planificados sobre la implementación y la aprobación de cualquier regulación”.

“Hace diez, quince años, se empiezan a entender las redes sociales como un espacio que rompía con el monopolio de la opinión pública que tenían los medios de comunicación. Determinados representantes políticos ven en ellas una forma de amplificar un discurso político. Esto ocurre sobre todo en 2016 con las elecciones en Estados Unidos y el Brexit, con discursos conservadores. Poco a poco la desinformación llega a otro tipo de debates: las personas migrantes, la ciencia durante la pandemia, la invasión rusa en Ucrania. La desinformación se convierte en un arma y en una estrategia geopolítica de primer nivel. Durante la última década hemos visto cómo la desinformación se ha convertido en una disfunción más o menos normalizada del sistema. Hay determinadas narrativas, determinadas desinformaciones, que funcionan a nivel global y se adaptan a contextos locales. Un ejemplo clásico es todo lo que tiene que ver con el voto por correo y el posible fraude electoral. Apelan más a las emociones que a los hechos. El algoritmo de las redes sociales lo que hace es potenciar, privilegiar los contenidos más sensacionalistas y emocionales frente al criterio de veracidad y racionalidad. La desinformación funciona sobre todo en escenarios de incertidumbre. Las elecciones están consideradas como un momento crítico y la desinformación no solo no penaliza, sino que en muchas ocasiones favorece los intereses de aquellos que las utilizan”.

“En relación a la protección de los procesos electorales, ha habido un avance en los últimos años. Los organismos encargados de velar por el cumplimiento y la protección de las elecciones cada vez están mejor coordinados, pero hay todavía cuestiones que pueden mejorarse. Por ejemplo, establecer mecanismos de diálogo con las empresas tecnológicas para que comuniquen a las autoridades posibles injerencias extranjeras. Por otra parte, creo que es necesario dotar a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales provinciales de mayores competencias. Estamos viendo que en algunos países se empieza a utilizar la inteligencia artificial para intentar desacreditar a posibles candidatos o a posibles partidos políticos. Hemos visto en los últimos años cómo la jornada de reflexión ya no es una jornada de reflexión. Hay grupos de interés que intentan compartir contenidos falsos, sobre todo en escenarios y en elecciones donde las expectativas de los resultados no están claras. Es ahí donde los incentivos para que funcione la desinformación son mucho mayores”.

El endurecimiento del discurso del Gobierno español frente a las grandes tecnológicas estadounidenses —anunciando regulaciones más estrictas y enarbolando la bandera de la soberanía digital europea— contrasta con la enorme exposición de las grandes empresas españolas a las big tech norteamericanas.

El 74% de las compañías cotizadas en nuestro país dependen de servicios tecnológicos de empresas de Estados Unidos. La ofensiva política de Pedro Sánchez pone así en una situación incómoda a compañías expuestas a una elevada vulnerabilidad estructural y desnuda la distancia abismal entre el discurso político y la infraestructura real sobre la que opera el capitalismo en España.

Los datos proceden de un informe elaborado por Proton, la compañía suiza especializada en servicios de correo electrónico cifrado y soluciones de privacidad, considerada una de las empresas más seguras del sector por su sede en Suiza y su arquitectura de seguridad de extremo a extremo. Proton, que no opera desde territorio estadounidense y que ha convertido la protección de datos en su seña de identidad, ha analizado la dependencia tecnológica de casi 10.000 empresas cotizadas en 31 países europeos, centrándose en un indicador revelador: el uso de servicios de correo corporativo, que funciona como proxy fiable de la infraestructura en la nube y los servicios asociados de ofimática, colaboración y seguridad que utilizan las compañías.

El resultado sitúa a España en el puesto 12 de ese ranking europeo, una posición intermedia-alta que refleja una dependencia superior a la de las grandes potencias económicas continentales. Francia registra un 66% de dependencia, Alemania un 58% e Italia un 69%. La brecha es notable: España supera en 16 puntos porcentuales a Alemania y en 8 a Francia, las dos locomotoras industriales de Europa. Solo nos aventajan en dependencia los países nórdicos —Islandia (97%), Noruega (96%), Finlandia (92%), Suecia (91%), Dinamarca (89%)—, Irlanda (93%), el Reino Unido (88%) y algunos Estados pequeños como Luxemburgo, Bélgica o Malta. Por debajo de España quedan no solo las grandes economías mencionadas, sino también países como Polonia (45%), Rumanía (39%) o Bulgaria (16%), que presentan niveles de dependencia tecnológica estadounidense significativamente inferiores.

La explicación de estas diferencias es reveladora. Los países nórdicos combinan economías altamente digitalizadas con mercados pequeños que históricamente han adoptado soluciones globales sin desarrollar alternativas nacionales robustas. El Reino Unido e Irlanda mantienen vínculos históricos, lingüísticos y económicos estrechos con Estados Unidos que facilitan esa dependencia.

En cambio, Alemania y Francia han desplegado durante décadas estrategias deliberadas de soberanía tecnológica, impulsando campeones nacionales y proyectos europeos alternativos, aunque con resultados desiguales. España, mientras tanto, se sitúa en un limbo: demasiado dependiente para las ambiciones de autonomía que llegan desde la política, demasiado poco estratégica en sus decisiones de inversión tecnológica.

Con todo, lo más preocupante no es el dato agregado, sino su distribución sectorial. El informe de Proton identifica seis sectores económicos en España donde el 100% de las empresas cotizadas dependen de software y servicios estadounidenses. Entre ellos figuran dos especialmente críticos: la energía y la banca. Que la totalidad de las entidades financieras cotizadas y de las empresas energéticas operen sobre infraestructura tecnológica controlada por corporaciones extranjeras no es una anécdota estadística, sino una vulnerabilidad estratégica de primer orden.

En particular en un contexto geopolítico en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su disposición a abrir una guerra digital contra Europa si Bruselas insiste en regular las big tech, que se cuentan entre sus principales aliados corporativos. Ya ha amenazado con aranceles disparatados que pueden hacerse realidad si el conflicto con las tecnológicas escala, poniendo a las grandes empresas españolas en una situación de riesgo. Los avisos son muy visibles.

La banca española —con gigantes como Santander, BBVA o CaixaBank entre las principales entidades europeas— gestiona datos financieros sensibles de millones de ciudadanos y empresas, procesa transacciones por valor de cientos de miles de millones de euros y constituye el sistema nervioso del flujo monetario del país. Que su infraestructura de correo, ofimática, almacenamiento en la nube y seguridad dependa íntegramente de proveedores estadounidenses —fundamentalmente Google, Microsoft y Amazon— implica que cualquier decisión regulatoria, fallo de seguridad o presión geopolítica en esas compañías puede afectar directamente al funcionamiento del sistema financiero español.

Similar situación se reproduce en el sector energético, columna vertebral de cualquier economía moderna. Empresas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol operan infraestructuras críticas cuya gestión, comunicación y sistemas de control dependen de tecnología estadounidense. En un contexto de transición energética acelerada, donde la digitalización de las redes eléctricas, la gestión inteligente de la demanda y el desarrollo de energías renovables requieren capacidades tecnológicas cada vez más sofisticadas, esta dependencia plantea interrogantes sobre la capacidad real de España para controlar su política energética de forma autónoma.

Además de estos dos sectores con dependencia total, el estudio identifica otros cuatro ámbitos donde al menos el 75% de las empresas cotizadas españolas utilizan tecnología estadounidense: utilities (electricidad, agua, saneamiento), transporte, software y servicios, y sanidad. Es decir, la infraestructura crítica del país —desde el suministro de agua hasta la gestión hospitalaria, pasando por el transporte de mercancías y personas— opera mayoritariamente sobre tecnología que no controlamos.

Los proveedores dominantes son conocidos: Google Workspace (anteriormente G Suite), Microsoft 365 y Amazon Web Services lideran un mercado donde las alternativas europeas han fracasado sistemáticamente en alcanzar masa crítica. Los intentos de crear nubes soberanas europeas, como el proyecto Gaia-X impulsado por Francia y Alemania, han avanzado con lentitud y resultados modestos.

La concentración del mercado es aplastante. Amazon Web Services lidera con un 30% de cuota global, seguido de Microsoft Azure con un 20% y Google Cloud con un 13%. Entre estas tres compañías controlan más del 63% del mercado mundial de infraestructura en la nube, un porcentaje que se replica con ligeras variaciones en el entorno español. Otros actores estadounidenses como Oracle, IBM Cloud y Salesforce suman cuotas residuales del 2-3% cada uno. Frente a este dominio, los proveedores europeos apenas alcanzan en conjunto el 15% del mercado.

La dependencia tecnológica no es solo una cuestión económica o de eficiencia operativa: plantea un conflicto jurídico de fondo entre dos concepciones incompatibles de soberanía sobre los datos. La legislación estadounidense, particularmente la Cloud Act aprobada en 2018, otorga a las autoridades de ese país potestad para exigir a cualquier empresa bajo su jurisdicción que entregue información almacenada en sus servidores, independientemente de dónde se encuentren físicamente esos datos.

Un servidor de Amazon en Aragón o de Microsoft en Madrid, aunque opere en suelo español con datos de empresas y ciudadanos españoles, puede ser objeto de una orden judicial estadounidense que obligue a la compañía matriz a entregar esa información sin pasar por los canales habituales de cooperación internacional.

Esta capacidad extraterritorial colisiona frontalmente con el Reglamento General de Protección de Datos europeo, que establece restricciones estrictas sobre quién puede acceder a información de ciudadanos de la UE y bajo qué condiciones. El resultado es que las empresas españolas que operan sobre infraestructura en la nube estadounidense navegan en una zona gris donde dos sistemas legales contradictorios coexisten sin resolución clara, y donde la promesa de soberanía digital choca con una realidad en la que las llaves últimas de acceso a los datos permanecen bajo control ajeno.

Las razones de esta dependencia son múltiples y se retroalimentan. España carece de compañías tecnológicas competitivas en servicios en la nube, ofimática o correo corporativo comparables a los estadounidenses. Las inversiones públicas y privadas en tecnología han sido históricamente insuficientes y dispersas.

La formación de talento tecnológico avanzado, aunque ha mejorado, sigue siendo inferior a la de países como Alemania, Francia o los nórdicos. Y las empresas, presionadas por la competencia global y las exigencias de rentabilidad, han priorizado soluciones inmediatas antes que construcción de capacidades propias.

Además, existe un efecto red difícil de revertir: cuantas más empresas utilizan las mismas plataformas estadounidenses, más complicado resulta para cualquier actor individual cambiar, porque la interoperabilidad, los estándares de facto y los costes de migración actúan como barreras de salida.

Un banco que opera con Microsoft 365 se comunica fluidamente con proveedores, clientes y reguladores que también lo usan; migrar a una alternativa europea o nacional implicaría costes, riesgos operacionales y pérdida de eficiencia que pocos están dispuestos a asumir voluntariamente.

Lejos de estabilizarse, la dependencia se acelera. El mercado global de infraestructura en la nube creció un 25% interanual en 2025, según una investigación publicada en octubre, impulsado fundamentalmente por el auge de la inteligencia artificial generativa y la computación de alto rendimiento.

En España, mientras el 73% de las grandes empresas ya han migrado a soluciones en la nube, las pymes —que representan el grueso del tejido productivo español— apenas rozan el 26% de penetración. Esta brecha no es tranquilizadora: señala el enorme potencial de crecimiento futuro que tiene el big tech estadounidense en un segmento empresarial masivo que aún está por capturar.

El impacto de la inteligencia artificial intensifica aún más esta dinámica. Los servicios de IA generativa experimentaron un crecimiento del 160% en el último año, y la inmensa mayoría de empresas españolas acceden a esta tecnología a través de los paquetes comerciales de Microsoft o Google, reforzando así el cerrojo tecnológico.

La dependencia se vuelve pegajosa, en expresión utilizada por los analistas del sector: una vez que una organización migra sus flujos de trabajo a ecosistemas como Microsoft 365 o Google Workspace, el coste de salida —en términos de tiempo, formación, compatibilidad y riesgo de pérdida de datos— se vuelve prohibitivo.

Paradójicamente, esta dependencia se ha anclado físicamente en territorio español mediante inversiones multimillonarias que complican aún más cualquier estrategia de desacoplamiento. Microsoft ha comprometido 2.100 millones de dólares para construir centros de datos en Madrid, mientras que Amazon Web Services ha elegido Aragón para establecer una de sus instalaciones de infraestructura más importantes de Europa.

Estas instalaciones permiten a las empresas españolas cumplir formalmente con las normativas de residencia de datos —los servidores están en suelo nacional—, pero no alteran la ecuación de fondo: el software base, la inteligencia operativa, las actualizaciones críticas y, en última instancia, el control real siguen bajo jurisdicción de matrices corporativas estadounidenses.

Reales o modificadas con sistemas de inteligencia artificial, las imágenes, y más las de carácter personal, están protegidas en España, donde ya existe un amplio armazón legislativo para defender el honor, la intimidad y la propia imagen y los ciudadanos disponen de numerosas vías, jurídicas y administrativas, para reclamar esos derechos y perseguir a quienes los vulneran, según recoge EFE.

Ese andamiaje se sustenta además en la propia Constitución Española, que en su artículo 18 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la ley debe limitar el uso de la informática para garantizar esos derechos, cada vez más amenazados por la proliferación de tecnologías de edición y de inteligencia artificial que han multiplicado la difusión de imágenes, y entre ellas las de personas desnudas, sexualizadas y absolutamente descontextualizadas.

A la Constitución se suman las vías civiles, las penales y las administrativas, porque si esa publicación implica un tratamiento de datos personales puede intervenir la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e imponer sanciones -ya lo ha hecho recientemente por generar y difundir imágenes sexuales de menores creadas con sistemas de IA-.

Y para complementar ese entramado legislativo que ya existe, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal, que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (las ultrafalsas o 'deepfakes'), un texto que sustituirá a la ley vigente desde 1982 para adaptar esa realidad al siglo XXI y ampliar la protección de esos derechos.

Mientras se tramita el anteproyecto -un procedimiento que se puede prolongar durante meses y que dependerá finalmente de los apoyos parlamentarios del Gobierno- cualquier persona que sienta vulnerados esos derechos por la publicación de imágenes -manipuladas o no- puede recurrir a la vía civil para solicitar la retirada inmediata del contenido, exigir una indemnización por daños y perjuicios y pedir medidas cautelares para evitar la difusión adicional.

Puede acudir a la vía penal, ya que el Código Penal castiga con penas que pueden ser de cárcel por captar, reproducir grabar o publicar imágenes o comunicaciones sin consentimiento, con agravantes si la víctima es menor de edad o una persona especialmente vulnerable.

Y puede también, por la vía administrativa, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una queja o denuncia, además de recurrir al 'Canal Prioritario' que este organismo puso en marcha hace siete años para solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se publican en internet sin consentimiento de las personas que aparecen en ellos y evitar que esas imágenes se hagan virales. 

Fuentes de la AEPD han aclarado a EFE que una persona puede dirigirse a este organismo a través de los canales habilitados, incluido ese Canal Prioritario, para solicitar la retirada de los contenidos, sin perjuicio de que, cuando existan indicios de delito, los hechos se trasladen a la Fiscalía u otras autoridades competentes.  

El número de personas que ha acudido a ese 'canal' ha aumentado progresivamente durante los últimos años, han informado las mismas fuentes, y han precisado que durante los últimos seis meses se han registrado una docena de reclamaciones que aluden específicamente al uso de la IA para manipular contenidos que pueden resultar lesivos.

El uso de este canal está pensado para situaciones graves, cuando el contenido tenga un impacto especialmente intenso en sus derechos, "pero no para cualquier conflicto ordinario relacionado con contenidos en internet", y dentro del ámbito propio de la protección de datos, la Agencia presta especial atención a los supuestos en los que el uso de imágenes o vídeos de terceros mediante sistemas de inteligencia artificial incrementa de forma significativa los riesgos para la persona afectada. 

La jurisprudencia española es ya muy amplia y durante los últimos años se han sucedido numerosos fallos que condenan las vulneraciones y establecen límites frente a la difusión de contenidos en internet que afectan gravemente a la reputación y vida privada de las personas, y entre las últimas está la sanción que la AEPD impuso por la difusión de imágenes de chicas desnudas generadas con IA en Almendralejo (Badajoz) y que sumó a las medidas ya impuestas por el Juzgado de Menores de Badajoz.

Coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, la AEPD ha publicado el informe El uso de imágenes de terceros en sistemas de inteligencia artificial y sus riesgos visibles e invisibles en el que radiografía los riesgos que entraña la publicación de imágenes, tanto sin son reales como si son manipuladas con sistemas de inteligencia artificial.

Este organismo ha alertado de que la imagen en la que una persona es identificable constituye un dato personal y está por lo tanto protegida y regulada por el Reglamento General de Protección de Datos, pero también de que se pueden ver afectados derechos fundamentales (honor, intimidad o propia imagen) y entonces la investigación y la persecución de los presuntos delitos corresponde a las autoridades policiales, a la Fiscalía y a los órganos judiciales.

El profesor universitario y experto en derecho tecnológico Borja Adsuara ha subrayado que el armazón legislativo que existe en España y en Europa es ya muy amplio y suficiente para proteger el honor y la intimidad personal, independientemente de las herramientas tecnológicas que se usen para atentar contra esos derechos, y ha señalado que lo que hoy es capaz de hacer un sistema de IA lo hacía hace ya años una herramienta de 'photoshop'.

En declaraciones a EFE, Adsuara ha opinado que el anteproyecto que prepara el Gobierno no añade o modifica de forma sustancial lo ya previsto en la ley de 1982, en el Código Penal o en el Reglamento General de Protección de Datos, que persiguen la manipulación y el tratamiento inadecuado de las imágenes.

Muchas personas han propuesto Bluesky como alternativa a Twitter. En su momento, Twitter permitió la expansión de movimientos de calado nacional e internacional como la Primavera Árabe allá por el 2012, la denuncia masiva del #MeToo frente a abusos sexuales en Hollywood o el 15M que acabó con el bipartidismo en España. Twitter, por tanto, era una herramienta política, cultural e ideológica y, para desgracia de muchos, Elon Musk y la ultraderecha lo entendieron mejor que nadie.  

Controlar los algoritmos y, por tanto, los temas de conversación, se convertía en una forma de influir en campañas políticas e ideológicas para beneficio de quien las controlara. Ya pudimos ver la influencia de Facebook en la campaña estadounidense del 2016 que facilitó la entrada de forma inesperada del errático Donald Trump al mando del país más poderoso del mundo. Tras la adquisición de Musk de Twitter y su evidente deriva ultraderechista, murió el Twitter que resultaba útil como arena pública de debate y nació X con una intención clara: “ultraderechizar” el discurso social y acabar con lo woke.

Su toma de control supuso una pérdida de alcance para la mayoría de cuentas que no polarizaban (de ciencia, economía, historia, etc…), la monetización del enfado y la restitución y promoción de perfiles misóginos, racistas y conspiracionistas que coqueteaban con el fascismo y que ahora era imposible que no aparecieran en el feed.

Bajo este contexto, buscar una alternativa resultaba una necesidad. Por suerte, en 2019 un grupúsculo de empleados del entonces Twitter empezaron a fantasear con el desarrollo de una red descentralizada y sin algoritmos opacos que se acabaría llamando Bluesky, hoy en día liderada por la joven Jay Graber. Graber, por cierto, protagonizó este 2025 un enfrentamiento simbólico con Zuckerberg tras llevar durante una conferencia una camiseta con la frase “Mundus sine caesaribus" (Un mundo sin Césares) burlándose de la frase que Mark Zuckerberg había llevado unos días antes con la frase también en latín “Aut Zuck aut nihil” ("Zuck o nada").

Lo cierto es que en determinados campos Bluesky ya es más relevante que X y lo que se publica en la red de la mariposa azul logra un impacto sustancialmente superior. Este es el caso particular de la comunidad científica, como así lo refleja un último artículo de la revista Nature: “Bluesky’s science takeover: 70% of Nature poll respondents use platform”

Pero hay tres claves que hacen de Bluesky no sólo una alternativa, sino una aplicación notablemente superior. Es descentralizada, de código abierto y no está monetizada. 

Para garantizar la descentralización, es decir, que ningún único servidor central pueda controlar todas las cuentas, Bluesky se basa en un protocolo llamado AT Protocol, que permite que, si por lo que fuera el proveedor de servicio que te aloja la cuenta, –como por ejemplo Bluesky.app– cambia las normas de una forma con la que no estás de acuerdo, simplemente puedes cambiar de proveedor sin tener que perder seguidores, posts, etc… El AT Protocol representa el poder cambiar de compañía de suministro de luz sin tener que cambiar de casa: tu cuenta sigue siendo tuya y el proveedor que la aloja no puede condicionarte ni retenerte.

Otra de las cosas para entender bien qué es lo que hace a Bluesky versátil es que es de código abierto. Esto habla mucho de la filosofía y representa toda una declaración de intenciones con respecto a la política de transparencia que pretende regir en la aplicación, pero también significa que cualquiera con nociones puede extraer el código o partes del mismo que le interesen para entender cómo funciona o implementarlo si quisieran en otro lugar. Esto también permite que pueda haber todo un ecosistema de desarrolladores altruistas e independientes que construyan terceras aplicaciones para complementar el disfrute y versatilidad de Bluesky. Para poner un ejemplo extremadamente útil os voy a hablar de Sky Follower Bridge, una extensión de Chrome que permite encontrar y migrar los seguidores y seguidos que ya tuvieras en tu cuenta de X a la nueva plataforma Bluesky, y que puedas hacerlo con un solo click. Otra extensión llamada Porto permite importar de forma sencilla los tuits de X a Bluesky, pero existen otras tantas para analizar interacciones sociales, customizar tu interfaz para descubrir gente nueva a quien seguir deslizando tipo Tinder o desarrollar tus propios algoritmos sin código (catálogo de aplicaciones).  

Esto último es otra de las cosas que hace a Bluesky especialmente versátil y personalizable. Mientras que en lugares como X hay un único algoritmo que impera, sobre el cual el usuario no tiene ningún tipo de control, Bluesky promueve la creación de algoritmos personalizados. En mi caso, creé un algoritmo en el que sólo aparecen ofertas de doctorado en ciencias naturales para poder compartir con compañeros. 

En Bluesky no hay publicidad integrada en la plataforma, lo que implica que la red no necesita perfilar psicológicamente a sus usuarios ni convertir su atención en un recurso que deba ser explotado mediante lógicas de consumo.

Que Bluesky no tenga publicidad no significa que los usuarios no puedan promocionar libremente sus proyectos, productos o ideas. La diferencia es estructural, ya que no está diseñada para ello. La aplicación no registra tus hábitos para construir un perfil de consumo, no cruza comportamientos para predecir qué te hará reaccionar, ni te muestra contenido diseñado específicamente para empujarte a comprar o a interactuar de forma adictiva.

Al no existir ese incentivo económico, desaparece gran parte del interés en convertir el seguimiento constante del comportamiento del usuario en un activo estratégico. Y cuando no hay valor en segmentar ni en maximizar la atención a toda costa, el sistema deja de tener alicientes para amplificar de forma sistemática contenidos provocativos o emocionalmente extremos, que suelen ser los más rentables en modelos basados en publicidad. Esto no elimina el conflicto ni garantiza una red “mejor” por definición, pero sí reduce la recompensa estructural al ruido y la polarización, abriendo la puerta a dinámicas más calmadas y, potencialmente, a contenidos de mayor calidad.

Finalmente, merece la pena destacar alguna de las funciones estrellas, como los Starter Packs o paquetes de inicio.

Los Starter Packs son un auténtico cambio de paradigma para instituciones, medios digitales, asociaciones o cualquier conglomerado de partes. Permiten agrupar cuentas relacionadas con un mismo tema y ofrecerlas para seguir con un solo clic, facilitando enormemente el descubrimiento de contenido. Un medio digital, por ejemplo, puede crear un paquete con las cuentas de sus periodistas y difundirlo desde su perfil principal, de modo que los usuarios puedan seguir de forma inmediata tanto a la cabecera como a las personas que la integran.

Este sistema genera un efecto en cascada positivo: los usuarios acceden a feeds más ricos y especializados, mientras que las cuentas incluidas, especialmente las más pequeñas, ganan visibilidad y seguidores gracias a un efecto de arrastre mutuo con perfiles más consolidados.

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En definitiva, aunque aún no tiene la masa crítica de X, Bluesky no es para nada un desierto, reuniendo además muchas condiciones para reemplazar a X en el nicho del microblogging. Lo bueno es que la propia comunidad sigue construyendo su entorno y desarrollando aplicaciones de forma colaborativa. Conforme más gente se vaya uniendo a la red, más versátil, personalizable y útil se convertirá. Sumarse ahora no es únicamente una cuestión de rechazo a la deriva de X bajo el liderazgo de Elon Musk, ni de permanecer “dando la batalla” en una plataforma cada vez más hostil. Es, sobre todo, una decisión práctica: en X el alcance está capado, Bluesky permite llegar a más gente, ofrece una experiencia mucho más satisfactoria y, particularmente, libera de las decisiones unilaterales y la explotación sistemática de datos por parte de señores tecno-feudales estadounidenses. Practicidad, versatilidad y proyección a largo plazo. Con todo esto, espero haber demostrado lo interesante de participar y contribuir en lo que tal vez sea nuestra única oportunidad de implementar las interacciones digitales y el debate social en una red sin césares.

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Armand Rausell Moreno es biólogo investigador predoctoral del CSIC y presidente de la asociación Red Predoctoral del CSIC.