Las manifestaciones juveniles en Marruecos cumplieron ayer día miércoles su quinto día consecutivo con nuevos disturbios, agravados por la muerte de tres personas que intentaron asaltar un puesto de la Gendarmería, mientras el colectivo anónimo autodenominado 'GENZ212' lanza una nueva convocatoria de protestas pacíficas para este jueves en demanda de mejoras en los servicios públicos, según informa EFE.

Las protestas que comenzaron el pasado sábado pacíficas en algunas de las grandes ciudades del país como Rabat, Casablanca y Tánger, se extendieron rápidamente a otras zonas urbanas y rurales. Sin embargo, a partir del martes por la noche derivaron en actos de violencia y disturbios, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden que dejaron decenas de heridos, daños materiales y cientos de detenciones.

Los disturbios continuaron el miércoles por la noche cuando se registraron las primeras muertes: tres personas fallecieron y otras resultaron heridas al intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real en la localidad de Laqliaa, en el sur de Marruecos, cerca de la ciudad de Agadir. Según informaron las autoridades locales, los gendarmes se vieron obligados a disparar contra los manifestantes tras un intento de asalto masivo del puesto.

Además de Laqliaa, los disturbios se produjeron también en Sidi Bibi, otra pequeña localidad en la región de Agadir, y también en Salé (vecina de Rabat), Tánger (norte), Tarudant (sur) o Kenitra (al sur de Rabat), según testimonios de periodistas en el lugar y vídeos compartidos en las redes -que no se pudieron comprobar- que muestran a manifestantes -a veces con el rostro cubierto- lanzando piedras a las fuerzas del orden, junto a otras imágenes de coches volcados y en llamas y agencias bancarias incendiada.

Según el balance del martes ofrecido ayer miércoles por el Ministerio de Interior marroquí, 409 personas fueron puestas bajo custodia policial por su presunta implicación en actos de violencia. La misma fuente añadió que hasta el martes los disturbios dejaron 263 agentes de las fuerzas del orden y 23 civiles heridos, y causaron la destrucción e incendio de decenas de vehículos de las fuerzas de seguridad y autos particulares.

Por su parte, la Fiscalía marroquí anunció ayer que procesará a un total de 193 personas acusadas de "actos de violencia, destrucción e incitación" ocurridos hasta el martes, al tiempo que advirtió que tratará con la "máxima firmeza" los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones "ejemplares" con penas que pueden alcanzar 20 años y la pena perpetua.

El colectivo 'GENZ212', formado por miembros que dicen ser jóvenes de la generación Z sin pertenencia política o sindical y que centran sus protestas en demandas sociales basadas en mejoras en los sectores de sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y mejores oportunidades laborales para los jóvenes, se desmarcó de la deriva violenta de las protestas.

Los administradores del grupo, organizado mediante la aplicación Discord, anunciaron que este jueves se llevarán a cabo nuevas manifestaciones pacíficas como "una expresión civil y responsable" de sus "legítimas demandas" y aseguraron que definirán medidas para "garantizar el orden" como definir un horario específico del comienzo y fin de las concentraciones.

"Confirmamos a la opinión pública y a las autoridades que nuestras manifestaciones serán totalmente pacíficas y rechazamos cualquier forma de violencia, vandalismo o disturbios", se lee en su nota que se publicó tras un largo debate en la aplicación sobre la continuación de las manifestaciones que concluyó con una votación a favor de mantenerlas.

La coalición de partidos políticos que forman la mayoría gubernamental manifestaron el pasado martes su disposición a dialogar con los jóvenes "dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables".

El ministro de Sanidad marroquí, Amine Tahraoui, fue convocado anoche por una comisión parlamentaria de la Cámara de Representantes (baja) a una reunión urgente para tratar la situación del sector de sanidad en el país.

Durante el encuentro, transmitido en directo por el canal del parlamento, el responsable expresó su comprensión hacia las demandas de los jóvenes, al tiempo que defendió el actual plan de reforma impulsado por el Ejecutivo como "el camino para cumplir con estas expectativas". 

El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, afirmó este jueves la disposición de su gobierno a responder a las demandas expresadas por los jóvenes durante las protestas desatadas en los pasados cinco días en diferentes localidades del país, y lamentó la "escalada de violencia" que se saldó con la muerte de tres personas. 

"El Gobierno anuncia su disposición a responder a las demandas de la sociedad y también al diálogo y al debate dentro de las instituciones y los espacios públicos", dijo Ajanuch en una declaración leída durante el reunión semanal del Consejo del Gobierno. 

Ajanuch insistió en su llamamiento al diálogo como "la única manera de abordar" los problemas que enfrenta el país y también para "acelerar la implementación de políticas públicas que respondan a las demandas sociales", al tiempo que lamentó los disturbios ocurridos en los pasados dos días.

"Los lamentables acontecimientos de los últimos dos días han dado lugar a una peligrosa escalada que ha socavado la seguridad y el orden públicos, ha causado cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada y, lamentablemente, tres muertos", dijo al tiempo que aplaudió las intervenciones de las fuerzas del orden.

La estrategia siempre es la misma. Los agitadores del odio, vinculados con la extrema derecha, algunos de ellos bien conocidos (varios tienen incluso acceso libre al Congreso de los Diputados), fabrican un acontecimiento convocando a sus seguidores y, después, las televisiones —muchas veces en horario prime time— programan emisiones especiales y transmiten una señal en directo, a menudo sin filtros, que los ultras utilizan para multiplicar sus mensajes.

Poco importa que, con mucha frecuencia, sean muy pocos, apenas unos centenares que, en circunstancias normales, no darían lugar ni al desplazamiento de cámaras al lugar de la convocatoria. Lo hemos visto en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz, desde donde las televisiones españolas, públicas y privadas, han transmitido en directo en los últimos años concentraciones ultras con independencia de su tamaño.

Son performances políticas, trampas diseñadas para instrumentalizar a los medios dirigiendo su mirada hacia eventos prefabricados. Y las televisiones —así como cualquier medio con capacidad de emitir imágenes en directo— siguen picando el anzuelo.

De nada sirve que sea un fenómeno tan antiguo que ya fue descrito hace más de sesenta años. Lo hizo por primera vez el historiador y ensayista norteamericano Daniel J. Boorstin en el libro The Image: A Guide to Pseudo-events in America (Vintage, 1962), en el que explicó detalladamente cómo funcionan los eventos creados exclusivamente para obtener cobertura mediática, sin una realidad sustancial detrás.

Son acontecimientos planeados y escenificados con el propósito de ser reportados o reproducidos. No suceden de manera espontánea, sino que son fabricados; están diseñados para llamar la atención de los medios. Su razón de ser es convertirse en noticia más que su contenido real. Por eso tienen guion (y autor), protagonistas y puesta en escena, y se pueden repetir, ampliar y dramatizar. Y pocos manejan tan bien esa lógica ene estos días que los agitadores de la extrema derecha.

No hay mejor manera de describir lo que ha pasado estos días en Torre Pacheco, donde determinados agitadores ultras han utilizado las redes sociales para convocar a sus seguidores y escenificar disturbios y enfrentamiento social en un pueblo involuntariamente convertido en epicentro de un falso enfrentamiento racial. El objetivo: atraer de la atención de los medios en general y de las emisiones en directo de las televisiones en particular para así multiplicar sus mensajes y crear la ficción de un conflicto social violento que no estaba teniendo lugar.

Lo ocurrido pone de manifiesto la distancia entre la evidencia académica y la dependencia de los ratings de audiencia de los medios, conscientes de la fascinación que el directo tiene para los telespectadores. Ya lo vimos en los años del procés, cada vez que se convocaban protestas o movilizaciones potencialmente violentas en Barcelona. O antes, cuando toda una generación se congregó ante el televisor para ver en directo el bombardeo de Bagdad gracias a las cámaras de la CNN, aunque en realidad apenas se veía otra cosa que pequeñas líneas de luz en la oscuridad de la noche.

En el caso de la cobertura informativa sobre los hechos ocurridos en Torre Pacheco, la profesora de Periodismo de la Universitat de València María Iranzo-Cabrera asegura que los medios deberían haber empezado por preguntarse si la cobertura respondía a uno de los principios fundamentales del periodismo: “Contribuir al bienestar social”. Este fundamento, explica, “establece que la labor informativa debe orientarse a servir al interés general, promover la justicia social y favorecer una ciudadanía informada y crítica”.

De ahí que, antes de decidir si se va a transmitir algo en directo, haya que preguntarse: “¿Voy a sumar positivamente a la sociedad? ¿Qué le voy a aportar?”. Porque “el periodismo ético”, subraya, “no puede limitarse a informar de lo que pasa sin evaluar los efectos de esa visibilidad”.

No toda cobertura es ética solo por el hecho de informar, advierte Iranzo-Cabrera. Si el tratamiento de los hechos no aporta un valor añadido a la sociedad (visibiliza una vulneración de derechos o permite comprender fenómenos complejos), si simplemente “amplifica el suceso por su impacto visual o por su potencial sensacionalista”, estaríamos ante “una lógica de espectacularización de la información que contradice el compromiso ético con el público”.

Las coberturas en directo en las que los medios se limitan a comentar imágenes a medida que se producen (y que, cuando ya no pasa nada, repiten en bucle acontecimientos anteriores, a menudo sin aclarar que se trata de vídeo grabado) “suelen obedecer más a una necesidad de rellenar minutos en la parrilla informativa —típica de una lógica televisiva basada en la urgencia y el espectáculo— que a una verdadera intención de contribuir al debate público o a la mejora de la convivencia social”.

Tal como denuncian diversos estudios sobre infotainment, recuerda esta especialista de la Universitat de València, “los informativos actuales tienden a espectacularizar la violencia o el conflicto, desplazando el foco del análisis estructural o contextual en favor de un enfoque episódico, emocional, fragmentado y de alto impacto visual”.

Además, si la movilización no es masiva, está controlada por las fuerzas de seguridad del Estado y su eco informativo no se justifica por su trascendencia, “el riesgo de sobrerrepresentar el conflicto o amplificar discursos marginales (cuando no discriminatorios) es elevado”. En este caso, “el periodismo no estaría informando: estaría creando un foco de atención artificial, potencialmente dañino para la cohesión social”.

Esa es la razón por la que el Código Deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya, actualizado en 2016, señala en su anexo D sobre recomendaciones en las coberturas de conflictos: “Los medios tienen que evitar el sensacionalismo y también impedir la emisión sin control de mensajes en línea que sean belicistas, xenófobos, racistas y sexistas”. O de que, en los principios de actuación del código deontológico de la FAPE, se señale que “el periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser neutral”.

Sin embargo, prosigue Iranzo-Cabrera, en estas piezas en directo, apoyadas por mesas de debate entre tertulianos, “se mezclan verdades factuales con verdades testimoniales, verdades ideológicas o verdades narrativas”. Ante ello, “hoy debería ser una obligación de los periodistas detectar los diferentes sentidos de verdad y, tras ello, no sopesar discursos basados en verdades diversas”. Esto es: no acumular “verdades lógicas, empíricas, afectivas, ideológicas y autoritarias para interpretar un hecho o acontecimiento”, porque “una verdad empírica no puede contraponerse a una verdad ideológica como si se tratase de las dos caras de un argumento”, añade citando al profesor de Periodismo Perry Parks en su ensayo Sentidos de la verdad y la crisis epistémica del periodismo, publicado en 2022 por el Journal of Media Ethics.

Según Parks, “la relación de los periodistas y el público con la verdad es tan desordenada” que, “cuando los periodistas no logran identificar los sentidos en competencia incrustados en diferentes afirmaciones de verdad, reproducen la confusión en cuanto a la validez y verificabilidad de tales afirmaciones y contribuyen a una crisis epistémica en la esfera pública”.

Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, va más allá. La premisa, antes de cubrir hechos como los de Torre Pacheco, debería ser entender lo que busca la ultraderecha: “secuestrar nuestra atención, degenerar el debate público y paralizar la respuesta social y política que se merecen y que desactivaría esta amenaza a la libertad y la convivencia”. Por eso, subraya, “el racismo usa la violencia, que es el contenido que atrae a más gente y más diversa. Al margen de nuestra edad o género, una pelea o un insulto nos arrebatan más que un abrazo a hombres y a mujeres, a niños y ancianos”.

Hay que tener “cuidado”, añade, “porque si esa violencia no se desactiva, primero es verbal y simbólica”, pero “después se transforma en agresiones físicas”. Al comienzo se quiere hacer pasar por una “respuesta ciudadana justificada”, que en realidad ejercen “unos enmascarados que no dan la cara para no justificar sus gritos ni sus linchamientos” y que, por tanto, “desmienten ser verdaderos ciudadanos”.

En el paso siguiente, los violentos “institucionalizan su ideario de odio” en forma de políticas racistas y leyes de inmigración que vulneran los derechos humanos. “Todas lo hacen, en mayor o menor medida. De hecho, la legislación contra los migrantes se endurece año tras año. Y, si esto parece una exageración”, señala, “es que los xenófobos han logrado su objetivo”.

“Nadie toleraría que a su hijo le llamasen MENA. Porque implica que es una aMENAza. Y que, en lugar de tratarlo como un niño, se le debe encerrar en un centro de detención”. Es el resultado, concluye, de haberlo deshum sor, delincuente o violador.

“Así que dejar el micro abierto o la cámara enfocada”, como han hecho las televisiones esta semana, “es una forma de validar y extender (por tanto, azuzar y jalear) una violencia que niega la humanidad a una parte de la sociedad. Ahora pueden ser los moros… luego será cualquiera que les haga frente”.

Para que esto no ocurra, además de entender y aplicar los códigos deontológicos, Iranzo-Cabrera sostiene la urgencia de “establecer pautas editoriales claras y consensuadas dentro de las redacciones que protejan a los medios de caer, consciente o inconscientemente, en la función de escenario mediático o amplificador de estrategias de agitación política, especialmente cuando estas se apoyan en discursos de odio, desinformación o provocaciones diseñadas para captar atención mediática”.

De nada sirven los códigos si los editores toman la decisión de desplazar a sus profesionales para cubrir estos focos de odio, que sin la cobertura mediática quedarían reducidos a un grupo de ultras. “La diferencia está en pasar de los principios generales a las decisiones editoriales prácticas en la rutina diaria. Y ahí, personalmente —y ojalá me equivoque—, si las empresas periodísticas no tienen ningún tipo de penalización, no van a dejar de hacerlo”. Y, entretanto, seguirán “dañando nuestra credibilidad como profesionales”.

Esta profesora extiende, además, sus críticas a las empresas periodísticas como responsables también de las agresiones a sus reporteros. “La normalización de la precariedad (especialmente en periodistas jóvenes, freelance o mujeres) se agrava cuando se les exige cubrir estos contextos hostiles, que se engrandecen con las coberturas mediáticas. Esto no solo es una negligencia, sino que traiciona los principios fundamentales de cualquier cultura profesional ética”.

Lo cierto es que no todo el mundo improvisa cuando se enfrenta a situaciones como la de Torre Pacheco. La BBC, por ejemplo, tiene en vigor una guía completísima sobre cómo actuar en relación con los directos que sus periodistas están obligados a aplicar también en caso de eventos prefabricados. En ella se establecen límites claros para evitar que la cobertura en directo amplifique actos escenificados, especialmente de grupos extremistas o violentos, de fuentes que buscan notoriedad o manipulación mediática, o que consisten en protestas prefabricadas diseñadas para provocar.

La guía advierte del riesgo que conllevan los directos de impulsar el racismo y los estereotipos, transmitir comentarios despectivos o difamatorios y engañar a las audiencias. Incluye consejos sobre cómo tratar un incidente serio durante una transmisión en vivo, como por ejemplo, en caso de manifestaciones, disturbios y motines: “Cortar y grabar material para uso en un reporte editado, si el nivel de violencia o desorden se vuelve demasiado gráfico”, o activar un retraso en la emisión para evitar retransmitir lo que los protagonistas de los disturbios desean.

La misión del periodismo, añade Sampedro, “no es responder a la violencia xenófoba, sino abortarla, prevenirla e impedir que tenga lugar”. En el caso de que se produzca, tendrá que promover políticas de seguridad y bienestar social “que impidan estos sucesos execrables”. Hay que entender, defiende, “que estamos ante propuestas antipolíticas que nos conducen a totalitarismos más o menos crueles. Su meta es quitarle los corchetes a la (ultra)derecha. Es decir, que el PP asuma la agenda y la retórica de Vox. Precisamente, lo que está pasando”.

¿Qué hacer, entonces? El profesor de la Rey Juan Carlos propone cinco medidas. Primero, exigir una respuesta policial contundente, tolerancia “cero” e identificar a quienes debieran ser objeto de investigación policial y castigo penal. Después, denunciar la financiación, las subvenciones y apoyos institucionales de las organizaciones que niegan los derechos humanos de ciertas minorías, así como visibilizar y dar voz a los colectivos atacados. Rehuir los estereotipos buenistas, precisa, reconociendo las tensiones o conflictos de intereses que tienen lugar en su seno y en sus entornos, escapando del simplismo maniqueo (buenos contra malos) y reconociendo la diversidad humana, también del colectivo migrante.

Por último, propone generar el debate público, la movilización ciudadana y las políticas “que nos protejan de los intolerantes, aislándolos, acallándoles, combatiéndoles con todo el peso del Estado de Derecho” y las formas de autodefensa ciudadana compatibles con él, con la democracia y la convivencia que quieren destruir.

La indignación social ante la catástrofe provocada por la dana tuvo el pasado domingo en Paiporta su punto más crítico. Los reyes, el presidente valenciano, Carlos Mazón (PP) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibieron gritos e insultos e incluso del lanzamiento de objetos y barro por parte de los vecinos desesperados. Sánchez llegó a sufrir una agresión a golpes que obligó a su equipo de seguridad a sacarlo de la escena ante el peligro que corría. En las escenas de tumulto aparecen vecinos indignados, pero también elementos de extrema derecha que habrían multiplicado el caos. Uno de los jóvenes que se dirigió al rey Felipe VI llevaba una chaqueta con un lema de la división azul, la enviada por Franco al frente de Rusia para apoyar a los nazis. Otros mostraban tatuajes y vestuario con imaginería fascista. Grupos cercanos a Vox, como la organización juvenil Revuelta, se vanagloriaron en redes de mensajería de haber golpeado al presidente del Gobierno y a uno de los coches que lo acompañaban. El partido ultra de Santiago Abascal ha ofrecido asistencia jurídica gratuita para todos.

El drama humanitario provocado por la dana se ha convertido en caldo de cultivo para las organizaciones neofascistas. La Comunitat Valenciana es uno de los territorios donde más ha crecido el apoyo a Vox en los últimos años. Mientras que en las últimas elecciones a las Cortes Valencianas obtuvo 310.184 votos (el 12,57%) situándose como cuarta fuerza política de la comunidad (13 escaños, tres más que en las anteriores), en las generales celebradas dos meses después consiguió adelantar a Compromís para ocupar el tercer lugar con el 15,65% de los sufragios. La Comunitat Valenciana es, además, uno de los territorios en los que las organizaciones neonazis sin representación parlamentaria se han mostrado más activas a lo largo de los años. Se trata de formaciones como España 2000 y Democracia Nacional. Moncloa ha señalado a esos grupos como decisivos el pasado domingo, cuando ciudadanos desesperados y elementos de estas organizaciones colaboraron activamente a reventar la visita del jefe del Estado y los presidentes del Gobierno y autonómico a la zona cero de la Dana.

La indignación por las muertes y los enormes destrozos de los vecinos tuvo mucho que ver en lo ocurrido el domingo. Pero también la propia configuración de esta ideología reaccionaria que, según los expertos, en la Comunidad Valenciana, tiene una configuración diferente. Al ultranacionalismo identitario español, el discurso antimigratorio y homófobo y el recurso a los bulos que defiende Vox en todo el país, la extrema derecha valenciana suma los vestigios de lo que se llamó blaverismo, el movimiento regionalista anticatalán de derechas surgido frente al valencianismo de izquierdas -más favorable a establecer vínculos culturales y lingüísticos con el vecino del norte- durante la Transición. Su expresión más institucional, la desaparecida Unió Valenciana, fue fagocitada por el PP de Zaplana y Camps. Algunos de sus representantes, como el exfalangista y ferviente anticatalanista Juan García Sentandreu, han acabado con los años en el partido de Abascal. Sentandreu fue el máximo dirigente del Grup d'Acció Valencianista (GAV), autor de múltiples acciones violentas desde su fundación en 1977.

Con el declive del blaverismo en los años noventa, varias organizaciones ultras como la neonazi Democracia Nacional (DN), Acción Radical y Alianza Nacional, pugnaron por ocupar su espacio, como recuerda Idoia Arreaza, politóloga e investigadora de la Universitat de Valencia. En esa época se produjo uno de los asesinatos neonazis más tristes de la Comunitat, el del joven antifascista e independentista Guillem Agulló, perpetrado el 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando tenía 18 años. Le clavaron una navaja en el corazón. Uno de los condenados por su muerte, Pedro Cuevas, se presentó como candidato en 2007 por las listas de Alianza Nacional. Otro de los implicados, finalmente absuelto, Manuel Canduela, fue dirigente de Democracia Nacional hasta 2018. Tras los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, Canduela y su formación también intentaron agitar el luto con una concentración contra "la islamización de España" en el punto de la Rambla en el que fueron atropelladas decenas de personas.

En Valencia también nació uno de los partidos ultras con más presencia hasta la llegada de Vox, alimentado en parte por esas formaciones en la comunidad. Se trata de España 2000, fundada en 2002 por el exfalangista y empresario de seguridad ligado al negocio de los clubs de alterne José Luis Roberto. España 2000 fue el primer intento de adaptar el discurso ultra a los nuevos movimientos ultras que empezaban a llegar durante esa década a los parlamentos de media Europa ampliándolo al populismo, la xenofobia y la homofobia y convirtiéndose en un precedente de Vox. Nunca consiguió representación en la cámara autonómica, pero sí obtuvo algunos concejales en ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y Madrid.

Junto con Revuelta y Democracia Nacional, España 2000 fue una de las organizaciones que, tras las últimas elecciones generales, organizaron manifestaciones diarias en sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. En octubre de 2019, boicotearon el estreno de la película Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, en los cines Lys de Valencia, donde agitaron una bandera al inicio de la proyección en la que se podía leer "Únete a la resistencia. España 2000". Después, sus miembros, dispersados por todo el patio de butacas, se dedicaron a gritar "Viva España", "Viva Cristo Rey" o "España libre" entre las protestas del resto del público.

Su líder, José Luis Roberto, organizó dos años antes, en 2017, un escrache a la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, a la que acusaron de apoyar "els Països Catalans". También ejerce la acusación popular contra la exvicepresidenta valenciana en la causa abierta contra ella por omisión del deber de socorro a una joven bajo tutela que había sufrido abusos por parte de su exmarido. El juez que llevaba el caso lo cerró en abril al considerar que no existía un solo indicio de delito, pero la Audiencia de Valencia le ha obligado a reabrirlo. El inicio de la investigación obligó a Oltra a dimitir de todos sus cargos y a abandonar el Gobierno valenciano en 2022.

A Mónica Otra también la acusa, por esos mismos hechos, la agitadora ultra y confundadora de Vox Cristina Seguí, una de las caras más conocidas de la esfera mediática ultra. La colaboradora valenciana de OkDiario y extertuliana de Todo es mentira, el programa de Risto Mejide en Cuatro, fue condenada el pasado julio a 15 meses de prisión en julio por un delito contra la integridad moral y otro de revelación de secretos por difundir un vídeo de una víctima de violación en manada a la que acusaba de haberse inventado su agresión, pese a que dos de los cuatro menores acusados de ese delito fueron condenados a tres y cuatro años de internamiento mientras que el resto permanece en libertad vigilada tras llegar a un acuerdo con el fiscal. El domingo justificó la agresión a Sánchez en su perfil de X llamándolo "villano corrupto" y acusándolo de retrasar la ayuda a los afectados "más de 48 horas" como "estrategia de erosión política del adversario".

Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, la norma que el Gobierno de PSOE y Sumar se ha comprometido a reformar tras fracasar en la pasada legislatura, aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.

El grueso de la recaudación guarda relación con aquellos artículos relativos a sanciones relacionadas con la tenencia de drogas, con 130 millones en multas, el 74% del total. Con respecto a 2022, esto supuso un aumento del 21%, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

El Ministerio del Interior desglosa los 174 millones derivados de las 284.512 sanciones impuestas en 2023 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al amparo de la 'ley mordaza' en otros dos apartados más: por los artículos relacionados con armas y explosivos se recaudó 20 millones de euros (+13%) y por el de seguridad ciudadana otros 23 millones (+2%).

En aplicación del artículo 36.6, el que castiga "la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes", permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas. Esto supone una subida del 7% con respecto a 2022, que dejó 11 millones en multas con 17.835 expedientes de sanción a ciudadanos.

Las diferencias para reformar este artículo 36.6, usado en la pandemia de forma masiva, fue una de las razones por las que los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar, con apoyo del PNV- y los partidos independentistas -ERC y EH Bildu, principalmente- no consiguieron llevar a cabo la pasada legislatura la reforma de la ley mordaza, la norma que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta.

Otro de los artículos objeto de negociación fue el 37.4, el que castiga las faltas de respeto a los policías, ya que los partidos del Gobierno y sus socios analizan la forma de evitar la "arbitrariedad" para que se aplique exclusivamente en insultos o injurias.

Las sanciones con este artículo 37.4 de la 'ley mordaza' sí bajaron en 2023 hasta anotar 22.260 multas con 4,3 millones de euros (-15%), según la estadística oficial del Ministerio del Interior con datos facilitados por las delegaciones y subdelegaciones -de Cataluña, y País Vasco sólo se incluyen expedientes tramitados por la Administración General del Estado-.

El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la 'ley mordaza' motivó que los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil se manifestaron en las calles de Madrid al desconfiar de los cambios en la norma por entender que desprotegería la labor que realizan los agentes.

La negociación parlamentaria, que Sumar quiere reactivar ahora, terminó fracasando, en parte, por la negativa del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a permitir que se prohibieran las pelotas de goma como material antidisturbio.

Sin embargo, los partidos sí llegaron a pactar que otro punto de discrepancia, los rechazos en frontera de migrantes o devoluciones en caliente, quedara al margen de la ley de protección de la seguridad ciudadana para regularse en exclusiva en la ley de extranjería.

Más de 30 personas han sido detenidas en los disturbios que estallaron el jueves a última hora en Dublín y que, promovidos por grupos de la ultraderecha, respondían al apuñalamiento múltiple que dejó cinco personas heridas junto a una escuela del centro de la capital irlandesa, entre ellos tres niños.

El jefe de la Garda (Policía), Drew Harris, ha confirmado 30 detenciones y ha prometido que hará "muchos más arrestos", tras una noche de violencia en la que han sido saqueadas 13 tiendas y se han destruido tres autobuses y un tranvía. La Policía ha centrado gran parte de los ataques, con once vehículos dañados y varios agentes heridos.

Las autoridades han señalado como origen de estas protestas a facciones de extrema derecha y han pedido a la población que se ciña a las informaciones oficiales sobre el ataque del jueves, para no caer en bulos que puedan circular por Internet. Por ahora no existe una versión definitiva sobre el ataque, si bien en un primer momento la Policía apuntó que no parecía tratarse de un incidente terrorista.

El primer ministro, Leo Varadkar, ha condenado de forma tajante los disturbios, que considera "una vergüenza para Irlanda", y ha cifrado en unas 500 las personas que participaron. "Ser irlandés es algo más que saludar a la bandera y golpearte el pecho", ha sentenciado el mandatario.

También ha recordado a las víctimas del apuñalamiento múltiple: una niña de cinco años y una mujer adulta sufrieron heridas graves, así como el supuesto agresor, un hombre que según las primeras investigaciones actuó solo.

"El primero fue un ataque contra niños inocentes, el segundo contra la sociedad y el Estado de Derecho", ha señalado Varadkar este viernes, según la televisión pública RTE. Tanto el primer ministro como la Policía han deslizado la necesidad de revisar también la actuación de las fuerzas de seguridad en los disturbios, para determinar si pudieron actuar mejor para impedir la escalada de la violencia.

La segunda noche de protestas con un alto grado de tensión en la calle Ferraz, donde se sitúa la sede nacional del PSOE, ha finalizado alrededor de las 23.30 horas del martes, donde se han congregado más de 7.000 personas y se ha desplegado un fuerte dispositivo policial que se ha saldado finalmente una cifra de unas cuarenta personas heridas, de las cuales 30 son policías, según informa Europa Press. Según el balance final, hay siete detenidos, todos españoles: cinco hombres y una mujer con edades entre 19 y 44 años, además de un menor de edad, de 17 años.

Las fuentes de Interior han señalado que el martes por la noche los agentes antidisturbios sí usaron pelotas de goma para disuadir a los manifestantes con actitud violenta, además de volver a utilizar, como el día anterior, botes de humo y gases lacrimógenos.

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado contra aquellos que "por acción u omisión" apoyan el "asedio" a las sedes socialistas en toda España, en una noche en la que se han repetido las protestas por los pactos con los independentistas catalanes y la ley de amnistía. "No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Su silencio les retrata", ha reprochado Sánchez en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha insistido que las protestas ante las sedes del partido "no quebrarán" la labor del PSOE. "El avance social y la convivencia merecen la pena", ha destacado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido por su parte "respeto y ejemplaridad" en las protestas contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes y la ley de amnistía, a la vez que ha culpado a Sánchez de provocar un "malestar social" entre la ciudadanía. A su juicio, las protestas deben "partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios". "No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual", ha defendido Feijóo en red social X en el que ha emplazado a apoyar las manifestaciones que el PP ha convocado el próximo domingo 12 de noviembre en las plazas de toda España.

Una hora después, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, sí que ha condenado con rotundidad la violencia en la concentración de Ferraz. "Nada justifica la violencia que se ha vivido hoy por parte de una minoría. Mi rotunda condena", ha apuntado. Además, ha aclarado que "ante el malestar social por las cesiones que planea Sánchez", la oposición a la amnistía "solo cabe por vías pacíficas y democráticas". "Y así lo haremos el domingo 12 a las 12", ha recordado, en la misma línea que se había pronunciado previamente Feijóo.

La Policía se ha equipado desde el primer momento de la tarde con cascos y ha procedido a cortar la calle Ferraz, Buen Suceso y parte de Marqués de Urquijo evitando así acceder a la sede nacional socialista.

Pese a que la convocatoria que se había viralizado en redes se esperaba a las 20.00 horas, ya desde las 19.00 horas de la tarde se acercaban los primeros manifestantes envueltos en banderas de España y coreando "España no se vende, España se defiende"; "Puigdemont a Prisión" o "Pedro Sánchez hijo de puta".

A la congregación se ha sumado el líder de Desokupa, Daniel Esteve, junto a decenas de seguidores que se han unido a los allí presentes. Entre otros, también han asistido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox, Manuel Mariscal, o la diputada Rocío de Mer.

En primera línea y separados por vallas de la Policía Nacional, se han agrupado afiliados a la formación ultra España 2000 con una gran pancarta en la que se leía "España no se vende. Resistencia social", un punto donde se ha producido tensión con otros manifestantes cercanos contrarios a las proclamas nazis que proferían estos manifestantes.

Además, la líder del grupo neonazi de Bastión Frontal, Isabel Medina Peralta, se ha subido junto a otro chico al techo de un quiosco de tabacos haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la cruz de Borgoña.

Hasta este momento se respiraba una calma tensa en la calle Ferraz. Sin embargo, alrededor de las 21.15 horas los asistentes han comenzado a lanzar huevos a la prensa y a la Policía Nacional, además de botellas de cristal que han impactado contra los furgones policiales, poniéndose los efectivos en preaviso y avanzando lentamente hacia las vallas y con las porras en la mano.

Han sido numerosas las pitadas por parte de los asistentes tanto al Gobierno de Pedro Sánchez, al que han llamado "traidor", como a la Policía Nacional a los que gritaban "cobardes" y "contra los moros no tenéis cojones", y al rey ("Felipe masón, apoya a tu nación"). Banderas de España y franquistas han hondeado durante toda la protesta así como pancartas en las que se leía "España no paga a traidores. Amnistía no" o "la Constitución destruye la nación", escrita en una bandera de España.

Debido al enorme blindaje dispuesto por los efectivos de la UIP alrededor de la calle Ferraz, un grupo de manifestantes ha dirigido sus protestas contra los pactos el PSOE y los independentistas catalanes hacia la Gran Vía de Madrid y el Congreso de los Diputados.

Estos se habían citado a las 19.00 horas en el Parque del Oeste desplazándose posteriormente a Ferraz. Poco antes de las 20.00 horas, se han vuelto a trasladar hacia la Gran Vía para dirigirse al Congreso de los Diputados y se han congregado en Neptuno después de que la Policía blindase los alrededores de la Cámara Baja.

Posteriormente, el mismo grupo ha regresado por Gran Vía para volver a unirse al grueso de la protesta en Ferraz. Un grupo de asistentes ha coreado el himno fascista Cara al sol. También se han producido quema de contenedores en las inmediaciones de la sede del PSOE. Ha sido a partir de las 23.30 horas cuando los antidisturbios han podido controlar a los sectores más revolucionarios y dispersar la concentración que ha dejado la calle Ferraz y sus aledañas deterioradas.

La banlieue arde y se tensa entre las manifestaciones y los múltiples disturbios. Tras ella arderá París y probablemente Macron.

Conocida es la violencia con la que actúan las fuerzas de seguridad francesas, en diversas ocasiones denunciada por diferentes ONG y el Consejo de Europa.

Macron intenta diluirse como un cubito de hielo en un vaso de bourbon y espera con recogimiento y apesadumbrado por la muerte del chaval a que pase la tormenta y cesen los disturbios. No tiene intención de cuestionar, ni mucho menos de echar a los pies de los caballos a sus fuerzas de seguridad, mientras en un difícil equilibrio de funambulista se solidariza con la madre del adolescente asesinado. “Nada, absolutamente nada justifica la muerte de un joven”.

Mientras acontece todo esto, Marine Le Pen –que huele como las hienas la sangre a kilómetros de distancia– acusa a la izquierda de llamar al desorden y a la violencia y a Macron de eludir sus responsabilidades constitucionales. O lo que viene siendo: ya estás tardando, Emmanuel, en declarar el estado de excepción. La extrema derecha sabe que si corre la sangre Macron lo tendrá jodido para una transfusión. Le pintan bastos al vigésimoquinto presidente de la Republica Francesa. Y lo sabe.

Esta noche probablemente arda París y con ella el Capitán Trueno, Tintín y todos mis héroes de la infancia.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

“Medio millón de euros para apoyar un homicidio voluntario"; "Una fortuna para recompensar una bravuconería fatal". El domingo 2 de julio, muchos internautas y políticos se indignaron por la creación de un fondo de apoyo al policía imputado tras la muerte de Nahel. Pero también se indignaron por la cantidad recaudada en sólo tres días: casi 860.000 euros recaudados hasta el lunes por la mañana, una cifra que sigue disparándose.

Lanzado el viernes por el polemista de ultraderecha Jean Messiha, el fondo ha recaudado casi seis veces más dinero que el creado para la madre del joven de 17 años muerto, que ha alcanzado unos 156.000 euros. El columnista de CNews se jactaba abiertamente de ello en su cuenta de Twitter: "Agárrense: el fondo que he lanzado para la familia del policía Florian EXCEDE AL CREADO EN FAVOR DE LA MADRE DE NAHEL".

Para Jean Messiha, se trata de apoyar a la familia del policía "que hizo su trabajo y que ahora está pagando un alto precio". Florian M., de 38 años, el subinspector de policía que efectuó el disparo mortal contra el joven Nahel, ha sido acusado de "homicidio voluntario" y puesto en prisión preventiva, de acuerdo con las órdenes del fiscal (véase el artículo de Camille Polloni).

Aunque goza de presunción de inocencia, "dado el estado de las investigaciones y las pruebas recogidas", "no se cumplen las condiciones legales para el uso del arma", señaló el fiscal de Nanterre, Pascal Prache, en una rueda de prensa el 29 de junio.

En un vídeo publicado en YouTube el domingo, el columnista de extrema derecha eludió los hechos, refiriéndose simplemente a un agente de policía "implicado en la tragedia ocurrida". Para recaudar el máximo dinero posible, convirtió la campaña de recogida de fondos en un apoyo más amplio a las fuerzas del orden, que en su opinión están siendo "políticamente maltratadas por todo un sistema que les tacha de facciosos, violentos, sistemáticamente racistas, todas las acusaciones imaginables".

"He querido defender la causa de nuestras fuerzas policiales, porque se lo merecen, porque no reciben mucho apoyo, porque a menudo se sienten cohibidas en el desempeño de sus funciones", afirma en su vídeo.

Mientras tanto, otro fondo, creado por una cuenta llamada "sociedad motociclista de Hauts-de-Seine", con el objetivo de "apoyar a la familia de nuestro colega en sus necesidades básicas", ya ha recaudado más de 55.000 euros.

Las reacciones a estas colectas muestran la división existente. Por un lado, hay contribuyentes ruidosos que asumen la responsabilidad de su participación financiera, pero también a veces el racismo que impregna algunos de los comentarios. Por otro, internautas que denuncian masivamente el fondo, y políticos que consideran indigno ese fondo.

"Jean Messiha está echando leña al fuego. Es un generador de disturbios. El fondo de varios cientos de miles de euros para el policía imputado por el asesinato de la joven Nahel es indecente y escandaloso", ha declarado el diputado de Renaissance Éric Bothorel.

Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista, lo ha calificado como el “fondo de la vergüenza" y pide a la plataforma que lo acoge que lo cierre. "Están ustedes manteniendo una grieta ya enorme al participar en el apoyo a un policía imputado por homicidio voluntario", denunció en Twitter.

Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme, denuncia "la ignominia del payaso de extrema derecha Jean Messiha" y pide también el cierre del fondo.

Por su parte, el Prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, a preguntas de la BFMTV, respondió que no tenía "comentario alguno que hacer al respecto".

El fondo se difundió ampliamente en las redes sociales del polemista, así como en varios canales de Telegram de extrema derecha.

Entre los cerca de 43.000 donantes del fondo, cuyas aportaciones oscilaban entre 5 y 3.000 euros, había militantes y directivos del partido de Éric Zemmour, Reconquête. Desde la muerte del joven, el ex periodista del Figaro –condenado varias veces por "incitación al odio y a la violencia" e "injurias públicas contra un grupo de personas por razón de su origen"– ha afirmado públicamente, sin prueba alguna, que Nahel "claramente no era un ángel", o que "en cualquier caso, el ángel tenía manchas en las alas porque, a los 17 años, tenía un amplio historial delictivo", lo que no es cierto.

Jean Messiha ha utilizado la misma retórica en sus tuits: "Se nos dice que Nael no tenía antecedentes penales. Y sin embargo, entre tráfico de drogas, robo de matrículas, múltiples negativas a obedecer órdenes... no tener ni una sola mención en sus antecedentes penales es quizás una de las causas de su muerte".

Acostumbrado a los exabruptos de odio y a dar que hablar, Jean Messiha fue el portavoz del candidato Éric Zemmour durante la última campaña presidencial. Este enarca (diplomado por la prestigiosa y elitista École Nationale d’Administration, ndt) de 52 años, actualmente en excedencia en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, trabajó inicialmente para Marine Le Pen, convirtiéndose en el coordinador de su programa presidencial durante la campaña presidencial de 2017.

Tras la campaña, se incorporó a la oficina nacional del RN de Le Pen como delegado de estudios y argumentario. Abandonó el partido en 2020, oficialmente porque consideraba que su posición sobre el islam no era suficientemente radical. Por su parte, la dirección de RN explicó que le habían mostrado la puerta de salida tras el descubrimiento de unas notas plagiadas que había facturado a la campaña de las europeas, en 2019, por 16.200 euros, según Le Monde.

Desde su implicación política en 2017, aparte de algunos periodos de disponibilidad (sobre todo durante las campañas presidenciales), Jean Messiha ha acumulado, según nuestra información, casi cinco años de sueldo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, sigue con su obsesión por la "islamización de Francia" y el "Gran Reemplazo", una teoría racista y conspirativa, en las redes sociales y en la televisión, en particular en el canal CNews, propiedad de Vincent Bolloré (magnate de los medios de comunicación, ndt), donde es un habitual del plató.

En 2021, en Twitter, calificó al Prefecto de Yvelines de "amigo" de los "islamistas" y lo asoció a la "Colaboración", lo que le valió una condena por injurias, confirmada en apelación. El año anterior, ya había calificado a Abdelaziz Hamida, alcalde de Goussainville (que ganó su pleito por difamación contra L'Express, por las "revelaciones" sobre su "islamismo radical") de "nazi-islamista" fichado, y a los partidos políticos locales que no habían presentado candidatos contra él de "colaboracionistas" y "traidores".

En sus intervenciones mediáticas, como en la creación de este fondo, el funcionario parece haber olvidado el derecho de reserva al que está sujeto.

Desde su creación, también se ha cuestionado la legalidad de este fondo. No sólo por su finalidad, sino también por el destino del dinero.

Los internautas y el colectivo Sleeping Giants, que lucha contra la financiación de los discursos del odio, pidieron cuentas al anfitrión del fondo –la plataforma internacional Go Fund Me– por el hecho de que su finalidad no parecía cumplir con sus términos y condiciones. Estos prohíben la recaudación de fondos con el "objetivo implícito o explícito de promover o dar a entender" cualquier contenido "que refleje, incite o promueva comportamientos considerados (...) abuso de poder o incitación al terrorismo, al odio, a la violencia, al acoso, a la intimidación, a la discriminación, a la financiación del terrorismo o a la intolerancia de cualquier tipo, o que refleje un abuso de poder relacionado con la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el sexo, el género, la identidad de género, la expresión de género, la discapacidad o la enfermedad".

Por el momento, este fondo no ha sido prohibido, pero un precedente sugiere que podría serlo. En 2019, se creó un fondo para apoyar al militante chaleco amarillo y boxeador Christophe Dettinger, quien, al ver a los gendarmes gaseando a los manifestantes, la emprendió a puñetazos con la policía. La escena fue grabada y vista varios millones de veces en las redes sociales, haciendo incluso reaccionar al entonces Ministro del Interior. Dettinger decidió finalmente entregarse a la policía dos días después.

Mientras tanto, para apoyarle, uno de sus amigos creó un fondo en la web Leetchi, que rápidamente alcanzó unos 145.000 euros. La plataforma acabó cerrándola, alegando que había incumplido sus términos y condiciones de uso, que "prohíben toda incitación al odio o a la violencia".

Christophe Dettinger demandó a Leetchi para recuperar la cantidad, que consideraba suya. El tribunal judicial de París falló en su contra, declarando nulo el contrato con Leetchi por razones de orden público. En un comunicado, el tribunal explicó que "el objetivo inicial del fondo era apoyar una lucha que implicaba el uso de violencia física contra las fuerzas del orden" y que, "en virtud de su amplio alcance", también estaba destinado a "compensar las condenas que pudieran dictarse en el futuro".

En aquel momento, el Ministro del Interior, Christophe Castaner, reaccionó con dureza, arremetiendo contra quienes, en su opinión, estaban "perdiendo la cabeza" al financiar "la acción de un matón que vapuleó a nuestras fuerzas de seguridad". "Algunos han perdido el norte hasta el punto de que ya no saben de qué lado está la razón, y consideran que está bien subvencionar la violencia", denunció.

Cuatro años después, ante el revuelo generado por el fondo de apoyo al policía que mató a Nahel, el gobierno y su Ministro del Interior, Gérald Darmanin, esta vez no han abierto la boca.

Tras la publicación se han actualizado los importes de los fondos recogidos y las reacciones.

Interrogado por Mediapart el 12 de junio sobre sus actividades en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y su obligación de discreción como funcionario, Jean Messiha se negó a responder a nuestras preguntas. Tras la publicación de nuestro artículo, anunció en Twitter que se querellaría por difamación porque "todo es falso", escribió, sin dar más detalles.

Los ayuntamientos de Francia han anunciado una protesta para mañana lunes en repulsa por el ataque sufrido esta pasada madrugada por el alcalde de L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, cuya mujer se encuentra herida de consideración tras el impacto de un coche ardiendo contra el domicilio donde se encontraba con sus hijos de 5 y 7 años, informa Europa Press.

El ataque, ocurrido en el marco de las protestas por la muerte del adolescente Naël M. a manos de la Policía el pasado martes en Nanterre, se trata del incidente más grave contra un funcionario en las cinco noches de disturbios que han seguido al fallecimiento del joven.

Jeanbrun, que en el momento del ataque estaba coordinando las tareas de seguridad en el ayuntamiento, ha descrito lo ocurrido como un "intento de asesinato de una cobardía indecible" y un "auténtico hito del horror y de la ignominia". La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, ha condenado el ataque en nombre del Gobierno francés.

En repulsa por el ataque, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF, por sus siglas en francés), David Lisnard, ha llamado a una convocatoria en torno a las 12.00 en los ayuntamientos del país.

"La AMF ha decidido hacer un llamado a los cargos electos y a la población a movilizarse, no nos damos por vencidos y por eso mañana a las 12.00 hemos decidido con todos los alcaldes de Francia convocar a un mitin en las plazas de los ayuntamientos, donde haremos ruido antes de seguir con nuestro trabajo diario para que vuelva el orden", ha asegurado en declaraciones recogidas por TF1.

Al menos 667 personas han sido detenidas en Francia en la noche del jueves en el marco de las protestas por la muerte a tiros de un joven de 17 años a manos de un agente en un control policial, que han cumplido tres noches consecutivas de movilización en las calles del país, según informa Europa Press.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha informado de la cifra de detenciones a primer hora de la mañana, al tiempo que ha agregado que los agentes de las fuerzas de seguridad se han "enfrentado con valentía a una violencia poco frecuente".

Horas antes, el equipo del ministro había indicado que se habían producido 421 detenciones, de las cuales al menos 242 han tenido lugar en la región de París. Además, la mayoría tienen entre 14 y 18 años. "Estas detenciones récord reflejan las instrucciones de firmeza dadas por el ministro", ha declarado una fuente cercana a Darmanin al periódico Le Figaró.

Darmanin ha "dado instrucciones sistemáticas de intervención a la Policía" y ha mostrado su apoyo a las fuerzas de seguridad del país "que están haciendo un valiente trabajo", según ha comunicado cerca de medianoche a través de su perfil en la red social Twitter.

Cerca de las 03.00 horas de la madrugada la situación en Nanterre, en la periferia de París, sigue "tensa" por tercera noche consecutiva, según ha informado la cadena BFMTV, que señala que la Policía y los Bomberos continúan en el lugar de los hechos.

Miles de personas se han concentrado este jueves en Nanterre para protestar por la muerte del joven Nahel, que recibió un disparo a bocajarro tras la intercepción de su vehículo, en una jornada en la que el Gobierno francés ha anunciado el despliegue de 40.000 policías y gendarmes para contener la violencia en Francia.

La llamada Marcha blanca, convocada por la madre del joven, desfiló por las calles de Nanterre hasta terminar en los juzgados, donde poco antes el fiscal de la ciudad, Pascal Prache, ha determinado que el agente implicado en el caso debe permanecer en prisión provisional como sospechoso de un delito de homicidio. El funeral de Nahel tendrá lugar este sábado en Nanterre.

El Gobierno francés ha anunciado el despliegue de 40.000 policías y gendarmes para tratar de contener la escalada de violencia derivada de la muerte el martes de un joven de 17 años por el disparo de un agente en Nanterre, cerca de París, después de que la noche del miércoles se haya saldado con unos 180 detenidos en todo el país.

"El recogimiento, la Justicia y la calma deben guiar las próximas horas", ha reclamado el presidente galo, Emmanuel Macron, en Twitter, en un mensaje en el que ha tachado de "injustificables" las acciones violentas perpetradas contra instituciones públicas, "contra la República". El presidente ha convocado este jueves por la mañana una reunión interministerial para examinar los últimos acontecimientos.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha confirmado que 170 miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos, por lo que ha propuesto cuadruplicar el despliegue de efectivos contemplado para el miércoles. Quiere que "la respuesta del Estado sea firme" y "restablecer el orden republicano", para lo cual serán movilizados 40.000 policías y gendarmes, 5.000 de ellos en París, informa Franceinfo.

"Atacar las escuelas, incendiar un centro social, un ayuntamiento, no tienen nada que ver con lo ocurrido en Nanterre", ha afirmado Darmanin, que en declaraciones a los medios ha reafirmado su "confianza" en la labor de la Policía pese a las dudas suscitadas por la intervención que costó la vida a Nahel, de 17 años, tiroteado durante un control en Nanterre.

El agente se encuentra ya suspendido de empleo, mientras comienza a tomar forma un potencial procesamiento judicial. El fiscal de Nanterre, Pascal Prache, ha abogado por que permanezca en prisión provisional como sospechoso de un delito de homicidio voluntario, ya que considera que no se cumplieron "las condiciones legales" para el uso del arma en el incidente del martes.

El agente ha explicado ante las autoridades que quería "evitar una nueva fuga del vehículo" conducido por el fallecido, identificado como Nahel, al que le atribuye un comportamiento "peligroso" al volante. En este sentido, ha declarado que si desenfundó el arma y le apuntó directamente fue para evitar que volviese a arrancar, pero el joven hizo caso omiso.

Fue en ese momento cuando se efectuó el disparo, que según el fiscal atravesó un brazo y el tórax de Nahel, que finalmente terminó estrellándose. El propio Gobierno ha cuestionado la actuación del agente, captada también por imágenes de videoaficionado que están ya en poder de la Fiscalía y que, a juicio del Ministerio Público, acreditan que pudo cometerse un exceso.

El uso de balas de goma por parte de la policía y cuerpos de seguridad es cada vez más habitual y su empleo indebido en manifestaciones ha causado 53 muertos y 1.984 heridos entre 1990 y junio de 2017 en todo el mundo. Así se trasluce del informe Me estalló el ojo, elaborado por Amnistía Internacional en colaboración con la Fundación de Investigación Omega, el cual ha recabado información del uso de esta munición durante cinco años en más de 30 países. Ante el peligro que representan proyectiles de impacto cinético como balas de goma, así como disparos de balines recubiertos de goma y granadas de gas lacrimógeno, la organización exige un control estricto sobre su uso y un tratado global para regularizar su comercio.

En España, Amnistía Internacional recoge un fallecido y 24 heridos, 11 de ellos con lesiones oculares graves en los últimos 20 años por el uso desproporcionado de pelotas de goma, las cuales deberían estar, para la organización, prohibidas "por ser intrínsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva". El fallecido, Íñigo Cabacas, fue alcanzado en la cabeza por una pelota de goma, lo cual le provocó un traumatismo craneal del que no pudo recuperarse. Además, Amnistía Internacional recuerda como estos proyectiles pudieron tener relevancia en sucesos tan trágicos como la muerte de 15 personas que intentaban alcanzar las playas del Tarajal en 2014 o más recientemente en los sucesos que llevaron al fallecimiento de 37 personas en la frontera de Melilla el año pasado.

La organización denuncia como en España se han sustituido por parte de algunas policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, las pelotas de goma por balas de foam, las cuales también han causado igualmente lesiones graves. La organización denuncia como estos proyectiles habrían sido usados por las fuerzas de seguridad para disolver multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales. Por ello piden la suspensión y una evaluación de los protocolos y especificaciones técnicas de estas balas que ya han causado la pérdida de un ojo a dos personas, de un testículo a otra y dos traumatismos craneoencefálicos severos.

Una de las afectadas es África, una joven que, con 19 años, fue alcanzada por una bala foam disparada por los Mossos d'Escuadra durante la protesta celebrada en Barcelona contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. El impacto del proyectil le provocó la pérdida de un ojo y graves secuelas psicológicas: “Ahora tiene mucho miedo a cualquier ruido, con un petardo o un claxon se asusta. Era una chica con mucha vida social, que iba a muchas manifestaciones, y ahora no quiere ir a un sitio donde haya mucha gente. El impacto para ella ha sido brutal", relata el padre de la joven en declaraciones a Amnistía Internacional, y añade: "No puede ser que una persona vaya a una manifestación y vuelva sin un ojo".

El informe recoge la dimensión internacional del uso de estos proyectiles llamados "menos letales", que han causado 53 fallecidos entre 1990 y junio de 2017. Además 1.984 personas resultaron heridas, de las cuales 300 han sufrido discapacidad permanente a raíz de estos impactos, aunque la organización advierte de que, probablemente, las cifras sean mucho mayores.

Amnistía Internacional denuncia el poco respeto, por parte de los países a la hora de elaborar las directrices sobre el uso de pelotas de goma, de la legislación internacional sobre ellas, la cual limita su empleo a situaciones límite como último recurso ante individuos violentos que puedan causar daño inmediato a otras personas. Según la organización, "la disponibilidad, variedad y uso de proyectiles de impacto cinético se ha intensificado en el mundo y ha fomentado la militarización del control policial de las protestas", las cuales "infringen de forma habitual la normativa con impunidad".

Además, afectados de diferentes países dieron testimonio de las situaciones a la hora de lidiar con estos proyectiles. “No entendía lo que estaba ocurriendo, saqué mi celular y me hice una foto, pero no podía verla. Intentan herirte de manera visible para amedrentar a la gente, para que no salga”, declaró a Amnistía Internacional Leidy Cadena Torres, manifestante colombiana que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma a corta distancia.

Gustavo Gatica quedó ciego tras ser alcanzado en el rostro por balines de metal recubiertos de goma en Chile, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos cifró en 440 lesiones oculares, y más de 30 casos de pérdida de ojo o ruptura ocular durante las protestas de octubre de 2019. “Sentí correr el agua de mis ojos […] pero era sangre”, relata.

“Creemos que es necesario introducir con urgencia controles de ámbito global y jurídicamente vinculantes sobre la fabricación y el comercio de armas menos letales, incluidos los proyectiles de impacto cinético, además de directrices efectivas sobre el uso de la fuerza, para combatir el ciclo en aumento de abusos”, ha afirmado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado su "profunda tristeza" por el "trágico incidente" registrado el sábado en un estadio de fútbol en Indonesia, donde murieron al menos 125 personas por una invasión de campo y la posterior estampida humana provocada por la respuesta policial, según informa Europa Press.

Guterres ha trasladado sus "sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y ha pedido a las autoridades una investigación "rápida" y "exhaustiva" y que "adopten todas las medidas necesarias para evitar que una tragedia así se repita".

El ministro de Seguridad indonesio, Mohammad Mahfud, ha anunciado este mismo lunes la creación de un grupo independiente destinado a investigar lo sucedido y ha manifestado que "se espera que el equipo termine su trabajo en dos o tres semanas".

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dado orden de suspender todos los partidos de la liga nacional hasta que no se aclare lo que ha descrito como una "verdadera tragedia humanitaria". "Esto no se puede repetir en el futuro", añadió el domingo el mandatario durante una comparecencia ante la nación.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha admitido a trámite la querella de una chica que perdió un ojo en los altercados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, que presentó por presuntas lesiones contra un escopetero de Mossos d'Esquadra por disparar un proyectil de foam y contra su superior.

En un auto, consultado por Europa Press, el juez admite la querella de la joven de 19 años y la cita para declarar junto a un testigo y a tres policías que participaron en el dispositivo.

En abril, el Centre per la Defensa dels Drets Humans - Irídia pidió personarse como acusación popular del caso, y señaló al agente que disparó y su mando directo –que autorizó, ordenó o no impidió ni supervisó el uso de proyectiles de foam– por saltarse los protocolos de la policía catalana y dispararle "de manera intencionada".

Los abogados de la joven y el centro Irídia han presentado dos querellas contra los agentes por un presunto delito de lesiones provocando la pérdida o inutilidad de un órgano principal y un presunto delito de tortura o contra la integridad moral.

La joven fue atendida de urgencias en el Hospital Clínic y ha perdido completamente el ojo derecho, por lo que se la tenido que colocar una prótesis ocular.

Un oficial en activo de la Infantería de la Marina de Estados Unidos ha sido detenido este jueves al ser acusado de participar en el asalto al Capitolio del 6 de eneroasalto al Capitolio, según informa Europa Press. Christopher Warnagiris, mayor de 40 años y que desarrollaba su puesto en la Base Quantico del Cuerpo de Marine de Virginia, ha sido arrestado al ser acusado de entrar en el edificio y empujar a un oficial de Policía para mantener la puerta abierta y permitir la entrada de otros alborotadores, informa CBS.

Según han indicado los fiscales, el oficial en activo fue el primero de un grupo en romper la línea policial que protegía las puertas de la rotonda este del CapitolioCapitolio. Asimismo, han señalado que Warnagiris empujó a otras personas al interior de la sede.

Wargnagiris, primer miembro en servicio activo acusado en el marco de la investigación del asalto, se suma a una lista de 44 personas acusadas de participar en la insurrección y que han servido en el Ejército estadounidense. El ahora detenido se enfrenta a cargos federales que incluyen agredir, resistir y obstaculizar el procedimiento oficial —por el que podría tener una sentencia de 20 años de cárcel— y obstruir la aplicación de la ley durante un desorden civil.

Por su parte, el Cuerpo de Infantería de la Marina ha anunciado que ayudaría a las autoridades en sus investigaciones y que los "comportamientos negativos" como "cierta actividad de disidentes y protestas" están prohibidos por una política revisada del cuerpo.

Por otro lado, el portavoz del Pentágono, John Kirby, no ha precisado aún si Warnagiris podría enfrentarse a sanciones en virtud del Código Uniforme de Justicia Militar. El Pentágono ha condenado en anteriores ocasiones el extremismo en sus filas.

El asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, tuvo lugar el día que el Congreso de Estados Unidos celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente Donald Trump rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas al respecto.

Las protestas se han sucedido por tercer día consecutivo a el municipio de Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad de Mineápolis, para protestar por la muerte a manos de la Policía del joven afroamericano Daunte Wright el pasado domingo, según informa Europa Press. A pesar de que las concentraciones han sido pacíficas durante la tarde, cuando se ha puesto el sol han empezado los disturbios frente a la comisaría de Brooklyn Center, donde las fuerzas de seguridad han usado gas pimienta para dispersar a la multitud, que ha respondido lanzando botellas de agua y otro proyectiles contra los agentes.

Un toque de queda rige tanto en Brooklyn Center como en Mineápolis y St. Paul, informa CNN. El alcalde de este primer municipio, Mike Elliott, ha precisado que están llevando a cabo "un proceso interno para asegurarnos de que estamos siendo responsables de los pasos que debemos tomar", aunque de momento no han aceptado la renuncia del agente que disparó y mató a Wright.

La agente de la Policía que mató este domingo en Mineápolis al joven afroamericano ha sido identificada como Kim Potter y habría confundido su pistola con el táser, según se desprende de la cámara que llevaba la propia policía, que grabó lo ocurrido. Se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minesota.

Potter, con 26 años de experiencia en la Policía, ha presentado este martes dimisión a través de un comunicado en el que ha querido destacar que ha servido como agente de policía "lo mejor" que pudo y que llegada esta situación "lo mejor" para la comunidad, el departamento y sus compañeros, es "renunciar de inmediato".

Este martes, en la primera entrevista televisada de los padres del joven afroamericano en Abc, estos han asegurado que "no pueden aceptar" la afirmación de la Policía de Minesota de que el disparo mortal que acabó con la vida de su hijo fue "accidental".

La Policía de Brooklyn Center publicó este lunes la grabación de la cámara de la agente de policía, en la que se ve a la agente aproximándose al vehículo Daunte Wright, de 20 años, y pidiéndole que salga del coche. Los agentes intentan maniatar a Wright, pero se zafa y se vuelve a meter en su vehículo.

Según la Policía, la agente que disparó a Wright habría confundido su pistola con el táser. "Me gustaría que se hiciera justicia y que (Potter) rindiera cuentas por todo lo que nos ha quitado", ha pedido la madre de Wright, Katie Wright.

La muerte de Wright ha desatado protestas contra el racismo y la violencia policial, ya que en esa misma ciudad el año pasado murió el afroamericano George Floyd, ahogado durante una detención policial.

El alcalde de Mineápolis ha declarado un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte de otro afroamericano a manos de la Policía. Desde el lunes por la noche, a partir de las 19.00 horas (hora local), entrará en vigencia el toque de queda, que se extenderá hasta las 6.00 horas del martes. Esta medida se aplicará puesto que se ha declarado el estado de emergencia en la urbe, según recoge Europa Press.

"La angustia que estamos sufriendo no se puede traducir en violencia, destruyendo medios de vida, destruyendo negocios de propiedad local en los que nuestras comunidades han vertido su corazón y alma durante décadas", ha pedido el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una rueda de prensa, informa CNN. "El desmoronamiento de los sacrificios que la gente ha hecho durante tanto tiempo, no puede, no será tolerado. Debemos buscar la paz esta noche", ha instado Frey.

También el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, ha anunciado que imperará este mismo toque de queda en el municipio, mientras que el gobernador de Minesota, Tim Walz, ha declarado también toque de queda en tres condados —Hennepin, Ramsey y Anoka—, uno de ellos donde fue asesinado Daunte Wright.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad Brooklyn Center —donde fue asesinado Wright—, Mike Elliott, ha informado que la autoridad de mando del Departamento de Policía ha sido transferida a su oficina tras una votación en el consejo de la ciudad, mientras que también ha anunciado que el administrador del municipio, Curt Boganey, ha sido relevado de sus funciones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha expresado sobre la muerte del ciudadano afroamericano a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que es necesario "reconstruir la confianza y garantizar la rendición de cuentas para que nadie esté por encima de la ley". "Hoy estoy pensando en Daunte Wright y su familia, y en el dolor, la ira y el trauma que experimenta la América negra todos los días", ha escrito el mandatario, horas después de haber pedido calma y "esperar y ver lo que depara la investigación".

Daunte Wright murió a causa de una herida de bala en el pecho y la forma de muerte ha sido declarada homicidio, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin. El agente de la Policía que mató este domingo en Mineápolis al joven afroamericano habría confundido su pistola con el táser, según se desprende de la cámara que llevaba el propio policía, que grabó lo ocurrido.

El agente está dado de baja provisionalmente y se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minesota. La muerte de Wright ha desatado protestas contra el racismo y la violencia policial, ya que en esa misma ciudad el año pasado murió el afroamericano George Floyd, ahogado durante una detención policial.

La Policía ha despejado con cañones de agua a un multitudinario grupo de manifestantes que han vuelto a salir a las calles de Irlanda del Norte registrando disturbios, según informa Europa Press. En la jornada de este jueves se han lanzado botellas y ladrillos contra las fuerzas de seguridad, que han vuelto a sufrir ataques por parte de las personas congregadas en el oeste de Belfast, informa Belfast Telegraph, que recoge como los manifestantes han lanzado fuegos artificiales contra los coches de los agentes.

Por segunda noche consecutiva los incidentes se han concentrado en el área de Springfield Road, donde también se registraron disturbios el miércoles por la noche. Este mismo jueves, el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha admitido que el Brexit ha creado "problemas reales" en el país, pero ha remarcado que la violencia no es la forma de solucionarlos, por lo que ha reiterado el llamado a la calma que llega desde diferentes sectores.

De hecho, Lewis ha viajado a Belfast tras los disturbios que llevan sacudiendo las calles del país desde el fin de semana pasado y que la Policía ha calificado como los peores en años, informa Sky News. También los cinco partidos del Ejecutivo de Irlanda del Norte se han unido para condenar los "deplorables" disturbios, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, que también condenó la violencia este miércoles, ha conversado con su homólogo irlandés, Michael Martin, para lanzar posteriormente un mensaje de calma.

Hasta el momento, la Policía ha confirmado que los disturbios del miércoles por la noche han sido los más graves, cuando se secuestró e incendió un autobús y más de 600 personas se reunieron en las callessecuestró e incendió un autobús. Entre este grupo de manifestantes se encontraban jóvenes de tan solo 13 o 14 años, que eran alentados por los adultos a cometer "actos delictivos" mientras los aplaudían, ha señalado el subjefe de la Policía, Jonathan Roberts, que además añade que "hubo un elemento de planificación previa".

El ejecutivo norirlandés ha reiterado que la violencia "debe cesar", ya que "la destrucción, la violencia y la amenaza de violencia son completamente inaceptables e injustificables, sin importar las preocupaciones que puedan existir en las comunidades".

Las tensiones han crecido en los últimos meses en la región por los acuerdos comerciales que se han adoptado tras el Brexit, una situación tensa que llegó a su límite cuando la semana pasada la Policía decidió no procesar a 24 políticos del Sinn Féin por asistir a un funeral, violando las medidas establecidas por el Gobierno para tratar de controlar la pandemia. Al menos unas 2.000 personas asistieron al multitudinario funeral en recuerdo del antiguo miembro del IRA Bobby Storey, entre ellas O'Neill, que tuvo lugar en junio del año pasado.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha condenado este miércoles "las escenas de violencia" que se han vivido en los últimos días en Irlanda del Norte, que se ha repetido en la última jornada con el secuestro e incendio de un autobús por el lanzamiento de cócteles molotov, entre otras acciones, según recoge Europa Press.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, se ha mostrado "profundamente preocupado por las escenas de violencia en Irlanda del Norte, especialmente los ataques contra la Policía que protege al público y las empresas, los ataques a un conductor de autobús y la agresión a un periodista". A lo que ha añadido que "la forma de resolver las diferencias es mediante el diálogo, no la violencia o la criminalidad".

El autobús que se ha incendiado este miércoles ha sido a raíz del lanzamiento de cócteles molotov en un cruce en Belfast, según ha informado la Policía, aunque no ha sido el único incidente de la jornada, ya que el miércoles por la noche se lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, mientras que un fotógrafo fue agredido en las inmediaciones mientras llevaba a cabo su trabajo.

También la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha condenado este ataque en Twitter, señalando que "no hay justificación para la violencia. Está mal y debe parar", para añadir que "esto no es una protesta. Esto es vandalismo e intento de asesinato". "Estas acciones no representan el sindicalismo ni el lealismo", incidió Foster. El resto de miembros del gabinete, así como cargos de todo el espectro político, también han condenado la violencia y han urgido a detenerla. En este contexto, la Asamblea de Stormont se reunirá este jueves por la mañana para celebrar un debate de urgencia tras varios días de violencia.

Las tensiones han crecido en los últimos meses en la región por los acuerdos comerciales que se han adoptado tras el Brexit, una situación tensa que llegó a su límite cuando la semana pasada la Policía decidió no procesar a 24 políticos del Sinn Féin por asistir a un funeral, violando las medidas establecidas por el Gobierno para tratar de controlar la pandemia. Al menos unas 2.000 personas asistieron al multitudinario funeral en recuerdo del antiguo miembro del IRA Bobby Storey, entre ellas la viceprimer ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, que tuvo lugar en junio del año pasado.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha aludido en la sesión de control al Gobierno a una intervención previa del portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, sobre la Ley Trans. "¿Saben la diferencia entre Paca la Piraña y (Santiago) Abascal? Que Paca la Piraña hizo la mili"Paca la Piraña, ha espetado a la formación liderada por Santiago Abascal, en referencia a la actriz trans Francisca Aracil Cáceres, íntima de La Veneno, tras su reciente aparición en la serie homónima. 

Previamente, el líder de Podemos ha advertido al PP que piensan que pareciéndose a Vox les permitirá "ganar la batalla cultural" en la derecha, pero ha augurado que al final quedarán "fagozitados" por el partido de ultraderecha. Prueba de ello es que hayan votado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid a favor de borrar un mural feminista y de alimentar su discurso al "destrozar" un memorial a las víctimas del franquismo que estaba planificado en el cementerio de La Almudena (Madrid).

Todo esto ha sucedido durante el turno de preguntas del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha acusado al vicepresidente segundo de ser "la violencia callejera personificada" y de ser el principal instigador de los últimos disturbios acaecidos en diversas manifestaciones. Durante la sesión de control, el número dos del PP ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga silencio ante la actitud del vicepresidente y ha añadido que no va a permitir, aunque mantengan diversas diferencias con Vox, que Iglesias "señale a nadie" cuando, a su juicio, es el político que "más ha alentado la violencia en el Parlamento".

Por su parte, Iglesias ha replicado que la única fuerza política que alienta el "terrorismo de estado" y la violencia callejera de "ultraderecha" es Vox, precisamente sus socios en varias comunidades y ayuntamientos.

Al inicio de su intervención, el diputado conservador ha hecho mención a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que mientras se lanzaba "con guantes" a la manifestación del 8M del año pasado, el PP advertía del coronavirus. Prueba de ello es que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cerraba en esas fechas colegios mientras que el portavoz de Unidas Podemos y el regidor socialista de Valladolid, Óscar Puente, hablaban de "una gripe".

A reglón seguido, García Egea ha parafraseado una intervención atribuida a Iglesias antes de entrar en política: "(la) Constitución no instaura reglas del juego democrático y el primero que se dio cuenta de ello fue ETA". Con ello, le ha recordado que ha prometido hacer guardar la Carta Magna con lealtad al rey y que precisamente por sus disposiciones democráticas ha podido acceder al cargo de vicepresidente.

Por tanto, el número dos del PP ha cuestionado sobre cuándo piensa Iglesias "condenar los actos de terrorismo callejero" para, a continuación, reflexionar sobre "cómo puede ser posible que lo haga" cuando el secretario de Organización de Podemos, el también diputado Alberto Rodríguez, está acusado de "patear a un policía" en una manifestación. En su turno de réplica, el vicepresidente ha reclamado a García Egea que "no banalice" con el "terrorismo", pues el perpetrado por ETA, la ultraderecha, el terrorismo de Estado y el yihadista "han hecho mucho daño".