Últimamente el comercio global se tropieza con la política internacional y las consecuencias se van trasladando de manera progresiva desde unos sectores a otros. El conflicto en Irán ha vuelto a poner en el centro las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales, por las que se mueven dos tercios del comercio internacional, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea. Así, el cierre del Estrecho de Ormuz está incidiendo sobremanera en los precios de los combustibles y la energía, pero también en otros ámbitos comienzan a sentirse las consecuencias del conflicto y ven peligrar su abastecimiento de materias primas. Uno de ellos es el del aluminio, como lo son los fertilizantes, el helio o el cereal.

Un informe sectorial explica que el 22,9% de las importaciones españolas de aluminio primario proceden de nodos logísticos en el Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar y Arabia Saudí) que han sido afectados bien por los bombardeos, bien por los bloqueos comerciales. A esto se suma, explica Gonzalo de Olabarria, secretario general de la Asociación Española del Aluminio (AEA), el embargo comercial que pesa sobre Rusia y que impide adquirir allí esta materia prima. “Con la suma de las interrupciones en estos dos mercados calculamos que puede estar comprometido hasta el 32% del suministro de aluminio en España”, recalca. En total, unas 218.000 toneladas, que suponen una “elevada exposición” del sector al devenir de la guerra. 

El freno a la producción de dos grandes industrias, una en Catar y otra en Bahréin, es lo que más preocupa ahora mismo. “La paralización de operaciones en Qatalum (Qatar), tras los ataques a infraestructuras de gas en Ras Laffan, y la declaración de fuerza mayor por parte de Aluminium Bahrain (ALBA) han retirado del mercado más de 2,3 millones de toneladas de capacidad de producción, más del doble de lo que toda la industria española transforma en un año”, explica la patronal en un informe. 

A nivel europeo, el 14% de las importaciones de aluminio procede del Golfo Pérsico, según un informe de la consultora financiera S&P Global. En esta región se genera un 23% de la producción primaria de aluminio del mundo y a Europa llegaron 1,4 millones de toneladas métricas en 2025, principalmente en forma de lingotes —que luego transforman las industrias—, barras de alambre, láminas y chatarra. 

La externalización de este tipo de industrias hacia otros países, explica Olabarria, tiene que ver con una forma de producir que exige grandes consumos de energía. “Hace 25 años en Europa se producía el 10% del aluminio mundial, pero en 20 años hemos perdido gran parte de la capacidad de producción, que se ha externalizado a otros países. El aluminio primario es intensivo en energía, por tanto, si los precios de la energía no son competitivos, las empresas deciden no producir en los países donde los precios son más altos”, explica Olabarria, que cifra la producción europea actual en el entorno de un 1% de toda la producción mundial.

Los bolsillos de los consumidores tampoco salen indemnes de estos movimientos tectónicos en las grandes cadenas de suministro. Aunque esto afecta primeramente a las industrias de ingeniería, construcción o reparto, el efecto termina llegando al producto final. "A nivel industrial estamos hablando de semiproductos —que luego terminan siendo partes de otros— pero que son clave, por ejemplo, para los paneles solares, la producción de cable, el transporte o las propias ventanas", enumera el secretario general.

Así, si el petróleo y la energía tienen un efecto transversal y casi inmediato —hemos visto la gasolina y el gasóleo subir casi a diario—, aquí opera algo más parecido a un efecto dominó. "El conflicto ha escalado a niveles superiores, aumentando el riesgo de que las disrupciones se extiendan más allá de la logística y las rutas de transporte hacia cierres reales de producción o daños en infraestructuras", señala Mathieu Racheter, analista del grupo financiero suizo Julius Baer. Algo que en su opinión hará que a corto plazo prevalezca una "elevada" incertidumbre en los mercados y, por tanto, en las empresas que dependen más de ellos.

Un reciente informe de Naciones Unidas titulado Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz. Implicaciones para el comercio global y el desarrollo, señalaba que, después del petróleo, el gas y sus derivados son los químicos, los contenedores y el grano seco los productos más frecuentes en esa ruta. Además, recoge que el tránsito a través del estrecho ha caído un 97% de media entre febrero y la primera semana de marzo. Por ejemplo, si el 27 de febrero atravesaron el estrecho 141 barcos, para el día 7 de marzo la cifra había bajado a cuatro.

Otra materia prima que está atascada en este conflicto son los fertilizantes, ya que un tercio del comercio marítimo mundial de este producto pasa por el estrecho. Unas 16 millones de toneladas, en su mayoría urea (67%) y fosfato diamónico (20%) que son componentes clave en la agricultura. En España, sectores como el del aceite avisaban la semana pasada de que "el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes" presionarían sobre los costes. "La guerra de Irán está provocando un aumento considerable del precio del gasóleo y de los fertilizantes, precisamente en plena época de preparación del olivar y de abonado", señalaba la patronal. Ante este escenario el Gobierno ha centrado una parte de su paquete de medidas en el sector, con descuentos en el gasóleo que también llegarán a los transportes.

En cuanto a los fertilizantes, "se han encarecido alrededor de un 25%, mientras que la urea, uno de los productos más utilizados en el abonado de cultivos, ha registrado una subida cercana al 30%, situándose actualmente en torno a los 600 euros por tonelada", apuntan desde la asociación de agricultores Asaja.

Otro producto que pierde flujo con el bloqueo es el helio, un gran desconocido que es clave para la fabricación de chips. Según apunta la agencia Bloomberg, la interrupción de la producción de gas natural licuado en Ras Laffan (Catar) ha dejado fuera de operación a cerca de un 30% del suministro global. El otro gran productor es Estados Unidos, pero consume una gran parte internamente. "El helio desempeña un papel esencial en múltiples sectores, con especial relevancia en la fabricación de semiconductores, donde se utiliza en enfriamiento de obleas, detección de fugas y procesos de grabado", explican los analistas.

Los cereales son otro punto sensible. Aunque no están tan expuestos como los derivados del petróleo o los fertilizantes, la especulación en los mercados que se deriva del conflicto ha hecho que su precios suba. En este caso, Irán es uno de los países importadores, principalmente desde Brasil, y ha suspendido todas las exportaciones de este producto por el momento, tal como explicaba el diario británico Financial Times. Además, este ámbito se cruza con el atasco en los fertilizantes, que corre el riesgo de mermar la producción. De hecho, los diez principales destinos de los fertilizantes que cruzan Ormuz son India, Estados Unidos, Turquía, Tailandia y, precisamente, Brasil, principal suministrador de trigo a Irán. Paradojas del comercio global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el martes o el miércoles anunciará aranceles recíprocos con otros socios comerciales, y el lunes, aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. El gobernante hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver la Super Bowl, según informa EFE.

"Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (..) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", dijo Trump a los medios cuando fue preguntado por los aranceles recíprocos.

En ese sentido, el republicano dijo que estos aranceles se pondrán en práctica "casi inmediatamente" para "todos los países". Con respecto a los aranceles al acero y el aluminio, Trump dijo que anunciará la medida y dará más detalles este lunes.

Durante su primer mandato (2017-2021) Trump impuso aranceles del 25% al ​​acero y del 10% al aluminio, pero luego otorgó cuotas libres de impuestos a varios socios comerciales, incluidos Canadá, México y Brasil.

La industria alimentaria ha reducido su consumo de electricidad un 11,4% interanual. Las fábricas de coches, aún más, un 16,6%. Y los hogares, un 15,3%. Son datos de Red Eléctrica Española (REE), el operador del sistema eléctrico nacional, relativos a abril, a partir de su índice IRE, que recoge la evolución del consumo de energía eléctrica de las empresas que tienen un consumo medio/alto: una potencia contratada superior a 450 kW. A tenor de esos datos, los precios récord de la luz empiezan a notarse en la demanda, que se contrae cuando los costes de la energía se consolidan y dañan los márgenes de las empresas. Ya antes de la guerra en Ucrania los precios llevaban meses acelerándose y las medidas del Gobierno no han mitigado unas subidas que no parecen tener fin.

El descenso en el consumo eléctrico nacional ha sido del 6,1%, también en comparativa interanual, apenas cuatro décimas por debajo del recorte de marzo. Sólo en abril y mayo de 2020, debido al confinamiento y las restricciones a la actividad económica, el recorte de la demanda de electricidad fue mayor: un 23,3% y un 15,9%, respectivamente. Ese año, de media, el consumo de luz se contrajo un 7,7%. Hay que remontarse a 2012, en lo peor de la crisis financiera, para encontrarse con otro frenazo de la demanda, pero fue la mitad, un 3,6%.

Además, hay que tener en cuenta que el consumo se sostiene gracias a que hay otros sectores que han disparado sus facturas. El comercio ha aumentado su demanda de electricidad un 33,2% en abril y un 38,2% en marzo. Los hoteles multiplican esa alza por tres, al consumir un 102,2% más de luz que hace un año. En marzo ya lo mejoraron un 85,6%. La Semana Santa y el comienzo de la temporada alta del turismo explican el repunte.

“Esa caída normal no es”, reconoce el economista Javier Santacruz, quien a continuación apunta el adjetivo “preocupante”. A su juicio, aunque por los cambios en los patrones de consumo terminará rompiéndose la tradicional correlación entre aumento de la demanda energética y crecimiento del PIB, el descenso de ésta no deja de ser un mal dato, que traduce, si no paralizaciones de la actividad de algunas industrias, sí la existencia de “problemas importantes”.

Porque ni la alimentaria ni la automovilística son industrias electrointensivas, como la siderurgia, la química o los gases industriales, que han resultado las primeras y más afectadas por la escalada de los precios energéticos ya el pasado verano. En marzo de este año, con la guerra en Ucrania recién comenzada, ochos asociaciones empresariales del sector industrial enviaron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde advertían de que estaban abocadas a paralizar la producción o incluso acometer ERTE o deslocalizaciones si no se contenía la factura de la luz. Entre ellas se encontraban las siderúrgicas Acerinox y Arcelor Mittal, la metalúrgica Celsa, Cementos Portland a Asturiana del Zinc.

Fuentes de Confemetal aseguran que algunas empresas han parado segmentos de producción o han dejado inactivas parte de sus cadenas. Según sus últimas cifras de actividad, la patronal constata una “acusada caída de la producción y una más ligera de la cifra de negocio”. En marzo, el descenso de la primera alcanzó el 3,6%, una tendencia que se ha mantenido en abril. La segunda se ha reducido un 0,7%. Al mismo tiempo, los precios industriales del metal en abril se han disparado un 16,2% respecto del mismo mes de 2021. El índice de precios acumulado de la metalurgia básica ha crecido aún más, un 45,9% acumulado hasta abril. Un alza que se transmite inmediatamente al resto de la cadena, desde los productos metálicos hasta los equipos eléctricos. Las mismas fuentes confirman una caída de la demanda que tiene su correlato en una caída de la producción y, por tanto, del consumo eléctrico. Éste ha sido del 19,7% según los datos de Red Eléctrica referidos a abril.

Aún lejos de esta dependencia, las industrias de la alimentación y el automóvil se están viendo muy perjudicadas por un encarecimiento tan prolongado de los precios energéticos. Un recorte del consumo eléctrico de la transformación alimentaria de ese volumen –11,4%– no se produjo ni en mayo de 2020, cuando no superó el 3%. Y hay que remontarse al segundo trimestre de 2013 para encontrar un descenso del 2,6%. Uno de los motivos es que el 80% del consumo industrial de electricidad está ligado a la tarifa del mercado. “Es el único país de la UE en que ocurre algo así”, destaca Javier Santacruz. Por establecer una comparación, en el caso de los hogares son el 40% los que cuentan con este tipo de tarifa, unos 10,5 millones. Según el economista, se está produciendo el trasvase de industrias a contratos con tarifa fija para escapar del ascenso inusitado de la electricidad.

El pasado 4 de mayo, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, integrada por ocho asociaciones empresariales, remitió otra carta al Gobierno, en este caso a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre las firmantes se incluyen Anfac (automóvil), AOP (operadores petrolíferos), FIAB (Alimentación y Bebidas) o Feique (Química). Todas ellas le reclamaban la celebración “urgente” de subastas de tecnologías inframarginales” para que las empresas eléctricas ofrezcan contratos bilaterales “a precios competitivos”. Es decir, acuerdos directos de venta entre un productor y un consumidor de energía. El Gobierno quiere que las eléctricas participen obligatoriamente en esas subastas, donde se pujaría por contratos de venta de electricidad de generación eólica, nuclear o hidroeléctrica, a largo plazo y con precios estables. Pero las grandes compañías suministradores se oponen y la iniciativa lleva seis meses de retraso. Se trata de una medida adicional al tope del gas cuya puesta en marcha se encuentra aún pendiente de la aprobación de Bruselas.

Un portavoz de Seat niega a infoLibre que haya frenado su producción. “Al contrario, en los dos últimos meses, hemos fabricado más coches que antes porque hemos tenido más disponibilidad de piezas”, asegura, en referencia a los severos problemas en las cadenas de suministro internacionales que han aquejado a todas las factorías automovilísticas del mundo. “Además, desde hace año optimizamos mucho el consumo de energía para reducir las emisiones de CO2”, sostiene.

También ha sufrido una importante caída el consumo eléctrico del sector de refino de petróleo, un 11,9% de acuerdo con los datos de REE. La patronal AOP admite que las refinerías están “ahorrando” en la factura de la luz, pero precisa que no se están produciendo paradas de actividad.

Lo que sí está provocando el encarecimiento de la electricidad es un auge del autoconsumo. Un portavoz de Stellantis –que agrupa a las factorías de Peugeot, Citroën, Opel y Fiat, entre otras marcas– explica que el grupo tiene en activo dos plantas fotovoltaicas en sus factorías de Madrid y Zaragoza. Con la primera cubrirá el 30% de sus necesidades de electricidad, ahorrando 8.000 MWh al año. Con la segunda, el 15%. El fabricante de chocolates Trapa también ha puesto en marcha una instalación solar con 1.926 paneles fotovoltaicos en su fábrica de San Isidro de Dueñas (Palencia) que, según anuncia, le permitirá ahorrar hasta un 31% de su consumo eléctrico. Esa tendencia, que será cada día más importante, subraya Javier Santacruz, no explica por sí solo el recorte de la demanda de la industria alimentaria, añade, porque en las estadísticas de REE sólo se tiene en cuenta la electricidad que se consume en red. Pero difícilmente ayudará a recortar la factura de las empresas electrointensivas, replica Confemetal.

Para éstas, por el contrario, es fundamental un acuerdo a largo plazo, a 10 o 15 años, precisan, que proporcione “seguridad regulatoria” para invertir. Así como “sacar los costes políticos de la tarifa eléctrica”, en alusión a las moratorias nuclear o del carbón. Además, se está viendo como consecuencia de la invasión rusa la necesidad de garantizar el suministro básico adecuado: con qué tecnologías y con qué proveedores “fiables”. Una lista de deseos que incluye el rediseño de las redes de distribución de electricidad, que se están quedando pequeñas para un nuevo paisaje de pequeños centros de generación y millones de vehículos eléctricos. 

Estaba Joe Biden aún en plena campaña electoral contra Donald Trump en 2019 cuando prometió convertir a Arabia Saudí en un “paria”. EEUU, dijo, no va a vender ni un arma más al régimen dictatorial que acababa de asesinar al periodista Yamal Kashoggi en el Consulado saudí en Estambul. Además, Washington lleva años sometiendo con sanciones a Irán y Venezuela, otros dos parias de la escena mundial, que tienen así enormes dificultades para vender su producción de crudo. Sin embargo, la necesidad de aislar económicamente a Rusia y de detener la escalada de los precios del gas y el petróleo ha empujado a Biden a comerse sus palabras y negociar con quien hasta ahora era poco menos que el diablo, a fin de recuperar los miles de barriles que puedan suministrar bolivarianos y ayatolás.

Por el mismo brete está pasando la UE. La Comisión Europea decidirá el día 21 si autoriza la importación de trigo de Argentina y de maíz de Estados Unidos. Hasta ahora, el primero no cumplía los requisitos fitosanitarios comunitarios por la posible presencia de pesticidas en niveles superiores a los permitidos en Europa. Bruselas también tiene vetado el cereal transgénico norteamericano, argentino y brasileño. De estos granos depende el alimento del ganado, que puede quedarse sin pienso en España si no consigue nuevos suministros en tres o cuatro semanas, advierte el director general de la Asociación Nacional de empresas para el Fomento de las Oleaginosas (Afoex), Jorge de Saja.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, avanzó en el Congreso de los Diputados, que España había solicitado a Bruselas que relajara sus exigencias de calidad agroalimentaria para permitir esa solución. Las importaciones españolas de maíz desde Ucrania sumaron 2,7 millones de toneladas en 2020, el 22% del consumo nacional destinado a fabricar piensos para el ganado. También se refirió a las importaciones de aceite de girasol, del que Ucrania es primer suministrador de España con medio millón de toneladas anuales. Según dijo, puede sustituirse por otras grasas vegetales, como el aceite de oliva. Pero el sector no es tan optimista. De Saja asegura que de aceite de girasol España tiene existencias para las próximas cinco semanas, si se mantiene una demanda normal; un poco más de margen que para el pienso. Desde hace 15 años, Ucrania es el proveedor estratégico de girasol español, explica el responsable de Afoex. Ahora sólo puede importarse de Argentina, donde sólo hay suficiente para el consumo español de un mes. “El problema no es sólo que se haya cerrado el grifo de Ucrania, sino que, además, lo importábamos los primeros seis meses del año, por lo que estamos ante un problema acuciante, se nos ha cortado el flujo”, lamenta. El último barco con girasol destinado a España salió de Ucrania el 25 de febrero, “y por los pelos, porque otro lo hundieron en aguas de Rumania”, apunta. Ahora debe de estar navegando a la altura de Italia y no llegará a Sevilla hasta dentro de 10 días. Rusia sí está permitiendo la salida desde el Mar Negro de sus barcos cargados con cereal, pero con destino en los países del Magreb, donde la falta de pienso podría tener consecuencias mucho más graves que en España, alerta José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas (Accoe).

Con ayuda del girasol argentino, De Saja dice que el sector podrá llegar a mayo, de forma que en junio ya pueda recurrirse a la cosecha nacional y a las europeas. “Estamos animando a los agricultores de Castilla-La Mancha a sembrar girasol de ciclo más corto para que pueda recogerse en verano”, asegura. Porque no hay más alternativas. Sudáfrica también produce, pero “es imposible traerlo, está demasiado lejos”. Y China ya ha comprado todo el que siembra la India.

Por consiguiente, habrá suministro para aguantar hasta que las cosechadoras empiecen su trabajo en España, pero será más caro, “por la subida del petróleo, lo fletes y la mayor distancia”, enumera Álvarez.

Además, aunque la guerra sea corta, se tardará mucho tiempo en recuperar la cadena de suministro. El girasol se somete ya a una primera transformación en Ucrania: se mezcla con un producto llamado hexano para convertirlo en “tortas”, que se refinan después en España. Es un material muy inflamable, por lo que sus tanques han sido vaciados por razones de seguridad. Las tortas también se utilizan para proporcionar proteína al pienso, pero en este caso, aclara el dirigente de Accoe, la alternativa es accesible: soja o colza, de los que no hay carencia.

De momento, los supermercados españoles han restringido las compras de aceite de girasol para el consumo particular. Para la industria alimentaria, que la utiliza profusamente en sus elaboraciones, Jorge de Saja ofrece como opción, además del aceite de oliva, otros aceites vegetales como el cártamo. El problema estriba, de nuevo, en que ambos son más caros.

En cualquier caso, De Saja reprocha al ministro de Agricultura su lentitud y “poca valentía” a la hora de pedir permiso en Bruselas para las importaciones americanas de cereal. “No ha reaccionado con la rapidez que debía”, critica. A su juicio, el Gobierno español no tendría por qué esperar a la decisión comunitaria, sino que podría haberse “movido unilateralmente”. También lamenta que España haya recortado su producción de girasol desde el millón de hectáreas que alcanzó en los años 80 hasta las actuales 600.000, una tendencia que ahora se está revirtiendo, resalta.

El campo español también depende de los fertilizantes, que sólo en un 8% se traían de Rusia. De hecho, matiza la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe), el principal suministrador del sector es el norte de África. Al menos de los nitrogenados, cuyo coste en un 80% depende del gas natural, que es la materia prima para fabricar amoniaco y éste la base para conseguir urea, el fertilizante con el que se abonan las plantas. Desde el 2 de febrero, Rusia prohibió exportar nitrato amónico, para evitar el desabastecimiento de sus propios agricultores. La importación de fertilizantes no ha hecho más que crecer en los últimos años, explica Anffe, por lo que confía en que ahora “se pueda sustituir parte del producto importado por producto nacional”, como la potasa, de la que hay una mina en Barcelona, siempre que los costes energéticos y de materias primas, ahora disparados, se moderen.

España también debería reemplazar a Rusia en su cartera de suministradores de materias primas minerales. El país eslavo es uno de los principales productores mundiales de metales básicos como el aluminio, el níquel o el paladio. No obstante, la industria española se abastece sobre todo de materiales de segunda fusión, o secundarios, explican fuentes de Confemetal, la patronal del sector. Es decir, importa mucha chatarra, destinada por ejemplo a la siderurgia eléctrica –sólo queda una siderurgia integral, que se nutre de hierro para fabricar el acero, y está en Gijón– o recicla baterías para producir plomo.

Aun así, para sustituir al aluminio ruso, se puede recurrir a China, el principal productor mundial, pero también a la India y Canadá, donde la multinacional Rio Tinto posee 16 plantas. En acero, Rusia es el quinto productor mundial, por detrás de otros como China, la India, Japón y Estados Unidos. Cuestión aparte es la posición de Pekín en el tablero geopolítico, que condiciona también sus relaciones comerciales: se ha negado a calificar de invasión el ataque a Ucrania, rechaza las sanciones a Rusia impuestas por Occidente y prefiere adoptar un perfil de mediador.

Para el níquel, que ha vivido días violentos en los mercados de metales y es un producto muy cotizado por su uso en múltiples aleaciones y en la fabricación de aceros sofisticados, la alternativa a Rusia –tercer productor mundial– es Indonesia, el país con mayores reservas, el 22%, y con mayor producción, 760.000 toneladas en 2020, según el Servicio Geológico de EEUU. Le siguen Filipinas y Nueva Caledonia, pero son proveedores más fiables, destaca Confemetal, Australia y Canadá.

Rusia también es el primer productor mundial de paladio, un metal que se convirtió en una moda en los mercados porque su uso en los catalizadores de los tubos de escape de los coches de gasolina lo revalorizó por encima del oro hace unos años. Pero también se obtiene en Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

Claro está que todas estas opciones serán siempre más caras. “A un determinado precio, merece la pena poner en explotación lo que antes no era rentable”, explican fuentes de Confemetal, “de modo que si hay problemas de desabastecimiento serán por poco tiempo, los elevados precios que se pagarán por la escasez de producto y la fuerte demanda desharán la falta de oferta”.

El problema más grave es la energía, el petróleo y el gas. La dependencia de Rusia es el talón de Aquiles de la guerra económica que libra la UE con Putin. En enero y febrero de este año España sólo trajo de Rusia el 7,8% del gas natural que importó, según las cifras de Enagás, el gestor del sistema gasista. Y tiene a mano una alternativa fácil que es Argelia, “un socio energético fiable”, en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del país norteafricano, tradicionalmente el principal proveedor español, procedieron los dos primeros meses del año el 24,3% de las importaciones. El año anterior habían equivalido al 39% La razón del descenso es el cerrojazo que Argel dio al gasoducto Medgaz el pasado octubre por culpa del litigio diplomático con Rabat por el Sáhara Occidental. Pero ya se ha comprometido con el Gobierno español a cumplir con los contratos en vigor. El segundo proveedor español es Estados Unidos, con un 18,8% de la cuota de las importaciones en 2021. Que en enero y febrero de este año aumentaron hasta el 33,8%, y superaron a las compras a Argelia. El tercer suministrador es Nigeria.

Además, España posee seis plantas regasificadoras, que suponen una cuarta parte de la capacidad europea. Alemania no tiene ninguna. Por tanto, España también puede servir de puerta de entrada al gas natural licuado y transportado en barco que ahora necesita el resto del continente y ya no le llega por tubo desde Rusia. Esos metaneros vendrán de Catar, Estados Unidos o Noruega, por ejemplo. Pero tienen el mismo hándicap que las otras alternativas antes citadas: son más caros.

En cualquier caso, y ya antes de que estallara la guerra, la actividad de las regasificadoras se había disparado. Según los datos de Enagás, que es la propietaria de las seis plantas, el número de buques descargados creció un 68,8% en febrero respecto del mismo mes de 2021 –27 frente a 16—y en un porcentaje similar también aumentó el volumen de gas descargado, hasta los 26.460 gigavatios hora.

Para hacerse una idea de cuánto gas descargaron estos barcos en un mes, puede bastar el dato de que la ciudad de Barcelona consume en un año 15.896 gigavatios hora.

A fin de suplir el petróleo ruso, la UE ha vuelto la vista a Estados Unidos, Noruega, Catar, Azerbayán, Argelia… Irán puede añadir un millón de barriles diarios a la oferta mundial, pero Venezuela bastantes menos de la mitad. La aportación de Arabia Saudí y Emiratos Árabes puede sumar otros dos millones de barriles. Rusia, tercer productor mundial produjo 7,3 millones de barriles al día en 2019 y exporta la mitad, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Es decir, con esos barriles adicionales no se podría cubrir el agujero en la oferta que deja el crudo ruso. Y la OPEP, a la que pertenece Rusia, tampoco parece por la labor de abrir el grifo para frenar la escalada de precios. El pasado día 2 acordó aumentar la producción sólo en 400.000 barriles diarios. Los 10 países que integran el cartel producen el 40% del crudo mundial. De forma que las esperanzas de que la gasolina baje de los dos euros donde ya se ha instalado esta semana en España no son muchas a corto plazo.

El Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional investiga si los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio en Avilés y La Coruña vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual, informa Europa Press.

Según un oficio de la Unidad Central de Delincuencia Económica al que ha tenido acceso Europa Press, el análisis de la documentación bancaria que obra en la causa ha revelado transferencias de fondos con conceptos como 'Pago blockchain cripto' o 'Abono facturas BC'. Los agentes lo relacionan con la "compraventa de criptomonedas y cuyas beneficiarias son cuentas tituladas por la sociedad Viña y Sentido SL", que estaría vinculada a la trama.

Unas pesquisas que tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

En el momento de la venta de sendas plantas, la empresa se decantó por la oferta del fondo suizo Parter Capital Group aunque, unos meses después, Parter vendió los edificios al Grupo Industrial Riesgo (GIR). El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo.

Entre ellos el administrador único del Grupo Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital -mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)-, el presidente del Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Capital, Alexandra Camacho.

Fuentes de Alcoa han señalado que la venta de las plantas de Avilés y La Coruña fue promovida, supervisada y avalada en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia y los representantes de los trabajadores. El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de Avilés y La Coruña a GIR fue, según detallan las mismas fuentes, un incumplimiento de contrato, lo que llevó a Alcoa a demandar a Parter por no cumplir con el contrato.

"Maniobras defraudatorias para detraer capitales" 

En el oficio, la policía judicial trata de dilucidar si los últimos propietarios de las plantas utilizaron una filial llamada Logiplus Worldwide SL como una de las sociedades que habría sido utilizada "para dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales de las plantas de producción de aluminio".

En esta línea, los investigadores señalan que el montante que Logiplus destinó a la compra de bitcoins tiene su origen en "fondos procedentes de las plantas de producción de aluminio, puesto que muchas de las transferencias fueron inmediatamente precedidas de otras por importes muy próximos e idéntica fecha".

En concreto, el oficio apunta que las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título "pago chatarra". Con todo, explican que "estas salidas de fondos ordenadas desde las cuentas de las plantas de producción parecen contrastar" con el destino final que se dio al dinero.

En total, el importe que llegó a transferirse desde la cuenta de Logiplus a Viña y Sentido, según le consta a los investigadores, ascendería a los 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

De comercializar vino a invertir en criptomonedas

Los agentes destacan que la sociedad Viña y Sentido, a cuyo nombre figuran los bitcoins, tenía como objeto inicial la comercialización de vino, un "objeto social totalmente ajeno a la industria del aluminio". Así, y tras explicar que Francisco Alarcón fue nombrado administrador único de la mercantil en octubre de 2020, los investigadores señalan una "singular circunstancia": el mismo día de su llegada al puesto se produjo una ampliación social incorporando la actividad como "plataforma de inversión en criptomonedas".

Al mencionado Alarcón, como señala el oficio, "le constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas" y pesa sobre él una averiguación de domicilio y paradero emitida por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina en el 2017. 

En este sentido, la UDEF detalla que el apoderado de esta sociedad, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, fue apartado de la empresa unos días después de que la jueza ordenara las detenciones de los implicados en el 'caso Alcoa'. Pero, además, señalan a Fernández de Bobadilla Lázaro como el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, al que se investiga por su "implicación en los hechos".

Por último, los agentes explican que después de analizar una cuenta propiedad de Logiplus han constatado "numerosas transferencias ordenadas" bajo los conceptos 'pago de pedidos' o 'pago de factura' y cuya destinataria sería otra sociedad vinculada a los investigados: Lavandaeco SL.

Así las cosas, la UDEF conmina a la magistrada a que reclame a los bancos la identificación de los titulares y autorizados de las cuentas así como el extracto de movimientos desde su apertura y hasta la cancelación de las mismas.

Alcoa ha expuesto este lunes dos propuestas que pasan por parar las cubas en San Cibrao, después de que Liberty House haya mostrado su interés en comprar el complejo de A Mariña y a las puertas de que este martes finalice el proceso de consultas del despido colectivo de 534 trabajadores de la planta de A Mariña.

La primera alternativa y "opción prioritaria" de Alcoa pasa por ejecutar el ERE, con una parada "inmediata" de las cubas para a continuación iniciar un proceso de venta en el que "se exigiría al comprador la creación de una bolsa de empleo en el que tendrían prioridad de incorporación los trabajadores de afectados por dicho despido colectivo".

Según explican fuentes de Alcoa a Europa Press, la segunda propuesta, "todavía pendiente de concreción y desarrollo", pasa por alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores para negociar las condiciones de un ERTE de suspensión de contratos hasta el 31 de julio de 2022 en la planta de aluminio.

En esta segunda propuesta, se hibernarían de manera ordenada las cubas "en un periodo estimado de hasta 120 días". Asimismo, se iniciaría un proceso de venta de la planta de aluminio de duración de hasta nueve meses, "de modo que, si se produce la venta y el comprador procede al re-arranque, Alcoa asumiría el coste de dicho re-arranque hasta 35 millones de dólares".

En este supuesto, si no se produjera la venta, Alcoa mantendría el ERTE y se analizaría la evolución de los indicadores que afectan a la planta para reanudar las cubas en caso de que se produjera un cambio en las circunstancias que permitiera la viabilidad de la planta. "En caso contrario, no se arrancarían e iniciaríamos la negociación de un despido colectivo con los representantes de los trabajadores", afirma.

Por todo ello, Alcoa incide en que su opción prioritaria es ejecutar ya el ERE y parar las cubas, pues la alternativa del ERTE "no responde a las causas estructurales que afectan a la planta".

"Sin embargo, hemos valorado los planteamientos de los representantes de los trabajadores y de la autoridad laboral y, con el ánimo de poder concluir el presente periodo de consultas con acuerdo mañana, 4 de agosto, planteamos esta propuesta que consideramos cumple con sus demandas, evitando los despidos y manteniendo la posibilidad de re-arrancar las cubas en el futuro si se produjera un cambio en las circunstancias que permitiera su viabilidad, así como desarrollar un proceso de venta competitivo y de una duración adecuada con las debidas garantías para todos", expone Alcoa en relación con la segunda opción.

El comité critica el "empecinamiento" en parar las cubas

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha criticado que Alcoa sigue "erre que erre" con su intención de parar las cubas, lo que es una "línea roja" para los trabajadores.

En declaraciones a los medios en Lugo tras el penúltimo encuentro en el período formal de consultas del ERE con la empresa –el martes será el último–, Zan ha censurado el "empecinamiento" de Alcoa "cuando hay una empresa que dice" que en "ocho semanas acabaría el proceso" de venta. Por ello, afea a la multinacional estadounidense que "lo único que se busca es atacar a la fábrica".

Con todo, los trabajadores están "expectantes" por la reunión esta tarde de lunes en Santiago con representantes de Liberty House, con el fin de que les expongan el "alcance" de su propuesta y un plan de viabilidad con plan energético para 10 años. Considera "importante" que este inversor "esté poniendo concreciones de fechas".

Mientras, el comité de empresa de Alcoa San Cibrao intentará que la multinacional "recapacite" para que no se ejecuten los despidos que afectarán a 1.000 empleos entre directos e indirectos.

Para ello, creen capital mantener el 100% de la producción y ven como "solución más factible" esperar una semana más sin ejecutar los despidos para que se pueda llegar a un acuerdo.

Los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña han defendido este jueves la rentabilidad de esta planta, al tiempo que han reprochado a la empresa no haber hecho ningún tipo de inversión en los últimos cuatro años, tras la amenaza de cierre que hubo en 2014.

Así lo han trasladado los empleados que, en la entrada de la planta, mantienen una concentración permanente desde el miércoles, una vez que se comunicó la decisión de la empresa. En las puertas, se pueden leer carteles en contra del cierre y en demanda de una tarifa eléctrica competitiva.

En declaraciones a los periodistas, Juan Ramón Paseiro, delegado sindical de UGT, ha explicado que desde este miércoles tampoco permiten que salga mercancía. "No vamos a permitir que Alcoa siga haciendo sus negocios a costa de nuestro trabajo", ha expuesto. Con 46 años, de los que los últimos 17 los lleva trabajando en esta fábrica, ha defendido la rentabilidad de la planta, responsabilizando a la empresa de la ausencia de inversiones para su modernización. "Este cuento de que somos obsoletos ya nos lo aplicaron en el 2014, pero no hicieron ninguna inversión", ha recalcado en línea con lo manifestado también por otros empleados.

Próximas movilizaciones 

Con todo, ha insistido en que la planta es "rentable", al igual que Alcoa "como grupo". Por ello, ha instado a los representantes políticos a adoptar medidas para evitar el cierre. "El tiempo apremia", ha advertido este trabajador, quien ha confirmado que la plantilla llevará a cabo un calendario de movilizaciones, para recabar también el apoyo de la ciudadanía.

La primera manifestación será este sábado y partirá a las 11,00 horas desde la plaza de A Palloza para concluir ante la Delegación del Gobierno en Galicia. Esta tarde, el comité de empresa celebrará, además, una nueva reunión para analizar las protestas que llevarán a cabo próximamente. Sobre la amenaza de cierre de la planta hace cuatro años, Paseiro ha recordado que la diferencia está en que ahora "se nos pone encima de la mesa los plazos de un expediente de extinción de empleo". "Ni siquiera nos dan opción a hablar de posibles soluciones a la tarifa eléctrica".

Una mayor carga de trabajo 

Por ello, ha admitido que la preocupación entre los empleados es "mayor" que hace cuatro años. Lo mismo han manifestado otros empleados como Gema Rivas, con 42 años de edad y 15 trabajando en la fundición, quien ha defendido que en estos momentos, y en relación a hace cuatro años, "hay un volumen importante de trabajo". Así, ha reclamado el apoyo político para evitar la pérdida de casi 400 empleos en una fábrica en la que la mayoría de los trabajadores tienen menos de 45 años. Así lo ha expuesto Miguel Conde, representante sindical de CCOO, que ha afirmado que entre la plantilla hay "enfado" por la manera de actuar de Alcoa, pero también "fuerza y ganas" para frenar el cierre.

"Esto es lo único que nos queda y nosotros no somos los culpables de los costes de la energía". Este trabajador ha instado también a abrir una mesa de negociación para revertir la decisión de la empresa en la que estén presentes el Gobierno, la Xunta y el Principado de Asturias, ante el anuncio también de cierre de la planta de Avilés. "Queremos decisiones, estamos cansados de promesas políticas", ha indicado, reclamando al Gobierno que "tome una decisión en el tema de materia energética para la industria y los consumidores". Por otra parte, ha admitido que, antes del anuncio de cierre, sospechaban de que la compañía estadounidense tomaría alguna medida, pero "no tan traumática".