El Gobierno de Cuba anunció este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de "gesto solidario humanitario y soberano" y enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

"Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", refirió el comunicado del Gobierno insular divulgado por medios oficiales.

Indicó que entre los más de 2.000 presos incluidos en esta excarcelación "aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".

También señaló que en la lista de indultados se descartaron a personas que "cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos".

Asimismo, subraya que este "es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas".

"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", añadió.

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión" y encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD).

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

La ONG israelí B'Tselem denuncia que, en paralelo a la guerra contra Irán, Israel mantiene "una red de campos de tortura" dentro de sus prisiones y centros de detención militares, donde detenidos palestinos sufren hambre, abusos y torturas "sistemáticas", según recoge EFE.

"Incluso durante el ataque israelí-estadounidense contra Irán, Israel continúa operando una red de campos de tortura de norte a sur para prisioneros palestinos, donde se producen abusos sistemáticos, incluyendo violencia física y tortura psicológica, condiciones inhumanas, hambruna y negación de atención médica", denunció la ONG a última hora del lunes. 

A fecha de marzo de 2026, unos 9.446 palestinos se encuentran detenidos en centros de detención israelíes, según datos del Servicio Penitenciario de Israel (IPS), y de ellos, 4.691 (casi el 50%) no ha recibido una acusación formal, fecha de juicio o cargos en lo que se conoce como detención administrativa.

"Estos campos de tortura forman parte del ataque planificado y a gran escala que Israel lleva a cabo contra la sociedad palestina, cuyo objetivo es desmantelar y destruir a los palestinos como grupo", añade B'Tselem. 

En un tono similar ayer, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, pidió que se investigue y se dicten órdenes de detención contra tres ministros israelíes como responsables de torturas contra palestinos; un acto que describió como una versión individual del "genocidio" que sufre el pueblo palestino.

Albanese, que hizo este llamamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, responsabilizó a los ministros israelíes de Defensa, Israel Katz; Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben-Gvir a cargo de prisiones y de la Policía; y el de Finanzas, Bezalel Smotrich.

En los últimos dos años, al menos 84 palestinos prisioneros cuyas identidades han sido identificadas, entre ellos un menor de edad, han muerto bajo custodia israelí. 

Desde octubre de 2023, esa cifra ronda el centenar, según datos obtenidos hace cuatro meses por la ONG Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), en muchos casos aparentemente como consecuencia directa de torturas, negligencia médica y privación de alimentos por parte de soldados y funcionarios de prisiones. 

Esta ONG advirtió entonces, además, que el número total de muertos en prisiones y centros de detención militar podría ser mucho mayor dada la incapacidad de localizar a cientos de personas más presuntamente detenidas en Gaza.

La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante de personas", informa EFE.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este martes en X la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien, indicó, estaba en camino a Madrid.

Recalcó que la ONG, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo. "El Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", señaló Romero en otra publicación en X.

Por su parte, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas desde las 73 que difundió la noche del lunes, a 76 hasta las 11:20 hora local (15:20 GMT) de este martes, según informó en X.

"Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios", declaró la plataforma opositora. Las ONG locales y la dirigencia opositora se han encargado de registrar y verificar las excarcelaciones.

El pasado jueves, Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció las excarcelaciones pero no ofreció una cifra concreta. Este lunes en la mañana, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre "116 nuevas excarcelaciones", aunque no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

Desde el jueves, familiares de presos políticos han pernoctado y realizado vigilias, para pedir información y la libertad plena de todos los presos políticos, en las afueras de varias cárceles, como El Helicoide (Caracas), Tocorón (en el estado Aragua), El Rodeo I (Miranda) y la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (Caracas).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela, según recoge EFE. Estos nuevos liberados, que contaban con la doble nacionalidad hispano-venezolana, se suman a los cinco que ya pudieron salir de la prisión de Venezuela para volver a España el pasado viernes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar el lunes. También ha detallado las decisiones que han tomado. Uno de ellos "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona esta todavía barajando sus opciones y no sabe "si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones. Precisamente, 24 presos más fueron liberados en la madrugada del lunes por la administración venezolana, según informó la ONG Foro Penal.

El ministro también ha querido agradecer la labor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes de que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara la liberación de 116 personas.

"Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose", indicó JEP en un mensaje en X.

La ONG indicó que estás son las excarcelaciones que ha podido confirmar hasta las 08:20 hora local (12:20 GMT) de este lunes, luego de que el gobierno informara sobre las más de 100 excarcelaciones, sin publicar una lista con nombres. La oposición mayoritaria ha hablado de 24 liberaciones, mientras que la ONG Foro Penal reporta más de 40.

En otra publicación en X, JEP consideró que "es fundamental" que en este proceso se considere de forma "prioritaria" algunos perfiles que, afirmó, "merecen una atención urgente y con enfoque humanitario".

En este sentido, señaló a "los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables".

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados "continúa siendo muy inferior" a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

"Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias", añadió.

En el pasado, la JEP también ha indicado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno venezolano a veces se incluye a personas que estaban "detenidas por motivos no políticos".

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes, en un comunicado, 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Este anuncio se efectúa días después de que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves la excarcelación de un "número importante" de personas.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha hecho pública la cifra total, los nombres, ni las condiciones de las excarcelaciones.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han llegado este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia), informa EFE.

José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado ya a la terminal 4, ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha destacado Albares.

Tras la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha autorizado la puesta en libertad de un "importante número de personas", entre venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, entre ellos estos cinco españoles.

Tras el aterrizaje, fuentes de Barajas han confirmado que los liberados han salido por otra zona no habitual de la salida de pasajeros para reencontrarse con sus familiares.

En declaraciones a los medios, Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Frontera y amigo de un familiar de Rocío San Miguel, ha explicado que a las pocas horas de salir de la prisión de El Helicoide en Caracas la hispanovenezolana fue llevada al avión para dirigirse a España.

Por ese motivo, ha añadido, ahora se encuentra "en un proceso de adaptación a la libertad" ya que estuvo presa durante 23 meses en los que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos".

"Hay que favorecer que su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", ha dicho, motivo por el cual no ha podido atender a los medios de comunicación presentes en la terminal del aeropuerto.

Por su parte, Ilse Quijada, amiga de Rocío San Miguel, ha expresado su alegría por la llegada de los liberados y ha pedido que se siga luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Ha dicho que la hispanovenezolana se encuentra bien "dentro de las circunstancias" tras meses de encarcelamiento y una operación de hombro a la que tuvo que ser sometida durante su encarcelamiento, que fue bajo "durísimas condiciones".

Contreras ha confirmado que Rocío San Miguel ha llegado a España junto a su hermano, que también estuvo encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro pero fue liberado hace meses bajo la obligación de presentarse a las autoridades venezolanas para declarar periódicamente.

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país, informa EFE.

Entre ellos se encuentran cinco españoles, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "este proceso de excarcelación" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.También al Reino de Catar y "especialmente" a las instituciones del Estado, que -añadió- "atendieron al llamado" de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Ademas, aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política".

"Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución", precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno.Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota de Exteriores, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente". Más tarde, Albares ha confirmado en declaraciones a RNE las identidades de los cinco liberados.

El Ministerio, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, han añadido estas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025. El comunicado remitido por Exteriores recuerda que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano" y hace hincapié en que "recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal". Eran las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González. Y también familiares del periodista canario Miguel Moreno Lapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo. 

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los "presos políticos" españoles en ese país. La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español El Español y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez juró el lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El Gobierno español, muy crítico con la intervención militar estadounidense, ya anunció ayer por medio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.

España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.

El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

El Gobierno de España confirmó que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

Arabia Saudí termina 2025 batiendo su propio récord anual de ejecuciones, con 356 presos a los que se le ha aplicado la pena capital, once más que el año anterior, después de aplicar ese castigo este último día del año a tres ciudadanos saudíes, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior saudí anunció en un comunicado que tres saudíes fueron ejecutados este miércoles, último día del año, en la región Oriental, en el este del país, tras haber sido sentenciados por "crímenes terroristas".

Entre los delitos está, según el ministerio, "disparar contra agentes de seguridad, vehículos e instalaciones de seguridad, fabricar explosivos y poseer armas con fines terroristas, y unirse a una organización terrorista exterior destinada a dañar la seguridad e integridad del Reino".

La nota, que no especifica las fechas en las que fueron arrestados, indica que el país "reafirma su compromiso" de establecer la "seguridad, lograr la justicia e implementar las sentencias de la sharía (ley) islámica contra cualquiera que agreda a personas seguras y viole su derecho a la vida y la seguridad".

Y advirtió "a cualquiera que se atreva a cometer tales actos que el castigo letal será su destino".

El pasado 29 de diciembre, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), radicada en el exilio y que contabiliza las ejecuciones en el país del golfo Pérsico, aseguró que había documentado 353 aplicaciones de la pena capital en el reino, por lo que aumenta a 356 con los tres presos de hoy.

De acuerdo con la ONG, el 94% de los extranjeros fueron acusados ​​de delitos relacionados con las drogas, un "aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el hachís, con casi 100 sentencias ejecutadas en comparación con solo 15 casos en 2024".

Luego, según la organización, el 57% del total de ejecutados fueron extranjeros.

En noviembre de 2022, Arabia Saudí llevó a cabo las primeras ejecuciones por delitos relacionados con drogas en casi tres años, revirtiendo así una moratoria sobre las ejecuciones por tales delitos anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

El príncipe heredero saudí y líder de facto, Mohamed bin Salmán, señaló en 2018 que su intención era reducir significativamente el número de ejecuciones.

Las autoridades saudíes suelen informar de la gran mayoría de las ejecuciones a través de comunicados difundidos por el Ministerio del Interior, aunque algunas de las aplicaciones de penas capitales no se publican.

Disparos directos a corta distancia, fracturas, quemaduras, heridas profundas, ojos vendados, sogas al cuello, marcas de ahogamiento y manos atadas son algunas de señales de "torturas brutales" que muestran los cuerpos de palestinos entregados por Israel, según señaló este jueves el grupo islamista Hamás.

También denunció en un comunicado "cuerpos aplastados bajo las orugas de los tanques israelíes, en una violación flagrante de todas las leyes internacionales".

Los disparos a corta distancia "confirman ejecuciones deliberadas", los ojos vendados "indican que las víctimas fueron arrestadas antes de ser ejecutadas" y "las manos y pies atados con bridas plásticas" documentan "la restricción antes del asesinato", según Hamás.

En total, Israel ha devuelto 120 cuerpos de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de los 360 que se comprometió a entregar como parte del alto al fuego a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas.

Las marcas halladas en los cadáveres demuestran "violaciones flagrantes del Convenio de Ginebra y del derecho internacional humanitario, y confirman que la ocupación utilizó políticas criminales de asesinato extrajudicial y eliminación física de detenidos y civiles palestinos", según Hamás.

El grupo islamista pidió "la formación urgente de una comisión internacional independiente para investigar estos atroces crímenes cometidos por la ocupación y responsabilizar a sus líderes por los crímenes de guerra cometidos" contra palestinos.

Asimismo, la dirección general de Defensa Civil ha recuperado 103 cuerpos de las zonas de Gaza de las que se retiraron las fuerzas israelíes tras el anuncio de alto el fuego el pasado viernes, 10 de octubre.

Los cuerpos encontrados "estaban en estado de descomposición" y algunos "eran restos incompletos" que "fueron recuperados de las calles y de entre los escombros de edificios y viviendas", según Defensa Civil.

"Cientos de cuerpos permanecen bajo los escombros, lo que dificulta su recuperación debido a la falta de equipo pesado de rescate", añadió la organización encargada de trasladar los cuerpos a hospitales en Gaza.

La Yihad Islámica palestina y Hamás pusieron a disposición de la Cruz Roja este jueves en el sur de Gaza a los rehenes israelíes Arbel Yehud y Gadi Moses, así como a cinco ciudadanos tailandeses, en una caótica puesta en libertad entre miles de gazatíes que acudieron al lugar. "Según la información comunicada por la Cruz Roja, siete rehenes, incluyendo dos israelíes y cinco ciudadanos extranjeros les fueron transferidos", confirmaron las fuerzas armadas israelíes y recoge EFE.

Los milicianos escoltaron a Moses, de 80 años, hasta la misma furgoneta en la que se encontraba Yehud, según el corresponsal en el lugar de la cadena catarí Al Jazeera, si bien las imágenes no permitieron ver estos movimientos que se produjeron en medio de una multitud de personas, muchos de ellos rodeando los vehículos.

Los ciudadanos tailandeses fueron trasladados a otros dos vehículos. Todos ellos serán puestos a disposición del Ejército israelí en el cruce de Kerem Shalom, en el extremo sureste de Gaza.

La puesta en libertad se produjo frente a la casa en ruinas del líder de Hamás en la Franja y autor intelectual del ataque del 7 de octubre de 2023, Yahya Sinwar, al que las tropas israelíes mataron el pasado octubre en Rafah, también en el sur de Gaza. Entre gritos de "Alá es grande", silbidos y aplausos, las imágenes difundidas hasta el momento muestran como Yehud atravesó la multitud hacia las furgonetas de la Cruz Roja.

Miles de personas, entre civiles y milicianos, algunos cargando banderas de Hamás o de la Yihad Islámica, acudieron al punto de liberación en Jan Yunis para ver el traspaso de los rehenes a los operativos de la Cruz Roja. "Las multitudes que se reunieron para seguir la liberación de prisioneros son un mensaje al mundo de que nuestro pueblo se une firmemente a la resistencia y la abraza, y que la ocupación no ha logrado aislarla", dijo Hamás en un comunicado.

Los mismos representantes de Cruz Roja Internacional que recogieron hacia las 10.00 hora local (8.00 GMT) a Agam Berger, la mujer soldado en Yabalia, en el norte de Gaza, bajaron en un convoy hasta la sureña Jan Yunis para certificar la liberación del resto de cautivos.

La liberación en Jan Yunis se asemejó al primer canje de rehenes, el pasado 19 de enero, en el que las cautivas también eran civiles, si bien más gazatíes acudieron en esta ocasión.

La de la soldado Agam Berger en Yabalia (norte) y de sus cuatro compañeras militares el pasado sábado tuvieron un carácter distinto, menos multitudinario pero más teatralizado, en el que los milicianos hicieron a los operativos de Cruz Roja y a las rehenes, ataviadas con uniformes del Ejército, subir a un escenario.

Ante la cantidad de gente que se encontraba en la zona, los milicianos tuvieron que abrir un camino entre la multitud que permitiera la salida de las ambulancias.

Este jueves, Israel liberará como parte del acuerdo a 110 prisioneros palestinos que mantiene en sus cárceles: 30 menores de edad, 32 condenados a cadenas perpetuas y 48 con otras penas.

España no tiene un problema de sobreocupación de sus prisiones en comparación con los países del resto de Europa. Pero las cifras de las instituciones penitenciarias de nuestro país sí evidencian dificultades preocupantes en varios indicadores, desde la cifra de presos en proporción a la población del país hasta la escasez de funcionarios de prisiones por recluso, pasando por el número de suicidios, fugas y presos con más de 50 años.

La superpoblación carcelaria sigue siendo un problema “agudo y persistente” en un número significativo de administraciones penitenciarias europeas, según las Estadísticas Penales Anuales sobre Poblaciones Carcelarias (SPACE I) del Consejo de Europa para 2023, publicadas este jueves. En este indicador, en el que España sí sale bien parada, de los países con más de 500000 habitantes, doce informaron tener más reclusos que plazas disponibles en enero de 2023.

En general, en Europa, el número de presos por cada 100 plazas disponibles creció un 2% entre el 31 de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023 (de 91.7 a 93.5 reclusos). Siete administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria de más de 105 reclusos por cada 100 plazas disponibles, lo que indica una superpoblación severa: Chipre (166 reclusos por cada 100 plazas), Rumania (120), Francia (119), Bélgica (115), Hungría (112), Italia (109) y Eslovenia (107). Cinco administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria muy alta: Grecia (103), Suecia (102), Macedonia del Norte (101), Croacia (101) y Turquía (100). Otras administraciones informaron una densidad carcelaria inferior a 100, pero estaban al borde de la superpoblación: Irlanda (99), Portugal (98), Finlandia (97), Dinamarca (97), Inglaterra y Gales (Reino Unido) (97) y Azerbaiyán (96).

La densidad carcelaria en España es cercana al 93%, lo que indica una cierta presión en el sistema penitenciario, aunque no alcanza niveles críticos de superpoblación como en otros países europeos.

Nuestro país, sin embargo, no sale tan bien parado en otros indicadores. España está entre los países europeos que padecen un problema “elevado” de población penitenciaria por habitante. Un problema que compartimos al mismo nivel con, entre otros, Rumania, Portugal y Ucrania. Solamente nos superan, de nuestro entorno, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia y el Reino Unido. España tiene una tasa de población penitenciaria de aproximadamente 126,5 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo cual está por encima de la media europea (107).

Esta cifra coloca a nuestro país en una posición alta en comparación con otros países europeos, donde muchas naciones occidentales como Alemania, Países Bajos y los países nórdicos presentan tasas significativamente más bajas.

Donde sí estamos entre los peores es en número de reclusos por funcionario de prisiones, un dato que viene a corroborar una de las principales denuncias de los sindicatos del sector. En España, la proporción de reclusos por cada guardia dedicado exclusivamente a la custodia de presos a 31 de enero de 2023 era de 3,6, cinco décimas por encima de la media. De entre los grandes países de nuestro entorno, únicamente estaban peor Inglaterra (4.1), Polonia (4.6), Hungría (5.9), Grecia (6.3) y Francia (3.9).

Otra de las ratios en la que las cárceles españolas salen peor paradas es la tasa de suicidios. En el periodo analizado por el Consejo de Europa, el 23.3% de las muertes en prisión se debieron a esta causa, prácticamente una de cada cuatro.

El informe tampoco incluye buenas noticias, comparativamente hablando, en relación con la edad media de los presos: tenemos una de las poblaciones de reclusos más envejecidas del continente, con un porcentaje de internos de más de 50 años de casi un 23%. La edad promedio de los reclusos en España es de 41 años, lo que está en el extremo superior del rango de edad promedio en Europa. La mayoría de los países europeos tienen una edad promedio de reclusos de entre 33 y 39 años.

En el retrato que el Consejo de Europa hace de las cárceles europeas, las españolas destacan en dos rasgos: porcentaje de reclusos extranjeros y proporción de presas. Los presos que no han nacido en España son un 30.1% del total en el conjunto de España, pero este porcentaje se eleva al 48.7% en Cataluña. Comparados con los grandes países de nuestro entorno, en este indicador solamente estamos por detrás de Austria (51.3), Bélgica (41.5), Alemania (38.2), Grecia (56.8) e Italia (31.5). La española es una cifra considerablemente más alta que la mediana europea (16%), lo que, según el informe, refleja la diversidad y los desafíos específicos que enfrenta España en cuanto a la gestión de una población penitenciaria multicultural.

Lo mismo sucede en el porcentaje de reclusas: con un 7.5%, España está entre los estados con porcentaje más elevado, junto a países como Islandia, Chequia, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Austria, Noruega o Suecia. El porcentaje de mujeres en prisión en España es superior a la mediana europea (5%), lo que, según el informe, sugiere una ligera sobrerrepresentación femenina en el sistema penitenciario español en comparación con la media europea.

Los delitos relacionados con drogas son la causa principal de encarcelamiento en Europa, representando el 19% de la población sentenciada. España no es una excepción a esta tendencia. Los delitos violentos, incluyendo homicidio, robo, agresión y delitos sexuales, constituyen un 36% de los delitos por los que los prisioneros europeos están cumpliendo condena.

En general, España muestra tendencias similares a la media europea en cuanto a la prevalencia de delitos de drogas, homicidios y tentativas de homicidio, robo, delitos sexuales, robo con violencia y agresión y lesiones.

Siete prisiones de Cataluña no han abierto las celdas de los presos este lunes (con unos 6.000 afectados en total) a causa de las protestas de los funcionarios del sector, que mantienen movilizaciones desde el jueves de la semana pasada a raíz del homicidio de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un preso que después se suicidó, tal y como recoge Europa Press.

Las prisiones que no han abierto celdas este lunes por la mañana son Mas d'Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Girona), Lledoners y Wad-Ras (Barcelona), y por ahora tampoco han abierto, y "probablemente" durante el día tampoco lo harán, Brians 1 y 2 (Barcelona), informan fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria.

En estas dos últimas prisiones hay 1.200 y 1.600 internos afectados y, por otra parte, la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) ha abierto celdas "sin actividad" y en la prisión de Joves (Barcelona) se han abierto las celdas y los presos pueden hacer vida en el módulo, con limitaciones respecto a lo habitual.

Este lunes por la mañana, desde aproximadamente las 6.30 horas, los funcionarios han cortado los accesos a cinco prisiones: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Ponent y Mas d'Enric.

La Generalitat convocó a los representantes sindicales a una reunión este lunes a las 9 horas pero ninguno ha asistido, como ya hicieron al ser convocados la semana pasada. La consellera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha explicado que les han vuelto a convocar para las 14 horas, también con otros cargos y sin la consellera ni el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó, y los sindicatos ya han mostrado su intención de no presentarse.

Ubasart ha recordado este lunes en rueda de prensa que no hay huelga convocada formalmente en las prisiones, ante lo que ha avisado de que los funcionarios que protestan y no acuden a su lugar de trabajo "se exponen al régimen sancionador". "No sé si calificarla de huelga encubierta, pero es evidente que si no hay una situación clara de huelga los trabajadores y trabajadoras tienen que ir a trabajar, es su obligación", ha contestado Ubasart al preguntársele si cree que los empleados públicos están haciendo una huelga encubierta.

Sobre si prevén sanciones o alguna medida para hacer que vuelvan a su puesto de trabajo, Calderó ha añadido: "La obligación de los profesionales es ir a trabajar y si no cumplen con sus obligaciones se exponen al régimen sancionador, es evidente".

El Festival de San Sebastián se ha adherido al comunicado de EAB-Unión de Actores y Actrices Vascos y ha mostrado su solidaridad con Itziar Ituño y con "cualquier actriz o actor que esté sufriendo boicot por sus ideas", según ha informado Europa Press.

Desde EAB, por su parte, se han solidarizado con su "compañera y afiliada" Itziar Ituño ante "la campaña de ataques" que está sufriendo la actriz vizcaína por asistir el pasado sábado a la manifestación organizada por Sare en Bilbao, marcha "que defiende el cumplimiento de la legalidad para todas las personas presas".

El colectivo ha defendido "la libertad de expresión de todas las personas", la cual incluye "disentir públicamente de los posicionamientos ideológicos y políticos de otras personas". Sin embargo, en su opinión, "es inadmisible recibir amenazas, insultos y ataques como los que está sufriendo Itziar".

Además, EAB ha considerado "injusto" que se tomen acciones encaminadas a "socavar la carrera profesional de alguien" y que empresas públicas y privadas "retiren su apoyo, castiguen profesionalmente o boicoteen a un artista por haber ejercido su derecho democrático como ciudadana de asistir a las manifestaciones pacíficas que considere oportuno".

Por todo ello, ha reclamado que "no se criminalice a nadie por posicionarse como ciudadano ante las injusticias, ilegalidades o excepcionalidades legales, tampoco a los actores y actrices".

Por su parte, la Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco-IBAIA se adherido también a este comunicado y se ha solidarizado con Ituño, al tiempo que ha rechazado "la campaña de boicot que está sufriendo" la intérprete y ha defendido "la libertad de expresión de todas las personas".

La plataforma Safety of Journalists, asociada al Consejo de Europa, ha denunciado que las cárceles de los países europeos albergaban un total de 127 periodistas a finales del pasado año 2022, donde destacan los 52 profesionales presos en Turquía y el español Pablo González en Polonia, preso desde hace ya más de un año en el marco de la guerra en Ucrania, según informa Europa Press.

La plataforma ha publicado este martes un informe titulado "Guerra en Europa y la pelea por el derecho a informar" que, si bien está centrado en la situación derivada por la guerra en Ucrania, alberga recomendaciones para el conjunto de países miembro del organismo y también para las instituciones de la Unión Europea.

Así pues, además de los 52 periodistas detenidos en Turquía —el país que más profesionales de la información mantiene presos—, el informe también incide en los 32 detenidos en Bielorrusia, 22 en Rusia y otros 14 en territorio ucraniano. En el caso de Polonia solo se tiene constancia de un periodista preso, el español González.

"A lo largo de 2022, la plataforma publicó 289 alertas sobre amenazas graves o ataques a la libertad de prensa en 37 Estados, con periodistas asesinados, encarcelados, atacados, hostigados legalmente y sometidos a campañas de difamación", añade el organismo.

Así, la plataforma ha informado de que a lo largo del pasado año registró un total de 74 alertas sobre ataques a la integridad física de periodistas, el 26% de las alertas totales. Tras esto, el segundo motivo son las 94 alertas por casos de hostigamiento e intimidación, el 32% del total.

En las recomendaciones para el propio Consejo de Europa, el informe incide en la necesidad de aplicar una serie de "protecciones legales y prácticas para la seguridad de los periodistas y la protección del periodismo", centradas principalmente en enfoques dirigidos a "erradicar la impunidad".

Asimismo, se considera primordial elaborar un inventario del estado de los medios de comunicación de servicio público de los Estados miembro del Consejo de Europa para así poner negro sobre blanco "si tiene autonomía editorial e institucional y si su financiación es estable, adecuada y transparente".

Para los Estados miembro, el informe también aboga por implementar "medidas efectivas de protección" para aquellos profesionales que sean objeto de amenazas físicas y para quienes sufran abusos por parte de las autoridades, así como revisar y aplicar las políticas sobre Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), normalmente encaminadas a silenciar a periodistas.

En tercer lugar, Safety of Journalists ha recomendado a las instituciones de la Unión Europea asegurarse de la adopción de la Ley Europa de Libertad de Medios, poniendo la mirada especialmente en erradicar las injerencias externas, la protección de la independencia editorial y la transparencia de las estructuras de propiedad.

"Asegurarse de que el borrador pendiente de la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea sea amplio y sólido, y hacer de la adopción de una legislación eficaz una prioridad", añade la plataforma en unas conclusiones donde además pide a la Comisión Europea "promover y dar visibilidad" a las medidas positivas adoptadas por los Estados miembro.

En las recomendaciones finales para las instituciones de la UE, Safety of Journalists ha hecho mención especial al programa Pegasus, un sistema israelí de espionaje instalado en dispositivos móviles y capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, almacenar contraseñas y rastrear ubicaciones

La plataforma ha instado a los Estados miembro de la UE a investigar "a fondo" todos los informes sobre que Pegasus haya servido para vigilar a periodistas, a la par que ha exigido "proporcionar remedio" para los afectados.

Respecto a la guerra en Ucrania, el informe denuncia que al menos una docena de periodistas y trabajadores de medios de comunicación han fallecido, mientras que otros 21 han resultado heridos en el desempeño de su funciones profesionales.

En su valoración del informe, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha resaltado que "muchos periodistas han demostrado coraje", y que muchos otros han incluso "pagado con sus vidas el derecho a informar tras la agresión de Rusia a Ucrania".

Además de los profesionales de la comunicación fallecidos en el marco de la guerra, la organización también ha incidido en las legislaciones aprobadas para regular las informaciones periodísticas en Rusia, donde ahora comunicar sobre la guerra en Ucrania debe cumplir con una serie de requisitos fijados desde el Kremlin.

De hecho, la difusión sobre información considerada como falsa por parte de las autoridades rusas puede ser penada con hasta 15 años de prisión. Hasta la fecha, al menos 17 periodistas enfrentan cargos bajo esta nueva legislación. Por su parte, quienes "desacrediten" al Ejército, se enfrentan a hasta ocho años de prisión.

De acuerdo con la organización OVD-Info, especializada en la defensa de Derechos Humanos y en combatir la persecución política en Rusia, al menos 27 medios de comunicación tuvieron que cesar su actividad, de forma definitiva o temporal, tras el estallido de la guerra.

Por otro lado, las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, permanecen bloqueadas; mientras que Meta —matriz de las dos primeras— fue considera como organización terrorista y extremista el pasado mes de octubre.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado este miércoles el acercamiento a una cárcel del País Vasco de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote' unos de los exdirigentes de ETA con mayor número de crímenes, entre ellos el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años, según informa Europa Press.

La decisión afecta a un total de 13 presos de ETA, entre los que consta Henri Parot, que dio nombre a la doctrina para acortar la rendición de penas tras la decisión de los tribunales. En su caso, dejará la cárcel de León para ir a una del País Vasco, según la información comunicada a las asociaciones de víctimas.

La lista de los que se acercará a prisiones vascas la completan Ismael Berastegui (en Logroño); Manex Castro Zabaleta (en El Dueso); José Antonio Zurutuza Sarasola (en Burgos); Aitor Agirrebarrena Beldarrain (en Asturias); Oscar Celarain Ortiz (en Soria); Jon Bienzobas Arretxe (en Dueñas); Juan Manuel Inciarte Gallardo (en el Dueso); Eider Pérez Aristizabal (en Zuera); Jon Igor Solana Matarrán (en Zuera); Juan Luis Rubenach Roig (en el Dueso) y Félix Alberto López de la Calle Gauna (en Asturias).

Txapote, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA fue trasladado con anterioridad, en marzo de 2021, desde la prisión de Huelva a la de Madrid-Estremera dentro de la política de acercamientos impulsada por el Ministerio del Interior desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno a mediados de 2018.

García Gaztelu cumple condena por 14 asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica Herzog o Fernando Buesa. No se espera su excarcelación para antes de febrero de 2031, según informaron fuentes jurídicas en julio cuando se conmemoró el 25 aniversario del crimen del concejal de Ermua.

Detenido en Francia en 2001, Txapote formó parte del ala dura de la banda terrorista al no haber mostrado nunca arrepentimiento por sus crímenes. Interior ha señalado en un comunicado que cumple una condena acumulada de 30 años y que la Junta de Tratamiento de la prisión de Estremera ha resuelto su clasificación inicial en segundo grado o régimen ordinario. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en agosto de 2023.

Henri Parot cumple condena por acumular 39 atentados con víctimas mortales. Formó parte del comando itinerante "Argala" y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos. De origen francés, fue uno de los principales objetivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rastro de terror de Parot incluye atentados como el de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once víctimas mortales -cinco de ellas niñas- mediante la colocación de un coche bomba cargado de explosivos.

Instituciones Penitenciarias indica que Parot ingresó en prisión el 7 de abril de 1990 y cumple una condena acumulada de 41 años. Cumplió las 3/4 partes de la condena en mayo de 2018.

Del listado de acercados destacan otros etarras como Jon Bienzobas Arretxe, ahora en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia), está condenado, entre otros atentados, como autor del asesinato de Francisco Tomás y Valiente.

También figura Jon Igor Solana Matarrán, que cumple condena en Zuera (Zaragoza), por matar a José Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos, todas acciones criminales perpetradas en Andalucía.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presente un "déficit muy relevante" en relación a su función de "corregir" los posibles "abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse".

En un comunicado, recogido por Europa Press, la asociación ha compartido las conclusiones de su comisión penal ante los déficits de la Administración y la Jurisdicción Penitenciaria. En concreto, ha valorado el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre el deber judicial de investigar las denuncias de torturas y malos tratos en espacios de privación de libertad, así como los Informes anuales del Mecanismo para la Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo) y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2020.

Así, ha concluido que tras 40 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de funcionamiento de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria "no se ha atenuado suficientemente el nivel de opacidad de los establecimientos penitenciarios", sobre todo en determinadas actuaciones relacionadas con el régimen disciplinario.

"En esa conclusión, adquiere una dimensión especial la constatación de que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presenta un déficit muy relevante en relación a su función de corregir los abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse", ha señalado la comisión.

En este sentido, ha subrayado que los informes analizados —tanto el del Defensor del Pueblo como el del Comité Europeo— "compelen" a los poderes públicos a adoptar las medidas oportunas para mejorar la respuesta judicial ante dichos abusos y desviaciones, "cumpliendo las funciones encomendadas como garantes de los derechos fundamentales de la población penitenciaria".

En el marco del comunicado, la comisión penal de JJpD ha mostrado su "preocupación" sobre el perfil de las personas privadas de libertad. Según ha destacado, en su mayoría son "procedentes de entornos de pobreza y exclusión social, el 80% con problemas de drogodependencias y casi la mitad con alguna enfermedad mental".

Ante esta situación, la asociación ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a poner fin al "flagrante incumplimiento" de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que los servicios públicos asuman "de una vez por todas" la prestación sanitaria integral de las personas presas.

Según ha denunciado, la población reclusa en estos momentos recibe una atención "segregada, deficitaria y en condiciones de desigualdad respecto al resto de la población". De ahí que para Juezas y Jueces para la Democracia se trate de una "medida urgente e inaplazable".

Al hilo, ha instado también a que impulsen de manera "decidida" una "modernización" del sistema de respuestas penales que cuente con "otras alternativas a la pena de prisión", como la "justicia restaurativa" que se aplica en otros países.

El colectivo de presos de ETA, EPPK, ha anunciado su deseo de que los recibimientos a los presos de la banda terrorista excarcelados se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles, según recoge en un comunicado enviado a Gara, que publica en su edición digital y que ha recogido Europa Press.

"A través de este comunicado, EPPK transmite a nuestra familia, amigos y compañeros, y a la sociedad vasca, que quiere que las recepciones que se nos hacen cuando salimos a la calle se desarrollen de manera privada y discreta, siguiendo el camino recorrido en general en los últimos meses", indica el texto.

Asimismo, señala que "ciertos agentes y partidos buscan irresponsablemente el enfrentamiento en lugar de la convivencia". "No queremos alimentar ninguna controversia estéril, de ninguna manera: tenemos la voluntad de actuar constructivamente y ser responsables", asevera.

"No nos daremos por vencidos en el camino que hemos tomado —prosigue—, las excusas de quienes se sienten cómodos en las actitudes más pesimistas son cada vez más evidentes para los ciudadanos vascos, sobre todo a medida que su influencia se desvanece".

Tras recordar que han pasado diez años desde que finalmente terminó la lucha armada, destaca que "quienes quieren impedir la paz y perpetuar la imposición, han buscado bloquear y sabotear cada paso adelante desde entonces, buscando venganza y con la voluntad de imponer una historia falsa que distorsione el conflicto, alimentando la historia de ganadores y perdedores".

Por otro lado, el colectivo de presos reconoce que "hay personas que han expresado honestamente que sienten dolor con la bienvenida del público". "Son personas dañadas por las acciones de nuestra militancia del pasado y entendemos que pueden sentirse heridas", manifiesta.

"Aun aceptando que el preso que sale después de muchos años y muy duras condiciones de prisión tiene derecho a recibir el abrazo de sus familiares, [esas víctimas] han expresado que los actos públicos de recepción les causan dolor. Decimos claramente que nuestro deseo es aliviar todos los sufrimientos y abrir nuevas opciones, curar heridas y fortalecer la convivencia entre los ciudadanos vascos", precisa.

Después de consultar a los presos de ETA, el EPPK considera oportuno que su "alegría de ser libres" sea compartida con quienes les esperan en la puerta misma de la prisión o con quienes les reciben "con discreción". "En el futuro, solo queremos recepciones en un espacio privado entre familiares", añade.

El EPPK sitúa esta decisión como "una contribución individual y colectiva" que hacen los presos de la banda a la "convivencia, la paz y el reconocimiento del sufrimiento ajeno", además del suyo propio y el de sus familiares. El diario Gara publicará este martes el comunicado completo en su versión original, en euskera.

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado este martes que su formación está "en la labor" de llevar a cabo medidas que "corrijan" los actos y celebraciones a favor de los presos de ETA tras salir de la cárcel.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gómez ha condenado los 'ongi etorri' y ha defendido que su grupo parlamentario "siempre" estará "al lado de las víctimas" de la banda terrorista.

En esta línea, ha pedido a los grupos de la oposición no hacer política ni "atacar" al Gobierno con ETA. "Debemos ser consecuentes y maduros. Ver en qué momento nos encontramos, aunar esfuerzos. Mirar al futuro y trabajar con sentido de Estado", ha apuntado.

El portavoz ha respondido así preguntado por el anuncio del colectivo de presos de ETA, EPPK, el cual trasladaba este lunes su deseo de que los recibimientos a los presos de la banda terrorista excarcelados se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles.

Cuestionado sobre si el Gobierno va a reflexionar sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza', tras la manifestación de policías este sábado, Gómez ha afirmado que se mantienen en una "posición firme".

Asimismo, Gómez ha asegurado que "van a seguir garantizando" la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la reforma de la ley, al tiempo que ha señalado que, a su juicio, el Gobierno está "fortaleciendo" a los policías con un aumento de plazas y recursos, y una mejora de las condiciones salariales.

Con todo, Gómez ha defendido que la reforma de la 'Ley Mordaza' eliminará los aspectos que "vulneran los derechos y libertades" de los ciudadanos y, en especial, los manifestantes. Y añade que las modificaciones van "en la línea" de las organizaciones internacionales y la mayoría de la ciudadanía, según apunta, reflejada en el Congreso de los Diputados.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el comunicado del EPPK sobre los homenajes a presos es "bienvenido" porque es "positivo", aunque llegue "tarde" y, en este sentido, ha instado a que "no hagan esperar tanto y den los pasos que tienen que dar". De este modo, ha subrayado que "el nudo gordiano" es "reconocer que ETA no debió existir, que sus acciones causaron un dolor injusto a las víctimas y un daño irreparable" a la sociedad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha considerado "un paso positivo" el comunicado del EPPK difundido este lunes en el que anunciaba su deseo de que los recibimientos a los presos de ETA excarcelados se desarrollen de forma "privada y discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles.

No obstante, ha señalado que, cuando "uno oye estas noticias, por un lado, dice 'qué bien, ya era hora'", pero también se pregunta "por qué hasta ahora no ha sido así" y por qué, en "una cosa que era tan clara", se lleva "sufriendo, discutiendo, generando esa tensión durante los últimos 10, 15, 20 años, haciendo sufrir innecesariamente a quien ya había sufrido mucho".

De este modo, ha indicado que "bienvenido es cuando ha llegado" porque, aunque "sea tarde, está bien", si bien ha pedido que "ese mundo haga una reflexión porque, al final, terminan haciendo lo que deben, lo que pasa es que lo hacen muy tarde".

Según ha manifestado, "con la experiencia de últimos años, dándose cuenta de que al final tienen que hacer lo que la mayoría les pedimos que hagan", no deberían hacer "esperar tanto". "Que den los pasos que tienen que dar. Saben cuáles son, que los den ya, porque eso seguro que abriría un nuevo panorama político en el país", ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que hay un paso "muy básico, que es el nudo gordiano", el de "reconocer que ETA no debió existir, que sus acciones causaron un dolor injusto a las víctimas y un daño irreparable a la sociedad, y que eso sirva como vacuna para que ningún vasco nunca más decida coger ese camino".

Por otro lado, ha rechazado las críticas que ha manifestado el PP sobre este asunto relacionándolo con "el pacto Sánchez-Otegi, presos por presupuestos". Andoni Ortuzar ha considerado que "los presos están saliendo porque les toca salir" y ha añadido que en esto hay que ser "equilibrados y, a veces, da la sensación de que el PP necesita este lío para sacar cabeza".

El presidente del PNV ha advertido de que "la política de 2022 no puede ser la de 1998". "Hay que cambiar los ejes y el PP tiene que renovar un poco su parque móvil de argumentario porque, de esta manera, va a seguir yendo en 600", ha concluido.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha valorado positivamente que el colectivo de presos de ETA EPPK afirme que van a renunciar a hacer 'ongi etorris' a los reclusos a su salida de prisión, pero remarca que "no queremos palabras, sino hechos". En este sentido, ha exigido a la izquierda abertzale "no solo que cesen los ongi etorris, sino toda expresión de legitimación y justificación a ETA".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, les ha reclamado que "dejen de llamar presos políticos a los asesinos de nuestros familiares, que dejen de exigir su impunidad en multitudinarias manifestaciones, que saquen a ETA del espacio público, de las calles de todos y no hagan pintadas, pancartas, de exaltación a ETA, y que dejen de homenajear también a etarras fallecidos".

Para el colectivo, el trabajo que llevan realizando desde 2016 con su Observatorio de la radicalización "ha sido fundamental para vislumbrar y comprender la verdadera dimensión del problema de la radicalización violenta y de los homenajes públicos a quienes pertenecieron a ETA, una realidad que ha existido desde que ETA comenzó a matar, pero de cuya magnitud no éramos conscientes".

De este modo, ha afirmado haber realizado este trabajo de "denuncia pública y penal de los indignos homenajes a etarras prácticamente en soledad" durante varios años, hasta que, en 2019, con dos homenajes que se produjeron en verano de ese año y que "supusieron un boom mediático", toda la sociedad y la clase política "empezó a ser consciente del problema y a denunciarlo también".

Covite ha acusado a la Audiencia Nacional de ser la institución responsable de la "impunidad con la que se ha venido realizando este culto al etarra", ya que hasta ahora "ha archivado todas las denuncias presentadas por el Colectivo por homenajes públicos a etarras a su salida de prisión". Un total de 27 denuncias desde 2016.

"La Audiencia Nacional ha demostrado que no tiene voluntad de aplicar el artículo 578 del Código Penal, que tipifica los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, como sí lo hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que denunciamos últimamente, llegando a condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi o Tasio Erkizia", ha reprochado Ordóñez.

Por otra parte, Covite ha tachado de "cínico" el comunicado del EPPK, ya que en él acusan a las víctimas de "buscar la venganza con voluntad de imponer un relato falaz que distorsione el conflicto", así como "la confrontación en vez de la convivencia".

Consuelo Ordóñez ha calificado de "inaudito" que "después de que llevemos muchísimos años aguantando las humillaciones y provocaciones de la izquierda abertzale, encima nos acusen a las víctimas de querer venganza y de ser un impedimento para la paz y la convivencia".

"Precisamente si hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad es gracias a que las víctimas nunca nos hemos vengado ni nos hemos tomado la justicia por nuestra mano", ha remarcado.

En este sentido, desde Covite han acusado a la izquierda abertzale de haber hecho esta declaración "por un cálculo estratégico y no por un reflexión ética". "Prueba de ello es que por ahora siguen llamando presos políticos a los etarras a los que supuestamente han renunciado a homenajear y también lo es que se vayan a terminar los 'ongi etorris' sin que EH Bildu los haya condenado expresamente", ha afirmado Ordóñez.

Así, el colectivo ha recordado que hace apenas tres semanas EH Bildu se negó a suscribir una declaración institucional de condena de estos actos en el Parlamento vasco.

"Que nadie espere que ahora les tengamos que dar las gracias por dejar de homenajear públicamente a asesinos y terroristas. Que nos alegremos por ello es una cosa, y otra muy diferente es que tengamos que reconocérselo como un gran gesto por la paz y la convivencia. Es lo mínimo que pueden hacer y llevábamos reclamándolo muchos años", ha subrayado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido este jueves la "liberación inmediata" de 14 políticos opositores encarcelados en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega, informa Europa Press.

Así pues, el Tribunal considera "necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, ordenar la liberación inmediata" de los opositores, entre los que se encuentra Cristina Chamorro, y también pide retirar la orden de detención de otra persona amenazada con ser encarcelada.

Chamorro, junto con Arturo Cruz y Miguel Mora, aspiraban a ser el candidato que representase a la oposición de cara a los comicios de este domingo, pero el Gobierno de Ortega los encarceló acusándoles de blanqueo de capitales o traición a la patria, apunta el diario local 'La Prensa'.

Para la CIDH, Nicaragua vive un "contexto de hostigamiento" hacia aquellas personas que se muestran como oposición al oficialismo, y más aún este año con la detención de más de una docena de políticos contrarios a la ideología de Ortega.

Por otro lado, el organismo ha ampliado las medidas provisionales otorgadas una serie de políticos y sus familiares, "tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad" necesarios.

Finalmente, la Comisión Interamericana ha lamentado que, pese a que se le ha pedido a las autoridades nicaragüenses, "nunca se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante".

Fraude electoral 

Las elecciones presidenciales convocadas este domingo 7 de noviembre en las que el presidente, Daniel Ortega, prevé renovar su mandato se celebran con "falta de garantías y libertades", ha avisado este jueves la ONU, que ha pedido al Ejecutivo que se "restablezca el Estado de Derecho y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central han indicado este jueves que "vienen observando" un incremento de la represión y de las "afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral".

En este contexto, ambas agencias han instado reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, a la vez que han señalado que "resulta imperioso" restablecer los derechos y libertades.

Asimismo, se han mostrado preocupados ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.

El 7 de noviembre los nicaragüenses acudirán a las urnas entre llamados de la oposición a la abstención en una denuncia por las condiciones en las que se han desarrollado los comicios, con una oleada represiva que se ha intensificado en los últimos meses de cara a una jornada en la que Ortega previsiblemente se proclamará vencedor y se fortificará en el poder durante otros cinco años, con los que sumará casi dos décadas al frente del país centroamericano.

La delicadísima cuestión del indulto a los políticos presos independentistas está trayendo de cabeza a una buena parte de la ciudadanía, aunque especialmente el que más siente esa circunvalación es el gobierno de Pedro Sánchez, que está siendo atacado por la cabeza, el tronco y las extremidades.

"Ojalá al gobierno de Pedro Sánchez no le tiemble el pulso y sea capaz de llevar a feliz término las medidas de gracia", es la frase final del editorial publicado estos días por el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Coincidimos con tan sensata opinión, que va en dirección opuesta a la mayoría de los medios madrileños. Pero en todo caso, el asunto está rematadamente mal.

En primer lugar, el poder judicial parte de un constructo medieval que tanto destrozo ha hecho en los cuatro puntos cardinales: "Fiat justitia et pereat mundus". O sea, hágase justicia, aunque el mundo explote. Es una actitud severísima que, en anteriores ocasiones –pongamos que hablamos del teniente coronel Tejero— brilló caritativamente por su ausencia. Entendemos que esa costra rígida del mundo togado optaría por que las consecuencias que se deriven del no indulto contribuyan a que políticamente las cosas sigan pudriéndose. A más degradación, mayor poder político y simbólico tendrían los diversos sectores de esos estamentos judiciales.

El Partido Popular, por su lado, mantiene su actitud de disfraz cimarrón, buscando todos los caminos y recovecos para quitarse a Pedro Sánchez del camino. Y, a su vez, la con frecuencia silente y hoy menguada Inés Arrimadas suelta sus últimas bocanadas de oposición. A todos ellos se suman esas cáfilas de primates empotrados en los medios orales, escritos y televisivos, que saben que hay pienso a granel para dar y vender en el mercadeo y el estraperlo informativos.

Por si faltaba poco para el temporal, Felipe González ha sacado la lengua a pasear. Este hombre es un florero chino oscilante en la vitrina de la Historia. El expresidente se ha puesto el delantal y cocina un comistrajo contra el indulto. Él, el hombre de Estado. Y, posiblemente, las vacas sagradas del felipismo volverán a dar la murga con su enésima orza de los abajofirmantes.abajofirmantes

Ni que decir tiene que los políticos presos tampoco ponen las cosas fáciles. Y peor todavía los incendiarios que llaman, ahora, a inspirarse en la experiencia de la Irlanda de aquel santurrón llamado Éamon de Valera. Es decir, a tiro limpio y bombas a diestro y siniestro, eso sí, siempre encargándoselo a los otros.

De momento, sin embargo, el presidente de la Generalitat catalana recién estrenado ha dicho algo sensato: "cualquier medida que alivie el dolor será bienvenida". Así las cosas, de la misma manera que, casi siempre, le hemos cuestionado con dureza, ahora no se nos caen los anillos afirmando que, hablando así, se van rebajando los elevados grados de la olla a presión. Una olla a presión que atizan tanto los unos como los otros, con el tam-tam tribal que han ido ahormando en sus disparatadas y respectivas cazas de brujas.

Y, a pesar de todo esto, vale la pena el indulto, porque –en teoría– rebajaría la tensión y, especialmente, sería una señal a importantes sectores independentistas, hartos de tanta murga que no los lleva a ninguna parte. Y, no se olvide, le quita pretextos a ese caserón de orates lujoso de Waterloo.

Hace tiempo que la cuestión catalana se aproxima más a una ciénaga que a un pantano, al fin y al cabo en el pantano todavía se expresa vida vegetal, la ciénaga definitivamente constituye un suelo pobre y de alto contenido en turba. ¿Que el indulto huele mal? De acuerdo. Pero es preferible eso a que la situación sea definitivamente irrespirable.

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José Luis López Bulla y Javier Tébar son escritores