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Bruselas manda más deberes energéticos a España: tejados solares y "acelerar" interconexiones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles los detalles de su plan RepowerEU, que busca acelerar la independencia energética de Rusia tras su invasión de Ucrania mientras se contiene la escalada de precios y se avanza con buen paso en la transición energética para la descarbonización del continente. Nada fácil, y nada inmediato, pero se puede hacer sin que la factura sea inabarcable, defienden desde Bruselas. "Sé que es ambicioso, pero es realista", aseguró en rueda de prensa la presidenta, Ursula Von der Leyen. "Lo podemos hacer".

El plan es a nivel comunitario, pero conllevará en el corto plazo obligaciones para España; algunas explícitas, otras menos explícitas. Pero todos los países, con independencia de su relación con Putin, tendrán que arrimar el hombro.

Bruselas pretende elevar en cinco puntos su objetivo para 2030 de energías renovables, del 40% al 45%, con un 65% de la electricidad generada de manera limpia. Además, la meta de eficiencia energética se elevará al 14%: la reducción de la demanda, del consumo, debe ser un pilar esencial, con hogares bien aislados y procesos industriales que no derrochen. El vicepresidente, Frans Timmermans, ha dejado claro que el aumento en el uso de carbón y nuclear que se prevé para dejar de quemar gas ruso se compensará con el aumento de renovables, dejando un efecto neto positivo para el clima. Y la comisaria de Energía, Kadri Simson, ha insistido en que ese aumento de las renovables tiene que pasar, fundamentalmente, por la fotovoltaica.

"Queremos duplicar la capacidad fotovoltaica en 2025 para llegar a 600 GW en 2030. Es una tecnología especialmente adecuada para los retos que afrontamos", ha explicado la comisaria; por el abaratamiento de sus costes, por la facilidad de su instalación y por la capacidad de integrarse en el tejido urbano, concretamente, en los kilómetros y kilómetros cuadrados de tejados sin aprovechar. De hecho, Bruselas quiere que la mitad de esos 300 GW sean tejados solares. Y en eso, España va con retraso.

En términos relativos, de producción de electricidad mediante energía solar fotovoltaica con respecto al total, España ocupa el puesto número ocho en el ranking mundial tras años de estancamiento, pese al enorme potencial de ser el país con más horas de luz del continente. Pero la mayoría de los proyectos, sobre la tierra y sobre el papel, son de grandes plantas; necesarias, pero con potenciales impactos sobre el paisaje, sobre la biodiversidad y sobre el modo de vida de las zonas rurales donde suelen asentarse.

Las comunidades energéticas, que permiten la alianza de empresas, organizaciones, vecinos e instituciones locales para generar y consumir electricidad barata, limpia y cercana, aún carece de un desarrollo normativo a la altura. Los pequeños productores se sienten olvidados por Transición Ecológica: "Están empeñados en promocionar el modelo de gran planta solar por encima de pequeñas plantas solares fotovoltaicas", aseguraba para este periódico hace unas semanas Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Anpier. Y hay claroscuros en el autoconsumo. Bruselas pretende desarrollar un nuevo marco normativo para obligar a la nueva construcción a instalar placas en el tejado. ¿Y qué pasa con todo el parque de viviendas existente?

Las ayudas convocadas por las distintas comunidades autónomas ascienden a los 1.320 millones de euros, con las que el Gobierno espera crear "25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO2 de más de un millón de toneladas al año", según explica Transición Ecológica. Este mismo miércoles, el ministerio amplió el programa de incentivos a los autónomos, que podrán lanzarse a instalar placas fuera de su domicilio habitual. Así, el tiempo de amortización se reduce a entre seis y ocho años. Pero, como se explica aquí, falta desarrollo para que los bloques de viviendas, habituales en ciudades y entre la clase baja urbana, se beneficien del boom; y las eléctricas siguen poniendo trabas para la compensación de excedentes.

La fotovoltaica avanza a buen ritmo en España, pero las oportunidades que ofrece para la generación distribuida no se están aprovechando; y la Comisión Europea lo pedirá. Por otro lado, Bruselas ha pedido que se ponga fin a la escasa interconexión entre España y Francia, precisamente una de las razones que ha permitido la "excepción ibérica" y el tope al gas para abaratar el mercado eléctrico.

"Los actuales precios elevados de la electricidad en la Península Ibérica ponen de manifiesto la importancia de mejorar las interconexiones eléctricas transfronterizas como forma rentable de garantizar un suministro eléctrico seguro y asequible. La Comisión seguirá apoyando y animando a las autoridades españolas y francesas para acelerar la ejecución de los tres proyectos de interés común existentes", se puede leer en la comunicación. A pesar de que la escasa interconexión haya sido utilizada por la ministra Ribera para justificar el escaso impacto para el mercado de la intervención, el Gobierno comparte el objetivo; lo que no quiere es que suponga un esfuerzo adicional para las arcas españolas. En ese sentido, Bruselas ha pedido que los países presenten proyectos para recibir nuevos Fondos de Recuperación con este propósito: que España y Portugal puedan beneficiarse de los precios bajos cuando se alcanzan en Europa y viceversa.

Sin embargo, y a pesar de que la Unión Europea invertirá el 10.000 millones de euros de los fondos de RepowerEU hasta 2030 en mejorar las infraestructuras gasistas y evitar que el suministro europeo dependa de un par de gasoductos controlados por Gazprom, no hay un apoyo explícito a Midcat, el proyecto para aumentar la interconexión gasista entre España y Francia. Al estallar la crisis de Ucrania se evidenció que existía un cuello de botella: la Península tiene gran capacidad para recibir metaneros con Gas Natural Licuado, procedentes de países que no son Rusia, pero poca capacidad para regasificar el combustible y mandarlo hacia Europa.

En 2019, la Comisión Europea sacó a Midcat de la lista de Proyectos de Interés Común, ante los diversos informes de los reguladores que aseguraban que la infraestructura no era ni rentable, ni demasiado útil. El brusco cambio de la situación no ha hecho cambiar, por el momento, la opinión del Ejecutivo comunitario, que menciona en su comunicación otros cuellos de botella sin referirse específicamente al ibérico.

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Se mantiene, sin embargo, una puerta abierta: en las redes energéticas que Bruselas se imagina en el futuro, hay hueco para un "corredor del hidrógeno verde", en línea con los planes españoles para convertirse en exportadora de esta tecnología clave para la descarbonización. Y el hidrógeno se traslada por gasoductos. Ribera no ha cerrado la puerta de manera definitiva a esta infraestructura, pero su posición no se ha movido en los últimos meses: si Europa necesita una nueva instalación fósil, con el riesgo de quedarse obsoleta o desaprovechada con la transición, que la pague Europa.

Simson ha argumentado también que el impulso de las renovables tiene que abordar "el elefante en la habitación": las trabas burocráticas que hacen que los nuevos proyectos se demoren, de media, ocho años. La Comisión Europea quiere que las zonas sin una protección especial reciban nuevas placas solares o molinos eólicos en el lapso de un año, desde que se presenta la iniciativa hasta que se conecta a la red eléctrica. En esa misma línea, el Gobierno aprobó en marzo que ciertos proyectos dejaran de estar sujetos a evaluación ambiental, siempre que no estén dentro de los lugares más sensibles, calificados por el propio Ministerio en su mapa de Zonificación Ambiental.

"Es preocupante que la Comisión proponga declarar todos los proyectos de energías renovables, redes y almacenamiento como de 'interés público superior' en cualquier zona y que, en las designadas 'áreas de acceso', los proyectos estén eximidos de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental específica y una evaluación adecuada, según lo previsto en la Directiva de Hábitats. Esto plantea una grave amenaza para los objetivos de la UE de proteger y restaurar la naturaleza y corre el riesgo de generar oposición local", ha reaccionado la organización ecologista WWF.

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