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Un estudio europeo avala un impuesto sobre las acciones de las energéticas para ingresar 80.000 millones

Precio del diésel en una gasolinera de Shell en Gatwick, Reino Unido, el 24 de febrero de 2022, día que empezó la invasión de Ucrania.

En enero, mientras Rusia seguía acumulando tropas en la frontera de Ucrania y cada vez se hacía más evidente que se avecinaba un conflicto, la acción de la empresa de hidrocarburos británica Shell pasó de valer en el mercado de 1.700 libras esterlinas a 1.950, un 14,5% más. El motivo: el precio del gas (y, en parte, también del petróleo) no dejaba de subir, tras meses de recortes rusos del suministro. Los inversores ya podían pronosticar, semanas antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania que, si esta llegaba a producirse una cosa era segura: Shell sería una beneficiaria. Lo mismo ocurrió con la acción de la británica BP: entre el 1 de enero y el 1 de febrero, pasó de 330 libras a 393, un 19% más. Lo que ocurrió después constató esta expectativa y la reforzó: entre el 4 de enero y el 1 de junio, las acciones de Shell y BP se revalorizaron un 38% y un 30%, respectivamente

Un equipo de cuatro investigadores ha partido de este hecho para proponer una manera diferente de gravar los beneficios caídos del cielo que han beneficiado a las empresas energéticas. Lo hacen en el estudio A Modern Excess Profit Tax (Un impuesto moderno a los beneficios extraordinarios), publicado en septiembre. Se basan en dos principios: primero, la evidencia de que existen maneras de “ocultar” los beneficios en los libros contables, como desviarlos a paraísos fiscales, y por lo tanto esquivar parte del impacto del impuesto extraordinario que ha propuesto la Comisión Europea. “La capitalización bursátil es observable y difícilmente manipulable”, explican los autores de la investigación, liderada por el reconocido y joven investigador francés Gabriel Zucman.

En segundo lugar, porque la capitalización bursátil incluye un porcentaje de la actividad de la compañía energética, incluyendo la extracción de gas y petróleo. Los investigadores calculan que esta iniciativa podría suponer un ingreso de 80.000 millones de euros, frente a los 25.000 de la actual propuesta de la Comisión Europea. “Esto parte de una iniciativa de Gabriel Zucman, que ya propuso antes de la invasión de Ucrania un impuesto sobre la capitalización bursátil de las multinacionales”, explica a infoLibre Fernando Serrano, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y director de la cátedra EU Fair Taxation. “Esta consistía en un impuesto del 0,2% sobre la capitalización, como forma de luchar contra la elusión fiscal, ante el hecho de que las multinacionales tratan de reubicar sus beneficios en paraísos fiscales. Zucman utiliza esta propuesta como base para aplicarlo al fenómeno de los beneficios caídos del cielo por la guerra en Ucrania”, añade el académico. 

Cómo funcionaría este impuesto 

Partiendo del ejemplo de las grandes energéticas que se han beneficiado intensamente de las consecuencias de la guerra, los investigadores proponen que, a aquellas que tengan toda su actividad en la Unión Europea, se les aplique un impuesto sobre el 100% del aumento de la capitalización bursátil desde el 1 de enero de 2022. En el caso de las empresas que tienen sede fuera de la UE (como Shell o BP), se asignaría un porcentaje en base a las ventas realizadas en la Unión Europea. “Por ejemplo, si la valoración de mercado de un productor de gas fuera de la UE aumentara en 100.000 millones de euros y la empresa realiza el 20% de sus ventas en la Unión Europea, entonces 20.000 millones estarían sujetos a tributación en la Unión Europea”, explican los autores. 

Para sus estimaciones, los académicos han propuesto un impuesto del 33%, el mismo porcentaje que propone la Comisión Europea. Por ejemplo, si una empresa británica tuviera el 5% de sus ventas globales en Francia, se gravaría el 33% sobre ese porcentaje. Si la capitalización de esta compañía aumentara en 100.000 millones de euros, las autoridades entenderían que 5.000 millones (el 5%) habrían sido resultado de las ventas en territorio francés, y se aplicaría un impuesto del 33%. Como resultado, la administración europea ingresaría 1.650 millones de euros. Esta fórmula, aplicada al tejido empresarial energético europeo actual, llevaría a la Comisión Europea a ingresar unos 80.000 millones de euros, según argumentan los investigadores.   

Los autores defienden que otra ventaja sería la facilidad de la recaudación, ya que podría ser ingresado por las bolsas de cada país, que cobran actualmente tarifas a estas compañías. Los investigadores han analizado la diferencia de la evolución de la capitalización bursátil de las empresas europeas y han constatado que no todas las energéticas se han visto beneficiadas por la coyuntura. Por ejemplo, la italiana Enel ha perdido 26.000 millones de capitalización bursátil entre enero y septiembre de 2022. Así, el impuesto no afectaría a esta empresa, pese a que es una empresa energética de gran tamaño, con unos 66.000 empleados presente en más de 30 países.

Creen que el riesgo de doble imposición de esta iniciativa se reduce, ya que al disminuir de manera global los beneficios de las compañías, también lo hace en consonancia con la base impositiva sobre la que estas tributan. Para ello, los investigadores mencionan que hay que “definir prioridades” en la norma. Si, por ejemplo, se da prioridad a los países en los que se venden los bienes y servicios, los territorios en los que se encuentran las sedes se limitaría a recaudar las ventas dentro del territorio o incluso también las ventas en países terceros que estos optan por no recaudar. 

Principales problemas de esta propuesta

“Es una propuesta que es atractiva, curiosa y que sería fácil de administrar”, explica el profesor Serrano, director de la mencionada cátedra sobre fiscalidad europea. “Pero el principal problema que le veo es que no define qué es un beneficio inesperado”, añade. El impuesto, al gravar toda la actividad económica de la empresa, no discriminaría ante lo que se podría tratar de una perturbación como la invasión de Ucrania: un fenómeno que, circunstancialmente, ha beneficiado a una minoría de compañías en detrimento de una mayoría empresarial y de hogares. Si una compañía petrolera no se ve beneficiada por algún motivo de la invasión de Ucrania, pero sí de una inversión hecha años anteriores en tecnologías renovables, el impuesto le afectaría igual.  

El profesor Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada en la Universidad Complutense, coincide con este planteamiento: “Es original, aporta un enfoque distinto en el debate sobre las argucias a las que pueden recurrir las empresas. Pero la solución a mí no me convence. El hecho de que las acciones suban no quiere decir que esa empresa tenga más capacidad de pago. La capitalización bursátil sube ante las expectativas de crecimiento, antes de que se produzcan los ingresos esperados. No hace falta que sea real, solo su percepción”, explica el profesor. Esto explica que una empresa como Shell viera crecer su capitalización bursátil antes de que empezara la guerra, al calor de los aumentos del petróleo y el gas. Si Rusia no hubiera invadido Ucrania, la capitalización se habría desplomado, los beneficios no se habrían producido, y sin embargo, el impuesto se habría aplicado. 

El hecho de que la capitalización bursátil esté condicionada fundamentalmente por las expectativas que los inversores tienen sobre los rendimientos futuros de una compañía hacen que este impuesto no sea preciso: “Hay compañías que tienen mucha capitalización, pero que no tienen grandes beneficios, y viceversa. Si estamos hablando de un impuesto sobre beneficios extraordinarios, hay que definir qué son esos beneficios, porque si no, nos empezamos a desviar”, explica el catedrático Serrano, que añade: “Aunque igual es que hay que ir por ahí. Igual es tan difícil definir qué es un beneficio extraordinario que lo más sencillo es añadir un recargo al impuesto de sociedades. Estamos en una fase de propuesta”.

Un ejemplo de gran capitalización bursátil sin beneficios ha sido la empresa de coches eléctricos Tesla, hasta hace muy poco. La compañía dirigida por Elon Musk tiene una capitalización bursátil multimillonaria desde su salida a bolsa en 2017, mucho antes de que cerrara un primer ejercicio con beneficios, en 2020. Esa capitalización bursátil era producto de la expectativa de que algún día la empresa produciría grandes beneficios y que estos redundarían en los accionistas. En el caso hipotético de una compañía energética que siga el mismo patrón, el impuesto se habría aplicado aplicado antes de que se generaran estos beneficios.  

“La propuesta de Zucman sugiere que podría ser una combinación de dos propuestas: la de la Comisión Europea y la suya, para abarcar cualquier tipo de beneficio”, explica Serrano. “Parte de la premisa que los beneficios caídos del cielo se van a quedar fuera, porque las compañías los van a derivar a paraísos fiscales. De todas formas, yo creo que cada vez eso es más difícil, cada vez las normas son más defensivas para que se paguen los impuestos en el lugar donde se ha producido”, apunta el catedrático.

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