El tema ya está presente en muchas conversaciones y podría incorporarse rápidamente a los debates de la Casa Blanca. Más que el aumento del precio de los huevos a principios de 2025, la subida de las facturas de electricidad para todos los hogares estadounidenses se está convirtiendo en el símbolo de la crisis del poder adquisitivo en Estados Unidos. Por sí sola, ofrece un resumen de las obsesiones y los puntos muertos de la política económica del segundo mandato de Donald Trump. Está al servicio de los multimillonarios de la alta tecnología, indiferente al destino de las clases medias, obsesionada con las energías fósiles y negando el cambio climático.

Sin embargo, Donald Trump se había comprometido a reducir los precios de la electricidad durante su campaña presidencial de 2024. Cuando el aumento de los precios ya se había convertido en una preocupación, prometió bajarlos en dieciocho meses. Un año después, el megavatio-hora se dispara en todo el país, aumentando en promedio dos veces más rápido que la inflación.

Dado que el mercado eléctrico de Estados Unidos está dividido en once grandes regiones, es difícil dar cifras unificadas. Pero todos los datos apuntan a la misma tendencia: una escalada de precios que parece estar fuera de control y que agrava las desigualdades sociales y territoriales. En cinco años, según un estudio de Bloomberg, han aumentado un 187% en la región de Buffalo (Estado de Nueva York), un 129% en la región de Baltimore, un 108% en Oklahoma, un 78% en Nueva Orleans...

Desde el verano, varios gobernadores y representantes políticos, tanto republicanos como demócratas, se han movilizado para pedir a sus gestores de red, a los productores y al Estado federal que intervengan con urgencia. Con razón o sin ella, la prensa americana considera que el aumento de los precios de la electricidad influyó en el resultado de las elecciones de noviembre en Nueva Jersey (+24% en un año) y Georgia (+10%). En cualquier caso, reforzó la campaña de los demócratas, centrada en el poder adquisitivo (affordability).

Después, la situación se ha deteriorado aún más. Incapaces de pagar sus facturas, cada vez más estadounidenses están desconectados y condenados a vivir sin electricidad, sin luz y sin calefacción. Según el Washington Post, los cortes de suministro eléctrico se han multiplicado por cinco en el último año en Nueva York. De media, el importe de los impagos asciende a 728 dólares por hogar, frente a los 600 dólares de 2022.

Muchos Estados han adoptado normativas que prohíben los cortes de suministro en los hogares durante el periodo invernal. Pero políticos y asociaciones saben que en primavera la crisis puede volver a aparecer en cualquier momento.

La demanda de electricidad bate un récord tras otro. Mientras que durante quince años el consumo se había estancado debido a la desindustrialización, a partir de 2022 todo cambió. El auge de la inteligencia artificial, cada vez más voraz en cuanto a consumo energético, la multiplicación de los centros de datos, pero también la minería de criptoactivos, igualmente consumidora de energía, y la electrificación de los usos están provocando un aumento exponencial de la demanda.

Aunque se pusieron en marcha numerosos programas de producción de energías renovables con la presidencia de Biden, el mercado de la electricidad está en todas partes sobrecargado. Según las estimaciones de la Comisión Federal de Regulación de la Energía, Estados Unidos necesita construir al menos un 20 % más de capacidad de producción para satisfacer la demanda. Y estos cálculos se realizaron antes de que el país se viera envuelto en el frenesí por la IA.

Desde hace un año, el sector se ha visto envuelto en una auténtica locura. Los proyectos se expanden por todo el territorio y no deja de crecer la lista de solicitudes de conexión de nuevos centros de datos y otros centros digitales. Los Estados compiten por atraer inversiones. Solo en Texas hay más de 160 proyectos que se prevé vean la luz en los próximos dos o tres años. Y cada centro necesita cada vez más potencia para hacer funcionar sus chips.

Ante esta explosión, las redes de distribución están al borde de la congestión, sobre todo porque llevan años sufriendo una falta crónica de inversión. Las infraestructuras están envejeciendo y se ven debilitadas por catástrofes cada vez más frecuentes y violentas debido al cambio climático. Las líneas de alta tensión son insuficientes y las conexiones entre las diferentes redes son demasiado escasas.

Los gestores de red se han lanzado a realizar trabajos a marchas forzadas para intentar hacer frente a la situación. Pero esa modernización lleva tiempo y, sobre todo, requiere inversiones colosales. “La renovación de las redes no se llevará a cabo sin ayuda pública”, han advertido varios responsables políticos.

Pero, por ahora, la administración Trump hace oídos sordos. Los costes de financiación repercuten en los usuarios, principalmente en los hogares que pagan por la locura de los gigantes digitales, a los que no se grava en proporción a las inversiones que imponen. De ahí el aumento de las facturas.

Las protestas y los conflictos de uso pueden multiplicarse a medida que se encarece la factura de las obras de modernización. Y los especialistas están descubriendo que el sistema está invadido por cientos de proyectos fantasma: para tener alguna posibilidad de conectarse a la red, las empresas presentan varias solicitudes en diferentes Estados, lo que puede llevar a una sobrevaloración de las necesidades.

Algunos gestores están considerando hacer pagar a los industriales el coste de las inversiones y las conexiones de los proyectos a los que posteriormente renuncien. Pero incluso si se lleva a cabo esta amenaza, según algunos analistas, el mercado no está a salvo de crear sobrecapacidades y sobreinversiones. Todos esos gastos tendrán que ser sufragados por los consumidores finales.

Por temor a romper la dinámica de la inteligencia artificial, cada vez más inversores, empezando por los gigantes digitales, han decidido convertirse en productores de electricidad. Proliferan en todo Estados Unidos las adquisiciones de participaciones en unidades de producción, la compra de centrales eléctricas y los acuerdos con productores.

En los últimos días, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha anunciado la compra de la empresa Intersect por 4.750 millones de dólares. Más que su experiencia en el diseño de centros de datos, lo que interesa a este gigante digital es su papel en el desarrollo de unidades de producción de energía.

El movimiento ya se inició hace dos o tres años. Con el fin de presentarse como actores responsables, los gigantes digitales multiplicaron la construcción de parques solares o eólicos para producir energía descarbonizada.

Las promesas virtuosas no resistieron el ataque de la administración Trump, hostil por principio a todas las energías renovables. La supresión de las ayudas directas y la cancelación de la mayoría de los grandes proyectos de energías renovables hicieron el resto.

Algunos productores apuestan por la energía nuclear. El caso más espectacular es el de Microsoft. A principios de diciembre, el grupo anunció la firma de un acuerdo con la empresa energética Constellation. Para hacer funcionar todos sus centros de datos, este gigante digital se compromete a comprar durante veinte años toda la electricidad producida tras la reapertura de uno de los reactores nucleares de Three Mile Island. La puesta en marcha de esta central, cerrada en 1979 tras el accidente nuclear más grave ocurrido en Estados Unidos, se estima en 1.600 millones de dólares. La administración Trump ha prometido aportar 1.000 millones de dólares.

Otros han comenzado a trabajar en el desarrollo y la construcción de minirreactores nucleares, que se supone aportarán la producción necesaria para su consumo. Pero habrá que esperar al menos cinco años antes de que aparezcan los primeros prototipos.

Mientras tanto, todos vuelven a recurrir a las energías fósiles, aplaudidos por la Casa Blanca, que les apoya en este gran retroceso. Dado que el gas ya representa entre el 40 % y el 42 % de la producción eléctrica estadounidense, la mayoría opta por recurrir a centrales de gas.

Algunos planean instalarse cerca de la Cuenca Pérmica (Permian Basin) en Texas, el mayor yacimiento de gas de esquisto de Estados Unidos. Otros han optado por Oklahoma, que, con el descubrimiento de nuevos yacimientos, pretende convertirse en un nuevo Estado gasístico.

Los habitantes de las zonas en las que se concentran estas nuevas instalaciones ya están sintiendo fuertemente las consecuencias: son los territorios en los que más han subido los precios de la electricidad. Además, la subida de los precios tiene todas las posibilidades de continuar, advierten los expertos del mercado. Según ellos, la producción de gas estadounidense, que lleva varios años estancada, podría no ser suficiente para satisfacer la demanda.

Al mismo tiempo, Donald Trump ha impuesto en sus acuerdos aduaneros con la mayoría de los países aliados compras masivas de gas natural licuado estadounidense (GNL). Todo está listo para una subida vertiginosa de los precios del gas que, sin duda, repercutirá en los precios de la electricidad, advierten los expertos.

Haciendo caso omiso de todas las críticas, Donald Trump afirma haber encontrado la solución: volver a abrir las centrales térmicas de carbón. Algunas ya han vuelto a ponerse en funcionamiento. Una vez más, las consecuencias pueden ser devastadoras. El parque de estas centrales tiene una antigüedad media de más de 40 años. La mayoría no se ha modernizado y no cuenta con sistemas que limiten la contaminación y las emisiones de CO2.

A la herejía climática se suma el absurdo económico, ya que esas centrales son cada vez más ineficaces. Según las cifras disponibles, el coste del megavatio-hora asciende a más de 72 dólares, frente a los 42 dólares que costaba aún en 2022. Eso contribuye de nuevo a encarecer el precio de la electricidad.

Por ahora, la Casa Blanca y los gigantes digitales siguen alimentando codo con codo la burbuja de la inteligencia artificial. Pero la realidad podría alcanzarlos rápidamente, dado que las limitaciones físicas, económicas, sociales y medioambientales son cada vez mayores.

Traducción de Miguel López

Según los informes del PNUMA, el consumo anual de recursos se ha triplicado y supera en 1,5 veces la capacidad de regeneración de la Tierra, poniendo en peligro el suministro de bienes vitales para las generaciones futuras. Ante este escenario, se ha propuesto la transición de la economía lineal mundial a una economía circular. Este cambio implica la reutilización de materiales tras el final de su vida útil, y prolongar su uso el mayor tiempo posible para obtener el máximo beneficio del bien fabricado.

Esta transición de una economía lineal a una circular no solo está generando beneficios ambientales, sino que, además, es una importante fuente de generación de nuevos empleos. Y aunque parezca una obviedad, estos empleos, catalogados como “empleos verdes”, además de beneficiar al medio ambiente también deben beneficiar a los trabajadores y trabajadoras, es decir, deberán ser empleos seguros y de calidad. Pero cuando se analizan estos nuevos yacimientos de empleo, en muchas ocasiones nos encontramos con que no se están considerando con suficiente profundidad los riesgos que para la salud de los trabajadores supone el desarrollo de la economía circular. 

Por ejemplo, el uso de nuevos bio-catalizadores o las nuevas bio-refinerías, así como el bio-tratamiento a gran escala, son procesos que entrañan tantos riesgos como las refinerías convencionales, aun cuando el resultado de las primeras sea infinitamente más respetuoso con el medio ambiente. Además, generan residuos químicos sobre los que aún no se han determinado con precisión sus efectos sobre la salud. Y, aunque de manera general, los riesgos laborales asociados al desarrollo de la economía circular, en muchas ocasiones implican tan solo el análisis de alguna nueva técnica o sustancia y, por tanto, generan pocos cambios respecto a los riesgos ya identificados. En otros casos nos enfrentamos a una amplia gama de posibles afecciones. Especialmente en lo referente a la exposición química. La falta de conocimiento sobre las sustancias que se encuentran en los artículos reutilizados o reciclados es cada vez más preocupante y, por ello, la UE está adoptando medidas relativas a la trazabilidad de sustancias químicas peligrosas en los residuos y los flujos de materiales reciclados.

Los principales riesgos dependerán tanto de la innovación tecnológica como de la velocidad a la que se vayan acometiendo los cambios hacia la generación del nuevo sistema productivo. Por lo tanto, es importante que las evaluaciones de riesgos se realicen en las primeras fases del ciclo de desarrollo de las tecnologías o productos, a fin de garantizar la seguridad del trabajador. El cambio hacia una economía más circular exige que, en vez de considerar los posibles riesgos de las sustancias químicas peligrosas durante la fabricación y eliminación, la evaluación del riesgo deba tener en cuenta la posibilidad de que dichas sustancias químicas peligrosas vuelvan a entrar en nuevos productos. 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la economía circular son las acciones sobre los residuos plásticos. La exposición a sustancias químicas peligrosas, como los denominados disruptores endocrinos —sustancias que alteran el sistema hormonal—, puede tener lugar durante toda la vida útil de los productos plásticos, desde el proceso de fabricación hasta el contacto con el consumidor, el reciclaje, la gestión de residuos y la eliminación. En los productos de larga vida, como los materiales de construcción y las carcasas de los aparatos electrónicos, las sustancias químicas pueden seguir estando presentes a la hora de darles una segunda vida a estos materiales.

Por tanto, los plásticos reciclados también pueden contener sustancias químicas tóxicas, si los residuos plásticos utilizados para la fabricación del producto no han sido procesados o clasificados eficientemente para eliminar los riesgos. Se ha demostrado que muchos tipos de productos de consumo fabricados a partir de plásticos reciclados contienen sustancias químicas peligrosas, incluidos productos y juguetes para niños. De hecho, un estudio sobre plásticos reciclados en China encontró bromo en el 36,7% de los productos de consumo, siendo los electrodomésticos y los juguetes los objetos más probables. Pero esta contaminación con bromo también ocurre en Europa. 

Una investigación reciente encontró una variedad de retardantes de llama en vasos térmicos y utensilios de cocina de plástico negro reciclado en el mercado europeo. Estos estudios han llegado a concluir que el reciclado de equipo eléctrico y electrónico puede dar lugar a altas exposiciones de bromo en los trabajadores y trabajadoras, durante la etapa de reciclado y en el uso de productos reciclados. Por tanto, parece evidente que, a la hora del reciclaje del plástico, los flujos de residuos puedan contener aditivos heredados, que es necesario eliminar para garantizar la salud de los trabajadores.

Por tanto, y a fin de reducir la exposición a compuestos químicos peligrosos como disruptores endocrinos en los procesos de reciclado, junto a las decisiones políticas para preservar nuestro medio ambiente, resulta necesario establecer restricciones sobre el uso de sustancias nocivas en la fabricación de materiales reutilizados para conseguir que los objetivos de economía circular respeten también la salud. 

Una economía circular de los productos plásticos solo puede hacerse realidad si la normativa es coherente con las tecnologías de reciclado. Y, para ello, es importante generar un marco normativo seguro que permita una valorización de los plásticos reciclados, y que los recicladores se comprometan y adopten el concepto de descontaminación, mediante tecnologías de clasificación o basadas en disolventes. Pero, dado que en la actualidad no existen procesos técnicos rentables que garanticen una eliminación completa, de momento se deberán centrar los esfuerzos en fijar umbrales de peligrosidad de los aditivos químicos heredados que garanticen la salud de los trabajadores, así como establecer unas normas de actuación para que el operario manipule los flujos de plásticos que contienen contaminantes químicos de forma segura, controlada y eficaz.

En definitiva, nos encontramos con numerosas lagunas de conocimiento que dificultan una evaluación exhaustiva de los peligros y riesgos de las sustancias químicas en la economía circular. En primer lugar, hay una escasez sustancial de información, o falta de acceso a ella, sobre cómo se utilizan las sustancias químicas específicas o qué sustancias químicas se utilizan, en qué aplicación, en qué cantidades, y en qué niveles están presentes en materiales como, por ejemplo, los envases de plástico acabados. Además, disponemos de una información insuficiente sobre los patrones de uso de las sustancias químicas que impide realizar evaluaciones basadas en la exposición. Por lo tanto, es urgente disponer de información pública sobre el uso de sustancias químicas, especialmente en los plásticos y la composición exacta de los artículos de plástico acabados, a fin de poder afrontar un sistema de reciclado seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

Es lógico pensar que la forma más eficaz de evitar o reducir los riesgos es la sustitución de estos compuestos químicos, pero debemos ser conscientes de la existencia de los potenciales riesgos de las sustancias utilizadas como sustitutos que, aunque menores que los de la sustancia original, no son nulos. En este sentido, en la fabricación de bioplásticos, en donde las fuentes no renovables de monómeros plásticos han sido reemplazadas por otras renovables, como por ejemplo en el bio-PE, en donde el monómero plástico etileno se produce a partir del almidón de la caña de azúcar en vez de productos petroquímicos, nos encontramos que contienen aditivos químicos similares a los de los plásticos convencionales que pueden seguir teniendo efecto sobre la salud.

En definitiva, y aun cuando podemos considerar que el campo de los bioplásticos refleja la necesidad de un cambio en la industria de los plásticos hacia soluciones más sostenibles para el medio ambiente, se requiere mucho más desarrollo antes de que podamos atender plenamente los problemas relacionados con la reciclabilidad y su aplicación en la salud laboral.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Escal UGS, la sociedad que desarrolló el proyecto Castor participada al 67% por ACS y al 33% por la canadiense Dundee Energy, obligándole a reintegrar al sistema gasístico 210 millones de euros, ha informado Europa Press.

Escal presentó el recurso a una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 2019, en la que se le exigía el reintegro de 195 millones de euros (sin intereses) por las liquidaciones que se le entregaron en concepto de indemnización por el cierre del proyecto.

El supervisor solicitaba esa devolución después de que el Tribunal Constitucional declarase nulo e inconstitucional en 2017 la compensación de 1.350 millones de euros a Escal aprobada por el Gobierno del PP en 2014 y recurrida por el Parlamento de Cataluña, la Generalitat catalana y por más de cincuenta diputados del PSOE.

El Gobierno de entonces decidió cerrar el almacenamiento subterráneo de gas de Castor cuando se detectaron, durante la fase de llenado de gas colchón, varios movimientos sísmicos. La compensación aprobada se repercutiría en la tarifa de gas durante 30 años. Los 210 millones que tendrá que devolver corresponden a las liquidaciones definitivas de 2014, 2016 y 2017.

Entre los argumentos de Escal para presentar este recurso se encontraba un reproche de incompetencia de la CNMC para tramitar y resolver el procedimiento de revisión de oficio.

Sin embargo, la sentencia no comparte ese criterio y califica al regulador de autoridad administrativa independiente, pues desarrolla las funciones que tiene atribuidas en el sector gasista con plena autonomía respecto del Gobierno y de la Administración General.

La sentencia también condena a Escal al pago de las costas procesales, si bien el resultado es susceptible de recurso de casación.

En su resolución de 2019, la CNMC también exigía a Banco Santander la devolución de otros 71,9 millones, a CaixaBank 48 millones, a Enagás 32,4 millones y a Bankia 21,1 millones de euros.

“Es inevitable la eliminación progresiva de los combustibles fósiles", reconoció Sultan al-Jaber, presidente de la COP28 y consejero delegado de la Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos (ADNOC), en un reciente discurso previo a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebrará en noviembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

Sin embargo, según un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), un think-tank canadiense, a pesar de sus reiteradas promesas, los gobiernos del G20 siguen ofreciendo un apoyo financiero incondicional a la industria de los combustibles fósiles.

Basándose en datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e informes gubernamentales, el IISD informa de que, en 2022, la cantidad inyectada por los países del G20 en el sector había alcanzado la asombrosa cifra de 1,4 billones de dólares. Esta cifra, calificada de "asombrosa" por los investigadores que realizaron el análisis, representa la suma de subvenciones, inversiones y préstamos de instituciones financieras públicas. 

"Vemos un aumento masivo de las ayudas públicas a los combustibles fósiles en 2022", afirmó Tara Laan, experta asociada del ISSD y autora principal del análisis, en una conferencia celebrada el miércoles 23 de agosto. "Los que más consumen combustibles fósiles son también los que más dinero ganan con ellos, así que no tiene sentido", afirmó.

La trayectoria climática mundial depende en gran medida de que los países del G20 reduzcan sus emisiones. Aunque los líderes del G20 acordaron ya en 2009 que "eliminarían gradualmente las subvenciones ineficientes" a los combustibles fósiles y se comprometieron a alcanzar un objetivo climático común –mediante la ratificación del Acuerdo de París– para 2021, estos países son responsables en conjunto de alrededor del 80% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera.

La guerra de Ucrania y el auge de las energías renovables no han invertido la tendencia al alza del consumo de energía primaria, en el que los combustibles fósiles siguen representando la gran mayoría (82%). De hecho, el uso de combustibles fósiles ha aumentado. Esto ha sido posible en particular gracias a las subvenciones públicas, que se han cuadruplicado con respecto a la década anterior hasta superar el billón de dólares, señala el análisis del IISD.

A diferencia de una evaluación similar realizada por la AIE en febrero, el análisis del IISD tiene en cuenta no sólo las subvenciones a los consumidores –como los escudos tarifarios y los bonos energéticos–, sino también las medidas para fomentar la producción, que existen en algunos países desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las exenciones fiscales o de cánones, o la asignación de partidas presupuestarias a investigación y desarrollo a las industrias extractivas.

En Francia, por ejemplo, el gasto fiscal en la industria de los combustibles fósiles está en aumento, pasando de 7.770 millones de euros a 7.810 millones entre 2020 y 2021, según la OCDE.

Está aumentando la inversión pública en nuevas infraestructuras asociadas a la explotación de combustibles fósiles, sobre todo en los países emergentes. Mientras que China e India han reactivado el carbón en nombre de la seguridad energética, los países de Oriente Medio, por primera vez desde la pandemia, han aumentado sus inversiones en petróleo y gas.

Se trata de una contradicción "flagrante" con las recomendaciones científicas, según el análisis del IISD. De hecho, según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el cumplimiento del Acuerdo de París requiere una reducción del 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo para 2030, en comparación con los niveles de 2019. La AIE también declaró en 2021 que "a partir de hoy no habrá inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles".

Las emisiones de gases de efecto invernadero, los daños causados por los efectos del cambio climático y la contaminación atmosférica suponen costes colosales para las empresas. "La mayoría de las subvenciones se derivan de una subestimación de los costes sociales y medioambientales asociados al uso de combustibles fósiles", señaló Nate Vernon, economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la rueda de prensa del 23 de agosto.

Por ello, los expertos del IISD piden a los gobiernos del G20 que reformen las subvenciones e introduzcan un sistema de impuestos progresivos sobre el carbono –con un precio del carbono que oscile entre 25 y 75 dólares por tonelada equivalente de dióxido de carbono (tCO2e) en función de los ingresos de cada país– para que el precio de los combustibles fósiles refleje por fin su coste real. El objetivo es incitar a consumidores e inversores a abandonar los combustibles fósiles.

"Lo fundamental de subir el precio de los combustibles fósiles es que genera ingresos –muchos ingresos– que pueden utilizarse para proporcionar ayudas sociales focalizadas y facilitar la transición a fuentes de energía alternativas y limpias", explica Tara Laan.

Más allá de los países del G20, en 2022 las subvenciones a los combustibles fósiles alcanzaron la cifra récord de 7 billones de dólares, según un reciente estudio del FMI, que corrobora las conclusiones del IISD. Eso equivale al 7,1% del producto interior bruto mundial, casi el doble del gasto público anual en educación (4,3% de la renta mundial) y alrededor de dos tercios del gasto en sanidad (10,9%), señala el FMI.

Traducción de Miguel López

La petrolera francesa TotalEnergies anunció este miércoles los mayores beneficios de su historia, 19.147 millones de euros. Ha ganado un 28% más que el año anterior y lo celebrará aumentando el dividendo que pagará a sus accionistas y con un programa de recompra de títulos por importe de 2.000 millones de euros en el primer trimestre. La francesa sólo ha sido la penúltima –aún falta la italiana ENI por publicar sus resultados– de las grandes petroleras mundiales en comunicar unos beneficios que escapan a todas las métricas. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell tuvo el año anterior su mejor resultado desde que se creó la compañía, en 1907, tras aumentar sus ganancias un 110% respecto a 2021: 38.795 millones de euros. Las de la estadounidense Chevron crecieron aún más, un 126,9%, hasta los 32.666 millones. Exxon también duplicó sus números y llegó a los 51.437 millones de euros. La británica BP se ha apuntado 25.696 millones, un 116% más que en 2021. La noruega Equinor disparó sus beneficios nada menos que un 235,7%, por lo que sumó 26.772 millones. Y la tejana ConocoPhillips ganó 17.420 millones de euros, la mejor cifra desde 2012.

En total, los beneficios de estos siete gigantes del petróleo sumaron 226.340 millones de dólares, unos 211.096 millones de euros, en 2022. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra basta con señalar que equivale al Producto Interior Bruto (PIB) de los 54 países más pobres del planeta. Según los registros que publica el Banco Mundial, las economías de esas 54 naciones valían en 2021 un total de 212.067 millones de euros. Entre ellas se encuentran Somalia, Bután, Sierra Leona, Kosovo, Mauritania, Chad o Guinea Ecuatorial.

Otra comparación puede ser de ayuda: sus ganancias se acercan al presupuesto de la Seguridad Social española para este ejercicio: 224.690 millones de euros. De hecho, servirían para pagar todas las pensiones del año, 190.000 millones, y aún sobraría.

Y una tercera: las siete mayores petroleras han ganado tanto como produjeron las economías de Portugal –214.771 millones de euros– o Nueva Zelanda –208.676 millones– en 2021.

La guerra de Ucrania, que ha provocado una crisis energética sin parangón desde las del petróleo en los años 70, explican el maná que ha llenado las cuentas de las petroleras. No sólo el barril de crudo ha vuelto a superar los 100 dólares, una cota que no había tocado desde 2014, sino que también se han disparado los márgenes del refino hasta niveles de récord, como resultado de una caída de la capacidad de la industria, la primera en más de 30 años, que ha coincidido con el rebote de la demanda tras la pandemia y el descenso de las exportaciones desde Rusia y China. Ese es el análisis que hace la Agencia Internacional de la Energía en su informe de perspectivas de 2022.

Una buena muestra de que el diagnóstico acierta se extrae del hecho de que los beneficios históricos de Exxon superaran con creces el año pasado su récord de 2008, 45.200 millones de dólares, pese a que entonces el petróleo cotizaba a 142 dólares por barril, un 30% por encima del precio medio de 2022. Su directora financiera, Kathryn Mikells, atribuyó los excelentes resultados de Exxon a “una combinación de mercados fuertes, fuerte rendimiento, fuerte producción, y un buen control de costes”.

Pero la escalada de la energía, además de enriquecer a las petroleras, está empobreciendo a millones de ciudadanos en todo el mundo. La Agencia Internacional de la Energía constata la “enorme transferencia de riqueza desde los consumidores a los productores” que han ocasionado los elevados precios energéticos. Por ejemplo, destaca que hasta el 90% del aumento de los costes medios de la generación de electricidad debe achacarse a la subida de precios de los combustibles fósiles. Sobre todo al gas, que es responsable él sólo del 50% de ese sobrecoste. Como consecuencia, denuncia la AIE, cerca de 75 millones de personas en todo el mundo que acababan de conseguir acceso a la electricidad no podrán pagarla ahora.

Además, en Europa y Estados Unidos, los precios desbocados de la energía han disparado la inflación tras poner por las nubes los bienes de consumo. Los presupuestos familiares se resienten, sobre todo los de menor renta, que dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar los recibos y los alimentos. A su vez, los gobiernos, al menos en los países más desarrollados, se han apresurado a compensar a los ciudadanos por la erosión que sufren sus bolsillos. La AIE calcula en 550.000 millones de dólares el monto de las intervenciones públicas aplicadas para proteger a los consumidores de la inflación.

Y de ahí las sucesivas iniciativas, en Estados Unidos y en Europa, para que las petroleras contribuyan con sus ganancias estratosféricas a financiar ese escudo protector para los contribuyentes. “Los últimos informes de resultados dejan claro que las petroleras tienen todo lo que necesitan, incluidos beneficios récord y miles de permisos no utilizados pero aprobados, para aumentar la producción, pero en lugar de ello optan por destinar esos beneficios a llenar los bolsillos de sus ejecutivos y accionistas mientras los republicanos de la Cámara de Representantes fabrican excusa tras excusa para protegerlas de cualquier responsabilidad”, fue la airada reacción de la Casa Blanca al anuncio de beneficios récord de Exxon.

No es la primera vez que el presidente de EEUU, Joe Biden, arremete contra las grandes petroleras de su país. El pasado junio incluso envió una carta a los principales ejecutivos de Exxon, ConocoPhillips, Chevron, BP, Shell, Marathon Petroleum y Valero, donde les reprochaba que hubieran recortado la producción para aumentar sus beneficios, según publicó la agencia Reuters. En noviembre amagó con subirles los impuestos sobre sus beneficios extraordinarios si no invierten más y bajan los precios de los carburantes. “Sus beneficios son dinero caído del cielo gracias a la guerra”, aseguró, “es hora de que estas compañías dejen de aprovecharse de la guerra”.

La Unión Europea se lo ha pensado menos y desde diciembre aplica a petroleras, gasistas y refinerías un impuesto extraordinario del 33% sobre los beneficios que superen el 20% de la media de los últimos cuatro ejercicios. Por esa “contribución solidaria” y los límites impuestos al precio de las renovables, Bruselas prevé recaudar 140.000 millones de euros. Exxon, que ya anunció el año pasado que presentará una demanda ante el Tribunal General de la UE para derogar el gravamen, cifra en 1.300 millones de dólares lo que tendrá que pagar en la Unión Europea por sus beneficios en el cuarto trimestre de 2022.

Mucho antes, en mayo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un impuesto temporal del 25% para gravar los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas. Su previsión era recaudar casi 5.900 millones de euros anuales.

En España, el impuesto a las energéticas gravará este año y el próximo con un 1,2% la cifra de negocio de las empresas cuya facturación supere los 1.000 millones de euros. Iberdrola y Repsol han anunciado que acudirán a los tribunales para anular el nuevo tributo, con el que el Gobierno pretende recaudar 2.000 millones anuales.

Al mismo tiempo que protestan por los impuestos, las grandes petroleras hacen gala del reparto de dividendos que acompaña a sus beneficios astronómicos. Shell lo elevará un 15% y recomprará acciones –otra forma de retribuir a los accionistas– por importe de 3.668 millones de euros. BP aumentará el dividendo un 10% y recomprará acciones por valor de 2.555 millones. El programa de recompra de acciones de Equinor alcanza los 931 millones de euros.

En 2023, pese a las incertidumbres de la guerra, los analistas prevén que el barril de crudo siga subiendo. La reactivación de la economía china tras el fin de las restricciones por el covid, y el veto europeo a las importaciones de crudo de Rusia, que entraron en vigor el pasado diciembre, junto con la prohibición de comprar diésel ruso desde este mismo febrero, componen un paisaje propicio para una nueva escalada de precios: mayor demanda y menor oferta. El barril de Brent cotizaba este miércoles por encima de los 85 euros. El precio medio de la gasolina en España era de 1,643 euros el litro, y de 1,642 euros el diésel.

La Comisión Europea estudia establecer supuestos en los que la producción de hidrógeno a partir de energías fósiles pueda ser considerada "totalmente renovable" durante los próximos cuatro años, tiempo que Bruselas considera necesario para la planificación y construcción de instalaciones de generación de electricidad renovable al tiempo que aumenta su cuota verde, según informa Europa Press.

La aprobación del reglamento estaba inicialmente planeada para el último cuarto de 2021, pero se encuentra aún en fase de preparación y consulta mientras que la Comisión pretende hacer la propuesta a finales de año, aunque todavía no está confirmado, según han indicado fuentes europeas consultadas por Europa Press.

El reglamento en el que trabaja Bruselas establece normas para calificar la producción de combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico, así como el carburante resultante, como totalmente renovables hasta el 31 de diciembre de 2026, como un periodo de transición que ofrezca margen para el desarrollo de tecnologías que permitan un ajuste rápido de la producción de hidrógeno.

Hasta ahora se consideraba que la instalación que use electricidad para la producción de hidrógeno a través de una conexión directa debe suministrar siempre electricidad renovable, de modo que si se utiliza, por ejemplo, la obtenida de la red, el hidrógeno resultante no se considerará renovable.

Sin embargo, dada la enorme cantidad de generación de electricidad renovable adicional necesaria para progresar en la descarbonización de la actual producción de electricidad fósil, esto solo se puede garantizar mediante la inclusión de criterios estrictos de adicionalidad en esta metodología.

Por ello, Bruselas estudia relajar los requisitos necesarios para la producción de hidrógeno para contabilizar la electricidad obtenida por conexión directa a una instalación que genera combustibles renovables como totalmente renovable a fin de aumentar la cuota de energías verdes.

Así, el texto prevé que los productores de combustible pueden contabilizar la electricidad tomada de la red como totalmente renovable si la instalación que produce el combustible de transporte líquido y gaseoso renovable de origen no biológico está situada en una zona de oferta en la que la proporción media de electricidad renovable superó el 90% en el año natural anterior.

También se podrá contabilizar la electricidad tomada de la red como totalmente renovable si los productores han celebrado uno o varios acuerdos con operadores económicos que produzcan electricidad renovable por una cantidad al menos equivalente a la cantidad de electricidad que se declara como totalmente renovable siempre que se cumpla una serie de criterios.

La directiva en la que trabaja la Comisión Europea señala que la producción de combustibles renovables para el transporte líquidos y gaseosos de origen no biológico ayudará a integrar la producción adicional de electricidad renovable variable en el sistema energético.

No obstante, el texto también recoge que la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad disminuirá con el tiempo con la aplicación del Pacto Verde europeo y la cuota de energía procedente de fuentes renovables aumentará paulatinamente.

La Comisión seguirá esta evolución y reevaluará los requisitos establecidos en el reglamento cuando el objetivo de la cuota global de energía renovable establecida en la Directiva (UE) 2018/2001, que establece el marco general para aumentar la cuota de energía de fuentes renovables, incluida la electricidad renovable, con una meta a nivel de la UE de al menos el 45% para 2030.

En España necesitamos importar casi todo el gas natural que consumimos. Ya sea licuado por vía marítima, o por gasoductos. En 2020 fueron 31 bcm (billones de metros cúbicos), lo que nos sitúa como el onceavo país del mundo con mayores importaciones (el primero es China, que cuadriplica las nuestras). En 2010 fueron casi 36 bcm y en 2019 (antes de la pandemia) la misma cifra. Con importaciones cubrimos fundamentalmente dos vectores de demanda: el uso térmico para centrales de ciclo combinado que generan electricidad y el gas natural urbano para usos domésticos y de calefacción.

Importaciones de gas natural en España. Fuente: ENERDATA

La reciente inestabilidad del mercado del gas y la entrada de nuevos y crecientes demandantes (China a la cabeza) viene provocando un encarecimiento del precio de las operaciones nuevas de venta. De momento sabemos que estos precios han pasado de 18 euros a 60 euros (Mwh térmicos). Un encarecimiento impresionante que aconsejaría muy mucho tomar buena nota de la volatilidad de esta energía en los mercados globales y anclar más el sistema en fuentes propias y renovables. Analizamos en lo que sigue el impacto de esta inflación galopante del precio del gas en la generación de electricidad y en los usos domésticos.

Gas natural y electricidad

Para generar electricidad el gas natural aporta en España veinte de cada cien GWh generados. Por su parte las centrales hidroeléctricas y nucleares aportan en torno a treinta de cada cien. Con el sistema marginalista actual el encarecimiento del gas se está trasladando a los costes de los ciclos combinados y de estos al conjunto del sistema.

Como quiera que los precios de la electricidad en el mercado mayorista han pasado en los últimos doce meses de menos de 40 euros a más de 120 (Mwh) es fácil suponer que los beneficios caídos del cielo de la tarifa marginalista pueden ahora ampliarse para el conjunto de la generación hidroeléctrica y nuclear (que se favorecen en este sistema de la inflación del gas, pero no soportan sus costes) a 80 euros por Mwh. De manera que esta ganancia sobrevenida para estas tecnologías, que en 2019 aportaron unos 80 millones de MWh, podría generar unos superbeneficios potenciales de 6.400 millones de euros en un año.

Superbeneficios que pagamos los veintiocho millones de consumidores del mercado minorista de electricidad. Los llamo superbeneficios pues a los beneficios caídos del cielo que la tarifa marginalista ya les daba hasta 2019, hay que añadir los derivados de estarse triplicando el precio facturado pero no los costes respecto a dicho año.

Estos superbeneficios para las compañías generadoras podrían en realidad ser muy superiores, pues es más que probable que estén imputando los precios actuales del gas en los mercados internacionales a pesar de que se estén abasteciendo con gas contratado a unos precios muy anteriores en contratos de suministro a largo plazo. Si así fuese estarían realizando superbeneficios en la propia facturación de los ciclos combinados a unos precios del gas que en realidad pagarán en el futuro.

Gas ciudad para uso doméstico

Del total de gas importado por España en 2019, algo menos de la mitad (46%) se destina al consumo final en usos energéticos y no a la transformación (eléctrica o industrial). En este caso el impacto del encarecimiento de las importaciones de gas (casi del 300% en los últimos doce meses) hacia los consumidores finales (usos domésticos y calefacción sobre todo) dependerá de un doble condicionante: que el gas suministrado hoy se pague realmente a esos mayores precios por los comercializadores, y que les sea posible transferir esa eventual subida al consumidor. Los contratos cerrados hasta 2030 por Gas Natural–Naturgy por ejemplo con Sonatrach (Argelia) no parece que expliquen unos precios disparados a día de hoy.

De gestionarlo se encargan entidades como MIBGAS, S.A. y, sobre todo, ENAGAS MS-ATR (que cuentan como Consejero y Consejero Delegado con Marcelino Oreja o Isabel Tocino). En este caso el distribuidor dominante es Naturgy, seguida de Iberdrola y Endesa.

Caution! El mismo trío del que depende la generación eléctrica (con ciclos combinados) y el truco marginal con que están multiplicando los beneficios caídos del cielo (hidroeléctrica y nuclear).

Estas tres empresas juntas controlan el 86% de los casi ocho millones de clientes con suministro de gas (el 30 % de las viviendas de España) lo que las convierte en un oligopolio. De ellos ochenta de cada cien clientes tienen contratado un suministro a tarifa libre, y los veinte restantes están en la llamada “tarifa de último recurso”.

Con estas premisas en 2018 el precio para consumidores domésticos de gas ya superaba en España ampliamente el precio medio de la UE (y el de Alemania o Francia). Lo que ya obligó a diseñar un parche: “el bono social térmico, con cargo a los Presupuestos del Estado y destinado a que los hogares más vulnerables puedan hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente y cocina”. En esas seguimos, porque el Gobierno a lo sumo prometió el martes que “se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%”.

Conclusiones

Mi primera conclusión es que por razón de sus emisiones de CO2, por nuestra dependencia absoluta del exterior y por las turbulencias que transfiere el gas al sistema de precios de la electricidad y al conjunto de la economía, convendría cerrar progresivamente los ciclos combinados con gas natural en lugar de perseguir (con un lío jurídico asegurado) los superbeneficios que induce a los generadores de electricidad. Eso mientras no se abra camino en la UE un sistema de fijación de precios mayoristas que siga el sistema de media ponderada del IPC y no el actual sistema marginalista.

Este cierre tendría que neutralizarse por una doble vía en una cabal transición energética: aumentando el despliegue de las renovables (solar, eólica, biomasa, etc.), que con los precios actuales del gas pasan a ser mucho más viables y, al mismo tiempo, limitando al máximo las industrias electrointensivas que suponen en España un 10 % del consumo eléctrico. Por esta doble vía sería posible prescindir de la cuota de generación eléctrica del gas en España, y así evitar de raíz los muy graves desequilibrios y dependencia a los que conduce al conjunto del sistema eléctrico y al conjunto de la economía (familiar, comercial, industrial). Una situación que podría agravarse sin freno en los próximos trimestres.

La segunda conclusión debe referirse al uso del gas natural para el suministro urbano y de calefacción doméstica. En este caso para el treinta por ciento de los hogares españoles que han caído en las redes del oligopolio del gas debiera diseñarse una transición a la electricidad renovable y de proximidad. Porque garantizar esos aprovisionamientos a precios estables es hoy por hoy un piadoso deseo de corto plazo. Y si no lo es (porque los suministros actuales fuesen en realidad resultado de contratos a precios pre-pandemia) los superbeneficios reales derivados por la troika son de juzgado de guardia (CNMC).

Termino ya. A la vista de todo lo que precede, la propuesta del Gobierno de este día 14 de que parte de los super beneficios costeados a la troika eléctrica (Naturgy, Iberdrola, Endesa) por los veintiocho millones de siervos de la actual tarifa marginalista (unos 2.600 millones de euros), sirvan para amortiguar-topar la subida de la tarifa a parte de los ocho millones de abonados del gas cautivos de esa misma troika de nuestro capitalismo del contador, no pasa de ser un parche muy frágil. Pues no enfrenta el doble problema de fondo que aquí hemos analizado. Quizás por ser consciente de eso el presidente Sánchez, cuatro días después, ha propuesto en la cumbre europea de Atenas que la UE se plantee el diseño de una senda de autonomía estratégica respecto al gas y una revisión del sistema de fijación de precios. Claro que en estas cosas el diablo siempre está en los detalles.

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Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará este sábado por segunda vez en la última semana, hasta los 134,89 euros por megavatio hora (MWh), aunque será el tercer mayor precio de la historia, sólo superado por el dato del pasado jueves (140,23 euros MWh) y de este viernes (137,7 euros), informa Europa Press. 

De este modo, este indicador vuelve a dar un ligero respiro después de que haya marcado un récord tras otro entre el lunes y el jueves, según datos de OMIE recogidos por Europa Press. No obstante, el precio de mañana sábado triplica el existente hace un año, cuando se registró un precio medio diario de 43,97 euros por MWh.

Esta semana comenzó con el precio disparándose casi un 22%, para registrar el martes un alza del 5%, el miércoles del 1,5% y el jueves del 6%. Tras este rally alcista, este viernes el precio ha descendido un 1,8%, hasta los 137,7 euros, y mañana sábado bajará otro 2%, hasta los 134,89 euros MWh.

Es habitual que los fines de semana se moderen algo los precios respecto a los días anteriores. Atendiendo a las franjas horarias, la más barata de este sábado tendrá lugar entre las 17.00 y las 18.00 horas, cuando bajará a 106,30 euros. Por el contrario, la más cara se dará entre las 22.00 y las 23.00 horas, cuando el precio se disparará a 152,27 euros.

Los tres primeros días de septiembre ya tienen el récord de contar con los tres precios más altos jamás vistos en el mercado mayorista y, pese a los descensos de hoy y mañana, se espera que continúe en los próximos meses la tendencia alcista que se lleva viviendo desde hace meses.

Durante el mes de agosto, y en plena ola de calor, el precio fue marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh, el mes más caro de la historia, tras el de julio, que ya marcó otro récord, con un precio de 92,4 euros.

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará este viernes por primera vez en la última semana, hasta los 137,7 euros por megavatio hora (MWh), aunque continúa siendo el segundo mayor precio de la historia, solo superado por el dato de este jueves.

Se trata del primer respiro que da este indicador en toda la semana, después de que haya marcado un récord tras otro entre el lunes y el jueves, según datos de OMIE recogidos por Europa Press. En concreto, la semana comenzó con el precio disparándose casi un 22%, para registrar el martes un alza del 5%, el miércoles del 1,5% y el jueves del 6%. Tras este rally alcista, este viernes descenderá un 1,8%, hasta los 137,7 euros.

Atendiendo a las franjas horarias, la más barata tendrá lugar entre las 16.00 y las 17.00 horas, cuando bajará a 119,42 euros. Por el contrario, la más cara llegará entre las 21.00 y las 22.00 horas, cuando será de 147,57 euros.

Los tres primeros días de septiembre ya tienen el récord de contar con los tres precios más altos jamás vistos en el mercado mayorista, lo que pronostica que el precio seguirá experimentando la tendencia alcista que se lleva viviendo desde hace meses.

Durante el mes de agosto, y en plena ola de calor, el precio fue marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh, el mes más caro de la historia, tras el de julio, que ya marcó otro récord, con un precio de 92,4 euros.

Escribimos en nombre de la Asociación Di No a las Torres en el Valle de Lecrín, situado a las faldas de Sierra Nevada y a mitad de camino entre Granada y el Mediterráneo. En octubre del 2018, un grupo de vecinos del Valle tuvimos noticia de que Red Eléctrica (REE) pretendía construir una macro infraestructura de líneas de alta tensión que cruzarían por el medio del Valle y a la que acompañaba una sub-estación de 28.000 m2. El proyecto iba a suceder a espaldas de los vecinos y el destrozo que suponía era irremediable, sin aportar absolutamente nada a los habitantes del lugar. Solamente en términos de pérdida patrimonial suponía más de 320 millones de euros además del cierre de negocios y pérdidas de puestos de trabajo, despoblación, pobreza y un importante etcétera. Reunimos información, la compartimos con los vecinos y los medios, contactamos a las autoridades, presentamos alegaciones y conseguimos que se detuviera en mayo de 2019.

Ahora, en febrero de este año, el proyecto ha vuelto a aparecer en el Plan de Energía Nacional. El plan recoge la construcción y ampliaciones de la sub-estación, si bien no se dice nada sobre las líneas. Además, en estos meses ha aparecido un nuevo proyecto que se añade al de REE: la empresa Villar Mir pretende construir una planta hidráulica para producir energía que evacuaría hasta la sub-estación mencionada, cruzando el Valle con más líneas de alta tensión, además de sub-estaciones adicionales y aerogeneradores como secuelas del proyecto principal.

Paralelamente, en estos dos últimos años, se viene hablando cada vez más de las “energías verdes”, de la descarbonización y las energías renovables, de la necesidad también de cuidar la España rural y evitar que se siga vaciando, de hacer propios los Objetivos del Milenio –todo lo cual es evidente que compartimos–. Pero la realidad es que detrás de este discurso se siguen planteando proyectos como los que hoy amenazan al Valle.

Cambiar la matriz energética a un medio de producción eficiente y renovable es un requisito previo para el desarrollo sostenible que el planeta necesita. Sin embargo, es fundamental preocuparse no solo por el tipo de energía, sino también por la manera de gestionarla y producirla. No es difícil ver, por ejemplo, que los grandes parques de producción de energía eólica y solar están generando una situación de agresión igual de grave al bioma. En nombre del “desarrollo verde”, de cambiar la matriz energética a una necesaria producción limpia y sostenible, se destruyen cientos de hectáreas de producción agrícola, de entorno natural, de puestos de trabajo y medios de vida para dar paso a macro granjas de paneles de captación solar y aerogeneradores que conllevan desertización, pobreza y el consecuente abandono del entorno rural.

En el caso del Valle de Lecrín, candidato a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como ejemplo del olivar nazarí, los proyectos de REE y de Villar Mir entrañan la artificialización del territorio o, lo que es lo mismo, la destrucción del entorno natural y agrícola para convertirlo en industrial. De esta artificialización sigue la pérdida de ingresos, de puestos de trabajo y patrimonio, la despoblación, el riesgo para la salud por la contaminación electromagnética, la destrucción de flora y fauna. En síntesis, dichos proyectos son una amenaza a los bolsillos, la salud y el patrimonio de los 23.000 habitantes del Valle en favor de otros intereses y un modelo de desarrollo que no se compadece con lo ecológico y lo verde.

Cuidar la casa común es cuidar todos los aspectos de la vida. De nada sirve explotar un recurso natural renovable con un proceso que ataca a otros recursos naturales que son fundamentales para la vida de todos en el planeta. De nada sirve la agresión a la cultura y economía de los pueblos, a su forma de vivir y producir transmitida de generación en generación si la instalación de grandes infraestructuras para la gestión y producción de energía “verde” en la España rural consolida la España vaciada.

En realidad, se utiliza la transición ecológica y se camufla detrás de ella un modelo de desarrollo y unos intereses que pretenden seguir haciendo exactamente lo mismo que siempre se ha hecho. Son los mismos pelotazos económicos, ahora en nombre de lo ecológico, que no consideran los destrozos y el deterioro que puedan entrañar, en este caso, para los habitantes y el hábitat del Valle de Lecrín. Como advertía El Gatopardo, se busca cambiar todo para que todo siga igual –esta vez en nombre de lo “verde”–.

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Rose M Vargas y Beatriz Ivo. 'Asociación Di No a las Torres en el Valle de Lecrín'. Granada

La gestión realizada por grandes inversores capitalistas de los recursos fósiles (carbón, petróleo, gas), y su transformación en electricidad o combustibles líquidos es la causa del más que previsible colapso climático que amenaza la vida en la Tierra. Una razón más que suficiente para abandonar esa gestión energética cuanto antes.

Sucede que, para complicar la posibilidad de tal abandono, el desarrollo e implementación a escala global de esas tecnologías ha venido conformando un mega sistema (autopistas, aeropuertos, grandes centrales de generación, oleoductos, flotas petroleras, redes de alta tensión, etc.) de producción, distribución y consumo en las antípodas de la escala que sería adecuada para abrir camino a sus alternativas renovables.

Nos encontramos ante la paradoja de que, con frecuencia, las alternativas renovables son desarrolladas por grandes inversores y gigantes de la economía fósil, que lo harán siempre a la medida de sus cálculos de rentabilidad empresarial y de sus estrategias de amortización de inversiones previas. El resultado será una escala inadecuada y un ritmo de transición energética irrisorio.

Una pesadilla heredada

Además del regalo del tenebroso escenario de incertidumbre climática, esta economía del capital fósil es una ratonera (fruto envenenado de la historia, pesadilla estructural legada por el pasado, los llamó Andreas Malm) para la necesaria transición al mundo de no carbono.

Una ratonera de megaescalas, megamáquinas, megaredes o megapoder controlada por muy grandes inversores y grupos financieros. Un diseño tecnológico gigantesco que bloquea las alternativas centradas en lo resiliente y lo local. Ratonera de desarrollo tecnológico que, por cierto, se está replicando a lo loco en el entorno digital.

Según el análisis del citado Malm, ya en su origen esta economía fósil creció para evitar el uso de recursos renovables (agua, viento, leñas,…) y de trabajo humano directo. Pues resultaban ser recursos menos “dóciles” para grandes inversores capitalistas.

La carbonización conformó así una senda dependiente de oleoductos, petroleros, autopistas, refinerías, térmicas, etc. Infraestructuras diseñadas para alimentar enormes factorías o gigantescos centros de consumo de energía. Preferentemente asociadas a aglomeraciones urbanas gigantescas y centralizadas. Muy lejos de la escala de una fuente local renovable, descentralizada y próxima. Se supone que para rendir culto a la santa productividad.

A día de hoy eso se pone, por ejemplo, de manifiesto en el abrumador desequilibrio entre generación y consumo eléctrico en las dos mayores mega urbes de España según esta impactante infografía de Red Eléctrica Española.

Consecuencias de la mega escala eléctrica en España

Fuente: Red Eléctrica de España

Vivimos atrapados en una concentración de consumos y consumidores que condiciona y colisiona nuestra necesaria transición energética. Con lo que, por ejemplo, la electrificación de la movilidad urbana (para evitar los combustibles fósiles) en tales mega metrópolis podría incluso reforzar el recurso a aprovisionamientos lejanos no renovables (cargando nuestras baterías con recursos de centrales nucleares o térmicas). O, como mínimo, a hacerlo con centrales (hidráulicas, eólicas, solares, biomasa) de un tamaño desmesurado y desde distancias con pérdidas de transporte considerables.

Se explica así que entre nosotros Iberdrola, Endesa o Naturgy planteen reconvertir grandes térmicas en mega centrales de presunto hidrógeno “verde”, mientras no descansan para ampliar el parque nuclear (ahora nombrada como electricidad “limpia” y libre de emisiones). Parapetados en la necesidad de sensatos “puentes” de transición, consideran indispensables las centrales nucleares y las centrales térmicas con presunta captura de carbono. Incluso chantajeándonos con el precio de la electricidad.

En todo esto afloran las servidumbres de lo que se denominan estrategias dependientes de la senda. Situaciones en las que las decisiones tecnológicas del pasado condicionan los desarrollos futuros. Calificaba esto –en mi ensayo “Caminos de incertidumbre”– como un gigantismo centralizado muy querido por los inversores financieros.

Por tanto no va a ser fácil abrir camino a lo pequeño, local, resiliente, renovable… frente al chantaje de lo grande, de lo existente. Grande y existente que, ya en su día, se construyó clausurando las viejas opciones renovables.

Ejemplos de estas servidumbres –a mega productores y consumidores lejanos– los tenemos en las iniciativas British Petroleum y Shell desistiendo de sus apuestas eólica y solar en 2006, o en el mega parque solar en el Sahara (Desertec, abandonado por Desertec II y que pronto abandonaron E.ON, Bosch y Siemens) con tendidos submarinos y superredes hacia Europa. O en mega parques eólicos marinos mar adentro (Seatec en el Mar del Norte o de Iberdrola en las costas gallegas).

METÁSTASIS MEGA PARA LAS FUENTES RENOVABLES

Fuente: Desertec en Wikipedia

Alternativas de sostenibilidad

La senda fósil capitalista heredada, al tiempo que insiste en gestionar lo renovable a la escala que marca su racionalidad inversora (mega y a corto plazo) reacciona siempre como ante una amenaza frente a lo local, de largo plazo y no monetizable.

Y ello aunque cada día que pasa sean menos relevantes los argumentos que ningunean las fuentes renovables por unos costes directos se han reducido a la cuarta parte en los últimos diez años según Naciones Unidas (PNUD 2020: 83). Siendo así que, a pesar del escepticismo de esos mega inversores, habrían sextuplicado su importancia en capacidad de generación instalada. Una progresión tanto más valiosa por cuanto, hasta ahora, ni las energías fósiles incluyen sus impactos ambientales negativos como costes, ni las renovables (como la solar) reciben subvenciones directas por el monto de los daños ambientales que evitan.

El autoconsumo local, con empresas municipales de suministro, cooperativas y comunidades de productores o de vecinos, como bien señalaba Hermann Scheer (2011: 212-214), debiera ser la alternativa a una gestión mega de la transición energética diseñada por los actuales grandes productores y distribuidores. Como –con razón– se está discutiendo en Galicia o en Teruel sobre la mega solar-eólica. Renovables sí, pero así no.

Estamos ante dos sendas alternativas en el uso de los fondos Next Generation. Solo una de ellas nos conducirá a un modelo de sociedad más sostenible basado en energías renovables (ver aquí). No lo será, por ejemplo, la que simula conjugar energías renovables con hidrógeno verde en nuestro Plan de Recuperación.

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Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España. Acaba de publicar su ensayo “El regreso de China. ¿Chimérica o Telón Digital?”

La contaminación provocada por la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas está detrás de la muerte de 4,5 millones de personas al año en todo el mundo y genera un coste de 2,900 billones de dólares anuales, lo que supone el 3,3% del Producto Interior Bruto (PIB) del conjunto del planeta, según un informe elaborado por Greenpeace y por el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA).

De estas cifras, en España la contaminación por la quema de combustibles fósiles supone un coste de 23.631 millones de dólares al año en España (1,68% del PIB).

El estudio 'Aire tóxico: El precio de los combustibles fósiles' estima que al año fallecen 40.000 niños menores de cinco años por la exposición a micropartículas PM 2,5 procedentes de los combustibles fósiles.

El trabajo analiza el coste global de la contaminación procedente de los combustibles fósiles e incluye también los costes sanitarios adicionales, como los días perdidos por baja por enfermedad o muerte prematura en relación a la demografía de cada país.

"La contaminación del aire es una amenaza a nuestra salud y a nuestra economía. Cada año, la contaminación generada por los combustibles fósiles se lleva millones de vidas e incrementa los riesgos de padecer ataques, cáncer de pulmón y asma, además de costar billones de dólares", ha asegurado la responsable de la campaña Aire Limpio de Greenpeace en el sudeste asiático, Minwoo Son.

Para Son, sin embargo, este es un problema cuya solución es conocida, ya que se trata de evolucionar a fuentes renovables de energía, poner fin a los coches diésel y gasolina y fomentar el transporte público.

Además de los fallecimientos por PM 2,5, el dióxido de carbono de los vehículos y las centrales eléctricas se relaciona con unos 4 millones de nuevos casos de asma infantil cada año. En la actualidad, hay 16 millones de menores afectados por asma por la exposición a NO2.

La ONG insiste en que si se termina con los combustibles fósiles se observarían "importantes" beneficios sanitarios y económicos. De hecho, un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que por cada dólar invertido bajo la ley de aire limpio de ese país generó al menos 30 dólares de beneficio.

España

En la actualidad, China, India y Estados Unidos son las regiones que más costes asumen por la mala calidad del aire, pero los países de la Unión Europea no son ajenos a los aspectos derivados de la contaminación de los combustibles fósiles.

El informe vincula 398.000 muertes prematuras en la UE a enfermedades provocadas por la quema de carbón y derivados del petróleo, como la gasolina o el diésel.

En el caso de España, el coste de la contaminación causada por los combustibles fósiles alcanza los 23.631 millones de dólares anuales en el escenario más probable, lo que equivale al 1,68% del PIB.

De hecho, los incumplimientos en calidad del aire en España han provocado que la Comisión Europea lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de modo que podría llegar una sanción millonaria por la inacción de los sucesivos gobiernos para garantizar la calidad del aire desde el año 2010.

El responsable de Movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández, ha denunciado que diez años después de la entrada en vigor de la Directiva Europea, España "sigue incumpliendo" los niveles máximos de NO2 y pone en riesgo la vida de hasta 35.000 vidas al año.

"Pese al enorme coste económico y social que tiene la contaminación, todavía hay administraciones que siguen promoviendo el uso de combustibles fósiles: incentivando el uso del coche en las ciudades, amparando la construcción de nuevos aeropuertos o retrasando el cierre de centrales térmicas, lo que pone en riesgo no solo nuestra salud, sino también la necesaria reducción de emisiones para hacer frente a la crisis climática", ha subrayado Fernández.

En este contexto, la ONG recuerda que los sectores del transporte y la generación de energía eléctrica son los principales causantes de la contaminación atmosférica y exige a los gobiernos que tomen las medidas necesarias para limitar el uso de combustibles fósiles y evitar así que la población siga respirando un aire tóxico.

Este viernes 24 de mayo ha arrancado la segunda huelga mundial por el clima bajo el lema Cambiemos el sistema, no el planeta, el último reclamo a los gobiernos europeos para que declaren el estado de emergencia climática y que sea vinculante. Más de 20 colectivos ambientales –entre los que han destacado Fridays For Future, Extinction Rebellion y Madres x el Clima– apoyan esta medida como un primer paso para asignar a la crisis climática la tranversalidad que, sostienen, se merece.

La marcha global, o Global Strike, tiene lugar en más de 50 localidades españolas tanto por la mañana como por la tarde de este 24M, y en unas 1.500 ciudades de 114 países. Esta movilización, que se prevé masiva, viene precedida de la petición unánime que 26 colectivos, ONG y movimientos sociales por el clima hicieron a las administraciones europeas y nacionales el mismo día en que se constituyó la decimotercera legislatura española, el pasado 21 de mayo, para que declarasen la emergencia climática.

Señores diputados, ¿qué pasa con los grados? Señores diputados, ¿qué pasa con los grados?ha sido el cántico con el que la marcha ha enfilado la . Activistas y colectivos no han podido acercarse a menos de 50 metros del Congreso de los Diputados, cuyo acceso ha sido restringido por la Policía Nacional. Desde las inmediaciones de la Cámara Baja los activistas han leído un manifiesto en el que han reclamado al próximo gobierno que declare el "estado de emergencia climática" en España, y lo exija a la Unión Europea: "Que se comprometan a impulsar medidas concretas y urgentes para alcanzar, como mínimo, los objetivos establecidos en los Acuerdos de París y cumplir las recomendaciones establecidas por el IPCC".

Al finalizar la concentración, tampoco se les ha permitido caminar por la Carrera de San Jerónimo con las pancartas en mano.

Los manifestantes no han parado de entonar proclamas de protesta: Rebelión o extinción; Es una crisis, no es un cambio; Planeta, escucha, somos tu lucha; Para cambios sin precedentes hacen falta medidas sin precedentes; Estaríamos en clase si nos escucháseis; No tenemos tiempo; A ti, que estás mirando, también te está afectando.

Entre los ruegos con que se significan la huelga y la manifestación por el clima destacan que las administraciones digan la verdad y tomen medidas efectivas, que la acción climática ocupe un lugar privilegiado de las agendas políticas y que esta medida se acompañe de un cambio categórico de las políticas comerciales internacionales. También solicitan que los gobiernos garanticen una reducción anual del 7% de los gases de efecto invernadero con el objetivo de abandonar los combustibles fósiles, apuesten por una energía 100% renovable y, así, evitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Asimismo a las grandes empresas les piden que contribuyan a la creación de una sociedad justa y sostenible y que se democraticen los sistemas energéticos, alimentarios y de transporte. Por último, que la sociedad en su conjunto se implique y pida más participación y control sobre los asuntos que le incumben.

Ante el dato de que el 20% de la población mundial absorbe el 80% de los recursos naturales, las organizaciones defienden que han de ser los países enriquecidos los que asuman mayores compromisos, pero teniendo en cuenta que las medidas del mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de la transición ecológica. La vida del planeta, incluyendo la de las personas, depende de los ecosistemas que el modelo extractivista y mercantilista vigente está destruyendo.

Se espera que en España se manifiesten unas 45.000 personas, si bien medio millar de jóvenes se han manifestado durante la mañana de este viernes. El pasado 15 de marzo, fecha de la primer huelga global por el clima, más de 40.000 jóvenes españoles salieron a las calles. Aunque ONG como Fridays For Future o Juventud por el Clima la han planteado como una huelga educativa con miras a defender el derecho de la juventud a un futuro, toda la ciudadanía está convocada a participar y sumarse a las exigencias colectivas.

Concretamente, Extinction Rebellion, Greenpeace, Fridays For Future, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, SEO Birdlife, WWF España, Red Ecofeminista, 2020 Rebelión por el clima, Climate Reality Project, Entrepueblos, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Observatorio de la Sostenibilidad, Teachers for Future Spain, Foro Transiciones, Madres por el Clima, InspirAction y otros diez colectivos suscribieron las demandas para una transición responsable y justa del modelo energético.

Si bien cada ONG o colectivo mantiene su forma abordar la crisis que definen como "ecosocial", han admitido que habrá cada vez más colaboraciones entre los colectivos.

Por otra parte, la plataforma Complutenses x el Clima, inspirada en el movimiento Fridays For Future, ha remarcado la necesidad de que las universidades tomen la iniciativa para adoptar medidas inmediatas, efectivas y ejemplares en sus propios campus en base a la evidencia científica. Ante la masiva movilización de jóvenes preuniversitarios exigen al Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense a través de firmas que apruebe una serie de medidas encaminadas a alcanzar para sus centros un sistema energético 100% renovable en 2030.

El 24M en otros países del mundo

Se plantean manifestaciones en los cinco continentes. Decenas de miles de jóvenes de toda Europa y de hasta 114 países han salido este viernes a las calles de las principales ciudades para reprochar a los líderes mundiales su inacción frente a la crisis climática. Desde Portugal a Finlandia, Reino Unido, Italia, Gren Bretaña, Escocia, Argentina, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Chipre, República Checa, India, Filipinas y muchos países más.

Más de 27.000 alemanes han salido a las calles de Berlín, Hamburgo y las principales ciudades de Alemania para reivindicar "protección climática" en lugar de mantener la "contaminación por carbón". Han llamado a parar "a los asesinos del clima": "Estamos aquí gritando porque estais robando nuestro futuro".

Estudiantes participan este viernes en una manifestación en contra del Cambio Climático en Colonia (Alemania).

  En Estocolmo, la capital sueca, unos 8.000 jóvenes se han manifestado al tiempo que Greta Thunberg animaba a políticos y adultos a afrontar la crisis climática: "Estamos en medio de una crisis existencial y es tiempo de salir de ella".

En Estados Unidos también han tenido lugar varias protestas por el clima. La más destacada, concretamente, se ha desarrollado frente a la Casa Blanca. La creciente preocupación social ante los avisos y evidencias de los científicos han hecho que la crisis climática se convierta en un asunto tan polémico como el aborto o la tenencia de armas.

Cientos de estudiantes se manifiestan frente a la Casa Blanca para exigir medidas contra el cambio climático (Estados Unidos). EFE

En Cannes, Francia, donde se está celebrando el 72º aniversario del Festival de Cine de Cannes, los manifestantes hicieron una sentada en plena carreteta para presionar al Gobierno de Macron que tome medidas más contundentes contra el cambio climático. Miles de jóvenes gritaban consignas como "¡Estamos más calientes que el clima!" o "Un, dos, tres grados... ¡Es un crímen contra la humanidad, un crímen contra la biodiversidad!".

Según informa Corriere Della Sera, cientos de jóvenes italianos han desfilado por las calles de Roma para pedirle al alcalde de la capital una resolución de emergencia climática, tal como ya han conseguido en Milán.

Estudiantes protestan este viernes contra el cambio climático en Roma (Italia). EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37 por ciento en 2030 y "al menos" un 90 por ciento en 2050 para luchar contra el cambio climático, con una estrategia de transición "pionera" para asumir el reto, pero teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables. Informa Europa Press.

Durante su intervención de tres minutos en la sesión inaugural de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia), Sánchez ha anunciado que España se ha adherido a la declaración impulsada por el presidente de Austria y anima a otros países a sumarse porque en la actualidad el planeta está "lejos" de cumplir los objetivos de clima adoptados en 2015, el Acuerdo del Clima de París.

Si bien ha señalado que es consciente de los efectos de la descarbonización en algunos colectivos y, por ello, ha anunciado que España va a ser "pionera" en el diseño de una estrategia de transición justa que tenga en cuenta el impacto en zonas más específicas y muy en particular en las comarcas mineras. Para Sánchez, este es el momento de "fortalecer" el multilateralismo y poner en marcha los compromisos adquiridos y avanzar en la plena aplicación de los Acuerdos de París. "La hoja de ruta es clara: reducción de emisiones, desarrollo económico sostenible y justo, inclusivo y sociedades adaptadas al cambio climático", ha resumido el presidente.

A su juicio, la cumbre de Katowice debe suponer un antes y un después para sentar las bases de una visión "más ambiciosa" para asumir "mayores responsabilidades". En ese sentido, ha dicho que su Gobierno quiere ir "más allá" de estos compromisos porque España es un país "vulnerable" a los efectos del cambio climático pero "concienciado". Así, en el marco de la coalición para la neutralidad del carbón, ha confirmado la voluntad de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, con varias sendas en 2020, 2030 y 2050, y quiere movilizar 900 millones de euros anuales a partir de 2020.

Ante el plenario al que asistían jefes de Estado y de Gobierno, el presidente ha anunciado que la ley de cambio climático y transición energética se presentará "en breves días" en el Congreso de los Diputados y ha explicado que ese texto incluye una perspectiva "trasversal" a toda la acción del Gobierno. Así, ha añadido que la apuesta de su Ejecutivo es eficiencia, energías renovables y movilidad eléctrica, para lo que se fijarán "objetivos claros y ambiciosos" de cara a 2020, 2030 y 2050 porque, en su opinión, se necesita dar certidumbre y confianza "no solo" a los inversores económicos, sino "especialmente" a los ciudadanos.

En concreto, ha dicho que su propuesta es reducir un 37 por ciento las emisiones en 2030 y al menos un 90 por ciento en 2050, para alcanzar la neutralidad de carbono. "La calidad del aire, el impacto sobre los colectivos más vulnerables y la modernización de la industria son motores de nuestro compromiso", ha defendido. Sánchez quiere aprobar un paquete de medidas para luchar contra el cambio climático y trabajar en una senda "viable" de descarbonización de la economía pero es consciente del impacto de estas medidas en territorios, sectores y los colectivos más expuestos, algo que se paliará con la estrategia de transición justa "pionera" que tendrá en cuenta el impacto en zonas "más específicas" y "muy en particular" en las comarcas mineras.

Del mismo modo, ha mostrado el apoyo a la declaración sobre solidaridad y transición justa presentada en Katowice y que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones sindicales a nivel internacional. "El momento es ahora. España tiene clara su elección, que es actuar por una transición inaplazable, urgente y que solo dará frutos si todos actuamos desde la honestidad, el sentido común y la responsabilidad. Debemos elegir: seguir en la inacción o actuar conjuntamente frente a la tentación del repliegue mediante un liderazgo colaborativo", ha concluido.

Greenpeace anima a Sánchez a actuar "en consonancia" con sus anuncios

Greenpeace ha celebrado que Sánchez califique el cambio climático como un desafío "real y urgente" frente al que hay que actuar de forma conjunta y ha respondido a su intervención pidiéndole que acelere la transición energética y que, para ello, ponga fecha de cierre de energías sucias y peligrosas, y que emita señales claras para impulsar las energías renovables para la protección ambiental. Ha reclamado también al Gobierno que se aumenten los planes de formación para todas las personas en las regiones afectadas por la transición. La ONG ve positivo el apoyo del presidente a la declaración de Silesia y al llamamiento de la Presidencia europea de Austria para acelerar el cambio.

Ante los compromisos adquiridos por Sánchez, Greenpeace ve "urgente" hacer todo lo posible por acercar el sistema eléctrico a un mix 100 por 100 renovable en 2030 y a reducir a cero las emisiones netas en 2040. De esta forma, especifican que el Plan Nacional de Energía y Clima debería incluir un calendario para el fin de las centrales nucleares cuando vayan terminando sus licencias actuales de explotación, y que 2025 sea el año límite para cerrar las centrales térmicas de carbón.

Oxfam exige a los Gobiernos medidas decisivas para combatir el cambio climático

Oxfam ha reclamado a los Gobiernos medidas decisivas para combatir el cambio climático y evitar una catástrofe humanitaria global ante la Cumbre COP24. La ONG advierte de que la sequía afecta a casi 16 millones de personas en el Cuerno de África y si no se adoptan medidas urgentes para 2050, 143 millones de personas se verán obligadas a desplazarse en África Subsahariana, sur de Asia y Latinoamérica, según el Banco Mundial. Oxfam Intermón ya ha dado cuenta de que se observan los efectos del aumento de 1 grado centígrado de la temperatura del planeta tales como comunidades arrasadas por el fuego, las tormentas e inundaciones.

Sin embargo, la ONG critica que los Gobiernos continúan sin cumplir con sus compromisos para reducir las emisiones que llevarán a un aumento de la temperatura global de 3ºC, exige la toma de medidas valientes y audaces y destaca que los países más ricos y emisores deben seguir estos pasos para atajar el cambio climático.

En enero de 2017, en plena ola de frío y durante la escalada de precios que disparó la cuantía del recibo de la luz de los consumidores domésticos un 27% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se encomendaron a la lluvia y la entrada de la energía hidráulica en el mix de energía para que bajara el precio de la luz. "Producir la electricidad con agua es mucho más barato, y con viento, también", dijo el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Onda Cero. 

Ahora, casi año y medio después y con un 2018 muy húmedo –la precipitación media sobre España ha superado en un 80% el valor normal entre enero y abril, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología– cabría esperar que las lluvias tuvieran ese deseado efecto en el recibo. Pero no está ocurriendo así. Este martes la OCU advirtió de que la factura doméstica de este mayo será la más cara desde que entró en vigor la actual tarifa regulada, en 2014. En abril también se había encarecido un 6,2% respecto al mes anterior, quedando tan sólo a niveles un 2% inferiores respecto al mismo mes de 2017, que fue seco y extremadamente cálido. 

¿Cómo es posible que el recibo de la luz no haya bajado de manera sustancial después en un período de frecuentes lluvias como el actual? Los expertos en el mercado eléctrico consultados por infoLibre atribuyen esta circunstancia a dos hechos concretos: el propio funcionamiento del mercado mayorista, el llamado pool, en el que cada hora del día durante los 365 días del año se cruzan la oferta de venta de los productores y la demanda de compra de las comercializadoras; y la falta de competencia en el mercado de la generación, que está principalmente en manos de las tres principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa). 

El pool está referenciado al precio de las energías más caras, que son el carbón y el gas y que teóricamente ofertan al precio que marcan sus costes variables, especialmente el combustible, también en alza. Es decir, es un mercado con un solo precio para toda la electricidad con independencia de cuál sea la tecnología y la fuente energética desde la que se genera. Por ejemplo, centrales como las nucleares, las eólicas y solares, que ofertan a precio cero o muy próximo a él, se retribuyen igual que las energías fósiles. Y es ese precio marcado en el pool es el que se traslada a los clientes que tienen contratada la tarifa regulada o PVPC. 

¿Y qué ocurre con la energía hidráulica? "Los propietarios de esas centrales ofertan al llamado coste de oportunidad, que no tiene nada que ver con el de producción, y que se realiza sobre una estimación del precio al que ofertarían las centrales que las sustituirían si no casaran en el mercado, que son las de carbón y gas. Hacen ofertas algo inferiores a las de estas tecnologías y así se adjudican la producción", explica el ingeniero Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables y experto en regulación. 

"Además, como es una tecnología que permite almacenar energía en forma de agua embalsada, hacen esa estimación para cierto horizonte temporal. Por ejemplo, si estiman que el precio del gas va a subir en los próximos seis meses, deciden hacer ofertas muy altas para que no casen y guardarse agua en sus embalses", añade. Todo esto, claro está, mientras las empresas no tengan la necesidad de desembalsar para evitar que una avenida impida regular los cauces con seguridad, aunque tengan que ofrecer la energía a precio cero. "Por lo tanto, no basta con que llueva, tiene que diluviar para que baje el efecto de la luz por el precio del agua", ilustra Morales de Labra. 

"Todavía no se ha dado esa circunstancia de que las centrales estén obligadas a desembalsar y tampoco se va a dar este año, dado que el agua tiene una estacionalidad. Aunque ha llovido mucho, la mayoría de los embalses hidroeléctricos todavía no han llegado al 85% de su capacidad. Con lo cual, siguen acudiendo al mercado al precio de las energías fósiles. Y si el precio de estas energías sube, como está ocurriendo ahora, el del agua también", señala el ingeniero Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico. 

Propuestas

La sobrerremuneración hidroeléctrica es muy beneficiosa para las compañías, especialmente para Iberdrola, que tiene en su poder gran parte de la generación de electricidad a partir de energía hidráulica. Morales de Labra cree que haría falta un cambio regulatorio para que el precio al que se vende esta energía sea próximo al que cuesta realmente producirla y que está muy alejado del coste de quemar carbón o gas.

"No hablo de una intervención, sino de sacar del mercado mayorista a las centrales hidroeléctricas para que sean consideradas como un servicio de almacenamiento, no de producción y que puedan competir, por ejemplo, con baterías. Red Eléctrica podría ser la encargada de gestionar en qué momento se ponen a producir esas unidades. Esta es una opción muy interesante teniendo en cuenta que vamos hacia un modelo renovable en el que la capacidad de almacenamiento es crítica", subraya. 

Valverde considera que más que en el marco regulatorio y el modelo marginalista, que existe en el resto de países europeos, el problema está en la falta de competencia. "La generación está en manos de tres compañías: Iberdrola, que controla la mayoría del agua; Endesa, que hace lo propio con gran parte del carbón; y Gas Natural Fenosa, que tiene en su poder los principales ciclos combinados. La cuestión es que no hace falta ni que se pongan de acuerdo, ni que hablen siquiera, pues siendo tres ya saben lo que van a hacer las demás", señala. Y recuerda que esa concentración también se traslada a la comercialización, donde las tres copan el 85% del mercado.  

A su juicio, en la cuestión concreta de la energía hidráulica, la solución a esta falta de competencia podría propiciarse impidiendo que las empresas que actualmente gestionan centrales hidroeléctricas no puedan acceder a las nuevas licitaciones conforme vayan venciendo las concesiones que están actualmente en vigor. La mayoría de centrales son embalses construidos en los años cuarenta y cincuenta en las que las citadas compañías operan en forma de concesión. "Eso permitiría acceder a más actores al mercado. Y aunque no hubiera una caída espectacular de los precios por el marco regulatorio, al menos sí habría competencia", sentencia. 

Un informe de  la consultora finlandesa Pöyr, encargado por la Comisión Europea, ha generado serias dudas sobre la apuesta sin ambages de Bruselas por el gas natural como combustible de transición entre un pasado sucio y un futuro limpio y sostenible en materia de energía. El documento, desvelado por La Marea, es un análisis de costes y beneficios del gasoducto proyectado entre España y Francia: STEP, la primera fase del proyecto MidCat de conexión energética entre los dos países. Enormes tuberías que trasladan el combustible fósil desde donde se extrae hasta donde se consume.

La consultora asegura que los costes, como en cualquier infraestructura de este tipo, son elevados, pero que los beneficios son muy limitados. No pasará tanto gas como se vende, ni siquiera en escenarios de corte de suministro de las fuentes habituales, lo que pone en duda el argumento de la Comisión Europea y del lobby gasista de la "seguridad" para justificar las inversiones. Y, de paso, pone el foco en una apuesta que tiene poco de acción climática y, como denuncian activistas de la causa, mucho de geopolítica, de grandes masas de dinero y de connivencia entre lo público y lo privado en los despachos de Bruselas.

El gas natural, conocido por su papel en la calefacción doméstica, es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, un combustible fósil que, además, se utiliza en las centrales de ciclo combinado para generar electricidad. Es, efectivamente y como venden sus defensores, mucho más limpio en su quema que el petróleo o el carbón, dos de sus competidores. Emite mucho menos CO2, pero se suelen obviar las fugas de metano, uno de los principales componentes de la mezcla y uno de los más destructores gases de efecto invernadero. Y su control, venta y distribución genera tensiones.

La más conocida batalla de las que se han llegado a llamar guerras del gas fue el corte de suministro que realizó la rusa Gazprom a toda Europa en 2009, en plena tensión con Ucrania. Fue entonces cuando en el seno de la UE se instaló la doble idea de acabar con la dependencia de Rusia, principal suministradora, y de tumbar barreras en el mercado energético del continente. Y que fluyera el gas y los millones. A la determinación se le llamó Unión de la Energía, y junto a Clima forma parte de una de las "prioridades" del Ejecutivo comunitario, según se puede leer en su web.

La determinación no es oculta, ni hace falta sumergirse en declaraciones, ni leer entre líneas. La Unión de la Energía solo se consigue con enormes gasoductos, con regasificadoras (que reimpulsen con fuerza el gas para que recorra grandes distancias dentro de las tuberías) y con instalaciones de licuefacción que conviertan el gas natural en gas natural licuado, en estado líquido, que pueda ser transportado por carretera en camiones. Muchas de estas obras se pueden ver en el siguiente mapa, donde la Comisión Europea presume de sus Proyectos de Interés Común (PIC), algunos ya construidos y otros proyectados. Los PIC se renuevan periódicamente y suponen una puerta abierta a facilidades administrativas e inyecciones de crédito de las instituciones de inversiones europeas.

Mapa de Proyectos de Interés Común (PIC) de la Comisión Europea.

Como se puede comprobar, gran parte de esos PIC están relacionados con el gas (en rojo) y, específicamente, con gasoductos (líneas rojas). Y como se puede comprobar en otro informe de hace unos meses, efectivamente, gran parte del dinero que sale, entre otros, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) va a parar al gas, una energía sucia y contaminante, a pesar de que el Banco Mundial ha recomendado explícitamente lo contrario.

El caso del Corredor Sur de Gas

Llama la atención, en un primer vistazo al mapa, la gran línea roja al sur, desde Azerbaiyán hasta Italia. Se trata de la megaestructura gasística del Corredor Sur de Gas (CSG), que lleva el combustible desde Oriente hasta Occidente y que consta de tres gasoductos, uno detrás de otro, que suman en total 3.500 kilómetros y que han costado 45.000 millones de dólares, sufragados en parte por un préstamo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El rechazo ecologista a este proyecto ejemplifica el rechazo en general al gas como el caballo ganador de la Unión Europea en materia de soberanía energética.

El Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha editado este mes un informe titulado La trampa global del gas y firmado por Alfons Pérez que, entre otros puntos, analiza las inconsistencias del CSG. Parte de un repaso por los gasoductos ya en funcionamiento en el mundo para concluir que la gran mayoría están infrautilizados y no transportan todo el gas que podrían por su capacidad, por lo que Pérez entiende que otra gran instalación no es necesaria. "Pese a la infrautilización de las infraestructuras existentes, la planificación de nuevos proyectos parece imparable", advierte el investigador.

El Corredor Sur del Gas, a juicio de Pérez, representa todos los pecados de la defensa del gas en la Unión Europea. Supone una colaboración estrecha de Bruselas con Azerbaiyán y Turquía, países cuyo compromiso con los derechos humanos es fuertemente cuestionado. Su instalación presupone que el gas natural va a seguir siendo utilizado como combustible a largo plazo, descartando un escenario donde predominen las renovables. El ministro de Energía azerí, Natig Aliyev, aseguró que la viabilidad económica del proyecto está garantizada puesto que "seguirá en activo por 50 años", algo incompatible, a juicio del Observatorio, con los objetivos de reducción de emisiones de la UE en 2030 y 2050 "teniendo en cuenta que se pretende aumentar la capacidad de importación del Corredor en un futuro". Y, como cabía esperar, el impacto de la infraestructura sobre el territorio. Las tuberías destartalan bosques, cambian el modo de vida de agricultores de todos los países afectados y dañan los ecosistemas y paisajes locales.

Las razones del rechazo 

Son contras que se extienden a muchas de las relaciones gasísticas de la Unión Europea. El documento analiza tres índices de los países exportadores: el de desarrollo humano, el de democracia y el de Paz Global, que analizan la educación, la salud, la renta, las libertades, la cultura política y los conflictos tanto internos como externos de estos países. La conclusión es clara: "En las presentes y futuras relaciones de la UE se observan países con un índice de desarrollo humano bajo, con gobiernos considerados autoritarios, con gran conflictividad interna y altamente frágiles, con índices de corrupción endémica y fuertes desigualdades en la distribución de la riqueza". Hablamos de países como Angola, Nigeria, Mozambique, Catar, Egipto, Libia, Irak o Argelia, el gran benefactor de España.

Pérez desgrana, además, los motivos de mercado que le llevan a considerar que no hay gas para tanto tubo. Principalmente porque las reservas son limitadas y todo combustible fósil cuenta con un pico de producción que, cuando se alcanza, deja de ser rentable extraerlo. Los riesgos financieros y económicos en ese sentido son varios: "Las multimillonarias inversiones en infraestructuras se sostienen en proyecciones futuras de consumo intencionadamente optimistas;  la mayoría de estas inversiones están sustentadas por fondos y/o garantías que transfieren el riesgo a la esfera pública; si toda la capacidad proyectada entrara en funcionamiento provocaría una caída del precio del gas y llevaría a la catástrofe climática y la vida de estas infraestructuras se calcula entre 40–50 años y el pico del gas es anterior a ese periodo, por tanto, muchas de ellas quedarían en desuso", mantiene el investigador.

La "catástrofe climática" que prevé Pérez si cae el precio del combustible puede llegar, mantiene, incluso si no se vive ese escenario, debido a los efectos perniciosos del metano ya comentados. El tratamiento del gas produce fugas y el documento recoge dos estudios que las cuantifican y las pone en comparación con otras fuentes de energía en el contexto de la acción climática. Según Robert Howarth, de la Universidad de Cornell (EEUU), la extracción, el procesamiento, el transporte y la distribución producen pérdidas de metano de entre un 1,71% y un 5,96% en caso de gas convencional y del 3,6% al 7,85% en caso de gas no convencional. Y Ramón Álvarez, del Environmental Defense Fund norteamericano, afirma que si la tasa de pérdidas es mayor del 3,6%, "cambiar de combustible no conlleva ningún beneficio" en materia de lucha contra el cambio climático. "Con esos porcentajes prácticamente cualquier gas que llegue a Europa a través de GNL (licuado) estaría fuera de esos parámetros", añade Alfons Pérez.

Lo interesante del estudio que realiza el Observatorio es que llega a las mismas conclusiones que el informe de costes y beneficios sobre la interconexión España-Francia, pero antes. Los investigadores se preguntan para qué esta apuesta por el gas si no va a circular tanto, si ya hay posibilidad de respaldo en la actualidad aún en caso de inestabilidad política o económica, si el combustible tiene vida limitada, si la inversión es mayúscula, si impacta sobre el territorio y si contamina más de lo que nos venden.

En conversación con infoLibre, el investigador habla de un "sobredimensionamiento del sistema gasístico" que no justifica "lanzar tentáculos" en caso de problemas geopolíticos con Rusia y que tampoco justifica las puertas abiertas a nuevas infraestructuras por el papel estable del gas en contraposición a las renovables. ¿Y por qué entonces la Comisión Europea defiende con tanto ahínco el gas natural en el contexto de una transición energética en curso? Ofrece dos razones. La primera: "Lo que se está invirtiendo en infraestructuras es brutal. Y el dinero de esos inversores va determinando lo que se hace y, también, lo que no se hace. Son instrumentos financieros que sirven para grandes obras. Es más fácil invertir mil millones en una gran construcción que un millón en cada una de las miles de instalaciones de renovables".

La segunda es una acusación directa al modo de funcionar de la Comisión Europea y de las grandes instancias europeas, que en materia de acción por el clima han visto como su credibilidad se ve dañada por el informe de la consultora finlandesa. "La separación entre lo público y lo privado en esos despachos es muy sutil", concluye Pérez.

Jorge Aragón (CCOO), Cristóbal José Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Salas i Prat (propuesto por ERC) son los tres expertos que se abstuvieron en el informe final de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, encargado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad). En sus votos particulares, recogidos al final del documento, se puede leer una propuesta alternativa al modelo de evolución del sistema que recoge el resto de sabios.

Los añadidos de Aragón, Gallego y Salas, en su mayoría, avanzan en aspectos en los que consideran que el consenso alcanzado ha sido poco ambicioso: eso sí, remarcan que se ha hecho un buen trabajo, que coinciden en la mayoría de puntos y que, probablemente, la falta de tiempo y de medios ofrecidos por el Ejecutivo ha influido en el resultado final.

  1. El funcionamiento del mercado eléctrico

El mercado eléctrico en España, resumiendo y simplificando, funciona mediante un sistema mayorista de compra y venta de esta energía entre las productoras, las distribuidoras y las comercializadoras. Utiliza un sistema marginalista, en el que cada productora tira a la piscina (al mercado también se le llama pool, piscina en inglés) un precio por cada kilovatio. Y el precio donde coincide la oferta y la demanda, habitualmente más caro, es el precio al que cobran la energía todas las productoras: suelen marcarlo las centrales térmicas de carbón o las de ciclo combinado, ya que las renovables tienen materia prima gratis y las nucleares están todo el rato encendidas, por lo que continuamente tienen que estar produciendo electricidad.

La Comisión de Expertos propone, entre otras medidas, rediseñar los pagos de capacidad para reforzar el papel de la generación de energía no renovable como respaldo de la renovable en condiciones climatológicas adversas. Se plantea un rediseño del sistema mediante el que se configura el pool, dado que se prevé una introducción continua de más capacidad renovable durante los próximos años y décadas. La propuesta, sin embargo, es muy abierta: "Si bien el sistema actual está permitiendo cubrir la potencia demandada en cada subasta de forma que el sistema pueda incorporar nueva capacidad de modo adecuado, debe reevaluarse continuamente, si se pone de manifiesto que puede no ser la vía correcta".

Aragón echa de menos en el informe final un análisis más detallado de cómo funciona el mercado y "sus principales disfunciones", que detalla en el voto particular. Considera el experto que el sistema se plantea como un mercado de libre competencia, copado por empresas privadas que no tienen por qué responder a los intereses del Estado, donde no todas juegan con las mismas condiciones. Mediante los Costes de Transición a la Competencia, que sirvieron para compensar a las centrales construidas antes del 96 (cuando se pasó de un sistema regulado a otro de mercado), a estas infraestructuras "se les ha pagado sus costes de amortización" mientras que a otras no. Las tecnologías, considera Aragón, son muy distintas: las nucleares, por ejemplo, están casi siempre en funcionamiento por lo que los costes variables que tienen que abordar son bajos: a diferencia de una central de ciclo combinado. Las renovables, además, tienen que abordar "costes de operación muy bajos y mayores costes de inversión". En definitiva, Aragón propone establecer un precio por cada grupo homogéneo de tecnologías, lo que requeriría un examen concienzudo del sistema que no se ha hecho en el informe.

El experto de CCOO señala, además, que este análisis es indispensable para abordar el gran punto fuerte del informe: su apuesta decidida por una reforma fiscal ambiental bajo el lema "quien contamina, paga" que grave los contaminantes que se emiten a la atmósfera. Si las centrales térmicas y de ciclo combinado, mayores emisoras de CO2 y de kilovatio más caro, son las que ponen el precio de todo el pool, "el coste de generar CO2 se trasladará al precio de todos los kilovatios, determinando el coste final del usuario" y mandando la señal de que da igual cómo se genere la electricidad que consumimos: la pagamos igual. La Comisión, en definitiva, propone que sean las productoras las que lo paguen. Aragón defiende que se diferencie entre tecnologías limpias y sucias también en el pago final de la factura de la luz.

Con respecto a esta reforma fiscal de tintes ambientales, Gallego también considera que no se ha abordado con la ambición suficiente, al considerar que la Comisión es muy cautelosa para evitar aumentar la presión fiscal sobre empresas y ciudadanos. "La reforma fiscal que se plantea tiene como restricción el no aumento de los ingresos fiscales. Esta restricción carece de sentido en un contexto en el que España está por debajo tanto en presión fiscal en general como en fiscalidad ambiental en particular, por lo que impide una vía de mejora clara del bienestar social", defiende.

  2. Movilidad

Como explicamos en el artículo que desgrana las claves más importantes del informe, el documento aborda la movilidad y la obligación de que sea sostenible en un contexto de transición energética, pero no pone sobre la mesa medidas demasiado concretas. Algo criticado también por Aragón, que sostiene que el transporte público y/o colectivo en las ciudades, con independencia de su tamaño, unido a actuaciones en la planificación urbanística, tiene un papel preponderante en la reducción de emisiones, y paralelamente es generador de empleo estable y de calidad. El tratamiento que se ha dado en el informe ha sido relativamente marginal y escasamente propositivo", critica.

El experto incide en la importancia del ferrocarril como piedra angular de un nuevo modelo de transporte. Reconoce que en España "ha habido un cierto aumento en las inversiones en el sector ferroviario, pero éstas han sido para la alta velocidad", dejando de lado los trenes regionales de medio y largo recorrido y las cercanías en las grandes ciudades. "Esta orientación en las inversiones no promueve el uso del transporte por ferrocarril y con ello un menor uso del vehículo privado, con lo que se evitaría una importante cantidad de gases de efecto invernadero".

  3. Los objetivos europeos y el modelo de transición

El análisis toma en cuenta, a la hora de plantear los diversos escenarios y sus variables, si se cumplen los objetivos y los límites que establece la Unión Europea en cuanto a penetración de renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para Josep María Salas, no es suficiente si queremos abordar una transición que funcione realmente como una herramienta de acción climática. El informe ha trabajado sobre unos escenarios base que, de primeras, plantean un alto nivel de implantación de renovables, con un papel activo de los autoconsumidores. "A pesar de los esfuerzos de los distintos vocales", reconoce Salas, "el resultado logrado es ambivalente respecto a la consecución de los compromisos mínimos exigidos por Europa".

Los objetivos de sectores difusos y ETS planteados por la Unión Europea, tanto a nivel global como a nivel estatal, se cumplen de cara a 2030 según los escenarios del documento, pero el vocal cree que España debería optar a un 40% en reducción de GEI de todos los sectores con respecto a 1990 (en vez del 26% con respecto a 2005 vinculante para transporte, calefacción y agricultura), una tasa de renovables del 35% (en vez del 27% al que el informe estima que no vamos a llegar) y una tasa de eficiencia energética del 40% más allá del 27% vinculante, puesto que, tal y como reconocen todos los expertos, un alto grado de esta eficiencia, sobre todo en los edificios, descenderá el consumo de energía y hará posible que las tecnologías limpias se implanten con más facilidad. "Si bien los escenarios 2030 representan una alta penetración de energía renovable, sería erróneo caer en la complacencia que podría diluir los esfuerzos necesarios para afrontar los retos que la transición energética nos plantea", asegura.

Cristóbal Gallego añade: "España, al ser uno de los países de la Unión Europea que sufrirá con más intensidad los efectos del cambio climático, debería liderar una propuesta de objetivos más ambiciosos". Los expertos abstencionistas echan de menos, en general, un análisis más en profundidad de la situación precaria del país con respecto a los fenómenos climáticos que están por venir o que están ya afectando a todos los sectores.

En cuanto a dichas emisiones, Salas critica que se tengan en cuenta las que provocan el cambio climático y no una de las que producen la contaminación atmosférica que empeora la calidad del aire de nuestras ciudades: las partículas en suspensión. "El informe no hace suficiente incidencia en el impacto" que provocan, argumenta, "ya que en los distintos escenarios prácticamente no se reduce su emisión". En cuanto a la calidad del aire, el documento prevé una mejora no debido a la electrificación del parque móvil, sino a la mayor eficiencia de los vehículos de combustión habituales. Pide el experto que los distintos escenarios descarten "cualquier apoyo a los vehículos propulsados por combustibles fósiles", algo que no se da en el trabajo de la Comisión.

El modelo de transición energética está indisolublemente ligado a esos objetivos de reducción de emisiones. La Comisión trabaja sobre un modelo donde las nucleares tienen un gran peso, el carbón ha menguado pero no desaparece del todo y el gas, como combustible de transición y garantía del suministro, cuenta con una capacidad instalada nada despreciable. “El voto particular se manifiesta crítico con el papel sobredimensionado del papel del gas en generación de electricidad que se obtiene de los resultados del análisis”, afirma Salas, ya que esta entrada del ciclo combinado "no está suficientemente justificada" dado que, aun así, obtendremos un nivel "precario" de cumplimiento de los objetivos de la UE.

  4. El crecimiento de la demanda

Pese a que los escenarios planteados por la Comisión estiman un "desacoplamiento" entre el crecimiento económico y la cantidad de energía consumida, las predicciones dibujan un futuro en el que la demanda de energía no deja de crecer, incompatible, como por otro lado era previsible, con las teorías del decrecimiento como único camino contra el cambio climático. Salas reconoce ese desacoplamiento pero advierte de que, desde una perspectiva global, no es suficiente: "Cualquier proceso de prospección de escenarios energéticos a medio y largo plazo debe afrontar en toda su magnitud el modelo de consumo basado en una lógica de recursos ilimitados. Si bien excede del mandato de la Comisión, sí que es pertinente apuntarlo”, defiende.

Cristóbal Gallego va más allá y, si bien celebra que el informe ponga especial hincapié en la eficiencia energética como medida de reducción del consumo de energía, cree que no es suficiente. "Las medidas políticas que impulsen reducciones en la necesidad de servicios energéticos deberían cobrar un papel fundamental" y de esto, denuncian, no hay mucho en las más de 500 páginas de documento. "Los escenarios considerados deberían haber sido más ambiciosos en este sentido", critica el vocal.

  5. El autoconsumo y el 'impuesto al sol'

Dentro del capítulo de medidas de reforma del sistema eléctrico, la Comisión de Expertos propone derogar el llamado impuesto al sol, el peaje de respaldo introducido en el Real Decreto 900/2015, del 9 de octubre, de regulación del autoconsumo eléctrico. La norma de 2015 establece que los autoconsumidores cuya instalación está conectada a la red con el objetivo de consumir electricidad en las horas en las que no corre el viento o no hace sol tienen que pagar el peaje, un elemento introducido para que los poseedores de una infraestructura de este tipo se vean obligados a tener que pagar un sistema que durante muchas horas no utilizan. En este decreto se dividió en dos: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes, como el déficit de tarifa o las primas a las renovables. El primero solo se aplica cuando se hace uso de la red, pero el segundo se aplica por la electricidad autoconsumida, la que se genera en el panel fotovoltaico y consumen los electrodomésticos sin que un solo electrón salga del hogar.

El documento propone su supresión para favorecer una generación de electricidad distribuida y no centralizada, coherente con el escenario base con el que trabajan de cara a 2030. "Se introduce también la discusión sobre aspectos a favor y en contra de la medida", reza el resumen ejecutivo. El informe, pese a apostar por eliminar el peaje, reconoce que la medida tiene sentido en cuanto pretende eliminar un supuesto trato de favor a los autoconsumidores ya que les hace pagar por las infraestructuras eléctricas y, de otro modo, los no autoconsumidores deberían abonar más dinero por ellas.

Cristóbal Gallego no está de acuerdo: señala, entre otros motivos, que ese "trato de favor" se reduce al 1%, una "ínfima contribución" a la recaudación. Salas, por su parte, argumenta que se le da mucho espacio en el informe a los peligros del autoconsumo y no tanto a sus ventajas: la principal, una reducción en los gases de efecto invernadero que emite el país, dado que el autoconsumo es renovable y una medida de eficiencia energética, al reducirse las pérdidas y el impacto ambiental que causa la distribución.

La Comisión de Expertos sobre Escenarios de Transición Energética, un grupo de 14 personas encargadas por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) de emitir recomendaciones sobre el futuro de la energía en el país, ya ha emitido su informe. El documento, de 542 páginas, fue publicado por el grupo de trabajo con el voto a favor de 11 de los expertos y la abstención de tres: Jorge Aragón (CCOO), Cristóbal José Gallego (propuesto por Podemos) y Josep Salas i Prat (propuesto por ERC). El resto de miembros fueron seleccionados a iniciativa del Gobierno, de los agentes sociales y del Parlamento y varios de ellos proceden o tienen vinculación con las grandes empresas energéticas del país.

El documento se puede dividir en dos partes principales. En la primera, la comisión elabora un conjunto de escenarios sobre la evolución del sistema energético. En base a diversas variables y a un modelo de predicción de qué mejoras se vivirán en la tecnología existente y cómo avanzará la demanda de electricidad en los diversos sectores o de derivados del petróleo, por ejemplo. No se moja aquí: la comisión se hace eco de los informes ya realizados sobre cuáles van a ser los cambios para llegar a conclusiones sobre los costes que conllevaría un camino u otro, tanto a nivel económico como a nivel medioambiental.

En la segunda parte, los expertos entran al trapo y proponen diversas mejoras del sistema, incidiendo en la necesidad de una reforma fiscal, pero también pronunciándose sobre una reforma del sistema eléctrico, la participación o la gobernanza de la transición energética. infoLibre analiza cuatro puntos del informe que generan dudas y críticas tanto en los votos discrepantes como en otras voces del sector y uno en el que todo el mundo coincide –no tanto en el cómo, pero sí de manera abrumadora en el qué-: una reforma fiscal con criterios ambientales.

  1. El papel de las nucleares, el gas y el carbón

El análisis de los escenarios que plantea la Comisión de Expertos deja un mensaje claro: según sus estimaciones, el futuro que más reduce las emisiones de gases de efecto invernadero es el que cuenta con la energía nuclear como parte del mix energético. "El cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año según el escenario. Las emisiones de CO2 se incrementarían en unos 15Mt de CO2", afirman los sabios.

En las estimaciones, el documento señala el papel de respaldo de la nuclear a las renovables, uno de los argumentos favoritos de los defensores de esta generación de energía: puesto que la tecnología actual, afirman, convierte a las limpias en fuentes intermitentes al depender del clima (si llueve, si hace sol o viento), las centrales alimentadas con uranio deben aportar cuando las condiciones no sean favorables. "Es importante tener presente que la garantía de suministro y la calidad del servicio del sistema eléctrico requieren de la aportación de inercia, regulación de la potencia, la frecuencia y el módulo de la tensión que con la tecnología disponible es proporcionada por los generadores síncronos, ligados esencialmente a las plantas nucleares, térmicas e hidráulicas", explica el informe.

El estudio de la Comisión parte de dos escenarios para 2030 planteados en el Ten Year Network Development PlanTen Year Network Development Plan (Plan de desarrollo de red a diez años), para posteriormente ir añadiendo distintas variables que van modificando el resultado final (por ejemplo, la variable nucleares sí o no). Estos escenarios base, sobre los que trabaja la Comisión, han sido realizados por la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión para Gas (Entsog, siglas en inglés), un lobby de empresas a favor de las interconexiones energéticas en Europa a través de gaseoductos que ya han levantado polémica por su impacto ambiental. Los planteamientos de partida son dos: el escenario Generación Distribuida y el escenario Transición Sostenible. En el primero, el autoconsumo y la capacidad de almacenamiento han aumentado ostensiblemente; en el segundo, la generación de energía es más centralizada. Ambos escenarios plantean una introducción considerable de renovables: ninguno descarta ni la nuclear, ni el gas, ni el carbón.

Los números que presenta la Comisión a partir de los escenarios del lobby gasista presentan al carbón como parte minoritaria del mix: 847 MW instalados en el primer modelo (con 149.000 MW de capacidad total) y 4.460 MW en el segundo (con 143.000 MW de capacidad total). Sin embargo, las centrales de ciclo combinado (la quema de gas natural) aportan, en ambos escenarios, 24.560 MW de capacidad, más que la hidráulica (23.050 en ambos escenarios) y cerca de la eólica (31.000 en los dos). La Comisión de Expertos no recoge el guante de otros muchos países europeos que se han planteado cerrar todas las térmicas de carbón para 2030. Tampoco el de muchos ecologistas que advierten que la apuesta por el gas como "combustible de transición" camino a la descarbonización es un arma de doble filo por sus emisiones, menores que las que se producen en la quema de otro tipo de fósiles, pero significativas debido al escape de metano: un gas de efecto invernadero de efecto más intenso que el CO2, aunque de permanencia mucho menor en la atmósfera.

Dentro de las variables que introduce el exhaustivo trabajo para visualizar el estado del sistema energético tomando unas decisiones u otras, está la de la instalación "extrema" de renovables, mucho mayor que la planteada en los valores de referencia: 47.000 MW para la eólica y 77.000 MW para la fotovoltaica. Elegir este camino implicaría duplicar la capacidad renovable actual, que en cuanto a la energía eólica, por ejemplo, alcanzó los 23.057 MW en 2017. "La introducción extrema de renovables produciría una reducción muy significativa del coste de generación", afirman los sabios, que también advierten de la contraparte negativa: la caída de esos costes haría difícil la rentabilidad para las operadoras y la seguridad del suministro no estaría garantizada.

  2. Los objetivos europeos

El análisis toma en cuenta, a la hora de plantear los diversos escenarios y sus variables, si cumplen los objetivos y los límites que establece la Unión Europea en cuanto a penetración de renovables y reducción de emisiones: en definitiva, en cuanto a acción contra el cambio climático. Una vez todo indica que España cumplirá sus obligaciones en 2020, las de 2030 son más complicadas. Las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen en las regidas por el sistema ETS de comercio de emisiones (aplicable a la industria) y el resto, las difusas (calefacción, agricultura, transporte…). La UE al completo debe reducir en los primeros sus niveles un 43% con respecto a 2005. En cuanto a los segundos, la tasa para la UE es de un 30% menos que en 2005, mientras que a España le corresponde una reducción del 26%. En conjunto, para todas las emisiones de todos los sectores, el objetivo vinculante de la UE con respecto a 1990 es del 40%.

Los expertos cogen la referencia del marco a 2030 y hacen estimaciones de las emisiones según las distintas variables que se pueden aplicar: unas dependen de decisiones de política energética que un Estado puede tomar: el cierre de las nucleares, la apuesta por las renovables… y otras variables se escapan a su control, como el precio del petróleo o del CO2.

Todos los casos planteados a 2030 por la Comisión de Expertos en el sector de las emisiones difusas alcanzan un nivel bajo, que cumple de sobra con el objetivo del 26% de reducción. Incluso en un escenario de bajo precio del petróleo, que aumentaría la quema de fósiles en el transporte, no llegan a suponer un problema. Si analizamos las emisiones previstas solo para la industria, solo en caso de cierre de las centrales nucleares el país sobrepasaría el límite impuesto: un argumento perfecto para los defensores del uranio.

Sin embargo, cuando se trata de las emisiones al completo, contando a la industria y el sistema ETS, el panorama es muy distinto. El informe compara las predicciones de emisiones con el objetivo del 40% de toda la UE, solo como un ejercicio de visualización, ya que la meta es a nivel global y no se aplica concretamente a España, que no tiene que llegar a esa cifra. Además, el sistema ETS se regula por sí mismo y a nivel europeo, sin que un Gobierno pueda hacer demasiado para intervenir. En todo caso, ninguno de los escenarios, ni tan siquiera los más favorecedores, llegan a cumplir con ese 40%. 

Más lejos está el objetivo de penetración de renovables a 2030 para la Unión Europea, ahora mismo en el 27%, aunque la Comisión, el Consejo y el Parlamento están en pleno trílogo para elevarlo al 35%. Solo un escenario con un elevado nivel de edificios con medidas de aislamiento, una receta de eficiencia energética, lograría que España alcanzara ese 27%.

Dos han sido los principales argumentos de los votos discrepantes en el informe contra esta estimación de las emisiones según los distintos modelos. Las conclusiones, aseguran, son muy poco ambiciosas: en el caso de los sectores difusos, la comparación con 2005 se queda corta, aunque así lo establezca la Unión Europea. "Este logro se debe principalmente por la reducción de actividad a raíz de la crisis económica. En 2005 hubo un pico de consumo y emisiones con lo que cualquier referencia de reducción de emisiones respecto al 2005 debería descontar el efecto de menor actividad. Por este motivo, sería erróneo atribuir que se han logrado los objetivos debido a una política orientada a la eficiencia y reducción de emisiones en el sector energético", afirma Josep María Salas.

Además, las simulaciones presentadas, añade el experto, cumplen de manera "ajustada" el Acuerdo de París, puesto ya en duda por un informe encargado por el Parlamento Europeo que asegura que no logrará reducir el calentamiento global ni aunque se cumplan sus medidas.

  3. ¿Decrecimiento?

Es de lógica suponer que un grupo de expertos conformado, en gran parte, por personas vinculadas a grandes empresas energéticas no iba a apostar por crecer y consumir menos como solución al cambio climático, a la contaminación atmosférica y al agotamiento de los recursos naturales. Por otro lado, dado el carácter predictivo de la primera parte del documento, es irreal predecir un giro radical en el sistema energético. La estimación de la demanda que hace la Comisión es de un aumento continuo en el tiempo. La única medida para consumir menos energía por la que apuesta claramente el informe es la eficiencia energética, para la que también tiene objetivos establecidos por la UE: del 27%, por ahora, de ahorro con respecto a 1990.

Las propias estimaciones del grupo de trabajo aseguran que, sin un esfuerzo en la eficiencia energética de los edificios mayor al normal, España no alcanzará los objetivos de implantación de renovables establecidos para el global de la UE. Proponen avanzar en la certificación energética de todos los edificios, sistemas de financiación complementarios y bonificaciones fiscales para ayudar a la mejora y electrificar los sistemas de calefacción de las casas. Una mayor electrificación de los sectores que aún no están electrificados, como la citada calefacción o el transporte, ayudará a aumentar la cuota de renovables, predicen.

"Alcanzar el objetivo de penetración del 27% de renovables depende del supuesto que se realice sobre la electrificación de la demanda final y también del nivel de eficiencia y consumo final". Curiosamente, los expertos coinciden con los decrecentistas: las renovables solo pueden ir acompañadas de un descenso en el nivel de consumo. Aunque difieren en las medidas y en las cifras.

  4. La reforma fiscal

Uno de los pocos aspectos en los que hay total consenso no solo entre los expertos, sino entre actores y voces habitualmente enfrentadas en cuanto a transición energética se refiere es el de la obligación de una reforma fiscal de carácter ambiental, que comience a gravar la energía según lo que contamina como único y principal criterio. En relación con el PIB, España fue el noveno país europeo por la cola en cuanto a la presencia de las tasas verdes en 2015. Y ya en 2014, otra Comisión de Expertos designada por el Gobierno puso en duda que los impuestos ambientales en vigor en la actualidad sean realmente ambientales, ya que muchos de ellos tienen un carácter recaudatorio y no de mejora del medioambiente: bien sea porque lo recaudado no se destina a fines de mejora y conservación, bien porque no se aplica en función de la máxima quien contamina, paga.

El impuesto sobre hidrocarburos, por ejemplo, sube unos cuantos euros la factura a pagar cada vez que rellenamos el tanque de nuestro vehículo con diésel o con gasolina. Se aplica en función de los litros que se consumen, no en función del CO2 o los diversos contaminantes que se emitan por su uso. También negaron el color verde a los impuestos sobre la electricidad o al de matriculación de vehículos.

La Comisión de 2018 propone gravar tanto el CO2 como otras emisiones contaminantes que afectan a la calidad del aire –SO2, NOx y partículas en suspensión–, un impuesto que recaería tanto en las centrales contaminantes como en los consumidores finales de gas natural, carbón y derivados del petróleo. Apuesta, además, por "un recargo para todas las energías" que financie los posibles sobrecostes de la implantación de energías renovables: y que las que tuvieron sobrecostes en el pasado, ya instaladas, sean compensadas vía los Presupuestos Generales del Estado. Pero el punto que más ha sorprendido de las propuestas fiscales del grupo es el que defiende que las autopistas y autovías pueden ser financiadas solo por los que las utilicen. Sin embargo, matiza: eso haría necesario gravar la gasolina y el gasóleo, y que estas infraestructuras se paguen por todos (al igual que las de gas y electricidad) está justificado ya que son un elemento de "equidad interterritorial".

Los beneficios de una reforma fiscal ambiental, según las extensas estimaciones de la Comisión, son varios: se reducen las emisiones de gases contaminantes porque, sencillamente, cuesta más emitirlos; se abarataría la factura de la electricidad (aunque no la de la gasolina); crecerían las exportaciones, el PIB y el empleo; y se incrementaría la renta media de los hogares compensando, así, pagar más por llenar el depósito del coche.

  5. Movilidad

Los expertos no son demasiado optimistas con respecto a un futuro donde el parque de vehículos sea 100% eléctrico. Sus estimaciones sobre el descenso de emisiones del sector del transporte pasan más por un aumento en la eficiencia de los motores de combustión clásicos que por una electrificación masiva del mercado, poco realista dada la baja cuota con la que cuentan los coches eléctricos en la actualidad. La Comisión hace "algunas recomendaciones" para facilitar la transición hacia una movilidad baja en emisiones, que pasa por animar a tomar "medidas proactivas por parte de administraciones locales" para incentivar el transporte público y otras nuevas alternativas, como los coches compartidos.

El análisis es muy extenso en cuanto a la radiografía del momento actual, pero se queda corto en propuestas que, a pesar de que los Ayuntamientos tienen plena competencia para organizar el tráfico, pueden tomarse desde la Administración central. La reflexión particular de José Luis de la Fuente (que votó sí) da a entender que el informe podría haber sido más extenso, así como la de Jorge Aragón, que se abstuvo: "Hubiera sido deseable que el informe hubiera desarrollado un enfoque más amplio y sistémico de las distintas actividades afectadas", afirma.

El documento dedica un capítulo entero a hablar de la electrificación del transporte y de sus "incertidumbres", de las que ya hablamos en este artículo. ¿Darán para tanto los componentes con los que se fabrican las baterías? ¿Es preferible esperar a que se desarrollen o, por el contrario, iniciar un ambicioso plan de puestos de recarga? La Comisión recomienda al Ejecutivo tener cautela a la hora de abordar la implantación de los vehículos eléctricos para no "precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables".

La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética —creado a instancias del Congreso de los Diputados—, que ha presentado este lunes las conclusiones de su trabajo al Gobierno, ha evidenciado las deficiencias del modelo fiscal español y ha apuntado a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de cambio climático. Así, ha propuesto sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales, es decir, que el que contamina paga.

De este modo, las simulaciones realizadas por la comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi del 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). Según el informe, estas modificaciones de precios serían "coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización" y alcanzables a medio plazo de forma gradual.

Dentro del apartado fiscal, la comisión propone también sacar de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Así como que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

Además, sostiene que, en ausencia de una fiscalidad distorsionadora, "España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia, ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España".

Mix energético e inversiones

El documento expone que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero que su relevancia se reducirá en 2050, cuando la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. Esto haría necesaria, según los expertos, una reflexión sobre las inversiones que será necesario acometer en los próximos años.

Igualmente, la comisión considera que la extensión de vida de las centrales nucleares supondría duplicar las emisiones de COen el sector eléctrico, incrementar el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% y no aumentaría la cuota de renovables de forma significativa.

Arguye que si la vida útil de las centrales nucleares acaba al cumplir 40 años, con la actual rentabilidad de fondo que gestiona ENRESA y con la tasa que pagan las empresas titulares de instalaciones de generación, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos, que desaparecería simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años.

Propone también que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.

Acerca de la generación con carbón, sostienen que el modelo refleja que la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula en 2030.

Además, contemplan la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación, una opción que consideran "menos costosa para el consumidor" queconstruir centrales nuevas cuando se recupere la demanda de electricidad. 

Revisión de los peajes de acceso

Asimismo sugiere la revisión de los peajes de acceso "para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes” y que se suprima el actual peaje de respaldo (impuesto al sol).

Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005 y del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, señalan que su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance, para la que consideran "fundamental" abordar la reforma de la fiscalidad y de los peajes de acceso.

De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, advierten, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que ser más caras que las renovables eléctricas.

Otras medidas

La Comisión también realiza reflexiones y sugerencias en otros ámbitos de actuación como la movilidad, cuya política regulatoria, sostienen, debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.

Asimismo, arguye que, para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización, será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras, el marco logístico y el refuerzo de la cadena de innovación nacional.

Recomiendan igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los presupuestos generales del Estado.

En la misma línea, aboga por garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas competentes.

Finalmente, la Comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, encargado de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición en España.

Falta de reflexión crítica

Ecologistas en Acción ha considerado este lunes que el informe del Comité de Expertos “no aborda la cuestión sobre cuáles serían las reducciones necesarias para luchar contra el cambio climático” y, en su lugar, parece “más bien enfocado a cómo mantener el sistema de lucro económico de los actores empresariales más relevantes”.

Así, ha denunciado que, “aunque es evidente la necesidad de reducir el consumo de energía no se establece ninguna simulación en ese sentido”. “Reconoce la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo, pero se limita a la consecución de unos objetivos tan insuficientes como los que ha asumido el Gobierno español”, remarca.

En el mismo sentido, los ecologistas se muestran preocupados por “la parcialidad con la que se aborda la cuestión nuclear al no contemplar las cuestiones sobre seguridad, emisiones y costes de todo el ciclo nuclear” y reprochan a los expertos que, a pesar de reconocer la necesidad de impulsar “un sistema energético 100 % renovable cuanto antes”, sigan “confiando en un sistema oligopólico y en medidas fiscales que vulneran el principio de que quien contamina, paga”.

De este modo, concluyen que el informe “sigue apostando por medidas de mercado o financieras frente a la planificación, la regulación y la desinversión en combustibles fósiles que debería ser el centro de la actuación climática. Aunque reconocer la necesidad de mayor producción renovable es un paso importante, este informe se queda corto en cuanto a las medidas más transformadoras”.

El carbón como fuente de electricidad, uno de los principales causantes del cambio climático y un problema de salud por contaminación en muchas regiones, prácticamente ha desaparecido o está camino de desaparecer en Europa Occidental. Si ponemos a Alemania como frontera continental, casi todos los países a su izquierda tienen planes de cierre de sus centrales térmicas, donde se quema este peligroso combustible. Casi todos, excepto España. El país está cada vez más solo en su defensa del carbón como parte indispensable del mix eléctrico y, en vez de alinearse con países de su entorno como Reino Unido, Francia, Portugal o Italia, se alinea con Alemania y Polonia (donde la presencia de este fósil en el panorama energético es notable) o con los países orientales y bálticos del continente, que carecen en su mayoría de planes de cierre de las térmicas. A diferencia de España, la mayoría de los países occidentales tienen fecha para la clausura definitiva: 2025 o 2030.

La importancia del carbón, su potencial contaminante y su papel en la generación de energía es, evidentemente, distinto en cada país. Alemania y Polonia son, con mucho, los que lideran el ranking de contaminación por CO2 de sus térmicas en Europa, seguidos, en este orden, de la República Checa, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido. En cuanto a los MW de electricidad que generan sus centrales, y que nos permite, de manera estimada, comprobar la importancia del combustible en cada país, los líderes son los mismos, pero en distinto orden: Alemania, Polonia, Reino Unido, España, República Checa, Italia y Países Bajos. De estos países, solo Alemania y Polonia (los grandes contaminadores), República Checa y España carecen de planes de cierre.

Los datos proceden de Europe Beyond Coal, una plataforma de cientos de organizaciones ecologistas en todo el continente que recopila las cifras ofrecidas por Eurostat o el IPCC –la voz más autorizada en cambio climático–, entre otras instituciones. Cuentan con un mapa que habla por sí solo: en naranja, los países que no tienen sobre la mesa ningún plan de cierre. En azul, los países que se lo han planteado, aunque el plan no está aún concretado. Y en verde, los que ya han puesto fecha a la clausura total de todas las térmicas.

Mapa de Europe Beyond Coal de los planes de cierre de las térmicas de carbón en Europa.

Sin embargo, hay que atender al contexto de cada plan para entender las diferencias entre países: no se trata de una historia de "buenos países limpios" y "malos contaminadores". Francia, por ejemplo, tiene un plan de cierre pero es fácil ejecutarlo en su caso, con la mayoría del mix eléctrico ocupado con centrales nucleares que, además, le otorgan soberanía energética: no depende de países vecinos para alumbrar sus casas.

El caso de Alemania es especialmente interesante: el 40% de su electricidad procede del carbón pese a contar con un fuerte movimiento ecologista y una sociedad concienciada acerca de los peligros del cambio climático. Se explica por varias razones. El Ejecutivo de Angela Merkel, tras el incidente de Fukushima, ha ejecutado un plan durante la última década para deshacerse de sus nucleares. Las energías renovables han contado con un impulso considerable, pero no basta para compensar el impacto de los fósiles en un país industrial, en parte por culpa de las interconexiones eléctricas. Las grandes plantas eólicas y fotovoltaicas están en el norte, y llevar esa electricidad al sur es caro. La posición de los cables, subterráneos o a ras de suelo, ha generado polémica en el país germano.

Los plazos del resto de países en el top de uso de carbón para generar electricidad son similares. Países Bajos, con un 23% de su capacidad ocupada por el carbón, se ha puesto 2030 como límite.Italia y Reino Unido han puesto 2025 como fecha, aunque si bien los italianos han decretado el cierre, Reino Unido ha apostado por severas restricciones. El Ejecutivo de Theresa May planteó el pasado enero un límite de emisión de CO2 a partir de ese año a todas las instalaciones, lo que obligará a las eléctricas a instalar tecnología de captura de contaminantes o clausurarlas.  El caso británico es un gran ejemplo para la directora del Instituto de Derecho y Medio Ambiente (Iddma), Ana Barreira. En 2016, el 9% de la electricidad del país fue generada gracias al carbón. Pero llevan reduciendo el porcentaje años, desde una Ley de Cambio Climático planteada en 2008. Desde 2012, asegura Barreira, se ha reducido un 80% el papel del combustible en el mix eléctrico. "Prevén que en 2025 les va a quedar 1.500 MW, de los 44.000 que tienen instalados ahora mismo", explica. 

El plan es a largo plazo, pero constante y con resultados. Se basa en la estrategia conocida como Clean Growth (crecimiento limpio), con la que plantean una transición también laboral, para emplear a mineros y trabajadores de las plantas en sectores renovables y sostenibles. Reino Unido fue, junto a Canadá, impulsor del compromiso para acabar con el carbón en la pasada cumbre del clima de Bonn. No se adhirieron las potencias carboníferas, Alemania y Polonia... a las que se le sumó España en la negativa.

Un aislamiento técnico, geográfico y político

Más allá de las razones políticas que motiven que España –con un 15% de la electricidad generada por el sucio combustible en 2016– se esté quedando atrás en la transición energética, también hay razones técnicas que hacen más o menos difícil el adiós al carbón. "De las palabras a los hechos va un paso, y la realidad de algunos países es muy dura", advierte el responsable de Carbón de la Agencia Internacional de la Energía, Carlos Fernández. Pone el ejemplo de Bélgica, que en 2016 cerró su última central eléctrica alimentada con este combustible. "Por su situación geográfica, tiene conexión con varios países. No tiene mucha capacidad pero sí está interconectada. Si España hiciera lo mismo, mañana estaríamos a oscuras", porque al estar "semiaislada" geográficamente, esas conexiones son más difíciles.

El aislamiento es geográfico pero también de intenciones. Este último miércoles se votaba en la comisión de Energía del Parlamento Europeo la nueva Directiva de Mercado Interno de Electricidad. Los diputados del PP, el partido que sustenta el Ejecutivo español, han defendido una enmienda para que los gobiernos puedan oponerse al cierre de plantas eléctricas que no ha apoyado nadie. La iniciativa ignorada va en consonancia con la intención del Gobierno de frenar el cierre de las térmicas que le quedan a Iberdrola a golpe de decreto.

La norma presentada por la cartera de Álvaro Nadal está siendo investigada por Bruselas y ha sido acusada de imponer "excesiva discrecionalidad" e "inseguridad jurídica" por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que además aseguró que, pese al semiaislamiento que señala Fernández, "el sistema español tiene un exceso de capacidad y podría prescindir de una parte importante de sus centrales de carbón". El índice de cobertura eléctrica de España está en 1.3, superando el 1.1 establecido como mínimo, según Red Eléctrica Española (REE).

La Unión Europea vigila con atención la querencia de España a sus centrales de carbón. La Comisión investiga si España incumplió las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea al otorgar, desde 2007, 440 millones de euros en ayudas a las centrales. Además, el club comunitario establece un límite ineludible para el país: la Directiva de Emisiones Industriales, en vigor desde enero de 2016, que plantea un límite para la contaminación de, entre otras instalaciones, las térmicas. La propia norma fijó excepciones a las que se acogieron 17 de las 19 centrales de carbón españolas, y una de ellas, que plantea un periodo de transición para que las plantas se adapten a los límites de óxidos de nitrógeno, CO2 y partículas en suspensión termina en julio de 2020: no se sabe qué va a pasar cuando llegue la fecha límite porque ninguna ha empezado con las obras necesarias.