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Catorce plaguicidas autorizados por la UE bajo sospecha

Monsanto-Bayer, gigante agroquímico que comercializa algunos de los pesticidas en tela de juicio..

Amélie Poinssot

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Se trata de un descubrimiento potencialmente explosivo para el mercado fitosanitario y las autoridades que lo regulan. A finales de noviembre, los biólogos Gilles-Éric Séralini y Jungers Gerald publicaban un estudio en el que estudiaban las moléculas de 14 pesticidas o herbicidas de uso común, certificados como libres de glifosato y autorizados sin restricciones en los mercados francés y europeo.

Estos productos químicos, que se encuentran sin dificultad en viveros y centros de jardinería (Monsanto, Compo, la marca francesa Jade, las marcas polacas Target y Bross, etc.), contienen sustancias tan tóxicas, o más, como el famoso glifosato, cuya venta a particulares está ahora prohibida.

Sin embargo, estas sustancias no se declaran en las etiquetas. Se trata de residuos cancerígenos derivados del petróleo, como el benzo(a)pireno, pero también de metales pesados como el plomo, el níquel, el silicio, el zinc, el titanio y el arsénico. Y todos ellos superan los queumbrales de toxicidad definidos por los organismos sanitarios internacionales. Se han encontrado metales pesados hasta 39 mg/L en el herbicida “Biocontrôle Starnet Jardin d'Eden”, del fabricante francés Jade.

Los resultados de esta investigación, que relativiza en gran medida el enfoque del debate sobre el glifosato, se publicaron en la revista científica Food and Chemical Toxicology. “Estos niveles variables de sustancias químicas tóxicas no declaradas infringen las normas de la Unión Europea sobre pesticidas y pueden tener consecuencias para la salud y el medio ambiente, especialmente en caso de exposición a largo plazo”, escriben los investigadores.

Para un cierto número de parlamentarios, concienciados en la cuestión fitosanitaria, este descubrimiento no ha pasado desapercibido. El pasado 25 de febrero, cerca de 120 eurodiputados y diputados franceses aprovechaban la publicación científica para interpelar a la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria encargada de autorizar la comercialización de todos estos productos químicos.

Según estos parlamentarios, la EFSA ha errado en su misión al no tener en cuenta otras sustancias además del glifosato, ni el “efecto cóctel” producido por la asociación de diferentes moléculas.

Sin embargo, un fallo, conocido en 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la EFSA no debe limitar su evaluación a las sustancias activas individuales, como el glifosato, sino que debe analizarlas junto con los compuestos con los que se mezclan.

“Los procedimientos que conducen a la autorización de un producto fitosanitario deben incluir obligatoriamente una evaluación no sólo de los efectos individuales de las sustancias activas contenidas en el producto, sino también de los efectos acumulativos de estas sustancias y de sus efectos acumulativos con otros componentes del producto”, recoge la sentencia del Tribunal Europeo de octubre de 2019.

En una carta enviada al organismo europeo, los diputados señalan que este fallo judicial “pone claramente de manifiesto que la EFSA no aplica correctamente el método prescrito por el legislador europeo”. Por lo tanto, piden a la EFSA que “considere los efectos acumulativos de la sustancia activa [...] con todos los demás componentes de los plaguicidas que están presentes en las formulaciones comerciales, ya en el procedimiento de autorización o renovación de una sustancia activa declarada”.

También piden al organismo europeo que “garantice la publicación de los datos brutos, artículos y referencias en los que la EFSA basa sus evaluaciones”.

“Al fijarse sólo en la sustancia activa, la EFSA minimiza los riesgos y no cumple la normativa”, afirma Michèle Rivasi, diputada de Europa Ecológica-Verdes (EELV) en el Parlamento Europeo. “Esta autoridad desempeña un papel fundamental en la evaluación de los plaguicidas. Ahora estamos esperando que justifique no tener en cuenta el efecto cóctelefecto cóctel”.

Para Manuel Bompard, de Francia Insumisa (LFI), “estamos ante un desafío democrático y de transparencia. Con demasiada frecuencia, las empresas de productos fitosanitarios hacen la ley. Nosotros peleamos en contra de esto, pero también por una determinada concepción de la agricultura: la agroecología”.

En total, además de los 29 diputados y 27 senadores franceses, 63 eurodiputados firman el escrito. Los eurodiputados proceden principalmente de los Verdes, GUE/NGL (Izquierda Unitaria Europea) y S&D (Socialdemócratas), que incluye a los socialistas, Place Publique y Nouvelle Donne. Sólo tres eurodiputados de Renew, el grupo macronista de LREM, firmaron el llamamiento y no hay ningún representante de derechas ni de extremaderecha del espectro parlamentario.

La representación francesa es mayoritaria, pero también hay representantes españoles, alemanes, italianos, portugueses, belgas, austriacos... Sin embargo, a excepción de un representante rumano y otro búlgaro, no hay políticos de Europa Central y Oriental entre los firmantes.

Según Gilles-Éric Séralini, coautor de la publicación científica, el hecho de que estos pesticidas e insecticidas se vendan sin ninguna precisión sobre su toxicidad constituye “un fraude”, y la EFSA, que se supone que sigue los avances científicos en la materia, estaría perfectamente al corriente de que “la industria no declara la composición completa de sus productos”. “Es un compromiso científico”, dice.

Desde la publicación de esta investigación, nueve ONG y asociaciones francesas –entre ellas Générations Futures, Campagne Glyphosate y Nature et Progrès– ya han emprendido acciones legales. A principios de diciembre, presentaron una denuncia contra X por “etiquetado fraudulento, poner en peligro la vida de otras personas y perjudicar el medio ambiente” y contra el Estado francés por “deficiencias culpables”.

La EFSA, interpelada por los parlamentarios, no tardó en remitir sus respuestas a la prensa. En un comunicado de prensa, señala que es la legislación europea sobre plaguicidas la que le obliga a evaluar “las sustancias activas tomadas aisladamente y no las fórmulas de los plaguicidas”. Para la evaluación de estas formulaciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria devuelve la pelota a los Estados miembros, que tienen la facultad de conceder o denegar la autorización a nivel nacional.

Sin embargo, en Francia, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Salud Laboral (Anses), responsable de estas evaluaciones, no comprueba los efectos a largo plazo de toxicidad o carcinogenicidad de los productos comercializados. La Anses se contenta con realizar un análisis de toxicidad aguda, con lo que falta parte del problema.

A preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre) sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la EFSA no ha respondido a nuestras preguntas.

Sin embargo, la cuestión de la normativa europea sobre plaguicidas es crucial en la medida en que determina en gran medida las políticas nacionales en materia de productos fitosanitarios. En Francia, la Anses se basa en los dictámenes de la EFSA para sus autorizaciones de comercialización. Y los debates franceses han eclipsado hasta ahora la cuestión de las sustancias ocultas y los efectos de los cócteles para centrarse en el glifosato –cuya prohibición en todos sus usos se ha pospuesto bajo la Presidencia de Macron–.

La EFSA debe responder en un plazo de dos meses a la carta de los parlamentarios. Sin embargo, para los parlamentarios esto es sólo un primer paso. A esto le seguirá, si es necesario, una interpelación al Parlamento Europeo (que puede considerar una omisión del organismo) y una interpelación legal (por parte del Tribunal de Justicia Europeo).

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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