Amnistía Internacional ha reclamado la “liberación inmediata e incondicional” de Saif Abukeshek, activista de origen palestino con nacionalidad sueco-española, y del activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo a la población palestina y de denuncia del bloqueo sobre Gaza.

La organización de derechos humanos ha denunciado que ambos permanecen privados de libertad sin cargos formales y ha alertado de las condiciones de su detención. Según ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales”. Beltrán ha afirmado además que esta situación “pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel”.

Los dos activistas comparecerán el próximo domingo 10 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara durante seis días su detención sin juicio ni imputación formal.

La defensa legal de ambos corre a cargo del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), que ha denunciado amenazas, torturas y malos tratos durante el tiempo que permanecen bajo custodia israelí. Entre las denuncias recogidas figuran intimidaciones, abusos psicológicos, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y revisiones médicas realizados con los ojos vendados.

Tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre en protesta por su situación. En el caso del activista hispano-palestino, además, ha dejado también de ingerir líquidos, una circunstancia que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

En declaraciones a infoLibre, la esposa de Saif Abukeshek, Sally Issa, ha asegurado que la situación de ambos activistas está completamente ligada. “Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final”, ha afirmado. Issa, de origen sirio y nacionalidad sueca, ha explicado que mantiene contacto con Lara, esposa de Thiago Ávila, y destaca la coordinación entre los gobiernos de España y Brasil para exigir la liberación de ambos detenidos.

Issa ha relatado además las dificultades que atraviesa su marido durante la detención. Según ha contado a infoLibre, Saif apenas tenía acceso a agua potable, una de las razones por las que ha decidido dejar de beber. “Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible”, ha denunciado. La esposa del activista asegura haber trasladado esta información directamente al equipo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La mujer del activista palestino-español también valora el respaldo recibido por parte del Ejecutivo español. “El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales”, ha sostenido en la  conversación con infoLibre.

Amnistía Internacional ha recordado el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y ha mostrado una especial preocupación por el caso de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Abukeshek reside desde hace unos veinte años en España y vive actualmente en Barcelona junto a Sally Issa y sus tres hijos.

En la entrevista con infoLibre, su esposa ha descrito, además, el impacto de la detención sobre la familia. “Lo que más me duele son nuestros hijos”, ha dicho. El mayor, de ocho años, conoce ya la situación de su padre, mientras que el hijo mediano cumplió seis años el mismo día de la detención y no pudo hablar con él.

Amnistía Internacional también ha instado al Gobierno español a mantener la presión diplomática y la asistencia consular al activista. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiteró su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle la “más enérgica condena” del Ejecutivo español por la detención del activista y exigir su liberación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek recibe asistencia continuada y visitas diarias del consulado español.

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril, cuando el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes en aguas internacionales cerca de Grecia. Según la información disponible, Israel bloqueó además los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo la coordinación entre barcos y la solicitud de ayuda.

Amnistía Internacional considera que la interceptación de la flotilla y la posterior detención de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional. La organización reclama además el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza y pide a la comunidad internacional “medidas concretas” para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

A pocas semanas de que Donald Trump sume su primer año en el poder en su segundo mandato, el presidente ha generado una ola de alarma entre las ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW). Expulsiones masivas, ataques a los colectivos LGTBI, a instituciones, declaraciones negando el cambio climático, insultos a rivales políticos, periodistas… El cambio o resignificación de la bandera nazi, la esvástica de "símbolo de odio" a "potencialmente divisiva", es la última de esta larga lista que apunta a seguir creciendo.

Hace ya meses, AI denunciaba que Trump y su Administración en sus primeros cien días atacaron “iniciativas e instituciones que se crearon para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo". Por su parte, Human Rights Watch advierte que las revisiones y manipulaciones en el nuevo informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado socavan su credibilidad y ponen en peligro tanto a defensores como a solicitantes de asilo.

Porque el documento que se presentó en agosto fue despojado de secciones específicas presentes en informes previos, como denuncias de abusos por orientación sexual, violencia contra la mujer, corrupción gubernamental, violencia racial o étnica sistémica o negación de un juicio público justo.

“Nos pidieron reducir los informes de derechos humanos al mínimo requerido por ley”, dijo a CNN Michael Honigstein, exdirector de Asuntos Africanos en la Oficina de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado.

En Estados Unidos, Amnistía Internacional, en su informe "Caos y Crueldad: 10 ataques combinados contra los derechos humanos", afirma de manera muy dura y muy crítica que Trump ha "gobernado con crueldad y sembrado el caos, creando una emergencia de derechos humanos al debilitar de forma sistemática las salvaguardas, fomentar un clima de miedo y división y socavar el Estado de derecho". 

Paul O'Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional EEUU, resume: "La administración Trump ha adoptado plenamente tácticas autoritarias que suelen asociarse a dirigentes represivos para afianzar su propio poder y llevar adelante su agenda antiderechos”, para muestra, la imposición de aranceles con la que inició su mandato o la expulsión masiva de migrantes.

Agnès Callamard, secretaria general de AI y relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias nombrada por la ONU, añade que el "ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática está agravando el daño" de estas instituciones fundamentales.

Desde Human Rights Watch, la directora del Programa para EE.UU. Tanya Greene advierte que "la administración Trump ha infligido un daño enorme a los derechos humanos". La organización ha documentado cómo las deportaciones masivas han pasado de 600 diarias durante el primer mandato de Trump a aproximadamente 750 por día en lo que va de 2025. Dentro de estas, hay también solicitantes de asilo, pero el ICE, el servicio de control de fronteras, también tiene en su haber denuncias por desapariciones y detenciones arbitrarias.

Entre esas deportaciones, está la deportación masiva de más de 200 venezolanos a El Salvador que se realizó en abril del año pasado acusados todos ellos de terrorismo y de pertenecer a la banda Tren de Aragua. HRW denuncia, cómo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) —ya en El Salvador—, las vejaciones y el maltrato de los guardias es algo habitual. 

Pero desde el Gobierno de Estados Unidos, Tommy Pigott, viceportavoz del Departamento de Estado, tienen una visión completamente opuesta, porque ellos defienden que están protegiendo precisamente los derechos humanos que otras administraciones ignoraban: "En tiempos recientes, ideologías dañinas han ofrecido un refugio para abusos de derechos humanos. La administración Trump no permitirá tales violaciones, incluida la mutilación de menores, legislación que restringe la libertad de expresión y prácticas de empleo prejuiciadas racialmente". 

A pesar de las palabras de Pigott, el dirigente estadounidense, sentenció sobre el periodista descuartizado en el consulado saudí, Jamal Jashogi, que "era polémico, son cosas que pasan". Trump aseguró que Bin Salmán y él, reunidos esta semana en La Casa Blanca, están muy orgullosos el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos. "Tenemos a un hombre muy respetado en el Despacho Oval hoy, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás", dijo el estadounidense sobre el líder saudí.

Más allá de los derechos civiles, las medidas del gobierno de Trump han sido calificadas como una reestructuración política profunda. 

Amnistía Internacional advierte que los recortes a la ayuda exterior y la retirada de organismos multilaterales como la UNRWA (la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos), la OMS o la Corte Penal Internacional representan un desmantelamiento del compromiso estadounidense con los derechos humanos globales. 

En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva retirándose de la Organización Mundial de la Salud, la UNRWA, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o sancionando a la Corte Penal Internacional.

La salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo argumentó aduciendo que “ha demostrado un sesgo constante contra Israel” y ha posibilitado que otros países como Irán, China y Cuba lo utilicen para “protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos”. 

De hecho, este mes de noviembre, decidió no participar en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mecanismo de revisión que existe desde hace años. AI tildó esta decisión de "precedente vergonzoso" y Amanda Klasing, directora de relaciones internacionales de la ONG en EEUU, destacó el aumento del “desprecio de la Administración Trump por la rendición de cuentas internacional” y los Derechos Humanos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también condenó el boicot, con su directora ejecutiva señalando que el gobierno se ha convertido en el principal adversario de las libertades de los ciudadanos estadounidenses.

En sus palabras, estas decisiones "no son sólo económicas, sino que representan el abandono del compromiso de EE. UU. con los derechos humanos, la salud pública y la paz y la seguridad mundiales".

"No están tan lejos de poder terminar, los españoles, saliendo del Acuerdo del Clima, de la UE o de organizaciones que a la ultraderecha no le gusta, viendo los pactos a los que se llega y por los que se negocia", asegura Bruno Guerra, periodista uruguayo especializado en antropología y comunicación política.

Amnistía Internacional también señala una "insidiosa propagación de prácticas autoritarias" en todo el mundo alentada por el "efecto Trump". Callamard advierte que su enfoque no solo daña a Estados Unidos, sino que instaura un modelo global peligroso: "Su ataque sin cuartel está animando aún más a otros dirigentes y movimientos contrarios al reconocimiento de derechos a unirse a esta embestida".

HRW denuncia que el nuevo informe del Departamento de Estado "transforma el informe en un arma que hace que los autócratas parezcan más presentables y minimiza los abusos más serios en esos lugares”.

Pero quizá “el síntoma más perturbador de esta deriva es la política de símbolos y movimientos”, alerta Bruno Guerra. Este noviembre, la Guardia Costera reclasificó la esvástica nazi de "símbolo de odio" a "potencialmente divisivo”, “es una medida que algunos compararon con normalizar las cruces del Ku Klux Klan”, dice. 

Simultáneamente, la Administración ha advertido que Antifa, el movimiento antifascista de izquierda, podría considerarse como grupo terrorista, mientras mantiene una postura tolerante hacia algunos grupos de ultraderecha como Proud Boys. Por su parte, “Steve Bannon y Elon Musk han realizado gestos nazis en mítines sin ninguna consecuencia” por parte del mandatario estadounidense, un problema en ciernes que “a medida que la sociedad se polariza, puede llevar a mayores problemas y no olvidemos que todavía puede cambiar la constitución para poder presentarse a un nuevo mandato”.

Pero lo de Trump no es nuevo, aunque en este segundo mandato se están haciendo más presentes los ataques y los guiños a la ultraderecha “al verse arropado por gobernantes y líderes de partidos políticos como Santiago Abascal, Marine Le Pen o Víktor Orban”, recuerda Laura González, que ha tratado temas de ultraderecha a lo largo de su carrera como periodista.

“Al estar arropado por este tipo de dirigentes, en una sociedad en la que cada día la ultraderecha tiene más peso, todas sus decisiones van a ser poco a poco aplaudidas por muchos”, dice González que recuerda cuando estuvo en Nueva York en la primera época del ‘Make America Great Again’ y cómo ahora esa fórmula “se repite por todo el mundo, igual que hubo una época en la que todos nos queríamos parecer a Obama y usar las fórmulas de Obama, ahora todos quieren ser Trump”, argumenta la periodista.

Para terminar, alerta de “Ayuso, una dirigente ‘trumpista’ que el día que ganó las elecciones se vieron banderas libertarias, que sigue creciendo entre la oposición en España y el liderazgo en Madrid y que veremos qué pasa con Vox en España, que sigue creciendo".

Este un mundo al borde del precipicio, liberticida, autoritario y xenófobo, describe Amnistía Internacional este martes 29 de abril en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos. El informe es un grito de alarma y un último llamamiento a la reflexión antes de que nuestras sociedades entren definitivamente en una nueva era oscura.

“La humanidad se encuentra en un punto de inflexión de su historia”, afirma sin ambages en el prefacio del informe la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard. “Fuerzas de una magnitud sin precedentes quieren acabar con el ideal de los derechos humanos para todos [...]. La cruzada religiosa, racista y patriarcal que llevan a cabo, cuyo objetivo es instaurar un orden económico que genere desigualdades cada vez mayores entre los países y dentro de ellos, pone en peligro los avances logrados con tanto esfuerzo en los últimos 80 años en materia de igualdad, justicia y dignidad”.

La ofensiva reaccionaria contra el Estado de derecho y las libertades individuales no es nada nuevo y viene siendo denunciada desde hace muchos años por defensores de los derechos humanos, ONG e instituciones independientes. Esta ofensiva se ha visto reforzada por las diferentes crisis, tanto climáticas como sanitarias, así como por “decisiones políticas” que “han aumentado las desigualdades y enriquecido a los multimillonarios”, escribe Agnès Callamard.

“Y mientras las señales de alarma se encendían una tras otra, 2024 ha sido el año del genocidio”, prosigue la secretaria general, denunciando la actitud de “Israel y sus poderosos aliados, entre los que se encuentran los Estados Unidos”, que se niegan a aplicar el derecho internacional y, en particular, las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia y del Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes cometidos por el ejército israelí en Gaza.

“En 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha continuado con su política de ataques sistemáticos contra infraestructuras civiles en Ucrania”, añade Agnès Callamard. “En 2024, la guerra y la hambruna causaron miles de muertos en Sudán, escenario de la mayor crisis mundial de desplazamientos forzados, ante la indiferencia casi total de la comunidad internacional. […] En resumen, el año 2024 nos ha deshumanizado a todos”.

Un año que, además, concluyó con la reelección de Donald Trump en la Casa Blanca y la llegada al poder en Estados Unidos de la extrema derecha, que desde entonces ha comenzado a aplicar su política xenófoba y discriminatoria con una violencia nunca vista.

En casi 500 páginas, el informe anual de Amnistía Internacional enumera los diferentes derechos humanos atacados durante el año pasado y dedica una ficha a cada país.

En primer lugar, los conflictos armados han seguido desgarrando a muchos países y “han tenido efectos devastadores en la vida de millones de personas en todo el mundo”, en particular debido a la comisión de crímenes de guerra. El informe recuerda que hay conflictos en curso “en Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Irak, Israel y los territorios palestinos ocupados (TPO), Libia, Malí, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo (RDC), Somalia, Sudán, Sudán del Sur, en Siria, Ucrania y Yemen”.

Los crímenes de guerra, por su parte, siguen quedando impunes en muchos casos, sobre todo debido a la inacción de las instituciones internacionales, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido—, cuya reforma reclama Amnistía. “Estas instituciones están perdiendo legitimidad y su continuidad está en entredicho”, alerta el informe.

También ha continuado la “represión de la disidencia” e incluso se ha extendido. “Se han adoptado o propuesto nuevas regulaciones restrictivas del derecho a manifestarse en Argentina, Georgia, Nicaragua, Pakistán y Perú”, escribe Amnistía. “En algunos países, como Turquía, las autoridades han prohibido de forma general todas las manifestaciones”. El informe denuncia además “el uso de armas letales o de baja letalidad contra manifestantes”, que “ha causado muertos y heridos en todo el mundo”.

“Los derechos a la libertad de expresión y de asociación” también han sido objeto de “ataques generalizados” en todo el mundo. “Las prácticas represivas de los Estados han incluido detenciones arbitrarias, torturas, enjuiciamientos injustos de personas críticas con ellos o de opositores, así como el uso de software espías”, detalla el informe.

La discriminación han seguido afectando a numerosas comunidades, empezando por los inmigrantes y los refugiados. Así, “Estados de todo el mundo han tomado medidas extremas y violentas para impedir las llegadas irregulares y devolver por la fuerza a las personas afectadas. En particular, han trasladado a otros países la responsabilidad de los refugiados migrantes, han cerrado fronteras y han llevado a cabo expulsiones masivas”.

“Los grupos marginados, en particular los racializados, étnicos o minoritarios” siguen “enfrentándose a una discriminación sistémica y a desigualdades muy arraigadas, que han tenido profundas repercusiones en los derechos fundamentales”, prosigue Amnistía. “Ha persistido el perfil étnico y el racismo institucional en ámbitos como el mantenimiento del orden y la protección social , lo que pone de relieve el carácter endémico de estas injusticias”, precisa el documento.

El informe hace un llamamiento para “poner fin a la discriminación racial arraigada en las leyes y las prácticas, abordar la cuestión de la justicia reparadora por la esclavitud y el colonialismo, y combatir el legado de estas injusticias históricas que se manifiesta en las formas contemporáneas de racismo y desigualdad”.

Como era de esperar, las mujeres y las comunidades LGTBIQ+ han seguido siendo especialmente perseguidas en 2024, sobre todo en Afganistán, donde “el 50 % de la población (es decir, todas las personas de sexo femenino) estaba condenada a lo que muchos califican de muerte lenta”. De hecho, “el régimen talibán ha convertido la mera presencia de las mujeres y las niñas en la esfera pública en un delito penal”.

“En Irán, las nuevas leyes sobre el uso obligatorio del velo, que prevén multas muy elevadas y penas de prisión, e incluso flagelación, han aumentado la represión contra las mujeres y las niñas”, prosigue el informe anual.

Los regímenes religiosos no son los únicos que han aplicado una política sexista, y las “violaciones de los derechos de las personas LGTBI se han multiplicado en casi todas partes”. “Desde Argentina hasta Rusia, los gobiernos han adoptado leyes o políticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, subraya Amnistía. Así, “en Estados Unidos, Meta y TikTok han eliminado de sus contenidos cierta información sobre el aborto”.

Amnistía Internacional se muestra preocupada por el aumento de las “injusticias económicas y climáticas”. De hecho, todos los Estados han fracasado a la hora de garantizar a sus ciudadanos el derecho a un medio ambiente saludable. Y aún peor, algunos “han optado por desarrollar su economía mediante inversiones en sectores y proyectos que vulneran los derechos humanos”. El informe subraya que, por ejemplo, “algunos países han concedido subvenciones públicas directas o indirectas considerables al sector de los combustibles fósiles”.

La reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos ha concluido este año como símbolo de la toma del poder por parte de las fuerzas reaccionarias y antidemocráticas en todo el mundo.

Con el regreso del líder de la extrema derecha estadounidense a la Casa Blanca, “nos vemos lanzados a gran velocidad hacia una era brutal en la que el poder militar y el poder económico irrumpen en el ámbito de los derechos humanos y la diplomacia, en la que las políticas públicas están determinadas por jerarquías de género o raciales, así como por una lógica de suma cero, y en la que las relaciones internacionales están dictadas por un nacionalismo nihilista”, advierte Agnès Callamard en el prefacio.

Pero “no nos equivoquemos”, advierte la secretaria general de Amnistía. “Donald Trump no es el único responsable. Las raíces del mal son mucho más profundas. Y, a menos que haya una resistencia concertada y valiente, este giro histórico se convertirá en una verdadera transformación: ya no será una época de cambio, sino un cambio de época”.

Antes de que Donald Trump cumpla los “100 días” en la Casa Blanca de Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) publicó el jueves 24 de abril una “recopilación” de las cien medidas más liberticidas y discriminatorias adoptadas por la nueva Administración presidencial americana.

“Los primeros cien días del Gobierno de Trump han sido un aluvión incesante de medidas que violan, amenazan y debilitan los derechos humanos de la población en Estados Unidos y en el extranjero”, explica esta ONG en su comunicado. HRW ha recopilado su selección de las cien medidas en forma de infografías agrupadas por temas: “atacar el trato justo y equitativo”, “deportar a personas en peligro”, “reducir las protecciones sanitarias, medioambientales y sociales”, “situar al ejecutivo por encima de la ley”, “amenazas contra las libertades de expresión, reunión y acceso a la información” y “debilitar los derechos humanos en el mundo”.

Entre este centenar de medidas, la ONG cita algunas en su comunicado de prensa: la expulsión ilegal de ciudadanos salvadoreños, los ataques contra la libertad de expresión de los manifestantes que apoyan al pueblo palestino o el fin de la ayuda humanitaria internacional y los ataques contra todos los programas de “diversidad, equidad e inclusión”.

“Tememos que estos ataques contra las libertades fundamentales continúen a un ritmo sostenido”, alerta en el comunicado Tanya Greene, directora del programa estadounidense de HRW.

En materia de discriminación, el informe de Amnistía Internacional sobre Francia expresa su “profunda preocupación” por el “aumento de los delitos de odio antisemitas, islamófobos o racistas”. Amnistía Internacional señala en particular “la práctica de los controles de identidad discriminatorios”, que sigue siendo “muy extendida”. El informe cita también el caso de las deportistas musulmanas a las que se impide llevar el velo y expresa su preocupación por la propuesta de ley que restringe el ius soli para los niños nacidos en Mayotte, actualmente examinada por el Consejo Constitucional. Los debates que condujeron a la adopción de la ley de inmigración también estuvieron impregnados de “discursos xenófobos y denigrantes”, según el informe.

En cuanto a la libertad de expresión y de manifestación, el informe denuncia las “restricciones excesivas y desproporcionadas” que han afectado a personas que expresaban “su solidaridad con el pueblo palestino”.

“Otros grupos también han sufrido restricciones excesivas”, prosigue el análisis, citando los casos de los activistas que luchan contra los proyectos de megabalsas, los ecologistas que practican la desobediencia civil o se oponen a la construcción de la autopista A69. Además, estas represiones han ido acompañadas en ocasiones de un “uso excesivo e innecesario de la fuerza”, en particular durante los enfrentamientos en Kanaky.

Amnistía Internacional también critica al Gobierno francés por continuar con una “transferencia irresponsable de armas” a Israel y señala que el ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que no aplicará la orden de detención emitida por el TPI contra Benjamín Netanyahu.

Por su parte, la vigilancia masiva ha seguido extendiéndose en Francia, ya sea en la forma experimentada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos o a través de los algoritmos discriminatorios utilizados en la lucha contra el fraude por parte de la Caja Nacional de Prestaciones Familiares.

En materia de medio ambiente, “los avances de Francia en la reducción de las emisiones generadas por los combustibles fósiles se han ralentizado con respecto a 2023”, constata el informe. “El clima y el medio ambiente han quedado relegados a un segundo plano y la adopción de estrategias energéticas y de adaptación ha sufrido retrasos”.

Traducción de Miguel López

Amnistía Internacional ha advertido de que las prácticas "autoritarias" de mandatarios como Donald Trump no solo llevan a la "violación masiva" de derechos humanos sino al "intento de acabar con el Derecho Internacional" mediante la "deshumanización" de una parte de la población como los refugiados y migrantes, según informa EFE.

"También nos enfrentamos a una deshumanización de los palestinos en Gaza y a que no cuenten las víctimas de la agresión rusa en la negociación de paz en Ucrania", ha lamentado, en una entrevista con EFE, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Estos son algunos de los retos que se abordan en la 51 Asamblea General de la organización, que se celebra este fin de semana en Mérida, con la participación de más de 200 activistas y que prevé realizar esta tarde una cadena humana en torno al Templo de Diana para visibilizar la represión que sufren las mujeres en Afganistán e Irán, otro de los puntos clave de este encuentro. 

Según Beltrán, se necesita una coalición de gobiernos y sociedad civil que se enfrente a estos gobiernos que "quieren arrasar con un concepto básico de igualdad ante la ley" y el principio de que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", que -ha incidido- fue la respuesta al Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. 

En la asamblea se incidirá en las políticas "autoritarias" de la administración Trump como, ha enumerado, las deportaciones masivas de migrantes "sin ninguna garantía", su pretensión de acallar la disidencia de las universidades, acabar con el sistema educativo norteamericano o la persecución del aborto. 

Precisamente, los activistas participantes abordarán la situación de la mujer desde un doble prisma: por un lado, el riesgo que corren las políticas de género al cuestionar algo tan esencial como que la violencia que sufren las mujeres se da por el hecho de ser mujeres; y el llamado 'apartheid de género', en países como Afganistán.

Se trata, ha recordado, de una brutal represión de control sobre la forma de vestir, movimientos o presencia en espacios públicos de las mujeres y la prohibición de acceder a la educación o un puesto de trabajo, lo que debe ser reconocido como "crimen de derecho internacional".

El director de Amnistía Internacional en España ha subrayado "lo peligroso" de que en democracia se cuestione la división de poderes o el Derecho Internacional, y ha recordado a quienes votan opciones autoritarias que los derechos humanos no son de las minorías, también son de las mayorías: "como dejemos que estas prácticas autoritarias se instalen, se acabará la educación, la salud y la vivienda". 

En clave nacional, ha mencionado que hay tres cuestiones que se están debatiendo en parlamentos autonómicos y en programas de gobierno "muy preocupantes", entre ellas la derogación de las leyes de Memoria Histórica que garantizan "verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo y la guerra civil", y ante lo que el Gobierno central está planteando recursos de inconstitucionalidad.

Una segunda cuestión es el "retroceso" que se plantea en los derechos LGTBI y en la lucha contra la violencia de género, y un tercer elemento es el trato a los menores migrantes no acompañados, lo que implica la "deshumanización" de personas. 

"No importa los cálculos políticos, hay que enfrentar eso o de lo contrario, los derechos humanos tendrán un retroceso de 70 años", ha apostillado Beltrán.

El directivo de IA se ha felicitado de la aprobación por fin en el Congreso de los Diputados del reparto de unos 4.400 menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas ante la situación de "saturación" en centros en Canarias, pero pide celeridad en la reubicación y que los menores sean atendidos en las condiciones que marca la ley.

Amnistía Internacional ha publicado este jueves una investigación en la que concluye que las autoridades de la Generalitat Valenciana, con una "respuesta negligente" tras la dana, vulneraron el derecho a la vida y a la integridad física de los afectados por no ofrecer información accesible y a tiempo.

Señala también este informe titulado Tengo pesadillas en las que suena esa alarma que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre "y la falta de un enfoque basado en derechos humanos, contribuyó a una sensación de abandono", ha recogido EFE.

"Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal", añade el informe.

"Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la dana. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe.

Esta organización coincide con la jueza instructora de Catarroja (Valencia) en que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia "era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección".

Por otra parte, se advierte también que el Gobierno central "no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia".

El Ministerio de Interior, según consta en el informe, ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia.

Por el contrario, Amnistía Internacional considera que la ley "otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la dana".

Además, se recuerda que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, "a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado".

A juicio de Amnistía Internacional, la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias "es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial".

Varios de los ayuntamientos más afectados han indicado a los autores del informe que no dispusieron de información "suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos por parte de la dirección de la emergencia".

En los días posteriores a la tragedia, "la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado o la autoorganización ciudadana, contribuyó a la sensación de abandono".

El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.

Según concluye, la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa.

Así, se señalan catorce recomendaciones para las autoridades de la Comunitat Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que nunca más una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y a la integridad física.

Entre ellas, además de que se impulsen investigaciones penales, se reclama la revisión de los sistemas de comunicación y de avisos, la adopción de un "enfoque participativo en los procesos de recuperación" y el desarrollo de "planes de formación en emergencias".

Veo cómo el mundo en el que creía, aquel que surgió luego de la IIGM, "nosotros los pueblos", las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los valores cívicos y democráticos, los Tribunales de Justicia, la democracia, el menos malo de los regímenes posibles, Europa como utopía de los pueblos para evitar de una vez la guerra, todo ese mundo, construido después de matanzas inimaginables, de un Holocausto brutal, no solo de judíos, de dos bombas atómicas, aquel mundo basado en normas autoaceptadas con las que quisimos superar un pasado de horror, ese mundo, se está derribando delante de nosotros porque los matones, los abusones, los sheriffss de las estrellas y de los colts están aquí de nuevo, y no para imponer orden y seguridad, perseguir a los cuatreros, detener a los malotes, sino para que la ley del más fuerte prevalezca, la suya.

Vuelve la oscuridad. 

En un mes, solo en un mes, el mundo está patas arriba. Los agresores son los agredidos. Las víctimas son los verdugos. Europa, la vieja Europa, y la nueva también, a merced de un matón, de dos o de tres.

¿Qué pensarían Eleanor Roosevelt, Pen-Chun Chang o Charles Malik, primeros redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947.  ¿Qué pensarían hoy? ¿Y los que firmaron la Carta de las Naciones Unidas dos años antes, en 1945, en San Francisco? ¿Qué dirían aquellos que redactaron y firmaron aquella declaración hermosa?

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones próximas del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida infligió a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las que puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en el servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos... Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco convienen en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas"...

¿Adónde va toda aquella extraordinaria arquitectura internacional? ¿Quién la recuperará?

Quizás muchas y muchos no lo veamos.

Quizás los que pensábamos que éramos una generación privilegiada que no conocería la guerra en carne propia, ahora, después de tantos años, volvamos a las andadas gracias a matones que buscan su enriquecimiento máximo a cualquier precio.

¿Lo vamos a permitir?

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Manuel Dios Diz es socio de infoLibre.

A 30 kilómetros de Damasco se encuentra la prisión de Sednaya, conocida como el "matadero humano" de Siria. En la carretera que da acceso a la prisión hay algunos vehículos de guerra abandonados y, ya en la entrada, un cartel en el que se lee "Siria Libre" recibe a todo el que se acerca hasta allí. Tras años de fuerte vigilancia del ejército, hoy el acceso al recinto no está controlado así que en el interior hay periodistas, curiosos y personas que buscan a sus familiares. 

Es el caso de Sami. Es sirio, pero lleva algún tiempo viviendo en Líbano. Hoy, junto a su hermana, recorre la laberíntica prisión en busca de algún rastro de su padre. Según relata, el régimen de Al Asad lo encarceló durante seis años. Fue el castigo que le impusieron cuando descubrieron que quería exiliarse del país en busca de una vida mejor. Seis años después, no saben si está vivo o muerto. Es la situación de miles de familias: se calcula que en todo el país hay hasta 150.000 personas desaparecidas.

Esta prisión hoy abandonada, pero igualmente siniestra fue liberada el mismo día de la caída del régimen, hace tan sólo cinco semanas. En ese momento, 2000 personas fueron puestas en libertad. En el interior se encontraron los cuerpos de 40 personas muertas. Diversas organizaciones han documentado la presencia de espacios subterráneos en los que mantenían en condiciones aún más infrahumanas a algunos de los prisioneros.

Recorrer sus pasillos es pasear por un escenario del horror. En el suelo hay basura, restos de medicamentos o de cajetillas de tabaco e incluso prótesis ortopédicas. En las celdas, casi todas sin ninguna entrada de luz natural, se amontona la ropa sucia de los reclusos. A algunos no les permitieron ducharse en años, así que en cuanto se abrieron los candados se deshicieron de lo que llevaban puesto. El hedor, cinco semanas después, da buena cuenta de cómo era la situación: espacios en los que no podían convivir más de cinco personas estaban ocupados por 30. El frío recorre el edificio. De hecho, muchos de los presos murieron por hipotermia.

Majad Hamdan llevaba catorce años sin pisar Siria. Desde hace ocho vive en Zamora, donde es presidente de la Asociación Siria de España. El sábado aterrizó en Damasco para reencontrarse con su familia tanto tiempo después. Su sonrisa permanente delata la emoción que siente. “Pensábamos que nunca íbamos a volver a nuestro país”, dice aliviado. No olvida, sin embargo, que él mismo estuvo encarcelado por el régimen en diversas ocasiones y que su tío pasó cuatro años en esa misma prisión en la que él hoy grababa imágenes. “Le trataron peor que a un animal”, aunque por suerte, dice, hoy está a salvo.

Es el símbolo del régimen de terror al que el clan Al Asad, primero el padre y luego el hijo, sometieron a la población siria durante el medio siglo en el que estuvieron en el poder. Entre sus muros se cometieron todo tipo de atrocidades. Desde desmembramientos a la utilización de ácido para hacer desaparecer los cadáveres. Amnistía Internacional calcula que más de 30.000 presos fueron ejecutados o murieron de hambre, falta de atención médica o tras ser torturados entre 2011 (cuando empezó la guerra civil) y 2018. Desde entonces no hay registros oficiales.

Israel "ha cometido y sigue cometiendo un genocidio" en Gaza, según la conclusión "inequívoca" de Amnistía Internacional, que determinó la "intención específica de destruir físicamente" a los palestinos de la Franja, analizando el patrón general de conducta, las declaraciones "deshumanizadoras", la ocupación militar y el "bloqueo inhumano" del territorio.

Amnistía publica este jueves un informe titulado Es como si fuéramos seres infrahumanos: El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza, que asegura tener "elementos suficientes para concluir que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio", un crimen difícil de demostrar legalmente porque requiere probar la "intencionalidad" de cometer una limpieza étnica parcial o total de una población.

La abogada de derechos humanos Érika Guevara Rosas explicó a EFE que Amnistía "ha estado documentando los actos cometidos por las autoridades israelíes en respuesta a los ataques de Hamas" del 7 de octubre de 2023, hasta julio, y ha llevado a cabo un proceso de "análisis legal" e "investigación minuciosa" sobre cómo calificar "los múltiples crímenes que ha cometido y sigue cometiendo el Ejército israelí bajo las órdenes del Estado en su conjunto".

La investigación tiene como marco de referencia "la responsabilidad estatal", no señala posibles responsables y se espera que contribuya al análisis de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel. Pero también incluye recomendaciones para que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) considere el crimen de genocidio dentro de sus investigaciones sobre Palestina, que condujeron a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La organización entrevistó a víctimas, testigos, autoridades locales y personal sanitario y analizó una variedad de datos visuales y digitales, declaraciones de altos cargos israelíes y compartió sus conclusiones con Israel, "sin ninguna respuesta sustantiva".

"Hemos determinado que Israel ha cometido, con total intención, tres actos prohibidos por la Convención del Genocidio: la matanza de personas de un grupo protegido -palestinos de Gaza-, les ha causado serias lesiones físicas y mentales y los ha sometido intencionalmente a condiciones de existencia que acarrean su destrucción total o parcial", explicó Guevara Rosas.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, advirtió de que Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como "un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad" y subrayó que el informe concluye "de forma inequívoca" la intencionalidad genocida de Israel. "Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas y están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamas, pero la intención genocida puede coexistir con los fines militares y no tiene por qué ser la única intención de Israel", añadió Callamard. Israel, dice, es "consciente del daño irreparable que estaba causando" a los palestinos de Gaza.

Además, les impuso unas condiciones de existencia que generaron "una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades" y dejaron a la población palestina expuesta a "sufrir una muerte lenta y calculada", subraya Amnistía, que señala que también se sometió a "centenares de gazatíes a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos".

Analizados de forma aislada, estos actos serían "violaciones graves del derecho internacional". Ahora bien, al ponerlos en contexto, examinar el patrón general de conducta de Israel, las declaraciones "deshumanizadoras y genocidas" de sus autoridades, la ocupación ilegal, el "bloqueo inhumano" y los efectos acumulados de políticas y actos en un sistema de apartheid, la "única conclusión razonable que cabe extraer es que hay una intención genocida", denuncia la organización.

Amnistía ha analizado más de 100 declaraciones de diferentes cargos israelíes, incluidos ministros como el extitular de Defensa Yoav Gallant, también en busca y captura por la CPI, que anunció el "asedio total" de Gaza refiriéndose a los palestinos en Gaza como "animales".

La organización identifica "cómo estas declaraciones" han tenido "repercusiones en cascada entre los soldados desplegados en Gaza", que incluso han grabado videos para redes sociales repitiendo esta retórica. "Eso es parte del cuerpo de evidencia que demuestra que ha habido una retórica genocida que ha influido en las acciones del Ejército israelí", detalló Guevara Rosas.

"Los ataques indiscriminados de las fuerzas israelíes han sido intencionalmente dirigidos a matar civiles y destruir componentes civiles", como campos agrícolas, hospitales, escuelas, residencias y edificios residenciales, subraya la abogada. "La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo", concluyó Callamard, exigiendo "parar ya" este "genocidio".

“El pacto mata, no lo voten”. Este es el grito con el que un grupo de activistas irrumpió en el Parlamento Europeo en el momento en el que se aprobaba el Pacto Migratorio de la Unión Europea. Era el colofón de unas negociaciones eternas, llenas de obstáculos y que, al final, no parecen haber dejado a nadie contento.

A algunos por exceso, y a otros por defecto. Por una parte, Los Verdes y The Left, los más a la izquierda en el Parlamento que criticaban la falta de garantías para los migrantes. Y por otro, los partidos de extrema derecha, que consideraban la legislación demasiado laxa

¿Y por qué? Uno de los puntos más polémicos es la llamada “acogida a la carta”. Con ella, el pacto establece cuotas obligatorias de acogida a todos los países, algo que hasta la fecha no existía. Sin embargo, los Estados miembros que no quieran aceptar migrantes, podrán escaquearse pagando 20.000 euros por persona.

Un pacto que tampoco gusta a las ONG. Dicen que es devastador. Amnistía Internacional lo tacha de retroceso en derechos y asegura que aumentará el sufrimiento de los migrantes. Además, causará que más gente sea detenida en las fronteras de la UE, incluidas familias muy vulnerables.

Sin embargo, algunos también se atreven a ver la parte positiva del pacto. Viendo lo que se viene en las elecciones del 9J, con una previsible subida electoral de la derecha y la extrema derecha, algunos han visto esta aprobación como un mal menor. Dejar el Pacto para la próxima legislatura, con el Parlamento más derechizado de la historia, podría haber sido aún peor para los derechos de los migrantes.

Amnistía Internacional ha publicado este miércoles su informe anual del estado en el que se encuentran los derechos humanos en el mundo, desglosado por países. España forma parte de los Estados que aparecen en el estudio y uno de los principales problemas señalados es la falta de una investigación exhaustiva en relación a la respuesta violenta de las autoridades españolas a los intentos de los migrantes de cruzar a Melilla en junio de 2022.

Cerca de 1.700 personas habían intentado entrar a Melilla de forma irregular en aquel momento y, como respuesta a esta situación, las autoridades acabarían causando al menos 37 muertos y centenares de expulsados de forma ilegal, según Amnistía Internacional. A raíz de estos hechos el mes siguiente el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades pertinentes a investigar los hechos de forma exhaustiva e independiente, pero la Fiscalía acabaría archivando el caso, al concluir que se actuó conforme a la legislación española vigente. 

En este ámbito el informe también menciona que la comisaría de derechos humanos del Consejo de Europa señaló las dificultades que había en España para acceder a un procedimiento ágil y efectivo de asilo. Causando así que muchas personas que solicitan el asilo debían de esperar alrededor de seis meses para ser atendidas, tiempo en el que muchas veces ya corrían el riesgo de ser expulsadas del país.

El estado del derecho a la privacidad también se vería afectado según el estudio de Amnistía, al haberse cerrado provisionalmente las investigaciones en relación al uso del programa espía Pegasus contra las 65 periodistas, políticos y otras personalidades del ámbito catalán que fueron investigados con este software, sin aclararse quién los espió. Una investigación que sin embargo, en el caso del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el de Agricultura –que también fueron espiados con este programa–, si se ha reabierto recientemente gracias a unas informaciones que llegaron de Francia.

En cuanto al derecho a la salud, también se vería afectado en el pasado año. Según los últimos datos publicados en 2023 y que corresponden a 2021, el gasto en sanidad pública habría disminuido. La Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa también señalaba que la escasez de personal en los centros de salud pública seguía siendo grave, motivo por el cual pedía mayores fondos para la atención primaria.

En el ámbito sanitario los de Amnistía Internacional también hablaron de las personas mayores. La causa por la que aparecían es la falta de una investigación sobre las muertes y violaciones de derechos humanos que el colectivo de la tercera edad sufrió durante la pandemia por covid-19, con la excepción de algunas fiscalías provinciales.

En el informe también se habla de los derechos de expresión, asociación y reunión, que se verían afectados negativamente. En este sentido se habla específicamente de la Ley de Seguridad Pública, la cual se estaría usando de forma indebida para limitar la libertad de expresión de manifestantes y periodistas.

Otro caso que se cita aquí es el de los agentes de policía de incógnito que se infiltraron en algunos movimientos sociales, llegando incluso a establecer relaciones íntimas y sexuales para recopilar información. Desde el ministerio del Interior la respuesta fue que las operaciones eran de inteligencia y habían sido autorizadas por el Gobierno, pero estaban clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, una ley que desde Amnistía consideran que debe de modificarse "reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos", explican.

En materia de violencia de género los resultados de España también siguen siendo negativos, con 58 muertes de mujeres a manos de sus exparejas y 13 víctimas más de otros hombres con los que no mantenían relación. La descriminación también continuaría al alza, con 2.040 casos de delitos de odio, siendo casi la mitad de ellos por racismo y xenofobia. 

El Medio Ambiente saludable, que fue declarado derecho humano en 2022 por la ONU también sería negativo en España, debido a los episodios de olas de calor y sequías sufridas en España durante el 2023. En este sentido el Instituto de Salud Carlos III calculó que 6.799 de los  fallecimientos registrados entre enero y septiembre del pasado año eran atribuibles al calor. 

El año 2023 dejó entrever también algunos avances en materia de derechos humanos. El derecho a la vivienda es uno de los que se puede extraer una nota positiva del informe de Amnistía Internacional. El Parlamento aprobó el pasado mayo la Ley por el Derecho a la Vivienda, que limitaba el precio del alquiler, ampliaba los plazos de suspensión de desahucios y protegía la vivienda social. A pesar de esto la ley tendría puntos que mejorar, ya que no se incluían sanciones para garantizar el control de los precios, no se prohibía el desahucio en casos de sinhogarismo ni había líneas claras para aumentar el parque de vivienda. 

De los derechos reproductivos también se puede extraer una lectura positiva del informe, más concretamente en la materia del aborto, a raíz de la ley aprobada en febrero de 2023, que permitía a quienes habían cumplido los 16 años acceder a la interrupción del embarazo sin consentimiento parental. 

Sobre los derechos LGTBI también se puede hacer una extracción positiva del informe, debido a la entrada en vigor de la Ley Trans, que garantiza el acceso de los trans a los servicios sanitarios y traía también el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autodeterminación. A pesar de esto es posible que haya retrasos en este derecho en algunas comunidades, como en el caso de Madrid, donde se prohibió el reconocimiento de la identidad de género en base a la autodeterminación.

Otro aspecto destacado y que constituyó un hito fue el caso de Julio Pacheco, que declaró en Madrid como denunciante dando detalles de las torturas que sufrió en 1975, durante el franquismo. Esta se convertía, pues, en la primera víctima que declaraba como denunciante ante la justicia española como víctima de torturas durante la dictadura franquista.

Amnistía Internacional ha denunciado este miércoles que los carceleros kurdos de los campos de detención para familiares de yihadistas en el noreste de Siria están cometiendo un espectro de atrocidades contra las 56.000 personas, la mayoría mujeres y niños, que sobreviven en condiciones infrahumanas en estos centros, particularmente en los campamentos de Al Hol y de Al Roj, según informa Europa Press.

La ONG describe en su nuevo informe un sistema penitenciario subdesarrollado que ha causado, en palabras de la secretaria general de Amnistía, Agnés Callamard, "cientos de muertes evitables" en una población sometida a "condiciones inhumanas y torturas, incluidas fuertes palizas, así como violencia de género, separación familiar y una ola de desapariciones forzadas que podría haber afectado a miles de detenidos".

Amnistía apunta como responsable directo de estos delitos al llamado gobierno autónomo de la Región del Norte y Este de Siria, compuesto por un brazo civil, la Administración Democrática Autónoma del Norte y Este de Siria y, por encima de todo, la organización armada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), grandes aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el yihadismo, especialmente contra Estado Islámico.

Pero, como cómplice, la ONG apunta directamente a Washington, "implicado en la mayoría de los aspectos del sistema de detención" que mantiene, más de cinco años después de la derrota territorial de Estado Islámico, a "decenas de miles de personas detenidas de forma arbitraria e indefinida".

Ahora mismo hay unos 56.000 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en el sistema de detención del norte de Siria. Son unos 11.500 varones, 14.500 mujeres y 30.000 menores recluidos en al menos 27 centros de detención y dos grandes campos de detención: Al Hol y Al Roj. Algunos de los detenidos no son familiares, sino víctimas de los yihadistas, que se suman a mujeres y niñas víctimas de matrimonios forzados y jóvenes reclutados a la fuerza por la organización terrorista.

Callamard ha denunciado que los carceleros han ejercido "crueldad y violencia escandalosas" contra todos estos detenidos que miden por el mismo rasero, mientras las fuerzas kurdas se han defendido ante la ONG argumentando que han quedado abandonadas a su suerte por la comunidad internacional, que ha "incumplido sus obligaciones jurídicas y morales" y les han dejado "solos para afrontar las consecuencias" de la lucha contra Estado Islámico.

En su respuesta al informe de la ONG, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto de relieve los esfuerzos realizados para abordar los "difíciles retos humanitarios y de seguridad" en el noreste de Siria y ha instado a todos los actores presentes en Siria, incluidas las FDS, a "respetar y hacer respetar los derechos humanos". Estados Unidos, no obstante, ha reiterado que solo trabaja con facciones y miembros de las FDS que han sido "debidamente investigados".

Este cruce de declaraciones atrapa en medio a estas decenas de miles de detenidos, los protagonistas del informe preparado por Amnistía después de tres visitas de su personal investigador al norte de Siria entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 y entrevistas a 314 personas, como Yusuf (nombre falso), quien ha denunciado que sus carceleros le torturaron con "tuberías de plástico, cables y tubos de acero", así como "descargas eléctricas" en centro de detención de Sini, dirigido por las FDS, a las afueras de la localidad de Al Shaddadi, en la gobernación de Hasaka.

Otros detenidos han relatado episodios en los que amigos y compañeros de celda fallecieron en su presencia. Un detenido dijo que en su celda habían muerto 17 personas cuando las autoridades apagaron el extractor de aire un día en 2020. Según tres detenidos, los cadáveres de las personas fallecidas en Sini eran depositados en una fosa común, que llamaban "el hoyo".

Ocho mujeres dijeron que habían sufrido actos de violencia de género equiparable a tortura u otros malos tratos en centros de detención. Una mujer dijo: "Me aplicaron descargas eléctricas. Estaba embarazada. (El interrogador) lo sabía y me dijo: 'Voy a hacer que abortes'. Y así fue".

Los abusos no terminan en la detención. Los tribunales especiales kurdos que han juzgado los casos de más de 9.600 personas (mujeres y menores incluidos) presuntamente vinculadas a Estado Islámico durante los últimos diez años han protagonizado "juicios gravemente empañados por violaciones de los Derechos Humanos", como las mencionadas torturas o la ausencia de abogados.

Solo una acusación de vinculación a Estado Islámico puede dar lugar a reclusión arbitraria durante años, según Amnistía, que documenta 18 casos en los que la persona afirmó que estaba falsamente acusada de mantener lazos con el grupo yihadista.

Asimismo había mujeres declaradas culpables de delitos de terrorismo por los actos de sus esposos, incluso por "no informar" a las autoridades, sin tener debidamente en consideración la posibilidad de coacciones. Niños y niñas tenían que pasar por los mismos procedimientos penales defectuosos sin ningún contacto con sus progenitores o tutores.

Ninguna de las personas detenidas en el noreste de Siria ha sido procesada por crímenes de Derecho Internacional, que incluyen los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La mayoría están procesadas por imprecisos delitos de "terrorismo". Muchos delitos graves perpetrados por Estado Islámico, como la esclavitud sexual, han sido investigados en absoluto.

Y ni siquiera una repatriación exitosa a sus países natales garantiza el final de la violencia. Amnistía Internacional documentó los casos de siete hombres iraquíes, trasladados desde el noreste de Siria hasta Irak, de los cuales seis fueron víctimas de tortura y otros malos tratos durante su interrogatorio en Irak y el séptimo "confesó" ante la amenaza de tortura.

Cuatro de estos hombres, indica Amnistía, están actualmente en espera de ejecución, incluidos dos que fueron trasladados en virtud del acuerdo de repatriación de 2022. Por ello, Amnistía Internacional concluye que el gobierno autónomo y el gobierno estadounidense probablemente han violado el principio jurídico internacional de la "no devolución" en estos traslados a lugares donde la integridad del desplazado corre grave peligro.

Las autoridades iraníes han endurecido sus políticas de vigilancia para imponer a las mujeres la utilización del velo en espacios públicos, con todo tipo de medidas de represalia por incumplir las leyes sobre este tema, entre ellas la confiscación del vehículo o la asistencia a clases de moralidad, según un informe de Amnistía Internacional que denuncia una "campaña draconiana". La ONG ha recopilado los testimonios de 46 personas y examinado documentos oficiales para lamentar que haya mujeres perseguidas simplemente por ejercitar sus derechos a la autonomía corporal y a la libertad de expresión y de creencias. Desafiar al régimen puede implicar condenas de azotes o prisión, en un ambiente represivo que se extiende tras la muerte hace más de dos años de la joven Mahsa Amini según informa Europa Press.

La directora adjunta de Amnistía para Oriente Próximo, Diana Eltahawy, ha denunciado en un comunicado que "las autoridades iraníes están aterrorizando a mujeres y niñas al someterlas continuamente a vigilancia y control policial, lo que altera su vida cotidiana y les causa enorme angustia". Desde abril de 2023, la Policía de la Moral ha ordenado la confiscación de cientos de miles de vehículos conducidos por mujeres o con pasajeras femeninas, incluso de nueve años, que no llevaban el hiyab o lo llevaban de forma "inapropiada".

Además, las autoridades han llevado a cabo operaciones masivas de parada y control de vehículos al azar para interceptar a mujeres conductoras y verificar si sus vehículos están sujetos a algún tipo de aviso de confiscación. Algunas de las mujeres consultadas por Amnistía cuentan que quedaron abandonadas en autopistas de mucho tráfico o en ciudades alejadas de su lugar de residencia.

En muchos de estos casos, las autoridades permiten recuperar el vehículo en un plazo de entre 15 días y un mes, siempre y cuando se hayan abandonado tarifas arbitrarias y que la mujer o la niña -o un familiar varón- se haya comprometido por escrito a acatar las normas relativas al velo. En otros casos, especialmente si se alega incumplimientos reiterados, puede ser necesario el dictamen de un juez.

Las mujeres también han denunciado que el acceso a transportes públicos, aeropuertos y servicios bancarios puede depender de llevar el velo o de la longitud y holgura de la ropa. Según estos testimonios, la vigilancia policial suele ir acompañada de insultos machistas y amenazas. Una mujer ha contado el caso de su sobrina, de 21 años, que recibió un puñetazo en el pecho en el metro de Teherán, mientras que una adolescente de 17 años ha asegurado que, después de que una cámara de vigilancia la grabase sin velo en clase, fue expulsada temporalmente y amenazada por la directora de la escuela.

Algunos casos terminan en juicio. Amnistía Internacional tiene constancia de 15 mujeres adultas y una adolescente procesadas por no llevar velo, portarlo de manera inadecuada o utilizar una gorra. Las autoridades no publican estadísticas sobre este tema, pero en enero el jefe de la Policía de Qom reconoció que sólo en esta provincia había cerca de 2.000 causas penales abiertas desde marzo de 2023.

La responsable de Amnistía Internacional para Oriente Próximo ha advertido de que esta "persecución" se ha "intensificado" unas semanas antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decida si amplia la misión de investigación sobre Irán, por lo que ha llamado a dar luz verde a dicha prórroga.

"Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben abordar la crisis de impunidad por los ataques a mujeres y niñas y garantizar que un mecanismo internacional independiente sigue recopilando, consolidando y analizando pruebas con vistas a futuras actuaciones judiciales", ha subrayado Eltahawy.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este lunes de que las fuerzas israelíes han aprovechado que "los ojos del mundo" están puestos en la Franja de Gaza para desatar una "violencia brutal" contra la población palestina en Cisjordania, en donde ya han cometido "homicidios ilegítimos" y arrestos ilegales. "Las fuerzas israelíes han desencadenado en los últimos cuatro meses una oleada de violencia brutal contra la población palestina en Cisjordania", ha denunciado Amnistía en un último comunicado, en el que informa de al menos 20 "homicidios injustificados", siete de ellos de personas menores de edad, según ha informado Europa Press.

En lo que va de 2023, al menos 507 ciudadanos palestinos, entre ellos 81 menores, han muerto a manos de las fuerzas isralíes. Se trata del "año más mortífero" desde que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) comenzó a registrar este tipo de muertos en 2005.

Desde el inicio de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza el 7 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2023, han sido 299 las personas que han muerto en Cisjordania por las acciones tanto de las fuerzas armadas, como de los colonos violentos a los que han estado apoyando logísticamente.

Las fuerzas israelíes están "exhibiendo un desprecio escalofriante por las vidas palestinas", ha expresado la directora de Investigación, Trabajo y Política Global de Amnistía Internacional, Erika Guevara, en base, añade, al "mantenimiento del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación de los palestinos".

Guevara ha defendido que ante la "vergonzosa falta de voluntad" de las autoridades israelíes, incluido su sistema judicial, de garantizar justicia para las víctimas, es necesario que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue estos hechos como posibles crímenes de guerra.

"La situación de Palestina e Israel es una prueba decisiva para la legitimidad y reputación del TPI que no puede permitirse el lujo de fallar", ha dicho Guevara. "Israel tiene un historial bien documentado sobre el uso de fuerza excesiva y a menudo letal para sofocar la disidencia y aplicar su sistema de 'apartheid' contra la población palestina que conduce a una constante histórica de homicidios ilegítimos cometidos con impunidad", recalca la ONG.

Este "implacable" uso excesivo de la fuerza, en ocasiones mortal, también ha sido utilizado para reprimir las manifestaciones pacíficas que se han estado celebrando en Cisjordania desde el 7 de octubre en apoyo y solidaridad con la población de Gaza, denuncia Amnistía.

Cuando las protestas pacíficas derivan en episodios violentos con el lanzamiento de piedras por parte de los palestinos, Amnistía recuerda que responder de "fuerza letal" es contrario al derecho a la vida que viene consagrado en el Derecho Internacional, así como en todas aquellas normas internacionales que regulan la fuerza policial.

Amnistía también ha señalado que durante estas operaciones, las fuerzas israelíes han impedido de manera deliberada que las víctimas con "heridas potencialmente mortales" fueran atendidas por los servicios médicos y atacado a centros sanitarios y sus infraestructuras, incluido ambulancias. "La obstrucción de la asistencia médica por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en los Territorios Palestinos Ocupados es una práctica habitual que Amnistía Internacional viene documentando desde hace años y forma parte del sistema israelí de 'apartheid', denuncia la ONG.

"El Derecho Internacional exige que se respete y proteja a las personas enfermas y heridas, y al personal médico. Obstaculizar el acceso a atención médica viola el derecho a la salud y los derechos a la seguridad de la persona", añade la ONG.

Corría el año 2019 y Luis Rubiales, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaba pletórico uno de los grandes cambios de su mandato: la Supercopa de España, un torneo denostado y casi sin interés que hasta entonces estaba ubicado a principio de temporada y en el cual se enfrentaban el campeón de la Liga y de la Copa del Rey, iba a sufrir una transformación radical. De jugarse en agosto, el torneo iba a pasar a llevarse a cabo a mitad de temporada, en el mes de enero y con un formato revolucionario: de ser una final a doble partido iba a pasar a ser una final four con 4 equipos que pelearían el trofeo a partidos a vida o muerte. 

Sin embargo, este cambio tenía un trasfondo oscuro que escapaba de lo estrictamente deportivo. La nueva Supercopa iba a jugarse a más de 6.000 kilómetros de distancia de territorio español en un país regentado por un régimen dictatorial que rechazaba flagrantemente los derechos humanos: Arabia Saudí. “Vamos a ir encantados a colaborar con la Federación de Arabia Saudí", "las mujeres y hombres acudirán al estadio en plena igualdad" y "podíamos optar a hacerlo en otro país y darle la espalda a los mujeres y hombres que viven en Arabia Saudí o participar activamente para hacer ver que una sociedad puede transformarse”, eran algunas de las justificaciones que el por entonces presidente de la federación daba para explicar su polémica decisión. 

Por entonces, la RFEF aseguraba que, pese a las violaciones de derechos en Arabia Saudí, la entidad había incluido en el acuerdo para el traslado de la Supercopa “ciertas materias de índole social” para “ayudar” a la transformación del país. Sin embargo, y pese a esas promesas y buenas intenciones de Rubiales, cuatro años después de la primera final del torneo jugada en suelo árabe, y según denuncian entidades pro derechos humanos como Amnistía Internacional, la situación en el país no ha cambiado prácticamente y, en algunos casos, incluso ha ido a peor. 

De hecho, lejos de ser una oportunidad de transformar el país, la Supercopa se ha convertido durante sus cuatro ediciones en un engranaje más de la enorme maquinaria de sportswashing (o lavado de imagen del deporte) del régimen de Mohammed Bin Salman. Desde que el príncipe heredero empezara a ganar poder a partir del año 2017, Arabia Saudí se ha centrado en intentar mejorar su imagen de cara al exterior con millonarias inversiones que van desde albergar eventos deportivos de gran renombre como la Fórmula 1 o la propia Supercopa o fichar a superestrellas mundiales como Cristiano Ronaldo para que jueguen en equipos de su liga doméstica, hasta la compra de clubes tan importantes de la Premier League como el Newcastle. Todo ello como parte de una estrategia llamada Visión 2030, que busca en esta década diversificar la economía del país, muy dependiente del petróleo.

Sin embargo, detrás de esas millonarias inversiones, se esconden unas vulneraciones de derechos humanos que, pese a las tímidas medidas de igualdad desarrolladas por Bin Salman de cara al exterior, siguen siendo mayúsculas. “Hay cuestiones en las que ha habido muy pequeños avances, como por ejemplo en derechos de las mujeres. Ahora se permite su entrada a estadios, conciertos y otros lugares públicos en condiciones de igualdad pero siguen sujetas a la tutela masculina, lo cual las obliga a dejar en manos de un pariente varón decisiones como elegir con quién casarse o qué estudiar”, describe Carlos de las Heras, experto de Amnistía Internacional en Arabia Saudí y deporte.

Uno de las situaciones más críticas para las mujeres en Arabia Saudí sucede cuando sufren algún tipo de abuso o violencia de género. Pese a que el país ha puesto en marcha mecanismos para denunciar este tipo de delitos, Amnistía critica que, si una víctima tiene que huir de su casa a causa de una situación de violencia de género y entrar en un centro de acogida, tiene que pedir permiso para hacerlo a su tutor legal que, en muchas ocasiones, es su agresor.

Por otra parte, Arabia Saudí también está invirtiendo, como parte de su estrategia de lavado de imagen exterior, en centros de entrenamiento para mujeres futbolistas y en la contratación de personal técnico de primer nivel de fútbol femenino. De hecho, el exentrenador del Barça Lluis Cortés se ha convertido recientemente en el seleccionador del combinado nacional y, además, la propia RFEF ha firmado un acuerdo de intercambio de experiencias con la federación saudí en materia de fútbol femenino que incluye viajes y trainings como los que ha protagonizado el pasado jueves la seleccionadora Montse Tomé.

Otro de los colectivos cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados en la dictadura árabe es el LGTBI. “La homosexualidad es ilegal en Arabia Saudí y mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo puede llegar a estar penado con la muerte. Incluso, las muestras de afecto en público pueden ser objeto de sanciones y, en algunos casos, castigadas con prisión”, explica De las Heras. Eso sí, la legislación saudí, basada en la religión islámica y muy interpretable, hace que en los entornos rurales la represión al colectivo sea especialmente intensa en comparación con las ciudades más pobladas. 

Más allá de estos colectivos, Amnistía denuncia como la preocupación por mantener una imagen internacional positiva se ha traducido en una represión enorme a la libertad de expresión, poniendo especial énfasis en las redes sociales. Los encarcelamientos a activistas pro derechos humanos y a opositores se ha recrudecido en los últimos años con casos como el de una estudiante saudí que, tras publicar unos tuits apoyando la igualdad entre hombres y mujeres en el país, fue condenada a 34 años de prisión (luego rebajados a 27). La represión fue incluso mayor para un profesor retirado, que, a mediados del año pasado se le sentenció a pena de muerte por sus publicaciones en X (antes Twitter) y en YouTube.

El acuerdo con Arabia expira en 2029 y, hasta entonces, pese a la salida de Rubiales de la presidencia de la RFEF y de la oposición de miembros del Gobierno, Amnistía ve complicado romper el contrato millonario de la Supercopa. Sin embargo, también creen que esta inversión no contribuye a mejorar la imagen saudí de cara al exterior, sino incluso a empeorarla. “El llevar estas competiciones a su país no les está saliendo gratis. Siempre que se celebran estos torneos, en la opinión pública aparecen discursos críticos sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. Además, los propios clubes que participan en el torneo están, no sé si preocupados por la situación, pero sí son conscientes de ella”, relata el experto de Amnistía Internacional.

Hugo Martínez Ballesteros es profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago e investiga las repercusiones económicas del furtivismo marisquero en Galicia. Fue el tema de su tesis doctoral, que defendió en 2018. El pasado 16 de mayo un usuario de Twitter –rebautizado como X– llamado @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit suyo de noviembre de 2022 con una pregunta: “¿Cuál es su solución para deshacerse de la tarjeta amarilla?”. Y adjuntaba un enlace. Esa URL conducía a un servidor que infecta los teléfonos móviles con Predator, el programa espía diseñado por Intellexa –un grupo de empresas con sede en Europa pero creado por antiguos ciberespías israelíes– y vendido por su socio francés Nexa. Predator puede recuperar todos los datos de los teléfonos infectados y activar a distancia el micrófono y la cámara.

Sin embargo, Martínez Ballesteros no pinchó el enlace. “El tuit me pareció raro”, explica a infoLibre. Cuando este periódico le informó de la amenaza de infección, la Universidad de Santiago, a la que pertenecen los dispositivos informáticos que utiliza el profesor para su trabajo, comprobó que el intento de intrusión había fracasado. Todos estaban limpios.

La cuenta @Joseph_Gordon16, cuya foto de perfil es la de un joven asiático con gafas, fue utilizada muy probablemente por Vietnam para llevar a cabo un ataque informático a gran escala. Así lo revelan los Predator Files, una investigación de 15 medios de comunicación internacionales coordinados por la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en un informe del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional y en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel .

La investigación técnica de Amnistía constata que @Joseph_Gordon16 atacó, entre febrero y junio de este año, a 59 personas y organizaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, entre ellas políticos de alto nivel, periodistas, académicos, así como opositores al régimen vietnamita. Se desconoce si alguno de estos intentos de infección tuvo éxito.

La sorpresa de Hugo Martínez Ballesteros al enterarse del ataque fue mayúscula. Es experto en lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero su enfoque es exclusivamente nacional, y muy centrado en el furtivismo marisquero gallego. “Ahora voy a publicar un artículo sobre su enorme impacto económico: cuánto marisco se deja de recoger por culpa de esta actividad ilegal, qué efecto tiene en mariscadores y pescadores...”, detalla. Pero nunca ha estado en Vietnam ni ha “investigado o publicado nada relacionado con ese país, tampoco sobre las sanciones de la UE ni sobre la tarjeta amarilla”, niega categórico Martínez Ballesteros.

Sin embargo, participa en proyectos europeos e internacionales sobre pesca y suele publicar en “revistas de alto impacto”, en inglés, como Marine Policy, or Ocean and Coastal Management. “Es tan sencillo como escribir mi nombre y añadir poaching (furtivismo) o IUU fishing (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por sus siglas en inglés) en Google y aparecen mis artículos”, apunta como única razón para haber aparecido en el radar de interés de Vietnam.

La pesca es uno de los principales recursos económicos de este país del sureste asiático –es el tercer exportador mundial, con un volumen de ventas de casi 6.000 millones de dólares en 2020– y la UE, el primer importador de pescado del mundo. Sólo a la Unión Europea, Vietnam vendió pescado por valor de 777 millones de euros en 2021. Pero esta dictadura comunista también lidera las estadísticas mundiales en pesca ilegal. Al menos un 20% de sus capturas llevan esa etiqueta. En 2017, Bruselas sacó a Vietnam una “tarjeta amarilla” porque sus esfuerzos para eliminar la piratería pesquera no habían sido suficientes, una amonestación que iba a ser reevaluada el pasado mes de mayo y que está pendiente de la visita al país de una delegación europea prevista para este mismo mes de octubre. Si Vietnam sigue incumpliendo los requisitos de la UE, la tarjeta amarilla puede convertirse en roja.

Así pues, la Unión Europea fue uno de los principales objetivos del Predator vietnamita, con ataques contra la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, quien no ha querido hacer comentarios sobre el ataque informático antes de su publicación.

En el punto de mira de los vietnamitas también estuvo el eurodiputado francés Pierre Karleskind, de Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, y presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. El 9 de febrero de 2023 apareció una notificación en su cuenta de Twitter. “¿Cómo se resolverá este asunto?”, preguntaba también @Joseph_Gordon16, adjuntando una URL que llevaba a lo que parece un artículo publicado por un think tank.

Pero el artículo era falso. Y el enlace conducía al servidor que infectaba con Predator. Como el lanzado contra Hugo Martínez Ballesteros, el ataque contra Karleskind no tuvo éxito. “No recuerdo haber visto ese tuit y haber hecho clic en él. Hice analizar mi teléfono y no estaba infectado”, declaró a Mediapart tras ser avisado por el medio francés. “No estoy sorprendido, pero sí particularmente molesto”, añadió el eurodiputado.

Por su parte, el profesor español sospecha que el ataque era más bien una “caza masiva” de posibles objetivos. De todos modos, le cuesta creerlo: “Ser objetivo de espionaje a nivel académico me parece una broma”. “En cualquier caso, representa un peligro brutal. ¿Qué demonios es esto? Pueden hacer lo que quieran. Si les interesa la pesca, bien, pero ¿y si les interesa... mi cuenta bancaria?”, se pregunta indignado.

Pero la campaña del Predator vietnamita excedía con mucho los límites académicos y geográficos europeos, apuntó muy alto. La cuenta @Joseph_Gordon16 también intentó infectar a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, y a cuatro congresistas estadounidenses, así como a un ministro y a un diputado albaneses. Además, fueron objeto de ataques varios medios de comunicación, entre ellos la cuenta de Twitter de la redacción anglófona del canal de noticias France24 y tres periodistas de la cadena estadounidense CNN. Otros dos españoles figuran en la lista de objetivos. Se trata de dos altos cargos de la UE y la FAO: la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, y el subdirector general y director de Pesca y Acuicultura de la FAO, Manuel Barange. infoLibre ha preguntado a ambos por los tuits de la cuenta vietnamita.

La Comisión Europea, a través de un portavoz, responde que no tiene “pruebas de que la infección con Predator haya tenido éxito”. “La Comisión está al corriente de los informes sobre el programa espía Predator dirigido a los seguidores de cuentas de X (antes Twitter) de entidades europeas. Nos tomamos muy en serio la ciberseguridad y aplicamos políticas estrictas para proteger nuestras infraestructuras y dispositivos. Investigamos todos los incidentes”, señala. Barange, que también es profesor honorario de la Universidad británica de Exeter, no ha respondido a los intentos de este periódico de contactar con él.

El informe de Amnistía señala como probables autores de esta campaña a “agentes de las autoridades vietnamitas”. Las conclusiones de sus análisis fueron confirmadas a EIC por otras dos organizaciones de renombre mundial, que investigaron el mismo tema de forma independiente: el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que destapó el espionaje con Pegasus, y el Grupo de Análisis de Amenazas de Google (TAG). “Creemos que esta infraestructura de ataque de Predator está asociada a un actor gubernamental de Vietnam”, indició Google a EIC.

Contactados por EIC, el Gobierno de Vietnam e Intellexa no han respondido. Pero la investigación de EIC parece haber provocado una ola de pánico dentro de la empresa. Después de que EIC enviara preguntas a Intellexa a mediados de septiembre, la cuenta @Joseph_Gordon16 fue cerrada, y parte de la infraestructura técnica utilizada para hackear teléfonos con Predator fue abruptamente desmantelada. “Más del 70% de los servidores rastreados de Predator se han desconectado desde mediados de septiembre”, explica Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía.

En cualquier caso, la historia de esta campaña empieza mucho antes, el 31 de diciembre de 2020. Antes de Nochevieja, reinaba un ambiente de fiesta en el grupo de WhatsApp franco-israelí que reúne a ejecutivos de Intellexa y Nexa, que habían sellado su alianza el año anterior.

A las 9:48, los franceses comunican a los israelíes que han vendido Predator a Egipto. A las 13:40, el número dos de Nexa, Olivier Bohbot, anuncia una segunda buena noticia: “Contrato VN firmado. [...] Gracias a todos por vuestro apoyo”. “Wooow!!!!!”, reacciona exultante el jefe de Intellexa, Tal Dilian.

Documentos confidenciales de Nexa confirman que la empresa negoció un contrato de 5,6 millones de euros, cuyo nombre en clave es AnglerFish –nombre inglés del rape–, para vender Predator al MOPS, siglas del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam. Este ministerio, ya implicado en otros casos de piratería informática, es el órgano represivo del régimen, encargado de perseguir a los opositores y a los defensores de los derechos humanos.

Nexa tomó todas las precauciones para ocultar esta venta a una dictadura. El contrato fue negociado por la filial del grupo en Dubái, Advanced Middle East Systems (AMES). Luego utilizó como intermediaria a una empresa registrada en Hong Kong, Delsons Hong Kong Ltd, que compró Predator a AMES y luego se lo revendió al MOPS.

Delsons es propiedad de Alexis Delevaux, un ciudadano suizo que creció en Francia y luego se trasladó a Asia. Es cónsul honorario de Mónaco en Vietnam y proveedor de servicios de telecomunicaciones a varios países de la región. Correos electrónicos de 2011, revelados por Wikileaks, muestran que ya entonces trabajaba como intermediario para suministrar programas espía italianos al MOPS vietnamita.

Los registros de exportación obtenidos por Amnistía Internacional y EIC desvelan que el 1 de noviembre de 2021 Delsons entregó por avión a Vietnam, a una empresa estatal fundada por el MOPS, tres equipos informáticos valorados en 8,4 millones de dólares cuyo fabricante es AS, entre ellos un “módulo de monitorización de smartphones móviles relacionado con un software profesional”. En los documentos internos de Nexa, las siglas AS designan a su filial Advanced Middle East Systems de Dubái. La misma empresa que negoció el contrato Predator con Vietnam.

Alexis Delevaux no ha contestado a las preguntas que le ha formulado EIC. Los directivos de Nexa, Stéphane Salies y Olivier Bohbot, tampoco han querido precisar si suministraron o no los equipos entregados por Delsons a Vietnam, pero afirman que siempre han “respetado toda la reglamentación aplicable y obtenido las autorizaciones de los organismos de control competentes” para exportar.

Ambos precisan que Nexa transfirió a Intellexa, “a partir del tercer trimestre de 2021” todos sus contratos Predator, “antes de que fueran operativos”. Es decir, el grupo francés asegura que no desempeñó ningún papel en el ataque que supuestamente se llevó a cabo utilizando el software espía que vendió a Vietnam.

El informe de Amnistía Internacional muestra que, con 12 blancos atacados con Predator, la Unión Europea (UE) fue uno de los principales objetivos del régimen de Hanoi por culpa de la “tarjeta amarilla” que perjudicaba a sus exportaciones pesqueras y a su reputación internacional. Así, la cuenta de Twitter @Joseph_Gordon16 apuntó con URL infectadas con Predator a la Dirección General de la Comisión Europea encargada del clima, la Dirección General de Medio Ambiente y a la responsable de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva. También atacó con Predator las cuentas de Twitter de agencias especializadas como la Misión de Aguas y Océanos de la UE y de dos agencias europeas responsables de la observación marítima, entre ellas Copernicus, gestionada por la empresa francesa Mercator Ocean.

En 2022, cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, los eurodiputados también adoptaron resoluciones. Con otros eurodiputados del grupo político Renew Europe, el eurodiputado y oceanógrafo francés Pierre Karleskind logró convencer al Parlamento Europeo de que aprobara una enmienda para recordar la existencia de la “tarjeta amarilla” dirigida a Vietnam por pesca ilegal. “Es una posición que no debe de haber gustado al Gobierno vietnamita”, destaca Karleskind a EIC.

Aunque el ataque contra él no funcionara, el eurodiputado dice estar decidido a actuar: “Comportarse así con un parlamentario europeo no es aceptable, es un atentado contra la democracia. Informaré a las autoridades francesas responsables de la inteligencia y el contraespionaje y, cuando se publique su artículo, convocaré al embajador vietnamita ante la Unión Europea a mi despacho de Bruselas para pedirle explicaciones. También estoy considerando la posibilidad de presentar una denuncia. Estudiaré todas las opciones, pero, como dirigente político, debo mantener la cabeza fría. Una cosa es segura: no voy a dejar pasar esto”.

Vietnam también intentó hackear a varios opositores. Uno de ellos, Khoa Le Trung, regenta una tienda de cámaras de vigilancia, situada en un callejón del Dong Xuan Center de Berlín, el mayor mercado asiático de Alemania. Khoa Le Trung, que también es periodista, presenta el sitio de noticias Thoibao.de, uno de los mayores medios de comunicación de la oposición vietnamita, que tiene 20 millones de visitas al mes.

Vietnam lo considera un enemigo del Estado. Su despacho está protegido por una puerta blindada. Recibe regularmente amenazas de muerte, por teléfono y en la vida real. “Hay gente que viene directamente a mi despacho y me dice: 'No sigas con tus reportajes porque no te conviene”. Asegura a EIC que no pinchó el enlace de la infección Predator que la cuenta @Joseph_Gordon16 le envió el 9 de febrero, respondiendo a un tuit de Thoibao.de.

Pero este ataque le preocupa mucho, porque emplea a 12 personas que viven en varios países y que firman sus artículos con seudónimos. Si las autoridades vietnamitas tuvieran acceso a su teléfono, “eso pondría en peligro la vida” de sus empleados y de algunos de sus contactos, dice Le Trung.

Khoa Le Trung está indignado por haber sido blanco de programas espía diseñados y comercializados por empresas europeas y afirma que Europa debería reforzar los controles a la exportación. “No se pueden vender sin más [tecnologías de vigilancia] a países como Vietnam”, zanja.

Vietnam incluso se arriesgó a atacar a tres senadores estadounidenses y a un miembro de la Cámara de Representantes, dos de ellos muy influyentes: el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente de su subcomité sobre Oriente Próximo y Asia, y el republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Contactados por nuestro socio en los Predator Files The Washington Post , los portavoces de estos dos congresistas indicaron que no creían haber pinchado en las URL de la infección.

Estos ataques se producen en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos están mejorando, como muestra el acuerdo de asociación estratégica firmado por el presidente Joe Biden durante su visita a Hanoi el mes pasado.

El Gobierno estadounidense, que fue informado del ataque por Google, se toma el asunto muy en serio. Una fuente de la Administración Biden asegura a The Washington Post que la decisión de incluir a Intellexa en la lista negra, anunciada el 18 de julio, ya estaba en proyecto cuando se detectó la ofensiva atribuida a Vietnam en primavera, pero el ataque reforzó esta decisión.

Los congresistas estadounidenses no fueron atacados directamente por la cuenta @Joseph_Gordon16, sino a través de respuestas a tuits donde se les citaba. Dos de ellos formaron parte de una ofensiva dirigida contra Taiwán. El 13 de abril, @Joseph_Gordon16 respondió a un tuit de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, que daba la bienvenida al senador John Hoeven. Como consecuencia, ambos recibieron un tuit malicioso que contenía un artículo falso, muy bien imitado, del South China Morning Post, un famoso diario de Hong Kong.

Lo mismo le ocurrió al miembro de la Cámara de Representantes estadounidense Michael McCaul, atacado al día siguiente en respuesta a un tuit publicado por la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán. Tsai Ing-Wen fue también el blanco personal, esta vez en solitario, de otro tuit malicioso el 21 de mayo. La presidencia taiwanesa no ha respondido a los intentos de EIC de contactar con ella.

Más allá de Taiwán, @Joseph_Gordon16 atacó a académicos, expertos y periodistas especializados en la geopolítica del Mar de China, una zona de tensión en la que China, Vietnam, Filipinas y Taiwán se disputan la soberanía de varios archipiélagos insulares. Por ejemplo, @Joseph_Gordon16 apuntó a la cuenta de CNN Filipinas, así como a tres periodistas de la famosa cadena de noticias estadounidense: dos reporteros afincados en Taiwán y Jim Sciutto, que es a la vez presentador y analista principal de temas relacionados con la seguridad nacional. Otros periodistas con base en la región también han sido blanco del Predator vietnamita.

Las motivaciones de otros ataques son más misteriosas. Es el caso de la exembajadora de Alemania en Estados Unidos, Emily Haber, que dejó su puesto el pasado mes de junio y no quiso responder a EIC “por razones de seguridad”. Tampoco está claro por qué Vietnam intentó infectar la cuenta de Twitter en inglés de France 24, que forma parte del servicio audiovisual de ultramar de Francia. El canal público de noticias fue atacado colateralmente, en respuesta a un tuit en el que se le citaba. La dirección de France 24 no ha querido reaccionar antes de la publicación de los Predator Files.

Los expertos entrevistados por EIC están sorprendidos por el modo de operar del atacante. Los hackeos a través de Twitter son poco frecuentes –el último detectado se remonta a 2015 en Kenia–, porque tienen dos grandes inconvenientes.

El primero es la imprecisión: las respuestas a un tuit se dirigen principalmente a su autor, pero también pueden interesar, y por tanto infectar, a las personas que siguen al objetivo principal. Y es aún peor cuando el ataque se dirige a la cuenta de una institución como la Comisión Europea, que emplea a más de 30.000 funcionarios, aunque Intellexa disponga de herramientas técnicas para focalizar las infecciones y limitar los daños colaterales.

Para empezar, los tuits son públicos y, por tanto, descubribles. Por eso, normalmente, los ataques se realizan de forma discreta y personalizada, a través de mensajes enviados por SMS o WhatsApp. A John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, le sorprendió la audacia del ataque público, pero también su torpeza. “Alguien va a ser despedido por esto”, advirtió a preguntas de EIC. “Como cliente de Predator, [el autor del ataque] está claramente en el proceso de aprender de una manera dolorosa; explotar [vulnerabilidades] a través de Twitter es una pésima idea. El hecho de que eso ocurra demuestra que Predator sigue recurriendo a operadores imprudentes”.

El resultado es efectivamente catastrófico, ya que la operación ha sido detectada e Intellexa está en proceso de cerrar urgentemente una parte significativa de los servidores informáticos utilizados para llevar a cabo las infecciones.

Rastreando y analizando esta infraestructura técnica, Amnistía ha podido identificar nuevos países que probablemente utilizan Predator: entre ellos Kazajstán, Sudán, Mongolia y Angola. Es decir, cuatro regímenes autoritarios más.

Para Donncha O'Cearbhaill, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía, “este caso demuestra que el régimen regulador de la UE no está impidiendo que se desarrollen, financien y exporten desde Europa potentes programas espía a gobiernos con un historial de abuso de las herramientas de cibervigilancia para espiar a disidentes, políticos o activistas inocentes”.

El caso de Vietnam es paradigmático. Una potencia extranjera, con un régimen dictatorial, intentó espiar a ciudadanos y altos cargos de las instituciones europeas con un software vendido... por una empresa europea.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

El Tribunal de Primera Instancia de Beer Sheva de Israel ha aprobado el desalojo forzoso de 500 beduinos palestinos de la aldea de Ras Jrabah, en la región del Neguev/Naqab (en el sur), que deberán abandonar sus hogares antes de marzo de 2024, ha denunciado este viernes la ONG Amnistía Internacional (AI), informa Europa Press.

"Esta sentencia muestra cómo las leyes profundamente discriminatorias de Israel sobre la propiedad de la tierra se utilizan para imponer el apartheid contra los ciudadanos palestinos de Israel, a quienes se niegan sistemáticamente los mismos derechos que ha los israelíes judíos", ha señalado la directora regional de AI para Oriente Proximo y el Norte de África, Heba Morayef.

Los desalojos forzosos, ha explicado Amnistía en un comunicado, son parte de los planes de las autoridades de Israel para construir un barrio nuevo en la ciudad de Dimona, habitada en su mayoría por judíos israelíes. Mientras, los habitantes de Ras Jrabah serán reubicados en un empobrecido y segregado poblado beduino cercano.

En este sentido, Morayef ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a "presionar a las autoridades israelíes para que desechen estos crueles planes y pongan fin a su política de desalojos forzosos de palestinos" en la región.

Sin embargo, la Autoridad de Tierras de Israel sostiene que la presencia de los aldeanos obstaculiza la expansión de Dimona. Y ello a pesar de que los residentes han solicitado integrarse en el nuevo barrio, petición que las autoridades israelíes han rechazado, negando el hecho de que los habitantes de Ras Jrabah llevan generaciones viviendo en su pueblo.

La ONG ha apuntado también que los palestinos desalojados deberán pagar además una multa de unos 31.700 dólares (28.736 euros) para cubrir los gastos legales.

Según la Autoridad Beduina para el Desarrollo y los Asentamientos en el Neguev (Adalah), la organización jurídica que representa a los residentes, estos planes de desalojo de Ras Jrabah forman parte de una política más amplia de sustitución de palestinos beduinos por israelíes judíos en el Neguev/Naqab.

No obstante, la Autoridad Beduina ha declarado que sólo está autorizada para ofrecer soluciones en las ciudades beduinas, no en las judías israelíes, y que la única opción es reubicar a los residentes de Ras Jrabah en la cercana ciudad beduina de Qasr Al Sir, en el sur del país.

Ras Jrabah ocupa unos 84 acres (unas 26 hectáreas) de tierras pertenecientes a la tribu Al Hawashleh, y sus residentes han vivido allí desde antes de que se estableciera Dimona. El informe 2022 de Amnistía Internacional sobre el sistema de apartheid de Israel expone cómo las leyes discriminatorias sobre planificación y zonificación son diseñadas para maximizar la tierra y los recursos para los judíos israelíes a expensas de los palestinos.

Amnistía Internacional ha señalado que el Parlamento Europeo debe utilizar una votación plenaria que consolide su posición final sobre la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Ley AI) "para prohibir los sistemas de elaboración de perfiles racistas y discriminatorios dirigidos a migrantes y otros grupos marginados", según informa Europa Press.

La organización pide al Parlamento Europeo que prohíba el uso de tecnologías de vigilancia masiva, como las herramientas de identificación biométrica retrospectiva y remota en vivo, en la Ley de IA, una legislación que califica como "histórica".

La investigación de Amnistía Internacional muestra que la tecnología invasiva de reconocimiento facial "amplifica la aplicación de la ley racista y discriminatoria contra las personas racializadas, incluidas las prácticas de detención y registro que afectan de manera desproporcionada a las personas negras y latinas". También cree que "se utiliza para prevenir y restringir el movimiento de migrantes y solicitantes de asilo".

"Existe el riesgo de que el Parlamento Europeo pueda anular considerables protecciones de los derechos humanos alcanzadas durante la votación del comité el 11 de mayo, abriendo la puerta al uso de tecnologías que están en conflicto directo con el derecho internacional de los derechos humanos", dice Mher Hakobyan, asesor de defensa de Regulación de la IA en Amnistía Internacional.

Para la organización, los estados miembros de la Unión Europea, "en su intento por fortalecer los muros de la 'Fortaleza Europa', han recurrido cada vez más al uso de tecnologías opacas y hostiles para facilitar el abuso contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en sus fronteras".

"Con un entorno tan persistentemente inhóspito hacia las personas que huyen de guerras y conflictos o que buscan una vida mejor, es vital que el Parlamento Europeo no desestime los daños de los sistemas racistas de IA. Los legisladores deben prohibir la elaboración de perfiles racistas y los sistemas de evaluación de riesgos, que etiquetan a los migrantes y solicitantes de asilo como 'amenazas'; y tecnologías de pronóstico para predecir los movimientos fronterizos y negar a las personas el derecho de asilo", sentencia Mher Hakobyan.

Aunque la Ley de IA puede ayudar a "prevenir y reducir" los daños causados por las nuevas tecnologías en Europa, Amnistía Internacional avisa de que "es fundamental que la UE no contribuya a las violaciones de los derechos humanos mediante la exportación de tecnologías draconianas más allá de sus territorios".

Por ello, apunta que la Ley de IA "debe prohibir la exportación de cualquier sistema cuyo uso no esté permitido en la UE, como el reconocimiento facial y otras tecnologías de vigilancia".

La investigación de Amnistía Internacional ha identificado que las cámaras fabricadas por una empresa holandesa llamada TKH Security "se utilizan en espacios públicos y se adjuntan a la infraestructura policial en Jerusalén Este ocupada, para afianzar el control del gobierno israelí sobre los palestinos y el sistema de apartheid de Israel contra los palestinos".

"El Parlamento Europeo tiene el deber de defender los derechos humanos. Cualquier cosa que no sea una prohibición total de las tecnologías utilizadas para la vigilancia masiva, la vigilancia policial racista y la elaboración de perfiles sería un incumplimiento de ese deber", apunta Mher Hakobyan, destacando que los legisladores de la UE también "deben asegurarse de que las tecnologías prohibidas dentro de la UE no se exporten para cometer abusos contra los derechos humanos en otros lugares": "Esta legislación debe proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, no solo de las personas en Europa".

La Comisión Europea propuso una legislación que rige el uso de la Inteligencia Artificial el 21 de abril de 2021. El Consejo de la UE, compuesto por los gobiernos nacionales de la UE, adoptó su posición en diciembre de 2022. El Parlamento Europeo tiene como objetivo tener una votación final para formar su posición oficial sobre 14 de junio, después del cual las dos instituciones, junto con la Comisión Europea, deberán acordar un texto común para el Reglamento.

España podría estar usando los fondos europeos para financiar acciones que atentan contra los derechos humanos. Eso manifiestan varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Amnistía Internacional, red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que han denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) la utilización por parte de España de ese dinero para sufragar acciones violentas de las fuerzas policiales contra inmigrantes que intentan entrar en nuestro país por la frontera sur. En concreto, se adule a la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y la falta de acceso al procedimiento de protección internacional y la vulneración del principio de no devolución.

Las organizaciones se refieren a los fondos que España estaría utilizando para llevar a cabo la "política de lucha contra la inmigración irregular", entre los que se nombran el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV). Estos podrían estar empleándose para acciones "violentas y desproporcionadas", como las llevadas a cabo por la policía española y marroquí en los sucesos del 24 de junio en Melilla, donde al menos 23 personas murieron.

De igual manera, también denuncian la falta de transparencia en la ejecución y en la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno, que prácticamente no ha contado con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la inmigración ni ha establecido mecanismos de vigilancia sobre el uso de esos fondos. Por todo ello, y por la posible vulneración de la normativa de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, Amnistía Internacional y el resto de organizaciones reclaman a la OLAF que analice la cuestión.

La denuncia la firman Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Pro-Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum, Red Acoge y Amnistía Internacional.

La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos en el caso de las residencias de mayores durante la pandemia o en la respuesta del Gobierno tras el intento de salto a la valla de Melilla en junio de 2022 es la principal crítica a España en el Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. La organización destaca positivamente, sin embargo, los avances en igualdad de género, en los derechos de las personas trans y en memoria histórica, aunque cree necesaria una mayor implicación y compromiso por parte de los partidos políticos para seguir esta línea en el futuro.

En su informe, Amnistía Internacional critica como en nuestro país ha aumentado la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos y a la falta de rendición pública de cuentas sobre ella. En este sentido, denuncia que España no ha “investigado adecuadamente” las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de covid-19. La organización censura que se han archivado el 90% de las denuncias de la Fiscalía sobre el tema, pese a que desde la Fiscalía General del Estado se habían reconocido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Igualmente, no se establecieron a nivel nacional comisiones de investigación específicas, y las desarrolladas en las comunidades autónomas no llegaron a ninguna conclusión clara. En materia sanitaria, la ONG considera insuficiente la inversión que realizan las comunidades autónomas, sobre todo en Atención Primaria, donde nuestro país queda “muy lejos” del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 

Otro de los momentos en los que Amnistía observa esta falta de rendición de cuentas fue en el intento de salto a la valla de Melilla por parte de inmigrantes subsaharianos ocurrido el 24 de junio del año pasado, donde murieron al menos 37 personas y más de 470 fueron expulsadas ilegalmente. “Las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas de entrar en España”, resalta el informe, que concluye la existencia de “violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes” en nuestro país.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía Internacional considera una “oportunidad perdida” el rechazo a la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza. Además, la organización considera que las autoridades continúan haciendo un mal uso de esta legislación al observar un aumento de multas por figuras imprecisas como “faltas de respeto y consideración a la autoridad” y “desobediencia o resistencia a la autoridad”.

En el otro lado de la balanza, la ONG reconoce los avances de España en materia de igualdad, tanto de género como de derechos LGTBI. Así, destacan la ley del solo sí es sí, la cual consideran “un gran paso para la prevención, atención y protección” de las víctimas de la violencia sexual, y la modificación de la Ley del Aborto, que “mejora el acceso al aborto en España y supone un reconocimiento más amplio del derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, la ley trans constituye, para Amnistía Internacional, otro gran avance en los derechos humanos ya que reconoce la autodeterminación de género y elimina trabas para conseguir el cambio en el registro. Pese a esto, la organización también muestra su preocupación por el incremento de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país.

En materia de protección de derechos sociales, el informe ve muy positiva la nueva Ley de Vivienda, que por primera vez en democracia reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, en línea con la ONU y con la Constitución Española, y la prórroga a la paralización de los desahucios realizada por parte del gobierno a las personas económicamente vulnerables. Sin embargo, no considera suficientes ambas medidas para conseguir la protección integral del derecho a la vivienda, el cual se ha visto golpeado por el aumento en el precio de la energía, señalando que un 14,3% de la población no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 10,9% de 2020. El informe pone además énfasis en la situación de pobreza en la Cañada Real de Madrid, donde 4.500 personas viven sin electricidad.

Por último, Amnistía Internacional pone en valor la Ley de Memoria Democrática promulgada por el Gobierno para actualizar la anterior Ley de Memoria Histórica. En el informe se pone en valor la atribución al estado de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo y la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos. Además, califica como positiva la nueva Ley de Secretos Oficiales, la cual deroga la anterior legislación del año 1968, todavía de época franquista, eliminando así un obstáculo para el acceso a la justicia. 

A nivel internacional, el informe pone el foco en la “incapacidad” del sistema internacional para responder a la invasión rusa de Ucrania. La organización critica la incapacidad de todos los estados para unirse en favor de la protección de los derechos humanos y el “doble rasero” de occidente, uniéndose para combatir a Rusia pero guardando silencio cuando las vulneraciones de derechos humanos que se producen por parte de sus aliados. 

En cuanto a la guerra de Ucrania, Amnistía Internacional denuncia desplazamientos masivos, crímenes de guerra, inseguridad energética y alimentaria en todo el mundo y el peligro de la guerra nuclear. Sin embargo, el informe no se queda en el conflicto europeo y pone el foco también en la solución de guerras en Etiopía, Myanmar y Yemen, además de en el “apartheid” contra los palestinos de Israel y en las trabas impuestas por China a la comunidad internacional para investigar crímenes de lesa humanidad en su territorio.

En el terreno de los derechos de las mujeres, el informe advierte cómo estos “sufren las peores consecuencias” ante la inacción de los estados. Así, pone de ejemplo de este retroceso la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que restringe el derecho al aborto o la prohibición del mismo en algunos estados del propio país. También denuncia la gran regresión sufrida por las mujeres en Afganistán, derivada de la legislación talibán en aspectos como la educación, el trabajo o la autonomía personal, y en Irán, cuya reacción ha sido una ola de manifestaciones contra la “policía de la moral” después del asesinato por parte uno de ellos de Mahsa Amini por llevar, supuestamente, mal colocado el hijab.