"El Gobierno debe entender que las comunidades energéticas son una palanca para el cambio de modelo"

Imagínese. Una electricidad barata, limpia y proveniente de una instalación muy cerca de su casa, sin la necesidad de ningún contrato con ninguna gran eléctrica. No estamos hablando –necesariamente– de autoconsumo, con una placa solar fotovoltaica en su tejado. Estamos hablando de comunidades energéticas: un modelo tan beneficioso, y más en un contexto actual necesitado de luz a bajo coste y soberanía frente a Putin, como desconocido y poco desarrollado.

Uno de sus grandes valedores en este país es Joan Herrera (Barcelona, 1971). Ahora es director de Energía y Medioambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Fue diputado del Congreso por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), y uno de los pocos políticos que hablaban de medioambiente y cambio climático en la sede de la soberanía nacional cuando casi nadie lo hacía. Ahora habla de comunidades energéticas cuando casi nadie lo hace. "El Gobierno debe entender que son una palanca para el cambio de modelo", asegura; un sistema no solo descarbonizado, sino también participado, descentralizado y sin el concurso obligatorio del oligopolio.

Pero... ¿de qué se trata? Las directivas europeas y el propio Gobierno reconocen dos figuras dentro de la definición de comunidad energética. Una, la comunidad energética de renovables; otra, la comunidad ciudadana de energía. Bajo el paraguas de la primera figura, ciudadanos, empresas, entes locales y administraciones se pueden unir para generar y consumir su propia electricidad, generada a partir de tecnología eólica y fotovoltaica, obteniendo sustanciosas rebajas en la factura y sin la participación de grandes eléctricas. Bajo la segunda figura, esa luz no tiene que ser generada solo con renovables (aunque es lo que tiene más sentido) y además la asociación puede ser, también, distribuidora, comercializadora y generadora, pudiendo participar en otras tareas pendientes de la transición: la recarga de vehículos eléctricos o la rehabilitación de edificios, por ejemplo.

Herrera habla muy rápido de transposiciones, decretos, directivas, alta, baja, media tensión. Pero también tiene un lado irónico, sin dejar de ser ambicioso. Las comunidades energéticas, explica, no solo sirven para que un grupo de vecinos comparta la generación de unas placas solares en el polideportivo de un pueblo. "El autoconsumo compartido ya lo permite la normativa actual", explica, y ejemplifica: "Si tú quieres montar un falansterio, puedes montarlo. Pero si quieres montar algo que compita..." El exdiputado quiere una figura que mire cara a cara a "los grandes actores" y que sea una alternativa real al oligopolio tanto en el rural como en la ciudad.

Una comunidad ciudadana de energía puede producir energía limpia a las afueras de un núcleo urbano, donde hay espacio disponible; distribuirla hacia el centro, sin la participación de las eléctricas que suelen hacer este trabajo; y servir de comercializadora, para que los habitantes de la ciudad disfruten de una luz cercana, limpia y mucho más barata de lo que marca la subasta marginalista o las tarifas habituales. No solo se trata de compartir unas placas solares. Para ello, considera Herrera, la participación de los entes locales es clave. "Es una herramienta súper potente. Pero hace falta la voluntad política de tirar hacia adelante. Que la transición energética revierta los beneficios en la misma ciudad es muy potente".

Algunas ventajas son muy evidentes. En primer lugar, el precio. En segundo lugar, la contribución a la acción climática. Y en tercer lugar, el alivio de prescindir de una eléctrica que recibe millones de euros de "beneficios caídos del cielo" gracias a la privatización de un bien esencial y el diseño del modelo energético europeo. Pero la cercanía también es un plus... y un posible peligro. Si la electricidad viene del extrarradio, en vez de desde una central térmica a 500 kilómetros de distancia, los gastos de la distribución de esa energía, del acceso a la red, son menores. Por lo que tendría sentido, considera Herrera, pagar menos por cargos y peajes. Pero un modelo energético renovable, mucho más repartido, necesita gastar más. "Hay una cierta preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema", explica el exdiputado: lo que explicaría que el Gobierno no apueste aún decididamente por ello.

"Hemos hecho los cálculos. Si ahora las comunidades energéticas desarrollaran 1 GW, el equivalente a una central nuclear, el sistema perdería 40 millones de euros. Sin embargo, tendríamos un beneficio", derivado del ahorro en la factura, "de 55 millones de euros". Herrera se ha cansado de esperar a que el Ejecutivo transponga las directivas europeas y que saque un decreto que otorgue beneficios a las comunidades energéticas, como la posibilidad de librarse de esos peajes y cargas o que el radio de actuación de la organización vaya más allá de los 500 metros; así que "cuatro o cinco nos pusimos a redactarlo" y a presentarlo a diversos grupos parlamentarios, además de al Ejecutivo. "Lo presentamos en diciembre en València y se sumaron Gobiernos autonómicos relevantes, como Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, además de municipios como Sevilla o Barcelona".

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"Tenemos un Gobierno muy desbordado por el escenario energético", considera Herrera. Mucho que hacer, muchas barreras, poco tiempo y pocas manos; lo sabe bien, como exdirector del IDAE. Por eso tomó la iniciativa. No hay reproches, pero advierte: "Quizá se viva este tema como una nota a pie de página, cuando desde mi punto de vista es un elemento capital. Estamos abordando la transición desde el cambio de mix de generación, y eso está muy bien, pero este tema va más allá, es un cambio de modelo: una generación más distribuida, más participada, con mayor implicación ciudadana".

Hay beneficios a nivel político, a pesar del riesgo del agujero en las cuentas, explica. En la ciudad, los participantes ganan en concienciación y en empoderamiento entre tanta incertidumbre. En el rural, las protestas del territorio por la implantación masiva de renovables se reducirían: los habitantes verían beneficios claros en su factura eléctrica y se harían propietarios de la generación, en vez de simples espectadores resignados ante el bien común.

Pero hace falta un decreto que otorgue "seguridad jurídica", además de las prerrogativas que convertirían en más beneficiosa la iniciativa. "Nosotros en El Prat estamos tirando hacia adelante, pero hay incertidumbre. Se están dando ayudas cuantiosas, pero los ayuntamientos no han entrado, porque los requisitos no les permiten entrar. Hemos puesto el carro por delante de los bueyes. Y hay una oportunidad de hacer cosas grandes".