El Gobierno de Pedro Sánchez ya habla abiertamente de genocidio cuando se refiere a las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel en Gaza, donde ha causado 65.000 muertos, de los cuales el 75% son mujeres y niños, según las cifras oficiales detalladas este lunes por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la italiana Francesca Albanese. También desde Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, anunció este martes que el objetivo de la ofensiva en el enclave es "destruir a los palestinos de Gaza como grupo". Es decir, que se da la intencionalidad de exterminio necesaria para entender que ese delito, el de genocidio, el más grave de todos los crímenes contra la humanidad, se está efectivamente cometiendo.

Pese a las advertencias del personal sobre el terreno de la ONU, las de la relatora especial y las apreciaciones de la Comisión Internacional de Investigación (presidida por la juez sudafricana y expresidenta del Tribunal Penal Internacional que investigó y juzgó el genocidio de Ruanda), las acusaciones de genocidio contra Israel no terminan de arrancar en Occidente. La Unión Europea ha anunciado su intención de suspender su pacto comercial con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y establecer sanciones para sus ministros más extremistas, como los ultranacionalistas Bezalel Smotrich o Itamar Ben Gvir, pero, hasta el momento, se niega a apreciar ese crimen internacional. Los recelos de Alemania por la culpa política del Holocausto y el rechazo de la derecha europea, más alineada con Israel, lo ponen muy difícil.

Sin embargo, Alemania y otros países europeos, junto a Canadá, sí han mostrado cierto consenso en los últimos años sobre lo que es o no un genocidio. Lo hicieron en el caso por ese delito que se sigue contra Myanmar (la antigua Birmania) en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas por el genocidio de la minoría musulmana de los rohingyas. A la causa, abierta tras la denuncia del Gobierno de Gambia, se unieron en noviembre de 2023 –cuando las operaciones militares de Israel en Gaza ya habían comenzado– los de Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. Junto a esos seis países, que actuaron conjuntamente, otros dos Estados europeos, Irlanda y Eslovenia, se han personado en el proceso este año. Sus alegaciones muestran el doble rasero de esos países, que sí ven en el sudeste asiático el crimen internacional que, por el momento, no aprecian en Gaza.

La definición de genocidio que contiene el Convenio de Naciones Unidas para su prevención y sanción, aprobado en 1948, y al que España se adhirió en 1969, define ese delito en su artículo 2 como un catálogo de actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Y entre las conductas a través de las que se puede consumar se encuentran la "matanza de miembros del grupo", la "lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo", el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial", las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo" o el "traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

El elemento fundamental para que exista este crimen atroz es que los que lo perpetren tengan intención genocida, es decir, que los actos que se cometan tengan como finalidad acabar total o parcialmente con el grupo nacional, étnico o religioso del que se trate. Se trata del elemento más difícil de probar, porque los Gobiernos y los ejércitos no suelen documentar sus pretensiones de exterminar un pueblo o una raza. Así que, esa intención, como han remarcado varios tribunales internacionales (Ruanda, Yugoslavia), debe probarse mediante evidencias indirectas que permitan deducirla de ciertos tipos de conducta, según estableció el tribunal de La Haya en el caso Croacia contra Serbia, por el conflicto yugoslavo.

Este lunes, la relatora especial Albanese aseguró en Ginebra (Suiza) que, con su acción militar, que estos días culmina con la invasión de la Franja, Israel busca "convertir Gaza en un lugar inhabitable". La Comisión de Investigación de la ONU, por su parte, habló de "crimen de exterminio". "La intención genocida era la única conclusión razonable que se podía extraer de la totalidad de las pruebas", afirmó ese grupo en su informe de 72 páginas, que concluye que Israel ha provocado todo el repertorio de acciones genocidas que recoge la definición de ese delito internacional salvo el traslado forzoso de niños.

Los siete países occidentales que sí han actuado contra el Gobierno de Myanmar, pero aún no lo han hecho contra Israel, sostuvieron en 2023 que el número de muertos causados por los presuntos autores no prueba por sí mismo esa intención genocida, aunque "la escala y la naturaleza de las atrocidades" pueden ser indicadores de que existe.

En sus alegaciones recuerdan que el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia estableció que debe tenerse en cuenta "el contexto general, las acciones dolosas dirigidas contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el señalamiento sistemático de víctimas por su pertenencia al grupo o la repetición de acciones destructivas y discriminatorias contra sus miembros".

Los seis Estados europeos y Canadá recuerdan que la Corte ha valorado como factores para detectar esa intencionalidad, "el número de personas gravemente heridas o muertas, el número de agresores involucrados, el número de acciones prohibidas en estrecha proximidad geográfica y temporal y la intensidad del ataque y su naturaleza sistémica y discriminatoria".

Las conclusiones de la Comisión de la ONU recogen un amplio catálogo de indicios que apuntarían en esa dirección en Gaza. Como el asesinato y las lesiones graves a un número sin precedentes de personas mediante el bombardeo de zonas urbanas con una extraordinaria densidad de población. O el bloqueo que ha provocado una situación de hambre generalizada y enorme carestía entre la población gazatí. El informe también se refiere a la destrucción sistemática de hospitales y del sistema educativo, y cita también los ataques contra lugares religiosos. Incluso se refiere a la existencia de violencia sexual y de género.

Pruebas de ese ánimo genocida son también, según los investigadores, las declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog; del primer ministro Netanyahu o del exministro de Defensa Yoav Gallant. Herzog responsabilizó a la totalidad de la población de Gaza, incluida la población civil, de los atentados de Hamás que dieron inicio a la invasión de la Franja. Netanyahu invocó pasajes bíblicos (el mito de Amalek) para llamar al exterminio de los palestinos, mientras que Gallant los deshumanizó refiriéndose a ellos como "animales humanos" y amenazó con "eliminarlo todo". "Los líderes políticos y militares israelíes son agentes del Estado de Israel. Sus actos son atribuibles al Estado de Israel. Por tanto, Israel como Estado es responsable de la comisión del genocidio, de no haberlo impedido y de no haberlo castigado", sostienen los miembros de la Comisión.

Otro de los elementos que podrían probar la existencia de ese ánimo de exterminio son los ataques a menores de edad, según sostuvieron los siete gobiernos occidentales en La Haya en 2023. "La prueba de que los niños han sido atacados a una escala significativa podría excluir que los ataques al grupo protegido se debieran a otras razones, como por ejemplo que sus miembros representen una amenaza o un riesgo para la seguridad", sostiene el escrito.

"Los niños son esenciales para la supervivencia de cualquier grupo, ya que la destrucción física del grupo está asegurada cuando no puede reproducirse", añade. "Dada la importancia de los niños para la supervivencia de cualquier colectivo, del daño a los niños se puede inferir que los presuntos autores tenían la intención de destruir una parte sustancial del grupo protegido", sostienen las alegaciones conjuntas en la causa de los rohingyas.

El Tribunal que juzgó el genocidio de Ruanda estableció que "el hecho de que los niños recién nacidos no fueran eximidos" de las matanzas demostró la intención genocida de los condenados por esos crímenes.

Las cifras oficiales de la masacre de Israel en Gaza sitúan en 65.000 el número de palestinos asesinados, de los que tres cuartas partes serían mujeres o niños. Pero Albanese relató este lunes que algunos expertos elevan esa cifra a 680.000, de los que aproximadamente 380.000 serían niños menores de cinco años, aunque advirtió de la dificultad para verificar los datos. El informe de la Comisión de Investigación habla de "ataques directos contra niños" que se producen en zonas de distribución de ayuda humanitaria, en campos de refugiados o mientras la población desaloja las zonas atacadas. Los expertos recuerdan que 685.000 niños gazatíes llevan más de 20 meses sin acceso a la educación y hasta el 25 de febrero de este año, 403 de los 564 centros educativos de la Franja habían sido bombardeados o sufrieron daños.

"Existe un claro patrón de conducta desde el 7 de octubre de 2023 en el que las fuerzas de seguridad israelí toman a niños como objetivo en diferentes circunstancias con la intención de matarlos", sostiene el informe. "Ninguno de los niños de los casos investigados suponía una amenaza para las fuerzas de seguridad". "Los ataques generalizados y deliberados contra niños palestinos demuestran que las operaciones militares no se llevaron a cabo únicamente para derrotar a Hamás y otros grupos armados palestinos, ni pueden contribuir legítimamente a los otros objetivos declarados de defender el Estado de Israel y asegurar la liberación de los rehenes israelíes", dicen los expertos de la ONU. "Los ataques directos e intencionales contra niños palestinos tenían como objetivo destruir físicamente al grupo eliminando no solo a los niños de hoy, sino también la posibilidad de que tuvieran hijos en el futuro", concluye.

Los desplazamientos forzosos constituyen otro de los elementos que podrían demostrar el ánimo de cometer genocidio. "El desplazamiento forzoso puede ser una prueba de la intención [genocida] incluso en casos en que los miembros del grupo afectados no hayan sido transferidos a un lugar donde estén sujetos a condiciones que conduzcan a su muerte o destrucción", sostiene el escrito conjunto de los siete países en La Haya sobre el genocidio en Myanmar. El informe cita el caso de Bosnia contra Serbia para recordar que "los actos de limpieza étnica (...) pueden ser significativos de la existencia del objetivo [de acabar con el grupo protegido]". Por último, asegura que "una operación militar violenta que desencadena el desplazamiento forzado (...) puede contribuir a probar la intención específica de destruir al grupo protegido, independientemente de si los actos que desencadenan el desplazamiento forzado caen dentro de una de las cinco categorías de actos subyacentes de genocidio".

La Comisión de Investigación de la ONU señala en su informe de este martes sobre Gaza que "las operaciones militares israelíes en Gaza han provocado el desplazamiento de 1,9 millones de gazatíes entre el inicio de la contienda y el pasado 25 de junio". Esos desplazamientos han condenado a más de 762.000 personas "a afrontar condiciones de vida desesperadas e inhumanas". "Más de 2 millones de personas han sido confinadas en un territorio de menos de 45 kilómetros cuadrados, el tamaño de la Ciudad de Gaza, mientras que el 88% del territorio [de la Franja] se encuentra ahora dentro de zonas militarizadas por Israel o con órdenes vigentes de desplazamiento", señalan los expertos.

El resultado, dice el informe, es la extensión entre gran parte de la población, "especialmente entre los niños, de enfermedades de la piel, infecciones y diarrea crónica". Entre las detectadas por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), se encuentran infecciones respiratorias agudas, meningitis, ictericia, impétigo y varicela. Los desplazamientos masivos han provocado que en Gaza haya de media un inodoro por cada 700 niños, con la consiguiente falta de higiene que ha provocado que al menos 100.000 hayan sufrido diarrea, algo que sumado a la desnutrición ha provocado un aumento de la mortalidad.

Los desplazamientos forzosos ordenados por Israel han obligado a la mayoría de la población de Gaza a "huir de sus hogares por falta de seguridad", pero también a vivir "humillada, degradada y atacada durante su evacuación". Los desplazados se han visto forzados a "vivir en condiciones inhumanas en refugios superpoblados carentes de atención médica y provisiones básicas como agua o alimentos limpios". Los ataques de las fuerzas israelíes se han producido "a lo largo de las rutas de evacuación y áreas designadas como seguras". Tras su movilización hacia otras zonas, se les prohibió volver a sus hogares. "Es razonable concluir que las víctimas desplazadas han sufrido y sufren graves enfermedades mentales", continúa el informe.

Tanto el proceso sobre el genocidio de los rohingya como el de Gaza se investigan a día de hoy en el Tribunal de la ONU en La Haya, que mantiene los dos casos abiertos. Pero a diferencia del primero, con una fuerte presencia de denunciantes occidentales, en la causa sobre el supuestamente cometido por Israel (denunciado por Sudáfrica en diciembre de 2023) solo se han personado dos países europeos: España e Irlanda.

Muchos de los indicios del "crimen de crímenes" que ocho países del Viejo Continente (siete de ellos miembros de la UE a los que se ha sumado Canadá) aprecian en Myanmar se están produciendo desde el 7 de octubre de 2023 en el enclave palestino, según Naciones Unidas. Las lecciones de Occidente sobre lo que es genocidio en la antigua Birmania chocan con su práctica inactividad contra Israel. Quizá para sus gobiernos la supervivencia de los palestinos sea menos importante.

Al menos 17 personas habrían muerto por el naufragio de una embarcación con rohingyas que había zarpado desde Birmania, según la ONU, que ha alertado de los peligrosos viajes que se ven obligados a emprender los miembros de esta minoría, según informa Europa Press.

El barco supuestamente partió desde el estado de Rajine el pasado jueves y naufragó ya el fin de semana, frente a las costas de la región de Ayeyarwady, debido al mal tiempo. Los cuerpos de las víctimas han llegado hasta playas cercanas.

El director de ACNUR para Asia y el Pacífico, Indrika Ratwatte, ha subrayado que esta tragedia pone de manifiesto una vez más "el nivel de desesperación" de la población rohingya, que ya huyó en masa hacia Bangladesh tras la escalada represiva de 2017.

"Es impactante que niños, mujeres y hombres sigan embarcándose en estos peligrosos viajes y, en ocasiones, perdiendo sus vidas", ha lamentado Ratwatte. Entre las víctimas del último naufragio también habría menores de edad.

Sólo en lo que va de año unos 630 rohingyas han intentado cruzar la bahía de Bengala y, de ellos, un 60 por ciento eran mujeres y niños, según el recuento de la ONU.

Las embarcaciones no sólo parten desde Rajine, sino también desde la zona bangladeshí de Cox's Bazar, donde siguen viviendo cientos de miles de refugiados. ACNUR ha llamado a atajar las causas que motivan estos viajes y, además, ha pedido un mecanismo de coordinación regional para permitir el rescate y el desembarco de los migrantes en peligro en alta mar.

El Parlamento Europeo ha decidido retirar el premio Sajarov concedido a la líder birmana, Aung San Suu Kyi, por su inacción frente a la crisis de la comunidad rohingya en su país. 

"Esta decisión sanciona su falta de acción y su aceptación de los crímenes que ocurren a día de hoy contra la comunidad rohingya en Birmania", ha informado el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, en un apunte en su Twitter.

La decisión llega después del acuerdo de los presidentes de los grupos parlamentarios de suspender el galardón que le fue concedido a Suu Kyi en 1990 y que no pudo recoger hasta 2013, tras pasar 15 años en arresto domiciliario en su país.

Entonces el premio resaltó la lucha por los Derechos Humanos de Suu Kyi, principal opositora a la junta militar birmana, y fue reconocida como gran símbolo de la libertad y la democracia. 

Tiene también el nobel de la paz

El Sajarov no es el único premio concedido a Suu Kyi por su labor en defensa de los Derechos Humanos. En 1991, la líder birmana recibió el Nobel de la Paz y, tras el recrudecimiento de los abusos contra la comunidad rohingya en 2017, varias organizaciones solicitaron al Comité Noruego que se lo retirara.

El comité ha alegado, sin embargo, que la normativa de los Nobel no contempla esta posibilidad, justificando en cualquier caso que el galardón reconoce logros de una determinada persona hasta el momento de la concesión.

Investigadores de la ONU han denunciado una "intención genocida" en la represión ejercida por las Fuerzas Armadas de Birmania contra los rohingyas en agosto de 2017, a raíz de la cual más de 700.000 personas huyeron a Bangladesh. Más de 900.000 rohingyas permanecen a día de hoy en la que está considerada la mayor zona de refugiados del mundo.

El genocidio de los rohinyás acumula desde 2017 más de 25.000 personas asesinadas y casi un millón de desplazados de forma forzada. Confinados en campos de refugiados después de que el Gobierno de Myanmar les negase el reconocimiento de la ciudadanía, este pueblo vive una limpieza étnica que recibe las espaldas del Ejecutivo nacional, de la que pudo ser su lideresa, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi; y de las instituciones internacionales que admiten la lacra pero que no toman acciones.

Razia Sultana, abogada, investigadora y educadora que ha analizado la violencia sexual contra los rohinyás, expone que en 2016 entrevistó a muchas personas y averiguó que las mujeres sufren más y que “las violaciones han sido y son un arma de guerra”. Tras esto, desde diferentes organizaciones en las que participa y dirige, ofreció su apoyo a las personas más vulnerables. La activista cuenta a infoLibre cuál es la situación actual de este grupo étnico tras años de condiciones de extrema vulnerabilidad en la que la escalada de atrocidades se ha visto determinada por la difusión del discurso del odio y las noticias falsas en las redes sociales como Facebook, hecho reconocido por Naciones Unidas (ONU).

PREGUNTA. ¿Qué hace su organización y cómo surge?

RESPUESTA. Nací en Myanmar y era muy joven cuando mis padres emigraron en 1973 a Bangladés, por lo que crecí allí y toda mi educación es de bengalí. Pero tengo un sentimiento con mi gente porque mi familia me enseñó a “no olvidarme de mis orígenes”. Soy ciudadana de Bangladés, pero sigo siendo rohinyá. No he cambiado nunca mis orígenes y estoy involucrada en su comunidad y organización política e intento ayudarles de alguna manera. En 2016 inicié mi trabajo de investigación entrevistando a muchas personas y encontré en ese momento que las mujeres eran las más atacadas: las violaciones se usaban como arma de guerra y testifican el horror.

P. En su asociación, ¿con qué gente trabajan?

R. Especialmente para mujeres traumatizadas, que han sido agredidas sexualmente, aquellas sin confianza, con problemas de salud. También para quienes necesitan compartir algo con otros. Asimismo, impartimos conocimiento básico sobre maternidad, niños… todo lo que está relacionado con las mujeres, como la violencia de género. Desde Free Rohingya Coalition somos como un paraguas: un grupo de apoyo que incluye a toda la comunidad rohinyá; ya en mi propia organización (Rohingya Women Welfare) estamos centradas en el problema de las mujeres. Mi trabajo es de mujer a mujer: empezamos siendo sesenta voluntarias y ahora se ha expandido, ayudando a niños, chicas jóvenes, discapacitadas y quienes necesitan ayuda.

P. ¿Con qué dificultades ha convivido durante su actividad?

R. La mentalidad de la comunidad. Nuestra generación no tiene educación porque nuestro gobierno la destruyó hace tiempo. En un país sin educación, el hermetismo religioso atrapa. Se focalizan en los temas de las mujeres: quieren dominarlas y no les permiten hacer nada, ni siquiera ir al médico por enfermedades. Esto es discriminación de una comunidad, y se convierte en normal para ellos. Este es nuestro reto: acabar con esta situación de vulnerabilidad y alertar a los jóvenes, que serán los líderes comunitarios.

P. En Myanmar, las redes sociales han extendido el discurso del odio y ha tenido consecuencias en la violencia contra el pueblo rohinyá.

R. Estoy muy preocupada por esto porque se está expandiendo. El problema principal es Facebook. Hemos denunciado más de mil casos de discursos de odio en una plataforma por la que no ha habido intención de hacer una ley. Y es la táctica del Gobierno y sus simpatizantes: usan los medios de comunicación y las redes sociales para propagar el odio de una forma muy sencilla. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con los medios porque son un instrumento que puede ser por el bien de la sociedad, pero que está promoviendo un discurso del odio que necesita restricción.

P. Vemos que el uso de las redes para propagar el discurso del odio no es un problema de un único país. En Brasil, Bolsonaro ha ganado las elecciones por el uso de las noticias falsas en WhatsApp, según Cristina Tardáguila, directora del portal de fact-checking La Lupa.según Cristina Tardáguilafact-checking

R. Sí, tenemos pruebas sobre las noticias falsas y hemos proporcionado un organismo para comprobar hechos. Cuando intentamos conseguir esa información, directamente nos borraron el grupo. Y Facebook está tomando la misma medida. No les interesa acabar con el discurso del odio, aunque todo el mundo pueda usarlo en las redes sociales y sea un arma tan dañina para el ser humano. Los políticos usan esto de forma astuta para expandirlo.

P. En otras entrevistas ha dicho que han tenido reuniones con Naciones Unidas y que tienen todo este genocidio probado, pero que no hay acción.

R. No había acción y no hay acción. Las pruebas se han dado, ellos (las instituciones internacionales y nacionales) las tienen. El Gobierno genocida (de Myanmar) está promoviendo el negocio. Este es el sistema. ¿Quién está promoviendo las “limpiezas étnicas”, el genocidio o los crímenes de guerra? Tenemos que cambiar o romper el sistema. Tenemos que presionar a este Gobierno. La ONU está en Afganistán, en Irak, incluso en América Latina. ¿Por qué no en Myanmar? Lo permiten por cuestiones estratégicas económicas.

El dinero no lo es todo. El poder no lo es todo. Somos seres humanos. La gente tiene el derecho de vivir su propia vida. Pero esto es parte de su negocio e ignoran esta parte.

P. ¿Cómo ve el futuro si no se toman medidas desde las instituciones?

Tengo esperanza. Quizás algún día, en algún lugar, alguien potente alce la voz en este problema y lo apoye.

P. Ha venido a España gracias al trabajo de la asociación Mujeres de Guatemala que da voz a las víctimas de violaciones de derechos humanos de las mujeres, ¿han pensado en la cooperación entre organizaciones para crear esa presión necesaria?Mujeres de Guatemala

R. La presión es alzar la voz. No es cuestión de tiempo: hay que alzar la voz lo antes posible. No tenemos que esperar a los tribunales y las sentencias. Necesitamos justicia pero no podemos dejar de trabajar por ello, tenemos que hablar y hacer algo.

Un vídeo captado con un teléfono móvil demostraría la limpieza étnica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas birmanas sobre la población rohinyá en el estado de Rajine, al mostrar cómo un supuesto militar anuncia el inicio de una campaña dirigida específicamente contra esa minoría musulmana, ha denunciado la ONG Fortify Rights.

Después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciase la apertura de una investigación por los abusos sobre los rohinyás, la ONG ha difundido una grabación que desmontaría la versión de las autoridades birmanas sobre la campaña de represión llevada a cabo a finales de agosto de 2017 a raíz de una serie de ataques.

Más de 700.000 rohinyás se han refugiado en el vecino Bangladesh, víctimas de lo que investigadores de la ONU han llegado a describir como una campaña de "intención genocida". También se habrían cometido crímenes de guerra y contra la Humanidad, según un reciente informe que responsabiliza directamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas birmanas.

El vídeo difundido este jueves muestra a un militar uniformado dirigiéndose en el idioma local a un grupo de vecinos de una aldea del norte de Rajine. Les explica que el Ejército pretende contener "rápido" la supuesta amenaza rohinyá: "No os preocupéis, vamos a limpiar sus pueblos poco después de que nos vayamos de aquí".

El militar subraya el deseo de "proteger" las localidades "indígenas", marcando distancias entre los rohinyás, a los que Birmania ni siquiera les concede la ciudadanía, y otras comunidades locales. "Las fuerzas de seguridad impedirán la huida de los rohinyás, para que no puedan meterse en nuestras aldeas locales", explica.

En su discurso, el militar incluso avisa de que los rohinyá podrían "conquistar todo el país", entre otras razones por el crecimiento de sus comunidades.

En este sentido, lanza mensajes de miedo hacia su audiencia —"amenazan a nuestras minorías étnicas con su población"— e incluso invita a "cooperar" con la labor de las Fuerzas Armadas —"para demostrar valor, sostened espadas, coged palos, hasta los ancianos y los niños deben derrotarlos"—.

Prueba ante el TPI

El director ejecutivo de Fortify Rights, Matthew Smith, espera que esta grabación sirva ante el TPI como prueba de la barbarie perpetrada en el estado de Rajine. "Las autoridades de Birmana han alegado en reiteradas ocasiones que no forzaron a los rohinyás a irse de sus casas y este vídeo muestra a un soldado explicando en detalle que las autoridades les sacarían a la fuerza de sus pueblos", ha denunciado.

Smith ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas cuanto antes para, por ejemplo, "establecer un nuevo mecanismo que recoja y preserve las pruebas" de cara futuros procesamientos. También ha llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a llevar el caso ante el TPI "cuanto antes".

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha defendido este jueves que la líder de facto de Birmania, Aung San Suu Kyi, debería haber dimitido de su cargo en lugar de dar cobertura con sus declaraciones a la violenta represión emprendida por el Ejército contra los rohinyás en Rajine.

"Estaba en una posición de hacer algo", ha defendido Hussein en una entrevista con la BBC antes de abandonar su cargo. "Podría haberse quedado callada o incluso mejor, podría haber dimitido", ha añadido el diplomático jordano.

En su opinión, "no había ninguna necesidad de que fuera la portavoz del Ejército birmano". "No tenía que decir que (la represión contra los rohinyá) era un iceberg de desinformación. Eso eran inventos", ha lamentado.

Suu Kyi, un icono durante años de la lucha por la democracia en su país que le valió el Nobel de la Paz, ha sido duramente criticada por su papel en la crisis de los rohinyá, después de que la violenta represión emprendida por el Ejército en Rajine tras una ola de ataques obra de milicianos provocara el éxodo de más de 700.000 miembros de esta minoría musulmana hacia el vecino Bangladesh.

Convertida en la líder de facto del país con su cargo de consejera de Estado tras la victoria de su partido en las elecciones de 2017, Suu Kyi ha tratado de minimizar las críticas y las acusaciones contra la actuación de las fuerzas de seguridad, sin pronunciarse en contra de lo que estaba sucediendo en Rajine.

Según Hussein, Suu Kyi podría haber dicho que estaba "dispuesta a ser la líder nominal del país pero no bajo estas condiciones". "Muchas gracias, dimitiré y volveré al arresto domiciliario. No puedo ser una cómplice adjunta que otros pueden pensar que soy en lo que se refiere a estas violaciones", deberían haber sido sus palabras, según el alto comisionado.

Cientos de miles de refugiados rohinyás esperan en Bangladesh aclarar las dudas de un futuro incierto. Hace un año, se vieron obligados a huir del estado birmano de Rajine para escapar de la violenta represión que siguió a una serie de ataques milicianos y, pese a los esfuerzos de las agencias internacionales y los riesgos derivados de la temporada de monzones, la situación sigue estancada. Informa Europa Press.

Alrededor de un millón de personas viven como refugiadas en territorio bangladeshí, de las cuales más de 700.000 llegaron en la oleada que comenzó hace un año. El 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) provocó decenas de muertos y prendió la mecha de una tragedia que prosigue a día de hoy.

Los rohinyás, una minoría musulmana apátrida e históricamente marginada en Birmania, escaparon de una violenta represión marcada por los saqueos, las ejecuciones y la destrucción, si bien la opacidad con la que ha respondido el Gobierno birmano hace imposible para las organizaciones internacionales tener una visión clara de lo ocurrido –a día de hoy el acceso a Rajine sigue estando vetado–.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Birmania pactaron una hoja de ruta para facilitar el retorno progresivo de los refugiados, siempre y cuando se diesen las garantías de seguridad y servicios en el estado de Rajine. Sin embargo, ni siquiera el empeoramiento de las condiciones sobre el terreno por el inicio de la temporada de monzones ha agilizado los compromisos.

"Los refugiados rohinyás viven en un limbo. No se puede garantizar la seguridad de las familias que retornan a Birmania y en los campos de Bangladesh están recibiendo escaso apoyo internacional", ha lamentado en un comunicado el secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, Jan Egeland, que ha reclamado un aumento "urgente" de esta asistencia.

Un portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Alistair Lawson Tacred, ha admitido en una entrevista con Europa Press que la situación actual "no es sostenible a largo plazo", entre otras cuestiones porque más de la mitad de los 700.000 refugiados que han llegado en el último año a Bangladesh son niños. Algunas estimaciones hablan de unos 60 nacimientos al día en los campamentos.

Niño rohinyá

Volver a Birmania

"Todos quieren volver a Birmania", algo sobre lo que el responsable de Unicef ha dicho no tener "ninguna duda", pero siguen sin saber qué se encontrarán al otro lado, entre otros motivos porque la mayoría de ellos han perdido a familiares por el camino o directamente no tienen un techo al que regresar. En este sentido, ha admitido que ha habido pocos avances en el plan de retorno impulsado por la ONU.

"No volveré hasta que los rohinyás puedan tener ciudadanía, los mismos derechos, libertad de movimiento y una compensacón por las casas que ellos quemaron y por mis tierras. No volveré con mi familia hasta que no nos sintamos completamente a salvo", ha explicado Nurul Amin, de 35 años, al NRC.

Para Lawson-Tancred, "esta crisis solo podrá superarse cuando los gobiernos de Bangladesh y Birmania lleguen a un acuerdo para resolverla", por lo que ha subrayado la importancia de mantener la "presión" y de no "olvidarse" de quienes viven en la que ya es la mayor zona con refugiados del mundo, superando incluso los macrocampamentos de África.

La "generosidad" que marcó la primera respuesta internacional habría comenzado a escasear. La respuesta humanitaria liderada por la ONU en Bangladesh ha recaudado hasta la fecha menos del 32% de los fondos solicitados, ha advertido Médicos Sin Fronteras (MSF) esta semana al hacer balance de la situación en el distrito de Cox Bazar.

Un portavoz de Acnur, Paul Vrieze, ha reconocido a Europa Press que las organizaciones siguen "dependiendo de la generosidad y del apoyo de los donantes internacionales para proporcionar una ayuda vital y mejorar las condiciones de vida para los refugiados y las comunidades de acogida en Bangladesh".

El éxodo rohinyá

La amenaza del monzón

La emergencia humanitaria se agravó en junio, cuando el inicio de la temporada de monzones provocó las primeras lluvias en unos campamentos que, erigidos en condiciones precarias, están a merced de inundaciones y corrimientos de tierra. De media, el espacio por persona ni siquiera llega a los 11 metros cuadrados, lo que agudiza la capacidad de devastación de cualquier mínimo temporal.

Ayesha Khatun, que perdió a su marido y a su hijo por un tiroteo en Rajine, vive ahora en uno de los campamentos con sus dos hijas y reconoce a Oxfam su temor por el mal tiempo. "Esta tienda solo está hecha de lona y bambú y se mueve cada vez que hay fuertes vientos. Hace poco hubo tanta lluvia que se creó un alud sobre nosotros. El baño que hay sobre la colina se desbordó y los restos pasaron al lado de la tienda", explica.

Acnur ha reubicado hasta mediados de agosto a más de 24.000 refugiadas a zonas teóricamente más seguras frente al temporal, pero no todos están conformes con esta posibilidad. Dulu, entrevistada por Unicef , deja claro que tanto ella como sus familiares, entre ellos dos nietos, no se moverán: "Si vamos a morir –en Bangladesh–, moriremos en este lugar".

Por su parte, el coordinador general de MSF en Bangladesh, Pavlo Kolovos, ha alertado en una nota de la situación de "extrema vulnerabilidad" en unos campamentos donde "las infraestructuras para cubrir incluso las necesidades más básicas de la población no están aún disponibles", lo que "afecta seriamente a la salud y bienestar de las personas.

"Es inaceptable que la diarrea acuosa siga siendo uno de los mayores problemas de salud que vemos en los campamentos", ha lamentado. Al menos las campañas de vacunación que se han llevado a cabo en este último año han servido para prevenir los brotes de cólera y sarampión y para contener la propagación de la difteria.

Un futuro incierto

Kolovos ha advertido de que las restricciones impuestas sobre los rohinyás "les privan de cualquier posibilidad de construir un futuro digno y hacen que cada día suponga una lucha innecesaria por sobrevivir". Esto se traduce en una dependencia total de la ayuda humanitaria y de una tensión constante por no saber qué será de ellos a corto o medio plazo.

Abu Ahmad, padre de ocho hijos, confiesa a MSF que ha perdido su fuerza e incluso su capacidad de trabajo por las constantes "preocupaciones" sobre el futuro inmediato. "Si me quedo en este lugar durante diez años (...) o incluso durante un mes, tendré que seguir sufriendo este dolor", afirma.

El portavoz de Unicef se ha mostrado especialmente preocupado por la posibilidad de que haya una "generación perdida" si la situación se prolonga en el tiempo, en alusión a los miles de adolescentes de entre 13 y 17 años que no han recibido una educación formal durante estos últimos meses y que teóricamente están llamados a ser el futuro de sus comunidades.

Alrededor de 400.000 niños y jóvenes no reciben educación formal y se estima que menos de 2.000 adolescentes tienen acceso a alguna forma de educación o capacitación, según World Vision. "Quiero estudiar, pero no puedo porque soy demasiado mayor y ya no tengo la edad para ir a la escuela", cuenta Yajurjanat, una refugiada de 13 años que pasa sus días barriendo, buscando agua y ayudando a su madre a cocinar. El director de World Vision en Bangladesh, Fred Witteveen, ha llamado a no olvidar vidas como la de Yajurjanat: "Los refugiados en los campos quieren que recordemos que son humanos y que todavía están aquí".

Uno de cada dos menores rohingyas que huyeron de la violencia en Birmania hacia el vecino Bangladesh sin la compañía de un adulto lo hicieron tras quedar huérfanos como consecuencia de la violencia en Rajine, según un estudio realizado por Save the Children. 

Para realizar este estudio, la ONG ha contado con la información aportada por 139 menores no acompañados y separados de los alrededor de 6.000 que se estima que hay entre los 370.000 niños que se encuentran en los campos de refugiados rohingyas en Bangladesh.

Hasta ahora, se pensaba que la mayoría de estos niños habían perdido a sus padres y familiares durante la huida de Rajine tras la violenta represión con la que las fuerzas de seguridad respondieron a la ola de ataques perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) el 25 de agosto pasado. En total, más de 700.000 rohingyas buscaron refugio en la región de Cox's Bazar, en Bangladesh en el último año.

De acuerdo con el estudio, el 70 por ciento de los menores no acompañados se vieron separados de sus padres o cuidadores por ataques violentos. El 63 por ciento del total, quedaron separados por un ataque directo contra su localidad, mientras que en el 9 por ciento de los casos el ataque se produjo durante la huida hacia Bangladesh.

El 50 por ciento de los menores consultados han señalado que sus padres o principales cuidadores fueron asesinados en los ataques, quedando huérfanos, y en muchos de los casos fueron testigos de terribles escenas de violencia.

"Ha pasado un año desde que estos niños vieron sus infancias arrebatadas. El mundo no ha hecho rendir cuentas a los autores de estos ataques bárbaros, incluido el Ejército birmano", ha lamentado el director de Política Humanitaria de Save the Children UK, George Graham, defendiendo que ofrecer alimentos, agua y cobijo a estos niños no "hará justicia" por ellos.

"Hace doce meses, nuestros equipos vieron a niños que llegaban a Bangladesh por su cuenta, tan angustiados, hambrientos y exhaustos que no podían hablar", ha recordado el director de Save the Children en Bangladesh, Mark Pierce.

Desde entonces, la ONG ha establecido espacios para que estos niños pudieran recibir apoyo mientras se buscaba a sus familias, pero "un año después está claro que para muchos esta reunificación nunca se producirá", ha lamentado Pierce.

Niños más vulnerables

"Estos niños son algunos de los más vulnerables del planeta y tienen que labrarse toda una nueva existencia en los campamentos, sin su madre o padre, en un entorno en el que son mucho más vulnerables a riesgos como el tráfico, el matrimonio infantil y otras formas de explotación", ha advertido el responsable de Save the Children.

Pierce ha reconocido que aunque el estudio realizado por la ONG no puede considerarse como representativo de todos los niños rohingya huérfanos o separados de sus padres, si que "dibuja una imagen aterradora de un sangriento conflicto en el que los civiles fueron atacados y asesinados en gran número".

El responsable de Save the Children ha llamado a los donantes a cubrir el llamamiento por 950 millones de dólares hecho por la ONU para atender las necesidades de los refugiados rohingya, de los que solo se ha recibido un tercio de los fondos y en particular ha instado a garantizar que estos niños "tienen acceso a oportunidades de aprendizaje seguras, de calidad e inclusivas" así como a apoyo psicológico en los casos necesarios.

Un niño lava en Balukhali, parte del campamento de refugiados que alberga a más de 800,000 refugiados rohingya, Coxs Bazar, Bangladesh, 22 de junio de 2018. | Unicef