La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. 

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio. Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora". Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable de su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del exdirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018. Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

La excusa de una sublevación siempre será el restablecimiento del orden frente al caos. Los narradores oficiales de la Dictadura franquista inocularon en las conciencias de la ciudadanía, durante 40 años y sin relatos alternativos a los que recurrir, la idea de que la Segunda República había traído la anarquía y la destrucción. Aún hoy se afirma, contra toda evidencia histórica, que la Guerra Civil comenzó en realidad en 1934 con la llamada Revolución de Asturias y que gracias al “levantamiento” militar de 1936, Franco salvó a España de ser una dictadura comunista. Esto no lo creen solo cuatro cretinos desinformados, no: esta es la idea que proclama Vox y también la que sostiene buena parte de la dirección del PP (los halcones como Aguirre o Ayuso, por ejemplo). Por increíble que parezca, esa ofensa a cualquier estudiante de primero de Historia Contemporánea es hegemónica en las redes sociales de la ultraderecha y en el acerbo memético de los numerosísimos cachorros que adoran a Vito Quiles, a Alvise y sus envalentonados amigos.

En esa tarea –salvar a España del caos– estaba también Antonio Tejero, el golpista más castizo de cuantos han existido en España, y el más cómico. El hombre de panza y bigote franquistas que con sus hombres trató de derribar, sin conseguirlo, al anciano general vicepresidente del Gobierno Gutiérrez Mellado y que, por no saber, ni siquiera supo apagar los motores de las cámaras de televisión aquel infame 23 de febrero de 1981. Ese guardia civil que se está despidiendo el jueves cumplió solo la mitad de los treinta años de prisión que le cayeron y vivió el resto, sin arrepentimiento alguno, plácidamente acomodado entre Madrid y la Costa del Sol, dando muestras de su patriotismo inveterado a propósito del Estatut de Catalunya, del procés y de la reinhumación de los restos de Franco en Mingorrubio. Por si alguien quiere poner en duda la generosidad, o las tragaderas, de los españoles con sus bandidos, casi nadie le prestó atención alguna.

Recordemos: cuando Tejero organiza en falso el primer golpe en la Operación Galaxia y cuando da el segundo, para las derechas España estaba en peligro por la aprobación de leyes contrarias a la tradición católica del país, como el divorcio, la laicidad del Estado o la legalización del Partido Comunista y por la desintegración de la unidad nacional generada por el régimen de las Comunidades Autónomas, con su tolerancia por las culturas periféricas disgregadoras. Añádase a eso la violencia terrorista y el ansia de poder de los legitimistas franquistas (Alianza Popular, luego reconvertida en PP) y de los socialistas y los nacionalistas, y el caldo de cultivo estaba preparado para que hasta el rey Juan Carlos pudiera pensar que quizá no era mala idea posibilitar un gobierno de concentración que sucediera al del recién dimitido Adolfo Suárez. Sus dudas tuvo, como ya sabemos.

¿Ha exorcizado España la posibilidad de otro tejero? En absoluto. El clima que las derechas tratan de imponer es, salvando las diferencias, muy similar. Esta idea de que estamos en un país dominado por el relativismo moral, en el que unos pocos enemigos de España imponen su voluntad maligna sobre una ciudadanía virtuosa y sufriente… Esta idea de que nos gobierna un hijo de puta (sic), corrupto y sin escrúpulos ni principios (también es literal), en una falsa democracia dominada por los boomers, las charos y los burócratas de estómagos agradecidos, paguitas y mamandurrias… Estas trompetas del Apocalipsis advirtiendo cada día del advenimiento del conflicto civil… Esta identificación de España con el caos… Tienen todos estos relatos, sostenidos cada día, la intención de llamar a un cambio imprescindible, si es necesario por vías heterodoxas. 

No es de temer, por fortuna, que el cambio vaya a venir por intervención del Ejército ni de la Policía ni de la Guardia Civil (en este último cuerpo no habría problema en encontrar a una minoría dispuesta…), porque en nuestro tiempo ya no se llevan las asonadas, ni los golpes armados como los de otras épocas. Pero sí asistimos en el mundo entero, y España no es diferente, a una efervescencia de otro tipo de levantamientos mucho más sutiles, que promueven supuestamente el orden ante la falta de normas, la anomia, el caos. Ahí están las derechas patrias. El que pueda hacer, que haga. Los tejeros de hoy son más sutiles que el pistolero del “se sienten, coño”. Pero están aquí cerca, bajo algunas togas, en algunos consejos de administración, generando vídeos cachondos con la IA, en algunos templos religiosos y tras las siglas de algunos partidos políticos. En el fondo, el agonizante no es más que una sátira burlesca de la agónica lucha ancestral: el cambio frente a la parálisis, la evolución frente a la involución, la esperanza frente a la angustia. Lo llaman honor, pero quieren decir miedo.

Concebida hace siete décadas como una ciudad futurista por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia se erige hoy en icono mundial contra la impunidad. El Supremo Tribunal Federal, con sede en la capital brasileña, ha condenado al expresidente y excapitán del Ejército Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista contra su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una sentencia histórica en un país que sufrió una dictadura militar (1964-1985) sin castigo posterior para sus responsables. Es la primera vez que se condena a un expresidente y altos mandos militares por un intento de golpe de Estado. La ejemplaridad de la condena muestra la firmeza de Brasil contra la impunidad y el deseo de saldar cuentas con su pasado reciente.

Bolsonaro (presidente entre 2019 y 2022) ha sido sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por cinco delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado y la pertenencia a una organización criminal. Junto a él han recibido también duras penas otros seis imputados que según el Supremo Tribunal Federal (STF) participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.

Los dos puntales de Bolsonaro en esa conspiración fueron el general y exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (condenados a 26 y 24 años de prisión, respectivamente). Un encausado más, el teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Bolsonaro, sólo ha recibido una pena de dos años por haber colaborado con los investigadores. Su declaración fue crucial para conocer los entresijos de una operación que se inició en 2021 y se aceleró a finales de 2022 para intentar que Lula no asumiera la presidencia tras haber ganado las elecciones en noviembre de ese año. La conspiración culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de miles de seguidores bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

La celebración del juicio, cuyas sesiones se han emitido por televisión en directo, ha tenido a Brasil en vilo durante diez días. Cuatro de los cinco magistrados de la sala primera del STF votaron a favor de condenar a Bolsonaro y sus cómplices. Todo el país pudo seguir en vivo sus alegaciones. Fue un inmenso ejemplo de transparencia judicial.

El primero en pronunciarse fue el juez instructor, Alexandre de Moraes, a quien la trama golpista pretendía asesinar: “Bolsonaro actuó con la intención de provocar la inestabilidad social y mantenerse en el poder”, argumentó. El voto discrepante de uno de los magistrados, Luiz Fux, quien pidió la absolución del expresidente, imprimió algo de suspense al proceso al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgar a los acusados. Su posición, al romper la unanimidad, abre un resquicio legal al que ahora podrán acogerse los abogados de Bolsonaro para fundamentar sus recursos. El voto de la jueza Cármen Lúcia fue el que inclinó la balanza (3 a 1) antes de que se definiera el criterio del quinto magistrado. Lúcia, la única mujer en el tribunal, fue contundente sobre el tremendo simbolismo del juicio: “Toda acción penal exige un juicio justo y aquí no es diferente. Lo inédito en esta acción penal es que en ella late el Brasil que me duele. Esta acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”.

Bolsonaro, que siguió el juicio desde su casa de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, ya está inhabilitado para ostentar cargo público hasta 2030 por denostar el sistema de votación ante varios embajadores extranjeros. A sus 70 años, su carrera política puede darse casi por finiquitada. La sentencia determina que tendrá que cumplir 24 de los 27 años en régimen cerrado, todavía por determinar. Pero hay algunos resquicios, legales y políticos, a los que el exmandatario puede aferrarse todavía. Sus abogados probablemente solicitarán la nulidad del juicio, en línea con el argumentario del juez Fux, quien mencionó en su exposición el caso de Lula, cuya condena por corrupción fue anulada en 2021 por el Supremo al estimar que el tribunal federal del estado de Paraná que juzgó al exsindicalista no era competente.

El tiempo corre ahora en contra de Bolsonaro, más centrado en hallar una solución política a la difícil situación personal que le aguarda. Sus aliados parlamentarios llevan ya tiempo tratando de sumar una mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso una ley de amnistía que, en caso de ser aprobada, tendría que pasar el filtro de la justicia. Entre los promotores del perdón se encuentra Tarcísio de Freitas, poderoso gobernador del estado de São Paulo y principal aspirante a postularse como recambio de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. “Fue condenado sin pruebas”, dijo nada más conocer la sentencia. Tanto De Freitas como el resto de dirigentes de la derecha con pretensiones presidencialistas han prometido que otorgarían el indulto a su mentor político si llegan al poder.

El bolsonarismo es hoy la principal fuerza política en el Congreso y su respaldo en la calle no es menor. La condena ejemplar a su caudillo abre un periodo de incertidumbre política. Todavía es pronto para saber cómo reaccionarán las élites brasileñas que lo encumbraron en 2019 y qué efecto tendrá la sentencia entre su legión de seguidores. Al otro lado del espectro ideológico, la izquierda sigue apostando todo al carisma de Lula, quien ya ha anunciado que se presentará a un cuarto mandato el año que viene. Las encuestas le sonríen pero el líder del Partido de los Trabajadores (PT) está a punto de cumplir 80 años y su enorme popularidad ha eclipsado la irrupción de recambios políticos fiables en las urnas.

De momento, la izquierda celebra la sentencia y saca pecho frente a las continuas injerencias de Estados Unidos. Ni las presiones comerciales (con aranceles del 50%) ni las sanciones a De Moraes y otros magistrados han alterado la determinación de Brasil para luchar contra la impunidad. Pero Washington no se da por vencido. El secretario de Estado, Marco Rubio, abandera una cruzada en América Latina en favor de los populismos reaccionarios y ya ha anunciado que habrá "respuesta" de la Administración Trump.

La histórica sentencia del Tribunal Supremo brasileño envía un mensaje diáfano al mundo sobre cómo frenar las estrategias involucionistas de la extrema derecha. En 1979, todavía con los militares en el poder, se aprobó una amnistía que dejó impunes todos los crímenes de los represores. Como sostiene el diplomático y exministro de Hacienda Rubens Ricupero en declaraciones al medio paulista Carta Capital, el juicio a los implicados en la trama para derrocar a Lula opera de alguna forma como contrapunto de aquella ignominia histórica: “En cierta medida, es el juicio que no hicimos al régimen militar”. Un proceso equiparable, en su opinión, al que Argentina abrió contra las juntas militares en 1985. En esa ocasión, como ahora en Brasil, fue la primera vez que un tribunal civil juzgaba a altos mandos militares por golpismo.

El golpe de Estado protagonizado por un grupo de militares de Gabón poco después del anuncio de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, que daban nuevamente la victoria al mandatario, Ali Bongo, amenaza con poner fin a la dinastía familiar iniciada por su padre, Omar Bongo, hace más de 50 años, en medio del creciente malestar popular por la crisis y las reiteradas denuncias sobre fraude electoral en los comicios celebrados durante las últimas décadas.

Los militares, que han anunciado la creación del Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), han asegurado que su objetivo es "defender la paz poniendo fin al régimen vigente", sin que por el momento haya un pronunciamiento de las autoridades y con Bongo en paradero desconocido.

Así, han incidido en que todas las instituciones han sido disueltas y las fronteras han sido cerradas "hasta nuevo aviso" en respuesta al anuncio de unos resultados "falsos" de los comicios, en los que Bongo habría recabado el 64,27 por ciento de los votos, por delante del principal candidato opositor, Albert Ondo Ossa, quien ha obtenido el 30,77% de los apoyos.

El anuncio de los resultados ha tenido lugar un día después de que la coalición opositora Alternancia 2023, que nombró a Ondo Ossa como candidato, apuntara a la existencia de unas tendencias "muy favorables" en el recuento de los votos y reclamara al mandatario la organización de "un traspaso pacífico del poder".

Las autoridades habían decretado el sábado un toque de queda y habían suspendido el acceso a Internet citando motivos de seguridad, al tiempo que paralizaron la emisión de los medios franceses Radio France Internationale, TV5 Monde y France 24 apuntando a una "falta de objetividad" en su cobertura del proceso electoral, en medio de dudas sobre la posible transparencia del proceso de votación.

La asonada de este miércoles, de tener éxito, supondría además el octavo golpe de Estado en antiguas colonias francesas en África durante los últimos tres años, si bien hasta ahora se han centrado en la región del Sahel, donde el incremento de los ataques por parte de grupos yihadistas ha incrementado el malestar de la población y los estamentos militares en torno a la respuesta de las autoridades electas y de la antigua metrópolis a la hora de hacer frente a la amenaza.

En el caso de Gabón, el país -que cuenta con cerca de 2,7 millones de habitantes- logró la independencia de Francia en 1960, tras convertirse cinco décadas antes en parte del África Ecuatorial Francesa, una federación creada por París para sus posesiones coloniales en África central que incluía los territorios de los actuales Gabón, República del Congo, República Centroafricana (RCA) y Chad. Tras la independencia, las primeras elecciones tuvieron lugar en 1961 y derivaron en el nombramiento de Leon M'Ba como primer ministro y posteriormente presidente después de que los dos partidos del país pactaran una lista unificada de candidatos.

Si bien la coalición entre el Bloque Democrático Gabonés de M'Ba y la Unión Democrática y Social Gabonesa funcionó durante los primeros años, las tensiones aumentaron en 1963 y repuntaron tras una reducción del número de candidatos y la incapacidad del segundo partido para obtener aspirantes que cumplieran los requisitos fijados por la legislación para concurrir a las elecciones.

En este contexto, el Ejército dio un golpe incruento en 1964 que se saldó con el cese de M'Ba, si bien tropas francesas le devolvieron apenas un día después al poder, en el que se mantuvo hasta su muerte en 1967, hecho que permitió a su entonces vicepresidente, Omar Bongo, asumir el poder.

Bongo, nacido Albert-Bernard Bongo --se cambió el nombre tras convertirse al islam en Libia en 1973-- y padre del actual mandatario, declaró el año siguiente que el país se convertiría en un Estado de partido único y creó su propia formación, el Partido Democrático Gabonés, al frente del cual obtuvo la reelección en 1975, 1979, 1986, 1993 --las primeras bajo un sistema multipartidista--, 1999 y 2005.

El mandato de Bongo estuvo marcado por un estilo personalista, acentuado tras la eliminación en 1975 del puesto de vicepresidente y el hecho de que se nombró al frente de numerosas carteras --incluidas las de Defensa, Información e Interior, entre otras-- a lo largo de diversos tramos de sus 42 años al frente del país africano.

Asimismo, tuvo que hacer frente a un incremento de las críticas a su gestión desde finales de los años setenta a causa de la crisis económica y la falta de avances en la democratización del país. Las tensiones llevaron a las autoridades a anunciar en septiembre de 1990 la desarticulación de dos intentos de golpe de Estado.

Sin embargo, Bongo logró mantenerse en el poder gracias al apoyo de Francia, país con el que mantuvo buenas relaciones --incluida su liberación por parte de paracaidistas franceses tras ser arrestado por militares durante el golpe de Estado de 1964--, y la relevancia de sus exportaciones de petróleo y uranio.

El mandato de Bongo llegó a su fin en 2009 tras su muerte en una clínica en Barcelona en la que recibía tratamiento por un cáncer intestinal, deceso que tuvo lugar además en medio de tensiones con Francia por la decisión de un tribunal de congelar sus cuentas bancarias en el marco de una investigación contra él.

Tras su muerte, el país organizó unas elecciones presidenciales de las que salió vencedor Ali Bongo --uno de sus 30 hijos--, si bien la oposición denunció que la votación había sido manipulada para garantizar una sucesión de tipo monárquico.

Ali Bongo, un antiguo cantante de funk y considerado como un 'niño mimado' por su padre, se vio envuelto desde el principio en una serie de controversias que incluyen incluso su lugar de nacimiento. Bongo nació en 1959 en Brazzaville, capital de la actual República del Congo, si bien ha tenido que salir al paso en varias ocasiones de especulaciones sobre su presunta adopción en Nigeria durante la guerra de Biafra.

Antes de su ascenso a la Presidencia gabonesa, Bongo ocupó el cargo de ministro de Exteriores durante tres años y el de Defensa durante otros diez años, en el marco de un ascenso político que le posicionó rápidamente como el favorito para suceder a su padre.

Las acusaciones contra las tácticas de las autoridades durante los procesos electorales continuaron en las siguientes elecciones, celebradas en 2016, en las que el principal candidato opositor, Jean Ping rechazó los resultados y apuntó a un fraude masivo en la provincia de Alto Ogooué, uno de los bastiones de Bongo, en la que el presidente logró el 95 por ciento de los votos con una participación del 99,9 por ciento, que le permitió hacerse con la reelección con apenas 6.000 votos más que su rival.

Estas acusaciones de fraude se han visto repetidas tras las elecciones de este sábado y han sido citadas por los militares golpistas como uno de los motivos del golpe de Estado, que se enmarca además en las crecientes acusaciones de corrupción contra Bongo, criticado por organizaciones civiles por haber convertido el país en una cleptocracia.

Las críticas contra Bongo y su capacidad para gestionar el país han ido al alza desde 2018, cuando sufrió un derrame cerebral durante un viaje a Arabia Saudí que le apartó de la vida pública durante cerca de un año --periodo en el que permaneció convaleciente en Marruecos--, con llamamientos a favor de que entregara el poder que fueron rechazados por su Gobierno.

Apenas unos meses después, un grupo de militares protagonizó un intento de golpe de Estado, si bien el Gobierno logró contenerlo, algo que espera hacer también en esta ocasión para consolidar a Bongo para otro mandato de siete años que elevaría a más de 60 el periodo de mandato de su familia al frente del país africano.

Desde hace semanas, políticos, analistas, tenderos, vendedores de té, barqueros y profesores de Jartum temen despertarse con tiros de obuses, cazas en el cielo, eco de disparos automáticos... "Y aquí lo tenemos ya”, “lo esperábamos, pero es aún peor", dicen entre el fatalismo, la angustia y el horror los habitantes contactados en Jartum desde el sábado por la mañana. A medida que pasaban las horas y las informaciones eran más o menos ciertas, más o menos verificables, los sudaneses sentían como si el suelo se abriera bajo sus pies.

El domingo se intensificaron los combates en Jartum. "Las paredes tiemblan", dice Kholood Khair, analista, refugiada en su casa de un barrio cercano al aeropuerto. Otra residente, que vive cerca de uno de los puentes sobre el Nilo, describe por teléfono una situación "aterradora". Es imposible saber quién controla la zona, ya que los comunicados son muy contradictorios y la información difícil de contrastar. 

Lo único cierto es que los enfrentamientos se han extendido por todo el país. El sábado murieron en el este del país tres cooperantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) . “Esta es una guerra de ciudades, se combate en las calles, entre los civiles", afirmó Ahmed Gouja, activista de derechos humanos de Nyala, capital de Darfur Meridional. “Ni siquiera en 2003, cuando comenzó la guerra en Darfur, habíamos vivido esto".

Pero "no lo llaméis guerra civil, no lo es", ruega el analista político Hamid Khalafallah en la red social Twitter. Aunque su casa fue tiroteada durante la noche. Y añade, dirigiéndose a sus conciudadanos civiles: "Esta no es nuestra lucha y sólo somos daños colaterales. No os involucréis, no apoyéis ni a un bando ni al otro".

De hecho, en el momento de escribir estas líneas, los dos bandos enfrentados forman parte del estamento militar. Ni los grupos rebeldes armados, activos o no, ni los civiles han tomado las armas.

A primera vista, la responsabilidad recae en dos hombres fuertes, cuya notoria enemistad se ha convertido en odio: Por un lado, el general Abdel Fattah Al-Bourhan, comandante en jefe del ejército nacional (SAF por Sudanese Armed Forces), por otro, el general Mohamed Hamdan Dagolo, conocido como Hemetti, jefe de la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF, Rapid Support Forces), formada por paramilitares procedentes de las filas de los "janjawid", auxiliares de Jartum durante la sangrienta guerra de Darfur. La RSF es ahora tan poderosa que constituye un "ejército bis".

"Tenemos dos ejércitos en este país. Si estos dos no consiguen ponerse de acuerdo sobre una unificación de fuerzas, iremos hacia la confrontación y la destrucción del país", declaró hace sólo unas semanas Babiker Faisal, jefe del Partido Unionista, miembro de la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio.

Sin embargo, esos dos generales son sin embargo, para quienes no conocen Sudán, como dos dedos de la misma mano. Sirvieron al mismo líder, el dictador Omar al-Bashir, participaron en la revolución palaciega que lo derrocó hace justo cuatro años, y luego formaron parte del mismo comité militar de transición. Juntos negociaron un acuerdo de reparto del poder con los civiles y cada uno ocupó un puesto en el Consejo de Soberanía, máximo órgano de la transición democrática. Finalmente, derribaron la frágil construcción de la transición junto con el gobierno civil el 25 de octubre de 2021. Y gracias a este golpe de Estado, el general Bourhan se convirtió en el líder de facto del país, y Hemetti en su número dos.

Aunque nada salió como esperaban. Los revolucionarios no se quedaron en casa con la cabeza gacha y los comités de resistencia, organizaciones de barrio y columna vertebral del levantamiento popular de 2018, protagonizaron manifestaciones y acciones de desobediencia civil. Los principales organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países occidentales, han suspendido los programas de asistencia financiera y técnica.

Pero sobre todo, la alianza de ambos sólo era circunstancial. Cada uno tiene su propia agenda y sus aliados regionales e internacionales. Bourhan simpatiza con los partidarios del antiguo régimen militar-islamista y cuenta con el apoyo de Egipto. Hemetti es odiado por los islamistas, que le acusan de haber precipitado la detención de Omar al-Bashir, y tiene fuertes apoyos en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Ambos tienen aliados en Israel y Rusia, pero no en los mismos círculos. Ambos tienen enormes fuentes de ingresos, principalmente del complejo militar-industrial para Bourhan, de la minería de oro para Hemetti. A lo largo de los años, aprovechándose de un régimen cleptocrático, ambos han conseguido diversificar su riqueza. Ambos tienen también mucha ambición.

La animadversión no se limita a esos dos hombres. El ejército sudanés ha sido moldeado por Omar Al-Bashir: muchos oficiales se adherieron a la ideología islamista del pasado régimen. Son amigos de los militares egipcios porque asistieron a las mismas academias. Las filas del ejército nacional representan a todos los grupos étnicos del país.

La RSF está compuesta principalmente por hombres de las tribus árabes ganaderas de Darfur. El propio Hemetti procede de una familia nómada y recibió una educación básica. En Jartum es habitual oír burlas de este "pastor de cabras". El ejército nacional nunca ha aceptado realmente que estos auxiliares, los janjawid temidos por sus ataques a las aldeas de Darfur, fueran declarados "fuerza regular" por Omar Al-Bashir quien, en 2018, los trasladó a Jartum.

Por su parte, Hemetti ha ido aumentando sus fuerzas, ayudado por el dinero que obtiene del envío de mercenarios a Yemen para ayudar a los saudíes. Su fuerza paramilitar tiene casi tantos hombres como el ejército nacional. Están bien pagados, bien entrenados y disponen de equipos modernos. La superioridad del ejército es que dispone de la fuerza aérea y de la artillería.

Por eso la RSF ha intentado apoderarse de aeropuertos y bases aéreas. No es de extrañar que la crisis abierta comenzara el pasado jueves en Meroe, al norte del país, donde pilotos egipcios se entrenaban con sus homólogos sudaneses. La RSF rodeó la base y ya el sábado por la mañana circularon vídeos que mostraban a oficiales egipcios prisioneros de los paramilitares, lo que agravó aún más la situación. Al parecer, los aeropuertos de varias ciudades fueron tomados por unos y retomados por los otros con el paso de las horas.

Hace varios meses, la RSF había intentado adquirir aviones y misiles antiaéreos, compras que fueron bloqueadas por el Estado Mayor. Todo el mundo se preparaba ya para la confrontación. “En los últimos tres meses, ha habido una gran oleada de reclutamiento tanto por parte de la RSF como del ejército en Darfur", explica Ahmed Gouja, de Nyala. La RSF ofrece más a los nuevos reclutas: la posibilidad de ser enviados a Yemen, que paga 50 ó 60.000 euros por una misión de nueve meses, y Land Cruisers para los líderes comunitarios. En consecuencia, el ejército nacional de Darfur es minoritario en comparación con la RSF.” El general Bourhan ha sido acusado de formar una milicia en el norte del país, de donde es originario.

Los civiles llevan negociando con esos dos componentes militares desde el inicio de la revolución, en diciembre de 2018. El primer acuerdo para compartir el poder, alcanzado en agosto de 2019, se hizo añicos con el golpe de octubre de 2021. Una coalición civil más amplia, las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC), una agrupación de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, volvió a retomar los trabajos. Las negociaciones posteriores contaron con el apoyo de una serie de hadas buenas: un mecanismo trilateral formado por la ONU, la Unión Africana y la IGAD, una organización regional; un cuarteto, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos; y Unitams (la Misión de la ONU de Apoyo a la Transición ).

El resultado fue un acuerdo marco firmado el 5 de diciembre de 2022 sobre el retorno del poder a los civiles, que fue visto inmediatamente con recelo y rechazado por algunos actores políticos y sociales.

Hay que decir que, aunque se preveía un gobierno civil, hay cinco cuestiones espinosas que se dejaron para negociaciones posteriores, y la cuestión del lugar de los militares no se decidió realmente. La conferencia sobre la reforma de las instituciones militares y de seguridad fracasó. “El ejército la redujo a la cuestión de cómo integrar la RSF, pero no debería haber sido eso", exclama Amgad Farid, ex jefe de gabinete del primer ministro civil Abdallah Hamdok. “La reforma debería desembocar en un ejército unificado sin agenda política y bajo control civil, no en una discusión sobre quién, Bourhan o Hemetti, conservará más poder".

Pero este enfrentamiento no está vinculado al proceso político que preveía el regreso de los civiles al poder. “Esta guerra formaba parte del golpe de Estado de 2021", afirma Amgad Farid. "La protagonizaron a partes iguales la milicia privada que es la RSF, al servicio de Hemetti y su clan, y el ejército. No podía haber equilibrio. Lo que está ocurriendo hoy es una lucha por saber quién controlará el país.”

El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su gran preocupación, y los principales actores internacionales han hecho un llamamiento a un alto el fuego... Pero, dice con rabia Amgad Farid, "todos esos dirigentes han empezado a tratar con Bourhan y Hemetti después del golpe, considerándolos actores políticos con los que negociar. No son actores políticos, ¡son criminales que dieron un golpe de Estado!”

"Si Sudán se derrumba, todos los demás países de la región sufrirán las consecuencias en materia de seguridad", declaró recientemente un diplomático occidental. El término “colapsar" puede parecer una exageración, pero el país lleva mucho tiempo desgarrado por tensiones centrífugas, y éstas se han acentuado mucho más desde el golpe de octubre de 2021. Si los "amigos de Sudán" no toman medidas rápidas y firmes, los proyectiles que silban sobre las cabezas de los civiles podrían señalar el principio del fin de este país.

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[Este martes, el Ejército de Sudán y la RSF han anunciado un acuerdo para un alto el fuego de 24 horas, después de unos combates que estallaron el sábado y que han dejado hasta ahora al menos 185 muertos y cerca de 1.800 heridos, según el último balance facilitado por Naciones Unidas. El líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, que ha mantenido durante las últimas horas una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha indicado que al hilo de estos contactos con Estados Unidos y "otras naciones amigas", las RSF han dado su aprobación a "un armisticio de 24 horas". "Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas de Sudán no han respetado este alto el fuego y han bombardeado zonas densamente pobladas, poniendo en peligro vidas civiles", ha agregado].

Traducción de Miguel López

Lo que sí ha ocurrido es que un general de Brigada que más de cien horas después sigue siendo 2º jefe de la Comandancia de Ceuta ha leído el discurso oficial del Día de la Inmaculada incluyendo párrafos con copias textuales del que leyó en Zaragoza hace 91 años otro militar, el golpista del 18 de julio de 1936. Tan incalificable comportamiento de un militar español lo ha denunciado el senador Carles Mulet, de Compromís. 

No puedo evitar las siguientes reflexiones.

Sobre tensiones en el Gobierno, algunos de sus miembros pensarán que la ministra Robles tendría que sancionar al general plagiador. Y si no lo piden será peor, pues nunca sabrán si habrían conseguido algo importante para incorporar en algunos militares más respeto por la legislación vigente.

Ayuso y Feijóo no dejan de anunciar que Sánchez tiene previsto proclamar la III República, un discurso que, en el hipotético caso de que no estuviera destinado de manera intencionada a inquietar a los militares, lo conseguiría igualmente, pues ¿quién se atreverá a no criticar a un Gobierno social-comunista español en medio de las intrigas privadas que se cruzan en las Salas de Banderas, por mucho que haya nacido de la voluntad popular?

Para terminar de “regalar los oídos” a los altos mandos militares, Feijóo acaba de inventarse que Sánchez está organizando la celebración de un referéndum consultivo en Catalunya, es decir, poniendo en peligro la sacrosanta unidad de España.

El panorama político se complica, sin saber si también se completa o existen más peligros, con unos barones del PSOE que parecen estar esperando la ocasión para volver a “matar” a su líder, como en 2016. Es mucho más difícil ahora, pues también preside un Gobierno, pero cosas mucho más sorprendentes se han visto en tiempos revueltos.

Me paro ahora en uno de los textos plagiados al golpista del 36 por el general de Ceuta y leo que destaca la obligación de cumplir las órdenes, “incluso cuando la mente aconseja lo contrario de lo que se nos manda”. Teniendo en cuenta que el general sabe que él, personalmente, ha incumplido el espíritu, y quizás incluso la letra, de la Ley de Memoria Democrática vigente, es lógico sospechar que del autor del discurso original podría copiar no solo sus palabras, sino también su comportamiento porque, ¿cómo olvidar que comenzó a matar proclamando que lo hacía para salvar la República, pero en 1947 restauró la misma monarquía que hoy sigue reinando en España?.

Por tanto, no podemos descartar que la historia se repita y ese discurso copiado, u otro similar en el futuro, pueda convertirse en el eslabón de un plan oculto y trazado contra la legalidad democrática ante el que sus víctimas no tendrían tiempo de reaccionar. Por suerte, esta vez no hay, de momento y que sepamos, aliados criminales que les salen siempre como setas a los malvados, nazis o fascistas disponibles para bombardear a inocentes.

En estos casos, el tiempo es oro para evitar que se convierta en un contador de muertos. Por tanto, es legítimo que reclamemos medidas desde el Ministerio de Robles y también que nos preguntemos si el Gobierno puede garantizar que conoce al milímetro todo lo que hace y deja de hacer quien, según el artículo 62 de la Constitución, ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y a quien llamo MASUFA para abreviar, pero solo entre nosotros.

Por mencionar un caso cercano, un tal Adolfo Suárez no se enteró a tiempo de las intrigas del anterior MASUFA con el general Armada, y así le fue.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sido sentenciada este viernes a diez años de prisión por el caso "Golpe de Estado II" en el que se le acusa de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta de la nación en 2019, informa Europa Press. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha condenado por unanimidad a una década de prisión para la expresidenta, quien ha reiterado en la última exposición de alegatos su inocencia.

"Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad", ha declarado la exmandataria, según ha recogido el periódico boliviano La Razón.

Asimismo, se han procesado a seis exjefes militares y policiales por los mismos hechos. El Tribunal ha condenado al excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de cárcel.

Por su parte, el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce, ha sido condenado a dos años de prisión; mientras que el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, ha sido condenado a tres años. Jorge Fernández, quien fue exinspector general del Alto Mando boliviano, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, según ha informado el medio digital Erbol.

Áñez, —en prisión preventiva desde marzo de 2021— está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.

El expresidente español José María Aznar y 22 expresidentes latinoamericanos, incluido el dirigente opositor boliviano Carlos Mesa, han criticado la sentencia a Áñez. "Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento", han argumentado los expresidentes en una declaración auspiciada por la conocida como Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En particular, los expresidentes critican el "el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional" que consideran que defendió Áñez tras la salida de Evo Morales y por ello han instado a la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la UE a "repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional".

Entre los firmantes están, además de Aznar y Mesa, Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México), Vicente Fox (Mexico), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Andrés Pastrana (Colombia), También figuran Óscar Arias (Costa Rica), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Jamil Mahuad W. (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Emesto Pérez Balladares (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez E. (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Al menos tres personas habrían muerto y 109 más estarían heridas a consecuencia de los disparos de las fuerzas de seguridad durante las multitudinarias protestas de este sábado contra el golpe de Estado del pasado lunes en el país africano, convocadas por la oposición bajo la consigna de la Marcha del Millón, según informa Europa Press.

El Comité de Médicos de Sudán, uno de los grupos más destacados de la sociedad civil del país, ha informado de estas tres muertes y ha responsabilizado de las mismas a las fuerzas militares sudanesas a través de un comunicado dado a conocer en sus redes sociales. "El espíritu de un tercer mártir del día, un joven de 20 años, se ha elevado a las alturas en el hospital después de recibir un disparo en el pecho por parte de las milicias del consejo militar golpista", ha hecho saber el Comité en su página en Facebook. "Hay muchos heridos en los hospitales de la capital y también en provincias de los que se dará información más adelante", ha añadido el grupo. Previamente había informado de dos fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad en Omdurman.

El último balance del Comité de Médicos de Sudán denuncia la "brutal violencia" de los militares y recoge que entre los heridos hay ocho por bala, siete en Omdurman, junto a Jartum, y uno más en Bahri. También hay manifestantes atendidos por el efecto asfixiante del gas lacrimógeno, por golpes de porras e incluso un atropello por un vehículo militar.

La oposición al golpe de Estado militar del pasado 25 de octubre ha salido este sábado a las calles estas dos grandes ciudades bajo la consigna de la Marcha del Millón para mostrar su oposición a la asonada y a su líder, el teniente general Abdelfatá al Burham. Varias columnas han comenzado la marcha desde distintos puntos de la capital sudanesa como Al Shayara, Kalalaka, Sur, y Nilo Oriental, pero las fuerzas de seguridad han cortado ya arterias clave como la calle Al Matar, la calle Obaid Jatam o la calle Al Sitín, informa el diario Sudan Ajbar.

Los manifestantes han coreado consignas contra el Ejército y exhibido pancartas contra el golpe de Estado, centradas en el líder militar, Abdelfatá al Burhan, al que exigen su dimisión. "No hay gloria en un gobierno militar" o "Este país es nuestro y nuestro gobierno es civil" son algunas de las frases que se han podido escuchar, informa la cadena panárabe Al Yazira.

Los vídeos e imágenes difundidos por redes sociales muestran a los manifestantes llenando las calles y a grupos levantando barricadas de neumáticos incendiados. La televisión sudanesa Al Sharq ha confirmado estrictas medidas de seguridad desplegadas en torno al Palacio Presidencial, el Cuartel General de las Fuerzas Armadas y otras sedes clave.

Protestas en 25 ciudades del país

Las protestas están convocadas en 25 ciudades de todo el país árabe, mientras que en el exterior hay actos convocados en medio centenar de sedes diplomáticas sudanesas. Exigen la liberación del primer ministro, Abdalá Hamdok, y de otros cargos detenidos por los militares, el fin del estado de emergencia y el restablecimiento de la vigencia del Documento Constitucional, suspendido desde el Golpe de Estado.

Mientras, el Gobierno democrático derrocado en el golpe de Estado ha instado a los miembros de las fuerzas de seguridad "que se abstengan de utilizar la violencia contra los ciudadanos que rechazan el golpe militar y socava la transición democrática". Además, ha hecho un nuevo llamamiento a ceñirse a los métodos de "resistencia pacífica". Además, en el comunicado, publicado en la página en Facebook del Ministerio de Información, denuncia el corte de las comunicaciones por teléfono móvil, líneas fijas e Internet. "Nuestro pueblo, que derrotó al régimen autoritario, es capaz de derrotar a todas las máquinas de matar y aterrorizar y continuar con su sueño de una patria democrática libre", sostiene.

El país está paralizado desde el pasado lunes, cuando las organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña de desobediencia civil que ha propiciado el cierre de colegios, universidades, organismos públicos, empresas, comercios y mercados.

Al menos 114 personas han muerto en más de 44 localidades de Birmania este sábado, 76º Día de las Fuerzas Armadas en el país asiático, por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que han salido a protestar una vez más contra el golpe de Estado militar del mes pasado, según el recuento formulado por el medio local 'Myanmar Now'.

"Hasta las 21.30 de esta noche (sábado 27), tenemos confirmación de que han muerto 114 civiles en 44 localidades de todo Birmania a manos de las fuerzas armadas del régimen del golpe de Estado. Entre los muertos hay 40 fallecidos en Mandalay y 27 en Rangún", indica el medio en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una tabla de víctimas elaborada a partir de declaraciones de activistas y testigos.

Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos registrados desde el inicio de las protestas contra el golpe de febrero, hasta este viernes. Los incidentes han ocurrido en diferentes manifestaciones convocadas en Rangún, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung y Kyeikhto.

Desde la oposición democrática han calificado ya la jornada como día de la vergüenza de las Fuerzas Armadas, con el Comité en Representación del Parlamento de la Unión (CRPH), una suerte de gobierno democrático clandestino formado tras el golpe por los parlamentarios electos de la Liga Nacional para la Democracia, a la cabeza.

Entre las víctimas mortales habría una niña de 13 años, según las fuentes del Myanmar Now, así como un joven de 21 años, identificado como Chit Bo Nyein, capitán del equipo sub-21 del club de fútbol del Hantharwady United, que recibió un disparo de las fuerzas de seguridad cuando ayudaba en la tetería de su familia en la localidad de Insein, en Rangún, según testigos a DPA. Además, Myanmar Now ha informado de un bebé de un año herido tras recibir el impacto de una bala de goma en Mayangone, en Rangún, cuando jugaba en la calle cerca de un contingente militar.

Mientras, la Embajada de Estados Unidos ha confirmado en las últimas horas un ataque a tiros contra el Centro Americano de Rangún, sin que por el momento se haya identificado a sus responsables. El ataque no ha dejado víctimas que lamentar.

Amenazas militares de "un tiro en cabeza"

Promesas de elecciones libres como la realizada este mismo sábado por el comandante en jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing, contrastan con anuncios como el realizado en la víspera por el canal de noticias estatal MRTV, que advertía a los civiles de que no salieran a las calles porque podrían recibir "un tiro en la cabeza o en la espalda".

Desde la dictadura denuncian que los jóvenes están siendo "engañados" por "secuaces extranjeros" y aseguran que solo se unen a las protestas porque "creen erróneamente que se trata de un videojuego". "Deberían sacarse conclusiones de las feas muertes anteriores. Podríais estar en peligro y recibir un disparo en la cabeza y la espalda. ¡No os dejéis engañar, niños y niñas!", ha emplazado la dictadura, al tiempo que ha apelado a las familias a evitar que sus hijos participen en las protestas.

Hasta ahora las autoridades militares defendían que se estaba haciendo un "uso mínimo de la fuerza para atajar las protestas" y que "no está permitido el uso de munición real". Las balas de goma teóricamente solo se disparan por debajo de la cintura.

Día contra la ocupación japonesa

Mientras, ajenos a todo al menos formalmente la cúpula militar ha celebrado en la capital del país, Naipidó, el inicio de la resistencia armada contra la ocupación japonesa, el 27 de marzo de 1945. El líder de la dictadura, el general Min Aung Hlaing, ha destacado en un discurso de 30 minutos que "el Ejército protegerá al pueblo de Birmania y se esforzará por la democracia". La presencia extranjera se ha limitado al viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha informado Myanmar Now.

Durante las protestas, como viene siendo habitual, los manifestantes han exigido la liberación de la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, ahora bajo arresto domiciliario después de la asonada, esta vez bajo el lema Día Contra la Dictadura Militar. El Ejército birmano ha denunciado que el partido de la detenida, la Liga Nacional para la Democracia, manipuló el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, detonante del golpe. El partido niega las acusaciones y pide a los militares que aporten pruebas de ello.

Mientras tanto, la enviada especial del secretario General para Birmania, Christine Schraner Burgener, ha vuelto a declararse enormemente preocupada por la violencia en curso cometida por las fuerzas de seguridad del país. "Entre los muertos se encuentran mujeres, jóvenes y niños", ha apuntado, antes de pedir "una respuesta internacional firme y unificada, hacia el restablecimiento del gobierno democráticamente elegido en Birmania".

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, también ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa el país y ha señalado que se encuentra "conmocionado" y "entristecido" por los indicios de que las "fuerzas de seguridad "están haciendo uso de la fuerza letal contra la población". En un comunicado, ha calificado estos actos de "brutales" y "horribles" y ha lamentado que estén afectando, además, a niños de corta edad, quienes también han muerto a manos de los militares. "Expresamos nuestras más profundas condolencias a los familiares y seres queridos de todas las víctimas y condenamos las acciones de las fuerzas de seguridad birmanas en los mayores términos", ha dicho antes de matizar que el "régimen no puede gobernar mediante el terror".

Por su parte, el equipo de la ONU desplegado en el país ha dicho estar también muy "preocupado" por el impacto de los acontecimientos políticos, especialmente en las áreas ahora afectadas por el conflicto. Así, ha explicado que el equipo está prestando ayuda a 1 millón de personas, aproximadamente, de las cuales un tercio son desplazados a nivel interno. Sin embargo, ha lamentado que el trabajo de las ONG se vea "obstaculizado por la falta de acceso al sistema bancario". La organización ha señalado, asimismo, que únicamente cuenta con un 10 por ciento de los 270 millones de dólares que necesita para ofrecer la ayuda necesaria a la población birmana.

Mientras, uno de los grupos armados de base étnica activos en Birmania, la Unión Nacional Karen, ha informado de un ataque contra un puesto militar cerca de la frontera con Tailandia en el que habrían muerto diez militares, incluido un teniente coronel, y uno de los atacantes.

La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) ha cuantificado 3.070 personas detenidas, imputadas o condenadas por delitos relacionados con las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero y cifra en 328 los muertos hasta el 26 de marzo.

Condena de la ONU, la UE y EEUU

Tras conocerse las noticias de la masacre, la ONU, la UE y Estados Unidos han condenado al unísono la intervención de las fuerzas de seguridad birmanas. Así, la ONU se ha declarado directamente "horrorizada" por lo que ha descrito como una "pérdida innecesaria de vidas".

Estados Unidos se ha sumado a la condena a través de un comunicado de su embajador en Birmania, Thomas Vadja. "En el Día de las Fuerzas Armadas las fuerzas de seguridad están asesinando a civiles desarmados, incluidos niños, las mismas personas que juraron proteger. Este derramamiento de sangre es espantoso", ha asegurado.

Por último, la delegación de la UE en Birmania ha declarado que este sábado "quedará grabado como un día de terror y deshonra". "La matanza de civiles desarmados, incluidos niños, son actos indefendibles", ha hecho saber la misión en su cuenta de Twitter.

La represión policial en las protestas contra el golpe de Estado en Birmania ha dejado ya 286 muertos, según el último parte de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), mientras familiares de algunos fallecidos denuncian que las fuerzas de seguridad de la junta militar intentan apoderarse de los cuerpos, según informa Europa Press.

En la última jornada se ha registrado la muerte de otras doce personas, de acuerdo a datos del colectivo, que ha cifrado en 2.906 los detenidos, imputados o condenados desde que se llevó a cabo el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, si bien este miércoles se ha liberado a más de 600 personas. El número de víctimas documentado por la AAPP es muy superior al que reconoce la junta militar, cuyo portavoz, el general Zaw Min Tun, ha dicho que son 164 los fallecidos "en disturbios, durante los cuales se cometieron incendios provocados y actos de vandalismo y violencia".

Pese a la represión, el pueblo birmano se mantiene en pie con sus protestas, que este miércoles se han materializado en una "manifestación silenciosa" por la que se han cerrado negocios y muchos se han quedado en casa en distintas ciudades del país, informa el medio independiente The Irrawaddy.

En los últimos días, el régimen ha ordenado la reapertura de negocios, que habían cerrado, por la fuerza y ha recurrido al trabajo forzoso para despejar las barricadas levantadas por manifestantes en las carreteras. Frente a ello y declaraciones de la junta militar que aludían a una situación de "normalidad" en el país, los manifestantes han optado por una huelga silenciosa para demostrar que no es así.

En Rangún, personal de supermercados y cadenas comerciales han sido convocados en el Ayuntamiento de la ciudad en una advertencia para que no se uniesen a la protesta, mientras los familiares han indicado al portal Myanmar Now que creían que los empleados, cerca de un centenar, se quedaría "retenidos".

Por otra parte, el Banco Central de Birmania, controlado por la junta militar, ha detenido a altos funcionarios de varios bancos privados para presionarlos a reanudar la actividad de los mismos, según ha declarado el personal al medio antes citado.

En medio de esta nueva jornada de protestas, familiares de fallecidos en la ciudad de Mandalay, la segunda más grande del país, han denunciado ante los medios que las fuerzas de seguridad de la junta están intentando hacerse con los cuerpos.

Una organización que ofrece atención a los heridos ha asegurado a The Irrawaddy que en marzo se han realizado al menos cuatro ceremonias fúnebres sin cadáveres porque estos habían sido incinerados por las fuerzas de la junta. Asimismo, ha avisado que los cuerpos recogidos por las autoridades podrían ser más debido a que se llevaron varios en los últimas redadas que se llevaron a cabo en la ciudad.

Preocupación por la ley marcial en Rangún

Sobre la situación en el país, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha expresado su "profunda preocupación" por la la imposición de la ley marcial en áreas periféricas de Rangún, como ha recordado el viceportavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq. "Miles de migrantes han abandonado el municipio de Hlaing Thar Yar, en Rangún, tras la imposición de la ley marcial el 15 de marzo. La OIM estima que aproximadamente 100.000 migrantes han regresado a sus comunidades de origen, principalmente el estado de Rajine y la región de Ayeyarwady, en busca de seguridad y protección", ha agregado.

Haq ha advertido que estas personas "están regresando a comunidades que ya están en peligro debido a los impactos de la toma de control militar", como la suspensión de servicios bancarios o escasez de alimentos. "Muchos migrantes, que se marcharon rápidamente y agotaron sus limitados ahorros, no pueden satisfacer sus necesidades básicas, incluidos alimentos y agua", ha lamentado.

Por otro lado, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha criticado este miércoles que la designación, por parte de la junta militar, de "asociación ilegal" del grupo que representa al gobierno electo de Birmania aumenta el riesgo de arresto de activistas y periodistas que informan sobre la situación. "El Consejo de Administración del Estado debería derogar inmediatamente la abusiva Ley de Asociaciones Ilícitas de 1957", ha demandado así la organización sobre esta legislación que permite al presidente del país declarar ilegal cualquier asociación que considere que "tiene por objeto interferir en la administración de la ley o en el mantenimiento del orden público" o "constituye un peligro para la paz pública".

La asesora legal para Asia de HRW, Linda Lakhdhir, ha señalado que esta ley "tiene un historial desagradable de ser utilizada para enjuiciar a activistas políticos y periodistas que informan sobre grupos de oposición".

Recientemente, esta ley se ha utilizado para censurar al Comité Representante de Pyidaungsu Hluttaw, por lo que la ONG ha incidido en que ahora se usará también contra personas que "informan" sobre las actividades de este grupo. "La Ley de Asociaciones Ilícitas es una reliquia colonial abusiva que debería haber sido arrojada a la basura hace años", ha reiterado Lakhdhir, para reclamar a la junta que la derogue y retire "todos los cargos que están pendientes en este momento".

La Justicia de Bolivia ha determinado este sábado mantener la orden de detención preventiva y ampliarla de cuatro a seis meses contra la expresidenta Jeanine Áñez, mientras avanza la investigación en su contra por presunta sedición, conspiración y terrorismo, en el caso golpe de Estado. Durante una audiencia de apelación extendida durante ocho horas, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia han solicitado a un juzgado de La Paz ampliar el período de reclusión a seis meses a los acusados y detenidos en este caso entre los que también se encuentran los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, informa Europa Press.

Frente a esta decisión, en la cuenta de Twitter de la exmandataria, se ha compartido un certificado médico con fecha de 18 de marzo de 2021 en la que se indica que "padece de hipertensión" y que "actualmente padece de un nuevo episodio de crisis hipertensiva" por lo que "se debe monitorizar y medicar de manera apropiada, para preservar el estado de salud".

Desde el pasado viernes, se ha solicitado el traslado de Añez a una clínica por su estado de salud, una decisión que fue avalada por un juzgado de La Paz pero revocada por la Procuraduría del país. Finalmente, la madrugada del sábado, Añez fue traslada desde la cárcel de Obrajes, donde estaba retenida desde el pasado lunes, hasta un nuevo centro penitenciario, el de Miraflores.

Esta decisión ha sido justificada "por razones de seguridad y para que cuente con condiciones y equipos para atender su problema de salud", según indicó el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias al diario La Razón.

El exministro Coimbra ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica esta decisión de "ilegalidad y abuso".

Los tres acusados habían sido enviados a la cárcel el domingo 14 en una audiencia cautelar en la ciudad de La Paz. Fueron aprehendidos en Beni en cumplimiento de órdenes fiscales emitidas dentro de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty para que se establezca responsabilidades en la dimisión del expresidente Evo Morales,Evo Morales en noviembre de 2019.

En un artículo anterior de este mismo blog (de fecha 23 de diciembre de 2020) ya se habló de la posible relación entre "inseguridad" y políticas de seguridad y defensa. Ahora, ya afortunadamente casi olvidado el episodio de las cartas y declaraciones antigubernamentales de militares retirados (no todos), que tanta incertidumbre y revuelo crearon inicialmente, quizás pueda analizarse el episodio más objetivamente a la luz de la citada relación entre "inseguridad" y políticas de seguridad y defensa.

Partimos de la base de la confianza en las mostradas actitud y comportamiento constitucionalistas de nuestras Fuerzas Armadas como institución y, por lo tanto, en la certidumbre de que en la España actual no hay ningún riesgo de golpe de Estado en su versión "armada" y, en consecuencia, cruenta. Incluso, los mismos agoreros de la "desastrosa" situación en que argumentaban se encontraba España, decían hacerlo para alertarnos del grave peligro que, a su parecer, estaban corriendo los valores y preceptos constitucionales y la propia Constitución.

Entonces, por qué tanto revuelo, por qué tanto artículo de prensa, tanto programa de televisión, tanta emisión radiofónica, tantos chats en las redes sociales, tanta conversación entre amigos. Porque, a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, hubo "inseguridad". Porque, en España, se confía en las Fuerzas Armadas (las encuestas sociológicas nos lo dicen), pero se desconfía, se sigue desconfiando, de los militares. Parece que no tiene sentido, pero es que a estas alturas ya deberíamos estar acostumbrados a que la realidad es real pero no "lógica"... desgraciadamente.

Porque España tiene una historia reciente de golpes de Estado militares (sin confundir estos con los pronunciamientos decimonónicos, que son otra cosa): el "blando", se le llama, del general Primo de Rivera en connivencia tácita con el propio rey Alfonso XIII, de 1923, que trajo una dictadura de casi siete años; el cruento de 1936, que ocasionó una guerra civil de tres años y un millón de víctimas y una dictadura posterior de treinta y cuatro años, o cuarenta si queremos contar la Guerra Civil y hasta la promulgación de la Constitución en 1978; y el felizmente "fallido" esperpento del 23 de febrero de 1981 y sus abortados epígonos de esa época. Y eso está en el inconsciente colectivo de la población (de una cierta proporción de la población, al menos), que diría un psicoanalista.

De modo que cuando suenan campanas de que hay militares que están pidiendo, más bien exigiendo por el lenguaje que usan, el cambio forzado y forzoso de un determinado Gobierno, la inseguridad salta. Porque la inseguridad es un sentimiento, no un razonamiento. La inseguridad se siente, es inconsciente y no siempre estamos seguros de por qué la sentimos. Alegóricamente se le llama "ruido de sables", aunque en nuestro caso reciente, un buen humorista lo transformara en "ruido de dentaduras postizas", dada la avanzada edad de los primeros y principales agoreros.

Ahora bien, ¿es justo, tiene base, que muchos españoles continúen desconfiando de la actitudes y pretensiones políticas de nuestros soldados mientras siguen concediendo una alta valoración al desempeño que ven día a día de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Se conoce, conocemos, lo que piensan los militares, como individuos, como ciudadanos? No, no lo sabemos. ¿Alguien se ha preocupado de investigarlo? Si lo hay, ¿ha hecho públicas las respuestas científicamente encontradas?

No se trata, por supuesto, de investigar si votan a este o a aquel partido o si prefieren estas o aquellas opciones y medidas de carácter político o social. No nos tienen por qué interesar, porque estas prioridades forman parte de los inviolables derechos individuales de opinión y libre expresión, que incluye el derecho a no responder si no se quiere responder. Se trataría, más bien, de investigar "mentalidades" sobre asuntos más ideológicos que concretos, interpretaciones que se tienen sobre lo que dicen la Constitución y las principales leyes que determinan el desarrollo político, social y económico del país y la convivencia nacional. Especialmente, en el caso que nos ocupa y preocupa, de aquellas partes o artículos de las mismas que tratan aspectos relativos a la seguridad, a la defensa nacional, a las Fuerzas Armadas o a la convivencia entre españoles.

Porque si algo se pudo ver en el tenso periodo de las cartas y manifiestos antigubernamentales fue que –en términos generales, aunque desde luego hubo excepciones– tanto firmantes como críticos de dichos documentos lo hacían "en nombre y en defensa de la Constitución y de la legalidad vigente". Equivocados los unos o los otros, cada uno que crea lo que crea que tiene que creer, lo cierto es que a lo que se asistió fue a una confrontación de interpretaciones de unos mismos textos legales. Nada nuevo en la historia.

Y una de esas interpretaciones de la Constitución, de la legalidad y de en qué consiste –o debería consistir– la convivencia nacional, fue la que creó sensación de "inseguridad" en amplios sectores de la población. ¿Por qué? Porque eran militares quienes la sostenían. No hubiera sido lo mismo, no es de hecho lo mismo, si hubieran sido peritos, fresadores o bomberos.

Pero ¿todos o la mayoría de los militares? No, la crearon militares retirados fundamentalmente (tampoco todos, ni siquiera la mayoría). Lo que hace, creo, pertinente la pregunta de si esas erradas interpretaciones son generalizables a un colectivo relativamente heterogéneo como el militar. Porque de la respuesta o respuestas a estos interrogantes depende que la sensación de "inseguridad" ciudadana sea, justificadamente, mayor, menor o inexistente.

Y hablo de respuesta o respuestas porque probablemente la "respuesta" no puede ser unánime. Si queremos (¿necesitamos?) saber "qué piensan los militares", tenemos que saber qué piensan ("cómo interpretan") en cada sector sociológico en que puedan agruparse los miembros de las Fuerzas Armadas por edad, por graduación, por origen social o territorial, por las características del arma, cuerpo o destino... por lo que los sociólogos crean científicamente adecuado.

¿No serían estas investigaciones también "política de defensa"?

Enrique Vega Fernández, Coronel de Infantería ahora retirado.

Al menos diez personas han muerto y 19 han resultado heridas este sábado durante las cargas policiales en las últimas protestas convocadas en Birmania contra el golpe de Estado propinado el mes pasado por los militares del país, informa Europa Press.

Cinco personas perdieron la vida en dos manifestaciones convocadas en el centro financiero del país, Rangún, y la localidad de Pyay, en la región de Bago, mientras que otras cuatro fallecieron durante otra manifestación a primera hora de este sábado en la ciudad de Mandalay, donde además se registraron 19 heridos, la mitad de ellos en estado crítico.

Según informan fuentes del portal de noticias Myanmar Now, entre las víctimas de Mandalay se encuentran una mujer y tres hombres, entre ellos un monje budista. El décimo fallecido fue identificado en la región de Magway, según las fuentes del portal, mientras que el saldo total de detenidos durante las últimas horas asciende ya a 36.

A pesar de la represión, los manifestantes han vuelto durante las últimas horas a las calles de Mandalay, donde decenas de miles de ingenieros y estudiantes de ingeniería pidieron a gritos el fin de la dictadura militardictadura militar y la liberación de los líderes detenidos, incluida la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi. "Las fuerzas de seguridad están tratando de asustarnos para que no nos unamos a las protestas callejeras en los próximos días", ha explicado a la agencia DPA Aung Myo Nyunt, un manifestante estudiantil de 20 años en Mandalay. "Sus esfuerzos serán en vano", ha asegurado.

Los soldados y la policía antidisturbios han obligado a los funcionarios y empleados públicos en huelga en ciertos sectores a regresar a trabajar, ya que el movimiento de desobediencia civil amenaza con un colapso de los servicios, incluidos los de banca, salud, educación y transporte. La junta pidió a todos los bancos que reabrieran el lunes y dijo que se tomarían medidas si los prestamistas no obedecían.

Asimismo, también se ha dado a conocer que la Embajada alemana en Rangún ha pedido a las autoridades birmanas que se aseguren de que el periodista polaco de la agencia DPA, Robert Bociaga, detenido el jueves por las autoridades en el centro del país, recibe "un trato justo y humano". "La Embajada, también en nombre de la Embajada de Polonia en Bangkok, ha solicitado formalmente a Birmania que informe sobre el paradero exacto del ciudadano polaco detenido, que le conceda acceso consular inmediato y que proporcione información por escrito sobre el motivo de su detención y entrega de cargos", ha informado la Embajada en su cuenta de Facebook.

El reportero, de 30 años, fue presuntamente golpeado y herido durante su arresto, según otro periodista de Khit Thit Media. Las fotos que acompañaban al mensaje mostraban a Bociaga rodeado por una docena de hombres uniformados y levantando las manos para protegerse.

Desde que comenzó el golpe, más de 80 personas han fallecido, según Naciones Unidas, y la cifra de personas detenidas supera las 2.000, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés). Los arrestos además han afectado también a los más vulnerables y ONU Mujeres ha denunciado que seis mujeres han muerto y cerca de 600 han sido detenidas durante las protestas.

En la misma línea, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recalcado a través de la página de Facebook de su filial en Birmania que la situación "continúa escalando alarmantemente" y que al menos nueve menores de edad han muerto. Asimismo, estiman en 700 la cifra de menores arrestados y denuncian que a muchos se le ha negado el acceso a un abogado.

Una clase de aeróbic, una profesora con mascarilla, convoyes militares de fondo y la difusión en Facebook. Mezclados, estos elementos representan una de las últimas imágenes de nuestra sociedad actual, el reflejo de la nueva normalidad. Pero repasemos lo ocurrido. 

Khing Hnin Wai es una profesora de Educación Física que se encontraba al aire libre grabando una clase de aeróbic para luego subirla a su cuenta de Facebook. Hasta aquí, todo normal. ¿Cuántas clases deportivas se han podido grabar en este año de pandemia? Pero si observamos en el fondo de las imágenes, mientras la instructora realiza los ejercicios, se puede apreciar un control de seguridad delimitado por vallas y fuerzas militares y como a los pocos segundos aparecen vehículos militares. Poco después, el jefe del Estado Mayor de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, anunciaba el estado de emergencia en el país. Esta clase se había convertido en la grabación de un golpe de estado.

La mañana del primero de febrero, mientras Khing Hnin Wai grababa su clase, se produjo el golpe militar. Los militares golpistas argumentan que en las pasadas elecciones generales de noviembre, que dieron el triunfo al partido Liga Nacional para la Democracia de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, hubo fraude electoral, a pesar de que los observadores internacionales no habrían detectado irregularidades, y prometen nuevas elecciones el próximo año. Desde el inicio del golpe de Estado se han producido manifestaciones por todo el país pidiendo el retorno de la democracia, el reconocimiento de los resultados electorales y la liberación de los detenidos, mientras Naciones Unidas confirma hasta la fecha decenas de muertos. La joven y débil democracia surgida en 2011 se tambalea y los fantasmas de la dictadura militar que gobernó durante cinco décadas reaparecen a través de un vídeo de Facebook.

A la misma velocidad que se extendía la noticia del golpe, se viralizaba el vídeo de la clase de aeróbic, aunque también surgían las primeras dudas. ¿Era un vídeo real o un montaje? ¿Es posible que la profesora no se diera cuenta que convoyes militares estaban pasando a su espalda? Aunque el escenario es cuanto menos inusual para unas clases, lo cierto es que en su cuenta de Facebook podemos encontrar otros vídeos anteriores similares con el mismo fondo: la gran y solitaria avenida Yaza Htarni que lleva al Parlamento, situada en la capital del país, Naypidó. Facebook mostraba de esta manera unas imágenes para la historia que no habían podido recoger los medios de comunicación. 

Por su parte, la Junta Militar tomó el control de las comunicaciones y decretó el corte de internet en el país, tal y como confirmó una de las principales operadoras del país, Telenor. ¿El motivo? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Myanmar habría ordenado a las operadoras de telefonía móvil el cierre temporal de la red de datos en el país, dejando operativos los servicios de voz y SMS, con el argumento de evitar la difusión de noticias falsas y garantizar la estabilidad del país. Era el inicio de una serie de interrupciones que se han ido repitiendo en las últimas semanas. Esta situación comportó que millones de personas no pudieran hacer uso de internet en un país en el que aproximadamente el 40% de la población está conectada, impidiendo de esta manera el uso de las comunicaciones digitales con el exterior y la difusión de mensajes, fotografías o vídeos que podrían comprometer a los golpistas. 

Este hecho es un ejemplo más de los cambios que ha comportado el espacio cibernético en nuestras sociedades, incluso en la gestión de los golpes de Estado. A lo largo del siglo XX, uno de los objetivos principales de cualquier golpe o movimiento insurreccional en sus primeras fases no ha sido otro que intentar hacerse con el control de las comunicaciones, según las tecnologías existentes en cada época, como han podido ser la telefonía, la radio o la televisión. En nuestros días, debido a que el entorno digital se ha erigido como la principal vía de comunicación de millones de personas, también se ha convertido en un objetivo prioritario para culminar con éxito un golpe militar. 

Sin embargo, la interrupción de internet no es una práctica exclusiva de los episodios golpistas, sino que es una práctica cada vez más extendida por parte de los gobiernos. Según la organización de derechos digitales Access Now, durante el año 2020 se produjeron más de 150 cortes intencionados de la Red en 29 países, la mayoría situados en Asia del Sur, África y Oriente Medio –India lidera esta lamentable práctica con más del 70% de los casos registrados, seguida de Yemen, Etiopía y Jordania– con los argumentos de mantener, de nuevo, el orden y la estabilidad política, pero con el telón de fondo de silenciar protestas y evitar las posibles denuncias de violaciones de derechos humanos. De hecho, tal y como señala el mismo informe, la situación de bloqueo de internet en Myanmar no es nueva, sino que desde 2019 se impuso un apagón digital en los estados de Rakhine y Chin, donde gran parte de la población es de etnia rohingya. 

Debido a la actual dependencia de internet, en el último año estos cortes no han tenido únicamente consecuencias desde una perspectiva de ocio, sino que ha limitado la capacidad de millones de ciudadanos para comunicarse, expresarse o informarse. Por ejemplo, millones de usuarios utilizan la Red para estar en contacto con sus familiares y amigos o para compartir sus opiniones, pero también como el principal ámbito para informarse, sobre todo a través de las distintas redes sociales que se han convertido para muchos en los medios de comunicación en sí mismos. A través de estas aplicaciones los usuarios siguen a determinados medios informativos y leen sus contenidos por las distintas notificaciones que les aparecen. En otras ocasiones, las noticias les llegan a través de los distintos grupos a los que pertenecen o mediante la viralización de las propias noticias. 

En los últimos años el crecimiento de las redes sociales ha sido tan meteórico que nos impide distinguir su alcance y sus límites. Sirva como ejemplo el uso de los productos de la compañía de Mark Zuckerberg. En el primer trimestre de 2020, alrededor del 65% de las personas conectadas a internet –es decir, casi 3.000 millones de personas– habría utilizado algún producto de la compañía norteamericana, como por ejemplo Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. Y esta posición otorga un poder que no es neutral. En las últimas semanas, paralelamente al golpe de Estado en Myanmar, Facebook ha sido noticia por su choque frontal con el gobierno australiano, el cual estaba tramitando una propuesta de ley para que las compañías tecnológicas pagaran a los medios de comunicación por los contenidos compartidos en sus plataformas. Como muestra de su rechazo a esta iniciativa, la compañía estadounidense bloqueó los contenidos informativos, dejando de esta manera a los usuarios australianos sin acceso a las noticias. 

Si bien los objetivos que se persiguen con la interrupción de internet por parte de un gobierno o de militares golpistas son distintos al bloqueo de determinados contenidos por parte de una compañía tecnológica –en este último caso, económicos–, lo que debe ponernos en alerta es la fragilidad con la cual los ciudadanos podemos ver limitados nuestros derechos como consecuencia de nuestra dependencia digital. 

A partir de las revueltas que se iniciaron a finales del año 2010 en el norte del Magreb y en Oriente Medio, conocidas como las primaveras árabes, internet en general y las redes sociales en particular, abrían un nuevo horizonte esperanzador para aquellas sociedades que estaban bajo regímenes autoritarios. Sin embargo, tan sólo una década después, la realidad apunta en otra dirección. Casi con total seguridad muchos gobiernos están tomando buena nota de los beneficios que les puede reportar la interrupción de internet en determinados momentos. Las libertades digitales se han convertido también en derechos fundamentales que hay que defender. En nombre de la estabilidad y el orden se han cometido algunas de las mayores atrocidades del siglo pasado, no permitamos que internet sea otra vía más para silenciarnos en el siglo XXI. 

15.15. Montero defiende el papel de Juan Carlos I frente al 23F y pide "rigor" en la interpretación de la Historia. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el papel que tuvo Juan Carlos I frente al intento de golpe de Estado y, aunque ha dicho respetar todas las opiniones, ha abogado por ser "fieles con la realidad y con el rigor" al recordar estos hechos históricos. "Nadie puede dudar de la aportación que el rey Juan Carlos hizo a la democracia de este país. Creo que esto es un hecho objetivo que todos los expertos de todas las condiciones ideológicas así transmiten", ha manifestado. En este sentido, ha señalado que "la presencia pública del rey aquel día marcó un punto de inflexión en el desarrollo de esos acontecimientos, teniendo en cuenta que era el jefe de las Fuerzas Armadas y que eran las Fuerzas Armadas las que protagonizaban ese golpe de Estado".

14.57. Iglesias ve un "clamor social" ante la huida de Juan Carlos I mientras gente "va a la cárcel por tuit o una canción". El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la monarquía ya no es "condición de posibilidad" para que haya democracia en España, frente a lo que ocurrió en la Transición y ante el avance del republicanismo, y ha subrayado que existe en el país "un clamor social" ante la huida del rey emérito Juan Carlos I mientras hay gente que "va a la cárcel" por escribir un tuit o una canción. En cuanto a la ausencia de Juan Carlos I en este evento, dado que es uno principales protagonistas de ese acontecimiento histórico, el vicepresidente ha señalado que a "muchos ciudadanos" le llama la atención que se "pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o hacer una canción", cuando el rey emérito está "huido en Emiratos". Con ello, ha deslizado la situación generada por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. También ha aprovechado Iglesias su comparecencia ante los medios para rendir un homenaje, mediante una insignia, a la unión militar demócrata ante una fecha como el 40 aniversario del 23F, que fue un "momento difícil para la democracia en la que algunos mandos intentaron un golpe de estado otros dijeron que solamente hubieran necesitado el 'ok' del entonces rey para darlo".

14.07. Almuerzo tras el acto. Tras el acto de conmemoración del 23F, el rey, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Carmen Calvo, la presidentas de Congreso y Senado, los presidentes del Supremo y el Tribunal Constitucional y los ponentes de la Carta Magna Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, acudirán juntos a un almuerzo. 

13.40. Los presentes. En el acto, que ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos, han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Asimismo, han asistido los cuatro vicepresidentes del Gobierno, al igual que el líder del PP, Pablo Casado. También han estado invitados los dos únicos 'padres' de la Constitución que aún viven, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

13.30. Defensa de la Constitución. "La Constitución de 1978 significa, en nuestra larga historia, el reencuentro y el entendimiento entre los españoles, su unidad en los valores democráticos y en nuestros derechos y libertades, y su confianza en una España en la que caben y se reconocen todos los ciudadanos. Y hoy, cuando celebramos la victoria de la democracia aquel 23 de febrero del año 1981, es una ocasión muy oportuna para reconocer y ensalzar la plena vigencia y fortaleza de sus valores y principios; y para reafirmar y renovar el compromiso de todas las instituciones del Estado con nuestro sistema democrático de derechos y libertades. Se lo debemos a quienes lo defendieron entonces; se lo debemos a las nuevas generaciones en cuyas manos estará el futuro de España; se lo debemos, en definitiva, al pueblo español que, días después de aquella noche que hoy recordamos, manifestó de manera ejemplar su defensa de la libertad, la democracia y la Constitución", ha finalizado el rey.

13.29. "Un bien delicado". Asimismo, el rey ha defendido la necesidad de que tanto ciudadanos como instituciones protejan la democracia porque "es un bien delicado que precisa del mayor cuidado y de un respeto y dedicación permanente por parte de todos" y porque su erosión pone en peligro "los derechos y libertades de los ciudadanos". "El rechazo institucional y ciudadano a la ruptura de nuestro marco de convivencia fue decisivo para detener y vencer aquel golpe de Estado. Igualmente, la honda convicción democrática de los parlamentarios y miembros del Gobierno, que durante aquellas largas horas del 23 al 24 de febrero de 1981 fueron retenidos aquí en esta Cámara, confirmó el sentir de los ciudadanos a los que representaban y a los que servían", ha añadido. "El aniversario que hoy recordamos nos obliga a valorar con serenidad y rigor el principio democrático insustituible que fundamenta nuestra convivencia. El respeto al Estado social y democrático de Derecho en el que España se constituye desde 1978 y que hemos construido durante más de cuatro décadas, paso a paso y hombro con hombro, es condición previa y necesaria para esa convivencia y para el progreso de nuestra sociedad", ha dicho.

13.28. Felipe VI reivindica a su padre: "Su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia". Felipe VI ha ensalzado la "firmeza" con la que su padre, Juan Carlos I, respondió a la intentona golpista del 23F y ha hecho una rotunda defensa de la necesidad de proteger y preservar la democracia porque "es un bien delicado". "Hace hoy 40 años España vivió un ataque de extraordinaria gravedad contra su sistema democrático de derechos y libertades, aprobado por la Constitución de 1978. El Congreso de los Diputados permaneció temporalmente cautivo por la actuación de fuerzas contrarias al camino de libertad y progreso emprendido por los españoles con una gran ilusión y esperanza en el futuro", ha dicho el rey durante su discurso.

13.15. Batet habla en el acto sobre el 23F: "El intento de golpe de Estado pertenece al pasado y resulta inconcebible para la sociedad de hoy". "Recordamos hoy que hace 40 años nuestra democracia supo responder con firmeza y con éxito para derrotar el intento de golpe de Estado y para proteger los derechos de los ciudadanos", ha comenzado la presidenta del Congreso de los Diputados. "Celebramos el ininterrumpido compromiso de la democracia con la sociedad española, de la prensa y de los emdios de comunicación", ha comentado en su discurso, "gracias a todos ellos el intent pertenece al pasado y resulta inconcebible para la sociedad española de hoy". También ha advertido que las amenazas a la democracia en la actualidad se basan en la "deslegitimación e intrumentalización de las propias herramientas democráticas para para desnaturalizarla y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales: el pluralismo, las libertades, la igualdad de las personas y la cohesión social". Pero ha querido destacar que, "fruto del triunfo de la Constitución en esos días", hoy existe "una democracia reconocida en el mundo y plenamente integrada en la comundiad internacional" en neustro país.

13.00. El rey ha llegado al Congreso de los Diputados. Felipe VI ha llegado al acto conmemorativo del 23F en el Congreso, donde le esperaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

12.49. En Comú espera que el acto sobre el 23F no sea un "lavado de cara" de la monarquía y defiende revocar si inviolabilidad. El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha asegurado que el acto conmemorativo del 23F que se celebrará este martes no puede consistir en un "lavado de cara" del rey Felipe VI y ha defendido que se debe acabar con la "inviolabilidad" de la corona. En rueda de prensa en el Congreso, ha subrayado que el intento frustrado de golpe de estado de hace 40 años fue una amenaza de "involución franquista" y que se orientó para que la sociedad no pidiera "más democracia", reivindicara mejores salarios o se reconociera la plurinacionalidad del España.

12.17. Vox recuerda que tiene el doble de votantes que los partidos que plantarán al rey este 23F. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado este martes que su formación tuvo en las últimas elecciones generales el doble de votos que las cinco formaciones juntas que promueven un 'plantón' al rey en el acto que celebra el Congreso de conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado del 23F. En rueda de prensa, Espinosa de los Monteros ha acusado a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG y CUP de "atacar los cimientos de las instituciones", querer "destrozar la convivencia de los españoles" e incluso instigar un golpe de Estado "a cámara lenta". Sin embargo, ha recordado que todos ellos juntos sumaron dos millones de votos en los comicios de noviembre de 2019, que aunque es una cifra "no despreciable", es la mitad de los apoyos que obtuvo Vox. "No perdamos de vista que, aunque sean muchos partidos, son la mitad de los que votaron a Vox", ha pedido.

12.08. El PNV justifica su ausencia del acto del 23F en que desconoce qué se celebra y la "bruma" en torno al golpe de Estado. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha justificado la ausencia de su partido en el acto del Congreso por el cuadragésimo aniversario del fracaso del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en que desconoce qué se celebra y en la "bruma informativa" que aún sigue existiendo en torno a ese episodio, y no porque el rey Felipe VI vaya a presidir esta ceremonia. "No se trata de ningún desacato ni de dar portazos a nadie. La presencia del rey no es lo que nos motiva a no ir al acto", ha aclarado Esteban en rueda de prensa, donde ha recalcado que lo que le desconcierta de este acto es que se vaya a "conmemorar" un golpe de Estado y que el Congreso lo haya organizado sin contar con la opinión de los grupos parlamentarios, que desconocen los textos que se leerán en el mismo.

12.06. Arrimadas ve una "anomalía" que el Gobierno tenga como socios a los que buscan "destruir" la democracia de 1978. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "anomalía democrática" que el Gobierno de España tenga como socios a partidos nacionalistas e independentistas que han rechazado participar en el acto de este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y que proclaman su intención de "destruir" la democracia constitucional. "Hoy no están los nacionalistas y separatistas vascos, catalanes y gallegos porque realmente no celebran que la democracia española solventara este reto y se consolidara" porque "ellos también aspiran a destruirla de otras formas", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja antes de asistir al acto oficial, que estará presidido por el rey Felipe VI y en el que además se celebra la vigencia de la Constitución de 1978.

11.43. Errejón reclama la desclasificación de los documentos sobre el 23F, que ahora se aborda como un "cuento palaciego". El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha instado al Rey Felipe VI a aprovechar la efeméride del intento de golpe de Estado del 23F para anunciar reformas en favor de la transparencia de la institución y, también, ha demandado la reactivación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y desclasificar los documentos que arrojen luz sobre este acontecimiento. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Errejón ha asegurado que existe un interés es narrar el frustrado golpe de estado como si fuera un "cuento palaciego" centrado en las decisiones de "cuatro o cinco hombres" que se pusieron de acuerdo para hacerlo fracasar.

11.12. Moreno defiende la "fortaleza" de la democracia y reivindica la Constitución y el Estatuto de Autonomía como garantes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este martes, cuando se cumplen 40 años del golpe de estado del 23F, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía como garantes de la democracia y de la libertades de todos. En su cuenta en Twitter, Moreno ha indicado que hoy hace 40 años que intentaron quebrar la democracia, pero "nuestro sistema se sobrepuso y demostró su fortaleza" y lo "hará siempre".

11.05. Los partidos independentistas piden "desclasificar todos los documentos" relacionados con el 23F y "esclarecer el papel de la Casa Real". "No hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte "luz y taquígrafos" a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el Golpe de Estado del 23F", reza la proposición no de ley presentada por los grupos independentistas con el objetivo de "desclasificar" el 23F. Esquerra Republicana, EH Bildu, Junts per Catalunya, Pdecat, CUP y BNG han firmado este documento en el que piden "desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F". "Es necesario reconstruir las conexiones existentes con países

extranjeros, su tutelaje sobre los acontecimientos, y finalmente esclarecer el papel de la Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama", reza el texto.

10.58. Los grupos independentistas explican por qué no participan en el homenaje del 23F: "Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y de la memoria democrática". "Este Estado y los pilares que lo sostienen son el candado que impide que la ciudadanía catalana, vasca y gallega, así como también las clases populares de este Estado, avancemos hacia un escenario democrático basado en la libertad nacional y la justa y necesaria libertad social", ha comenzado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. "Somos fuerzas políticas que compartimos el objetivo de ruptura democrática con el Régimen del 78". "Es hora de conocer todo lo ocurrido en nombre de la verdad y de la memoria democrática", afirman.

10.19. Aguado recuerda el 23F: "Nuestra democracia salió fortalecida gracias al firme compromiso del rey". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha recordado que el 23 de febrero de 1981 con el intento del golpe de estado en España, la democracia "salió fortalecida gracias al firme compromiso" del Rey Juan Carlos I. "Hace 40 años nuestra democracia salió fortalecida de un intento de golpe de estado gracias al firme compromiso del Rey, de la clase política y de la ciudadanía", ha trasladado Aguado a través de su cuenta de Twitter.

10.18. Ibarra cree que el rey emérito debería estar en el acto del Congreso sobre el 23F con independencia de sus "errores". El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha considerado que el Rey Emérito Don Juan Carlos I debería estar presente en el acto que se celebra este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 en España, "independientemente de cuáles sean sus errores, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer". Tras reconocer que él —que estaba presente en aquel momento como diputado— salió vivo del asalto al Congreso el 23F "gracias al rey" y que le tiene eso no lo olvidará "nunca", Rodríguez Ibarra ha incidido en que él le tiene por ello "un aprecio especial" a Don Juan Carlos, una persona que "como todo el mundo tiene en su haber y en su deber muchas cosas" pero que, a su juicio, debería estar este martes en el Congreso como "una forma de reconocer quiénes fueron los protagonistas de la salvación de España en unos momentos tan delicados y tan duros como esos (el 23F)".

08.00. Representantes de los poderes del Estado. Acudirán al acto los ponentes de la Constitución, los cuatro vicepresidentes del Gobierno, los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. También está prevista la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, en su calidad de líder de la oposición. Así las cosas, Sánchez y Casado se verán las caras en este acto cuando sus partidos están ultimando un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de dos años. De entrada, ERC, PNV, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG y la CUP ya han avanzado que no acudirán a esta cita, en línea con lo que suelen hacer en los actos en los que participa el rey o que conmemoran los aniversarios de la Constitución. Quienes sí han confirmado su asistencia, además del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, es Unidas Podemos, que apoyó la celebración de este aniversario en la Mesa del Congreso, así como Más País-Equo y buena parte del Grupo Mixto.

07.30. La presidenta del Congreso abrirá el acto. El rey Felipe VI presidirá este martes el acto organizado por el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y de paso celebrar la vigencia de la Constitución española de 1978. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, será la encargada de abrir esta ceremonia, que comenzará a la una del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos y, tras su intervención, tomará la palabra el Jefe del Estado. Batet recibirá al rey en la Carrera de San Jerónimo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Como suele ser habitual cuando acude al Congreso, Felipe VI, acompañado de los representantes de las altas instituciones del Estado, accederá al Palacio por la conocida como Puerta de los Leones y se dirigirá al Escritorio del Reloj para saludar a los invitados.

La junta militar de Birmania ha advertido a los manifestantes que "sufrirán pérdida de vidas" si las protestas continúan, después de registrar el fin de semana más violento desde el golpe de Estado y unas horas antes de que empiece la huelga general convocada para este lunes, según ha informado Europa Press.

El Consejo de Administración del Estado de Birmania ha asegurado este domingo por la noche en la emisora estatal MRTV que "los manifestantes han elevado su incitación hacia la revuelta y la anarquía".

Así, según recoge CNN, ha añadido que "los manifestantes ahora están incitando a la gente, especialmente a los adolescentes y jóvenes emocionales, a un camino de confrontación donde sufrirán la pérdida de vidas".

En Rangún, la ciudad más poblada de Birmania, se han bloqueado las carreteras hacia algunas embajadas extranjeras, como la de Estados Unidos, con un alambre de púas.

Según los vídeos que circulan por las redes sociales, también se han visto vehículos policiales y militares por las calles.

Hasta el momento, han muerto tres personas debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Al menos dos personas han muerto este fin de semana en Mandalay cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los trabajadores de los astilleros en huelga, mientras que otra joven de 19 años ha fallecido en Naipyidó, la capital del país, a causa de un disparo en la cabeza, también en el marco de las movilizaciones de protesta en Birmania.

El país está a menos de 24 horas de una jornada crítica: este lunes, miles de personas van a participar en todo el país en lo que se considera la mayor manifestación contra las autoridades militares desde el principio de esta crisis.

La manifestación irá acompañada de una huelga general que pretende rivalizar con el día de los Cuatro Ochos, cuando millones de personas salieron a las calles el 8 de agosto de 1988 para desafiar al Gobierno de la entonces república socialista. De hecho, la huelga del lunes se conoce ya, popularmente, como el día de los "cinco doses".

El Ejército de Birmania ha emitido una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio tras el golpe de Estado dado el lunes contra la hasta entonces líder de facto del país, Aung San Suu Kyi.

Según las informaciones recogidas por el diario birmano The Myanmar Times, consultadas por Europa Press, los militares han publicado una nota instruyendo a todos los pilotos que no vuelen al país sin permiso, orden que se extiende hasta las 23.59 horas (hora local) del 31 de mayo.

Asimismo, el Ejército ha revocado todos los permisos de despegue y aterrizaje desde Birmania, lo que incluye los vuelos humanitarios, según estas informaciones. Tras el golpe, los militares instauraron un estado de emergencia durante el periodo de un mes.

Por su parte, la Liga Nacional para la Democracia (NLD) ha reclamado la liberación inmediata de Suu Kyi y la del presidente del país, Win Myint, así como la del resto de miembros del Gobierno detenidos por los militares durante la asonada, dada poco antes de que se constituyera el nuevo Parlamento.

El Comité Ejecutivo Central del partido ha recalcado que el golpe viola la Constitución e "ignora la soberanía del pueblo", tal y como ha recogido el diario birmano The Irrawaddy. Así, ha reclamado al Ejército que reconozca los resultados de las elecciones y vuelva a convocar al Parlamento.

En este sentido, ha criticado además que las acciones de los militares suponen "una enorme disuasión" para la transición democrática en el país asiático y de los esfuerzos para democratizar el país, superar la pandemia de coronavirus y avanzar hacia la paz y el desarrollo.

El golpe fue ejecutado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que se impuso de forma aplastante la NLD y tras las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades.

Las quejas opositoras están encabezadas por el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), que mantiene lazos con el Ejército, si bien no ha presentado pruebas que demuestren un fraude. Pese a ello, las Fuerzas Armadas dejaron entrever su malestar por estas presuntas irregularidades.

El Ejército, que cuenta con el 25% de los escaños en el Parlamento, según la Constitución, elevó el tono y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada" días antes de la asonada.

El golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y la detención de la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, ponen punto final en Birmania a un experimento democrático que comenzó hace una década y que ha estado marcado en estos últimos años por las reiteradas denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos, especialmente contra la minoría rohingya, según informa Europa Press.

Las Fuerzas Armadas han marcado el devenir del país asiático durante las últimas décadas, desde que en 1988 se hiciesen con el poder. La junta militar, rebautizada como Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo en la década de los noventa, estableció un férreo régimen represivo que se cebó especialmente contra la oposición política, encarnada por Suu Kyi.

La líder de la Liga Nacional para la Democracia, hija de Aung San, fundador del Partido Comunista birmano y parte esencial de la independencia, regresó a Birmania en 1988 y pronto emergió como símbolo de las movilizaciones contra la junta. En 1989, fue detenida por primera vez, hasta el punto de pasar enclaustrada en su vivienda de Rangún gran parte de las dos décadas siguiente.

Pasó 15 de los 21 años transcurridos hasta 2010 encerrada en su casa, lo que le concedió un aura de activismo que tenía también el aval de un premio Nobel de la Paz --concedido en 1991, no lo pudo recoger--. La junta militar le concedió la libertad en noviembre de 2010, seis días después de unas inéditas elecciones parlamentarias, en un primer gesto que fue aprovechado por Suu Kyi en los años posteriores.

Al año siguiente, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo quedó disuelto oficialmente y dio paso a un gobierno civil liderado por el general retirado Thein Sein. El pasado militar se hizo palpable en la composición de este nuevo Gobierno, pero se sentaron las bases de un tímido aperturismo que culminaría con nuevas elecciones generales en 2015.

Elecciones de 2015

Entonces, la Liga Nacional para la Democracia hizo su valer su popularidad con una mayoría absoluta que sentó las bases de lo que ha sido Birmania en los años posteriores. La Constitución, sin embargo, prohíbe ser presidente a quienes no tengan la nacionalidad birmana o estén o hayan estado casados con ciudadanos extranjeros, como era el caso de Suu Kyi.

La premio Nobel asumió este límite, pero el Parlamento avaló la creación de un cargo a su medida, el de consejera de Estado, y Suu Kyi se ha mantenido durante estos últimos años como líder de facto del Gobierno birmano. La comunidad internacional aplaudía una transición democrática y el país volvía a estar abierto al mundo, como quedó de manifiesto en 2012 con la histórica visita del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Sin embargo, el optimismo de la nueva era se topó de bruces con una realidad que ponía en cuestión que Birmania hubiese pasado página. Las Fuerzas Armadas seguían teniendo un amplio margen de actuación y la actividad de grupos armados en ciertas zonas ponía en duda los acuerdos de paz suscritos años atrás y la capacidad de las nuevas autoridades para responder a los desafíos.

El punto de inflexión, sin embargo, llegó en agosto de 2017. Una serie de atentados desencadenó en el estado de Rajine una violenta ola represiva por parte de las Fuerzas Armadas, con los rohingyas como principal objetivo. Esta minoría musulmana, marginada históricamente hasta el punto de no tener derecho siquiera a la nacionalidad, se convertía de nuevo en objetivo.

Investigadores de la ONU concluyeron que hubo "intención genocida" en las operaciones lanzadas entonces por los militares, que forzaron a más de 700.000 personas a cruzar al vecino Bangladesh y a malvivir en unos campamentos que han llegado a sumar casi un millón de refugiados. Naciones Unidas considera a día de hoy que no se dan las condiciones para un retorno seguro.

El fin del mito

El Gobierno y las Fuerzas Armadas se esforzaron por defenderse frente a cualquier crítica, al mismo tiempo en el que Suu Kyi perdía su aura de mito y pasaba a convertirse en objetivo recurrente de críticas. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos plantearon incluso la posibilidad de retirarle el Nobel de la Paz, a lo que el Comité Noruego respondió aclarando que no era posible.

Con la transición ya en cuestión y las Fuerzas Armadas reivindicándose como actor de primer nivel, llegaron las elecciones parlamentarias de noviembre de 2020, en las que de nuevo la Liga Nacional para la Democracia logró una holgada victoria frente al Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, bastión político de los militares.

La oposición no escatimó críticas contra estos comicios y el tono se elevó en los últimos días, con las Fuerzas Armadas hablando abiertamente de la posibilidad de tomar el poder si no se asumían sus criterios. Así, la jornada en la que debía comenzar a funcionar el nuevo Parlamento ha sido la de una nueva asonada que retrotrae a Birmania a épocas pasadas.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control del país auxiliados por el vicepresidente, Myint Swe —nombrado precisamente por los militares—, y han proclamado el estado de emergencia. Prometen convocar elecciones una vez concluya este periodo, en principio decretado durante un año.

Suu Kyi vuelve más de una década después a estar entre rejas. A través de un comunicado de su partido, ha pedido a la población que "resista con firmeza" a las acciones de una "dictadura militar", mientras las calles de las principales ciudades, como Naipyidó y Rangún, vuelven a estar patrulladas por las Fuerzas Armadas.

El Ejército de Birmania ha asumido el poder del país y ha declarado el estado de emergencia durante un año tras la detención de los principales líderes y miembros del partido gobernante Liga Nacional para la Democracia (NLD), entre ellos el arresto de la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, ha informado Europa Press.

Así lo ha informado la televisión militar Myawaddy este lunes, después de los rumores extendidos durante la última semana de un posible golpe de Estado por parte de los militares tras las elecciones de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas.

La televisión controlada por los militares era la única que seguía en antena tras la toma de poder del Ejército.

La declaración emitida ha sido firmada por el presidente interino, el exgeneral Myint Swe, hasta ahora vicepresidente. Como presidente en funciones, Swe ha transferido todo el poder al comandante en jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, mientras dure el estado de emergencia de un año.

Los militares ocupan las calles de la capital, Naipyidó, y de la ciudad principal, Rangún, mientras que se han cortado las líneas telefónicas y de internet, según ha informado la BBC.

Presuntas irregularidades electorales

Tras los comicios electorales de noviembre en Birmania, en los que el NLD se hizo con la victoria, la oposición ha rechazado los resultados y altos cargos militares se habían pronunciado en contra de los mismos recientemente. Aunque el NLD obtuvo suficientes escaños en el Parlamento para formar un Gobierno, el Ejército había pedido que se pospusiera la convocatoria del Legislativo, que estaba prevista para este lunes.

Las detenciones se han producido en la madrugada del lunes, horas antes de que el Parlamento de Birmania comenzara su sesión de apertura tras las elecciones de noviembre, en las que el NLD obtuvo 396 de los 476 escaños, mientras que el Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtuvo 33 escaños.

En los últimos días se había elevado la preocupación ante las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, que llegó a afirmar que la Carta Magna podría ser "revocada", dejando entrever la posibilidad de un golpe de Estado militar. El Ejército cuenta con el 25% de los escaños en el Parlamento, según la Constitución.

Condenas internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado este lunes al golpe reclamando "la inmediata liberación de todas las personas detenidas y el restablecimiento del proceso democrático" en Birmania. Lo ha hecho en un mensaje publicado en Twitter en el que también ha incidido en que "la Constitución y los resultados electorales deben ser respetados".

En la misma línea se ha pronunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, condenando "enérgicamente" el golpe de Estado y reclamando "la liberación inmediata de los responsables electos detenidos esta madrugada". "Las disputas electorales deben resolverse pacíficamente y por los cauces legalmente previstos", ha sostenido el departamento que dirige Arancha González Laya en su Twitter. Según Exteriores, "las elecciones del 8 de noviembre permitieron expresar la voluntad democrática al pueblo de Birmania" por lo que "sus resultados deben ser respetados".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" la detención de Suu Kyi, del presidente, Win Myint, y de otros dirigentes políticos en vísperas de la sesión de apertura del nuevo Parlamento de Birmania.

Asimismo, ha expresado su "grave preocupación" por la declaración de "la transferencia de todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a los militares", según ha comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en lo que ha considerado "un grave golpe para las reformas democráticas del país".

La UE también ha condenado el golpe. "Condeno firmemente el golpe del Ejército en Birmania. Se trata de una violación de la constitución del país y un intento de derrocar el deseo del pueblo birmano y su compromiso con la democracia, expresado en las pasadas elecciones de noviembre", ha señalado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado. El jefe de la diplomacia europea ha lamentado que las acciones del Ejército recuerdan a "episodios dolorosos de otras décadas". "La democracia debe prevalecer. Estamos en contacto con nuestros socios internacionales para asegurar una respuesta coordinada", ha asegurado. 

En la misma línea se ha expresado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha condenado el golpe militar y ha pedido la libertad de los líderes birmanos. "El resultado de las elecciones debe respetarse y restaurarse el proceso democrático", ha señalado en un mensaje en Twitter. Por su lado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha denunciado el golpe y ha hecho hincapié en que se restaure el Gobierno civil y se ponga en libertad a los detenidos, según ha informado en otro mensaje en la misma red social.

También Estados Unidos ha mostrado su preocupación, tanto el presidente, Joe Biden, a través de la secretaría de Prensa, Jen Psaki, como el secretario de Estado, Antony Blinken, han pedido que se libere "a todos los funcionarios gubernamentales y líderes de la sociedad civil y respeten la voluntad del pueblo de Birmania expresada en las elecciones democráticas del 8 de noviembre".

Psaki ha advertido de que Estados Unidos "tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten", algo en lo que ha insistido Blinken a través de un comunicado, subrayando que "los militares deben revertir estas acciones inmediatamente".

El rebrote de la extrema derecha en forma de cartas al rey que mandos militares ya jubilados plagaron de ataques al Gobierno y la existencia del chat destapado por infoLibre y donde se llegó a defender el fusilamiento de "26 millones de hijos de puta" ha dejado huella visible en la Pascua Militar, una de las ceremonias castrenses más importantes del año. Pero la huella no la ha marcado el rey sino la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha lanzado un ataque en toda regla contra la "minoría" cuyos "delirios" buscan "perjudicar el inmenso prestigio" de un Ejército guiado "por la más estricta neutralidad política" y que defiende "si fuera necesario con su vida" la Constitución y los valores democráticos.

La alocución de la ministra precedió a la de Felipe VI, quien nada más arrancar le agradeció su "clara exposición" sobre la situación y los desafíos que deben afrontar las Fuerzas Armadas pero que evitó cualquier atisbo de condena por lo sucedido con esa minoría a la que Robles acababa de definir como "insignificante". En lo que desde enero de 2018 se ha convertido en un leitmotiv de sus mensajes del 6 de enero, el jefe del Estado enfatizó el poder de la Constitución: "Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado; una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola".

¿Significa su agradecimiento a las palabras de la ministra y a su "clara exposición" que el rey secunda el auténtico mazazo de Robles a quienes con sus misivas a Zarzuela, alineadas con el discurso de Vox, y sus mensajes en el chat de la XIX promoción del Aire sacaron a la superficie la sombra del legado franquista? ¿Encierra un mensaje en clave la frase en la que tras afirmar que la Constitución "reconoce las libertades y los derechos" añade que consagra "también los deberes a los que todos estamos sujetos"? No se sabe. Y dificulta cualquier interpretación definitiva el precedente del mensaje de Nochebuena, donde Felipe VI dribló cualquier referencia al escándalo de su padre y deslizó tan solo que los valores éticos "están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales y familiares".

En las palabras dirigidas esta Pascua Militar a la cúpula del Ejército en presencia del presidente, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, la ya citada Margarita Robles, e Interior, Fernando Grande-Marlaska, el rey no ha dedicado tampoco ni una sílaba al asunto del rey emérito, todavía en el destierro voluntario que emprendió tras conocerse que había ocultado fondos multimillonarios en paraísos fiscales. Ni una sílaba tampoco ha destinado al debate abierto sobre si habrá una Ley de la Corona o si la Casa Real dará algún paso para visibilizar su compromiso con una legislación sobre transparencia que obliga a más de 70.000 cargos públicos a publicar sus bienes pero no al jefe del Estado.

La titular de Defensa no nombró ninguno de los episodios que desde noviembre han aumentado la preocupación sobre el verdadero peso que los afines a la dictadura franquista mantienen dentro de unas Fuerzas Armadas cuya actuación durante la pandemia y su intervención en conflictos internacionales ocupan un papel central en cuanto a la imagen que proyectan sus miembros. Ni mencionó ninguna de las cuatro misivas cursadas en supuesta defensa de la democracia por militares jubilados, buena parte de los cuales firmaron en 2018 un manifiesto de adhesión a Franco. Ni citó siquiera de paso el chat de la XIX del Aire. Ni la fiesta de la Escuela Naval de Marín donde jóvenes alumnos coreaban el himno de la División Azul, la unidad que batalló en la Segunda Guerra Mundial en las filas nazis.

Pero sus palabras resultaron inequívocas cuando, tras ensalzar la solidaridad de las Fuerzas Armadas con las víctimas del coronavirus y su compromiso con los valores democráticos desde "la más estricta neutralidad política y defendiendo si fuera necesario con su vida la Constitución", les imprimió un giro drástico: "Por ello, nadie tiene derecho y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros Ejércitos, con la plena conciencia y agradecimiento de la sociedad española. Una insignificante minoría, que sólo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo, que ni merece ni tiene y que cuestiona irresponsablemente las bases de la convivencia en España, solo merece el rechazo más absoluto, por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses".

Pasando de largo por lo sucedido en los dos últimos meses, el rey se centró en defender la primacía absoluta de la Constitución como hace cada año desde el 6 de enero de 2018, la primera Pascua Militar celebrada tras el referéndum independentista catalán. "La Constitución –proclamó el monarca– es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español".  "Todos –agregó– estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado; una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola". El jefe del Estado remarcó que la Carta Magna es el "reflejo de España, fuente de cohesión, marco y garantía de convivencia, de estabilidad y de solidez democrática".

Tras destacar la entrega y el valor de las Fuerzas Armadas, el rey ha puesto en primer plano cómo los militares han estado y siguen "apoyando y animando a los ciudadanos, y aliviando el sufrimiento y la soledad de muchas personas y familias". "Habéis reaccionado con iniciativa, inmediatez y eficacia, realizando cometidos difíciles y variados por toda España". La sociedad –ha añadido– ha sentido "muy cerca" a los militares y tiene "plena confianza" en su profesionalidad y "entusiasmo".