Bruselas abre la puerta a España a modificar su tarifa regulada para bajar con rapidez el precio de la luz

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

La Comisión Europea ha publicado este martes su esperada comunicación sobre energía. En un principio, estaba destinada a seguir recomendando medidas a los Estados miembro para bajar el precio del mercado eléctrico, acoplado el gas y "roto", en palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Pero la agresión rusa precipitó los acontecimientos y la necesidad de desengancharse del gas del belicoso vecino del norte pasó a protagonizar la iniciativa del Ejecutivo comunitario. Aun así, Bruselas ha propuesto más medidas para que los países amortigüen el golpe, en base a la legislación ya vigente.

Las dos principales ya han sido ejecutadas por España: la creación de una tarifa regulada (presente en el país desde hace décadas) y la extracción de "beneficios extraordinarios" de las eléctricas (desde septiembre de 2021). Sin embargo, la comunicación de la Comisión Europea introduce varios matices esenciales que abren la puerta a que Ribera intervenga aún más el mercado eléctrico, introduciendo criterios de interés público en un bien esencial privatizado.

En diciembre, fuentes de la Comisión Europea explicaban a infoLibre que no veían con buenos ojos la tarifa regulada española, el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Aseguraban que la Directiva de Electricidad, en su artículo 5, solo permitía estas modalidades para uso exclusivo de los consumidores vulnerables o como medida de transición hacia un mercado completamente liberalizado. Las reticencias del Ejecutivo comunitario se han disipado. En su comunicación, Bruselas recuerda que, en principio, solo existen esas excepciones, pero que en base al artículo 23 de la directiva, consultable aquí, una "grave distorsión en el mercado" autoriza las medidas "de servicio público" para ponerle un tope al precio de la luz.

Sin embargo, la tarifa regulada no ha sido la solución, sino más bien el principal quebradero de cabeza del Gobierno español: traslada directamente los precios del mercado mayorista al minorista, para evitar posibles distorsiones de las empresas. Pero si la subasta marginalista enloquece, son los consumidores sujetos a este modelo los que sufren antes y con más intensidad. Sin embargo, Bruselas abre la puerta a que los precios del PVPC y otras tarifas reguladas, en retroceso en Europa, no reflejen directamente esos niveles, sino que sean menores.

"Determinar el precio de referencia adecuado para los costes de los comercializadores al adquirir electricidad es especialmente difícil durante un periodo de precios altos y volátiles", reconoce la comunicación. España traslada directamente el resultado de la subasta a una parte de la factura, y esto no sirve ahora mismo para bajar los precios, por lo que hay que buscar otros métodos. Pero no se puede obligar, simplemente, a las generadoras a vender su energía a X euros. Hay que publicar un cálculo "auditable" y cubrir "los costes razonables" de las eléctricas. Para que el resultado de ese cálculo sea beneficioso para los consumidores, Bruselas acepta que los precios regulados "pueden estar por debajo de lo necesario para cubrir los costes del mercado mayorista durante un periodo específico a corto plazo", aunque no se pueden olvidar las necesidades del sector.

La Comisión Europea no ha abandonado los principios neoliberales que considera que deben regir en el mercado de la electricidad. Para el Ejecutivo comunitario, lo ideal es que el mercado de la electricidad esté absolutamente liberalizado, por lo que también en esta comunicación extraordinaria, en un ambiente bélico, pide que los consumidores sigan pudiendo elegir "ofertas de mercado competitivas", y que las medidas no afecten al funcionamiento del mercado mayorista y a la eficiencia que, como explicábamos aquí, sigue siendo el gran objetivo del diseño regulatorio.

Como ya avanzaron varios medios, el Ejecutivo comunitario también considera arreglado al derecho comunitario las medidas fiscales para extraer de las eléctricas los beneficios extraordinarios que están percibiendo del episodio de precios disparados, tal y como hizo Ribera en septiembre de 2021. Sin embargo, la Comisión Europea ha tomado notas de la experiencia española y establece varias limitaciones que harían difícil que una iniciativa similar volviera a tomarse por parte de Transición Ecológica en los mismos términos, aunque el espíritu es compartido.

En primer lugar, estas "medidas fiscales", que aliviarían el impacto de los consumidores mientras "se respeta el funcionamiento del sistema marginalista", no pueden ser retroactivas. Tienen que definir bien qué se considera beneficio "extraordinario", teniendo en cuenta, asegura la Comisión, que parte del aumento es "estructural", basado en la oferta y la demanda y no en la guerra. El impuesto tampoco puede ir más allá del 30 de junio de 2022, distinguir por tecnologías y afectar a los contratos bilaterales, a largo plazo, que no internalizan el precio del gas en el pool.

Precisamente en este último punto surgió la discrepancia entre las eléctricas y el Gobierno: las primeras argumentaban que la mayoría de sus contratos son a largo plazo, por lo que la minoración era injusta y excesiva porque no se beneficiaban del episodio. El Ejecutivo contraatacó diciendo que la norma les garantizaba un beneficio razonable y que muchos de esos contratos sí que se estaban lucrando de la situación. Transición Ecológica rectificó un mes después para dejar esta modalidad fuera del sistema, por lo que bajó el impacto de la decisión.

El Ministerio para la Transición Energética ha declinado contestar a las preguntas de infoLibre sobre si esta comunicación espoleará un cambio en la formulación de la tarifa regulada que lleva meses retrasándose. El Gobierno hizo una propuesta a las empresas para vincular el precio de esta modalidad a las centrales acogidas al sistema Recore (renovables, cogeneración y residuos), pero fue rechazada.

"Nos rearmaremos a nivel energético": llega RepowerEU

Con respecto a la dependencia del gas ruso, la Comisión Europea promete reducirla en dos tercios para final de año: una meta mucho más ambiciosa que la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, siglas en inglés), que defendía que era posible ganar un tercio de soberanía con respecto al principal suministrador de combustibles fósiles del continente. "Nos rearmaremos a nivel energético", aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. "Va a ser difícil, pero es posible si estamos dispuestos a ir más lejos y más rápido de lo que hemos ido hasta ahora". El plan ha recibido el sugerente nombre de RePowerEU.

Bruselas baraja dos plazos: uno a corto plazo, con vistas al invierno que viene, cuando la seguridad de suministro podría ponerse en cuestión si Rusia cierra el grifo o si es Europa la que lo cierra. Otro, con vistas a 2030, aunque todas las medidas de soberanía energética que se tomen ya, aunque tengan vocación de largo plazo repercutirán positivamente con inmediatez. Con urgencia, la Comisión Europea quiere llegar a final de 2022 con las reservas llenas en un 90%, porque lo que antes era una sospecha ahora es una certeza: el suministro proveniente de Gazprom durante todos estos meses para este propósito ha sido "especialmente bajo".

Para ello, lo principal es diversificar la cartera de países importadores mediante metaneros, regasificadoras y gas natural licuado, una estrategia en la que España es actor protagonista. Sin embargo, a la Comisión, como se analizó aquí, le preocupa el "cuello de botella" que se genera en una Península con mucha capacidad para recibir buques cargados de metano pero con poca capacidad para mandar ese gas a Europa a través de gasoducto.

"La Comisión evaluará de forma prioritaria si son necesarias medidas e inversiones en infraestructuras de gas preparadas para el hidrógeno e interconexiones para superar los cuellos de botella que impiden el pleno uso de la capacidad de GNL de la UE". La comunicación se refiere específicamente, sin mencionarlo, a MidCat, la tubería proyectada para conectar Francia y España y que acabó siendo descartada por la misma UE como proyecto de interés comunitario por el informe negativo de los reguladores energéticos.

La situación ya no es la misma. Pero Ribera recordó este mismo martes, al término del Consejo de Ministros, que no se construye un gasoducto de la noche a la mañana y tiene que haber un interés empresarial y una certeza de que la infraestructura será rentable cuando pase esta coyuntura. Hasta hace unas semanas, no lo había. "Esa interconexión debe producirse de forma que el coste de esa infraestructura cuente con el reflejo adecuado a nivel europeo. Debe durar, y que su vida útil esté preparada para su viabilidad comercial. Si empieza a estar operativa de aquí a cinco o seis años... no debe acabar en un callejón sin salida", explicó la vicepresidenta en rueda de prensa.

La Comisión Europea llama a apostar con más intensidad por el hidrógeno verde como alternativa para la industria de difícil electrificación, a capturar y vender el biometano resultante de las prácticas agrícolas y a acelerar a un ritmo nunca antes visto la implantación de renovables, como lleva repitiendo los últimos días. Bruselas cree muy importante la eliminación de trabas burocráticas, que retrasan la "revolución renovable", en palabras de la comisaria de Energía Kadri Simson, en países como España. "Los largos procedimientos administrativos han sido identificados como uno de los principales obstáculos para las inversiones en energías renovables e infraestructuras relacionadas", explica la comunicación, y pide que los países sean proactivos en vez de reactivos: identificando las zonas en tierra y mar donde pueden ejecutarse proyectos.

No hay noticias aún de un desacoplamiento de los precios del gas y la electricidad, el problema de fondo generado por las reglas actuales del mercado y contra el que el Gobierno español lleva meses clamando. La Comisión vuelve a pedir paciencia: necesita el informe de los reguladores europeos antes de tomar ninguna decisión. Sin embargo, el viraje en las posiciones se lleva percibiendo semanas y es notable. Bruselas está muy cerca del cambio de diseño, y Ribera lo reconoce: "Por primera vez, la Comisión Europea reconoce" que la "contaminación" del precio del gas "merece una atención especial por parte de las instituciones europeas".

La comunicación reza así: "La Comisión también evaluará las opciones para optimizar el diseño del mercado de la electricidad a fin de aprovechar los beneficios de la energía de bajo coste. Tendrá en cuenta el informe final" de los reguladores "y otras contribuciones sobre el funcionamiento del mercado de la electricidad en cuanto a los beneficios e inconvenientes de los mecanismos alternativos de fijación de precios de la electricidad". El Consejo europeo de este final de semana lo debatirá, con muchos más países al lado de España que antes.

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