El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez (PSOE), ha puesto fin a la huelga de hambre que inició el lunes para reclamar a la Junta de Comunidades la construcción de un instituto en esta localidad y se recupera en su domicilio, informa EFE.

Fuentes del entorno del alcalde han confirmado a EFE que Jiménez está ya en su casa y que se encuentra "bien, recuperándose, tranquilo".

El regidor municipal, que el viernes por la tarde, en su quinto día de huelga de hambre, aseguró ante los medios de comunicación que de momento no iba a hacer caso a su médico -que ya desde el jueves advertía de que su estado salud se había agravado y le recomendaba parar-, acudió al hospital al terminar la rueda de prensa convocada.

Allí comprobaron sus condiciones y "le mandaron reposo y a su casa", han explicado estas fuentes y han añadido que el alcalde "no está mal, sin sobresaltos y sin novedades, que es lo importante".

Jiménez, de 76 años, ha puesto fin a una huelga de hambre que comenzó el lunes para reclamar a la Junta un instituto para su localidad, cuyo decreto de creación fue aprobado por el Consejo de Gobierno en junio de 2011.

Si bien, está previsto que la lucha de Noblejas continúe porque el equipo de Gobierno avanzó el viernes que se llevarán a cabo concentraciones y movilizaciones frente a la sede del Gobierno regional y la Consejería de Educación.

Protestas que aún no tienen un calendario definido, pero sobre las que previsiblemente comenzarán a trabajar "la semana que viene", han indicado fuentes municipales.

El opositor ruso Alexei Navalni ha anunciado este viernes que abandona la huelga de hambre que comenzó hace 23 días, después de que los médicos le hayan advertido de que, si sigue adelante con ella, podría poner en peligro su vida. En un mensaje difundido a través de su cuenta de la red social Twitter, Navalni ha justificado que las palabras de los doctores "le parecen dignas de atención" y ha detallado que continuará exigiendo la visita de un facultativo porque ha perdido la sensibilidad en sus piernas y brazos, la principal demanda del opositor cuando comenzó la huelga de hambre, según informa Europa Press.

Un grupo de médicos le pidió el jueves que pusiera fin a la huelga de hambre, argumentando que, de lo contrario, "pronto no tendrán a nadie a quien curar". Alertaron de que "una mayor hambruna puede causar un daño significativo" en su salud. "Como médicos tratantes, apelamos y le pedimos que detenga de inmediato la huelga de hambre para preservar su vida y su salud", han demandado.

Navalni fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento del que el destacado opositor ruso culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin.

El líder opositor se declaró en huelga de hambre a finales de marzo, para denunciar su estado y reclamar la visita de un médico. Desde entonces, sus aliados han alertado de que su situación ha empeorado, hasta el punto de que sufriría parálisis parciales.

En su quinto día de movilizaciones, 15 taxistas de Madrid han iniciado una huelga de hambre para instar a la Administración a que regule la expedición de licencias para vehículos con licencia VTC. Además, un centenar de manifestantes se han concentrado a primera hora de la mañana de este viernes en la entrada del cementerio de la Almudena de Madrid, quedando bloqueada toda la zona.

Desde el cementerio de La Almudena, los taxistas han emprendido una marcha por la capital que ha provocado retenciones a su paso por calles como Alcalá, Avenida Daroca o Génova, según han informado desde el Centro de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento. La marcha ha transcurrido por avenida Daroca y la calle Alcalá, pasando junto a la sede de Ciudadanos. Posteriormente, ha continuado por la calle Goya y posteriormente Génova, donde también han coincidido con la sede del Partido Popular.

Según han informado a Europa Press en fuentes del sector, los taxistas se han dirigido hacia la calle Santa Engracia ya que su objetivo era pasar por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, en la calle Maudes. La intención es terminar en Ifema donde el colectivo mantiene una concentración desde el pasado lunes.

Bloqueo en el metro

Además, cerca de un centenar de taxistas concentrados en el Ifema de Madrid ha decidido bajar este viernes al vestíbulo de la estación del Metro del recinto ferial donde, al grito de "Bienvenidos a Fitur", han trasladado su protesta a los viajeros que iban llegando al recinto ferial. Durante media hora, han estado reivindicando sus peticiones y han tenido un momento de recuerdo para Julen, el niño de dos años que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán (Málaga) hace once días. "Un aplauso para ese niño que está en el pozo", han clamado, al tiempo que han coreado 'Fuerza Julen'.

El anuncio llega al día siguiente de que lo pidiera el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegando que "ya han conseguido el objetivo de remover todas las conciencias que se tenían que remover". También el jueves por la noche, lo pidieron en un escrito todos los expresidentes de la Generalitat y del Parlament y el síndic de Greuges, Rafael Ribó: "La huelga de hambre ha dado visibilidad a su situación procesal y ha removido conciencias a escala nacional e internacional".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este lunes la profunda división que existe entre las fuerzas independentistas, como demuestra el hecho de que no se pongan de acuerdo ni siquiera para desarrollar conjuntamente una huelga de hambre, en alusión a la protesta iniciada por varios presos del procés, ninguno de ellos de ERC, informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en una conversación informal con periodistas en la copa de Navidad que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa, donde también ha subrayado que es su obligación mantener una relación lo más normalizada posible con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese a que no sea el mejor interlocutor en Cataluña.

Sánchez aún no ha decidido si asistirá a la cena de este jueves, víspera de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, organizada por Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, y a la que sí asistirán al menos algunos de los ministros económicos de su gobierno.

Torra no tiene interés alguno en que Sánchez y su Gobierno adelanten su llegada a Barcelona y menos aún de verse relegado en una cena de gala a la que, si asiste el jefe del Ejecutivo español, él ya no será la más alta autoridad, reconocen fuentes gubernamentales.

Pero en el Gobierno también hay partidarios de limitar la presencia de los miembros del Ejecutivo la víspera de la reunión del Consejo. Esa es la opinión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que prefiere que a la gala de la patronal asistan los ministros imprescindibles.

El presidente del Gobierno no ha confirmado aún su asistencia porque tiene otros compromisos de agenda que tendría que modificar para poder estar presente en Barcelona en la tarde noche del viernes.

Tampoco ha podido adelantar si finalmente tendrá una entrevista bilateral con Torra aprovechando su presencia en Barcelona, como la tuvo con la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando el Consejo de Ministros se reunió en Sevilla. La pelota está en el tejado de Torra porque Sánchez está dispuesto a verse con él.

Medidas de infraestructuras y simbólicas

En la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, aparte de aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Ejecutivo tiene previsto dar luz verde a algunas medidas de infraestructuras que beneficiarán específicamente a Cataluña junto con otras medidas de carácter más simbólico que no ha querido avanzar.

Con este inusual Consejo de Ministros en Barcelona, Sánchez quiere demostrar que el Estado está en Cataluña y que su Gobierno en concreto tiene un proyecto para Cataluña, como lo tiene para el resto de territorios del país. Bajo su punto de vista, llevar el Consejo de Ministros a Barcelona es una muestra de "respeto" y no una provocación como lo ven algunos sectores del independentismo.

De hecho, en el Ejecutivo se recuerda que, cuando Sánchez anunció en verano su intención de celebrar este año un Consejo de Ministros en Cataluña, entonces nadie del Govern catalán puso el grito en el cielo.

Sánchez ha apelado a Torra a hacer un esfuerzo para que ambas administraciones puedan encontrarse en lo que de verdad importa a los ciudadanos. Pero si una parte insiste en supeditarlo todo al referéndum de autodeterminación, que es lo que más les distancia, no estaría demostrando entonces mucha voluntad de colaboración, bajo el punto de vista del presidente.

Al margen de las dudas expresadas incluso en público por el titular de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la conveniencia de celebrar la reunión en la Ciudad Condal ante la posibilidad de que se generen disturbios, la opinión mayoritaria en el resto del Ejecutivo es la de que el Gobierno no puede tener miedo a desplazarse a una ciudad española.

En el Gobierno hay confianza en que la seguridad quede garantizada, como apunta la buena coordinación que está habiendo hasta el momento entre los Mossos d'Esquadra y las fuerzas de seguridad estatales. Y en caso de que los Mossos no sean capaces de contener a los grupos radicales independentistas será la Generalitat la que quede en evidencia, por no por poder garantizar la seguridad ciudadana, una de las competencias que tienen transferidas.

En cualquier caso, el Ejecutivo está preparado para hacer frente a cualquier contingencia y por eso ha organizado un refuerzo de policías y guardias civiles que se desplegarán ese día para garantizar la seguridad del Gobierno.

El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha sido trasladado este viernes a la enfermería del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) por su estado de salud, cuando se cumplen dos semanas del inicio de su huelga de hambre, informa Europa Press.

En un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, el médico personal de Jordi Sànchez y Turull y presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha informado de que cuando se cumplen dos semanas del inicio del ayuno, "pese a mantenerse estables, el tiempo transcurrido y la situación individual hace aconsejable" el traslado a la enfermería del exconseller.

Este viernes, en su perfil de Twitter, Turull ha hecho público el siguiente mensaje: "El Tribunal Constitucional resuelve las peticiones que no activan la vía europea. Cuando la vía apunta a Estrasburgo dilata su resolución. ¿Dónde quedan nuestros derechos fundamentales?"

El alcalde de ERC de Montblanc (Tarragona), Josep Andreu, ha anunciado este jueves que inicia una huelga de hambre "en solidaridad" con los políticos presos por el proceso independentista.

Según ha explicado en varios apuntes en Twitter, es "una cuestión personal e intransferible consultada con la familia". Además, Andreu ha pedido que el 21 de diciembre "no haya ningún tipo de violencia ni enfrentamiento" en Cataluña coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

Los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han protagonizado entre 2014 y 2017 (ambos incluidos) al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga, según un informe elaborado por la ONG SOS Racismo Madrid.

El informe, llamado Más allá de la frontera de lo humano, está basado en el acompañamiento a 843 personas internas en el CIE de Aluche entre 2014 y 2017. Analiza las consecuencias psicológicas del internamiento y las acciones de protesta y resistencia de las personas internas y qué repercusión ha tenido el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros aprobado en marzo de 2014.

En el periodo analizado observan un descenso del número de internos en Aluche debido a las deportaciones exprés realizadas entre 2014 y 2016. En cambio, en 2017 se produjo un repunte tanto de los internamientos como en las expulsiones desde los CIE.

La mayoría de las personas visitadas por la ONG son hombres procedentes del Magreb y un 31 por ciento afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos. Sin embargo, este tipo de internamientos se han reducido a favor de las detenciones en frontera. Si en 2014 eran un 11 por ciento, el año pasado llegaron al 55 por ciento.

Además, señalan que muchos de los internos en el CIE de Aluche llegaron detenidas desde otras regiones españoles, el 86 por ciento. Así, la mayoría de los autos de internamientos de las personas acompañadas por SOS Racismo han sido dictados en Andalucía. "Estos datos muestran una cambio de tendencia que parece haberse trasladado de las ciudades a las fronteras", señala el informe.

La duración media del internamiento de las personas retenidas en Aluche se mantiene constante. Según datos de SOS Racismo, en 2015 fue de 36 días, en 2016 de 35 y en 2017 de 39. Según datos del Gobierno de España, la media de días en 2017 fue de 24,7.

Infancia y nivel de arraigo

En 2016 el Ministerio del Interior reconocía la privación de libertad de 51 menores en los diferentes CIE de España. Entre 2015 y 2017, 41 de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo manifestaban que eran menores de edad.

La mitad provenían de Argelia (20) y las demás de Marruecos, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Níger y Gambia. La mayoría (36) habían sido detenidas en frontera, "por lo que se detecta un fallo en los procedimientos de identificación de personas en situación de vulnerabilidad desde que llegan a territorio y son detenidas".

Hasta 2017, el mayor porcentaje de personas llevaban viviendo en España más de 6 años. "Es decir, son personas que tienen su vida hecha en España, con sus redes, familias, amistades, aquí formadas. El encierro en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianeidad, con todo el sufrimiento que esto supone para la propia persona y para la gente que el le rodea. Puede suponer la pérdida de trabajo, dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses", critica la ONG.

De hecho, el 25 por ciento de las personas que visitaron estuvo en situación regular en algún momento de su vida en España. Precisamente, son el colectivo de personas con más expulsiones que liberaciones, el 55 por ciento.

Por otro lado, de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo en estos cuatro años, el 44 por ciento fueran puestas en libertad. "Quedan liberes, pero su libertad de movimiento sigue comprometida. La regularización sigue resultando complicada, ligada a la existencia de un contrato laboral formal y al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto supone que tras el CIE pueda producirse una deportación exprés", avisan.

Apoyo psicológico

SOS Racismo está dando apoyo psicológico, "aunque muchas veces precario dadas las condiciones en las que ocurre". Consideran que es de gran ayuda y debe ampliarse no solo dentro del Centro de Internamiento, sino fuera para los exinternos y sus familiares.

"La arbitrariedad juega un papel desestructurante, pues las personas detenidas esperan normas claras de su internamiento y se encuentran en un periodo corto de tiempo con arbitrariedades del propio dispositivo, sin saber casi nada de cuál será su destino. Las personas necesitamos saber nuestros derechos y deberes, más en circunstancias tan límites. Preguntan constantemente 'qué va ocurrir', que sucederá dentro o ya sea fuera del CIE. Caen en una inseguridad con ausencias mínimas de garantías. Son personas dañadas en su confianza con el otro, y en el CIE esto se profundiza dada la arbitrariedad del centro", relatan en el informe.

Los psicólogos de la ONG han detectado casos de angustia, sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas, un claro decaimiento, "y lo que es peor para su salud mental, la pérdida de esperanza".

No obstante, muchos internos se manifiestan contra su situación bien enviando cartas y quejas colectivas a los Juzgados de Control bien con protestas. SOS Racismo ha contabilizado al menos 15 huelgas de hambre y se han producido tres protestas colectivas, así como 7 intentos de suicidio u 11 intentos de fuga.

Incumplimientos de la norma

SOS Racismo ha recogido estos años testimonios y otras evidencias de los "frecuentes incumplimientos" en Aluche respecto a la normativa que los regula, "en detrimento de los derechos de las personas internas, y sin que la entrada en vigor en marzo de 2014 de la nueva normativa haya supuesto un antes y un después en la situación".

Los puntos más preocupantes son la "deficiente identificación" de los jóvenes menores de edad en la frontera, "deficiente acceso a la información" relativa al derecho así como al procedimiento para solicitar Protección Internacional, la "ausencia de mecanismos de asistencia" a supervivientes de naufragios y la situación "de calle" en la que se acaban muchas personas que son liberadas del CIE.

La ONG ha recogido los autores de los Juzgados de Control, en los que establecen mecanismos, "en ocasiones de forma reiterada", para que se respete íntegramente los derechos de los inmigrantes a la información, a solicitar protección internacional, a la asistencia médica y sanitaria, a la comunicación y al derecho a entrar en contacto con organización de protección.

Varios ciudadanos rifeños internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han iniciado una huelga de hambre para evitar su retorno forzoso a Marruecos, tras haberles denegado el acceso al trámite de asilo, porque se sienten "perseguidos" en su país, ha denunciado SOS Racismo.

El colectivo Hirak Madrid ha relatado en un comunicado que el pasado 21 de mayo de 2018 llegó a las costas de Motril una patera con 11 jóvenes originarios de la zona del Rif. Tras ponerlos a disposición judicial, devolvieron a 4 de ellos a Marruecos, y a otros 7 los trasladaron al CIE de Madrid. Desde el día 24 de mayo aproximadamente se encuentran privados de libertad a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo.

Según han explicado, el día de hoy solo cinco de ellas han sido admitidas a trámite. Sin embargo, aún quedan dos personas en el CIE a las cuales se les ha inadmitido a trámite la solicitud de protección internacional. Debido a esto, el 9 de junio iniciaron una huelga de hambre indefinida para hacer llegar sus demandas y poder evitar el retorno forzoso, "así como las consecuencias en las vidas de las personas que son perseguidas en el Rif".

"Cada día son más los activistas detenidos por el gobierno marroquí. El miedo y la persecución empujan a los rifeños a cruzar el Mediterráneo escapando de la represión del Majzen, las torturas y violaciones de derechos humanos", ha señalado el colectivo.

"Un ejemplo más de las deficiencias en el CIE"

SOS Racismo ha manifestado que los hechos que provocan esta huelga de hambre son "un ejemplo más de las deficiencias en el procedimiento de solicitud de protección internacional que se suceden en el CIE de Aluche y también del sufrimiento que provoca la política migratoria del Estado español, que encierra en Centros de Internamiento de Extranjeros, con el objetivo de expulsarlas, a personas que huyen de graves conflictos en sus países de origen".

Por ello, la ONG ha instado al nuevo Gobierno de España a cambiar el paradigma de la política migratoria española,"basada en el cierre de fronteras –que tantas muertes provoca en el Mediterráneo–, y en la expulsión que arranca a muchísimas personas de sus redes cotidianas o deporta a personas que acaban de arriesgar su vida en una peligrosa travesía".

También apoyan al colectivo Hirak en Madrid, que responsabilizan al Estado marroquí "por las consecuencias que están empujando a los jóvenes rifeños en arriesgar sus vidas en busca de protección internacional".

"Denunciamos la vulneración de derechos humanos por parte del Estado español con los solicitantes de protección internacional de origen rifeño. Y rogamos todo tipo de apoyo a la opinión pública española, ONGs, partidos políticos y actores sociales comprometidos con la materia de derechos humanos para mediar y presionar a las autoridades españolas, con el objetivo de una mayor protección internacional a los rifeños víctimas de esta masacre de represión estatal marroquí", concluyen.

"Pensaba que España era una democracia, pero tenía una imagen falsa. Aquí no hay derechos ni justicia". Así cuenta Ibrahim Celem Nuru a infoLibre cómo se siente después de llevar nueve días "encerrado" en una sala de la terminal 3 de Barajas. Celem, junto con otras 44 personas saharauis, fue detenido después de que su vuelo procedente de Argelia aterrizara en Madrid. Desde este lunes están en huelga de hambre para denunciar su situación, aunque la protesta la empezaron 54 saharauis, "aunque diez ya se han ido marchando". 

"Vinimos de Argelia con un pasaporte de viaje, porque no somos argelinos, somos saharauis. Cuando aterrizamos, las autoridades españolas nos los quitaron y los rompieron", relata. Ahora, sin pasaporte y tras haberles sido denegada la petición de asilo, Celem lamenta que serán devueltos a Argelia donde, asegura, serán "tratados como terroristas". Este jueves serán deportados, junto a Celem, otras siete personas, entre ellas un menor de 17 años. "Todos somos muy jóvenes", explica. "No sé qué va a ser de nosotros cuando lleguemos a Argelia, lo más seguro es que nos metan presos y nos maltraten", cuenta. 

Los 45 saharauis que desde el día 22 se encuentran detenidos en la sala de inmigración del aeropuerto de la capital proceden de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, de donde han huido "para buscar una vida, buscar derechos", explica un compañero de Celem. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 165.000 personas viven en los cinco campos habilitados por organismos de cooperación y atención. "En los campamentos hay muy buena imagen de España, pero es todo falso", cuenta Celem, quien afirma que, si vuelve a tener la oportunidad de salir de Tinduf, "nunca" volverá a España. 

Según Acnur, el 60% de los habitantes de los campos argelinos de Tinduf –Bojador, Dajla, El Aaiún, Auserd y Smara– son menores de 30 años que "viven en condiciones climatológicas muy duras, con frecuentes tormentas de arena y escasez de alimentos y agua potable". "Eso no era vida", denuncia Celem. Su compañero, que prefiere no dar su nombre, coincide con él y explica a infoLibre que otros motivos de su huida han sido "el racismo, la desigualdad y los abusos de poder". 

Tratados como delincuentes, no como solicitantes de asilo

Ante esta situación, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado interpuso este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo, según informó Europa Press. Lo que solicitan, como explica Daniel Méndez a infoLibre, presidente de la Red, es que Aena permita el paso de las ONG a la sala donde se encuentran los saharauis, que están siendo "tratados como delincuentes", no como solicitantes de asilo. "El derecho de asilo está siendo infligido, estas personas no cuentan con asistencia jurídica ni con traductores, que les corresponde legalmente para que sepan cuáles son sus derechos", añade. 

El problema de estas personas es que, como el Sáhara no está reconocido como Estado, los saharauis no tienen nacionalidad, por lo que la petición de asilo, en realidad, "no procede", sino que "es una excusa para poder entrar a España, porque el consulado en Argel no pone más que dificultades", según explican las fuentes jurídicas relacionadas con organizaciones saharauis consultadas por infoLibre. "La situación que están viviendo es la habitual: pasan unos cuatro días en Barajas hasta que la Policía Nacional, arbitrariamente, decide si procede la solicitud de asilo o no", afirman. Cuando son aceptadas a trámite, casi todos los saharauis abandonan el proceso, ya que "el 99,9% de las peticiones acabarían denegadas". En este momento, por tanto, lo único que pueden solicitar es ser reconocidos como "apátridas".

"Esto es un problema humanitario, no de nacionalidad", critica Méndez, quien afirma además que, efectivamente, "la figura del apátrida y del refugiado es distinta" y se puede discutir si estas personas tienen o no derecho al asilo. Sin embargo, "el problema fundamental es que, de entrada, a los saharuis se les deniega la ayuda jurídica y se les cosifica, no teniéndoles en cuenta". "Son personas olvidadas", lamenta. 

Para Acnur, la apatridia "es un problema masivo que afecta a un promedio de 10 millones de personas en todo el mundo y tiene un impacto terrible en las vidas de las personas. La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute de muchos derechos fundamentales".

"No tenéis asilo político", denuncia Celem, quien afirma además que todos ellos son "refugiados" a los que se les ha metido "en una prisión" de la que sólo han podido salir tres minutos en todo este tiempo. "Parecemos perros", critica. 

Al contrario que las 45 personas que se encuentran ahora en Barajas, otras muchas sí consiguieron entrar a España de esta manera con anterioridad, pidiendo el asilo. "Lo que no entiendo es por qué las personas que llegaron antes de nosotros sí han conseguido entrar directamente, sin problemas", explica uno de los saharauis retenidos. Según las fuentes jurídicas consultadas, la respuesta a esta pregunta pasa porque las autoridades se han dado cuenta de que, a través de este método, un gran número de personas estaban entrando en España, por lo que han decidido cerrar la mano. 

"Resultado de 42 años de conflicto"

"Lo que está pasando no es más que el resultado de 42 años de conflicto en el Sáhara Occidental", explican fuentes jurídicas. Después de que en 1974 España prometiera a los saharauis un referéndum de autodeterminación, firmó con Marruecos y Mauritania su retirada del territorio y la división de éste entre estos dos países. Como el acuerdo firmado jamás fue publicado, Marruecos y Mauritania comenzaron una guerra para ocupar la zona, en contra de la voluntad del pueblo saharaui, que se vio obligado a huir de los bombardeos marroquíes. 

En ese momento, el Frente Polisario –una guerrilla de liberación del Sáhara Occidental– comienza una "guerra" contra Marruecos hasta que, en 1991, firman un alto el fuego bajo la supervisión de la ONU. Marruecos ocupaba el 80% del territorio –lo que incluye casi la totalidad de las zonas pobladas– y el Frente Polisario un 20% –tan solo una zona del desierto interior–. 

"El Sáhara está ocupado militarmente por el ejército marroquí", afirman las fuentes jurídicas consultadas. Con esta situación, lo que quieren los saharauis es llegar a España "porque es el país europeo que tienen más cerca, es donde se habla su idioma y la mayoría tiene familia". "Nuestros abuelos tienen nacionalidad española", cuenta uno de los inmigrantes retenidos en el aeropuerto. 

España "tiene la llave" para resolver esta situación

La ONU ha exigido en varias ocasiones que se lleven a cabo "verdaderas negociaciones" para resolver el bloqueo de la situación en el Sáhara Occidental, donde el referéndum de autodeterminación lleva 17 años paralizado después de que en el año 2000 Naciones Unidas finalizara el censo para poder llevarlo a cabo. Nunca se realizó porque Marruecos se negó a aceptarlo. 

"El Gobierno de España tendría que agilizar el proceso de descolonización del territorio", explican las fuentes jurídicas. En este sentido, España, que lleva desde 1976 sin emitir ningún informe sobre la situación del territorio, "debe asumir su responsabilidad jurídica exigiendo a la ONU" que se lleve a cabo el referéndum prometido hace más de cuatro décadas. 

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), establecida en 1991 y aprobada por el Consejo de Seguridad, establecía un periodo de transición para preparar un referéndum que diera la oportunidad al pueblo saharaui a elegir entre la independencia o la definitiva integración en Marruecos. Ahora, 26 años después, todavía no se ha celebrado. "El problema es que España está más a favor de Marruecos que de la legalidad internacional" por lo que, aunque "tiene la llave", no intenta solucionar este problema, explican las citadas fuentes jurídicas. 

Para Méndez, por su parte, también se trata de un problema del sistema de acogida. "El problema de fondo de este asunto es que el sistema de asilo europeo no funciona correctamente", señala. "Esto se refleja con estas personas y con las que deben ser reubicadas desde Grecia e Italia", añade. Desde que España se comprometió a acoger a 17.337 personas en 2015, sólo han llegado 1.188 –entre reubicados desde Grecia e Italia y reasentados desde sus países de origen–, es decir, el 11% de lo prometido por el Gobierno. Esto, según la mayoría de las ONG, es un problema de "voluntad política". 

Por este motivo, Celem compara a España "con los países africanos y árabes". "La justicia en España funciona igual que allí", afirma. "Nos estamos muriendo de hambre, pero estamos aquí aguantando", sentencia. 

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo tras el inicio de una huelga de hambre seguida por un total de 54 saharauis peticionarios de asilo y que están desde la semana pasada a expensas de que su situación se solucione en la sala de inadmitidos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En su escrito, la Red ha señalado que las autoridades impiden a las ONGs "realizar una atención directa a dicho grupo"las ONGs, con lo que dicha limitación les dificulta "realizar la labor de asistencia que, libremente, debe poder ofrecerse a quien realiza la solicitud de asilo", ha criticado a través de un comunicado remitido este miércoles, del que se hace eco Europa Press.

La Red considera "lamentables" las condiciones en el que un grupo de 54 saharauis se encuentran desde el fin de semana pasado en las dependencias de la sala de inadmitidos y asilo del aeropuerto madrileño. 52 de estos saharauis proceden de los campos de refugiados mientras que los otros dos han estudiado los últimos años en Cuba.

En este sentido, la organización también asegura que intentó acceder a las dependencias de los refugiados este martes, "sin éxito", a pesar de los intentos de negociar "con el operativo policial que mantiene retenidas a estas personas".

"Se ha procedido a interponer una denuncia ante la Oficina del Defensor del Pueblo", ha explicado, en la que solicita el inicio de una "investigación respecto al procedimiento seguido y las condiciones en las que se encuentran los peticionarios".

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también ha señalado que no ha conseguido ponerse en contacto con Aena, titular de esta sala, y está a expensas de un informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio de Interior.

El director general de Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael María, ha señalado que el objetivo de esta queja es que "el Gobierno dote de transparencias y garantías independientes a los procesos de asilo y refugio para evitar que las terminales del aeropuerto de Barajas se conviertan en la frontera sur de Madrid".

Alrededor de 700 presos palestinos de diferentes facciones iniciarán este lunes una huelga de hambre en cárceles de Israel encabezada por el alto cargo de Al Fatá Marwan Barghuzi, encarcelado desde 2002.

Según Europa Press, el propio Barghuzi hizo recientemente un llamamiento a la solidaridad con los presos palestinos, reclamando a la población que participara "en manifestaciones, sentadas y huelgas" y a las autoridades y facciones palestinas que actuaran para lograr la liberación de los reos.

"Cerca de un millón de palestinos han sido detenidos, torturados, humillados física y psicológicamente, y sometidos a condiciones duras y degradantes en las Bastillas del bárbaro colonialismo sionista", denunció, en un mensaje entregado a la agencia palestina de noticias Maan por su esposa, Fadwa.

El sábado, el Comité Palestino de Asuntos sobre Presos cifró en un millón el número de palestinos detenidos por las fuerzas israelíes desde 1948, agregando que 210 murieron como resultado de "exterminios extrajudiciales" o por "negligencia deliberada bajo tortura".

En su mensaje, Barghuzi tildó al sistema judicial israelí de "ser cómplice de los crímenes de la ocupación a través de detenciones, sentencias injustas y torturas", agregando que "los presos están siendo juzgados por tribunales ilegítimos que deben ser boicoteados como herramientas de la ocupación".

"Lanzamos esta batalla por la libertad y la dignidad como parte de la lucha de nuestro pueblo", manifestó, de cara al inicio de una huelga que coincide con la celebración del Día del Preso Palestino.

Barghuzi, uno de los líderes de la Primera y la Segunda Intifada, cuenta con un gran peso en Al Fatá y la política palestina pese a haber sido condenado a varias cadenas perpetuas por cargos de terrorismo en Israel.

Facciones como Al Fatá, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el Partido del Pueblo Palestino (PPP), y el Frente Popular de la Lucha Palestina (PPSF) han anunciado que sus presos participarán en la huelga.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, ha resaltado que la huelga "está motivada por motivos políticos en Palestina"Palestina, apuntando a "demandas no razonables sobre las condiciones de los presos", tal y como ha recogido el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

"He instruido al Servicio de Prisiones para que actúe de cualquier forma posible para contener la huelga en las prisiones y a la policía para que se prepare para ofrecer la ayuda necesaria ante cualquier escenario que pueda surgir", ha remachado.

Entre las demandas figuran el fin de la detención administrativa y del régimen de aislamiento, la instalación de teléfonos públicos para los presos palestinos, una modificación del régimen de visitas para hacerlas más flexibles, mejoras a nivel de atención sanitaria y de transporte entre prisiones, instalación de aire acondicionado en varias prisiones, y la entrega de libros, periódicos, ropa y comida a los presos.

El periodista y bloguero argelino, Mohamed Tamalt, ha muerto este domingo en el hospital de Lamine Debaghine, ubicado en la ciudad de Bab El Oued (norte), donde había sido ingresado a causa de una huelga de hambre iniciada desde la prisión.

Su abogado, Amine Sidhoum, ha confirmado que Tamalt ingresó en estado de coma en el centro hospitalario. "Ha habido un bloqueo en su historial médico. No estamos al corriente de nada", ha añadido, según recoge el diario local Tout sur l'Algérie.

Tamalt, que vivía en Londres y que fue arrestado el 17 de junio durante una visita a Argel, fue condenado un mes después a dos años de prisión por "insultar" al presidente del país, Abdelaziz Buteflika. Asimismo, se le impuso el pago de una indemnización de 200.000 dinares (alrededor de 1.630 euros).

El periodista gestionaba una página en la red social Facebook en la que habría publicado comentarios contra Buteflika, altos cargos del país y sus familias.

Buteflika accedió a la Presidencia en 1999 y gestionó los últimos coletazos de la guerra civil iniciada en 1991 cuando el régimen anuló los resultados de unas elecciones en las que los islamistas habían obtenido la victoria.

El mandatario sufrió en abril de 2013 un ictus que le mantuvo apartado de la vida pública durante meses y que generó dudas sobre su verdadero estado de salud. En los últimos años, los rumores han sido frecuentes en Argelia, y en varias ocasiones se ha especulado incluso con su fallecimiento.

El presidente pertenece al Frente de Liberación Nacional (FLN), antiguo partido único que gobierna el país desde la independencia de Francia en julio de 1962.

HRW lamenta la muerte del activista

Human Rights Watch (HRW) ha lamentado este lunes la muerte del activista argelino Mohamed Tamalt a causa de la huelga de hambre que había empezado contra su detención y ha considerado que este caso evidencia "la determinación para castigar a la oposición pacífica".

"La persecución contra Mohamed Tamalt por parte de las autoridades argelinas simboliza su determinación para castigar a la oposición pacífica", ha dicho la directora de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África, Sarah Leah.

Leah ha calificado de "trágico" que un periodista muera en Argelia a causa de una huelga de hambre con la que pretendía denunciar "un encarcelamiento injusto".

El judo la salvó de las drogas, las bandas y, probablemente, de una muerte segura . La casa de su familia, que aún vive en la favela, está a unos diez kilómetros de la pasarela en la que Brasil se exhibe ante el mundo.

Biografías de superación como la de Silva, personas que caen en un entorno que condiciona cualquier salida, son edificantes: rompen las estadísticas del pesimismo a base de coraje. Deberían tener el premio especial de la visibilidad sostenida para que sus logros lleguen hasta la última favela, la última banlieue o el último pueblo castigado por la pobreza extrema. A veces, se puede.

Irom Sharmila debe su sobrenombre, la dama de hierro de Manipur, a su resistencia en la lucha. Acaba de poner fin a una huelga de hambre de 16 años. Se encontraba recluida en el hospital Jawaharlal Nehru, en el que era alimentada contra su voluntad a través de una sonda nasal, siempre bajo control y vigilancia policial. El motivo de su protesta: la Armed Forces Special Powers Act de 1958, una ley que permite a las fuerzas de seguridad practicar detenciones sin orden judicial alguna y hacer uso de sus armas sin dar demasiadas explicaciones. Esa ley es fuente de numerosos abusos y violaciones de los derechos humanos.

El Tribunal Supremo de la India ha iniciado una investigación en Manipur, su Estado, de 1.528 casos que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales entre 1979 y 2012. Sharmila tiene 44 años y ganas de pelea. Llevaba encerrada desde los 16 años, cuando inició su primera huelga de hambre, acusada de intento de suicidio.

Víctor M. Olazábal cuenta en El Mundo que la huelga de hambre es un delito en un país que logró su independencia del Reino Unido gracias a la lucha de Mahatma Gandhi, apóstol de la no violencia y que utilizó sus huelgas de hambre como un instrumento de lucha y movilización.

Una de las frases de Sharmila nada más abandonar la huelga de hambre es para enmarcar: "Don't make me a goddess. I am an ordinary woman with ordinary desires" ("No me convirtáis en una diosa. Soy una mujer normal con deseos normales"). Su lucha continúa, pero será a través de la política.

La egipcia Doaa El Ghobashy no ha hecho en apariencia nada extraordinario. No procede de una infancia de lucha y resistencia en un barrio consumido por las drogas y las armas, que sepamos, ni se ha enfrentado a las leyes abusivas de su país, que empieza a acumular unas cuantas mientras la UE solo mira a Turquía.

Ella solo se ha vestido conforme marca su conciencia para disputar un partido de vóley playa en los Juegos. Es la primera mujer que, además de ir cubierta hasta los tobillos, llevaba un hiyab sobre la cabeza. Su gesto ha abierto un debate en el que han primado los prejuicios sobre las ideas.

Su partido contra las jugadoras alemanas, en escueto bikini, como la mayoría de las practicantes de este deporte, ha provocado todo tipo de comentarios y titulares, alguno desafortunados como los del The Times de Londres, que habló de "choque cultural", o el Daily Mail, que hizo honor a su amarillismo estructural para ir algo más lejos: "Masiva división cultural". En este link tienen todo el debate. Me gusta el tuit de Bill Weir, periodista de la CNN, que se pregunta por qué no miramos el asunto de una forma más positiva: la capacidad del deporte para unir culturas y construir puentes.

Mucho de lo dicho en el caso de Doaa El Ghobashy tiene lecciones para el debate general. Es simbólico que el partido fuese entre dos egipcias musulmanas y dos alemanas, el país europeo que ha recibido más refugiados procedentes de Siria, y que se encuentra inmerso en un debate político interno sobre los límites del asilo. La canciller federal Angela Merkel se juega su puesto en las elecciones previstas en 2017. Los sondeos no dibujan un panorama muy optimista para su partido con el crecimiento de fuerzas xenófobas como Alternativa para Alemania.

Estamos entre el bikini y el burkini, cuya fiesta en un parque acuático acaba de ser prohibida en Francia por temor a desórdenes públicos, eso dicen, cuando deberían ser dos expresiones de la misma libertad.

Es un debate complejo de resolver sobre todo cuando es campo de batalla entre las posiciones más extremas, sean imanes o fascistas. Sería positivo que como sociedad fuésemos capaces de generar un debate menos dogmático, sea religioso o político. Europa tiene que ser un espacio de encuentro y convivencia, no de exclusión. Si algo hemos aprendido en el último año de la llamada crisis de los refugiados es que nos queda mucho por aprender, y mucho trabajo ciudadano. Entre el buenismo y malismo deberían estar los principios y la eficacia policial. Canadá ha sido capaz de identificar y aprobar 20.000 solicitudes en solo cuatro meses.

Después está el sexismo en Río: los comentarios, los titulares, las crónicas. En el fondo no hemos avanzado tanto: seguimos con un Benny Hill entre las piernas.

Para terminar, una acertadísima intervención de John Oliver en su programa Last Week Tonight sobre la crisis del periodismo. Obligatoria.

El abogado del periodista palestino Muhammed al Qiq ha advertido de que su cliente está "al borde de la muerte" tras 61 días en huelga de hambre para protestar por su situación de detención administrativa, una figura que permite a las autoridades israelíes mantener bajo custodia indefinidamente a un sospechoso sin presentar cargos ni iniciar un proceso judicial, según ha podido conocer Europa Press.

El abogado, Ashraf Abú Sneina, ha explicado tras visitar a Al Qiq que este está inconsciente con "síntomas repentinos que podrían llevarle a la muerte", informa la agencia de noticias palestina Maan.

Desde la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Palestina, su director, Issa Qaraqe, ha acusado a Israel de "imprudencia e indiferencia" del Gobierno israelí, que quiere "dejarle morir".

Al Qiq está en huelga de hambre desde el 25 de noviembre. La semana pasada, Amnistía Internacional denunció presiones y maltratos contra Al Qiq. "Las autoridades israelíes deben cesar de inmediato el tratamiento médico no consensuado y otras medidas de castigo impuestas al periodista palestino Muhammed al Qiq", apuntaba la organización en un comunicado.

El grupo asegura que "las autoridades han adoptado varias medidas para presionarle para que ponga fin a la huelga de hambre, lo que supone una violación de la prohibición de las torturas y otros maltratos".

Al Qiq, de 33 años, vio prorrogada su detención el pasado 30 de diciembre por decisión de un juez israelí y el 17 de enero se rechazó una apelación interpuesta contra su detención. No se han presentado cargos, pero el Tribunal Militar de Ofer considera que es responsable de "incitación al odio", que trabaja para un medio de comunicación vinculado a Hamás y de suponer "una amenaza para la seguridad de la zona".

Además, Amnistía pide investigar las denuncias por torturas presentadas por el periodista, quien asegura que durante dos semanas fue interrogado por el Shin Bet, los servicios secretos israelíes para Israel y los territorios palestinos ocupados.

Asociaciones palestinas y el propio abogado de Al Qiq denuncian los maltratos a los que fue sometido durante el interrogatorio. "Fue colocado en una posición conocida como la banana –con la espalda sobre una silla y atado de pies y manos por debajo de la misma–, atado en una posición forzada a una silla durante 15 horas en las que sufrió violencia sexual por parte de los interrogadores. Éstos le dijeron que no vería a su familia durante mucho tiempo a menos que confesara los delitos de los que se le acusan", denuncia la asociación de defensa de los presos Adameer, respaldada por el propio abogado de Al Qiq.

A finales de diciembre fue trasladado a un hospital debido al deterioro de su salud y la ONG israelí Sanitarios por los Derechos Humanos Israel ha revelado que se le está medicando forzosamente. "Al Qiq estaba atado a la cama y los celadores le sujetaban mientras el personal sanitario le inyectaba. Pasó cuatro días atado a la cama, con la sonda funcionando pese a que pedía insistentemente su retirada", ha revelado Sanitarios por los Derechos Humanos Israel.

En julio de 2015 Israel aprobó una ley que permite la alimentación forzosa de presos en huelga de hambre si su vida corre peligro, una práctica considerada contraria al Derecho Internacional Humanitario.

El líder opositor venezolano Leopoldo López decidió este martes poner fin a la huelga de hambre que comenzó hace 30 días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la fecha de los próximos comicios parlamentarios.

"Al pueblo de Venezuela: hoy, tras 30 días de sacrificio por la libertad, Leopoldo López levantó la huelga de hambre", anunció su mujer, Lilian Tintori, en una rueda de prensa en la que leyó una carta de su marido.

López valoró así la decisión del CNE de fijar la fecha para las elecciones a la Asamblea Nacional, después de meses de incertidumbre que han llevado a la oposición a alertar sobre un posible retraso para favorecer la victoria del chavismo.

"El cambio ya tiene fecha: 6 de diciembre", destacó López en su carta, en alusión a la posibilidad de que la oposición arrebate al oficialismo la mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez en los últimos 16 años.

El jefe de Voluntad Popular subrayó que, aunque supone un avance, "queda camino por recorrer" y prometió recuperarse para "seguir luchando por una Venezuela mejor". "Jamás me rendiré, el que se cansa pierde", sostuvo.

Además, pidió a las otras 104 personas que se sumaron a su ayuno voluntario que sigan su ejemplo y lo abandonen. "Pido que todos levantamos la huelga de hambre. Asumimos esta protesta no para morir sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente", ha dicho.

Un mes de huelga

El 23 de mayo López inició una huelga de hambre junto al también líder opositor Daniel Ceballos para exigir, además de una fecha para las elecciones parlamentarias, una "observación internacional cualificada" y la liberación de los "presos políticos".

Ceballos tuvo que deponer la huelga de hambre el pasado 11 de junio debido a su delicado estado de salud. En su caso, a dichas reivindicaciones se sumó la denuncia de su traslado sin previo aviso desde la cárcel militar de Ramo Verde (Caracas) a San Juan de los Morros (Guárico).  

Las familias de ambos dirigentes han denunciado que, al margen de las supuestas violaciones de los Derechos Humanos sufridos durante el año que llevan encarcelados, han sido víctimas de nuevos abusos con motivo de la huelga de hambre.

"Durante los días de la huelga por la libertad, los derechos de todos nuestros valientes fueron violados por el régimen", comentó Tintori en Twitter.

Tres activistas contra el impuesto al agua implantado por el Gobierno irlandés han iniciado una huelga de hambre para exigir su traslado de vuelta a la prisión de Mountjouy, de donde fueron llevados a la prisión de Wheatfield. El nuevo impuesto se enmarca en las reformas de austeridad impulsadas por el Gobierno.

Los activistas son Derek Byrne, Paul 'Ollie' Moore y Damien O'Neill, condenados junto a otros dos activistas a entre 28 y 56 días en prisión por desacato a un tribunal. En concreto, fueron condenados el jueves por incumplir una orden que les prohibía acercarse a menos de 20 metros de los trabajadores que están instalando los nuevos contadores de agua.

Byrne y Moore fueron trasladados a Wheatfield el pasado viernes, donde se les impuso un castigo de 24 horas de confinamiento incomunicado. En protesta por estas medidas, ambos decidieron ponerse en huelga de hambre y O'Neill se sumó a ellos el sábado como gesto de solidaridad, ha informado el periódico The Irish Times.

En un comunicado publicado el viernes, Byrne ha asegurado que no aceptarán ningún alimento ni líquido hasta que se les traslade de nuevo a Mountjouy. "La decisión de sacarnos de Mountjoy es política. Hemos tomado medidas para iniciar una huelga de hambre desde este viernes", explicó.

El sábado, miles de personas salieron a las calles de nuevo para protestar contra este nuevo impuesto. En Dublín, unas 10.000 personas han secundado la marcha "Dublín dice no" con los familiares de los activistas presos a la cabeza. La manifestación ha concluido ante la prisión de Mountjoy.

Según el relato de los simpatizantes del activista saharaui, Hassana Aalia fue detenido en 2010 por participar en el campamento Gdeim Izik, instalado como protesta pacífica para demandar derechos sociales y políticos a Marruecos. En 2013 fue condenado por ello a cadena perpetua por un tribunal militar.

Hassanna, que se instaló en Bilbao en 2011 gracias a una beca de estudios para formación de derechos humanos, recibió el pasado día 19 el auto de resolución de su solicitud de asilo político en el Estado español, en el que se le anuncia su salida obligatoria del país en 15 días.

La organización 'Sáhara Libre' considera "vergonzoso" que el Ejecutivo español haya denegado asilo al activista saharaui "dejando claro que es cómplice de la dictadura marroquí". "Su vida corre peligro si le deportan a su país, donde será torturado y encarcelado de por vida", alerta.

Por ello, desde Sáhara Libre han hecho un llamamiento para iniciar una huelga de hambre colectiva a partir de las 17.30 horas en la T-3 del aeropuerto de Madrid-Barajas e intentar así evitar que el Hassanna sea deportado el próximo día 4 de febrero, día en el que se cumple el plazo dado por las autoridades.

El Comité Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se trasladó este martes a la prisión de Albolote, en Granada, para anunciar que sus 40 miembros se declaran en huelga de hambre y que permanecerán acampados allí hasta lograr la libertad de los dos condenados a tres años de cárcel por su actuación durante un piquete del 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el líder nacional del SAT, Diego Cañamero, quien ha criticado una condena por "luchar por la Justicia". "Si les cae a ellos tres años y un día de cárcel no habrá cárcel ni horas de cárcel para todos los mangantes que están haciendo sufrir a la población", subrayó.

Cañamero ha considerado que Carlos C.N. y Carmen B.C. son "presos políticos", algo que, en su opinión, "no se puede permitir en democracia". Por ello, los 40 miembros del Comité Nacional del SAT irán llegando paulatinamente a las puertas de la prisión de Albolote para unirse a una protesta que incluirá acampadas en el centro penitenciario y que no tiene horizonte temporal, pero que comenzará la misma noche de este martes, según informa Europa Press.

Un enfermero militar se ha negado a alimentar a la fuerza a un preso de Guantánamo en huelga de hambre, en el que podría ser el primer caso de objeción de conciencia en este tipo de prácticas que se llevan a cabo en la prisión estadounidense.

Este oficial fue finalmente reasignado a "tareas alternativas" y, según ha confirmado el capitán de la Armada, Tom Gresback, el episodio "no ha tenido impacto en las operaciones de apoyo médico en la base", tal y como ha informado el diario estadounidense Miami Herald.

El prisionero Abu Wael Dhiab fue quien narró los hechos a su abogado, Cori Crider, que se refirió públicamente al enfermero como "el primer objetor de conciencia militar" de Estados Unidos en los 18 meses de huelga de hambre que se vienen sucediendo entre los reos de Guantánamo.

Crider aseguró que la decisión del oficial de enfermería está cargada de "verdadero coraje". "Ninguno de nosotros debe subestimar lo difícil que ha sido", ha apostillado el letrado, que detalla que estos hechos tuvieron lugar a principios de julio.

Dhiab, de 43 años, es un preso de Guantánamo sometido al programa de alimentación forzada en base a un dictamen de una corte federal. Este ciudadano sirio no puede ser repatriado a causa de los disturbios en su país natal y se declaró en huelga de hambre para protestar por su detención indefinida.

Dhiab describe al enfermero que se negó a alimentarle como un latino de unos 40 años de edad con rango de capitán. El personal médico de Guantánamo procede de la Armada, pero se desconoce la identidad del presunto objetor, que ya no se encontraría en el centro de detención.

El año pasado los médicos civiles denunciaron como poco ética la práctica del personal médico militar de Guantánamo de la alimentación forzada a los huelguistas a través de un comunicado publicado en el New England Journal of Medicine e instaron a un motín médico.