Si en la crisis económica de 2008 se produjo un éxodo masivo de jóvenes —y no tan jóvenes— a otros países en búsqueda de las oportunidades laborales que no le ofrecía el mercado español, un fenómeno popularmente conocido como fuga de cerebros, el Gobierno quiere que, ahora, nuestro país sea el receptor de ese talento. Este miércoles el Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria del programa Atrae, la primera iniciativa destinada a a atraer a los investigadores que se sitúan en el escalafón más alto de su trayectoria —el R4— para que desarrollen su actividad en universidades y organismos públicos de investigación españoles.

El programa estará gestionado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y prevé destinar 25 millones de euros al año para la contratación de un mínimo de 25 investigadores e investigadoras en cualquier área del conocimiento. Para acceder a esta ayuda los interesados — españoles o de otra nacionalidad— deberán contar más de siete años de experiencia postdoctoral y haber desarrollado esta actividad en el extranjero al menos cinco de los siete últimos años. Los beneficiados recibirán una ayuda de hasta un millón de euros para que desarrollen su línea de investigación en España.

Este millón de euros se utilizará para pagar el sueldo a los investigadores —que será de un mínimo de 80.000 euros anuales—, para contratar al personal de investigación que sea necesario para conformar su grupo de investigación y para la adquisición de equipamiento y adecuación de espacios para el establecimiento de su grupo. La ayuda será solicitada por la persona interesada, que deberá contar con una carta de aceptación del organismo al que pretende incorporarse y un compromiso de consolidación. El contrato será por una duración inicial de tres a cuatro años y el beneficiario será la institución de acogida.

Tal y como detallan desde el Ministerio de Ciencia e Innovación a infoLibre, el proceso de selección será el siguiente: las solicitudes deberán ser presentadas por las entidades y las actuaciones financiadas serán lideradas por el propio investigador. "La evaluación de las solicitudes se realizará por comisiones técnicas de personas expertas y por una comisión de selección", señalan. "Convocatorias como esta dan oportunidades atractivas para venir a España a los líderes mundiales en investigación que hacen avanzar las fronteras del conocimiento", ha explicado la ministra del ramo, Diana Morant, este miércoles.

Las entidades beneficiarias, es decir, aquellas en las que trabajarán los investigadores finalmente seleccionados, podrán ser organismos públicos de investigación, universidades públicas o sus institutos universitarios e incluso las universidades privadas "con capacidad y actividad demostrada en I+D+I ". Asimismo, si los investigadores tienen experiencia en el ámbito de las ciencias de salud, podrán trabajar en entidades e instituciones sanitarias publicas, institutos de investigación sanitaria acreditados de naturaleza publica y otros centros públicos dedicados a la investigación, el desarrollo y la innovación.

Aunque Atrae es el primer programa estatal, ya hay precedentes de este tipo de medidas a nivel autonómico. Hace dos décadas, concretamente en el año 2001, Cataluña ya puso en marcha su propio plan de captación y retención de talento, 100% público y financiado por la Generalitat: Icrea. Los investigadores candidatos a obtener una plaza de profesor de investigación Icrea se presentan a la convocatoria de la mano de la institución que quiere acogerlos. Este proceso de selección está orientado en exclusiva a la excelencia en la investigación, de manera que no hay limitaciones por nacionalidades, especialidades o instituciones.

Tal y como desgranan desde la propia institución, actualmente cuentan con 278 investigadores de todos los campos del conocimiento, desde filosofía hasta astrofísica, que llevan a cabo sus investigaciones en 48 universidades e instituciones de investigación en Cataluña. Concretamente, el 30% en ciencias de la vida y medicina, un 27% en experimentales y matemáticas, un 16% en áreas tecnológicas, un 15% en humanidades y un 12% en ciencias sociales. Con todo, los investigadores Icrea suponen tan solo un 1% del tejido científico catalán.

Unos años más tarde, en 2007 el Gobierno Vasco puso en marcha Ikerbaske, la Fundación Vasca para la Ciencia, con el objetivo de atraer y consolidar talento investigador. Según las cuentas de la propia organización, en 2022 atrajeron fondos por valor de 40 millones de euros, casi tres millones más que en 2021. Desde 2007, según explicó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, su labor ha conseguido captar para el País Vasco un total de 335 millones de euros.

Actualmente la Fundación Vasca para la Ciencia cuenta con 345 investigadores de 35 países diferentes, que desarrollan su labor en todos los campos del conocimiento. En relación a su área de conocimiento, el 49% son especialistas en ciencias experimentales, el 23% en ciencias médicas. Un 15% son especialistas en ingeniería y un 13% en ciencias sociales y humanidades. Ikerbaske se marca como objetivo aumentar la contratación femenina, ya que ellos siguen siendo mayoría: de los 345 investigadores, el 73% son hombres frente a un 27% de mujeres.

Fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación señalan que Cataluña o Euskadi "tienen una larga experiencia en captar este tipo de líderes de investigación", pero explican que estas autonomías "solo sufragan los gastos de contratación" y, por tanto, "no les aportan una financiación tan importante para su establecimiento en España", como si prevé hacer el programa Atrae.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia en el año 2018, se comprometió a repatriar a los españoles que se fueron en durante la última gran crisis económica. El Ejecutivo socialista —entonces monocolor— puso en marcha un programa piloto de un año de duración, de julio de 2019 a junio de 2020, en el que participaron 200 personas e incluía un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta a España, entre ellas conectar a migrantes y empresas, eliminar las barreras administrativas —como bonificar la cuota de autónomos—, asesoramiento en la búsqueda de una nueva vivienda en España e incluso ayuda psicológica.

El resultado del proyecto piloto no fue demasiado alentador: de los 200 participantes volvieron a España 58, menos de un 30% del total, aunque 33 usuarios adicionales (el 17%) habían fijado ya una fecha de regreso a España. De ese total, el 59% eran mujeres y el 41% hombres, con una media de 35 años de edad, procedentes de 29 países de residencia. El proyecto contó con un presupuesto total de 24,2 millones de euros, 12,4 millones en 2019 y 11,8 millones en 2020, implicando a una decena de ministerios.

Según se desgrana en este estudio sobre la movilidad social de los emigrantes españoles en Europa, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), mientras que en los años sesenta y setenta las migraciones a países como Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido se caracterizaban por unos perfiles profesionales de baja cualificación, las migraciones actuales son protagonizadas por trabajadores altamente cualificados atraídos por la búsqueda de un mayor reconocimiento social y laboral.

La juez de Majadahonda (Madrid) que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la gestión de Luis Rubiales ha reclamado al exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué que aporte el contrato que su empresa firmó con la RFEF para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, según informa Europa Press.

En una providencia, la juez Delia Rodrigo ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha requerido a Piqué que en un plazo de 10 días entregue la documentación firmada por la RFEF y su empresa —Kosmos— para "ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España".

Al margen, la juez también ha requerido a la RFEF que en un plazo de 10 días aporte al Juzgado el contrato de licencia suscrito con una empresa saudí "para la explotación de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey desde la temporada 2019/2020 a la de 2021/2022 en los territorios de Mauritania y Mauricio".

Estas diligencias se suman a las ya ordenadas por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda, incluido el requerimiento que hizo a la Federación para que remitiese el libro de contabilidad mayor correspondiente a 2020, "al máximo nivel de desagregación".

El Ministerio Público había pedido a la juez que ordenara esta diligencia a raíz de la respuesta que recibió de la Federación de Fútbol al requerimiento que hizo relativo a la documentación vinculada a la estancia de miembros de la RFEF en Salobreña, Granada, en agosto de 2020.

Las decisiones de la magistrada Delia Rodrigo se enmarcan en la investigación que desde el pasado verano dirige a raíz de la querella que admitió a trámite en la que se denuncian las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de la gestión de Rubiales al frente de la Federación.

En la querella por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal —presentada por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán— se apunta entre otras cuestiones a las presuntas comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué para que el torneo de la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. A dicha querella se sumó otra de Manos Limpias que también se investiga en el juzgado.

Investigadores del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderados por el doctor Mariano Barbacid, han logrado eliminar en un modelo experimental de ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP), una de las formas más agresivas de tumor y de las que más resistencia presenta a los tratamientos actuales, informa Europa Press.

Y es que, la curación de este cáncer de páncreas se limita prácticamente a aquellos casos en los que el tumor está localizado y puede ser eliminado quirúrgicamente, lo que representa menos del 10 por ciento de los pacientes. Además, y a pesar de los importantes avances que se están produciendo en el campo de la medicina personalizada y la inmunoterapia, este tumor sigue teniendo un mal pronóstico. En España según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una de las organizaciones que ha financiado el proyecto liderado por Barbacid, se registran unos 8.000 casos anuales, lo que representa el 2,2 por ciento de los tumores masculinos (2.129 casos) y el 2,7 por ciento de los que afectan a las mujeres (1.750).

La incidencia se puede considerar media (tasa ajustada mundial en 2002: 6,6 nuevos casos/100.000 habitantes/año en hombres y 3,9 en mujeres), si bien en los años 50 se produjo un ascenso muy importante, el cual continúa en la actualidad con cifras que desvelan los altos índices de mortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, y pese a estos datos, el jefe del servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y director del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Alfredo Carrato, ha lamentado que sólo el dos por ciento de la investigación se destine al cáncer de páncreas, algo que considera "desproporcionado", más aún si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de los pacientes fallece.

Además, y aunque el cáncer de páncreas representa el 2,2 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer, es ya la tercera causa de muerte, solo por detrás del cáncer de pulmón y de colon, superando a la mortalidad del

cáncer de mama. De hecho, se prevé que en 2030 el ADP se convierta en la segunda causa de muerte por encima del cáncer de colon. "Estamos ante un tumor que causa más muertes en Europa, y es hasta cuatro veces más frecuentes que el cáncer de mama, por lo que estamos ante una urgencia sanitaria de primer orden en la que es necesario invertir en su investigación para ganar terreno a la enfermedad", ha dicho el doctor Carrato.

Ahora bien, aunque las tasas de incidencia y mortalidad son muy elevadas, el conocimiento acerca del ADP ha aumentado "exponencialmente" en los últimos años, tanto a nivel celular como molecular. De hecho, se sabe que en el 95 por ciento de los casos la mutación iniciadora tiene lugar en el oncogén KRAS, cuyas rutas de señalización se conocen pero que se ha visto que "no es farmacológicamente abordable", por lo que se desconoce cómo inhibirlo.

Ante este escenario, los investigadores han desarrollado durante los últimos cinco años una nueva generación de modelos de ratón genéticamente modificados con el fin de evaluar el potencial terapéutico de dos dianas implicadas en la señalización de las oncoproteínas KRAS: el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés) y la quinasa c-RAF. Tras fallar a la hora de eliminar de forma aislada EGFR y c-RAF, los expertos decidieron analizar si estas dianas podían inducir un efecto terapéutico si las eliminaban a la vez, comprobando así por primera vez que en la mitad de los ratones los tumores ADP de alto grado no sólo no dejaron de crecer, como suele suceder en la mayoría de los modelos experimentales, sino que en unas semanas desaparecieron completamente.

Además, los científicos observaron que la eliminación de EGFR y de c-RAF sólo produjo una toxicidad menor ya observada en pacientes tratados con inhibidores del EGFR, como gefitinib o afatinib, y que consiste en una dermatitis "fácilmente controlable". Por esta razón, probaron esta terapia en ratones inmunodeficientes con diez modelos de cáncer de páncreas obtenidos en pacientes, comprobando así que nueve de estos tumores dejaron de proliferar en ausencia de ambas dianas, lo que supone un paso previo "esencial" para el desarrollo de futuros ensayos clínicos.

Hasta dentro de 5-10 años no se podrá aplicar en la clínica 

Sin embargo, y pese a estos descubrimientos, Barbacid ha avisado de que los pacientes que actualmente padecen este tumor no se van a poder beneficiar de este avance, ya que queda, como mínimo, unos cinco o diez años para que se puedan aplicar en la práctica clínica, dado que no existen inhibidores capaces de bloquear la actividad de c-RAF en este tipo de cáncer y, si existiesen, serían inaceptablemente tóxicos. Ahora bien, el investigador ha informado de que se está analizando la aplicación de una nueva tecnología denominada 'Química de Degradación' ('Degron Chemistry') que podría permitir plantearse la posibilidad de conseguir por inhibición de EGFR y degradación de c-RAF resultados análogos en la investigación clínica a los experimentales obtenidos con la eliminación génica de EGFR y c-RAF.

Estos resultados, al igual que los publicados por el grupo de Barbacid hace un año en los que demostraban un importante efecto terapéutico al eliminar c-RAF de tumores de pulmón, se están teniendo en cuenta en industria farmacéutica para desarrollar fármacos selectivos que permitan eventualmente ser usados contra estos tipos de tumores. Finalmente, el investigador ha informado de que en los próximos años van a estudiar qué otras mutaciones se producen en los ratones que no responden a la nueva estrategia terapéutica. "Aunque estamos ante un descubrimiento importante, es importante dejar claro que en menos de cinco años, y siendo optimistas, no va a haber nada", ha zanjado.

Además de la AECC, el trabajo también ha recibido financiación del European Research Council, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Ligue Contre el Cancer, los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Fundación La Caixa y la Fundación AXA.

El Gobierno chino ha ordenado este jueves el cese temporal de las actividades de investigación involucradas en la edición de genes humanos, después de que el científico chino He Jiankui anunciara este lunes que ha modificado genéticamente con la técnica CRISPR-Cas9 a dos bebés gemelos para inmunizarlos del VIH. Informa Europa Press.

Su anuncio, que no ha sido verificado aún por ningún organismo oficial ni a nivel nacional ni internacional, ha provocado las críticas de sus colegas investigadores sobre la ética y la seguridad de su investigación. "La naturaleza de este incidente es extremadamente desagradable, y se ha ordenado a los organismos relevantes que detengan temporalmente las actividades de investigación científica del personal relevante", ha señalado la agencia estatal de noticias Xinhua, citando al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología.

Los organizadores de la conferencia en la que He Jiankui afirmó haber editado los genes también condenaron el trabajo, calificándolo de "profundamente perturbador" e "irresponsable". "Incluso si se verifican las modificaciones, el procedimiento fue irresponsable y no se ajustó a las normas internacionales", concluyó el comité organizador del evento en un comunicado, en el que reclamaron una evaluación independiente de la actuación de He Jiankui. Los científicos chinos también han condenado el trabajo y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, donde se encuentra de excedencia de su cargo como profesor asociado, ha anunciado que va a poner en marcha una investigación.

"La pasividad e indiferencia política y la ineficiencia en la gestión de la actividad científica han llevado a la ciencia española al borde del colapso". Es el rotundo análisis de situación que hace la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, en el informe Cosce-Decides 2017 presentado este miércoles, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego.

Aunque advierten de que el largo periodo de crisis económica fue la "disculpa" para reducir la financiación pública de la investigación científica a "unos niveles muy inferiores a los de 2008", los autores del documento insisten en que esta no es la única causa de la "situación de debilidad preocupante" que atraviesa el sistema de ciencia en España. Y apuntan a "la ausencia de un compromiso real para impulsar una política de I+D+i seria y responsable que contribuya a mejorar el modelo de desarrollo económico y social del país". 

Ante este escenario, el resultado no puede ser más demoledor: "Un sistema científico carente de recursos financieros y humanos y con unas estructuras, instrumentos y normativas de gestión que dificultan el desarrollo de la actividad investigadora hasta límites insospechados". El documento, que recoge una evaluación exhaustiva del conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España e incluye propuestas de mejora, analiza también el impulso presupuestario que se ha dado a los programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en los últimos años. 

Y ahí el panorama también deja pocos resquicios para el optimismo, pues la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo inferior a la de antes de los grandes recortes. En 2009, el año en el que la financiación llegó a su cota más alta, se consignaron más de 9.600 millones euros para estas políticas y para 2018 hay presupuestados 7.050. En todo caso, eso no quiere decir que se gaste todo lo previsto. 

De hecho, el informe se centra en analizar la evolución de los fondos no financieros, es decir, las subvenciones a fondo perdido que están más dirigidas a la ciencia y la investigación. De los fondos financieros (créditos) resaltan que su transcendencia es menor tanto por su "baja ejecución" en los últimos diez años como porque las cantidades que se asignan tienen un menor nivel de firmeza porque no se incluyen en el techo de gasto ni en las cantidades enviadas a la UE como nivel de déficit público. Además, el texto subraya que "los importes consignados con los fondos financieros pueden dar lugar a una valoración distorsionada del nivel real de la apuesta por la I+D". 

Precisamente esa estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas ha propiciado que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– buena parte del dinero presupuestado para invertir en investigación científica. Según datos de diferentes informes de la COSCE esta cantidad superaría los 18.000 millones de euros entre 2011 y 2017. 

Respecto a los recursos no financieros, que según los autores del informe "permiten tener una visión más precisa de la dedicación presupuestaria a la I+D en los años recientes", muestran una "recuperación titubeante" desde 2013 hasta 2018, cuando se han alcanzado los 2.844 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando lejos de los valores registrados antes de los recortes. Por ejemplo, el 2008 los recursos no financieros alcanzaron los 4.238 millones de euros. En una década, por tanto, la caída ha sido del 33%. 

Excesiva burocracia 

El documento también hace alusión a la "rigidez" de la gestión administrativa, que hace que pierdan significación las cantidades globales asignadas. E instan a "eliminar las excesivas trabas burocráticas", pues aseguran que el sistema español de investigación "no puede permitirse el lujo de que los investigadores tengan que dedicar tantos esfuerzos a cumplir con unos controles meramente administrativos y contables, supuestamente garantes de unos resultados de calidad que en realidad no se evalúan".

En los últimos meses miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) han empezado a organizarse para exigir cambios administrativos que les permitan sacar adelante sus proyectos, pues aseguran que la excesiva burocracia paraliza sus investigaciones y les resta competitividad. Este mismo viernes van a celebrar una reunión en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid bajo el lema Salvemos la Ciencia. A este respecto, la COSCE subraya que "la excesiva burocratización ha llegado a hacer casi imposible la ejecución de los menguados recursos asignados". 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen.

Propuestas

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas piden acabar con la "insensibilidad presupuestaria" que ha impedido la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación que, a su juicio, es necesario para hacer una planificación a medio y largo plazo de la investigación y la innovación tanto en las universidades y organismos públicos de investigación como en las empresas. En este sentido, reclaman una programación cierta y duradera de las convocatorias que sea "lo menos variable posible". 

Asimismo, demandan que se reconsideren los objetivos, estructura y funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) o del nuevo instrumento que la sustituya. Y demandan que deje de ser una unidad meramente administrativa centrada en la tramitación de solicitudes y en el cierre contable de las previamente adjudicadas y que se adapte a las necesidades del sistema español teniendo en cuenta las experiencias internacionales. 

Por otro lado, requieren que se consolide un sistema de información que permita a los investigadores conocer la programación y ejecución de los fondos asignados a la investigación; que estimule la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de la actividad investigadora, priorizando la valoración y evaluación de resultados, tanto en el ámbito público como en el privado; y que facilite la toma de decisiones de científicos, empresarios, políticos y agentes que con el objetivo de que puedan contribuir a introducir cambios en el modelo español de desarrollo económico y social. 

Por último piden que, con carácter de urgencia, se cree en el Congreso de los Diputados un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos para propiciar acuerdos amplios entre las distintas fuerzas políticas que !provean de estabilidad a la política científica" e impulsen "un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente". También reclaman la creación de una Oficina Parlamentaria Asesora de Ciencia y Tecnología.

Scotland Yard ha confirmado este miércoles que los dos heridos en la localidad de Amesbury, situada cerca de Salisbury, han estado expuestas al agente nervioso Novichok, usado en el ataque contra el antiguo agente doble ruso Sergei Skripal y su hija.

La Policía del condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, ha informado este miércoles de que un hombre y una mujer de unos 40 años están en estado crítico desde el sábado, cuando fueron encontradas inconscientes después de quedar expuestas a una "sustancia desconocida" en Amesbury.

El subcomisario de la Policía Metropolitana, Neil Basu, ha indicado que los dos se encuentran hospitalizados "en estado crítico" y ha agregado que "por el momento nadie más ha presentado los mismos síntomas" que la pareja.

Vista del edificio donde encontraron a un hombre y una mujer inconscientes el pasado sábado en Amesbury, Reino Unido.

"La prioridad del equipo investigador es establecer cómo entraron en contacto estas dos personas con el agente nervioso", ha sostenido, antes de resaltar que cerca de cien detectives de la unidad antiterrorista trabajan en el incidente.

En este sentido, ha señalado que "no hay pruebas de que ni el hombre ni la mujer visitaran recientemente los lugares que fueron descontaminados tras el intento de asesinato de Sergei y Yulia Skripal".

Basu ha manifestado además que Scotland Yard "no está en posición" de decir si el agente nervioso es del mismo lote que el usado contra los Skripal, si bien ha reconocido que la posibilidad de que ambas investigaciones acaben relacionadas "es claramente una línea en las pesquisas".

La Policía de Wiltshere indicó a primera hora del día que, en un primer momento, se pensó que los dos pacientes habían enfermado por posible consumo de heroína o cocaína de un alijo de drogas "contaminado". "Sin embargo, las pruebas posteriores están en marcha para determinar la sustancia que llevó a enfermar a estos pacientes", explicó.

Posteriormente, la Policía antiterrorista de Reino Unido asumió la investigación del caso. "Dados los recientes hechos en Salisbury, agentes de la red antiterrorista están trabajando conjuntamente con colegas de la Policía de Wiltshire en relación al incidente en Amesbury", anunció la Policía Metropolitana en un comunicado.

Reunión de emergencia

El ministro del Interior de Reino Unido, Sajid Javid, ha anunciado que el Gobierno ha convocado una reunión de emergencia para abordar la situación.

"Esto ha tenido lugar después del barbárico y temerario ataque que tuvo lugar en Salisbury en marzo", ha indicado el ministerio en un comunicado.

"Mañana presidiré una reunión de la comisión de emergencia en relación con la investigación que ha sido abierta en torno al caso", ha manifestado Javid.

Sin embargo, en nuestra opinión, es precisamente ahora cuando deben traerse a colación dichos temas, prestando particular énfasis, por ser absolutamente crítico, al papel que juegan la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra economía y sociedad. El inesperado y rápido cambio de gobierno es una ocasión que "la pintan calva" para acometerlos y no deberíamos desaprovecharla.

Desde el Foro de Empresas Innovadoras (FEI) venimos insistiendo en que la nueva economía a que aspiramos debe fundamentarse especialmente en la relación entre innovación, productividad y competitividad. Se trata de un elemento básico para que la estructura económica (y no solo la coyuntura) sea más eficiente y robusta, capaz de resistir los impactos de futuras crisis en mejores condiciones que en las de los últimos años.

El anterior Gobierno prestó escasa atención a este asunto, a pesar de la insistencia que sobre la gravedad de la situación veníamos haciendo fuerzas sociales e instituciones de todo tipo. Este juicio se basa en hechos totalmente objetivos, citándose a continuación algunos de ellos.

Se produjo una fortísima reducción del presupuesto para I+D+i dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Así, se pasó de los más de 9.600 millones euros en 2009 a poco más de 6.500 millones en 2017, lo que supuso una reducción de una tercera parte, y ello sin tener en cuenta el efecto de la inflación que naturalmente reduce la capacidad de compra. Esta reducción no fue solo debida a la crisis, porque el descenso de la partida de I+D+i fue mayor que la que tuvo lugar para el conjunto de los presupuestos, resultando que mientras que la I+D+i era entorno al 3% del total de los presupuestos hace una década, hoy no llega ni al 2%. Además, y por si cupiera alguna duda sobre el nivel del desaguisado, España ha sido uno de los escasos países de la OCDE que han llevado a cabo tamaña reducción presupuestaria.

Otro dato también muy preocupante es el de la falta de ejecución de los presupuestos aprobados, que no ha hecho sino crecer en este último periodo. En efecto, en 2009, las obligaciones de gasto reconocidas, es decir su ejecución, supusieron entorno al 70% de lo aprobado y fueron descendiendo de manera constante hasta apenas alcanzar el 30% en 2017, lo que ha supuesto que incluso la UE haya hecho una advertencia pública sobre el particular.

De forma descarnada, las obligaciones reconocidas han descendido un 70% en los últimos años, de manera que en 2017 tan solo llegaron nuevos recursos al sistema por un valor entorno a los 2.000 millones de euros. Detrás de ello se encuentra como factor destacado el desproporcionado peso que tienen  los recursos financieros, es decir los créditos, sobre los recursos no financieros, o sea las subvenciones, lo cual es particularmente grave si se tiene en cuenta que las instituciones públicas (más de la mitad del sistema español de I+D) no pueden financiarse con créditos y que muchas empresas (singularmente las más pequeñas) no acuden a los mismos por razones tanto de los mecanismos de concesión como de su propia situación financiero-patrimonial.

Este comportamiento "pro cíclico" de los presupuestos es una de las causas, aunque no la única, que explican por qué todos los indicadores disponibles muestran un retroceso de la situación española en el plano internacional. Así, en efecto, el gasto en I+D sobre el PIB ha pasado de cerca de 1,4% a menos del 1,2 % en los años más recientes, mientras que el número de empresas innovadoras ha descendido considerablemente, trayendo aparejada también una caída de los gastos en innovación. Además, todos estos retrocesos han sido aún mas graves de lo que las propias cifras nos dicen, si tenemos en cuenta que ya partíamos de niveles realmente mediocres a nivel de la UE y la OCDE.

Algunas voces desprecian estos datos porque la macroeconomía ha mejorado, en parte debido a las exportaciones. Esto es cierto, pero se oculta que esas mejoras en gran medida se han debido a las rebajas salariales y han venido acompañadas de empeoramientos sustanciales de las condiciones laborales; el papel de la construcción y el turismo en la recuperación es muestra de ello. El cóctel se completa con unas condiciones de contorno muy favorables, como era el bajo precio el petróleo, los tipos de interés muy bajos –en ocasiones negativos- y los graves problemas de nuestros competidores turísticos del mediterráneo.

Los retos que se desprenden del desarrollo de la industria 4.0 no hacen sino añadir más argumentos a favor de la imposibilidad de dar un impulso nuevo y radical a nuestras políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Para ello, se pide, en primer lugar, que éstas ocupen un lugar destacado en la agenda política y, en segundo lugar, que se disponga de un diseño institucional que muestre ese nuevo papel, sea mediante la creación de un ministerio ad hoc o se establezcan otros mecanismos o estructuras análogas.

Paralelamente debería hacerse el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos públicos destinados a la I+D+i. Pretender en estos momentos de mudanza un incremento de los presupuestos del 2018 no parece realista, pero se nos ocurre una forma sencilla de incrementar en términos prácticos los recursos dirigidos a los actores de la innovación, y esta no es mas que la mejora en la gestión de dichos presupuestos. A modo de ejemplo, un ejercicio simple nos dice que si se lograse reducir significativamente la anteriormente citada falta de  ejecución (v.g. pasar del 70% de 2017 al 30% en 2018), supondría de hecho disponer de cerca de 2.000 millones de euros adicionales para inyectar en el sistema nacional de I+D+i).

Habría muchos más temas que debatir pero los dejamos para futuras aportaciones del FEI. Las ideas aquí expuestas tienen el carácter de urgencia que requiere la nueva situación política; en este caso, en tiempo de tribulaciones creemos que sí hay que hacer mudanza.

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José Molero es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Empresas Innovadoras.

Los jueces han obligado a readmitir o indemnizar a 242 trabajadores de los organismos públicos de investigación (OPI) que dependen del Ministerio de Economía entre los ejercicios de 2013 y 2017. Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Ciudadanos Sergio del Campo a la que ha tenido acceso infoLibre. El número de demandas por irregularidades laborales recibidas en estos centros en los cinco años analizados ascendió a 469, lo que evidencia que la Justicia dio la razón a los investigadores y técnicos en el 52% de los casos. De estos últimos, 110 fueron despedidos con indemnización y 132 readmitidos y contratados de nuevo como indefinidos no fijos. 

El elevado número de demandas se explica por la gran precariedad de la que adolece la ciencia pública española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos. "Es cierto que por las particularidades del sector hay determinados trabajos que tienen un carácter puntual, pero hay gente que lleva hasta quince años concatenando contratos por obra y servicio con cargo a proyectos científicos", asegura la investigadora Alicia Durán, que también es representante de CCOO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Estatal de Investigación. 

Durante años los OPI han hecho centenares de contratos amparándose en la ley de la ciencia, que permite prorrogar los contratos temporales de los investigadores sin tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 15.5 establece que adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que en un plazo de treinta meses hayan estado contratados durante más de 24 meses por la misma empresa mediante dos o más contratos temporales. Sin embargo, en los casos en los que los jueces han fallado a favor de los trabajadores han estimado que los centros de investigación han utilizado contratos temporales para satisfacer necesidades que eran permanentes, no puntuales. 

Durán señala que la explicación a por qué unos investigadores han sido readmitidos y otros despedidos con indemnización está en la estrategia judicial seguida en cada caso. En general, los que optaron por litigar amparándose en el Estatuto de los Trabajadores lograron ser contratados de nuevo como indefinidos no fijos; mientras que los que acudieron a los tribunales alegando que sus contratos se habían suscrito en fraude de ley en virtud de la Ley 43/2006, conocida como ley Caldera, tuvieron como resultado la calificación de improcedente de sus despidos con la consecuente obligación para los organismos de readmitirlos o indemnizarlos, que es la vía que han seguido muchos de ellos. 

Sergio del Campo, el parlamentario de Ciudadanos que hizo esta petición de información al Gobierno, advierte de la dificultad de acoplar las particularidades del trabajo que hacen los científicos con las rigideces de la Administración y los derechos que garantiza la legislación laboral. "Tenemos que estudiar a fondo el tema para ver qué iniciativas se podrían proponer, pero lo que siempre hemos defendido es la apuesta por la estabilidad del empleo sin dejar de lado la flexibilidad que requiere cada sector", señala. 

Temporalidad  

Los datos del Gobierno muestran que el 83% de los afectados son investigadores y técnicos del CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, donde 106 empleados fueron readmitidos y 95 despedidos con indemnización entre 2013 y 2017. Los trabajadores de este organismo llevan tiempo denunciando los efectos que los recortes han tenido sobre su plantilla, que se ha reducido en un 30% desde 2011 hasta los actuales 11.084 entre personal científico, técnico y gestores. En total, 4.809 trabajadores menos, según datos de un informe reciente [consultar, aquí] elaborado por CCOO en base a información oficial. 

Además, según ese documento, el 43,2% de los trabajadores del centro tienen un contrato temporal. Los más afectados, no obstante, son los titulados superiores, que tienen una tasa de temporalidad del 74,8%. Es decir, sólo uno de cada cuatro tiene un contrato indefinido. "Con estas condiciones de temporalidad y precariedad donde los contratos de encadenan durante años no es posible abordar con seriedad una investigación puntera", lamenta Durán. 

Por otro lado, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) hubo 13 readmitidos y siete despedidos e indemnizados sobre un total de 25 denuncias. En el Instituto Español de Oceanografía (IEO), donde hubo diez denuncias, siete profesionales resultaron readmitidos y tres despedidos con indemnización; en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) las denuncias ascendieron a quince con cinco despedidos con indemnización y cuatro readmitidos; y en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) hubo dos readmitidos sobre un total de diez demandantes. 

Victoria Ramos, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, el mayor organismo de investigación biomédica de España, también alerta sobre las consecuencias de la precariedad laboral en el ámbito científico. "Estamos formando a personal investigador que no va a tener continuidad, con lo que esa formación, probablemente, no se revierta en la propia institución. La fuga de cerebros a otros países es un gran problema, aunque todavía lo es más que esas personas brillantes acaben aceptando otros trabajos en los que no se tiene en cuenta su trayectoria o que, directamente, acaben engrosando las listas del paro", lamenta. 

Los trabajadores de los OPI esperan que el acuerdo que el Gobierno y los sindicatos suscribieron en marzo del año pasado para la convocatoria de casi 300.000 plazas en los sectores de enseñanza no universitaria, sanidad y justicia en el plazo de tres años pueda extenderse también a sus organismos, que están fuertemente castigados por la precariedad y el empleo temporal. Por el momento, lo que sí se ha conseguido es la consolidación de los empleos de los alrededor de 420 contratados indefinidos no fijos que han accedido a esta condición de los siete organismos de investigación a través de sentencias judiciales o por otras vías. 

Movilizaciones 

Precisamente, en las últimas semanas, miembros de los OPI han decidido salir al espacio público para alertar del cóctel que, a su juicio, amenaza con llevar al colapso a la I+D española: precarización laboral crónica, fuertes limitaciones presupuestarias y una excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad.

Los últimos en hacerlo han sido 300 investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que en un comunicado al Ministerio de Economía relatan su situación de "asfixia" y lamentan las trabas y dificultades para realizar su trabajo y los bajos recursos que el Gobierno destina a la investigación. Aseguran que la inversión real –no financiera– ha disminuido en un 40% desde 2009. Esta parálisis, advierten los firmantes, hará que estos investigadores se vean abocados al paro o la emigración en un futuro próximo y ponen en peligro el desarrollo de proyectos y de actividades propias del instituto.

El primer comunicado en esta línea, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceonografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". Después le siguieron, con sendos comunicados, científicos del Ciemat y del INIA. 

Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias.

Ya no es sólo el desplome de los presupuestos asignados a I+D. Ni siquiera la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención que hizo que el año pasado la Administración General del Estado (AGE) dejara sin gastar 3.260 de los 4.635 millones consignados en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, el 70,3% total. El actual caballo de batalla de los científicos españoles es la excesiva burocracia, a la que culpan de paralizar sus investigaciones y restarles competitividad. 

Denuncian que, desde 2010, se han sucedido una serie de reformas legislativas que han intensificado los trámites administrativos dificultando que puedan sacar adelante sus proyectos. Hartos de esta situación, miembros de los principales organismos públicos de investigación (OPI) empezaron a coordinarse la semana pasada a través de una reunión por Skype para trazar una hoja de ruta común que les permita hacer llegar sus reivindicaciones a la opinión pública y al Gobierno.

Aseguran que los problemas de la I+D española son muchos y variados, aunque lo que amenaza con llevarla a una situación de "colapso" a corto plazo es una "acumulación" de medidas de fiscalización y control del gasto que son ajenas a las particularidades de los centros de investigación, en los que las dinámicas de trabajo son particulares por su constante interacción con la industria y con instituciones. 

El foco está puesto en el Ministerio de Hacienda, que fue quien decretó en 2014 la intervención fiscal previa para todos los organismos públicos, también para los OPI. Eso quiere decir que cada gasto que quiera formalizar uno de estos centros (compra de equipamiento, contratos a investigadores...) tiene que estar autorizado previamente por un interventor, lo que consume unos recursos de gestión de los que los organismos públicos de investigación muchas veces ni siquiera disponen. 

"Cualquier gestión que implique un pago requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo impresionante para todo el personal administrativo e investigador. Los tiempos se dilatan de tal manera que tardamos hasta un año en contratar a una persona para un proyecto autorizado de tres años de duración", asegura a infoLibre Julio Cárabe, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), uno de los siete organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio de Economía, e impulsor de este movimiento de científicos. 

También temen la "rigidez" de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que impone limitaciones a los contratos menores –de hasta 15.000 euros y para los que no se necesita concurso público– sin tener en cuenta las particularidades de los centros de investigación. "Vamos a perder competitividad con nuestros socios extranjeros e incluso con nuestros colegas de las universidades", señala la ecóloga Marina Albentosa, del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

En este centro, según cálculos de sus trabajadores, el año pasado se dejó sin gastar el 50% del presupuesto. Además, su incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Albentosa recuerda que no siempre ha sido así: en 2013 la ejecución fue del 90% porque había "más flexibilidad". 

"La ley tiene que estar hecha a la medida de aquello para lo que se aplica. Los medios siempre han sido escasos y ahora lo son todavía más, pero actualmente eso es casi menos urgente para nosotros que el hecho de poder gastar con agilidad lo poco que tenemos. Eso sí, con todo el control que haga falta porque el dinero público es sagrado", añade Cárabe, que pone el ejemplo de las cuotas de alrededor de 3.000 euros que estos organismos tienen que pagar para participar en foros internacionales y que tienen incluso que ser autorizadas por el Consejo de Ministros tras una larga serie de trámites. "No se puede trabajar así", subraya. 

Reivindicaciones  

La iniciativa de coordinarse para visibilizar ante la opinión pública la situación de los organismos públicos de investigación surge después de años de protestas internas. "Nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar en un impasse como consecuencia de la crisis y de esta falta de sensibilidad sobre lo que implica y sobre cómo funciona la I+D", dice Albentosa."No buscamos culpables, buscamos soluciones. La situación es muy grave, los OPI pueden colapsar en pocos meses si no se ponen en marcha unas medidas que ni siquiera tienen coste presupuestario", añade Cárabe. 

De hecho, en las últimas semanas coincidieron varias cartas y manifiestos en los que, por separado, miembros de diferentes OPI denunciaban su situación. El primero, el pasado 20 de marzo, fue el del Instituto Español de Oceanografía, en el que 200 de sus profesionales denunciaron que la "situación de parálisis" del centro se resumía en "incapacidad de gestión de los recursos financieros disponibles, muchos captados de fuentes externas; incumplimiento de los compromisos adquiridos; retrasos en los pagos; devolución de subvenciones no ejecutadas; y desincentivación en el liderazgo de proyectos". 

Después le siguió el Ciemat, que en una carta publicada en el El País, atribuyeron la situación de "asfixia" del organismo a tres factores: la precarización laboral "crónica", las "fuertes limitaciones presupuestarias" y unas normas administrativas "letales" que no están diseñadas para estos organismos públicos. Además, investigadores, académicos y vocales del Consejo Asesor y el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación llevaron el pasado 11 de abril al Congreso 277.000 firmas para exigir un "cambio de rumbo" en las políticas en I+D. En la carta que acompañaba a las firmas, denunciaban tanto los recortes como la "no ejecución" de varias partidas presupuestarias. 

Los resultados de las pruebas del último examen para obtener la plaza de Médico Interno Residente (MIR) han sido filtrados a través de Internet horas antes de que el Ministerio de Sanidad los hiciera públicos de manera oficial.

Desde el departamento que dirige Dolors Montserrat han confirmado a Europa Press que el Ministerio ha abierto una investigación para tratar de determinar qué ha podido ocurrir para que la lista de resultados se haya filtrado en Internet.

Se trata de un documento en formato 'PDF' de 362 hojas en el que aparecen los nombres completos de los aspirantes, así como datos personales como el DNI o la nacionalidad, acompañados de la puntuación obtenida o la posición obtenida según las calificaciones.

El documento filtrado cuenta con el membrete oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el mismo aparecen los resultados provisionales obtenidos por los aspirantes, a falta de realizar las correspondientes alegaciones o reclamaciones, según han indicado fuentes de este departamento, que han confirmado la veracidad de los datos publicados en la lista.

Las calificaciones provisionales tendrían que haber sido publicadas a partir de las 00.00 horas de este martes a través de la página web del Ministerio, en este caso con consulta de los datos personales de cada aspirante.

Los candidatos también podían conocer de manera presencial su nota este martes a través de los listados que se publican en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Las pruebas se realizaron el pasado mes de febrero, con un examen que incluía 225 preguntas más diez de reserva y de cinco horas de duración. En total, se presentaron más de 14.400 aspirantes para las 6.513 plazas de Medicina (MIR) convocadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre, en el último Consejo de Ministros de 2017, el documento que regirá la estrategia española en ciencia, tecnología e innovación durante los próximos dos años y que contiene las actuaciones de la Administración General del Estado destinadas a fomentar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos. En sus 84 páginas, sin embargo, el Plan Estatal de I+D+i 2017-2020 [consultar, aquí], no incluye una planificación presupuestaria anual lo que, según los expertos consultados por infoLibre, convierte el texto en un "brindis al sol". 

"La falta de planificación financiera y de una previsión de los recursos necesarios para su puesta en marcha es un defecto claro en un documento que pretende ser parte esencial de las políticas públicas sobre investigación científica, avance tecnológico e innovación", señala José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión de presupuestos de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país. 

El documento, elaborado por la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, establece que "incrementar la inversión total en I+D en España" es uno de sus "objetivos", si bien se limita a detallar únicamente que la intención del Ejecutivo es que el gasto total en I+D llegue al 2% del PIB en 2020 (fue del 1,33% en 2017). De hecho, subraya que los "créditos disponibles acorde las prioridades establecidas" se establecerán anualmente teniendo en cuenta los recursos disponibles y, especialmente, las "medidas de consolidación fiscal" fijadas por el Gobierno. 

Para Mario Díaz, investigador científico del CSIC y miembro de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), la ausencia de planificación financiera también es clave porque impide hacer una política a largo plazo que permita "dimensionar" el sistema. Díaz recuerda que el documento alude en varias ocasiones a que la incorporación de talento es una prioridad de la política de I+D+i estatal, si bien en ningún momento se detalla cuántos profesionales habría que incorporar.

"Si queremos mejorar o, al menos, volver a donde estábamos antes de la crisis, hace falta una política estable de captación de investigadores", señala Díaz, que también es presidente del comité científico de la ONG SEO/BirdLife. Los datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran de manera muy clara el impacto que la crisis económica ha tenido en el empleo en el sector de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El número total de empleados pasó de 220.777 en 2010 a 205.873 en 2016. Es decir, 14.904 menos (-6,8%). Y el número de investigadores se redujo en 8.020 en el mismo período: de 134.653 a 126.633 (-6%). 

Estas cifras concuerdan con el hecho de que, desde 2009, el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España acumula un recorte de 20.000 millones de euros. De hecho, la recuperación de los presupuestos sólo ha propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, ese aumento fue, en realidad, una congelación pues la subida fue inferior a la inflación prevista para ese ejercicio.

En el plan el propio Gobierno asume que la "lenta recuperación" a partir de 2014 de la inversión en I+D+i tras la "contracción" vivida desde 2009 es "insuficiente para retomar un proceso de convergencia con los países líderes en Europa". De ahí que los expertos consultados insistan en la gran carencia que supone la falta de un presupuesto que permita concretar las medidas a poner en marcha de la nueva etapa. 

Inversión en el sector privado  

En relación a la cuestión presupuestaria, Mario Díaz, de la AEET, también critica que el plan mantiene la tendencia de estimular la investigación y la innovación del sector privado de manera "injustificada" y "sin datos" que sustenten esta decisión. "Es cierto que España tiene el reto de cambiar la baja participación del sector privado en investigación, pero habría que preguntarse si esas inyecciones de dinero público están funcionando", asevera. Este investigador científico recuerda el sector público español ocupa el décimo puesto mundial en producción científica, mientras que el privado está en el 28. 

Díaz recuerda que esa tendencia ya se incorporó en el plan precedente 2013-2016 y que fue prorrogado hasta 2017. De hecho, el 57% de su presupuesto se dedicó a créditos financieros bonificados para empresas y el 43% restante a subvenciones a fondo perdido organismos públicos. Esta estrategia es muy controvertida, pues ha provocado que buena parte del presupuesto dedicado a fomentar las actividades de investigación científica no se ejecute. 

Otras carencias del plan

No obstante, la cuestión presupuestaria no es la única vía de mejora que los expertos consultados ven en el plan aprobado por el Gobierno hace apenas dos semanas. Por ejemplo, el catedrático de Economía Aplicada José Molero destaca las escasas referencias a políticas destinadas a potenciar la internacionalización del sector. "Es grave que no haya medidas para favorecer la actividad innovadora que empresas extranjeras hacen en España, pues las multinacionales invierten en I+D más del 40% de todo lo que gastan en esta cuestión las empresas en España. No se puede dejar de atender esta realidad", señala. Molero destaca que el plan también pasa por alto la realidad de las empresas españolas que, al margen de convenios y programas marco oficiales, se asocian con compañías de otros países para desarrollar su actividad tecnológica en el extranjero. 

Por otro lado, Molero cree que está muy poco tratada la innovación en el sector de los servicios y, especialmente, en un área esencial para la economía española como es el turismo. "Algo habrá que hacer si el objetivo es pasar de un turismo únicamente de sol y playa a uno de alto valor añadido. Claro que hay empresas turísticas que están innovado, pero si tanto se presume de que es la primera industria nacional, requeriría de alguna medida específica en este plan", sostiene. 

Asimismo, Molero cuestiona que el plan sólo contenga "generalidades" de una cuestión que él considera muy relevante: la evaluación del impacto en la economía y en la sociedad de las medidas tomadas. "Para medir si un plan como este funciona no basta con decir tenía cien y me he gastado cien, sino qué impacto han tenido esos cien que yo me he gastado en mis empresas, en mi sociedad...". A este respeto Mario Díaz, de la AEET, también critica la ausencia de rigor y base cuantitativa en la evaluación del plan anterior. 

No obstante, el documento del Gobierno también contiene cuestiones positivas, según los especialistas consultados. Para Díaz, la propia existencia del plan ya es interesante en sí misma. "El hecho de tener una política científica a siete años vista ya es algo inaudito y, por tanto, muy positivo", reseña. Molero, por su parte, ve muy relevante el "claro alineamiento" del documento con las prioridades establecidas por los programas europeos en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Convencido estoy de que las teorías que ahora se estudian sobre los tipos de partículas elementales, las ondas gravitatorias, la inteligencia artificial, o mil temas que ahora están derivando en descubrimientos sensacionales, en manos de científicos de primer nivel pueden desarrollar procesos evolutivos de la formación humana que aún tenemos en mantillas. Y en nuestro país, aún mas, por la inacción de casi todo lo futuro. Solo interesa hablar de cosas que, la mayoría, no encierran ningún valor, exceptuando el interés por ganar un voto de gente a la que poco le importa lo que digo, siendo tan trascendental para nuestros hijos y nietos.

Creo que sería importante crear en este país una mesa del futuro; una mesa en la que se estudiara el proceso de cambio necesario que, ya sabemos que en cuanto a la presencia de políticos actuales del Gobierno sería absurda, pero que se debería de componer de científicos estudiosos de la tecnología que viene, de educadores de alto nivel que conozcan la evolución de la formación de las personas, de políticos de izquierda que no estén en el día a día de la política pero con una mente abierta, y de independientes de determinadas áreas de trabajo, de la energía, del periodismo, etc. etc. Que realizaran un libro blanco para no quedarnos descolgados, como vamos estando ya, en muchas cosas que nos llegan. Ese libro blanco debería de ser de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que resulte en el futuro con el compromiso de dejarlo fuera de la política posible, que no ayudará seguramente a su implantación. Siendo, como es, vital para ese futuro que señalo.

Sé que no soy nadie importante para que alguien se ocupe de esta sugerencia, pero lo considero de una importancia tal que podría con ello resolverse de mejor manera el futuro de nuestra juventud, preparada como está para muchas cosas, pero olvidada por los políticos de turno que ni saben ni quieren enfocar este problema tan serio porque solo viven para sus votos. Y no hablo solo del actual Gobierno, pero alguien en la izquierda, que lógicamente su ideología no será inmovilista, debería estar trabajando, aunque sea en la trastienda, para llevar a este país a un futuro mejor. Pero siempre que esa mesa que cito, o lo que se quiera organizar al respecto, sea de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que llegue. Algo así como una constitución del futuroconstitución. Y sería totalmente necesario que estuviera alejada de esa política del día a día que nada resuelve del presente y que no podemos esperar que lo hagan con el futuro. _____________

César Moya Villasante es socio de infoLibre

El gasto de España en Investigación y Desarrollo asciende al 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB), con 13.307 millones de euros, todavía lejos de la media de la Unión Europea (UE), que se sitúa en el 2,03% del PIB, según un informe publicado este viernes por la oficina estadística comunitaria Eurostat, con datos correspondientes a 2016.

En los últimos diez años, la inversión en I+D en España ha aumentado en 1.492 millones de euros, al pasar del 1,17% al 1,19% del PIB. Desde 2006, la mayor parte del gasto en España se ha concentrado en el sector empresarial privado, que representa el 54% del total (56% hace diez años) de la inversión, aunque por debajo de la media europea que se sitúa en el 65%.

Seguido de la inversión en la empresa privada, se sitúa el gasto en educación superior que, aunque se ha recortado una décima en proporción al PIB desde 2006, se sitúa por encima de la media europea.

España destina el 27% de la inversión en I+D a esta partida, mientras que en la UE representa el 23%.

Por último, el 18% restante se destina al sector gubernamental, que ha aumentado un punto porcentual en los últimos diez años y se sitúa bastante por encima de la media europea, donde representa el 11% del gasto.

En 2016, los 28 Estados miembros de la UE gastaron alrededor de 300.000 millones de euros en I+D (el 2,03% del PIB). Este nivel, no obstante, queda por debajo del importe destinado a esta partida por otras economías como Corea del Sur (4,23% del PIB en 2015), Japón (3,29% del PIB en 2015) o Estados Unidos (2,79% del PIB en 2015).

Así, se sitúa al mismo nivel que China (2,07% del PIB en 2015) y por encima que Rusia (1,10% del PIB en 2015) o Turquía (0,88% del PIB en 2015). Con el fin de proporcionar un estímulo a la competitividad de la UE, entre los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 se encuentra el aumento de la inversión en I+D al 3% en los próximos tres años.

Los Estados miembros que más invierten en I+D son Suecia (3,25%) y Austria (3,09%), seguidos de Alemania (2,94%), Dinamarca (2,87%), Finlandia (2,75%) y Bélgica (2,49%). En el extremo contrario de la escala, se sitúan Letonia (0,44%), Rumanía (0,48%), Chipre (0,50%), Malta (0,61%), Lituania (0,74%), Bulgaria (0,78%), Eslovaquia (0,79%), Croacia (0,84%), Polonia (0,97%) y Grecia (0,99%).

En comparación con los últimos diez años, el gasto en I+D ha aumentado en 22 países de la UE, mientras que los mayores aumentos se han dado en Austria y Bélgica. Al contrario, han experimentado recortes en seis Estados miembros, concretamente en Finlandia y Luxemburgo.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), la mayor agrupación de científicos del país, critica que el Gobierno de Mariano Rajoy no tenga una política "seria y comprometida" en I+D y advierte de que el sistema español de ciencia, tecnología e innovación está en una situación "de excepción" de la que es "urgente" salir. Estas son las principales conclusiones del informe Cosce-Decides 2017 [consultar, aquí], presentado este lunes, y coordinado por la matemática y economista Aurelia Modrego. El documento hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del Ejecutivo central en materia de política científica e incluye propuestas de mejora. 

La Cosce señala que a esta situación "de excepción" ha contribuido el recorte de 20.000 millones de euros que acumulan desde 2009 el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación en España. Los científicos consideran que las partidas consignadas en los Presupuestos de los últimos ejercicios "muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de apoyo en estos ámbitos, ignorando su importancia como elementos centrales de progreso económico y social".

En este sentido, critican que la recuperación de los Presupuestos sólo haya propiciado la congelación de los recursos para investigación. Sobre el papel, en 2017 estaba previsto dedicar 6.513 millones de euros a la política científica, 84 millones de euros más que en el ejercicio anterior. El aumento es, en realidad, una congelación pues la subida es inferior a la inflación prevista para este año. 

También cuestionan que se mantenga la estrategia de dar más peso al préstamo que a la subvención en las cuentas públicas. Esa estrategia ya propició que se quedaran sin gastar –volviendo al Tesoro, no trasladándose al ejercicio siguiente– cuatro de cada diez euros presupuestados para invertir en investigación científica entre 2011 y 2015. En total, 12.500 millones de euros. 

"No se entiende que se ponga insistentemente de relieve el lugar destacado de las publicaciones científicas españolas en el contexto internacional y no se adquiera la responsabilidad para resolver los problemas del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto tiene un efecto perverso en la actividad investigadora y, por tanto, un deterioro en el conjunto del sistema", se quejan los autores del estudio. 

Las sociedades científicas señalan que la persistencia de esta actuación llevaría a la actividad investigadora a "retroceder" a medio y largo plazo, con la consiguiente disminución en la capacidad de generar nuevas ideas y conocimiento. E insisten en la necesidad de apostar por una legislación que no frene la actividad investigadora, que esté financiada con unos recursos que sean adecuados, así como en unos procedimientos de gestión que simplifiquen los procedimientos burocráticos y administrativos. 

No hacerlo, a juicio de los investigadores de la Cosce, supondría  perpetuar un sistema en el que, a pesar de éxitos puntuales, no se ha logrado que los ciudadanos se beneficien del conocimiento científico generado y que, además, corre el riesgo de "retroceder" si persiste la actual situación de "estancamiento". "En estas condiciones el futuro del país estaría en una posición de dependencia de las nuevas ideas e innovaciones generadas en otros países", señalan en el informe. 

En el ámbito de las propuestas concretas, las sociedades científicas reclaman, con carácter de urgencia, la creación en el Congreso de los Diputados de un grupo de trabajo formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos económicos y sociales que, en un máximo de dos meses, establezca y desarrolle los elementos básicos e inexcusables para dotar al país de una política de I+D estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España. 

Compromisos 

En segundo lugar, el informe analiza el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), que fue sometido a información pública en julio pero que aún no se ha aprobado. Según la Cosce ese plan debería abordar cuestiones clave como el envejecimiento de las plantillas en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), el escaso personal de I+D en las empresas o las "rigideces del marco normativo y los largos ciclos de gestión administrativa" que "afectan a todas las actuaciones".

Sin embargo, antes incluso de su puesta en marcha los científicos ven en este plan "carencias significativas". A saber, la "indefinición" del marco presupuestario y la falta de previsión de los recursos para su puesta en marcha. También critican que antes de la implementación de la nueva estrategia no se haya hecho una evaluación en profundidad del anterior plan 2013-2016 que está todavía en vigor. 

En relación a los compromisos en materia científica que el Gobierno de Mariano Rajoy acordó con Ciudadanos para su investidura, la Cosce subraya que sólo tiene constancia de que se haya cumplido uno de ellos, la creación de la llamada Red Cervera de transferencia tecnológica, que tiene como objetivo conectar mejor la universidad y la empresa y ayudar así a las pequeñas compañías a ser más productivas y que cuenta con una dotación de 500 millones de euros. No obstante, 20 millones son de subvenciones y los 480 son de préstamos, que son los que menos se ejecutan.

La sociedades científicas, sin embargo, lamentan que el Ejecutivo no haya cumplido, por el momento, con otro de sus compromisos: la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que responda al modelo del European Research Council (ERC) y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D. Precisamente este es el organismo en el que confiaba el Gobierno para reactivar los créditos bonificados que históricamente no se vienen ejecutando y que, por tanto, no están llegando a su objetivo, que es financiar la actividad innovadora de las empresas.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) finalmente se va a Ámsterdam. Barcelona estuvo en la lucha por albergarla, pero quedó eliminada en la primera ronda. El conflicto catalán ha sido utilizado para explicar las razones de que la ciudad condal se quedara fuera a las primeras de cambio, pero hay otros motivos. No son públicas las razones de los Veintisiete (Reino Unido no participaba) para descartar a la capital catalana, pero sí que es público un informe de la consultora KPMG, de marzo de este año, donde analiza las posibilidades de las grandes ciudades europeas.

KPMG cogió los criterios valorables por la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas y Asociaciones (EFPIA) y los tradujo a parámetros medibles. El resultado: tanto Madrid como Barcelona salen muy mal paradas en publicaciones científicas, en liderazgo en innovación y en gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), por debajo de competidores como Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia o los finalmente ganadores, Países Bajos. La ciencia y la investigación en España están maltratadas, denuncian los científicos: presupuestos congelados, ausencia de promoción laboral, despidos en centros punteros a nivel internacional, fuga de cerebros al extranjero y fuga de cerebros al parofuga de cerebros: investigadores que se aúpan de la carrera académica por falta de oportunidades. La selección de la EMA es en base a un cúmulo de factores, pero a buen seguro el desprecio a la ciencia en España no ayudó a la candidatura barcelonesa.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) realizó el pasado octubre un análisis los recursos destinados a I+D+i (con el añadido del tercer elemento, la innovación) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado de este año. "La disponibilidad de fondos para la I+D se ha reducido de manera considerable, siendo más acusado el descenso en el caso de los fondos públicos. (…) La caída de los presupuestos para I+D+i ha sido superior a la caída de los presupuestos generales, lo que muestra la nula prioridad que tienen las políticas de I+D+i", concluyen. El presupuesto de España para la investigación en 2010 fue de 8.000 millones de euros y en 2017 se sitúa en un total de 6.028 millones de euros. La inversión descendió, evidentemente, por la crisis, pero no se ha recuperado a la par que la situación macroeconómica del país: se ha quedado estancada. "El manido recurso a la situación de crisis es hoy menos creíble que nunca", critica Cosce.

Tan preocupante como la falta de recursos previstos para la investigación y la innovación es la ejecución presupuestaria de dichos recursos. En 2015 no se gastó el 48% de lo presupuestado. En 2016, un 62% nunca salió de las arcas del Estado. "En los últimos años se mantiene la misma financiación, pero no se hace todo el gasto. Aprietan mucho a los gestores y se produce una reducción de inversión fuerte", explica el secretario de Comisiones Obreras (CCOO) de la Universidad de Canarias, Alberto Marín. Y la traducción de esos recortes presupuestarios a la realidad de los científicos en España es muy dura. El trabajo de los investigadores, grosso modo, se divide entre el que requieren proyectos de financiación competitiva –"si ganas proyectos, sales adelante. El que gana menos se queda sin nada"–  y el funcionamiento normal del departamento. Este último es el que más sufre la carestía. "Se salvan los centros de élite en este sentido, y porque compiten a nivel internacional" puntualiza Marín. "Los que no van a ganar proyectos competitivos, esos son los que lo pasan mal". 

Faltan recursos materiales... y humanos

"¿En qué se traducen los recortes presupuestarios en el día a día de la investigación en España?". La respuesta a la pregunta la tiene Manuel Castellano, portavoz de la organización Ciencia con Futuro. "Es sencillo. Si hay menos investigación, hay menos creación de conocimiento. Menos desarrollo. Y menos empresas que le dediquen recursos a ella. Repercute en el valor competitivo de nuestro propio país". Castellano pone el foco en los recursos humanos de la ciencia en España. A su juicio, maltratados. "La principal consecuencia es que los investigadores pierden su puesto de trabajo. Hablamos de un montón de gente que pierde su empleo y su carrera".

En un reciente artículo de infoLibre, se explicaba cómo la temporalidad en la investigación está institucionalizada en España y condena a la inestabilidad a miles de trabajadores. Muchos de ellos no desempeñan un trabajo temporal, por lo que bajo el pretexto de que la ciencia es así, denuncian científicos y sindicatos de Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI’s), científicos de toda España no pueden albergar ni una sola certeza sobre su futuro laboral.

Y esta semana, además, se ha desvelado que la amenaza del despido vuelve a planear sobre los empleados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). En octubre, La Ley de Presupuestos Generales señaló a profesionales del CNIO y del CNIC, ya que la norma asegura que el encadenamiento de contratos temporales sin uno indefinido como colofón en fundaciones científicas, no estrictamente públicas, era fraude de ley. El Consejo de Ministros realizó una reforma de la Ley de la Ciencia para incluirlas que, ahora se demuestra, solo salva al 15% de los trabajadores. "Eso es lo que vendió la secretaria de Estado. Pero la ciencia tiene poco peso en el país y en el Gobierno tiene menos. Todos pensamos que valdría, pero la reforma solo sirve para determinados contratos vinculados a la Ley de la Ciencia”" afirma Marín. Explican en El Confidencial que hasta 100 científicos de centros punteros a nivel internacional podrían ser despedidos en Navidad.

Los investigadores y científicos españoles se enfrentan a un cuello de botella. Salen muy pocas plazas en la Universidad y los criterios para acreditar los méritos y optar a ellas se han endurecido considerablemente y con unilateralidad, por lo que la temporalidad se hace eterna. En las OPI’s, los presupuestos bloquean las posibilidades de contratación indefinida, por lo que muchos optan por o bien continuar su carrera académica en el extranjero (lo que se conoce como fuga de cerebros), o bien por abandonarla. No se tienen datos de ninguno de los dos fenómenos, pero las fuentes consultadas coinciden en que se trata de una sangría. "El mundo de la investigación es brutalmente competitivo y quedarte desempleado te puede lastrar el resto de tu carrera.  Y a los que abandonan, las instituciones no les están diciendo qué hacer con su vida", explica Castellano.

El portavoz de Ciencia con Futuro asegura que muchos investigadores centran todos sus esfuerzos y sus ilusiones en el ámbito público y cuando se ven forzados a renunciar no saben qué hacer. Una opción es la investigación en la empresa privada, un mundo "infradesarrollado" a juicio de Castellano. "No hay cultura en el mundo empresarial español de entender que hay una proyección si apuestas por el I+D", asegura. Los datos le avalan: más de la mitad del gasto en I+D de España proviene de las empresas, pero estamos a la cola de la Eurozona en inversión en investigación y desarrollo por parte de las compañías. Castellano apuesta por explicar y hacer entender que la investigación es importante en el sector privado y que los investigadores tienen cualidades que valen de mucho en el mercado laboral, sin tener que ocultar en el currículum la tesis. Pero es difícil si lo público no ofrece oportunidades y lo privado te ignora. El conflicto catalán puede haber ahuyentado a la Agencia Europea de Medicamentos, pero la situación de España en ciencia e investigación tampoco ayuda.

Entre 2011 y 2015 la Administración General del Estado (AGE) dejó sin gastar 12.522 de los 32.509 millones de euros incluidos en el conjunto de programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica. Esta cifra, que evidencia que prácticamente cuatro de cada diez euros presupuestados para I+D en el último lustro nunca se gastaron procede de la Intervención y volvió a ponerse encima de la mesa esta semana tras la publicación del último informe de la la Fundación Cotec, de referencia en el sector.

Otras organizaciones como la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) también llevan tiempo alertando de estos bajos niveles de ejecución presupuestaria. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de este colectivo José Molero, que lleva varios año analizando esta cuestión,explica que este porcentaje de gasto tiene que ver con el peso preeminente que tiene la financiación en formato crédito en relación a las subvenciones a fondo perdido en el conjunto de los recursos destinados a investigación científica, una práctica que empezó a instaurar en 2005 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente, seis de cada diez euros destinados a investigación, desarrollo e innovación tecnológica son préstamos. 

Un portavoz autorizado de la Secretaría de Estado de I+D+I confirma este análisis a preguntas de infoLibre. "Hay que distinguir entre los recursos destinados a subvenciones, que se ejecutan al 95-98%, y los que se dedican a créditos, que están destinados sobre todo a empresas y que no se han ejecutado como querríamos durante estos años de dificultades", señala. Pese a ello, entre 2011 y 2015, el gasto no financiero sufrió un recorte del 29,1%, seis puntos por encima del sufrido por el financiero (-23%).

Vuelta al Tesoro 

Los recursos no ejecutados vuelven al Tesoro, es decir, no se trasladan al proyecto del ejercicio siguiente. Según explican en la Secretaría de Estado de I+D+I esta es una cuestión que se pretende subsanar con la creación de la Agencia Estatal de Investigación, un nuevo organismo encargado de financiar la investigación científica que se pondrá en marcha cuando se aprueben los PGE de 2017, que están en la última fase de tramitación parlamentaria. 

"Al principio, esta estrategia se criticó pensando que su objetivo era fomentar la investigación a través de empresas privadas. Tras comprobar que el dinero no se gasta y el porcentaje de créditos sigue subiendo, creo que la única interpretación que queda es que son trampas contables para que en los presupuestos no aparezcan de forma visible los recortes", señala Luis Santamaría, investigador del CSIC y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE). 

Esta tendencia se empezó a revertir cuando la recuperación comenzó a llegar a las partidas presupuestarias de las diversas políticas. Así se deduce de la comparación entre 2013, el ejercicio en el que menos se invirtió programas dedicados a fomentar las actividades de investigación científica, 5.932 millones de euros; y 2017, cuando está previsto dedicar 6.490 millones de euros no deja lugar a dudas. Mientras que las partidas dedicadas a subvenciones aumentaron un 14,9%, las destinadas a créditos, apenas un 6%. 

Pese a ello, seis de cada diez euros del dinero público que se presupuesta para las actividades de I+D se sigue dedicando a una partida de financiación, la de los créditos bonificados, que históricamente no se viene ejecutando y que, por tanto, no está llegando a su objetivo, que es financiar la actividad innovadora de las empresas. El citado portavoz de la Secretaría de Estado de I+D+I admite que "todavía hay un exceso" de esa partida, si bien mantiene que es "importante" mantenerla porque durante estos años ha posibilitado, entre otras cuestiones, facilitar anticipos reembolsables con cargo al Fondo Feder de la Unión Europea. 

Las causas 

José Molero, de Cosce, cree que hay varias causas que explican el escaso éxito del modelo de financiación a través de préstamos. Por un lado, está la dificultad que tienen las universidades y los centros públicos de investigación para trabajar con líneas de financiación porque la mayoría de ellos "o no quieren o no pueden endeudarse". Por otro, la falta de incentivos que tienen las empresas para solicitar estos créditos blandos en un contexto de bajos tipos interés en la banca tradicional. También la exigencia de avales y garantías a empresas que tienen altos niveles de riesgo tecnológico también puede ser una rémora para acceder a esta financiación.

Santamaría recuerda, además, que la I+D pública está subvencionando muchos de esos créditos. "En muchas colaboraciones público-privadas, la mayor parte de la innovación la están haciendo exclusivamente las universidades y los organismos públicos de investigación. Aun así a las empresas, como tienen que cofinanciar, si no ven que van a tener un aprovechamiento económico rápido y claro no les interesa", señala. Otra cuestión clave es la excesiva burocracia. "En muchas convocatorias europeas antes de que esté evaluado y conseguido el proyecto se pide que se justifique todo el presupuesto hasta con tres ofertas para cualquier partida que pase de 1.000 euros", añade. 

Lo que también está en juego, en parte, es el sistema de financiación de la investigación científica en España. Molero no ve positivo el modelo de apostar más por créditos que por subvenciones. "No me parece una buena política porque los préstamos suponen una parte excesiva del total. Si en lugar del 60% fuera el 10 o el 15% sería más tolerable", señala Molero. A su juicio, habría que explorar otras fórmulas como las reducciones fiscales a la I+D o el riesgo y ventura para que si sale bien, el Estado gane con la empresa y, si sale mal, que también asuma esa situación. "Lo óptimo sería tener varias opciones para ver qué es mejor según el momento del proceso innovador de cada empresa", asevera. 

  Por otro lado, Santamaría advierte también de las consecuencias de debilitar el sistema público. "Los países que, durante la crisis, mantuvieron el sistema público cuando se desmoronó la inversión en I+D de las empresas se han recuperado mejor porque lograron mantener las redes de colaboración y el trabajo que se estaba haciendo. Aquí hicimos todo lo contrario, recortar la inversión pública, lo que también debilitó a la privada. Y el resultado ha sido catastrófico", sentencia. 

El Gobierno ha dejado sin gastar prácticamente cuatro de cada diez euros presupuestados para I+D en el último lustro. De los 32.509 millones de euros incluidos en el conjunto de programas que pone en marcha la Administración General del Estado (AGE) para fomentar las actividades de investigación científica en los ejercicios de 2011 a 2015 sólo se han ejecutado 19.987 millones, el 61,5%. Otros 12.522 millones, el 38,5% restante, se dejaron sin gastar. Así se recoge en los informes que año a año elabora la Fundación Cotec, de referencia en el sector, y cuya última edición [consultar, aquí] se presentó este lunes en Madrid. 

La mayor parte de esos fondos que se dejaron sin usar estaban destinados a préstamos que no se concedieron. De hecho, las sociedades científicas vienen manteniendo que esta es la vía que suelen utilizar los Gobiernos para inflar de forma artificial los presupuestos. Según Cotec, el grado de ejecución presupuestaria de las partidas relacionadas con el apoyo a la I+D es un indicador, entre otros aspectos, de factores como "la eficacia de los gestores públicos en la ejecución de los programas". Ante este panorama, la fundación advierte de que los problemas "endémicos" de la ciencia en España "amenazan con cronificarse". 

Las menores partidas consignadas en los presupuestos públicos como consecuencia de una política de recortes que, según Cotec, se ha "ensañado" con la ciencia y la innovación y la brecha entre las previsiones iniciales y el gasto ejecutado ha provocado una caída del 53% en la inversión real en I+D entre 2009 y 2015. Así, mientras en 2009 los fondos realmente utilizados para fomentar las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación alcanzaron los 8.469 millones de euros, en 2015 cayeron hasta los 3.963 millones de euros. Y eso a pesar de que en ese último año la previsión de gasto alcanzaba los 6.395 millones. 

Según los autores del informe el "elevado grado de volatilidad" que soportael gasto público en I+D en España "no se observa en la perspectiva temporal internacional". Asimismo, sostienen que el aumento de los fondos captados por España en programas de I+D europeos "no compensa en absoluto esta dramática reducción de los recursos disponibles". En este sentido, el informe de Cotec mantiene que si la tendencia no cambia "de forma urgente", España no podrá desempeñar un "papel protagonista" en un escenario de profundos cambios inducidos por retos sociales y avances tecnológicos.   

El esfuerzo de las pymes 

Por otro lado, el informe de Cotec revela que el gasto total en I+D ejecutado en España –el que incluyen los fondos aportados por las diferentes administraciones públicas, pero también por las empresas y las universidades– creció en 2015 respecto al año anterior, aunque a un ritmo inferior al del PIB, lo que sigue alejando a España de la media europea. Así, los 13.172 millones de euros invertidos en total suponen un gasto un 10% inferior al observado en el inicio de la crisis. En contraposición, la media de inversión de los Veintiocho fue en 2015 un 25% superior a la registrada antes de la recesión. 

Estas cifras se explican, en parte, por la menor participación de las empresas españolas en las actividades de I+D. En 2015, las empresas aportaron el 52,5% de los fondos destinados a investigación científica. Es uno de los menores porcentajes de participación empresarial en Europa, cuyo promedio ese mismo año era del 63,3%, casi once puntos por encima. Lo más llamativo es que, en España, casi la mitad de esa inversión la realizaron las pymes, una cifra poco habitual en los países de nuestro entorno. De hecho, en países como Francia, Italia o el Reino Unido ese porcentaje es de alrededor del 20% y en Alemania del 10%. 

Según Cotec, la menor implicación de las empresas grandes en la I+D "es una clara debilidad del sistema de innovación español, ya que serían estas últimas, por su mayor tamaño, las que tendrían mejores posibilidades de comercializar los resultados de su actividad investigadora en todo el mundo". 

La nota positiva es que el crecimiento del gasto en I+D en España ha ido acompañado de un aumento en el número de investigadores –el primero que se observa desde 2010–aunque se debe exclusivamente a las empresas, ya que los investigadores en la Administración Pública y en la enseñanza superior disminuyeron en 2015. No obstante, pese a este aumento, el número de investigadores por cada 1.000 ocupados en España era de 6,8; un número inferior al 7,9 de la media europea. 

La investigación en las universidades es una de las grandes damnificadas de la política de recortes presupuestarios impuesta en los últimos años. Así lo pone de manifiesto el informe Investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas 2015 [consultar en PDF], elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que muestra la huella que la crisis ha dejado en los centros de educación superior. Este documento es una radiografía realizada con los datos que envían las propias universidades sobre su producción científica. En esta última edición han participado 70 centros: 48 públicos y 22 privados.

Durante 2015 los fondos públicos captados para destinarlos a la investigación en los campus ascendieron a 955 millones de euros. Esa dotación fue un 8,4% superior a la consignada en 2014. No obstante, siguió estando lejos del pico de financiación de 2010, cuando se destinaron 1.219 millones. La conclusión, por tanto, es que en un lustro los fondos públicos dedicados a la investigación se han reducido en un 21,7%. En cifras absolutas son 264 millones de euros menos. 

La caída en la partida más relevante, la de la inversión directa para proyectos de investigación, es todavía más significativa: de 599 millones de euros a 447 (-25,4%). Por otro lado, los 107 millones que los campus recibieron en 2010 para adquisición y mantenimiento de equipos se convirtieron en 2015 en apenas 18 millones, lo que supone un descenso del 83,2%. La nota positiva la pone el incremento de las ayudas para la formación, contratación y movilidad del personal investigador, que pasaron de 187 millones a 280 en un lustro (+49,7%). "Esta recuperación compensa el fuerte descenso en infraestructuras y en la financiación a proyectos", destaca el informe. 

Respecto al origen de esta financiación, el informe de los rectores evidencia que la partida que pone el Estado está entre las que más se han resentido. Así, los fondos públicos nacionales cayeron un 25,9% en cinco años: de 646 millones de euros en 2010 a 479 millones de euros en 2015. Este descenso ha provocado que el peso de la financiación estatal sobre el total de inversiones también haya caído. En el mismo espacio de tiempo se esfumaron también 168 millones de euros de fondos autonómicos (de 287 a 119 millones). Ambas administraciones consignaron a investigación en los campus 335 millones de euros menos en 2015 que cinco años antes.  

Al mismo tiempo aumentó la partida para investigar procedente de la Unión Europea, que representa ya un 25% del total de la financiación competitiva. Este montante pasó de 176 millones de euros en 2010 a 243 millones en 2015, lo que supuso un aumento del 38,1%. Los rectores también destacan el incremento de los fondos propios de las universidades –de 61 millones de euros a 73, un 12% más– lo que según los autores del informe pone de manifiesto que los campus "continúan realizando un especial esfuerzo para compensar la pérdida de financiación". 

A pesar de este escenario de recortes, la producción de patentes desde los campus ha aumentado un 59,5% entre 2010 y 2015, de 432 a 689. En 2014, se presentaron 609 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 43 en Estados Unidos y 37 en la UE. Sin embargo, los ingresos que representan estas patentes disminuyeron en el período analizado un 3,2% (de 1.498 millones de euros a 1.450). 

Por otro lado, los ingresos por contratos, consultorías y servicios técnicos que prestan las universidades se situaron en 2015 en 468 millones de euros, una cifra que supone una ligera recuperación respecto al año anterior pero sigue estando lejos de los 634 millones de euros ingresados por este concepto en 2010. No obstante, la mejoría de 2015 se tradujo en una leve recuperación de 4 puntos porcentuales en la contratación con el sector público. 

La investigación no es una prioridad 

Este reciente informe de los rectores se suma a otros trabajos que han ido demostrando que la investigación sigue sin ser una prioridad en España. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que el nivel de inversión pública y privada en investigación y desarrollo no remonta a pesar de la recuperación. De hecho, en conjunto, la economía española invirtió en 2015 un total de 1.530 millones de euros menos en I+D que en 2008. En porcentaje, el descenso es del 10,4%.

Además, otros estudios como el Innovation Union Scoreboard [PDF en inglés, aquí] que la Comisión Europea hizo público en octubre de 2016 han puesto en evidencia que España está instalada en el furgón de cola de la UE en lo que a innovación científica se refiere. De hecho, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en el puesto 20 de los 28 Estados miembros. Ese documento refleja también que, en los últimos años, la brecha frente a la media de la UE ha aumentado a un ritmo superior que en otros países.

En datos macro, el objetivo que se han marcado los países de la Unión para 2020 es dedicar a I+D el 2% del PIB, una cifra que está muy lejos del 1,22% que ahora dedica España. En 2008 el peso sobre el PIB de esta partida era del 1,35% y desde entonces todos los años se ha seguido una tendencia decreciente. La comparación con el resto de Europa es desalentadora, pues España está por detrás de países con economías menos desarrolladas como Eslovenia, que dedica el 2,21% de su PIB a investigación y desarrollo; República Checa (1,95%), Estonia (1,50%), Hungría (1,38%) o Polonia (1,28%).

El sistema de Naciones Unidas en Honduras ha instado este jueves al gobierno hondureño a investigar de manera "eficaz e imparcial" el asesinato de la ecologista Berta Cáceres, en el primer aniversario de su muerte.

En un comunicado que recoge Europa Press, la organización ha insistido en la necesidad de llevar a los responsables de su asesinato ante la Justicia y de garantizar que se sepa la verdad de lo que sucedió, además de que se repare a las víctimas. Asimismo, han pedido que las autoridades aclaren y condenen el intento de asesinato del también ecologista Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Cáceres.

Un petición a la que se ha unido la hija de la activista, Olivia Zúniga, que acusa a funcionarios y a la empresa DESA de ser los autores intelectuales del asesinato de su madre. "Hay ocho personas encarceladas como autores materiales del asesinato, la mayoría son exmilitares, militares en activo e integrantes de grupos paramilitares, pero su captura es una forma de enmascarar la impunidad que hay detrás de este crimen" porque los "autores intelectuales" siguen libres, ha dicho Zúniga en una entrevista concedida a Sputnik.

Zúniga también ha lamentado que "ni si siquiera se han abierto líneas de investigación contra la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima", responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el que luchaba Cáceres.

Las autoridades hondureñas tampoco han investigado a los funcionarios a los que la líder ecologista denunció en 2015 por "amenazas de muerte, de secuestro e intentos de soborno". Para Zúniga, la muerte de su madre es resultado de "una guerra mediática y jurídica en su contra" y por eso exige la creación de una comisión internacional de expertos que se encargue de buscar a los verdaderos responsables.

La familia de Cáceres denuncia que el proceso judicial está plagado de irregularidades. El pasado septiembre, una magistrada del Tribunal Supremo fue asaltada por cuatro hombres que le robaron el expediente del caso cuando iba hacia su casa para seguir trabajando. "Lo denunciamos", ha contado Zúniga, pero "no se averiguó quién lo robó", ha lamentado. En su opinión, este hecho "demuestra la inseguridad judicial y el colapso del sistema de justicia" en la nación centroamericana.

En este contexto, la ONU celebra la detención de esas ocho personas, pero ha exhortado a redoblar esfuerzos para averiguar la verdad del caso de Cáceres y a garantizar que no se repita.

Asimismo, la organización ha indicado que es necesario que el Gobierno abra un espacio de diálogo con las víctimas, sugiriendo la creación de una mesa de trabajo en la que participen las principales partes del caso.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada a tiros cuando se disponía a entrar en su vivienda el 3 de marzo de 2016, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares a su favor. Junto a ella se encontraba Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, y único testigo del asesinato, que tuvo lugar justo una semana después de que denunciara ante la prensa local la ejecución de cuatro dirigentes comunitarios.

La líder ecologista se hizo acreedora en 2015 del premio Goldman –considerado el Nobel de medio ambiente–, después de que paralizara la construcción de una presa que amenzaba con desplazar a cientos de indígenas de etnia lenca.

Cáceres encabeza una larga lista de asesinatos contra activistas medioambientales. Según el informe de Global Witness En Terreno Peligroso, en 2015 fueron asesinados 185 activistas ambientales, lo que supuso un drástico aumento del 59% con respecto al año anterior. La última en unirse a la lista, la líder social y activista ecologista Alicia López Guisao, ha sido asesinada a tiros este jueves en una comuna ubicada al oeste de la ciudad colombiana de Medellín. El ataque contra la activista, de 32 años, ha tenido lugar mientras visitaba a unos familiares en esta comuna. López también había recibido amenzas por parte de grupos paramilitares.

La ciencia sigue sin ser una prioridad en España. Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan que el nivel de inversión pública y privada en investigación y desarrollo no remonta a pesar de la recuperación. De hecho, en conjunto, la economía española invirtió el año pasado 1.530 millones de euros menos en investigación y desarrollo (I+D) que en 2008. En porcentaje, el descenso es del 10,4%.

Además, otros estudios como el Innovation Union Scoreboard [PDF en inglés, aquí] que la Comisión Europea hizo público el pasado octubre han puesto en evidencia que España está instalada en el furgón de cola de la UE en lo que a innovación científica se refiere. De hecho, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en el puesto 20 de los 28 Estados miembros. Ese documento refleja también que, en los últimos años, la brecha frente a la media de la UE ha aumentado a un ritmo superior que en otros países.

En datos macro, el objetivo que se han marcado los países de la Unión para 2020 es dedicar a I+D el 2% del PIB, una cifra que está muy lejos del 1,22% que ahora dedica España. En 2008 el peso sobre el PIB de esta partida era del 1,35% y desde entonces todos los años se ha seguido una tendencia decreciente. La comparación con el resto de Europa es desalentadora, pues España está por detrás de países con economías menos desarrolladas como Eslovenia, que dedica el 2,21% de su PIB a investigación y desarrollo; República Checa (1,95%), Estonia (1,50%), Hungría (1,38%) o Polonia (1,28%). 

Estas cifras, denuncian los expertos consultados por infoLibre, influyen –y mucho– en el modelo de país. Los expertos coinciden también en que la falta de inversión está contribuyendo a consolidar el retraso del país respecto al resto de socios europeos en el énfasis aplicado a la innovación. La creencia común, en cualquier caso, es que la ciencia está entre las perdedoras de la recuperación económica. 

"Economía especulativa"

El bioquímico Jorge Barrero, director general la Fundación para la Innovación Tecnológica Cotec, considera que no puede haber un crecimiento económico "sostenible" a medio plazo sin una política de refuerzo de la I+D. "Volveremos a cometer todos los errores que cometimos en el pasado si no tenemos una base sólida de conocimiento que sustente nuestras actividades", subraya. 

A su juicio, esta deriva lleva a España a impulsar de nuevo una "economía especulativa" como la que llevó a la crisis iniciada en 2008 y basada en sectores que son intensivos en mano de obra pero no en conocimiento como pueden ser la construcción o el turismo. Considera que ambas son actividades necesarias que pueden y deben ser innovadoras, pero que no tienen una base de conocimiento científico fuerte. "Algunos pensamos que no debemos dedicarnos simplemente a ser la playa de Europa. Podemos aspirar a más. De hecho, hemos realizado una importante inversión en los últimos 25 años para ser algo más. ¿Vamos a echarlo a perder?", se pregunta. 

Barrero está convencido de que, de mantenerse esta senda, España no va a ser capaz de generar riqueza en sectores industriales y de alta y media tecnología y, por lo tanto, tampoco empleo en esos ámbitos. "Son dos variables que están ligadas. Si no hay empresas que innoven, que investiguen... pues tampoco habrá puestos de trabajo para investigadores y para técnicos", subraya. 

Luis Santamaría, investigador del CSIC y presidente de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE), cree que el problema de fondo es la falta de un modelo económico. "El Gobierno actual no ha sido capaz de identificar en qué sectores creen que podemos ser de los mejores del mundo y basar en ellos nuestro desarrollo", asevera. Y advierte de una vuelta al pasado, pues se están potenciando los institutos tradicionales del final del franquismo como los de desarrollo agrícola, los de pesquerías, los energéticos... en detrimento de otros como las renovables, que se ha hundido por la carencia de una estrategia de desarrollo. 

"No he conseguido ver qué sectores considera el Gobierno que nos van a sacar de la crisis más allá del turismo y de la agricultura, que son característicos de los países en semidesarrollo. Si dependemos de eso, estamos volviendo cuarenta años atrás. Son sectores que nos llevan hacia el pasado, no hacia el futuro", se queja el investigador del CSIC Luis Santamaría. 

Las consecuencias de estas políticas, o quizá de la ausencia de ellas, también están perjudicando al presente de la ciencia en España y a su presencia en el ámbito internacional. "Estamos perdiendo, por completo, la presencia en la representación internacional porque el Gobierno también ha dejado de invertir allí. Eso quiere decir que cuando se decida la política científica y tecnológica y las grandes inversiones, España no va a estar allí", lamenta Santamaría. 

También insiste en esta idea Anxo Sánchez, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid especializado en la aplicación de las matemáticas en las ciencias sociales. A su juicio, los grupos de investigación españoles, que hasta ahora eran punteros en determinados campos, están perdiendo recursos, competitividad en el marco internacional y oportunidades de seguir avanzando y ampliando su trabajo. 

Precarización  

Otro gran problema es la descapitalización de la I+D española en cuanto a los recursos humanos, un fenómeno que se ha incrementado como consecuencia de la crisis y los recortes presupuestarios. Annie  Machordom, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembro del colectivo Marea Roja de la Ciencia, lamenta el "entorno precarizado" en el que los investigadores realizan su trabajo en España. A su juicio, desde el ámbito público, es necesario proveer a la ciencia española de fondos necesarios para desarrollar una carrera investigadora estable, bien definida y no sujeta a ciclos electorales.

Anxo Sánchez explica que esta precarización está provocando un envejecimiento progresivo del sector "muy preocupante". "El hecho de que cada vez haya menos dinero para formar investigadores está provocando que la edad media de las instituciones de investigación españolas sea cada vez es más alta. Los jóvenes, o se marchan fuera, o aceptan trabajos en condiciones muy precarias", señala. 

También Santamaría alude a las consecuencias que la crisis ha tenido en la investigación española. "Durante ese período de crisis era imprescindible que se desmoronara lo menos posible. Pero no fue así. Por no hacer pequeñas inversiones se han echado a perder infraestructuras o grandes equipamientos de laboratorio que ahora cuesta mucho recuperar. También cayeron mucha colaboraciones público-privadas que es difícil que se vuelvan a establecer", explica. 

Este investigador lamenta, además, que todo el énfasis se esté poniendo en la actualidad en la llamada "transferencia de conocimiento o investigación aplicada". Es decir, obviando la investigación básica. "Hay mucha preocupación con el paro y la generación de riqueza y por eso se pone el énfasis ahí. Hay que pensar que esto no es una carrera de un año o dos, sino de varios. Pero es algo difícil de entender para un país que no tiene tradición de planificar a largo plazo el desarrollo económico", señala. 

Machordom también insiste en este aspecto. "Cada vez hay menos proyectos y están peor dotados. Me parece peligrosa esta deriva porque la investigación básica no es muy atractiva para las empresas, pero es muy importante para que otras cosas se desarrollen. Esto lleva a perder una enorme capacidad de investigación", lamenta. 

El director de la Fundación Cotec, Jorge Barrero, cree que, al final, la cuestión es tan sencilla (o tan compleja) como decidir "qué tipo de país queremos ser". "Hay otros países que no pueden elegir. Por ejemplo, en la República Dominicana tienen difícil hacer algo diferente al turismo porque no tienen la base ni la estructura de educación superior adecuada para hacerlo. Pero España sí tiene esa opción. Puede elegir, por ejemplo, ser California, que tiene playas, pero también tiene a Google. Nosotros que tenemos la oportunidad parece que estamos renunciando a una economía basada en el conocimiento", sentencia.