Las comercializadoras de electricidad tumbaron la última propuesta de Ribera para bajar la factura de la luz

Principios de noviembre de 2021. Con el rechazo de Parlamento, Comisión y Consejo a modificar las normas del mercado común de la energía, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ultima la próxima gran reforma del sistema, dentro de los límites que le deja la directiva europea. No quiere reeditar las dificultades del pasado, cuando publicó un duro decreto contra los intereses de la industria que tuvo que aclarar el día siguiente y modificar parcialmente al mes. La máxima ahora, expresada en público y en privado, es una: "consenso". Pero aún no lo ha alcanzado. El Gobierno barajó una reforma, que afectaba al sector renovable y a los consumidores domésticos sujetos a tarifa regulada, que según adelantó El Economista iría al Consejo de Ministros del 8 de noviembre. Pero no fue y aún no hay fecha. Las comercializadoras de electricidad se opusieron a la modificación. "Eso se carga el mercado", aseguraron, según fuentes presentes en las negociaciones. 

La reforma descartada consistía en, en líneas generales, sacar a la generación RECORE (renovables, cogeneración y residuos) de la subasta diaria marginalista, que es la que sigue marcando precios cercanos a 200 euros el MWh. La escalada de precios se explica por los altos costes del gas natural, por lo que el decreto de septiembre de Ribera pretendía extraer los "beneficios extraordinarios" de tecnologías amortizadas, como la hidráulica, la nuclear y antiguos parques eólicos y fotovoltaicos, que pueden recibir ese dinero por el MWh cuando les cuesta muchísimo menos generarlo. En este paso adicional que barajaba el departamento de Energía, todas las renovables saldrían del sistema, dejando de recibir esos 200 euros, con una subasta aparte en la que se les garantizaría una retribución fija y a largo plazo para que los inversores cuenten con más seguridad. 

¿Y para qué saldrían? Para, en último término, bajar la factura a los consumidores domésticos sujetos a la tarifa regulada, que son los que sufren más directamente los altos precios de la subasta. Según el diseño de la propuesta, esta modalidad, conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) se vincularía a esta generación renovable para ofrecer, según las fuentes consultadas, unos 60 euros el MWh. Una tercera parte de las cifras actuales. El plan parecía que no tenía fisuras: ganaban estabilidad y seguridad jurídica y financiera las energías limpias, se ahorraba cientos de euros al año el ciudadano de a pie y se le echaba una mano a la industria electrointensiva, que necesita contratos estables y a largo plazo para mantener su actividad y que también entrarían en este esquema. 

Sin embargo, las empresas eléctricas se opusieron. No todas: las comercializadoras, las que firman los contratos con el cliente final. En este grupo no solo están Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, sino más de 100 empresas medianas y pequeñas. Rechazan la iniciativa porque muchas, generalmente las que no forman parte de las cuatro grandes y que operan en el mercado libre, tienen que acudir al pool –por las nubes– a comprar la electricidad. Y el destino del pool con esta reforma, sin unas renovables que bajan el precio cuando cubren la demanda, era incierto. No podrían soportar precios aún más carospool: de hecho, el Ejecutivo ya ha diseñado otras subastas, que se celebrarán en diciembre, para ofrecer costes más competitivos a estas compañías, dado que muchas se asoman a la quiebra. Es una consecuencia de la crisis reconocida por la Comisión Europea y que también está pasando en otros países europeos, como Alemania. 

Así lo confirman varias fuentes que acudieron a las dos reuniones que el sector eléctrico mantuvo con Transición Ecológica a principios de noviembre. Pero hubo también otro motivo de peso que, de hecho, puede condicionar al Ministerio en posteriores reformas que plantee: el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor no puede ser demasiado atractivo como para hacerle una competencia desleal al mercado libredesleal. Como explica un alto cargo de una patronal del sector, el modelo está planteado de manera que la tarifa regulada ofrece transparencia y precios más bajos, en general, pero inestabilidad. Quien quiere una red de seguridad acude a las tarifas ofrecidas por las comercializadoras al margen de este sistema, donde tomando la media de los últimos tres años, sin atender al rally de precios actual, se paga más. Hay, de hecho, ofertas disponibles de tarifa plana.

Por lo tanto, si el PVPC ofrece precios bajos y, además, demasiada estabilidad, no existen incentivos para que los consumidores opten por las tarifas al margen de la regulación del Gobierno. "Se carga el mercado", aseguraron en la última reunión las comercializadoras, según fuentes presentes. El Gobierno, desde hace meses, busca modificar el PVPC para que no esté sujeto a unos vaivenes que, por la entrada de renovables en el sistema y la crisis del gas natural, son demasiado bruscos y sufridos por los más vulnerables, que son los que tienen que acogerse a esta modalidad para cobrar el bono social. Si quiere buscar el "consenso", esta negativa es un importante obstáculo en el camino para ofrecer un recibo intervenido que siga siendo barato y que permita dejar de estar pendiente de la evolución diaria del mercado. 

El sector eléctrico, que se mueve en un mercado liberalizado, quiere evitar, en definitiva, injerencias del Gobierno que les haga perder beneficios. De hecho, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha llegado a pedir la práctica eliminación del PVPC y que se limite a los consumidores que cobran el bono social. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona habitualmente a comercializadoras, sobre todo a las cuatro grandes, por intentar pasar a clientes del mercado regulado al libre sin su permiso o utilizando tácticas fraudulentas, a juicio del regulador.

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Fuentes de Transición Ecológica confirman a infoLibre que la reforma, en los términos planteados, se descartó, que las comercializadoras fueron las principales opositoras y que se buscan modelos alternativos. El Ejecutivo se encuentra ante una difícil encrucijada: calmar los ánimos de la ciudadanía, evitar la incertidumbre y, a la vez, respetar los intereses de la industria.

En el sector eléctrico aún cunde la incomprensión por un decreto de septiembre que les recortaba importantes beneficios y que no fue consensuado con las empresas, aunque la principal medida, la minoración del gas, fue muy matizada en un decreto posterior que aún tiene que recibir el visto bueno del Congreso. El Gobierno, ante la amenaza de cierre de las nucleares, les recordó que la norma les garantizaba un suelo de ingresos razonable. La eólica también argumentó que la medida les obligaba a producir a pérdidas si querían entrar en la subasta porque la mayoría de sus contratos son a largo plazo y no indexaban el precio del pool, por lo que no recibían "beneficios extraordinarios". 

Ribera calmó las aguas con una reforma de la reforma que está por ver si recibe el ok de la izquierda parlamentaria, incluido un Unidas Podemos que, pese a ser parte del Ejecutivo, rechaza tocar la extracción de ingresos a las eléctricas. Donde antes hubo imposición ahora se busca la aprobación del sector. Y no es fácil, en demasiadas ocasiones, conciliar los intereses privados con los públicos, sobre todo en lo referente a un bien esencial privatizado.