Reforma eléctrica

El Gobierno estudia una propuesta de Goldman Sachs para una reforma eléctrica europea que bajaría un 40% el precio

Torres de electricidad, en una imagen de archivo.
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El Gobierno lleva meses intentando presionar a la Comisión Europea para que cambie las reglas del mercado eléctrico, ante la crisis energética derivada del precio del gas. Por ahora, con escaso o nulo resultado: el Ejecutivo comunitario asegura que el modelo actual despierta un "consenso general". Aunque no descarta estudiar alternativas, Bruselas opina que ninguna ha demostrado su eficacia. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica baraja un informe, al que ha tenido acceso infoLibre, elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs, que asegura que un sistema basado en contratos bilaterales entre generadoras de electricidad, industria y comercializadoras bajaría los precios un 45% en 2022.

El Gobierno español no puede aplicar cambios de esa magnitud en su sistema eléctrico motu proprio, regido por directivas europeas y sujeto a un fuerte control por parte de la Comisión. Pero infoLibre ha confirmado que el estudio de Goldman Sachs circula en Transición Ecológica como ejemplo de que alternativas al modelo marginalista sí que son no solo posibles, también deseables, y bajarían el recibo de las grandes fábricas electrointensivas, de comercios y de pequeños consumidores, a la vez que reduciría a la mínima expresión los "beneficios extraordinarios", también llamados caídos del cielo, que disfrutan las cuatro grandes eléctricas del país, sobre todo a partir de la explosión de la crisis actual. El documento asegura que los cambios, "revolucionarios" con respecto al sistema de subastas diarias actual, bajarían los precios un 45% en 2022, "aunque el impacto a largo plazo sería mucho más modesto", reconoce la entidad financiera. 

El contrato bilateral a largo plazo (PPA, siglas en inglés) es un modelo que habitualmente se utiliza para los acuerdos entre las generadoras de electricidad y la gran industria electrointensiva –siderúrgica, cementeras, etc– en base a los mercados a largo plazo, que estiman los precios de la electricidad en los próximos años. Mediante esta herramienta, ambas partes disfrutan de la estabilidad de saber cuánto van a cobrar o pagar por la energía, sin los vaivenes de la subasta diaria, durante años o décadas. Se trata de un formato similar al que promociona el Estado a través de las subastas de renovables, donde las empresas eólicas y/o fotovoltaicas más pequeñas acuden atraídas por la certidumbre, y reciben un precio por el MWh menor que el que disfrutarían ahora en el pool, en plena escalada, pero mucho mayor que el que podrán recibir en un futuro, cuando la transición energética avance, tirando los costes. 

El departamento de la ministra Teresa Ribera dará un paso adelante en la promoción de este modelo, librando del recorte de los "beneficios extraordinarios" a los contratos bilaterales que se firmen próximamente entre eléctricas e industria y que ofrezcan precios anteriores a la subida del gas. La industria, así, obtendría un respiro, porque los costes de la electricidad empiezan a ser inasumibles: pero también sería un respiro para los propias eléctricas, culpadas por la izquierda del episodio, por lo que el Gobierno podría tener difícil la convalidación parlamentaria de la reforma. 

Goldman Sachs pone sobre la mesa, en resumidas cuentas, la eliminación del sistema marginalista, con contratos bilaterales como opción por defecto y mayoritaria. Defiende que todos los actores –comercializadoras e industria– que necesiten electricidad pacten un precio fijo durante años con las generadoras, en base a los costes de cada tecnología y asumiendo un margen razonable de beneficio. Mediante el diseño actual, la tecnología más cara –actualmente, el gas natural– es la que marca lo que cobra el resto, produciéndose los llamados "beneficios caídos del cielo": nuclear e hidroeléctrica, con instalaciones en buena parte amortizadas, reciben lo que recibirían si tuvieran que pagar por un gas que no utilizan y por un CO2 que no emiten. Esto se acabaría con el modelo que ha puesto sobre la mesa el banco estadounidense.

El informe asegura que la propuesta cuenta con una ventaja adicional: los tiempos. "Una revisión profunda del mercado eléctrico existente podría tardar años en implementarse, dado que tiene que ser consensuada a nivel europeo, lo que podría no ser de ayuda en el contexto de la reciente escalada de precios. Un 'sistema de transición' más dependiente de los contratos bilaterales podría aportar una reparación rápida que puede ser implementada mucho antes". La principal virtud de este sistema es su capacidad para bajar radicalmente los precios en la próxima década, empezando desde el minuto uno desde su puesta en marcha. A partir de 2030, estima Goldman Sachs, esta ventaja se diluiría, puesto que las renovables coparían el pool y, asegura la entidad financiera, los precios serán bajos en ambos sistemas, por lo que habría que pasar a la "revisión profunda".

En todo caso, la próxima década es vital: la transición energética, con el modelo actual, corre el peligro de ser sufragada de los bolsillos de los pequeños consumidores, que menos culpa tienen del cambio climático, incumpliendo los preceptos de justicia social que la Unión Europea quiere aplicar en su descarbonización.

Goldman Sachs estima el impacto de la posible reforma en varias empresas eléctricas del continente, incluidas las españolas Endesa, Iberdrola, Acciona y EDP. De hecho, Endesa sería la compañía más afectada del continente, perdiendo un 20% de beneficios antes de intereses, por el fin de los ingresos caídos del cielo de hidroeléctrica y nuclear, las tecnologías más afectadas. caídos del cieloTambién sufrirían las empresas de renovables que cuentan con sus instalaciones como parte de la subasta diaria, en vez de fijar precios a largo plazo: Acciona, como máximo exponente. Sin embargo, disfrutarían del cambio las empresas renovables que ya cuentan con contratos estables, aumentándose la cuantía de lo percibido. También obtendrían un impulso las tecnologías limpias aún no lo suficientemente maduras, como la biomasa y las baterías. Y, sobre todo, la industria electrointensiva, que vería bajar un 40% su recibo. Se impulsaría "la reindustrialización del continente" en vista a un futuro más verde, en palabras de la entidad financiera.

Dudas: cómo se organiza la oferta y cómo se diseña la tarifa regulada 

Sin embargo, los expertos muestran su escepticismo: un modelo así, consideran, no sería perfecto. Marcial González, investigador de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III de Madrid, advierte de que Europa perdería la principal ventaja del sistema marginalista: su eficiencia. La subasta diaria casa oferta y demanda, por lo que asegura que no se genera más electricidad de la que se necesita y que las tecnologías contaminantes se activan lo justo y necesario para evitar cortes de suministro. "Habría que gestionar cómo garantizar la prioridad de despacho. Cuando tienes más oferta que demanda, ¿cómo organizas quién entra?", se pregunta. "Ahí tendrías un problema grandísimo. Si sobreentendemos que le das prioridad a las renovables y luego a la nuclear, técnicamente la nuclear no es viable", advierte.

El informe de Goldman Sachs no analiza esta cuestión, como tampoco profundiza en cómo se fijaría el coste de la electricidad incluido en la tarifa regulada. Se trata de una competencia exclusiva de los Estados miembro dentro del marco de la Unión Europea, que pueden decidir si la indexan a la subasta diaria (como en España) o en subastas cada tres o seis meses, disfrutando de mayor estabilidad pero pudiendo incurrir en sobrecostes. En todo caso, la caída en picado del pool, de más de un 40%, abarataría irremediablemente el recibo de los pequeños consumidores, incluidos los más vulnerables. 

El documento sirve de ariete para un Ministerio para la Transición Ecológica que no está dispuesto a abandonar la batalla. El próximo frente es en el Consejo Europeo que se celebra a partir de este jueves, con el precio de la electricidad como único punto. En las subastas de renovables celebradas el pasado martes, donde se establecen precios fijos, la ministra dejó caer que esta certidumbre tiene que ser el futuro. "El precio resultante muestra hasta qué punto hay una distorsión clarísima en el precio del mercado mayorista en estos momentos: frente a los 30 euros/MWh de la adjudicación media de esta subasta hay una distancia grande con los más de 200 euros/MWh que se pagarán mañana [por este miércoles] en el mercado mayorista español. Esto no hace sino confirmarnos en la necesidad de seguir perseverando en la transformación del sistema energético". 

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