Una sábana pegada a la ventana sirve de pancarta improvisada. En ella puede leerse Stand with Ukraine (Apoya a Ucrania). Hace unos meses, esta guerra obligó a Luba Krutenko y a su marido Aleksandr a abandonar su país natal. Esta rusa de 33 años vive ahora en una zona residencial de Bonn (Alemania).

En el piso de su hermana, donde se ha instalado con Aleksandr, se sienta frente a una mesa en el centro de una terraza alargada. Abajo, un tobogán y un trampolín ocupan el centro del jardín. Luba señala el piso de enfrente: “Ahí vive mi tío". Entre sorbo y sorbo de té, Luba rebobina su historia, la que la llevó de Moscú a la que era capital de la República Federal de Alemania antes de la caída del Muro de Berlín.

Su marcha tomó forma el pasado septiembre. El día 21, el presidente Vladimir Putin decretó la movilización de los ciudadanos para ir al frente ucraniano. Opuestos desde el principio a esta guerra, la pareja decidió abandonar Moscú, donde Luba es arquitecta y Aleksandr trabaja como profesor. Tras una escala en Kazajstán, obtuvieron un visado humanitario para Alemania. "Nos fuimos por la movilización, por supuesto, pero también porque ya no nos sentíamos seguros", dice hoy Luba. Un temor que ha ido en aumento a medida de la escalada del conflicto ruso-ucraniano.

Luba recuerda perfectamente el 9 de mayo de 2022, Día de la Victoria en Rusia. La población celebraba la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Había un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú y muchos rusos lucían retratos de héroes de guerra en una concentración conocida como el "Regimiento Inmortal". Ese día, Luba sentía que no tenía nada que ver con las conmemoraciones. A primera hora de la tarde, salió de su piso y se dirigió a la estación de metro de Volokolamskaya, en el noroeste de la ciudad. Tenía previsto encontrarse con una amiga para ir a apoyar a activistas que estaban procesados. Pero no fue así.

Una vez dentro de la estación de metro, Luba escaneó su billete. Hay cámaras equipadas con reconocimiento facial instaladas sobre las puertas de acceso. Al bajar las escaleras mecánicas, dos policías la detuvieron. En su ordenador, uno de ellos mostró dos fotografías suyas. Una recién tomada a la entrada del metro y otra más antigua para comparar. "Recuerdo que era de buena calidad, pero no recordaba de dónde procedía. Pensé que un banco, que en Rusia están muy vinculados al gobierno, podría haberles pasado la imagen", continúa preguntándose.

A medida que avanzaba la conversación, Luba se dio cuenta de que la imagen había servido de base de investigación a un sistema de reconocimiento facial de las cámaras de la red de metro. En Moscú hay muchísimas cámaras", dice, "y sólo en esta ciudad las vemos conectadas a algoritmos y sistemas de inteligencia artificial".

Desde hace varios años, Moscú es uno de los mayores laboratorios de pruebas de esta controvertida tecnología. Un cambio radical de seguridad que se inició con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Hoy en día, se dice que hay cerca de 180.000 cámaras vigilando las calles de Moscú, 100.000 de las cuales están conectadas a un software de reconocimiento facial desarrollado por la empresa NTechLab. Esta empresa ha ido pasando poco a poco a manos de Rostec, la agencia pública militar-industrial rusa, dirigida desde 2007 por Sergei Chemezov, ex agente del KGB y amigo íntimo de Putin.

Localizada por esos ojos digitales, Luba fue obligada a acompañar a los agentes a comisaría, donde permaneció varias horas. La policía le dijo que la detenían porque probablemente iba a participar en una manifestación contra la guerra en Ucrania que se organizaría para el 9 de mayo.

Luba no tenía intención de hacerlo, pero sí lo había hecho en el pasado y la policía lo sabía. En febrero se había manifestado en San Petersburgo contra el inicio de la guerra en Ucrania. Lo repitió el 6 de marzo, esta vez en Moscú. En cada ocasión, pasó varias horas en comisaría. Desde entonces no han dejado de llegarle cartas.

En la terraza del piso de su hermana, Luba se levanta de su asiento. Entra en casa y regresa unos minutos después con una carpeta plastificada en la mano. Saca varios documentos y los coloca sobre la mesa de madera. Tras las detenciones, Luba recibió varias cartas de las autoridades rusas y las guardó con cuidado.

Acusada de participar en una manifestación espontánea, se enfrenta a quince días de cárcel, pero se niega a obedecer las instrucciones de la policía y acudir a comisaría.

En abril, dos policías llamaron al timbre de su piso de Moscú. Luba no les abrió. La policía acabó llamándola por teléfono. “Les dije que no estaba en Moscú", explica. Me respondieron que había un programa de reconocimiento facial conectado a la cámara de la entrada de mi edificio, y que sabían que estaba en casa. Pero no sé si es verdad. Estas llamadas son sólo una forma de presionarnos, de coaccionarnos para no manifestarnos.

¿Esta identificación por reconocimiento facial en los pasillos del metro es una nueva etapa de la intimidación policial? Aún hoy, Luba no puede estar segura. Una cosa es cierta: esta vigilancia digital ha acentuado su sensación de inseguridad en su país natal. “Te vuelves paranoica, piensas que te pueden reconocer en cualquier sitio y que el Estado puede averiguar si vas a una manifestación", suspira. “Miraba las cámaras por todas partes e intentaba ocultar mi rostro. Es una tecnología realmente insana.”

El reconocimiento facial se utiliza para reprimir a activistas y opositores al régimen, como constata la organización no gubernamental rusa OVD-Info. Aleksandr admite que ésta es una de las razones por las que la pareja, como muchos de sus amigos, ha abandonado el país.

Algunos viven ahora a pocos kilómetros de Bonn, o en el norte de Alemania, en Bremen. Otros se han quedado en Rusia, donde son detenidos con frecuencia, como Mijail Lobanov, un político de izquierdas muy crítico con el gobierno actual y por el que Luba hizo campaña en las elecciones parlamentarias de 2021.

De momento, la pareja se adapta a la vida alemana y aprende la lengua de Goethe. Nada fuera de lo común para Luba, que vivió sucesivamente en Bruselas, Viena, Copenhague y Madrid durante sus estudios de urbanismo. Aunque Aleksandr aún no ha encontrado trabajo, ella está ayudando en la Universidad de Aquisgrán, en un programa de arquitectura.

Pero Luba no se ha olvidado de Rusia. Espera volver este verano para visitar a sus padres y a su hermano en Tver, una ciudad industrial entre Moscú y San Petersburgo. Aunque el gobierno no la busca, admite que le da "un poco de miedo" volver a casa. ¿Por temor a ser identificada por reconocimiento facial? "La verdad es que no. Al fin y al cabo, no he hecho nada malo, ¿verdad?

Traducción de Miguel López

El Tribunal Supremo anuló el pasado 22 de febrero el convenio colectivo de una empresa de seguridad de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Sólo una semana antes, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas admitía a trámite la querella que había presentado el fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, su mujer, dos de sus primos y otras cinco personas por desviar fondos y bienes para evitar su embargo. Ramírez es el dueño del grupo Ralóns y antes lo fue de Seguridad Integral Canaria (SIC), una de las empresas de seguridad privada que más contratos públicos consiguió durante toda la crisis gracias a sus bajos salarios.

Entre esos cinco querellados se encuentran también el gerente de la citada Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Jacobo López Redondo, así como el director general de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, Antonio Redondo Álvarez, y su administrador, Jesús Miguel Acosta Ramos. En su informe, el fiscal intenta demostrar que tanto Sinergias de Vigilancia como Marsegur-Novo Segur son propiedad de Miguel Ángel RamírezMiguel Ángel Ramírez, una tesis que los sindicatos del sector llevan años esgrimiendo y el polémico empresario canario siempre ha negado.

Tanto estas dos empresas como Seguridad Integral Canaria, que fue vendida por Ramírez el pasado mes de junio a su administrador durante años, Héctor de Armas –también parte de la querella–, han sido el blanco de las denuncias de los sindicatos por sus pésimas condiciones laborales. Las tres aprovecharon la reforma laboral de 2012, que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, para establecer unos salarios que recortaban hasta en un 40% los fijados para el resto del sector. Gracias a ello, se hicieron con un buen número de concursos públicos. Pero su grado de cumplimiento de los contratos ha dejado mucho que desear. Los retrasos en el abono de las nóminas cuando no el impago total de los sueldos ha sido una constante en estas empresasuna constante en estas empresas. Sólo el año pasado los vigilantes han denunciado la falta de ingreso de los salarios en centros públicos de Córdoba, Málaga, Canarias y Alicante.

Uno de ellos es también la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Encargada de gestionar las subvenciones para los cursos de formación destinados a ocupados y parados, la Fundae es una fundación estatal –la mayoría de su patronato corresponde al Estado– en la que participan la patronal y los sindicatos más representativos. En noviembre de 2017 la Fundae adjudicó a Sinergias de Vigilancia y Seguridad un contrato de dos años para vigilar su sede central en Madrid por importe de 341.331 euros. Con ese dinero debía pagar a seis vigilantes. Sin embargo, lleva meses retrasando el pago de las nóminas y desde enero, ha dejado de abonarlas. Los vigilantes empezaron a protestar el pasado mes de septiembre con el apoyo de los sindicatos. Incluso el resto de la plantilla de la Fundae hizo un plante en solidaridad con ellos.

Los incumplimientos de Sinergias de Vigilancia y de Marsegur ya han supuesto la rescisión de sus contratos en otros ministerios como el de Defensa y en gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha. Pero ni las denuncias constantes de los trabajadores ni la pérdida de estos servicios han impedido al resto de las administraciones seguir concediéndoles contratos. Es más, el principal adjudicador a estas dos empresas, pese a su pésimo cumplimiento laboral, ha sido el Ministerio de Empleo. Desde 2015, Sinergias de Vigilancia consiguió 54 contratos, de los que 17 corresponden al Ministerio de Empleo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. De los 13 adjudicados a Novosegur, dos proceden de ese mismo departamento. Sólo en los tres meses de este año, ya con el nuevo Gobierno, Sinergias de Vigilancia se ha hecho con seis concursos públicos, de los que uno procede de la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Castellón y dos de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. También el Instituto de la Juventud le ha encomendado que vigile sus instalaciones en Madrid. Y la Agencia Tributaria de Canarias, pese a que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de ese organismo, se han encargado de realizar seguimientos por orden de la Fiscalía a los nueve querellados por desviar fondos para no pagar al fisco y a la Seguridad Social.

El 12 de diciembre de 2018 la comisión permanente de la Fundae, que actúa en delegación de su patronato, decidió tomar cartas en el asunto. Tanto los sindicatos como la CEOE exigieron a la gerencia que rescindiera el contrato con la empresa de seguridad. “La Responsabilidad Social Corporativa debería incluirse también en los pliegos de condiciones de los contratos de los ministerios”, explica el responsable de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, quien reclamó a la Fundae que se respetara un mínimo de “calidad” en la contratación. “La gerencia nos contestó que estudiaba diferentes fórmulas para rescindir con Sinergias”, confirma también la secretaria general de Formación de CCOO, Lola Santillana. El 28 de febrero pasado la Fundae envió a la empresa de seguridad la comunicación de que resolvía el contrato con efectos a 30 de abril, 10 meses antes del plazo fijado en el concurso. El motivo, “incumplir las condiciones esenciales del contrato”.

“Un gesto que la fundación debe a estos trabajadores”

Pero para la CEOE, este paso no es suficiente. “La Fundae debe hacer algo más, debe actuar de forma más proactiva”, insta el representante de la patronal en la fundación Manuel San Juan. “En la Fundae el Ministerio de Trabajo posee la mayoría y su patronato lo preside la secretaria de Estado de Empleo”, subraya, “por lo que es inadmisible que estos trabajadores no cobren sus nóminas”. Además, los vigilantes no tienen expectativa alguna de que la situación se vaya a corregir en los próximos meses ni pueden esperar el tiempo necesario para que otra empresa se haga carga del servicio y subrogue a la plantilla, advierte San Juan. La Fundae publicó el pasado día 1 el anuncio de un concurso negociado y sin publicidad para contratar a una “empresa puente” que preste el servicio de vigilancia durante un año mientras se tramita el concurso abierto para sustituir a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se ha invitado a ese procedimiento a siete empresas, según las fuentes consultadas por infoLibre. Es decir, los trabajadores aún tendrán que esperar un par de meses, por lo menos, antes de que otra empresa los contrate y empiece a pagarles en tiempo y forma. La previsión es que haya una nueva empresa al cargo del servicio el 1 de mayo.

Por eso, la CEOE presentó a la Fundae y al SEPE una “propuesta formal”, destaca San Juan, para que presentaran una querella criminal por delito contra los derechos de los trabajadores contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad. “La Fundae ha pagado puntual y religiosamente a esta empresa las cantidades estipuladas en el contrato, por lo que no tiene motivo para incumplir con sus trabajadores”, protesta el directivo de la CEOE. Ese delito está castigado con penas de prisión entre seis meses y seis años. “Sólo por la composición de la Fundae”, recalca, “no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores delante de nuestras narices”. Se trata de un “gesto que la fundación debe a estos trabajadores”, pero también de una acción clara contra las empresas que compiten de forma desleal, razona.

Aunque la gerencia de la Fundae se ha comprometido a “analizar posibles respuestas legales” ante las actuaciones que realice Sinergias de Vigilancia una vez comunicada la resolución del contrato, ni la fundación ni el SEPE parecen estar muy dispuestos a presentar la querella y convertirse en acusación particular en este caso. “Lo están estudiando”, asegura Manuel San Juan. La Fundae, a través de una portavoz oficial, dice no tener constancia de la propuesta hecha por la CEOE y se limita a contestar que está haciendo “todo lo posible para resolver una situación no deseada” además de reclamar a la empresa que pague las nóminas. Al SEPE  tampoco le consta la petición de la patronal, según contesta su portavoz. Tendrán que ser los trabajadores quienes reclamen individualmente en el juzgado los salarios que les deben, explica.

Tampoco responden la Fundae y el SEPE a la pregunta de si retendrá a Sinergias de Vigilancia la garantía de depósito o aval que están obligados a formalizar las empresas cuando firman un contrato público. El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, lamenta que sean “pocas las administraciones que lo hacen” cuando se presenta un problema de estas características. Las fuentes de la fundación consultadas, no obstante, explican que la empresa pretende que le devuelvan el aval depositado y que utiliza el impago de las nóminas como “forma de presión”. Así, la Fundae teme que Sinergias se quede con la fianza y no abone los salarios.

Denuncias en la Inspección de Trabajo y en los juzgados

Tanto Seguridad Integral Canaria como Marsegur-Novo Segur se encuentran en concurso de acreedores, pero no Sinergias de Vigilancia. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se le avecinan nuevos problemas. USO ya ha presentado una denuncia en la unidad central de la Inspección de Trabajo para reclamarlas cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar desde 2015 por la diferencia entre el salario cobrado por sus trabajadores y el que debería haberles pagado la empresa si hubiera respetado el convenio sectorial. Según los cálculos de Basilio Febles, la suma asciende a un millón de euros por un total de casi 700 trabajadores repartidos por toda España. Además, el sindicato ha convocado una asamblea para informar a los vigilantes de su derecho a exigir ante los tribunales que les resarzan de los salarios dejados de percibir los últimos cuatro años en virtud del convenio anulado.

Antes también fueron anulados por los tribunales los convenios casi idénticos de Seguridad Integral Canaria y Marsegur-Novosegur. “Este modelo de empresas pirata se acaba”, avanza Basilio Febles, “pero surgen otras…”. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde noviembre de 2017, pretendió terminar con los problemas que la prevalencia otorgada al precio en la valoración de las ofertas de un concurso ha desencadenado en los últimos años, con unas administraciones abocadas al ahorro para recortar el déficit. Así que estableció en el 49% el límite del peso del precio en la puntuación final. “Pero ahora se están añadiendo otras cláusulas que, aunque no son precio directo, terminan siendo precio igualmente”, advierte el responsable de USO, “como por ejemplo, que se premie con puntos a las empresas que regalan bolsas de horas u ofrezcan vehículos”.

“El precio no lo es todo”, concede por su parte Manuel San Juan. A la vista está con el pobre y tumultuoso recorrido que ha tenido el low cost de la seguridad privada en las administraciones públicas.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha abierto diligencias previas tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía contra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario de seguridad privada, y otras ocho personas más, entre familiares y empleados, por desviar fondos y bienes de Seguridad Integral Canaria (SIC) para eludir el pago de los 14,8 millones de euros que adeuda a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La titular del juzgado considera que, del relato de los hechos y de la documentación que aporta el fiscal, se aprecian indicios suficientes de los delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. SIC se declaró en concurso de acreedores el 3 de enero de 2018.

La descripción que hace la fiscalía de las operaciones desarrolladas por Miguel Ángel Ramírez para evitar al fisco y a la Seguridad Social desvela, además, el entramado de sociedades y personas que el empresario canario ha utilizado no sólo para no pagar, sino también para ocultar que él es el propietario real de otras firmas de seguridad cuya titularidad siempre negó. Según consta en el auto con el que la jueza abre diligencias y al que ha tenido acceso infoLibre, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera hicieron seguimientos a los querellados.

Así, además de Ramírez, el fiscal se querella contra Margarita Robayna Curbelo, esposa del empresario, dos primos de éste, Jorge y Manuel Hernández Ramírez; contra Héctor de Armas, actual propietario de SIC y antes su administrador; Alicia Rosa Pérez Sánchez, administradora de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y apoderada de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, ambas empresas de seguridad low cost; Jacobo López Redondo, gerente de Sinergias de Vigilancia y Seguridad; Antonio Redondo Álvarez, director general de Marsegur-Novo Segur; y Jesús Miguel Acosta Ramos, administrador de esta última sociedad. En el relato de la fiscalía también aparecen el padre de Ramírez, Francisco Segundo Ramírez Méndez, propietario de un 1% de las acciones de Sinergias de Vigilancia y al mismo tiempo empleado suyo, así como dos de sus hijas, contratadas en la misma empresa.

Según explica la jueza en el auto, las actuaciones bajo investigación revelan que Ramírez es el titular real de todas esas empresas y que se sirve de “familiares y amigos” como “detentadores de las participaciones o cargos sociales” a fin de “evitar ser descubierto” en el intento de “desviar fondos para eludir su embargo”.

De acuerdo con la Fiscalía, SIC debía a Hacienda a fecha de 26 de junio de 2018 un total de 7,06 millones de euros por retenciones practicadas a sus trabajadores pero no ingresadas en la Agencia Tributaria, por el IVA repercutido a sus clientes pero no ingresado en las arcas públicas, y por un número de actas levantadas por la Inspección por el impuesto sobre sociedades. Además, la empresa adeuda 6,46 millones de euros por cotizar a la Seguridad Social por su plantilla menos de lo legalmente establecido, tras ser anulado por el Tribunal Supremo su polémico convenio de empresa, que fijaba salarios por debajo del convenio del sector, más otros 1,3 millones de euros por no pagar las cotizaciones durante cinco meses de 2017. En total, 14,82 millones de euros.

A esas deudas hay que sumar las que investiga otro juzgado, el número 8 de Las Palmas, por no haber practicado a la plantilla la retención legal por las horas extraordinarias de 2009 a 2013, que el empresario camufló como dietas para eludir tanto el pago de IRPF como de las cuotas a la Seguridad Social.

Venta de la cartera de clientes

Para cobrar el total adeudado, la Agencia Tributaria acordó embargar a SIC cuentas bancarias, créditos comerciales y arrendaticios, dos BMW 520D –un modelo de más de 50.000 euros–, bienes inmuebles, títulos no cotizados y ocho fincas situadas en Las Palmas y San Cristóbal de la Laguna. También la Tesorería de la Seguridad Social ha abierto un procedimiento ejecutivo.

Y con el fin de evitar que ambos organismos cobren, el fiscal cree que Miguel Ángel Ramírez ha diseñado toda una red de operaciones de desvío de fondos y bienes desde SIC hacia sus otras empresas, ayudado por el resto de las personas implicadas.

Una de esas acciones es la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, club de Segunda División que preside Miguel Ángel Ramírez, que figuraban en poder de SIC. La Agencia Tributaria dictó su embargo en noviembre de 2017, pero no pudo llevarlo a cabo porque SIC se las había vendido a Ramírez, por su importe nominal, inferior al real, lo que la Fiscalía tacha de ilegal. Además, SIC no recibió ni un euro por la venta con el argumento de que Ramírez había prestado antes 200.000 euros a la empresa. Sin embargo, según el ministerio público, la empresa ocultó en sus cuentas que Ramírez también debía a SIC dos millones de euros, una deuda cuya devolución se aplazó hasta 2035.

Otra operación bajo sospecha fue la venta de la cartera de clientes de SIC la venta de la cartera de clientes de SICa otra de las empresas del grupo oculto de Miguel Ángel Ramírez, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En teoría, por un precio de 37,44 millones de euros, que debía abonar en 60 cuotas de 624.000 euros cada una. Pero tampoco ha pagado, como denunciaba también en su informe el administrador concursal de SIC el pasado mes de noviembre. El fiscal asegura que Ramírez utilizó a Sinergias de Vigilancia para “despatrimonializar” SIC, tras venderle su principal activo, la cartera de clientes que le suministraba la mayor parte de su facturación.

Empleada y accionista

Así, el ministerio público desenreda la trama que une a ambas empresas. El 99% de SIC pertenece a Miguel Ángel Ramírez, mientras que el 99% de Sinergias aparecía a nombre de Alicia Rosa Pérez Sánchez y el 1% restante, al padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez. Alicia Rosa Pérez es trabajadora de SIC, con un sueldo de 24.000 euros netos y una cuenta bancaria con un saldo medio de 1.304 euros en 2012 y saldo negativo al finalizar ese año. Eso no le impidió comprar las acciones de Sinergias de Vigilancia por 59.000 euros en 2013, unos fondos de origen desconocido según el fiscal, y desembolsar otros 5.940 euros para adquirir 99 acciones de Servicios de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares SL, también propiedad del padre de Ramírez.

Aunque la vinculación entre ambos parece aún más estrecha. Alicia Rosa Pérez es la “beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva, denominada America Express Centurion y sin límite, cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez”, destaca la Fiscalía. A partir de 2015, además, Pérez Sánchez comienza a cobrar tanto de Sinergias de Vigilancia como de Gestiones y Asesoramientos 3000 SA, cuyos socios son los dos primos del empresario, Jorge y Manuel Hernández Ramírez, pero cuya propiedad real el fiscal no duda en atribuir al propio empresario. Es más, Alicia Rosa Pérez vive en un inmueble en Las Palmas cuyo titular es Gestiones y Asesoramientos 3000 SA. El ministerio público termina su perfil de Pérez Sánchez destacando que, pese a ser administradora de Sinergias de Vigilancia, los seguimientos a que fue sometida por los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera –que depende de la Agencia Tributaria– revelaron que no iba nunca a las oficinas de la empresa. En resumen, la Fiscalía intenta fundamentar que la mujer es una testaferro de Miguel Ángel Ramírez.

Lo mismo sucede con su padre, Francisco Segundo Ramírez, jubilado desde 2013 pero a sueldo tanto de SIC como de Sinergias de Vigilancia a partir de marzo de 2015 por un 25% de la jornada. Después pasó a cobrar sólo de la segunda empresa, 95.000 euros al año, pese a que el sueldo para el cargo de administrador es inferior, 56.314 euros. Tampoco al padre del empresario lo vieron jamás los agentes de Vigilancia Aduanera entrando o saliendo de las oficinas de la empresa que le pagaba.

Conexiones entre las tres empresas

Pese a que Ramírez siempre ha negado cualquier relación tanto con Sinergias como con Marsegur-Novo Segur, los sindicatos no se han cansado de repetir que el empresario canario las utilizaba como marcas blancas. Estas y SIC han sido blanco de sus denuncias durante años por recortar los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto al convenio del sector. Los convenios de empresa de las tres han sido anulados por el Tribunal Supremo, el último, el de Sinergias de Vigilancia, el pasado 22 de febrero. El informe del fiscal destapa los múltiples lazos entre ellas. Las marcas “Sinergias de Vigilancia y Seguridad” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad Servicios Auxiliares” figuraron hasta 2017 a nombre de Ramírez y desde esa fecha, al de Alicia Rosa Pérez. SIC es titular de los dominios de internet svs.com.es y marsegur.es. Los teléfonos móviles de esas empresas están dados de alta en Vodafone a nombre de SIC, que los pagaba con una cuenta de su propiedad en el Banco Santander. El autorizado de Sinergias de Vigilancia para acceder al sistema RED de la Seguridad Social es Mar Asesores y Consultores, de la que han sido administradores únicos Miguel Ángel Ramírez, Mara Rosa Marrero, Gladys Jesús Acosta, a su vez apoderada de Marsegur desde julio de 2015, y finalmente Jorge Hernández Ramírez, uno de los primos del empresario canario.

Pero SIC vendió su cartera de clientes no sólo a Sinergias de Vigilancia, sino también a Marsegur y a Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA. Alicia Rosa Pérez compró igualmente 100 acciones de Marsegur, donde aparecía como apoderada hasta un mes y medio antes de adquirir los títulos de Sinergias de Vigilancia ya citados. Las oficinas en Las Palmas y Madrid de Marsegur están ubicadas en inmuebles propiedad de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA.

Transportes, Depósitos y Manipulados de Seguridad SA está participada por el grupo Ralons –propiedad de Miguel Ángel Ramírez– y su primo Jorge, que también es su administrador y, al mismo tiempo, empleado de SIC. Ramírez fue quien dio de alta esta marca. Su domicilio social se encuentra en las mismas oficinas de SIC y de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA. El fiscal explica que la empresa no tuvo actividad alguna hasta que en febrero de 2018 SIC le cedió parte de sus clientes y se dieron de alta en ella 18 personas que trabajaban para SIC, declarada en concurso sólo un mes antes.

El centro de la trama: una asesoría que acumula inmuebles

Por lo que respecta a Gestiones y Asesoramiento 3000 SA, el ministerio público deja claro que no se dedica a realizar trabajos de asesoramiento, sino que es un “mero titular de los bienes y fondos desviados del entramado societario” de Ramírez. Sus socios, los primos del empresario, son al mismo tiempo empleados de la supuesta asesoría, con sueldos de 32.324 y 49.420 euros cada uno. En sus declaraciones de patrimonio cifran en sólo 2.000 euros –Jorge– y 20.000 euros –Manuel– el dinero que guardan en sus cuentas bancarias. Pero el fiscal asegura que sólo en acciones de Gestiones y Asesoramiento 3000 SA poseen  10 millones de euros el primero y cinco millones el segundo. Según la Fiscalía, la empresa declara unos activos por importe de 44 millones de euros y un patrimonio de más de 21 millones. Además, el propio Miguel Ángel Ramírez cobró de esta empresa 316.684 euros en 2016 por “asesoramiento”.

El ministerio público constata una irregularidad más: en teoría, Gestiones y Asesoramiento 3000 presta servicios a SIC por una tarifa que equivale al 1,35% de su volumen de negocio, según establece el contrato entre ambas empresas. Pero en 2016 Gestiones y Asesoramiento, que facturó ese año 95,01 millones de euros, pagó a la empresa de seguridad 2,05 millones de euros; es decir, un 60% más de lo que debería. En 2017, le ingresó 2,02 millones, para un volumen de negocio de 71,16 millones. Además, resalta el fiscal, Gestiones y Asesoramiento no asesoraba a SIC, sino que ese trabajo lo realizaban “terceras empresas”.

Otro vínculo: Gestiones y Asesoramiento avaló a SIC ante el BBVA por 700.000 euros en una operación de factoring – una empresa traspasa el cobro de facturas a su favor y a cambio obtiene de forma inmediata el dinero de esas operaciones con un descuento–. El informe del fiscal llega a calificar de “inaudito” que Gestiones y Asesoramiento 3000 constituyera una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad para garantizar un préstamo que se le concedió a SIC.

Pero la parte más sustanciosa de la actividad de esta asesoría se refiere, en realidad, al patrimonio que gestionaba. A su nombre han llegado a figurar hasta 128 fincas. Una de ellas, “bastante lujosa” y situada en San Bartolomé de Tirajana, resalta el fiscal, está cedida en arrendamiento con opción de compra a SIC desde 2008 por una renta mensual de 25.000 euros. El inmueble sólo puede destinarse a vivienda, no a oficina o comercio. El ministerio público dice que desconoce la finalidad de ese alquiler y el porqué de su elevado precio, “salvo que sea para justificar traspasos de dinero desde SIC hasta Gestiones y Asesoramiento 3000”.

El divorcio de Ramírez

Esta sociedad también era dueña de un inmueble en la calle de Serrano de Madrid, en plena milla de oro de la capital, que vendió a Marmotor, otra empresa propiedad al 99,64% de Miguel Ángel Ramírez. El precio fue de 1,5 millones de euros, pero el pago de 1,1 millones se difirió hasta el 31 de diciembre de 2025 y, “sorprendentemente”, precisa el fiscal, no se exigió ninguna garantía. Tampoco fue requerida garantía en las ventas de un ático en Las Palmas y otro inmueble en la misma ciudad adquiridos por Ramírez a esta empresa en diciembre de 2015. Ramírez se subrogó en el préstamo hipotecario y el resto del pago, 408.496 euros, quedó aplazado hasta febrero de 2018 en el primer caso y 204.659 euros, hasta junio de 2024 en el segundo. Lo curioso es que ambas viviendas fueron adjudicadas a la esposa de Ramírez, Margarita Robayna, como parte del acuerdo de divorcio, el 1 de diciembre de 2015.  Y la operación de compra tiene fecha de 22 días después. El País publicó en diciembre de 2016 las sospechas de la Fiscalía de que el empresario había simulado el divorcio para ocultar su patrimonio.

Otro intento de ocultación detallado por el ministerio público se refiere a La Milagrosa Lomo de Báez, una finca valorada en 1,62 millones de euros que Ramírez ha donado a la Fundación Canaria Ralóns, de la que es patrono y cuyo domicilio se encuentra también en las oficinas de SIC. Allí es donde vive el empresario, asegura el fiscal. Según su informe, con esa donación, Gestiones y Asesoramiento 3000 no sólo desvía patrimonio sino que además elude el pago de una deuda de 448.082 euros que mantiene con la Seguridad Social por no ingresar las cotizaciones de sus trabajadores durante cinco meses de 2017 y 2018.

La mala situación económica que arrastra SIC no le impidió comprar 16 BMW entre 2014 y 2017. Trece de ellos los traspasó a Marmotor, algunos sólo 10 días después de su adquisición, otros al cabo de un mes. Marmotor, dice el fiscal, los cede luego a terceros, que no identifica. En 2014 SIC hizo compras a esta empresa por importe de 533.453 euros y en 2016, por otros 343.000.

El declive de un grupo basado en el bajo coste

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional, el Ministerio de DefensaSIC llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso de acreedores de SIC. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver en un primer momento con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

Ahora todas sus empresas están en horas bajas. El Supremo ha anulado los convenios colectivos que le permitieron ganar concursos públicos con los salarios más bajos. Ha perdido sus principales contratos con las administraciones y se ha replegado a Canarias. SIC está en manos de su antiguo administrador, Héctor de Armas, que acusa a Ramírez de hundir la empresa. Y Sinergias y Novo Segur –también en concurso de acreedores– deberán afrontar el pago de los sueldos que sus trabajadores les reclamen en los juzgados y que ambas firmas les escatimaron privándoles del convenio sectorial. Todo ello sin contar con las responsabilidades que se deriven de las investigaciones judiciales en curso.

Seguridad Integral Canaria, la empresa que durante la crisis se convirtió en el buque enseña de los servicios de vigilancia low cost, presentó concurso de acreedores en diciembre de 2017. Diez meses después, el administrador concursal presentó un informe donde ponía en cuestión las posibilidades de continuidad de la empresa, tras calcular un pasivo de 65 millones de euros y unos activos –35,49 millones– que no cubren esa cantidad. “La sociedad está abocada a la liquidación”, concluye. Es más, el informe concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, descalifica la propuesta de viabilidad que hace la propia empresa como “un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real”. “Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base lo suficientemente sólida para dar por buenas la expectativas manifestadas” por los gestores de la firma de seguridad.

De hecho, buena parte de las expectativas de Seguridad Integral Canaria dependen ahora de la batalla que acaba de declarar contra su fundador, Miguel Ángel Ramírez. El pasado mes de junio el empresario canario vendió todas sus acciones a quien desde 2011 había sido su administrador único, Héctor de Armas Torrent. Desde entonces este empresario, ex director general de Trasmediterránea en Canarias y exportavoz y viceconsejero del Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra, es quien se ha hecho cargo de la empresa de seguridad, al tiempo que abandonaba sus cargos en el grupo Ralons –en enero– y en la Unión Deportiva Las Palmas –en junio–. Ambas corporaciones son propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

El administrador concursal se queja en su informe de la falta de colaboración de los gestores de Seguridad Integral Canaria, hasta el punto de que “no ha podido obtener de la concursada la información, datos y documentación imprescindibles” para acometer la tarea que tiene encomendada. El cambio de dueño en junio supone “una mejora de actitud”, explica el administrador, pero como el anterior equipo tampoco colabora con los nuevos directivos, no sólo se ha visto afectada la redacción del informe sino también la gestión diaria de la empresa. El administrador concursal habla incluso de “grave desgobierno administrativo”, al que culpa de una sanción de 311.500 euros impuesta a la empresa por la Agencia Tributaria, del levantamiento de actas de la Inspección de Trabajo por importe de 187.515 euros, de los errores cometidos en los certificados de trabajo para el IRPF de la plantilla, así como de otros problemas de contabilidad, que en ocasiones, advierte, no se ajusta a la realidad.

Consumado el divorcio empresarial entre Ramírez y De Armas, este último niega a infoLibre que esté “enfrentado” a su antiguo empleador. Aunque eso no le impide lamentar que Seguridad Integral Canaria haya estado durante los últimos años “demasiado en primera línea”. “Y no siempre por actuaciones que nos deban enorgullecer”, apunta. Lo cierto es que en ese tiempo Héctor de Armas era el responsable de la empresa. Al menos sobre el papel. El administrador concursal asegura en su informe que “existen indicios del desempeño de Miguel Ángel Ramírez Alonso como administrador de hecho de la sociedad […] al menos hasta el momento de producirse los cambios” de junio. De Armas confiesa que esa afirmación del administrador “está bien fundada”.

El retrato que el informe concursal hace de la gestión de Ramírez/De Armas en Seguridad Integral no puede ser más desfavorecedor. No sólo sus activos se recortaron de 22 millones de euros a 12 millones en sólo dos años, sino que, además, su pésima política de cobros casi triplicó las deudas comerciales de la empresa, de 15 a 42 millones. “Vendemos menos [la cifra de negocio se redujo drásticamente entre 2015 y 2017] y no cobramos los créditos generados”, resume el administrador concursal. El resultado fue que la empresa no podía pagar ni a Hacienda ni a la Seguridad Social. A la Agencia Tributaria central le debe siete millones de euros, a la canaria, otros 5,14 millones. Con la Seguridad Social la deuda es aún mayor: 16,72 millones, según consta en la lista de acreedores que acompaña al informe concursal.

Operaciones bajo la lupa

Además, el documento desglosa toda una serie de operaciones entre Seguridad Integral Canaria y las empresas del grupo Ralons, cuyo estudio el administrador concursal ha dejado en suspenso. Entre ellas figura Gestiones y Asesoramientos 3000, en la que, según explica De Armas, Ramírez decidió integrar la gestión de todo el grupo, incluida Seguridad Integral Canaria, en 2016. Gestiones y Asesoramientos 3000, cuyo administrador único es Manuel Hernández Ramírez,debe a Seguridad Integral Canaria 5,25 millones de euros. Según el informe, esa deuda “desapareció” de la contabilidad y se desconoce si se ha cobrado. Gestiones y Asesoramientos 3000 también es el propietario de los 14 inmuebles donde Seguridad Integral Canaria tenía su sede en Madrid, en el municipio de Las Rozas. Tal y como consta en el informe concursal, la firma canaria los adquirió ejercitando una opción de compra. Pero la operación no la ha inscrito en el Registro de la Propiedad, por lo que no figura a su nombre, sino al de Gestiones y Asesoramiento 3000. Al tiempo, existe un nuevo contrato, de fecha de 28 de abril de 2017, que prorroga el alquiler con opción de compra y lo amplía en idénticas condiciones hasta el 30 de abril de 2020. “No tiene sentido”, subraya el administrador concursal, “prorrogar tres año más el alquiler de un inmueble que ya teníamos completamente pagado”. Es una operación, insiste, que sólo carga de gastos a la empresa y le impide disponer de un “valioso activo” que ya era de su propiedad. Aunque tampoco ha podido verificar el administrador que la prórroga del contrato figure registrada en la contabilidad. Los inmuebles están valorados en 1,48 millones de euros, perosobre ellos pesa una hipoteca a favor del Banco Guipuzcoano y otra a favor de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS). Dos de los locales, además, ya han sido embargados por la TGSS y sacados a subasta.

Con Gestiones y Asesoramientos 3000 también firmó Seguridad Integral Canaria en 2011 una cesión de crédito por 1,43 millones de euros, que no ha cobrado.

En otra cuenta, el administrador concursal ha encontrado una serie de operaciones financieras con empresas del grupo Ralons –Powersic, Ralons Medio Ambiente, Ralons Schools, Ralons Centro de Formación…– por importe de 138.403 euros de las que no existen contratos que las justifiquen, sólo los “documentos de reconocimiento de las deudas”.

Además, De Armas ha presentado ahora en su respuesta al informe concursal un total de 18 millones de euros en productos financieros de los que Seguridad Integral Canaria no es titular, sino fiadora o avalista. Los nuevos gestores de la empresa solicitan que sean considerados partidas del activo, y no del pasivo como las ha clasificado el administrador del concurso. En breve, un perito inspeccionará la contabilidad tanto de Seguridad Integral Canaria como del grupo Ralons, a instancias de un trabajador de la primera que ha presentado una reclamación salarial en el Juzgado de lo Social número dos de Las Palmas, según han confirmado fuentes judiciales.

Litigio con otra empresa de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad

Pero el mayor deudor de Seguridad Integral Canaria resulta ser otra empresa del sector, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que le debe 18,14 millones de euros. Los nuevos gestores de la firma canaria no quieren precisar cuál es el origen de esa deuda. A Sinergias de Vigilancia Miguel Ángel Ramírez le cedió todos sus contratos con el sector privado un mes antes de declarar el concurso de acreedores. Sinergias ha estado siempre en el ojo del huracán porque negoció un convenio de empresa que rebajaba los salarios de los vigilantes hasta un 40% respecto a los fijados en el convenio del sector. Ese convenio fue anulado por la Audiencia Nacional porque fue negociado de forma ilegal, la misma suerte que han corrido la propia Seguridad Integral Canaria y la otra bestia negra de los sindicatos en el sector de la vigilancia, Marsegur.

No es extraño que coincidan las políticas de personal y experiencias judiciales de estas tres empresas. Los sindicatos siempre han relacionado a Sinergias de Vigilancia y a Marsegur con Miguel Ángel Ramírez y no han dudado en etiquetarlas como sus “marcas blancas”. De hecho, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario canario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Es más, como pagaba sueldos por debajo del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Power SIC pertenece al grupo Ralons.

El caso es que por esa cesión de contratos privados, Sinergias debería haber pagado a Seguridad Integral Canaria 37,44 millones de euros. Pero el informe concursal asegura que hasta el momento no ha abonado ni un euro. Debería haber empezado el pasado mes de febrero, a razón de 624.000 euros por 60 cuotas.

Los nuevos gestores fían al pago de esa cantidad buena parte de la viabilidad de la empresa. De Armas asegura que si cobra esos 37,44 millones de euros, el pasivo que le adjudica el administrador concursal a la empresa quedará reducido a la mitad. Y cuenta con recuperarlos de dos maneras: bien reclamándolos en los tribunales, con el 15% de recargo por intereses, o bien exigiendo a Sinergias la devolución de la cartera de clientes que le cedió Ramírez, más la correspondiente indemnización.

Para ello, además, De Armas tiene previsto reclamar en el juzgado el levantamiento del velo societario, lo que permitiría revelar si Miguel Ángel Ramírez está realmente detrás de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y obligarle a él o a quienes resultaran ser sus propietarios a hacer frente a la deuda. Aunque la situación financiera de Sinergias de Vigilancia tampoco es boyante. Ha perdido un puñado de contratos por no respetar el convenio del sector y son intermitentes las protestas de sus trabajadores por el retraso habitual en el pago de las nóminas. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa pero al otro lado del número 902 que ofrece en su página web no ha contestado nadie durante días.

También la otra empresa low cost, Marsegur, debe dinero a Seguridad Integral, aunque mucho menos a tenor de las cuentas del administrador concursal: 35.691 euros.

El declive de los negocios de Ramírez

En cualquier caso, las perspectivas de futuro de Seguridad Integral Canaria son complicadas. Le quedan unos 400 trabajadores y sólo mantiene negocio en Canarias. Sigue vigilando los centros de salud de la Consejería de Sanidad, los partidos del CD Tenerife o los conciertos del Festival Womad. También conserva servicios de transporte de fondos en blindados, de los que posee nueve.

Tras dar el salto a la Península y convertirse en una de las adjudicatarias favoritas de las administraciones, con contratos millonarios en el Metro de Madrid, el Ministerio de Defensa y Patrimonio Nacional,el Ministerio de Defensa llegó a superar los 2.500 trabajadores. Pero su política de salarios mínimos la arrastró a los tribunales. A Miguel Ángel Ramírez lo demandaron sus vigilantes, pero también la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. De momento, ha pagado en reclamaciones salariales de sus trabajadores 3,3 millones de euros, según consta en el informe del concurso. A la Seguridad Social le ha abonado cuatro millones más por las cotizaciones sociales de los vigilantes que no pagó en su día. Además, la Agencia Tributaria le reclama ocho millones de euros por retenciones del IRPF de sus trabajadores que no ingresó al camuflar parte de los salarios como dietas. En los procedimientos por delitos fiscales y contra la Seguridad Social que aún tiene abiertos la empresa, figuran como imputados tanto Miguel Ángel Ramírez como Héctor de Armas.

Aunque el protagonismo de Ramírez en los medios de comunicación tuvo que ver con una condena del Tribunal Supremo por delito urbanístico y a su aparición en las listas de donantes del Partido Popular. Sus buenas relaciones con el ministro de Industria José Manuel Soria levantaban sospechas. Ramírez también utilizó el método Villarejo y grabó conversaciones con el juez Salvador Alba y otros magistradosel juez Salvador Alba, así como a dos tenientes coroneles que le pedían sobornos para conseguir contratos en el Ministerio de Defensa y que terminaron condenados.

El pasado día 9 entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a los cuatro meses de haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tras su aprobación en el Congreso el pasado mes de octubre. Su aplicación, por tanto, era una medida largamente anunciada. La ley, que transpone al ordenamiento jurídico español directivas europeas sobre contratación pública, suprime los contratos sin publicidad e impone el uso de la factura electrónica. También obliga a los órganos de contratación a establecer criterios de adjudicación que permitan conseguir obras, suministros y servicios de calidad, incluyendo requisitos sociales, medioambientales o innovadores. En concreto, la norma obliga a los adjudicatarios a cumplir los derechos laborales de las plantillas, de forma que se les podrán imponer sanciones si se retrasan de forma reiterada en el pago de los salarios o si aplican condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos sectoriales. Desde ahora, las organizaciones sindicales pueden interponer recurso especial cuando los contratistas vulneren sus obligaciones sociales o laborales.

Con estas salvaguardas se pretenden evitar casos como los ocurridos con algunos servicios de seguridad privada, cuyos adjudicatarios aplicaban a sus plantillas convenios de empresa que recortaban hasta en un 40% los salarios del convenio estatal. Seguridad Integral Canaria, Novo Segur (antes Marsegur) y Sinergias de Vigilancia y Seguridad son las más conocidas. Las dos primeras se encuentran en concurso de acreedores y adeudan un buen número de nóminas a los trabajadores. Sus convenios –de las dos últimas– y descuelgues –de la primera– han sido anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por haber sido negociados de forma ilegal.

Pues bien, las nuevas exigencias de transparencia y respeto a las leyes laborales han ocasionado en las administraciones públicas lo que en otros ámbitos se da en llamar efecto pánico: se han lanzado a publicar licitaciones de contratos para eludir las nuevas normas de contratación. Lo ha denunciado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, que dice haber contado unas 2.500 publicaciones de contratos sólo el pasado día 8, la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley. “Son 10 veces más que la media de cualquier otra fecha”, asegura. Además, durante el último mes, las administraciones han adelantado la publicación de numerosos concursos que, “en circunstancias normales”, destaca el sindicato, deberían haberse licitado en meses posteriores. En concreto, cita el servicio de vigilancia de la Administración General del Estado, por importe de 67 millones de euros.

infoLibre ha buscado en la plataforma de contratación del Estado sólo los contratos de servicios y, el pasado 8 de marzo, se publicaron 1.086 concursos, casi el doble que el día anterior –613– y casi 10 veces más que el día 1, cuando sólo aparecieron 169. Un mes antes, el 8 de febrero, únicamente se publicaron 21 contratos; el 14 de febrero, 45; el 21 de ese mes, 68. Un año antes, el 21 de febrero fueron sólo tres concursos nuevos; el 1 de marzo, un contrato.

En total, entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2017, las administraciones públicas publicaron únicamente 22 licitaciones de servicios. En ese mismo intervalo, pero de este año, han llegado a la plataforma de contratación nada menos que 3.419 nuevos concursos. USO denuncia que esta huida de la ley “sólo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una norma obsoleta para ahorrarse unos míseros euros en detrimento de los derechos de los trabajadores mileuristas”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas explica el gran número de concursos publicados el día 8 por el hecho de que esta fecha era el “límite para publicar los procedimientos en marcha”, para los que es necesario cumplimentar antes una gran cantidad de trámites. “Los que no se hubieran publicado ese día, habrían tenido que iniciarse desde cero para adaptarlos a la nueva Ley de Contratos”, señala.

AENA, Defensa y Empleo

El pasado mes de febrero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) suspendió el macroconcurso abierto por AENA para proveer de vigilantes a los aeropuertos de toda España, tras recurrirlo USO. Con un importe de 359 millones de euros, los pliegos del contrato no hacían referencia, según denunciaba el sindicato, a la obligación de cumplir el convenio colectivo del sector. La empresa los ha cambiado, introduciendo esa mención y aumentando los pluses que deben cobrar los vigilantes, tal y como acordaron los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y la patronal del sector tras la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat el pasado verano. El órgano de contratación resolverá la adjudicación antes de que termine el mes de mayo.

El 90% de los clientes de las tres empresas low cost antes citadas son administraciones públicas. Hasta ahora, el Ministerio de Empleo era el principal adjudicatario de Novo Segur y Sinergias de Vigilancia. De las 28 licitaciones abiertas desde agosto hasta diciembre del año pasado para dotar de vigilancia privada a sus instalaciones, sólo tres incluían cláusulas que obligaran a las empresas candidatas a respetar el convenio del sector. Otras 19 fueron adjudicadas antes de acabar el año y de ellas 11 cayeron en manos de estas dos low cost: ocho a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y tres a Novo Segur.

El próximo 11 de abril esta última dejará de prestar el servicio de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Defensa de toda España, un contrato que perdió tras ser objeto de numerosas actas de infracción por irregularidades en la prestación. Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, Novo Segur y Sinergias de Vigilancia acumulan hasta cinco meses de nóminas impagadas en algunos casos. Tanto UGT y CCOO como USO han convocado seis días de huelga, a partir de este martes, en todos los centros de trabajo donde aún tiene presencia Novo Segur, precisamente por las deudas que mantiene la empresa con la plantilla.

La empresa de seguridad low cost Novo Segur, antes conocida como Marsegur, ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores. Así consta en el acta de la reunión que han mantenido ambas partes y a la que ha tenido acceso infoLibre. El director general de la empresa, Antonio Redondo, ha confirmado también a este periódico la decisión, que justifica en las “circunstancias del mercado”.

Redondo, sin embargo, no ha querido precisar en qué juzgado de lo Mercantil ha presentado la solicitud. La empresa tiene su domicilio social en Las Palmas. Marsegur cambió su denominación mercantil a Novo Segur el pasado mes de septiembre, justo cuando Defensa decidió abrir los trámites para rescindirle el macrocontrato que le había adjudicado sólo cinco meses antes por las irregularidades que acumulaba en la prestación del servicio. Es el mayor contrato conseguido por la low cost, 16 millones de euros a cambio de vigilar las instalaciones del ministerio en toda España durante un año prorrogable a dos. Finalmente, Novo Segur abandonará el servicio del próximo 30 de abril y no se le prorrogará el contrato.

Novo Segur sigue así los pasos de otra empresa polémica, Seguridad Integral Canaria, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado de enero. Tanto la primera como Sinergias de Vigilancia y Seguridad llevan años situadas en el punto de mira de los sindicatos del sector porque sus convenios colectivos, anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, establecen salarios hasta un 40% por debajo de los incluidos en el convenio sectorial. Gracias a esas rebajas –sueldos de 700 euros, pluses de nocturnidad de 10 céntimos la hora– han conseguido numerosas adjudicaciones públicas desde que los recortes del gasto impusieron el precio como criterio prioritario en los concursos.

Además, los vigilantes de esta empresa sufren continuos retrasos e impagos de las nóminas, lo que les ha llevado a la huelga. Es lo que les ocurre a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales llevan hasta cinco meses sin cobrar, tanto en el archipiélago como en el Metro de Madrid, uno de sus principales contratos.

De hecho, la reunión de este jueves entre la dirección de Novo Segur y los representantes del comité tenía, en principio, como primer punto de orden del día discutir el retraso en el abono de las nóminas. El segundo era la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el convenio de la empresa el pasado mes de diciembre. En su lugar, el director de Novo Segur les comunicó que “no había orden del día” y que el único punto que se iba a tratar era la solicitud del concurso de acreedores. Al cierre de esta edición, los representantes sindicales –CCOO, USO y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS)– se encontraban a la espera de que la empresa les entregara la documentación que acredite la solicitud ante el juez.

El fiscal quiere aclarar la relación con Ramírez

Novo Segur, Seguridad Integral Canaria y Sinergias de Vigilancia y Seguridad están vinculadas a un mismo empresario, Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas y del Grupo Ralons, que fue condenado por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el Gobierno. Su nombre apareció entre los donantes del PP en la contabilidad de 2011. Las tres firmas pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, incluida en Ralons. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur-Novo Segur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur-Novo Segur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado día 16, la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias contra Seguridad Integral Canaria por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, denunciado por CCOO, Intersindical Canaria y Alternativa Sindical Canaria. El ministerio público ha exigido a la Inspección de Trabajo las actas de infracción y liquidación de cuotas abiertas durante los últimos siete años a Seguridad Integral Canaria y a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. También ha requerido al Registro de Marcas y Patentes para que acredite a quién corresponde la propiedad de ambas empresas, según publica el digital canario Espiral21.

Millones en contratos públicos

En 2016, Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. En 2017, y sólo desde el mes de agosto, Sinergias consiguió ocho contratos del Ministerio de Empleo y Marsegur otros cuatro: la vigilancia de las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Cuenca, Ciudad Real y en Tenerife, así como la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en León. También el CSIC, el Imserso, la Inspección General de Sanidad de la Defensa y la Gerencia de Sanidad de Fuerteventura le han concedido adjudicaciones.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad se ha quedado con todos los contratos que Seguridad Integral Canaria mantenía con empresas privadas. La empresa, antes de solicitar el concurso, anunció que abandonaba el área de vigilancia para centrarse únicamente en el transporte blindado. Lo que no significa que la situación económica de Sinergias sea boyante: sus trabajadores también sufren retrasos e impagos de nóminas, tanto en Canarias como en los servicios que prestan en la Península.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha suspendido el plazo de presentación de ofertas para el concurso que debe adjudicar los servicios de vigilancia privada de los aeropuertos españoles. El sindicato USO presentó un recurso especial el pasado 25 de enero y AENA está ahora “rectificando” los pliegos del concurso tras haber “detectado la necesidad de modificarlos”, según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El gestor aeroportuario ha reconocido a infoLibre que el plazo de presentación de ofertas, que inicialmente debía cerrarse este viernes, queda suspendido hasta que se pronuncie el TARC, que depende del Ministerio de Hacienda, sobre el recurso presentado por USO. El macrocontrato, por importe de 359,46 millones de euros, debe servir proveer de vigilantes privados a los 27 aeropuertos de mayor tráfico de AENA durante los dos próximos años. El gestor también ha abierto otro concurso, de 10,86 millones de euros, para los 20 aeropuertos de menos de 400.000 pasajeros.

Ambos contratos se licitaron el pasado diciembre, poco después de que los ministerios de Fomento y Empleo firmaran con la patronal y los sindicatos de la seguridad privada un acuerdo para garantizar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales en las empresas estatales de transporte. La huelga de los vigilantes de Eulen el pasado mes de agosto en el aeropuerto de El Prat había destapado el recorte salarial que sufrían por culpa de las adjudicaciones a la baja de AENA y sentó a la mesa de negociación a todos los actores implicados.

Ese acuerdo obliga a las empresas dependientes de Fomento –aunque la intención de las partes es extenderlo a toda la Administración pública– a elaborar “presupuestos adecuados” al licitar los servicios de seguridad privada y a adjudicarlos puntuando el criterio de calidad con “al menos el 51%” de la nota final. En concreto, el pacto obliga a incluir en los pliegos de los concursos una serie de cautelas: incumplir las condiciones salariales o no pagar los sueldos será motivo para resolver el contrato con el adjudicatario; éste debe enviar cada mes un certificado de que ha abonado tanto las nóminas como las cotizaciones a la Seguridad Social; la obligación de respetar el convenio colectivo del sector debe establecerse como “condición especial de ejecución” del contrato, y el adjudicatario debe informar al organismo contratante sobre las condiciones de los contratos de sus trabajadores.

Sin embargo, el sindicato USO alega en su recurso que los pliegos del concurso de AENA “sorprendentemente” no incluyen algunas de estas medidas. Y reclama que en ellos se introduzca “expresamente” la obligación para el adjudicatario de cumplir el convenio colectivo sectorial, pues “ése es el espíritu literal”, asegura, “de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Aprobada el pasado noviembre, la norma entrará en vigor en marzo y obliga a las empresas candidatas a respetar las condiciones salariales del convenio sectorial.

Omisiones en los pliegos

AENA replica que el acuerdo “sí está incluido”, aunque “en general a lo largo de todo el pliego de la licitación, donde se recogen las especificaciones” del documento firmado en noviembre. “Entre otros asuntos, se tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, asegura. “Lo que ha hecho AENA es calcular el coste de los pluses y aumentar el precio global de la licitación, pero no hay referencia explícita a esos complementos”, rebate a la empresa el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Flebes. El sindicato teme que empresas que no están integradas en la patronal del sector, Aproser, se nieguen a pagar unos pluses que no aparecen como tales ni en los pliegos ni en el convenio colectivo sectorial. Se trata del plus de aeropuerto, de radioscopia, de filtro y el variable ligado al cumplimiento de objetivos. Los tres primeros suponen unos 330 euros mensuales. El cuarto es un porcentaje de la remuneración variable que recibirá el adjudicatario. “La manera de consolidarlos es que se incluyan en los pliegos del concurso”, subraya Febles.

USO advierte de que AENA también ha omitido el último de los plus citados, el variable ligado a objetivos, pese a que el acuerdo de noviembre obliga a incluir “un compromiso de creación” de este complemento salarial en los pliegos. Basilio Febles explica que ni se fija su cantidad ni se establece una fórmula para calcularlo.

En su recurso, el sindicato pide, además, que se elimine la subasta electrónica, que consideran un “procedimiento de puja eminentemente económica, a cuyo mejor postor se le atribuye la adjudicación”. “Una forma de bajar el precio”, resume Basilio Flebes, “por lo que al final nos encontraremos con el mismo problema que queríamos solucionar”. Que el único “componente disuasorio” sea el precio, prescindiendo de otros “de especial relevancia”, queda “muy lejos del espíritu de la directiva europea y la nueva Ley de Contratos Públicos, que pretende dar una ponderación importante a otros criterios sociales y de calidad”, critica. El sindicato solicitó este mismo miércoles una entrevista con el director de Seguridad de AENA para que explique los cambios que se van a introducir en los pliegos.

En cualquier caso, no será la primera modificación. El gestor aeroportuario ya tuvo que cambiar las cláusulas particulares del concurso el pasado 3 de enero para incluir “el mínimo de calidad técnica”, que en un principio no figuraba y ahora se ha fijado en un 70% de la nota final.

Competencia desleal, impago de nóminas

El acuerdo firmado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos el pasado 21 de noviembre pretende evitar que consigan contratos públicos empresas que, amparadas en sus propios convenios colectivos, pagan salarios por debajo del convenio sectorial. Una posibilidad permitida desde 2012, cuando la reforma laboral concedió prioridad de aplicación a los convenios de empresa en esta y otras materias. Con sueldos hasta un 40% inferiores a los fijados para el sector, estas empresas logran adjudicaciones en las que prima siempre el criterio del precio más bajo.

Debido a los recortes en el gasto público, la licitación de contratos a la baja ha sido la tónica durante los últimos años. Los rivales de estas firmas low cost les acusan de competencia desleal y los sindicatos, de explotar a los trabajadores pagando sueldos de 800 euros. En muchos casos, además, las plantillas están teniendo problemas para cobrar sus exiguas nóminas. Es lo que les ocurrió a los vigilantes del Ministerio de Defensa –Marsegur– y están sufriendo ahora los vigilantes del Metro de Madrid y de las instituciones que guarda Seguridad Integral Canaria en el archipiélago, o de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén, a cargo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el convenio colectivo de otra empresa de seguridad low cost. En una sentencia del pasado 19 de diciembre, el TS confirma el fallo de la Audiencia Nacional que en mayo de 2016 declaró nulo el convenio estatal (2014-2024) de Marsegur, la empresa adjudicataria del macrocontrato de vigilancia del Ministerio de Defensa. El mismo tribunal ha invalidado también el convenio posterior, negociado sólo seis meses después de la primera sentencia, no sin antes afearle a la empresa de seguridad su “contumaz incumplimiento” de la ley: repetía en el segundo las mismas irregularidades que en el anterior, ahora ya anulado en firme por el Supremo. La sentencia reprochaba a Marsegur su “reincidencia”, “mala fe y temeridad”, por lo que la condenaba a pagar una sanción de 6.000 euros y los honorarios de los abogados de la parte contraria. Pero tampoco es la primera sentencia que la empresa canaria pierde en el Supremo, puesto que el año pasado le anuló el convenio colectivo que aplicaba a sus trabajadores de la Comunidad de Madrid.

En todos los casos, el TS y la Audiencia Nacional echan abajo los convenios de Marsegur por idéntico motivo: fueron negociados de forma ilegal. Ambos tribunales reiteran la doctrina que han dictado ya en numerosas sentencias anteriores sobre el llamado principio de correspondencia entre los representantes sindicales y el ámbito de aplicación del convenio, que fue vulnerado por la empresa. En la última dictada por el Supremo, los magistrados determinan que el convenio colectivo fue “negociado y firmado” por unos delegados de personal “que no representaban a todos los centros de trabajo”. Aunque Marsegur contaba entonces con cuatro centros de trabajo en Madrid y 13 en Las Palmas de Gran Canaria, el convenio fue negociado sólo por cinco personas, dos de Madrid y tres de Las Palmas, de las cuales sólo una era “representante electo” de los trabajadores. La elección de las otras cuatro había sido anulada por los jueces.

El TS tiene ahora también que decidir sobre el convenio posterior a éste, cuya anulación por la Audiencia Nacional fue recurrida por la empresa. A tenor de la doctrina y la jurisprudencia reiteradas, es más que probable que corra la misma suerte que sus predecesores.

Hasta ahora los tribunales no han tenido que pronunciarse sobre el contenido de ambos convenios que, sin embargo, han sido motivo de constante polémica en los últimos años por sus precarias condiciones laborales. Pese a haber sido invalidados por la Audiencia Nacional, Marsegur ha seguido aplicándolos a sus trabajadores mientras recurría ante el Supremo. Aunque los magistrados le recordaban que la sentencia que anula un convenio es “inmediatamente ejecutiva” aun sin ser firme.

De hecho, son las condiciones precarias de ese texto anulado las que la empresa ha estado imponiendo a los 500 trabajadores que tiene destinados a vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa repartidas por toda España. El sueldo base es de 726 euros mensuales y el tope bruto anual de 10.768 euros, un 32% inferior al fijado en el convenio del sector. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, está 11 veces por debajo del sectorial. Además, de los 10 años del convenio ahora anulado, una duración ciertamente inusual, tres eran de congelación salarial.

Las derrotas judiciales de Seguridad Integral y Sinergias

Marsegur es una de las empresas ligadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria. Todas ellas llevan años en el punto de mira de los sindicatos, y de los tribunales, por sus condiciones laborales. En diciembre de 2015, el Supremo anuló el descuelgue salariall Supremo anuló el descuelgue salarial en Seguridad Integral Canaria, el buque insignia de Ramírez, con el que pretendía recortar los sueldos en unos 300 euros al mes a sus vigilantes. El tribunal dictaminó también que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.

Como paga sueldos por debajo del convenio sectorial, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. Power SIC pertenece a Ralons, al grupo de servicios de Miguel Ángel Ramírez. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad es la otra low cost en el centro de la polémica. Sus condiciones salariales rebajan incluso las de Marsegur. El salario base es sólo de 660 euros mensuales brutos. Sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces por debajo del convenio estatal. El pasado mes de julio la Audiencia Nacional también declaró nulo el convenio de esta empresa, y por el mismo motivo que los anteriores: lo negociaron sólo los delegados de cinco centros de trabajo pero su ámbito de aplicación se extendió a todo el territorio nacional.

Las administraciones públicas, principal cliente

Pese a la precariedad de sus condiciones salariales y los impagos de nóminas que arrastran las tres empresas citadas, las administraciones públicas no han dejado de adjudicarles contratos de vigilancia en los últimos años. Sólo en 2016 Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, una cifra que no incluye los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. Al reducir al mínimo los costes laborales, estas empresas ganan los concursos presentando siempre las ofertas más bajas. Algo que dejará de ocurrir en marzo cuando entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, pues obliga a las adjudicatarias a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales.

El origen del fenómeno está en la reforma laboral de 2012, que estableció la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de sector. Entonces, algunas firmas de seguridad privada comenzaron a negociar sus propios convenios rebajando considerablemente los salarios de los vigilantes.

Ahora, Seguridad Integral Canaria ha sido declarada por el juzgado en concurso de acreedores, tras haber traspasado buena parte de sus contratos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, y de acumular numerosas denuncias por no abonar los salarios a sus trabajadores. Otro tanto les ocurre a las trabajadoras de la división de limpieza del grupo Ralons. Sinergias de Vigilancia y Seguridad tampoco paga a sus empleados de los centros de refugiados que dependen del Ministerio de Empleo, según acaba de denunciar UGT. Y el pasado septiembre, al mismo tiempo que Defensa abría el procedimiento para rescindirle el contrato, Marsegur cambió su denominación social a Novo Segur Seguridad Privada.

El Ministerio de Defensa ha vuelto a sacar a concurso los servicios de seguridad privada de sus instalaciones, un macrocontrato de 39,92 millones de euros que hubo de resolver de forma anticipada con el anterior adjudicatario, la empresa low cost Marsegur, por sus numerosos incumplimientos contractuales. El nuevo acuerdo marco, que por su elevado importe ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, incluye entre las “condiciones de especial ejecución” que las empresas candidatas deban cumplir el convenio del sector de la seguridad privada.

Según ha explicado a infoLibre un portavoz del Ministerio de Defensa, se trata de la cláusula 38 del pliego de condiciones administrativas. En una respuesta escrita a una pregunta de la diputada del PSOE Miriam Alconchel, el Gobierno asegura que en los pliegos del concurso se obliga al contratista a cumplir “las tablas salariales mínimas en el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, o bien las tablas salariales del convenio colectivo de empresa si fuesen más favorables para los trabajadores”. El concurso aún no ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato tiene un año de duración y entrará en vigor el próximo 11 de abril.

Defensa se une así a la empresa pública AENA, que acaba de licitar otros dos grandes contratos de seguridad privada para sus aeropuertos, por importe de 370,32 millones de euros, e igualmente ha incluido en las condiciones del concurso el respeto obligatorio a las condiciones del convenio estatal. Esa nueva redacción de los pliegos es la primera consecuencia del acuerdo firmado en noviembre por los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y las patronales del sector de la seguridad privada, que puso fin al conflicto abierto durante el verano en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. El pacto establece mejoras en las condiciones laborales y salariales de los vigilantes privados en el área de Fomento, por lo que los avances conseguidos se trasladarán también a los guardias jurados de otras grandes empresas como Adif y Renfe. E igualmente al resto de las empresas de seguridad privada que consigan adjudicaciones públicas en cualquier otra área.

Los pliegos del concurso de AENA, además, establecen la resolución del contrato si la empresa no paga los salarios a los vigilantes y valoran con un mínimo del 51% de la puntuación los criterios relacionados con la calidad del servicio, en detrimento del criterio ligado sólo al precio.

Impagos de nóminas, incumplimientos contractuales

Precisamente la prioridad del criterio cuantitativo propició la entrada de las empresas low cost de seguridad al servicio de las administraciones. Algunas de ellas han terminado no pagando las nóminas de sus trabajadores. Es lo que les ocurre a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en el Metro de Madrid, que llevan tres meses sin cobrar, al igual que a los de otros servicios adjudicados a esta empresa por las administraciones canarias. Lo mismo sufrieron los vigilantes de Marsegur en el Ministerio de Defensa, que no cobraron su última nómina ni la liquidación, también los asignados a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han tenido problemas con el ingreso de sus nóminas.

De hecho, el Ministerio de Defensa decidió abrir el procedimiento para resolver el contrato con Marsegur el pasado mes de septiembre. En abril le había adjudicado el contrato para vigilar durante un año todas sus instalaciones, por un importe de 16 millones de euros. Pero en sólo unos pocos meses acumuló más de 170 actas de infracción. Por ejemplo, los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Los retrasos en el abono de las nóminas eran la tónica habitual. Además, Marsegur paga salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal, en virtud de un convenio de empresa que ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando.

Marsegur, que el pasado septiembre cambió su denominación social a Novo Segur Seguridad Privada, paga un sueldo base de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de congelación salarial.

Con el acuerdo alcanzado, tanto los sindicatos como la patronal del sector –que las acusa de competencia desleal– pretenden evitar que estas empresas se lleven los contratos públicos ofertando precios mínimos basados en el recorte de las condiciones laborales de la plantilla. Algo que dejará de ocurrir finalmente en marzo cuando entre en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las adjudicatarias a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. Con la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los de sector, consagrada en la reforma laboral de 2012, algunas firmas de seguridad privada negociaron sus propios convenios rebajando considerablemente los salarios de los vigilantes. No sólo Marsegur, sino también Sinergias de Vigilancia y Seguridad han sido durante los últimos años los principales exponentes de estas empresas bautizadas como piratas por los sindicatos.

Seis contratos más de Empleo para las dos 'low cost'

Pese a que no sólo Defensa y Fomento, sino también otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno canario, han introducido ya estas claúsulas sociales en sus concursos, el Ministerio de Empleo sigue omitiéndolas en los suyos. Y continúa adjudicando contratos tanto a Marsegur como a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

En las últimas dos semanas de 2017 ha adjudicado los seis contratos de seguridad privada que tenía licitados. Uno ha ido a parar a Marsegur y los otros cinco a Sinergias. El primero, por importe de 128.480 euros, para vigilar las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Cuenca. Los restantes cubren la vigilancia de los edificios de la Inspección de Trabajo en Cáceres y Badajoz, la TGSS en Guadalajara, el centro de atención (Caiss) de Badajoz, la TGSS de Jaén y la Casa del Mar de Valencia, dependiente del Instituto Social de la Marina (ISM).

Además, Marsegur ha conseguido dos contratos más en otros ministerios: para vigilar la sede del CSIC –que depende de Economía–y un centro del Imserso en Cáceres –de Sanidad–. En total, 1,05 millones de euros, de los cuales 823.886 corresponden a Empleo.

De hecho, de las 28 licitaciones abiertas por el departamento de Fátima Báñez desde agosto, sólo tres incluyeron cláusulas que obliguen a los candidatos a respetar el convenio del sector. Además de las seis adjudicaciones ya citadas, otras 11 recayeron igualmente en Sinergias y Marsegur,2,55 millones de euros más. También la mitad de los contratos conseguidos por ambas empresas en 2016 llevan la firma del Ministerio de Empleo, pese a que entre sus competencias se encuentra “el impulso de las condiciones laborales”. Y de que fue Empleo el departamento que denunció el convenio de Marsegur ante la Audiencia Nacional por haber sido negociado de forma ilegal.

Tampoco los problemas que acompañan a estas empresas en la ejecución de los contratos son óbice para que se les sigan adjudicando. Por ejemplo, la TGSS de Jaén otorgó el concurso a Sinergias después de que el órgano de contratación hubiera eliminado a Marsegur, en principio la ganadora, porque no se encontraba “al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”, según consta en el acta de resolución, con fecha de 17 noviembre. Un mes más tarde, el 29 de diciembre, la TGSS de Cuenca le adjudicó su servicio de vigilancia. En otra concesión reciente, del pasado noviembre, la TGSS de Ciudad Real, los sindicatos ya han denunciado a Marsegur ante la Inspección de Trabajo y el Ministerio de Interior por no haber entregado a los vigilantes ni el calzado ni la ropa reglamentaria ni los grilletes ni la defensa.

Sinergias y Marsegur, además, se presentan ahora a un concurso de 22 millones de euros licitado por la Xunta para vigilar sus edificios administrativos. Son 170 guardias para un contrato de año y medio prorrogable. En los pliegos no se ha incluido cláusula alguna que obligue al cumplimiento del convenio sectorial.

Seguridad Integral Canaria, en concurso

Ambas empresas están ligadas a Miguel Ángel Ramírez, dueño también de Seguridad Integral Canaria. El polémico empresario, donante del PP, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Supremo y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre ha negado cualquier vínculo con las dos low cost. No obstante, tanto Seguridad Integral Canaria, como Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. Además, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado 22 de diciembre Seguridad Integral Canaria solicitó el concurso de acreedores, cuatro meses después de haber anunciado que prescindía del negocio de la vigilancia porque no le resultaba rentable y que se iba a dedicar sólo al transporte blindado. En ese tiempo, Ramírez ha cedido todos sus contratos en aquella actividad a Sinergias de Vigilancia. Asegura que fue la única empresa interesada.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado 19 de octubre, obliga a las empresas adjudicatarias de concursos públicos a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. La norma no entrará en vigor hasta el mes de marzo, pero supone una victoria para los miles de vigilantes privados que llevan años denunciando los sueldos mínimos pagados por las firmas low cost del sector gracias a unos convenios de empresa que han anulado en repetidas ocasiones los tribunales.

Hace sólo una semana, el Ministerio de Empleo firmaba con los de Fomento e Interior, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo que, entre otras medidas, garantiza como referencia el convenio del sector para fijar los costes laborales de los contratos de seguridad privada en las instalaciones dependientes del departamento dirigido por Íñigo de la Serna. El documento fue fruto del grupo de trabajo creado tras la huelga de los vigilantes del aeropuerto de El Prat (Barcelona) en agosto, que dejó al descubierto las condiciones laborales en estas subcontratas.

Además, en los dos últimos años la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado cuatro convenios la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado cuatro conveniosde las dos principales empresas low cost de la seguridad privada: Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En el caso de la primera, además, lo hizo a instancias del propio Ministerio de Empleo, que denunció que el convenio de 2016 había sido negociado de forma ilegal. Esa misma empresa ha perdido un megacontrato de 16 millones de euros adjudicado en diciembre de 2016 por Defensa, después de que el ministerio abriera el pasado septiembre el procedimiento para rescindírselo. El retraso en el pago de las nóminas y los incumplimientos que le costaron más de 170 actas de infracción170 actas de infracción fueron los motivos esgrimidos por el departamento de María Dolores de Cospedal para prescindir de los servicios de Marsegur.

En el camino, jalonado de protestas sindicales, algunas administraciones han empezado a introducir cláusulas sociales en sus concursos públicos para evitar que empresas con sueldos mínimos y condiciones laborales precarias consigan contratos presentando las ofertas más bajas. Lo ha hecho el Ayuntamiento madrileño. Y el portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció el pasado día 28 que los pliegos de condiciones de los nuevos contratos incluirán la obligación de que las empresas se sometan al convenio sectorial de seguridad, para garantizar a los vigilantes “un salario digno”.

Además, el pasado junio, el Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el contrato que había firmado con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Cyrasa Seguridad para que vigilara los edificios de la administración de la Junta y del Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Ambas empresas desoyeron la advertencia del Ejecutivo manchego para que en el plazo de dos días comenzaran a aplicar a 130 vigilantes las condiciones del convenio estatal del sector. La Junta de Castilla-La Mancha también excluyó a Sinergias y Marsegur del concurso para proveer de vigilancia al Hospital Universitario de Ciudad Real.

11 adjudicaciones a Marsegur y Sinergias

Por el contrario, el Ministerio de Empleo permanece ajeno a este cambio de política. Pese a tener entre sus competencias el “impulso de las condiciones laborales”, no predica con el ejemplo en su propia casa. De las 28 licitaciones abiertas desde agosto para dotar de vigilancia privada a sus instalaciones, sólo tres incluyen cláusulas que obliguen a las empresas candidatas a respetar el convenio del sector. Otras 19 ya han sido adjudicadas y de ellas 11 han caído en manos de las dos low cost por excelencia: ocho a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y tres a Marsegurlow cost. Seis más están pendientes aún de resolverse.

De hecho, los 11 contratos concedidos por el Ministerio de Empleo son la mitad de los conseguidos por ambas empresas en lo que va de año, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Es decir, el departamento de Fátima Báñez resulta ser su principal adjudicador. En total, 2,55 millones de euros.

Y no sólo ahora. En 2016 Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De esos 22,12 millones de euros, 16 millones correspondían al macrocontrato para vigilar las instalaciones de Defensa antes citado. Si se descuenta ese concurso, la mitad de las adjudicaciones a estas empresas correspondían al Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros.

Sólo Lugo, Huelva y Valencia

Desde el pasado agosto, sólo las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Lugo, Huelva y Valencia incluyeron menciones expresas en los pliegos a las condiciones laborales de los vigilantes. “El contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos al servicio, respetarles todos los derechos que tuvieren reconocidos en su anterior empresa y mantenerles las condiciones económicas y sociales del citado convenio”, reza la cláusula 19.5 del pliego elaborado por la TGSS de Huelva. De hecho, la mesa de contratación excluyó del procedimiento a Marsegur y a otra empresa, Alcor Seguridad, por incumplir esta condición.

También fueron apartadas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad del concurso abierto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Valencia, que obliga en los pliegos a los contratistas a cumplir el convenio del sector, “y especialmente los aspectos referidos a los derechos sociales y económicos de los trabajadores”.

Por el contrario, la TGSS en Ciudad Real ha sido la última en adjudicar la vigilancia de sus instalaciones a Marsegur, por un importe de 307.441 euros. Antes hizo lo propio la TGSS de Tenerife, por 263.463 euros. Y el INSS de León, por 211.580 euros más. A Sinergias le han concedido la vigilancia de las TGSS de Cádiz, Castellón, Málaga, Toledo y Sevilla, además del INSS de Tenerife y Toledo. Y la policlínica del Instituto Social de la Marina (ISM) en Madrid.

Mención aparte merece la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que coordina los cursos de formación para trabajadores y desempleados y está integrada por el ministerio, la patronal y los sindicatos. En los pliegos del concurso por el que adjudica la vigilancia de su sede en Madrid se limita a citar como normas aplicables “el convenio colectivo estatal” o “el convenio propio de la empresa”. La mesa otorgó el contrato a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Lo mismo hizo la TGSS de Málaga, pese a que incluyó en el pliego entre las reglas que debía cumplir el contratista “la evaluación de los costes laborales […] de acuerdo con el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad”.

Al cierre de esta edición, el Ministerio de Empleo no había contestado a las preguntas de infoLibre sobre las directrices del departamento relativas a la contratación de estos servicios.

Huelgas por el impago de nóminas

CCOO, que intentó sin éxito, hasta en cinco ocasiones, reunirse con los responsables de contratación y con el secretario de la Tesorería de la Seguridad Social de Ciudad Real, ya ha convocado una huelga el 1 de enero de 2018huelga el 1 de enero de 2018. La mayoría de los contratos antes citados entran en vigor en esa fecha y su duración es de un año.

Antes, el próximo 12 de diciembre, también han sido convocados a la huelga por CCOO e Intersindical Canaria los trabajadores de Marsegur, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria en el archipiélago. Ambos sindicatos firmaron con Seguridad Integral un acuerdo hace sólo un par de semanas por el que dejaban en suspenso los embargos judiciales de las cuentas de la empresa a cambio de que se pagaran las nóminas a la plantilla. Como Seguridad Integral Canaria no ha cumplido –sólo ha abonado las de octubre de un centenar de trabajadores–, CCOO e Intersindical han considerado roto el pacto y han anunciado medidas de protesta.

Porque estas tres empresas no sólo pagan poco sino que, además, pagan tarde o no lo hacen. Los vigilantes del Metro de Madrid –Seguridad Integral Canaria– se han declarado en huelga por los retrasos e impagos de nóminas. La misma empresa tampoco ha pagado los finiquitos de los vigilantes que fueron subrogados por Marsegur cuando ésta consiguió el megacontrato de Defensa o de los que ha cedido en Canarias a otras empresas tras anunciar que abandonaba los servicios de vigilancia porque pierde dinero con ellos. Los trabajadores de limpieza del Grupo Ralons, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Seguridad Integral Canaria, irán a la huelga igualmente, en protesta por la falta de abono de sus sueldos. La mayoría son trabajadoras a tiempo parcial con sueldos de 400 euros al mes, denuncia CCOO.

Marsegur, que en septiembre cambió su denominación social para llamarse Novo Segur Seguridad Privada, es una de las empresas, junto a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ligadas a Miguel Ángel Ramírez. El polémico empresario, donante del PP, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Supremo y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre ha negado cualquier vínculo con las dos low cost. No obstante, tanto Seguridad Integral Canaria, como Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. Además, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas. Curiosamente, después de anunciar que prescindía del negocio de la vigilancia, el empresario ha cedido todos sus contratos en esta actividad a Sinergias de Vigilancia. Ramírez aduce que ésta fue la única interesada.

Salario base de 660 euros, seis céntimos de plus 

Las condiciones laborales en las tres empresas han estado siempre en el punto de mira de los sindicatos e incluso de la propia patronal del sector, que les acusa de competencia desleal. Ramírez intentó recortar en unos 300 euros al mes los sueldos de Seguridad Integral Canaria, aplicando a la plantilla un descuelgue salarial que anuló el Tribunal Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa. Miguel Ángel Ramírez debe por este motivo a su plantilla unos cinco millones de euros, que le están reclamando en los juzgados.

El sistema utilizado en Seguridad Integral Canaria es el mismo que sirvió para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur anulados por el Supremo y la Audiencia Nacional. Así se garantizaron las empresas convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.

El de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Aunque los convenios de Marsegur han sido anulados, la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo y sigue aplicándolos a sus trabajadores, pese a que la Audiencia Nacional le exigió la ejecución inmediata de la sentencia.

Seguridad Integral Canaria, el hasta ahora buque insignia del rey de las empresas low cost de seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez, está sufriendo una agonía convulsa. En agosto anunció que abandonaba su actividad principal, la vigilancia, y que tenía previsto liquidar, vender o ceder todos sus contratos con empresas privadas antes del 1 de septiembre y los firmados con las administraciones públicas antes del 1 de octubre. Mientras se desmonta la empresa, sus trabajadores, tanto en Canarias como en Madrid, llevan dos meses sin cobrar. El fin de semana estaban convocados a la huelga en el Metro madrileño, y la semana pasada y este mismo lunes los juzgados de Tenerife amanecieron cerrados a cal y canto porque todos sus vigilantes se dieron de baja por enfermedad.

A día de hoy, Seguridad Integral Canaria ha cedido el 99% de sus contratos privados a una sola empresa: Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que junto a Marsegur es una de las firmas denunciada como “pirata” por los sindicatos. Sus respectivos convenios de empresa han sido anulados por la Audiencia Nacional. Ambas pagan salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal del sector.

Por lo que respecta a sus contratos con las administraciones públicas, Miguel Ángel Ramírez pretende que también sean cedidos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que vuelvan a salir a concurso. Para ello no ha dudado en agitar ante la plantilla el fantasma del paro. En un comunicado difundido el pasado viernes, Ramírez advertía a sus 1.500 vigilantes en Canarias que, en caso de que los sindicatos no acepten la cesión a Sinergias, a Seguridad Integral “no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores” antes de fin de año, lo que “abocaría al impago indefinido de salarios […] y a la remisión de los trabajadores al desempleo”.

Los sindicatos se oponen frontalmente a esa cesión. Y no sólo por los bajos salarios de Sinergias, sino también porque llevan años denunciando que tanto esa empresa como Marsegur están vinculadas con Miguel Ángel Ramírez. Él lo niega. Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por cuatro mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, una de las empresas de Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas. El pasado 27 de septiembre, el Boletín del Registro Mercantil publicó el cambio de denominación de Marsegur, que ha pasado a llamarse Novo Segur Seguridad Privada.

Un portavoz de Seguridad Integral Canaria no niega a infoLibre la presencia del padre de Ramírez en Sinergias, pero asegura que éste ni es accionista ni posee cargo alguno en la citada empresa: “Su única relación es que pertenecen a la misma patronal”. También recalca que el interés de Miguel Ángel Ramírez por ceder a Sinergias todos sus contratos, tanto públicos como privados, se debe únicamente al hecho de que es “la única empresa que se ha ofrecido”.

Presión antes de reunirse los sindicatos con el presidente 

El comunicado de Seguridad Integral Canaria tuvo como detonante la reunión que el presidente canario, Fernando Clavijo, había convocado para el sábado con representantes de CCOO, UGT, USO e Intersindical Canaria para tratar la cesión de los contratos de vigilancia. Clavijo la anuló después de que los sindicatos rechazaran la inclusión en la mesa, a última hora y por iniciativa de la presidencia, del sindicato CSI-F. “Carece de representación en el sector”, alegaron. Según explican, las administraciones públicas no apoyan la cesión de los contratos a Sinergias. “El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas, entre otros, han dicho que no van a fomentar más precariedad permitiendo que pasen a otra empresa de su marca”, advierten en su airada reacción al comunicado de Seguridad Integral, donde acusan a Ramírez de “chantajearlos”. También de “mentir” cuando amenaza a la plantilla con el paro y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Por el contrario, precisan, el convenio sectorial obliga a la empresa a subrogar a los vigilantes tras cada nueva adjudicación del servicio. Fuentes de la empresa, en cambio, ponen el foco en el “factor cronológico”, asegurando que pasarán hasta seis meses antes de que vuelvan a salir a concurso los contratos, un tiempo que los vigilantes pueden pasar “cobrando menos” en Sinergias o “cobrando el paro”. “La situación de Seguridad Integral es insostenible, no aguanta más, y a fin de año tendrá que terminar su actividad”, alertan. “El concurso de acreedores será mucho más traumático”.

Por el contrario, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Césareo Rodríguez Santos, ha declarado al periódico eldia.es que el próximo concurso ya está en preparación, se anunciará “en los próximos días o semanas” y obligará al adjudicatario a aplicar los salarios del convenio estatal, a diferencia de lo que hace Sinergias.

El caso es que la ofensiva es total. Uno de los sindicatos minoritarios del sector, Alternativa Sindical, ha denunciado a Seguridad Integral Canaria ante la Junta Consultiva de Administraciones Públicas del Estado por ceder estos contratos a terceras empresas que “carecen de los requisitos y certificados necesarios de solvencia homologables” para ser adjudicatarios públicos. Y USO ha convocado una huelga indefinida en Tenerife a partir del próximo día 20 por el “reiterado impago de las nóminas”.

A Sinergias han pasado ya un millar de vigilantes de Seguridad Integral Canaria, según las cifras facilitadas por la propia empresa. Quedan otros 1.500 pendientes de lo que ocurra con los contratos públicos. El salario base de uno de estos vigilantes ha pasado ahora a ser de sólo 660 euros mensuales brutos. El plus de nocturnidad se queda en seis céntimos la hora, 18 veces menos que en las empresas acogidas al convenio estatal. En total, su salario bruto se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.

El grupo Ralons como aval ante los juzgados

Las condiciones salariales en Seguridad Integral Canaria son mejores, pero sólo desde que el Tribunal Supremo anuló en diciembre de 2015 el descuelgue del convenio estatal que aplicó Miguel Ángel Ramírez en 2012. La sentencia obligaba al empresario a devolver a sus trabajadores las cantidades que éstos habían dejado de cobrar esos años cuando les redujo los salarios. Unos 450 vigilantes las han reclamado en el juzgado. En total, Ramírez adeudaba a su plantilla casi cinco millones de euros, según reconoce la propia empresa. Pero no ha pagado y los jueces le han embargado las cuentas. Los sindicatos dicen que incumplió las sentencias casi desde el principio. Un portavoz de Seguridad Integral precisa, no obstante, que se ha devuelto aproximadamente un 40% de los sueldos dejados de percibir, unos dos millones de euros. A cada vigilante Ramírez le debía unos 20.000 euros por año.

El empresario no ha dudado en culpar a esos embargos judiciales de sus “tensiones de tesorería”, por tanto también de los retrasos en el abono de nóminas. El portavoz de Seguridad Integral Canaria niega que se adeude “meses” a la plantilla, aunque sí reconoce los retrasos en el pago. En Canarias, indica, se estaban ingresando las nóminas entre el viernes pasado y este lunes. Y en el Metro de Madrid “se ha pagado ya el 70% de la nómina”, añade.

El pasado 30 de octubre la empresa llegó a un acuerdo con Intersindical Canaria y CCOO por el que, a cambio de levantar el embargo de las cuentas, Seguridad Integral Canaria se comprometía a readmitir a cinco miembros del comité de empresa que había despedido y a pagar las nóminas de septiembre y octubre, así como a abonar las siguientes antes del día 5 de cada mes. Además, Ramírez se obligaba a pagar a los vigilantes las cantidades reclamadas en el juzgado de 2012 a 2015. Para ello, según ha confirmado infoLibre, el empresario ha puesto como aval el grupo Ralons, al que no pertenece Seguridad Integral Canaria, pero que agrupa a 10 empresas de servicios, limpieza, mantenimiento, guarderías o formación y cuyos trabajadores también han tenido problemas para cobrar sus nóminas.

Deudas con la Seguridad Social y con Hacienda

Además de pagar a sus trabajadores los sueldos que les escatimó durante casi tres años, Miguel Ángel Ramírez también debe abonar a la Seguridad Social las cotizaciones que se ahorró en ese tiempo. El pasado septiembre el Consejo de Ministros acordó remitir a la Fiscalía el acta levantada por la Inspección de Trabajo sobre este asunto, por las posibles responsabilidades penales en que haya incurrido el empresario. También Sinergias de Vigilancia y Seguridad tiene abierto otro procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social en la Fiscalía. Mientras, un juzgado de Canarias investiga a Ramírez por delito fiscal. Además, Seguridad Integral apareció en la última lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 2,9 millones, que Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas, asegura haber pagado ya.

Condenado por el Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como donante del PP en la contabilidad del partido y, pese a su polémica política de personal, tiene en las adjudicaciones públicas su principal fuente de ingresos. Cuando anunció que Seguridad Integral Canaria abandonaba el área de vigilancia para centrarse en el transporte de fondos, culpó a los embargos judiciales y a las administraciones públicas de sus problemas económicos. También cifró su deuda en 7,2 millones de euros, tras revelar que los precios de los concursos públicos no permiten a la empresa cubrir los costes que le suponen las nóminas de los vigilantes. Las administraciones, se quejaba entonces el gerente, Héctor Jesús de Armas, “pagan tarde y mal”.

Los sindicatos ponen en duda los motivos de Ramírez. Dicen que el anunciado “cese de actividad” no es más que una “trampa” y que están acostumbrados a sus reiterados incumplimientos. En internet, Seguridad Integral Canaria acaba de colgar anuncios que solicitan vigilantes privados para la campaña de navidad en Madrid, sin especificar el servicio. Fuentes de la empresa responden que son para el Metro, cuyo contrato con Seguridad Integral finaliza el 31 de enero de 2018. Las ofertas, con contrato temporal, piden disponibilidad inmediata desde el próximo día 24 y proponen un sueldo de entre 1.000 y 1.200 euros al mes, sujeto al convenio estatal.

Los vigilantes de la empresa de seguridad Marsegur, que trabajan en centros del Ministerio de Defensa, están llamados a la huelga entre el lunes y el viernes por la negativa de la empresa "a resolver el incumplimiento de convenio" y "por el impago de nóminas".

Según ha informado el sindicato Unión Sindical Obrera (USO-Madrid) en un comunicado, USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad Marsegur vuelven a convocar estas huelgas tras el "ineficaz" efecto de la huelga del 23 de septiembre.

Además, no descartan continuar con estas huelgas de forma indefinida si la empresa sigue "negándose a negociar" y "resolver el incumplimiento de convenio y el impago de las últimas nóminas".

USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en la empresa de seguridad privada Marsegur ya convocaron huelga los días 25 y 26 de septiembre, que fue seguida por el 80% e incluso en algunos centros ha llegado al 100%.

Estas huelgas afectan, según USO-Madrid, a unos 500 trabajadores de Madrid que ejercen su labor de vigilancia en el Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros lugares. Los sueldos de todos estos trabajadores son "el 32% menos de lo estipulado, en torno a 750 euros mensuales".

El presidente del comité de empresa de Marsegur y delegado de USO-Madrid, José Ángel Mora, ha señalado que la situación, "además de ilegal", es "insostenible" e "injusta". "Ni siquiera nos permite la subrogación que supondría mantener la condiciones laborales de la anterior empresa", ha criticado.

Nuevo revés judicial para una empresa de seguridad low cost. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad a pagar a los 63 vigilantes destinados en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid y en sus centros los salarios fijados en el convenio estatal del sector y, por tanto, a dejar de aplicar el convenio de la propia empresa.

La sentencia tiene fecha del pasado 5 de junio. Un mes más tarde, la Audiencia Nacional anuló el convenio de Sinergias de Vigilancia y Seguridad por haber sido negociado de forma ilegal: utilizando unos pocos delegados de personal de un puñado de centros de trabajo que firmaron un texto que la empresa aplica a toda su plantilla repartida por España. Ese convenio, pactado en junio de 2015, tiene una vigencia inusual: 10 años. Y condiciones laborales y salariales que los sindicatos no se han cansado de denunciar. Sinergias paga un 40% menos que las empresas acogidas al convenio estatal. Su salario base es de sólo 660 euros mensuales brutos, por 901,93 euros el del convenio del sector. Como plus de nocturnidad paga seis céntimos la hora, 18 veces menos. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 30, instada por una demanda de conflicto colectivo que interpuso CCOO, y recurrida por la empresa. Sinergias de Vigilancia y Seguridad se hizo con el contrato de la Comunidad de Madrid, antes en manos de CIS Compañía Integral de Seguridad, que sí aplicaba el convenio del sector. El 31 de diciembre de 2015 envió a los 63 vigilantes una carta en la que les anunciaba que, a partir de esa fecha, sus condiciones laborales serían las del convenio de la empresa, inferiores a las del convenio sectorial.

El TSJM dictamina que Sinergias de Vigilancia y Seguridad está obligada a “respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad”, tal y como establece el artículo 14 del convenio colectivo del sector. También se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE para dejar claro que la sustitución de un convenio por otro “no puede determinar la reducción, inmediata y por una decisión empresarial unilateral, de los derechos salariales” de los trabajadores. Permitirlo equivaldría a “dar carta de naturaleza a un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que se habría producido exclusivamente como consecuencia del hecho mismo de la transmisión”.

Los jueces se apoyan también en una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la bajada salarial sufrida por los trabajadores de Banco Mare Nostrum que fueron subrogados por Energía Web SAU, una filial de Accenture, en 2014. Se les bajó el sueldo hasta un 35%, se les aumentó la jornada anual, les fueron recortados los días de vacaciones y se quedaron sin plan de pensiones. Igualmente acuden a cuatro sentencias del Tribunal Supremo que anularon las rebajas salariales aplicadas a los vigilantes de Eulen que fueron subrogados por Ombuds Compañía de Seguridad en junio de 2012.

Lista de reveses judiciales

Este fallo se une al del Tribunal Supremo que declaró nulo el descuelgue salarial que Seguridad Integral Canaria intentó aplicar a su plantilla en 2015, y a los de la Audiencia Nacional que han tumbado dos convenios consecutivos de Marsegur. La empresa ha recurrido las sentencias ante el Supremo, por lo que sigue sin pagar a sus trabajadores los sueldos del convenio sectorial. Otros juzgados y tribunales también han dado la razón a los trabajadores de estas empresas cuando han reclamado el pago de los salarios que cobraban antes de que las low cost se hicieran con los servicios públicos que prestaban.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Casi 3,8 millones de euros en poco más de un mes

Este lunes patronal, sindicatos y representantes de los ministerios de Empleo, Fomento e Interior han celebrado la primera reunión del grupo de trabajo que debe solucionar los problemas del sector de la seguridad privada puestos de manifiesto con la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano.

Los sindicatos reclaman que las medidas se hagan extensivas a todos los guardias jurados, no sólo a los que vigilan instalaciones de Fomento. Uno de los ejes de las negociaciones será la necesidad de cambios en las normas de contratación pública para garantizar que las empresas cumplen el convenio estatal del sector. Mientras, las low cost siguen ganando concursos de las administraciones. Sólo en agosto y lo que ha transcurrido de septiembre, Marsegur ha sumado concesiones públicas por importe de 2,37 millones de euros. Los adjudicatarios son el Principado de Asturias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad de Madrid. Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha conseguido 1,4 millones de euros en contratos públicos, del Ministerio de Empleo y del Servicio Canario de Empleo.

Seguridad Integral Canaria, por su parte, anunció hace escasas semanas que abandona la vigilancia presencial y se centrará en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas. Su intención es ceder los contratos de vigilancia, tanto públicos como privados, que posee antes de acabar el mes de octubre. Los sindicatos vigilan que no los traspase a sus dos marcas blancas, Sinergias y Marsegur, o a otras empresas que no respetan el convenio del sector.

Los vigilantes de Marsegur asignados a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres. Marsegur, una de las empresas low cost de seguridad denunciadas por pagar salarios por debajo del convenio sectorial, acumula por este motivo, y otros, hasta 170 actas de infracción del propio ministerio, según denuncia el sindicato USO, que va a poner las irregularidades en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Marsegur comenzó a prestar servicio el pasado mes de mayo en las instalaciones que el Ministerio de Defensa posee en toda España, desde oficinas y hospitales militares hasta acuartelamientos y polvorines. Se hizo con un macrocontrato por importe de 16 millones de euros y un año de duración que hasta ese momento ejecutaba Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Y desde el primer momento de la transición se han sucedido los problemas. Seguridad Integral Canaria no ha pagado a los trabajadores, unos 500, la última nómina ni el finiquito. Esos vigilantes han sido subrogados y siguen prestando el mismo servicio, pero para Marsegur, que paga sueldos un 30% por debajo del resto del sector, aplicando un convenio de empresa que ha sido anulado por la Audiencia Nacional.

Según explica USO, Defensa dio a Marsegur un mes de plazo para poner en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes de buena parte de estas instalaciones. El plazo fue prorrogado otro mes más, pero la empresa, continúa el sindicato, sigue aún hoy sin poner al día los papeles y los armeros, donde los revólveres deben quedar depositados una vez que el vigilante acaba su turno. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.

Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. Según USO, la Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.

Soldados para sustituir vigilantes privados

Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones. El sindicato recuerda que el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. Y que en muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. Las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar.

Al cierre de esta información, el Ministerio de Defensa no ha contestado a las preguntas de infoLibre sobre Marsegur. El director general de la empresa, Antonio Redondo, dice no estar al tanto las 170 actas de infracción levantadas por Defensa –“Eso lo lleva el departamento jurídico”– y asegura que en el traspaso del contrato sólo se han producido “los problemas naturales cuando una empresa se hace cargo de un servicio de esa envergadura”. “Todo está regularizado”, zanja.

USO también denuncia otras irregularidades. Por ejemplo, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes. “Todos son incumplimientos del pliego del concurso, por lo que la empresa debería ser sancionada e incluso se le debería rescindir el contrato”, resaltan fuentes del sindicato.

Los vigilantes se movilizan

Los vigilantes privados han sido convocados este jueves por USO a manifestarse en toda España en protesta contra las empresas low cost y para presionar en la negociación del convenio colectivo del sector. La reunión para reanudar las conversaciones, prevista para el pasado martes, fue suspendida a la espera de que se constituya el próximo día 11 el grupo de trabajo sobre seguridad privada pactado por Fomento con los sindicatos y la patronal tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.

Además, en Canarias, tanto USO como el resto de los sindicatos, desde UGT, CCOO y CSI-F hasta los minoritarios, han llamado a la huelga a los trabajadores de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, polémico empresario condenado por el Tribunal Supremo, indultado por el Gobierno del PP y denunciado por los sindicatos por los bajos salarios que paga a sus trabajadores. La Delegación del Gobierno de Canarias ha impuesto a los vigilantes unos servicios mínimos que el comité de huelga ha condenado por abusivos. Excepto en Correos y en los centros públicos, con un 50%, el resto de los servicios son del 100% de la plantilla.

La huelga ha sido convocada tanto en Seguridad Integral Canaria como en Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, también vinculadas a Miguel Ángel Ramírez. Aunque él niega cualquier relación con estas dos últimas, en Sinergias figuró como apoderado hasta agosto de 2016 su padre, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas y son miembros de Acosepri, una patronal integrada también por Seguridad Integral Canaria y PowerSIC, empresa igualmente del Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez sólo quiere blindados y alarmas

Hace una semana el empresario canario anunció que abandona los servicios de vigilancia privada para concentrarse en los de transportes de fondos y sistemas de alarmas. Su plan es ceder los contratos de este tipo, tanto públicos como privados, a otras empresas antes del 1 de octubre. Y quedarse con 1.000 de sus 4.000 vigilantes. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias o de Adif en Andalucía. Según fuentes sindicales, la empresa no garantiza a los trabajadores el pago de las nóminas en plazo, sólo dependiendo de que tengan liquidez.

Los sindicatos vigilan ahora el traspaso de esos contratos de vigilancia, pues temen que las empresas beneficiarias sean las marcas blancas de Ramírez, Marsegur y Sinergias. En Seguridad Integral Canaria, el empresario intentó aplicar un descuelgue de las tablas salariales del convenio sectorial, que fue anulado por el Tribunal Supremo. El motivo fue el mismo por que la Audiencia Nacional ha declarado nulos los convenios de Marsegur y Sinergias: fueron negociados de forma irregular, sentando a la mesa sólo a un puñado de delegados de personal –normalmente mandos intermedios de la empresa– que no representaban a toda la plantilla y a todos los centros de trabajo. Por consiguiente, en Seguridad Integral Ramírez paga los salarios del convenio. En las otras dos, apenas superan los 800 euros al mes.

Este domingo los vigilantes privados del aeropuerto de El Prat votaron a favor de una nueva huelga a partir del 8 de septiembre en protesta por las sanciones que la empresa Eulen les ha impuesto por incumplir los servicios mínimos durante los paros de principios de agosto. El próximo día 30, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, deberá tener listo el laudo arbitral sobre el conflicto que mantiene Eulen con sus trabajadores del aeropuerto barcelonés, que reclaman una subida salarial de 250 euros mensuales en 15 pagas. Los sindicatos ya han advertido de que denunciarán el laudo en los tribunales, cuyo carácter obligatorio rechazan. Ocho días más tarde, los trabajadores de otra empresa del sector, Seguridad Integral Canaria, están llamados a la huelga en protesta por su “cese de actividad”“cese de actividad” anunciado el pasado miércoles y por el reiterado retraso en el pago de sus nóminas. En septiembre también serán convocados a parar los más de 500 empleados de Marsegur, una firma tachada de “pirata” por los sindicatos, que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España.

El comienzo del curso se prevé, pues, agitado en el sector de la seguridad privada, que además reanudará ahora la negociación del convenio colectivo estatal, donde los sindicatos pelean por subir salarios y la patronal quiere eliminar la antigüedad y recortar las bajas laborales.

La temperatura del conflicto dependerá en buena parte de la mesa de diálogo en la que los Ministerios de Interior, Fomento y Empleo discutirán con las organizaciones empresariales y sindicales cómo mejorar las condiciones laborales de los vigilantes privados en los aeropuertos. “Si en la mesa no hay voluntad de solucionar los problemas, el otoño será caliente”, advierte Basilio Febles Armas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO. “Vamos a intentar que no lo sea”, replica Ángel Córdoba, presidente de la principal patronal del sector, Aproser, “si nos dejan solucionar los temas en la mesa y tenemos el apoyo del Gobierno…”.

Esa mesa de diálogo deber servir para encontrar “una solución global”, no sólo para los servicios privatizados de los aeropuertos, apunta por su parte Diego Giráldez, responsable de Seguridad Privada de UGT. El resultado debe valer y extenderse a todas las administraciones públicas. “Si la mesa se convierte en un brindis al sol, trasladaremos el conflicto a la calle”, añade, “para conseguir un nuevo modelo de seguridad privada, para luchar contra la nefasta política de contratación pública y para combatir el retroceso salarial que pretende la patronal en el convenio”.

Salarios precarios en las subcontratas públicas

La huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat ha llevado a las primeras páginas los sueldos de los guardias privados en España. Aunque no son precisamente los empleados de este grupo de multiservicios, uno de los mayores del país, quienes tienen peores condiciones laborales. Eulen les aplica el convenio estatal, al igual que el resto de las otras nueve grandes empresas pertenecientes a la patronal Aproser. Sin embargo, el 96,4% de las 1.534 empresas habilitadas por las administraciones son firmas con menos de 500 trabajadores. USO calcula que el 17% de los trabajadores del sector –13.155 personas– están empleados en empresas que no aplican el convenio estatal. Son conocidos los casos de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ambas vinculadas con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Pero hay muchos más. Un total de 19 empresas tienen sus propios convenios, con salarios hasta un 40% inferiores al marco estatal. Entre ellas, cabe citar Seguriber, la firma de la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. Otras 11 han firmado descuelgues del convenio sectorial –no aplican determinadas cláusulas, básicamente las salariales– y seis más lo “incumplen reiteradamente”, indica USO, sin haber negociado descuelgue alguno.  

El convenio de Sinergias establece un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al marco estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.

En Marsegur el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el marco estatal.

Con estos salarios mínimos las empresas ganan con facilidad los concursos de las administraciones públicas, abocadas por el imperativo de recortar el déficit a bajar los presupuestos de licitación y primar el precio sobre el resto de los criterios para adjudicar los contratos. Así, la patronal Aproser asegura que sólo el 20% de su facturación procede de concesiones públicas. Ése es, por el contrario, el terreno en que mejor se mueven estas empresas medianas y menos escrupulosas con los gastos de personal. Cuando el 85% de los costes de un servicio corresponden a los salarios y cargas sociales de la plantilla, como ocurre con la vigilancia privada, una rebaja salarial concede a estas empresas una ventaja insuperable en las mesas de contratación. Aproser asegura que el 50% de los contratos de seguridad privada en el sector público se los llevan firmas que no cumplen el convenio estatal. “Por debajo de 16 euros la hora, las empresas de Aproser no concursan porque no les sale rentable”, explica Basilio Febles. En muchas licitaciones de la Comunidad de Madrid, Marsegur y Sinergias han ofrecido sólo 13 euros la hora, asegura.

Algunas administraciones –como el Ayuntamiento de Madrid– han introducido “cláusulas sociales” en los pliegos de sus concursos, y otras –como la Junta de Castilla-La Mancha– han rescindido contratos porque la empresa no aplicaba las tablas salariales del convenio sectorial. Pero, para los sindicatos y la patronal, esos gestos no bastan y exigen un cambio en las normas de contratación pública que conceda mayor peso a los criterios sociales y de calidad del servicio en la nota final de las adjudicaciones. “La economía va mucho mejor ahora, no tiene sentido seguir primando el precio”, resalta Ángel Córdoba.

Sin acuerdo en la negociación del convenio

Según las cifras que aporta Aproser, en España trabajan 78.200 vigilantes privados, de los que el 82% cuentan con contratos indefinidos. Aunque no cambian de puesto de trabajo, sí lo hacen de empresa cada pocos años, cada vez que su servicio sale a concurso y gana un nuevo adjudicatario. El empleo es fijo, por tanto, pero sus condiciones no, y pueden empeorar, como les ha ocurrido a los vigilantes de El Prat: pasaron de cobrar 1.300 euros al mes con Prosegur a 1.100 con Eulen, que además redujo personal y aumentó la carga de trabajo de quienes continuaron. O a los vigilantes del Ministerio de Defensa, que en mayo cambiaron de Seguridad Integral Canaria a Marsegur. Cobraron con retraso la última nómina, no se les abonó la liquidación de la primera empresa y la segunda les ha recortado un 30% el salario.

Pero aun respetando el convenio estatal, los sueldos no son para lanzar cohetes. La líder del sector en España, Prosegur, es la empresa cotizada con el salario medio más bajo: 15.716 euros anuales. Por debajo de Inditex, que paga una media de 23.575 euros al año a su enorme plantilla de dependientas.

“Llevamos ocho años con los sueldos congelados, así que ahora toca revisarlos”, expone Rafael Saldaña, secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), una de las organizaciones minoritarias del sector que no participa en la negociación del convenio. Aunque la patronal no se niega a subir sueldos, precisa que quiere vincular cualquier alza a la productividad. Por eso reclama la congelación de la antigüedad y el recorte en la cobertura por incapacidad temporal, apoyada en el aumento del absentismo. “Son temas sagrados para nosotros”, se opone Rafael Saldaña, “la antigüedad es el único concepto de la nómina que se consolida”.

En su momento los sindicatos pidieron un aumento salarial del 3%. Ahora, si el Gobierno accede a cambiar las normas de contratación pública, el verdadero caballo de batalla del sector, están dispuestos a aceptar un convenio con “subidas razonables”, concede Basilio Febles. Ángel Córdoba contrapone el hecho de que el 50% de las empresas del sector tiene pérdidas y que la facturación, aunque ha crecido en 2015 y 2016, en este último año el alza es “inferior al aumento del PIB [un 3,2%]” y aún no ha recuperado las cifras de 2007. En 2015 el volumen de negocio ascendió a 3.481 millones de euros.

Una patronal contra los convenios de empresa

Los detalles se discuten pero el convenio sectorial se ha convertido en un blindaje que defienden a capa y espada tanto sindicatos como patronal. De hecho, Aproser pide que se cambie la reforma laboral de 2012 para eliminar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, precisamente una de las banderas de la política desarrollada por el Gobierno del PP. “Es una medida que ya no tiene sentido; en el sector servicios, donde el principal coste son las nóminas, sólo origina competencia desleal”, protesta Ángel Córdoba.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado ya un buen número de estos convenios de empresa, no por su contenido –precarias condiciones para los trabajadores–, sino porque fueron negociados de forma ilegal. Es el caso de los convenios de Viriato, Ariete y de las citadas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, donde el empresario negoció sólo con los delegados de personal de unos pocos centros de trabajo las condiciones de toda la plantilla. Además, esos delegados suelen ser mandos intermedios de la empresa, y la negociación, simulada: en un par de días se aceptaban y firmaban las leoninas condiciones ofertadas por la empresa. Pero, aun habiendo sido anulados por los tribunales, y pese a que esas sentencias son inmediatamente ejecutivas –según dicta la ley–, las empresas continúan aplicando los convenios. Y las administraciones, adjudicándoles contratos, lamentan los sindicatos.

Otro foco de atención de los sindicatos este otoño va a ser Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez abandona los servicios con vigilantes porque dice que no le salen rentables y va a centrarse en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas, según acaba de anunciar. Por eso, va a desprenderse de la mitad de sus casi 3.000 trabajadores, que pasarán a otras empresas. “Vamos a vigilar a cuáles y en qué condiciones”, adelanta el dirigente de USO, para que no ceda los contratos a sus “marcas blancas” o a otras compañías que no aplican el convenio sectorial, pero también por si se produce algún “ilícito penal”: que la nueva prestadora del servicio cobre lo mismo de la administración que la anterior, pero pague un 30% menos a la plantilla y aumente en el mismo porcentaje su beneficio. Aunque Diego Giráldez teme que el de Seguridad Integral Canaria se sume a los abandonos de Esabe, Segur Ibérica, LPM o Sequor, que en los últimos años fueron liquidadas y sus trabajadores, despedidos. “Curiosamente, estas empresas eran de las que más contratos públicos tenían”, deja caer el responsable de UGT.

Transporte de fondos, más vigilancia privada

El transporte de fondos es uno de los puntos cuya regulación puede cambiar en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que lleva ya tres años elaborando el Gobierno. Con la ley, tanto patronal como sindicatos se declaran satisfechos, pero el único borrador del reglamento que ha circulado hasta ahora levanta suspicacias. Los empresarios hablan de inseguridad jurídica y los representantes de los trabajadores temen que se liberalice el transporte de dinero, permitiendo a otros operadores ajenos al sector, como las empresas de mensajería, entrar en el mercado. Tampoco están de acuerdo en que se relajen los controles sobre el depósito de armas o que se recorten las horas de formación de las plantillas.

Por el contrario, piden más campo de acción para la seguridad privada. Frente a quienes critican que los guardias jurados hayan sustituido a los guardias civiles en los controles de los aeropuertos o se dediquen desde tiempos recientes a vigilar el perímetro exterior de las cárceles, empresas y trabajadores creen que aún les quedan espacios adicionales por cubrir. “Estamos capacitados”, interviene Basilio Febles, “para vigilar en espacios abiertos, en el exterior de centros comerciales, por ejemplo. “En el resto de los países de Europa, los vigilantes privados tienen muchas más competencias que en España, y funcionan bien”, destaca Diego Giráldez. Según los datos de Aproser, en España la ratio es de un vigilante por cada 594 habitantes, mientras que en el resto de la UE es de uno por cada 264. “Es decir, que habría que duplicar el número de guardias privados para equipararnos”, invita el presidente de la patronal.

Seguridad Integral Canaria va a deshacerse de entre el 50% y el 60% de su plantilla, que cederá a otras empresas del sector. Al menos ésa es la intención de la hasta ahora marca insignia del canario Miguel Ángel Ramírez, que este martes anunció que abandona su principal área de actividad, la vigilancia presencial, para centrarse en el transporte de fondos y los sistemas de vigilancia y alarmas. Dice que pierde 7,2 millones de euros y que no puede cubrir los costes de la plantilla con los pagos de las administraciones públicas que le adjudican los servicios. El resto del personal continuará en la empresa, aseguró un portavoz a infoLibre. Entre ellos, los 560 trabajadores que vigilan parte de las instalaciones del Metro de Madrid, un contrato de 71,37 millones de euros.

Los responsables de Seguridad Integral Canarias se reunirán el próximo lunes con el comité de empresa de Las Palmas, después de que este miércoles se anulara una cita prevista para primera hora de la mañana. El portavoz asegura que la reunión no se suspendió, sino que se produjo “una confusión” y se ha aplazado para la semana próxima. Sin embargo, tras esperar durante hora y media a las puertas de la empresa y no ser recibidos, los sindicatos denunciaron a Seguridad Integral Canaria en la Inspección de Trabajo por negarse a facilitarles información sobre el “cese de actividad” que anunció la víspera y por intentar “desinflar” la huelga convocada para el próximo 7 de septiembre en protesta por el retraso sistemático en el pago de los salarios.

La empresa cifra en 2.500 trabajadores su actual plantilla, por debajo de los casi 4.000 empleados repartidos por toda España de que hablan los sindicatos. De ellos, 1.700 se encuentran en Canarias. Los empleados que no sean subrogados se dedicarán tanto al transporte de fondos como a los sistemas de vigilancia y alarmas, que la empresa considera áreas de actividad rentables. Al transporte de fondos se dedican en España sólo cuatro empresas: Loomis, Prosegur, TrablisaProsegurTrablisa y Seguridad Integral Canaria, explica el portavoz de esta última. Pero el negocio de Trablisa y de Seguridad Integral es autonómico: la primera desarrolla su actividad en Baleares y la empresa de Miguel Ángel Ramírez, en Canarias. De modo que el mercado en la Península se lo reparten Prosegur y Loomis.

Es ahí donde quiere ahora hincar el diente el empresario canario, un proyecto que fuentes del sector consultadas por este periódico consideran una “temeridad”. Seguridad Integral cuenta con una flota de 22 vehículos, de los cuales 20 son blindados. Cada uno de estos transportes cuesta 400.000 euros, destaca el portavoz de la empresa canaria. Es decir, entrar en esa área de negocio requiere inversiones cuantiosas para una compañía con serias dificultades económicas, que cifra en 25 millones de euros la cantidad que le deben las administraciones públicas.

Cederá los contratos a las empresas que elija

Los contratos de vigilancia de los que pretende deshacerse ahora Seguridad Integral Canaria son en buena parte adjudicaciones públicas: sólo en lo que va de año, 4,37 millones de euros. Salvo que los pliegos del concurso incluyan la prohibición de subrogar el contrato, a Ramírez le bastará con comunicar a la administración correspondiente que va a cederlo a otra empresa. Siempre que ya haya ejecutado el 20% del presupuesto o transcurrido el 20% del tiempo de ejecución establecido en los pliegos. Con los contratos firmados con otras empresas privadas, sólo tendrá que informar a éstas de que ha encontrado otra compañía interesada en seguir prestando el servicio.

Los sindicatos ya han expresado sus temores de que esas nuevas empresas sean Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, que consideran “marcas blancas” de Miguel Ángel Ramírez. El portavoz de Seguridad Integral Canaria niega que ambas tengan relación alguna con el empresario, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. “La única relación es que están agrupadas en la patronal Aprosepri, radicada en Canarias”, explica. Sin embargo, en Sinergias de Vigilancia y Seguridad figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas. Las dos pagan sueldos inferiores al convenio del sector hasta en un 40% en virtud de unos convenios de empresa que han sido anulados por los tribunales –fueron negociados con el mismo sistema ilegal con que se firmó el descuelgue salarial de Seguridad Integral, también anulado por el Supremo–. Pese a ello, los han seguido aplicando a los trabajadores que prestan sus servicios a las administraciones públicas. Marsegur paga a sus vigilantes un sueldo base de sólo 726 euros mensuales. Y un plus de nocturnidad de 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

Preguntado por la posible cesión de los contratos de Seguridad Integral Canaria a estas dos empresas tachadas de “piratas” por los sindicatos, el portavoz responde que “aún no hay nada decidido al respecto, de modo que podría ser alguna de ellas u otras”.

También revela que Ramírez ha optado por el cese de actividad en lugar del concurso de acreedores por motivos “sentimentales”: “Seguridad Integral Canaria fue su primera empresa, la que permitió crear el grupo [Ralons]”. Y porque su prioridad es “garantizar los puestos de trabajo”. El empresario canario se ha convertido en estos años en la bestia negra de los sindicatos de vigilantes, que lo han combatido tanto en los tribunales como en la calle. En la lista sindical de agravios, a los bajos salarios se añade el retraso continuado en el pago de las nóminas. Sin embargo, Seguridad Integral asegura que no adeuda ni un euro en salarios a sus trabajadores, aunque sí reconoce las demoras en el abono de los sueldos. También debe más de tres millones en cantidades que los vigilantes le han reclamado con éxito en los tribunales. El portavoz adelanta que terminará de pagarlas “a principios de 2019”.

Seguridad Integral Canaria ha planteado un cese de actividad como solución a los 7,2 millones de euros en números rojos que dice sufrir. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, conocido por su política salarial low cost y por sus múltiples problemas judiciales, ha sido una de las principales adjudicatarias de contratos públicos en los últimos años. Unos servicios que ahora pretende ceder a otras empresas, con la promesa de que sus trabajadores serán subrogados por los nuevos concesionarios y no perderán sus empleos. Sólo en lo que va de año, ha conseguido contratos por importe de 4,37 millones de euros, con un considerable aumento respecto a 2016 pero muy por debajo de la que sumó en 2015: 15,65 millones, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

Entre sus principales adjudicadores figuran los ministerios de Defensa y Empleo, pero también grandes corporaciones públicas como ADIF –2,04 millones– y RTVE o el Metro de Madrid. Además de las innumerables adjudicaciones del Gobierno canario –1,1 millones de la Consejería de Empleo– y otras entidades de las islas.

Ahora, esos departamentos públicos deberán autorizar el cambio de empresa y firmar un contrato de urgencia con otra para cubrir el servicio mientras convoca un nuevo concurso y formaliza la adjudicación, explican fuentes sindicales.

Según explicó a los sindicatos este martes el administrador de Seguridad Integral Canaria, los pagos de las administraciones por esos servicios no permiten a la empresa cubrir los costes de personal, los salarios de los vigilantes, por lo que ha decidido prescindir de esa área de trabajo. No sólo porque con la crisis y los recortes presupuestarios han caído los precios de licitación de estos contratos, sino porque, además, las administraciones “pagan tarde y mal”. Cuando Seguridad Integral Canaria apareció en la lista de morosos de Hacienda el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros, la empresa se apresuró a replicar que las administraciones le debían a ella 16 millones.

Ramírez se queja de los elevados costes de personal pese a que él ha sido el adalid de los salarios low cost en el sector. El Tribunal Supremo anuló en 2015 el descuelgue del convenio sectorial que Ramírez intentó aplicar a los trabajadores de Seguridad Integral, un recorte salarial de hasta 400 euros mensuales. Hasta ese momento, la empresa se había ahorrado seis millones de euros gracias a esa rebaja de sueldos. Así que desde la decisión judicial, Seguridad Integral Canaria debe pagar a su plantilla los salarios establecidos en ese convenio estatal.

Al empresario canario, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se encuentran vinculadas otras dos empresas, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, ambas tildadas de piratas por los sindicatos. En la primera figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas. Las dos pagan sueldos inferiores al convenio del sector hasta en un 40% en virtud de unos convenios que han sido anulados por los tribunales –fueron negociados con el mismo sistema ilegal con que se firmó el descuelgue salarial de Seguridad Integral–. Pese a ello, los ha seguido aplicando a los trabajadores que prestan sus servicios a las administraciones públicas, sin que éstas hayan reaccionado. Sólo la huelga de los vigilantes de Eulen –que sí aplica el convenio sectorial– en el aeropuerto de El Prat ha activado una respuesta oficial, y tardía. Desde el principio, AENA se desentendió de las condiciones laborales de estos trabajadores –es una plantilla ajena– y los ministerios responsables sólo han intervenido después alarmados por el daño al turismo que infligían las largas colas de viajeros ante los controles de seguridad.

Marsegur y Sinergias de Vigilancia

Pues bien, mientras Seguridad Integral Canaria iba reduciendo su volumen de adjudicaciones, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad sumaban, sólo en 2016, un total de 22,12 millones de euros en contratos públicos, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Curiosamente, este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas dos empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Para cerrar estas adjudicaciones a ambas compañías no ha sido óbice que el propio Ministerio de Empleo fuera quien demandara a Marsegur ante la Audiencia Nacional pidiendo la anulación de su convenio colectivo. O que esta empresa pague a sus vigilantes un sueldo base de sólo 726 euros mensuales con un tope bruto anual de 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. O un plus de nocturnidad de 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

El favorito de Defensa

Cuando el macrocontrato con Seguridad Integral Canaria para vigilar las instalaciones de Defensa en toda España llegaba a su fin, el ministerio volvió a sacar a concurso el servicio. Pero la adjudicación a Marsegur fue recurrida por otra de las empresas concursantes. Mientras se resolvía la impugnación, Defensa necesitaba que se siguiera cubriendo la vigilancia, por lo que adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– a Seguridad Integral Canaria. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le pagó a Miguel Ángel Ramírez 1,32 millones de euros por estos contratos en sólo cuatro meses.

Para que los contratos no superaran los 18.000 euros que marca la ley, Defensa los fraccionó por quincenas o incluso por semanas, también por servicios dentro de una misma instalación –un hospital militar, por ejemplo–. La mayoría de ellos tiene un importe de 17.458 euros. Incluso en algún servicio el contrato se valoró exactamente en 17.999,99 euros.

El caso es que, una vez concluido el macrocontrato, Seguridad Integral Canaria se demoró en el pago de la última nómina a los 500 vigilantes que tenía destinados a Defensa y no ha pagado sus finiquitos. Una práctica, el retraso en el abono de los sueldos, que se extiende al resto de los servicios que presta la empresa. Los trabajadores asignados al Metro de Madrid, los de Adif en Andalucía o los que asignados a distintos organismos públicos de Canarias han convocado huelgas para pedir el pago de sus nóminas de julio, que aún no les han sido ingresadas en sus cuentas.

Pero a partir de ahora los empleados de Seguridad Integral deberán estar pendientes, además, de si son subrogados o no. La empresa se comprometió este martes a pagarles los sueldos adeudados, pero nada ha garantizado sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Los contratos que Seguridad Integral tiene con otras empresas privadas puede cederlos a sus otras dos empresas, Marsegur y Sinergias, explican fuentes sindicales, o bien venderlos a otras firmas del sector interesadas. Los contratos públicos, en cambio, pueden incluir cláusulas que prohíban la subrogación, añaden. Si tanto unos como otros son liquidados, los vigilantes afectados se quedarán en la calle. En cualquier caso, las administraciones públicas que concedieron a Seguridad Integral Canaria contratos tan suculentos tendrán ahora que abrir nuevas licitaciones para cubrir los servicios que Miguel Ángel Ramírez dice no ser capaz de atender.

El administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor Jesús de Armas ha anunciado a los representantes de los trabajadores del cese de actividad de la firma, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Condenado por el Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como donante del PP en la contabilidad del partido y se ha convertido en la bestia negra de los trabajadores de la vigilancia privada por los bajos salarios que paga. Pese a que no aplica el convenio estatal del sector, es uno de los principales adjudicatarios de contratos de seguridad para las administraciones públicas.adjudicatarios de contratos de seguridad

Según ha comunicado el comité de empresa de Tenerife a la plantilla en una nota a la que ha tenido acceso infoLibre, los contratos que mantiene con compañías privadas serán “liquidados, vendidos o cedidos” el 1 de septiembre y los públicos, el 1 de octubre. El administrador de Seguridad Integral Canaria se ha comprometido ante los representantes sindicales a “pagar a los trabajadores, proveedores y bancos”. Según ha informado el sindicato USO, Héctor de Armas explicó al comité que la empresa debe 7,2 millones de euros, de los cuales la mitad corresponden a la compra de la sede de la firma en Las Rozas (Madrid) y el resto a reclamaciones de cantidades que debe atender por sentencias judiciales a favor de sus trabajadores. Además, ha indicado que antes del 30 de octubre pretende haber “traspasado todos los servicios, tanto públicos como privados” a otras empresas. Alternativa Sindical habla de la “venta de unidades productivas de la empresa a terceros” e incluso de un posible concurso de acreedores.

Según las fuentes consultadas por este periódico, De Armas adelantó al comité que la dirección de la empresa quiere “redirigirla”, “cambiando de estrategia”. “En España hay 1.500 empresas de seguridad, pero sólo cuatro se dedican al transporte de fondos [en camiones blindados] y nosotros somos una de ellas”, detalló el administrador. Así, la intención de Seguridad Integral es “profundizar en ese sector en la Península y prescindir del área de vigilancia como fuente de ingresos”. Héctor de Armas destacó que los pagos en los concursos no permiten a la empresa cubrir los costes de que suponen los vigilantes. Sobre todo, porque las administraciones “pagan tarde y mal”, dijo. “Por eso vamos a ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”, concluyó.

Por su parte, un portavoz de Seguridad Integral Canaria ha negado a este periódico que la empresa vaya a cerrar o entrar en concurso de acreedores. “En los últimos meses sus responsables han reflexionado sobre la situación del sector de la seguridad en España y sobre la situación de la empresa, y este miércoles se reunirán para tomar decisiones que garanticen su viabilidad”, explicó.

Un cese de actividad no es lo mismo que la extinción de una sociedad. En el primer caso, la empresa suspende temporalmente la actividad pero mantiene su personalidad jurídica y debe seguir elaborando la contabilidad, legalizar los  libros y depositar las cuentas en el Registro Mercantil. También tiene que continuar pagando el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, no puede emitir facturas y debe despedir a la plantilla.

Impagos y retraso de cobro de nóminas

La plantilla de Seguridad Integral Canaria en toda España alcanza los 4.000 trabajadores. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias, que no han cobrado aún la nómina de julio o de Adif en Andalucía. De hecho, la reunión en Tenerife se celebró tras reclamarla la presidenta del comité de empresa, para pedir explicaciones sobre la falta de abono a día 21 de agosto de los sueldos de julio.

Seguridad Integral Canaria tampoco ha abonado los finiquitos a los 500 trabajadores que vigilaban hasta el pasado mayo las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España. El contrato, en cualquier caso, lo ejecuta desde esa fecha otra de las empresas vinculadas a Ramírez, Marsegur.

Seguridad Integral Canaria apareció también en la lista de morosos que Hacienda publicó el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros. Entonces, Ramírez aseguró que había pagado ya esa cantidad y culpaba a las administraciones de sus problemas de liquidez: cifraba en 16 millones de euros el dinero que éstas le debían por los servicios que les presta.

Por el contrario, los sindicatos denuncian que Ramírez lleva tiempo “vaciando” Seguridad Integral Canaria y traspasando el negocio a sus marcas blancas, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado los convenios colectivos de ambas empresas, que fueron negociados de forma ilegal y establecen salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal. Si los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat cobran 1.000 euros al mes, los de estas dos empresas no llegan a los 800.

Un juzgado de lo Social ha condenado a Marsegur, la empresa de seguridad low cost a la que Defensa acaba de encargar la vigilancia de sus instalaciones en toda España, a devolver a uno de sus trabajadores el sueldo que cobraba con el anterior adjudicatario, Seguridad Integral Canaria. Contra la sentencia no cabe recurso, por lo que la empresa está obligada a restituir el salario al trabajador.

El cambio de empresa, que se produjo el pasado 1 de mayo, supuso para el vigilante, asignado a los edificios del ministerio en Burgos, la pérdida de 600 euros al mes. Mientras Seguridad Integral Canaria le pagaba de acuerdo con las tablas salariales del convenio estatal del sector, Marsegur aplica las de su propio convenio de empresa, notablemente inferiores. Además, el convenio fue anulado por la Audiencia Nacional y se encuentra pendiente de un recurso ante el Supremo. El Alto Tribunal ha declarado igualmente nulo el convenio de Marsegur en la Comunidad de Madrid. Ambos fueron negociados de forma ilegal con sólo unos pocos delegados sindicales, todos ellos mandos intermedios, pero se aplicaba al resto de los centros de trabajo de la empresa.

El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Burgos establece que el recorte salarial impuesto al vigilante es una modificación sustancial de condiciones de trabajo que se hizo sin cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores: sin preaviso y sin comunicación por escrito, el guardia jurado se enteró cuando recibió la nómina de mayo.

Además, explica la sentencia, si el trabajador ha sido subrogado, como ocurre cuando cambia el adjudicatario de un contrato público, debe serlo “en todos sus términos”, incluidas las retribuciones. Según el juez, no importa que el convenio de Marsegur haya sido anulado, sino que se hayan incumplido las condiciones de la subrogación.

Como la sentencia dicta que el recorte salarial es una modificación individual de las condiciones de trabajo, señala que no cabe recurso ateniéndose al artículo 138.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que lo limita a las de carácter colectivo.

500 vigilantes a la espera

Para vigilar las instalaciones de Defensa Marsegur cuenta con 500 vigilantes, que ahora pueden demandar en los juzgados la devolución del salario que cobraban antes con Seguridad Integral Canaria. Muchos lo han hecho ya, según apuntan fuentes sindicales. Marsegur cobrará 16 millones de euros por este macrocontrato, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre.

También Alternativa Sindical ha presentado una demanda, pero de conflicto colectivo, por la modificación ilegal de condiciones de trabajo de los 32 vigilantes que desde el pasado abril han pasado a la nómina de Marsegur en la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid. Y que, por tanto, han sufrido un recorte en sus sueldos semejante al impuesto a los guardias jurados del Ministerio de Defensa.

Otro varapalo judicial

El del juzgado burgalés es otro varapalo que sufren las empresas de seguridad low cost vinculadas a Miguel Ángel Ramírez, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Antes también había anulado el Supremo el descuelgue salarial que el empresario canario intentó aplicar en su marca de cabecera, Seguridad Integral Canaria. Entonces pretendió recortar los sueldos a sus vigilantes en unos 300 euros mensuales. El tribunal, sin embargo, dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal –como los convenios de Marsegur y Sinergias–: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa. De modo que Seguridad Integral Canaria ha tenido que seguir aplicando las condiciones y salarios del convenio estatal del sector.

Los sindicatos de vigilantes denuncian las precarias condiciones que Marsegur impone a las plantillas de las que se subroga en estos contratos públicos. El sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad asciende a sólo 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

La Audiencia Nacional ha vuelto a anular el convenio colectivo de una empresa de seguridad low cost. Después de que el Tribunal Supremo tumbara dos convenios de Marsegur y el descuelgue del convenio estatal del sector que aplicó Seguridad Integral Canaria, le ha tocado el turno a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Todas ellas, mercantiles vinculadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Sólo desde 2016 las administraciones públicas han adjudicado 15 contratos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por importe de 13 millones de euros. Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la Agencia Tributaria le encomendó la vigilancia de sus instalaciones en Canarias; el Ministerio de Cultura, la de la Filmoteca Nacional; el de Fomento, la seguridad de las oficinas del Fogasa y de cuatro Centros de Acogida de Refugiados, y el de Sanidad, la de las oficinas del Imserso. También las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha le adjudicaron contratos a esta empresa en el último año. Sinergias paga a sus trabajadores salarios un 40% por debajo del convenio estatal del sector aplicando el convenio colectivo que acaba de ser anulado.

Los motivos de la Audiencia Nacional para declarar la “nulidad total” de los convenios colectivos de estas empresas son idénticos: se negociaron de forma ilegal. En el caso de Sinergias, a la mesa se sentaron el empresario y los delegados de cinco centros de trabajo situados en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Pero el ámbito de la norma, tal y como quedaba establecido en el texto, era todo el territorio nacional. De forma que el pasado mes de enero la empresa extendió el convenio a los trabajadores de cuatro nuevos centros de trabajo, situados en Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

Como señala la sentencia, los delegados de personal y los representantes de Sinergias sólo necesitaron dos reuniones para llegar a un acuerdo sobre el texto. Hubo otras dos citas después de aprobado, pero para subsanar los errores que había encontrado en el convenio el Ministerio de Empleo y que impedían su registro y publicación. Fue entonces cuando las partes ampliaron el ámbito de aplicación del convenio a “todos los trabajadores del territorio nacional español”. Además, fue impugnado por el sindicato USO. El juicio no llegó a celebrarse porque las partes llegaron a un acuerdo previamente y suspendieron siete artículos.

Para anular el convenio, la Audiencia Nacional acude a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual debe existir una correspondencia entre el ámbito de representación de los trabajadores y el ámbito de aplicación de la norma. Es decir, “los delegados de personal de cinco centros de trabajo no pueden atribuirse la representación de todos los centros de trabajo” de la empresa, ni siquiera de los que “se creen con posterioridad” a la aprobación del convenio. Por tanto, los delegados que firmaron el convenio de Sinergias “carecían de legitimidad” para negociar un convenio colectivo que podía “extender su ámbito de aplicación fuera del límite geográfico que se correspondía con su propia representatividad”. La comisión negociadora, destaca la sentencia, se excedió en sus competencias al atribuir un ámbito geográfico nacional al convenio.

Esa ruptura del principio de correspondencia “ponía en peligro” la participación en la negociación de los trabajadores que fueron contratados después en otros centros: se les impuso a futuro un convenio en cuya negociación no pudieron intervenir, argumenta la sentencia. La Audiencia Nacional entiende, como también el fiscal, que esa ruptura es un “vicio esencial” que no puede subsanarse ni corregirse, por lo que el convenio colectivo debe ser anulado.

Con mandos intermedios y sin casi negociar

En la sentencia que anuló el descuelgue –no aplicar algunos de los artículos del convenio colectivo, como los referidos al salario o la jornada– de Seguridad Integral Canaria, el Tribunal Supremo describe el mecanismo utilizado por estas empresas para rebajar al mínimo las condiciones laborales de las plantillas. Los representantes de los trabajadores, mandos intermedios, fueron “simples receptores” de los documentos que les entregó la empresa para justificar las causas económicas de la medida. En ninguna de las reuniones pidieron a la compañía “explicaciones sobre los motivos” por los que ésta quería recortar el salario a la plantilla. Por el contrario, añade la sentencia, se limitaron a “aceptar las proposiciones impulsadas y promovidas por la empresa”.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Anulado pero se sigue aplicando

También el convenio de Marsegur fue anulado por la Audiencia Nacional. Pero la empresa lo sigue aplicando a sus trabajadores mientras recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Audiencia deja claro que las sentencias que anulan convenio son inmediatamente ejecutivas, aunque hayan sido recurridas. El hecho de que se siga aplicando no es sólo una cuestión legal. El convenio de Marsegur establece salarios y conceptos retributivos un 30% inferiores a los incluidos en el convenio estatal del sector.

El convenio de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio tenía una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco eran de congelación salarial.

Los sindicatos de los vigilantes privados han emprendido una fuerte campaña contra estas empresas, a las que califican de “piratas”. No sólo por las cuantiosas rebajas que imponen a los salarios, sino también porque algunas de ellas retrasan el pago de las nóminas o directamente se las adeudan a sus plantillas.

Es el caso de Seguridad Integral Canaria, que aún no ha pagado los finiquitos de los 500 trabajadores que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España y acumula retrasos con los asignados para el Metro de Madrid. El contrato de Defensa con esta empresa finalizó el pasado mes de abril. Los guardias jurados no han ingresado aún el finiquito de Seguridad Integral Canaria y ya cobran sus nóminas de la empresa que acaba de ganar el contrato para los próximos dos años: Marsegur. Por tanto, ahora perciben casi 400 euros menos al mes por hacer el mismo trabajo que hace dos meses. Así que este mes de julio los vigilantes han convocado huelgas, en Defensa y también en el Metro de Madrid.

Contratos rescindidos

Las protestas de los trabajadores han empezado a calar en algunas administraciones. El Ayuntamiento de Madrid ha establecido cláusulas sociales en las licitaciones de sus contratos, que incluyen el respeto por parte de las empresas candidatas a los convenios sectoriales. La Junta de Castilla-La Mancha rescindió a Sinergias el pasado junio, sólo un mes después de la adjudicación, el contrato para vigilar sus edificios administrativos y los del Servicio de Salud en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tras comprobar que la empresa pagaba por debajo del convenio estatal.

Y el Ayuntamiento de Barcelona ha cancelado el contrato que tenía con Marsegur para vigilar los centros municipales de servicios sociales. En este caso, el motivo no es sólo el pago de salario por debajo del convenio, sino también las denuncias de malas prácticas y abusos hechas por los trabajadores, así como las deficiencias en el servicio que la empresa debía prestar. Por el contrario, ni Defensa ni Empleo, los dos ministerios que más contratos ha adjudicado a estas tres empresas, se han pronunciado sobre las condiciones laborales y los impagos de quienes vigilan sus instalaciones.