La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este viernes que el nuevo sistema de financiación autonómica aportará unos 16.000 millones de euros adicionales a las regiones en 2027, gracias a la cesión de una mayor parte de la recaudación de IRPF e IVA, según recoge EFE.

En la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica, Montero ha señalado que la propuesta del Gobierno prevé incrementar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que se destina a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Montero ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

En una rueda de prensa, la titular de Hacienda ha señalado también que los recursos que el nuevo sistema aportará a estas comunidades (todas menos Navarra y País Vasco) alcanzará ese año 2027, en que entraría en vigor si finalmente se aprueba, los 224.507 millones de euros, más de un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el ultimo ejercicio liquidado.

Montero presentará este nuevo modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles para la próxima semana.

El Ministerio de Hacienda propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según adelanta este viernes La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del pacto entre el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cesión de una mayor parte del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas incrementaría los recursos disponibles para financiar a las regiones en miles de millones de euros.

A modo de ejemplo, dado que en 2024 (último ejercicio cerrado) el IRPF recaudó 129.408 millones y el IVA, 90.541 millones, ese mayor porcentaje hubiera aportado en ese año 12.355 millones adicionales de financiación a las regiones: 6.470 millones de IRPF y 5.885 millones de IVA.

La propuesta que presentará este viernes Montero también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Montero tendrá ahora que presentar la propuesta de reforma a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que todavía no ha sido convocado, aunque serán las Cortes quienes tendrán que aprobar el proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ya avanzó el jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nadie pierde y todo el mundo gana" con la nueva propuesta, que, afirmó aportaría 4.700 millones de eros adicionales a Cataluña sin implicar una pérdida en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

Las pensiones suben un 2,8 % en 2025, año en el que se mantienen las subvenciones al transporte público y en el que se abaratan las hipotecas variables tras la bajada del euríbor, mientras que se encarecen la luz y los alimentos básicos al expirar las rebajas que venían disfrutando, según informa EFE.

Las pensiones suben conforme a la inflación media, un 2,8 %, lo que supondrá 600 euros adicionales este año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones mínimas se incrementan el 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), un 9 %.

El salario mínimo interprofesional empieza 2025 congelado en 15.876 euros brutos (1.134 euros en pagas), a la espera de que se determine una nueva subida, igual que los sueldos en el sector público donde aún no se ha negociado un nuevo acuerdo retributivo.

La bajada al 2,4 % del euríbor a doce meses, el indicador más usado para calcular las hipotecas variables, supondrá un nuevo ahorro en las cuotas superior a 1.200 euros para un crédito de 150.000 euros a 25 años con un interés del 1 % sobre el euríbor que se revise ahora.

Sube del 2 al 4 % el IVA del aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos, el queso, la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales, y pasa del 7,5 al 10 % el de los aceites de semillas y la pasta. Sin embargo, desde el 22 de diciembre está vigente la rebaja del IVA del 10 al 4 % de la leche fermentada (yogur).

El IVA de la electricidad vuelve a ser del 21%, sube la parte fija de la factura de la luz y se recortan los descuentos en el bono social, aunque se mantiene la prohibición de interrumpir los suministros de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables.

El precio de la bombona de butano, que en noviembre subió a 16,61 euros, volverá a ser actualizado el segundo martes de enero, en tanto que la tarifa regulada del gas (TUR) sube un 10 % para particulares y entre un 13,5 y un 18,3 % la vecinal.

Se prorroga el plan Moves para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el 30 de junio, de cuyo precio se podrá deducir en el IRPF el 15 % (hasta 3.000 euros).

También han sido prorrogados hasta junio los abonos gratuitos de Renfe para Cercanías, Rodalies y la Media Distancia convencional, el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y la cofinanciación de las rebajas del 50 % del transporte público urbano y metropolitano.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también ha actualizado las tarifas de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2025, que a partir del 1 de enero subirán entre un 3,84 % y un 5,45 %, en función de las condiciones específicas de cada concesión. En una nota enviada este martes, el departamento que dirige Óscar Puente explica que la actualización de las tarifas en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una orden ministerial.

Las compañías de telecomunicaciones suben sus tarifas en función de los planes contratados: 1,5 euros de media Vodafone, 3 euros de media Telefónica y entre 2 y 6 euros Orange.

El envío de una carta ordinaria nacional sube un 8,54 %, hasta 89 céntimos, mientras que certificada se eleva un 8,62 %, hasta 5,29 euros. EFE

La Guardia Civil detuvo este lunes a 14 personas vinculadas a una de las mayores redes de fraude de IVA de carburantes desarticulada hasta la fecha, acusadas de esquivar el pago de 182 millones de euros a Hacienda. El sector de los carburantes señala desde hace meses que el fraude del IVA se ha disparado este año y que hay numerosas tramas defraudando ingentes cantidades de manera impune, por mucho que la Agencia Tributaria y la Guardia Civil conozcan estas prácticas desde hace más de una década. Desde CEEES, una de las patronales de las gasolineras española, estiman que cada año se dejan sin pagar unos 2.000 millones de euros en IVA y otras obligaciones. "Llevamos mucho tiempo denunciándolo y es una buena noticia, pero es solo la punta del iceberg de todo lo que hay", se queja Nacho Rabadán, director general de la asociación.

El método de operación de la trama es el habitual en el fraude del IVA de las gasolinas, según detallan fuentes de la investigación. A través de una red de empresas, el combustible salía de los depósitos fiscales y llegaba a las estaciones de servicio, pero la compañía que debía hacerse cargo del IVA se escaqueaba, pese a que el cliente sí abonaba el IVA en la gasolinera. "En unos casos la empresa no presentaba la declaración. En otros casos declaraba, pero reducía las cantidades a ingresar por la vía de omitir parte de las ventas", explican estas fuentes. Otra forma de fraude que utilizaban era deducirse cuotas del IVA ficticias, o reconocer que tenían una deuda con Hacienda, pero no la ingresaban. En resumen, la trama desarticulada utilizaba diferentes estrategias clásicas en la estafa del IVA que combinaba con un entramado societario que dificultaba su persecución.

La trama también se dedicaba a blanquear el dinero que se ahorraban del IVA, y habría alcanzado a altos estamentos del Estado, aunque no ha trascendido si hay funcionarios entre los detenidos. "Su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", se lee en una nota publicada por la Fiscalía. Según ha podido saber infoLibre, uno de los detenidos es Víctor de Aldama, supuesto comisionista del caso Koldo y antiguo asesor del socialista José Luis Ábalos.

La evasión de impuestos en el mundo de los carburantes ha crecido rápidamente en los últimos años y, según las estimaciones del sector, afecta ya a entre el 18% y el 30% de todo el combustible que se vende en España. No solo supone el impago del IVA porque estas empresas tampoco abonan el Impuesto de Eficiencia Energética o las cuotas a las reservas estratégicas, ni respetan la cantidad obligatoria de biocombustibles del 11% sobre el volumen total. Con ese ahorro logran reducir el coste del litro de gasolina entre 45 y 50 céntimos, y las gasolineras que lo venden —pueden o no formar parte de la trama— roban clientes a la competencia en un mercado donde el volumen es clave por los pequeños márgenes de beneficio. Otra parte de los beneficios derivados de la estafa va directa a los artífices de la red, y es ahí donde entra en juego el blanqueo de dinero.

La clave sobre la que giran las estafas de carburantes está en los llamados depósitos fiscales, como el de Torrejón de Ardoz o el del puerto de Barcelona. Casi la mitad del precio de la gasolina y el diésel son impuestos, pero mientras están almacenados en tanques al por mayor (los depósitos fiscales) se congela el pago de impuestos para facilitar su comercio en grandes cantidades, lo mismo que ocurre con las bebidas alcohólicas. Una vez que el combustible abandona esos depósitos para viajar a una gasolinera, el comprador paga al mayorista el valor del producto y sus correspondientes impuestos, y el operador que se ha deshecho de la mercancía es el responsable de liquidar el IVA de la operación con la Agencia Tributaria.

Sin embargo, en las tramas de estafa el combustible pasa de unas manos a otras y el encargado de pagar a Hacienda no lo hace, o paga una parte, y el resto promete liquidarlo en los meses siguientes. Pero el resultado es siempre el mismo, el operador petrolífero acaba disolviéndose y sus dueños desaparecen dejando una deuda millonaria con el erario público, y vuelven a empezar con un nuevo operador de combustibles. Según un informe presentado por la consultora KPMG en junio, entre 2013 y 2022 se vendieron al menos 26.000 millones de euros en diésel y gasolina que no pagaron IVA.

La trama desarticulada este lunes es de las mayores que se recuerdan de este tipo, aunque la supera una que desmanteló la Agencia Tributaria en 2022 de unos 200 millones de euros en IVA, que no se conoció públicamente porque fue por la vía administrativa, no penal. Otra de las operaciones más cuantiosas se desarticuló el pasado julio, cuando la Guardia Civil detuvo a 46 personas por esquivar el pago de más de 100 millones en IVA. En 2019 se detuvo a una red similar de 21 personas y 150 millones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cree que la recuperación del IVA en los alimentos beneficiados por la reducción del IVA llega "demasiado pronto" y que, además, supondrá un gasto adicional de 36 euros para los consumidores.

A juicio de la organización, la eliminación de esta medida supondrá un aumento de los precios de los alimentos y la recuperación del IVA se traducirá en un incremento del 0,1 % del presupuesto familiar, han detallado este martes en un comunicado. Además, han advertido de que en enero, fecha en la que se producirá el resto de la subida, el gasto será el doble, alrededor de 72 euros anuales.

Para la OCU es "demasiado pronto" para eliminar estas medidas, ya que "hay motivos suficientes para que se mantenga en los alimentos de primera necesidad", han defendido. "La compra de alimentos sigue pesando demasiado en la economía doméstica de muchas familias, no solo las más vulnerables" pues, según un estudio de la propia organización, los precios de los alimentos se han incrementado un 35,5 % en los últimos tres años.

Han concluido pidiendo al Gobierno que se prorrogue la rebaja del IVA y que se aumente "de manera urgente y sustancial" el importe del cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros. Desde este martes, los alimentos básicos, como pan, huevos, frutas, verduras, leche y aceite de oliva, recuperan el IVA, que será del 2 % hasta final del año; entonces asumirán su tasa habitual superreducida del 4 %.

El Gobierno eliminó a partir de enero de 2023 este impuesto en los alimentos ante la escalada de precios de la cesta básica derivada de la guerra de Ucrania y otros factores.

El IVA vuelve a aplicarse a los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, a partir de este martes 1 de octubre, en principio al 2 % entre octubre y diciembre, para luego pasar al tipo superreducido del 4 %, como estaba antes de la supresión temporal de ese impuesto en enero de 2023, según informa EFE.

El Gobierno tomó entonces la decisión de eliminar el IVA al grupo de alimentos que ya tenían el tipo reducido del 4 % para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, concretamente para contener la inflación y ayudar a los consumidores más vulnerables. También bajó el IVA del 10 al 5 % a los aceites y pastas, y desde el pasado julio lo suprimió solo para el aceite de oliva. 

Desde este martes, el aceite de oliva tendrá un IVA del 2 % hasta final de año, al haber sido incluido en el grupo de alimentos de primera necesidad; mientras que los aceites de semillas y las pastas pasarán a tener un 7,5 % de IVA entre octubre y diciembre. 

El grupo de alimentos con tipo superreducido está integrado igualmente por el pan común, las harinas panificables, la leche de origen animal, los quesos y los huevos; así como por las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales que sean productos naturales.

Desde la primera rebaja del IVA en enero de 2023, el Gobierno ha ido prorrogando dicha medida de manera temporal, a la espera de que el precio de los alimentos básicos se fuera normalizando. El pasado junio, el Consejo de Ministros extendió la medida al resto del año y la reforzó en el caso del aceite de oliva, considerado esencial para la dieta saludable de los hogares y clave desde el punto de vista económico. 

Según datos de la Hacienda Tributaria, entre enero y julio la reducción del IVA de los alimentos ha supuesto una caída de la recaudación de 442 millones de euros.

El Gobierno ha insistido en que la progresiva vuelta a los tipos normales de IVA responde al mandato de la Comisión Europea para ir atenuando las medidas extraordinarias que los distintos países han adoptado en los últimos años frente a la inflación. 

Según el Índice de Precios de Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron el 2,5 % en agosto pasado respecto al mismo mes de 2023, lo que supone seis décimas menos frente a la tasa anual de julio y la cifra más baja desde octubre de 2021. 

En general, la inflación fue del 2,3 % en agosto, cinco décimas por debajo de la registrada en junio, lo que refleja una tendencia a la moderación. Los sectores de la industria y la distribución alimentaria se han mostrado a favor de la prórroga del IVA de los alimentos durante estos meses, pese a que no se ha aplicado a otros productos de la cesta de la compra como la carne y el pescado.

Un estudio elaborado por la Unió Llauradora calcula que el margen de beneficio de los supermercados e hipermercados sobre los productores de aceite de oliva se ha incrementado este pasado julio respecto al mismo mes del año en un 59%. Según sus cifras, mientras en 2023 fue del 16%, durante este año se eleva ya hasta el 75%. Esta situación coincide con el inicio de aplicación de la reducción del IVA del aceite de oliva al 0% el pasado 1 de julio, recuerda la organización agraria.

De acuerdo al estudio, en los dos últimos meses completos (junio y julio), los olivareros de la Comunitat Valenciana han sufrido una caída en las cotizaciones que perciben del 7%, que se acentúa "todavía más si cabe" desde la reducción del IVA al 0%.

Además, en julio de este año, las cotizaciones de venta del aceite en los supermercados e hipermercados fue de media de 13 euros por kilo, con una reducción del 13% en relación con el mes anterior.

Otro de los datos destacados es que el incremento de precio aplicado al consumidor respecto del cobrado por el productor durante junio fue del 87%, mientras en julio fue del 75%.

Para la Unió, estos datos reflejan la diferencia entre lo que percibe en origen el productor y lo que pagan después los consumidores en los lineales. Si se compara julio de 2023 respecto al mismo mes de 2024, el precio que recibe el productor se incrementa ligeramente un 3%, pasando de 7,22 euros por kilo en julio 2023 a 7,42 euros por kilo en julio de 2024.

Mientras tanto, según el estudio, el precio que paga el consumidor en supermercado e hipermercado se incrementa un 55%, pasando de 8,4 euros por kilo que valía en julio de 2023 a los 13 euros por kilo de julio de 2024.

Ante estas cifras, la Unió destaca la importancia del aceite de oliva como alimento estrella en la dieta mediterránea, el arraigo con el medio rural y su dinamización a través de los cultivos. "Aliviar al consumidor final es una buena medida; sin embargo, debe ir acompañada de otras que beneficien en la misma proporción al agricultor", reivindica.

Además, lamenta que los productores de olivar, de gran importancia en la Comunitat Valenciana, han sido excluidos de todas las líneas de ayudas pese a sus reiteradas demandas, a pesar de sufrir consecuencias negativas como la sequía o la guerra en Ucrania.

La organización estima que ya han sufrido pérdidas en la Comunitat por valor de 13,5 millones de euros por los efectos de la sequía, que descenderá la producción más de un 78%. Son únicamente pérdidas económicas directas y solo de esta campaña 2024-2025, sin tener en cuenta las de las próximas ni la muerte del arbolado o las pérdidas indirectas de mano de obra, almazaras o logística.

“No existe tal cosa como un buen impuesto”, dicen que dijo el primer ministro británico Winston Churchill. A nadie le gusta pagar impuestos, ese mal necesario –también lo dijo Churchill– que no sólo es la fuente principal de ingresos de los Estados sino además materia habitual de violenta controversia política. Véase si no cómo, en un último intento desesperado por evitar la derrota que anticipaban todas las encuestas, Rishi Sunak recurría al miedo a los impuestos que los laboristas supuestamente iban a subir en cuanto entraran en Downing Street.

Tras aumentar en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y recortarse desde la década de los 80 con el ascenso al poder de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en EEUU y Reino Unido, las políticas de austeridad utilizadas como cura para la Gran Recesión pusieron de nuevo la política fiscal en el centro del debate político. A los recortes en el Estado del Bienestar desde 2008 les sucedió una lluvia europea de fondos públicos para sostener la economía tras el parón del covid. Y las llamadas de los organizaciones internacionales para tapar los agujeros que los paraísos fiscales perforan en las maltrechas arcas de los Estados y para aplicar tipos impositivos mínimos tanto a las multinacionales como a los milmillionarios.

Un estudio de dos investigadores de las universidades de Viena y Zurich, Björn Bremer y Reto Bürgisser, confirman que, en efecto, los impuestos no son muy populares: hasta un 65% de los europeos apoyan las bajadas fiscales. Al menos los españoles, alemanes, británicos e italianos. Una encuesta a 1.200 contribuyentes de esos cuatro países en 2018 arrojó una respuesta que no sorprende a nadie. Pero Bremer y Bürgisser fueron un poco más allá en sus preguntas. Primero, quisieron saber si estaban a favor de que les bajaran el impuesto sobre la renta, el tipo máximo a los que más ingresan y el IVA. Después indagaron si creían que el Gobierno debería reducir esos impuestos aunque esa medida implicara un recorte del gasto público o un aumento de la deuda pública.

La respuesta fue que el apoyo a una rebaja de impuestos, cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias y se les enfrenta a lo que los autores llaman “disyuntivas fiscales”, disminuye de forma significativa. Hasta 15 puntos porcentuales.

En el caso de los españoles, pasa del 65% inicial al 54% si la rebaja fiscal en el IRPF se traduce en un recorte del gasto público, al 45% si resulta en un aumento de la deuda pública y cae hasta el 40% si va a suponer un alza del IVA. Cuando se les plantea un recorte del IVA, el 70% inicial que se muestra a favor cae hasta el 45% si va a suponer menos gasto público y al 49% si aumenta la deuda del Estado.

Porque subir los impuestos es una medida antipática, pero el Estado del bienestar incluye beneficios también muy valorados por la ciudadanía. Incluso en Estados Unidos, recuerdan los autores, las encuestas señalan que los ciudadanos se muestran “orgullosos de cumplir con sus obligaciones fiscales, que perciben como un deber moral y una responsabilidad cívica”, y en Reino Unido respaldan aumentos de su factura fiscal de hasta un 7% para sostener el gasto gubernamental. En otro estudio, Bremer y Bürgisser subrayan que los ciudadanos quieren que los gobiernos “proporcionen una red de seguridad a las personas cuando enferman, envejecen o se quedan sin empleo”, también que las apoyen para conseguir una mejor educación y un puesto de trabajo si pierden el suyo. Esa “inversión social”, dicen, atrae a “una amplia coalición de votantes de clase media con un buen nivel educativo”, además de estar muy bien valorada.

Y, para hacer todo eso, son necesarios los impuestos.

En los cuatro países analizados, el 63% apoya que se baje el IRPF, y aún más, el 67%, que se reduzca el IVA. Pero sólo un 20% quiere que se recorte el tipo máximo de la renta; el respaldo a que paguen menos impuestos los más ricos se ve como un cambio regresivo y es mínimo. Ahí no hay grandes diferencias entre unos países y otros. Sí son un poco más pronunciadas respecto al IRPF y al IVA. Los italianos son los que más apoyan los recortes fiscales: un 83% está a favor de que se baje el impuesto sobre la renta y un 80% el IVA. Los británicos, que tienen impuestos relativamente más bajos que el resto, son los menos entusiastas de las reducciones, sólo el 48% se muestra a favor de que se recorte el IRPF y el 58% de que se suavice el IVA. Si aumentara la deuda pública, sólo el 42% de los alemanes aceptaría una bajada del IRPF y únicamente el 40% la del IVA.

Es decir, cuando se les pregunta a todos ellos si les parecerían bien esas mermas de la factura fiscal aun cuando implicaran un recorte del gasto público, un aumento de la deuda del Estado o una subida de otros impuestos, el respaldo ciudadano cae por debajo del 50% en todos los países. En el caso del Reino Unido, apenas supera el 30% si la bajada del IRPF o del IVA se convierte en más deuda pública o tiene que compensarse con la subida de otro impuesto.

Bremer y Bürgisser también han analizado el papel que tienen el interés propio y la ideología en la escala de prioridades fiscales de los europeos. Y concluyen que la segunda predomina sobre el interés material, al menos entre los contribuyentes de izquierdas.

Aun así, destacan que los individuos con más ingresos son “ligeramente más partidarios” de las rebajas fiscales “regresivas” que los menos pudientes. Y los contribuyentes de derechas y los de ingresos más bajos –tanto de derechas como de izquierdas– son menos partidarios de rebajas en el IRPF si la contrapartida es una subida del IVA –un impuesto indirecto cuyo aumento se considera regresivo pues se aplica a todos los consumidores independientemente de su renta– o un aumento de la deuda pública. En Italia, Alemania y Reino Unido a los ciudadanos más pobres no les importa que les suban el IRPF si les bajan el IVA, pero en España no quieren ni oír hablar de más impuestos sobre la renta por mucho IVA que les perdonen.

Cruzando ideología y renta personal, los autores han descubierto también que los encuestados de izquierda con altos ingresos son más partidarios de subir los impuestos –o al menos de no recortarlos– que los encuestados de izquierda más pobres.

A juicio de Bremer y Bürgisser, estas sorpresas se explican por cómo los ciudadanos perciben subjetivamente los efectos distributivos de los impuestos y en qué medida están alineados con sus efectos distributivos objetivos. “El apoyo a impuestos más bajos es condicional y no absoluto”, concluyen.

A su juicio, estudiar cómo interpretan los contribuyentes los efectos distributivos de los impuestos, así como las disyuntivas fiscales, servirán para conseguir los recursos necesarios con los que abordar el cambio climático y las desigualdades, el próximo –y costoso– reto.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha alertado de que si "alguien" está utilizando la rebaja del IVA para inflar sus márgenes de beneficios, "eso debe ser perseguido y sancionado", en un contexto marcado por las denuncias de asociaciones de consumidores a cadenas de supermercados, que podrían haber subido el precio tras la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% y la prórroga de la reducción de este impuesto a algunos alimentos.

En este contexto, Bustinduy ha explicado que el Decreto Ley de protección de los consumidores, que es una prórroga del que se aprobó cuando la guerra de Ucrania, "prohíbe expresamente que las rebajas del IVA en productos esenciales se trasladen a los márgenes de precios". "Esto está prohibido", ha defendido en una entrevista en el programa La Hora de La 1 de TVE, recogida por Europa Press.

"Hay que investigarlo y, en el caso en el que alguien esté incumpliendo la ley y utilizando esa rebaja del IVA para inflar sus márgenes de beneficios, eso debe ser perseguido y sancionado. Y, desde el Ministerio de Consumo, desde nuestras competencias, que es lo que podemos hacer, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ello", ha sostenido.

En este contexto, el ministro de Consumo ha recordado que desde el Departamento que dirige también se abrió una investigación para cerciorarse de que esto no estaba sucediendo. "El problema que tenemos es que nuestras competencias solo afectan al último eslabón de la cadena, que son los supermercados", ha explicado.

"Lo que hay que hacer es investigar qué pasa desde el origen —el productor en el sector primario— hasta el supermercado, porque hay muchos eslabones intermedios", ha detallado Bustinduy, quien alega que por este motivo tiene que intervenir el Observatorio de la Cadena Alimentaria.

El titular de Consumo ha tachado de "inaceptable" que en España haya productores que están vendiendo muchas veces en el sector primario por debajo de sus costes de producción o con unos márgenes escasísimos, al tiempo que ha criticado que hay familias que tienen que dejar de comprar aceite de oliva porque no pueden pagar los precios que tiene. "Algo está fallando ahí", ha avisado Bustinduy.

Por ello, Consumo ha abierto esa investigación dentro de sus competencias, "que es solo el último eslabón", aunque ha destacado que "el problema está a lo largo de toda la cadena".

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del aceite de oliva bajó a partir de este lunes, 1 de julio, al 0% y se mantendrá suprimido hasta el 30 de septiembre, para después elevarse al 2% entre octubre y diciembre.

Del mismo modo, el Gobierno también ha decidido mantener la rebaja del IVA al 0% de los alimentos básicos, como el pan, huevos, verduras o fruta, hasta el 30 de septiembre y elevar el tipo al 2% entre octubre y diciembre de este año, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante el último trimestre se va a ver moderada a la baja.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) del aceite de oliva bajará a partir de este lunes, 1 de julio, al 0% y se mantendrá suprimido hasta el 30 de septiembre, para después elevarse al 2% entre octubre y diciembre, según recoge Europa Press. Del mismo modo, el Gobierno también ha decidido mantener la rebaja del IVA al 0% de los alimentos básicos, como el pan, huevos, verduras o fruta, hasta el 30 de septiembre y elevar el tipo al 2% entre octubre y diciembre de este año, coincidiendo con que la previsión de la inflación de los alimentos durante el último trimestre se va a ver moderada a la baja.

El Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de medidas para afrontar las consecuencias económicas, también las sociales, derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo incluye importantes novedades en torno al IVA aceite de oliva.

Este impuesto, en el que ya se había producido una rebaja del 10% al 5% en el aceite de oliva, pasará al 0% desde este lunes y se mantendrá así hasta el 30 de septiembre. Después se situará en el 2% entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

Además, el Real Decreto-Ley incluye la modificación de le Ley del IVA para que el aceite de oliva pase a formar parte de la cesta de productos y alimentos básicos, por lo que tendrá siempre un tipo superreducido, una vez concluyan las rebajas extraordinarias del impuesto.

El tipo superreducido en España es del 4%. Esto significa que cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% en vez del 10% que venía soportando durante todo este periodo anterior.

Asimismo, se prorrogan también hasta el 30 de septiembre los tipos del 5% del IVA para la pasta y los aceites de semilla. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo se situará en el 7,5%.

Según avanza el Gobierno en la norma publicada en el BOE, el 31 de diciembre será el momento en el que la reducción de precios va a permitir la supresión de estas medidas excepcionales y transitorias, "sin afectar al poder adquisitivo de las familias".

"De esta forma, se garantizan precios finales razonables de estos alimentos hasta la plena normalización del mercado que, previsiblemente, se producirá durante el último trimestre de este año y continuará en 2025", se argumenta en el texto.

No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó durante la presentación del Real Decreto-Ley que el Ejecutivo acompañará a las familias y al tejido producto "el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad".

Otra de las medidas que se recogen en el Real Decreto-Ley es la rebaja del IRPF, que va a evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen en el impuesto sobre la renta.

El Gobierno ya modificó anteriormente el reglamento del IRPF para evitar que estos trabajadores tuvieran ya desde este año 2024 retenciones en sus nóminas mensuales y lo que el Ejecutivo hace ahora es incluir la medida en la propia ley del IRPF.

El año pasado se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros. Ahora se vuelve a incrementar hasta el 15.876 euros, es decir, el equivalente al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Sin embargo, los colectivos que se benefician por esta medida son más amplios, dada la propia progresividad del impuesto, alcanzando la mejora hasta las rentas que llegan a los 22.000 euros.

Con todo, y según Montero, esta rebaja del IRPF beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente son asalariados y pensionistas con rentas bajas y medias que lograrán un ahorro de 1.385 millones de euros.

Así, la suma de las medidas fiscales incluidas en este real decreto, tanto el IVA como el IRPF, suponen para las familias un ahorro de 3.000 millones de euros al año.

La norma también recoge la subida salarial del 2% para los más de tres millones empleados públicos prevista para este año, que se cobrará de forma inmediata, a partir de la nómina de julio, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. A este 2% se le sumará un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación que se aprobará en enero de 2025, pero referido al ejercicio 2024.

En relación con los colectivos vulnerables el Gobierno, ha extendido la vigencia del escudo social, que incluye hasta final de año la prohibición de corte de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y la extensión de los descuentos del bono eléctrico hasta el 30 de junio del año 2025. Además, en el ámbito de la tarifa de últimos recursos de la TUR de gas natural, el decreto concede el carácter indefinido.

Asimismo, el Gobierno ha decidido extender hasta el 31 de diciembre de este año la prohibición de despedir por aumento de costes a las empresas beneficiarias de ayudas públicas. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

"Para aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2024", se detalla en el BOE.

Además, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% a partir del 1 de julio, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo ya rebajó el aceite de oliva del 10% al 5% en 2023, una media que ahora se intensifica para dejar el IVA en el 0%.

Además, Hacienda ha decidido que, de manera permanente, el aceite de oliva pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad como el pan, los huevos, las verduras y las frutas. De este modo, el aceite de oliva formará parte de manera estructural de los bienes y servicios que aplican un IVA superreducido, del 4% en condiciones normales, en lugar de situarse en el grupo de bienes que aplica el IVA reducido, del 10% en condiciones normales.

Según las fuentes de Hacienda consultadas, esta medida tiene como objetivo proteger e incentivar el consumo del aceite de oliva, cuyo precio se ha encarecido recientemente como resultado de la sequía, entre otros motivos. De hecho, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) procedentes del IPC, el aceite de oliva era en abril un 68,1% más caro que un año antes, y acumula un repunte del 204,8% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en los últimos tres años.

El PSOE y Sumar formalizaron el pasado mes de marzo en el Congreso la bajada del IVA de los aceites de oliva y de semillas al 0%, tal como los socialistas acordaron con Junts a cambio de su apoyo a varios decretos.

Los partidos del Gobierno de coalición registraron esta medida como enmienda al proyecto de ley derivado del decreto anticrisis convalidado en un Pleno de enero y que se aprobó tramitar como proyecto para introducir posibles cambios.

A pesar de que el acuerdo original se alcanzó entre PSOE y Junts, los socios del Gobierno de coalición fueron quienes firmaron la enmienda. El IVA del aceite de oliva ya estaba rebajado al 5% con el decreto original, al igual que las pastas alimenticias, pero finalmente el Gobierno ha dejado la tasa en el 0%, como en el caso del pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que su intención es prorrogar la rebaja del IVA a algunos alimentos que finaliza el próximo 30 de junio porque sus precios siguen siendo "altos", según ha recogido Europa Press. "Queremos hacerlo, esa es la voluntad", ha dicho Sánchez en una entrevista en TVE. El presidente ha señalado que planteará esta prórroga al Congreso de los Diputados, donde tiene minoría parlamentaria, con el fin de que salga adelante pese al "enorme" esfuerzo, pero "necesario", que supone para las arcas públicas.

"La evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares", ha apuntado el presidente.

El Gobierno prorrogó el pasado mes de diciembre hasta el 30 de junio de este año el IVA del 0% para determinados alimentos básicos, como la leche, el pan, los huevos y el queso, y las frutas, legumbres, tubérculos, cereales y verduras que tengan la condición de productos naturales, así como el aceite de oliva. Asimismo, se prorrogó también la rebaja del IVA del 10% al 5% de la pasta.

La decisión de prorrogar esta rebaja contrasta con lo que el Gobierno trasmitió a Bruselas el pasado 30 de abril en el documento de actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para los años 2024 y 2025, en el que contemplaba que el 30 de junio de este año revertiría la rebaja del IVA a los alimentos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del IPC correspondiente al mes de abril (mañana se conocerán los de mayo), el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas amplió en abril su avance interanual al 4,7%, cuatro décimas más que en marzo, debido, en su mayor parte, a la subida de los precios de las frutas y de las legumbres y hortalizas.

Entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024, lo que más ha subido de precio es el aceite de oliva (+68,1%), que acumula un repunte del 204,8% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en los últimos tres años. En abril destacaron también las subidas interanuales de los precios de los zumos de frutas y vegetales (+17,3%) y de las frutas (+17,1%).

En términos mensuales (abril sobre marzo), el IPC aumentó un 0,7% tras subir los precios del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano (+7,1%), de los servicios de alojamiento y de los alimentos en "casi todos sus componentes", destacando las frutas, legumbres y hortalizas, carnes y pescado y marisco. El aceite de oliva se encareció un 1,5% en abril respecto al mes anterior.

Los precios de los supermercados se han elevado de media un 38% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023, frente a poco más del 6% que lo hicieron los salarios en ese mismo periodo, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar la evolución de 122 productos de alimentación y droguería de gran consumo en siete grandes cadenas.

En concreto, el estudio recoge más de 55.000 precios en los súper online de Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, El Corte Inglés, Eroski y Mercadona en 10 ciudades: Barcelona, Gijón, La Coruña, Madrid, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El informe muestra que no todas las cadenas de distribución incrementaron sus precios en la misma medida. Así, las principales subidas se observan en Carrefour (45%) y Alcampo (43%), seguidas por Mercadona (38%), El Corte Inglés (37%), Eroski (34%), Condis (33%) y Dia (32%). De Lidl y Aldi no se recogieron precios al no tener tienda online.

Entre los alimentos, las mayores subidas se advierten en el aceite de oliva suave (225%), el azúcar blanco (91%), el zumo de naranja (81%), los huevos (67%), el arroz redondo (66%) y las zanahorias (65%). También son significativas en otros productos como el yogur natural (58%), las rodajas de salmón (56%), los macarrones (55%), la barra de helado (55%) y la leche entera (53%). Mientras que las menores subidas se dieron entre las frutas y verduras, pero, aun así, superaron el 20% de media.

El informe revela que la mayor parte del incremento en los precios, al menos en los productos frescos, tiene lugar en origen, en los productores, aunque precisa que esto no tiene por qué implicar que tengan mayores beneficios, pues han soportado significativos aumentos de costes en los fertilizantes y los combustibles. Pero hay excepciones: alimentos como las manzanas y los plátanos han experimentado mayores subidas en los propios supermercados.

De esta forma, OCU ha exigido que se mantenga el IVA reducido más allá del junio y que se amplie a la carne y el pescado, ya que el 50% de las familias tienen dificultades para adquirirlos, según una encuesta de la organización.

Del mismo modo, considera "imprescindible" aumentar de forma sustancial el cheque de 200 euros para familias con ingresos de menos de 27.000 euros, así como el número de beneficiarios, aumentando el límite de ingresos.

La subida del IVA al 21% en el gas natural que entra en vigor a partir de este mes de abril supondrá un encarecimiento medio de la factura de 4,12 euros al mes en el mercado libre, lo que representa cerca de 50 euros al año, según los datos de Kelisto.es recogidos por Europa Press. En concreto, el coste medio de la factura, según cálculos de la compañía, era en marzo de 41,42 euros al mes en el mercado libre con un gasto promedio de 5.000 kilovatios hora (kWh) al año. Con la vuelta del IVA del gas al 21%, el gasto medio pasa a ser de 45,54 euros al mes.

Esta recuperación del IVA al 21% a partir de abril -tanto en el mercado regulado como en el liberalizado- se verá al menos compensada por un precio del gas natural que no ha dejado de caer de manera sostenida desde el pasado mes de enero en el mercado libre.

Destacó así el gran descenso en febrero en comparación al mes anterior, con una bajada del 8,68%, que compensó el aumento del IVA del 5% al 10%. De hecho, las tarifas son un 15,70% más baratas que en octubre de 2023. Asimismo, la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual baja un 3,05% de media a partir de este lunes en relación al precio en vigor desde la anterior revisión del pasado 1 de enero.

Para un cliente medio TUR 1 (cocina y agua caliente sanitaria) supondrá un descenso del 0,74% en su factura anual con impuestos, mientras que para uno de la TUR 2 (cocina, agua caliente sanitaria y calefacción) representará una bajada del 2,76% en su factura anual con impuestos. Mientras, para un cliente TUR 3 (pymes) la revisión a partir de este mes de abril supondrá una caída del 3,69% en su factura anual con impuestos.

En lo que respecta al mercado de futuro del gas, Kelisto.es estima que se auguran "unos meses tranquilos en el sector energético, aunque lo vivido en los últimos años muestra que un cambio de tendencia puede producirse de manera rápida". Así, el mercado de futuros anticipa para este mes de abril un precio de unos 27,50 euros/MWh y de 31,13 euros el MWh para 2025.

La relajación de las tensiones internacionales disparadas por la invasión de Rusia a Ucrania, un invierno cálido y el buen estado de las reservas de combustible de las principales potencias tras la crisis de 2022 son las causas detrás de estos precios bajos, añadió la compañía.

Además, desde abril también decae la medida que recogía el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, que limitaba en un 15% el incremento del coste de materia prima incluido en la TUR, que estaba en vigor desde el 1 de enero de 2022 y que se había prorrogado hasta esta revisión.

La finalización de esta subvención hará así que los consumidores paguen los precios reales del gas que, en cualquier caso, están recuperando unos niveles históricamente ya normales.

La TUR de gas natural es una tarifa regulada a la que puede acogerse cualquier consumidor conectado a redes de gas natural de presión inferior o igual a cuatro bar y cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh. Mediante el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, se amplió su aplicación a las comunidades de propietarios y empresas de servicios energéticos que les presten servicio..

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que las medidas del Gobierno condicionadas al precio de la energía, como la subida del IVA en el recibo de la luz desde el 10% al 21% en los contratos domésticos, "tienen que seguir su curso", según Europa Press.

La decisión del Gobierno de aplicar este año un IVA rebajado al 10% sobre el recibo de la luz se condicionó a que el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista se situara por encima de 45 euros. No obstante, si el precio de la luz baja de ese tope, el IVA volverá al 21% el mes siguiente.

A falta de un día para terminar este mes, teniendo ya en cuenta los datos del OMIE para este miércoles, la media del precio mayorista de la electricidad para febrero se sitúa en 41,25 euros/MWh, por debajo por tanto del límite establecido por el Gobierno en junio de 2021, dentro del Real Decreto-Ley por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, para mantener el IVA reducido.

En el Real Decreto 8/2023 del pasado mes de diciembre se mantenía este límite sobre el que debería estar el precio medio mensual del pool para la vigencia del IVA en el 10% hasta el próximo 31 de diciembre.

Preguntado precisamente por si el Ejecutivo piensa tomar medidas para evitar que este impuesto suba, Cuerpo ha puesto de relieve la buena evolución de los precios de la energía y el "elemento diferencial" de España respecto al resto de la Unión Europea.

"Esto no sólo tiene que ver con la evolución reciente de las condiciones climáticas, sino con la alta penetración de renovables, por la apuesta por las renovables que se está haciendo y que está ya teniendo efectos claros", ha señalado el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los efectos de la borrasca Louis han desplomado el precio de la electricidad en los últimos días, impulsado por la generación eólica en el país, acompañada de una importante presencia de la solar, lo que ha llevado a encadenar tres días por debajo del listón de los 4 euros/MWh y a sumar una gran cantidad de horas a cero euros/MWh -este precio no se traslada luego al recibo exactamente a ese precio, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico, por peajes, cargos y ajustes del sistema-.

La aplicación del IVA del 21% sería a mes vencido, así, si en febrero el precio medio del pool queda por debajo de esos 45 euros/MWh, regresará a ese nivel en la factura de marzo.

La media del mercado mayorista de la electricidad de este febrero apunta a que será casi una tercera parte de los 133,47 euros/MWh del mismo mes del año pasado y habría que retroceder a febrero de 2021 (28,49 euros/MWh), un año antes del estallido de la guerra de Ucrania, para encontrar un nivel más bajo.

El pool no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que con la entrada en 2024 se adoptó nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

En concreto, la proporción de vinculación con el precio del pool se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55% a partir de 2026.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido información a los principales operadores de distribución minorista de ámbito nacional para investigar si se están trasladando correctamente al consumidor final la bajada del IVA a determinados alimentos como el aceite de oliva o las frutas y verduras.

Esta acción se ha realizado a través de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, perteneciente a la Dirección General de Consumo e integrada dentro del Departamento que dirige Pablo Bustinduy, ha recogido Europa Press.

La reducción del IVA a determinados alimentos, como el aceite de oliva o frutas y verduras, fue una medida del Gobierno en el marco del escudo social para hacer frente al alza de los precios provocados por la invasión rusa en Ucrania.

Consumo ha explicado que el inicio de esta investigación tiene su origen en la recepción por parte de esta unidad de diversas denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios en las que se trasladaba información sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista en el último año, principalmente en alimentos como las frutas y verduras o el aceite de oliva.

Esta investigación también se encuadra dentro de la estrategia de transparencia y claridad en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo Consumo, con el objetivo de proteger a los consumidores y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno.

En este sentido, la aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA sobre determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de alimentos, que ha sido prorrogada hasta junio de este año, "prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial, pues su finalidad es, precisamente, conseguir reducir el precio de los alimentos adquiridos por los consumidores finales".

Al efecto, dentro de esta primera fase de la investigación, se ha solicitado a cadenas de supermercados e hipermercados que aporten información sobre los precios a los que han vendido en los últimos meses los productos objeto de la reducción temporal del tipo del IVA y sobre la evolución del margen comercial o estructura de costes en relación con dichos productos.

Estas prácticas, en caso de haberse producido, podrían considerarse como incumplimientos de las normas reguladoras de precios y márgenes, constituyendo una infracción del artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, pudiendo acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para los casos más graves.

 El año 2024 comienza con la subida de las pensiones y con el IVA todavía rebajado para algunos alimentos, la luz y el gas, mientras se espera que concluyan las consultas para la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI). Entre los indicadores que suben destacan las pensiones, que se revalorizarán un 3,8 % de media, aunque mínimas y no contributivas se incrementarán un 6,9 %, lo mismo que el ingreso mínimo vital, y la pensión mínima de viudedad, un 14,1 %, según recoge EFE.

El salario mínimo interprofesional (SMI) comenzará el año congelado, en los 1.080 euros mensuales en los que se situó en 2023, al igual que el salario de los funcionarios.

Se mantiene el IVA al 0 % para alimentos básicos (pan, harinas, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) y del 5 % para pastas y aceites durante el primer semestre.

Por lo que respecta a la energía, el precio de venta al público de la bombona de butano se mantendrá en 15,14 euros durante los primeros compases de este 2024, mientras que aún no está claro cómo quedará la factura eléctrica, cuya nueva formulación comienza este 1 de enero.

En el caso de los suministros de gas natural el IVA se situará en el 10 % durante los tres primeros meses; la tarifa individual de Último Recurso (TUR) del gas subirá, de media, un 8,19 % a partir de este 1 de enero, cuando el carburante de los transportistas profesionales dejarán de tener la bonificación de la que gozaban hasta ahora, de 5 céntimos por litro de gasóleo.

Sí se han prorrogado las subvenciones al transporte público, de modo que habrá una reducción del 30 % en metro y autobuses urbanos siempre que las comunidades y ayuntamientos completen la reducción para llegar al 50 %. Además, los servicios de cercanías y media distancia ferroviarios de titularidad estatal serán gratuitos para los viajeros frecuentes, y a mitad de precio los de media distancia a alta velocidad (Avant), y lo mismo ocurrirá con las líneas de autobús estatales.

Se han actualizado las tarifas de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa, que a partir de este 1 de enero suben entre un 5 y un 6,65 %, y las de Correos elevan 4 céntimos, hasta 0,82 euros, el precio de la carta más empleada, hasta 30 gramos. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto las condiciones para que el PP pueda apoyar la convalidación del decreto ley anticrisis aprobado por el Gobierno, entre ellas rebajas en el IRPF y en el IVA de carnes, pescados y conservas.

"Apoyaremos las medidas que el Gobierno ha publicado si realmente favorecen el alivio a los hogares españoles y hay una bajada de impuestos a las rentas más modestas", ha aseverado Feijóo en el balance del 2023, recogido por Europa Press.

En este punto, Feijóo ha subrayado que algunas medidas "indiscutibles" que debería introducir el decreto serían una rebaja del IRPF, para que las subidas de los salarios derivadas de la inflación no supongan mayor pago en el impuesto de la renta, y bajar el IVA, además de en alimentos básicos, pastas y aceites, en carnes, pescados y conservas.

También considera importante la reducción del gasto público, el impulso a las energías renovables y el mantenimiento de las centrales nucleares actuales en España para disminuir el coste energético y asegurar el abastecimiento.

El líder del PP ha explicado que su formación ya trasladó al Gobierno una batería de medidas económicas, tributarias y energéticas para incluirse en este decreto de ayudas ya aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De hecho el PP llegó a pedir una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para este propósito.