Lourdes Gaitán tiene una larga trayectoria laboral en la defensa de la infancia. El maltrato social a niños y adolescentes que estudia impulsa que, a sus 78 años, continúe su labor investigadora y de divulgación. Doctora en sociología y graduada en trabajo social, se centra en defender desde un punto de vista sociológico la consideración de la infancia como parte de la estructura social y a los niños y niñas como actores sociales. 

Gaitán, ya jubilada, ha trabajado en la Administración Pública y ha sido docente. Aún podemos leer nuevas aportaciones suyas en el mundo académico: es codirectora de la revista de la Universidad Complutense Complutense Sociedad de Infancias, y además, también participa en la Asociación Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia (GSIA).

Esta dedicación incansable le ha llevado a escribir varios libros e innumerables artículos, algunos de ellos en infoLibre, del que asegura es suscriptora desde sus inicios. Gracias al texto La extensión del sufragio universal: ciudadanía y participación democrática de la infancia y la adolescencia el próximo jueves 27 recibirá el Premio Librepensadores en el Ateneo de Madrid, en la quinta edición de los Premios infoLibre. En el artículo Gaitán reclama la necesidad social de incluir a los niños y adolescentes en el imaginario de personas con los mismos derechos que los adultos, porque, asegura, la sociedad democrática los necesita.

¿Por qué considera que es tan importante hablar sobre el derecho al voto de los niños y adolescentes?

Estamos hablando de edadismo. Lo que hacemos con los niños es edadismo también. Es considerar que los adultos somos los propietarios del saber y del conocimiento y considerar que nosotros decidimos cuando se es adulto, es decir con 18 años. Los niños están definidos como "aún no ser adultos".

Lo que yo defiendo es que las personas tenemos capacidades y conocimientos que no van estrictamente vinculados a la edad, sino a las experiencias que hemos vivido. Y que tenemos que enriquecernos con todo lo que nos pueden aportar los individuos nuevos que llegan a la sociedad. Porque si no hubiera renovación, seguiríamos todavía encendiendo el fuego frotando dos palitos.

¿Qué efectos positivos cree que tendría la incorporación de los niños y adolescentes al proceso electoral?

Lo que he querido en este artículo es no evocarlo como un favor que hacemos a los niños, sino entender que en el estado actual de la democracia incorporar gente nueva ha contribuido a renovar las democracias. A mí me parece que sería un beneficio para toda la sociedad incorporar a toda la ciudadanía porque todos tenemos cosas que aportar. Y sobre todo tiene que aportar la gente que tiene ideas más frescas y más nuevas.

¿Cree que necesitamos una educación democrática más fuerte?

Si te refieres a los adultos, sí.

Las encuestas reflejan el ascenso de la ultraderecha en intención de voto, ¿cuál es su opinión respecto al papel de los medios de comunicación? ¿Considera que actualmente facilitan esta conciencia democrática?

Son cosas diferentes. Sí que observamos que hay un desplazamiento hacia valores de derecha. El esfuerzo civilizatorio que se había hecho por las sociedades a partir de la Segunda Guerra Mundial se traducía en unas leyes internacionales que más o menos asumíamos.

A lo que estamos asistiendo es a una destrucción de eso, y los medios de comunicación tienen un papel. Pero es que yo soy de las personas que no piensa bajar los brazos ni rendirme. El que haya una tendencia no significa que vaya a inundar todo el campo del pensamiento que se ha hecho en todos estos años. Eso está en nosotros y saldrá adelante. Yo casi como socióloga me resisto. No lo demos por hecho, la gente seguimos pensando libremente. Y claro que los medios de comunicación son importantes porque son los mecanismos que tenemos para contarnos las cosas unos a otros.

¿Por qué se animó a escribir en infoLibre?

Soy socia desde los inicios. Me parece bien la oportunidad que tenemos de escribir. A mí me cuesta trabajo porque pienso mucho lo que escribo y las palabras, pero sin embargo me gusta tener la oportunidad de expresarme.

¿Qué significa para usted este premio?

Me gusta porque es un periódico que valoro y porque significa que hay un artículo escrito por mí que se ha valorado. Pero me importa sobre todo porque os haya llamado la atención precisamente un tema que tiene que ver con los chavales. No hay grupo social tan denostado como el de los adolescentes y las adolescentes. Lo que más valoro es el que os hayáis fijado en un artículo que dice que los niños y niñas adolescentes son personas, que piensan, que saben y que la sociedad democrática les necesita. Que necesita contar con ellos. No mañana, hoy, en el presente, porque son presente. Me gusta por la sensibilidad que habéis tenido y la visibilidad que ofrece hacia los niños.

No siempre conectado con estos debates, pero sí estrechamente vinculado con ellos, aparece de cuando en cuando el tema de la extensión del voto a las personas menores de la edad establecida, entendida como una vía dirigida a lograr dos objetivos principalmente: el fortalecimiento y la juvenilización del demos, por un lado y, por otro, la reparación de una injusticia que se comete con estas personas dejándolas excluidas del disfrute de un derecho humano universal y víctimas de una discriminación por motivo de edad. 

Que los niños ni tienen ni deberían tener derecho a votar es algo que, para la mayoría de las personas, resulta evidente. Sin embargo, debido a que el sufragio está caracterizado como el más emblemático de todos los derechos políticos de una democracia representativa, desde distintos sectores se llama a un debate serio sobre las razones que existen para excluir a los niños del sufragio y si estas razones resultan consistentes. Históricamente, se sabe que el derecho al sufragio ha estado vetado para ciertos grupos de personas. Algunas de las que fueron prohibiciones en el pasado se han ido superando, como en el caso de los hombres no propietarios, o de las mujeres en general y más recientemente en España, las personas con discapacidad. Sin embargo algunas restricciones permanecen, como las referidas personas extranjeras, las condenadas a ello por sentencia judicial firme… o los niños. De estos tres grupos, solo hay uno donde la justificación se basa en una animadversión irracional, como es la negación del sufragio a los niños, niñas y adolescentes. 

La razón de fondo que se esgrime para esa exclusión es la cuestión de la competencia: se piensa que los niños carecen de competencia política. Se añade a esto la presunción de que los niños no tienen las capacidades intelectuales necesarias para emitir juicios informados y maduros. La cuestión sería entonces acordar qué es lo que constituye la capacidad de votar, es decir, qué puede entenderse como la capacidad de experimentar los beneficios del derecho al voto y los daños de la privación de ese derecho. Son tres los criterios que se aplican a demostrar que las personas menores de 18 años deben ser excluidas del electorado: el criterio de racionalidad (que estaría desarrollada totalmente cuando las personas jóvenes se vuelven adultas); el conocimiento político-teórico y el conocimiento político pragmático. 

Frente a ello, el profesor Pablo Marshall argumenta lo siguiente: En relación a la racionalidad, no se ha demostrado todavía que los adultos, y en particular los que tienen entre 18 y 30 años, posean una capacidad racional mayor que la de los adolescentes. Con respecto al conocimiento político –teórico y pragmático- diversos estudios han demostrado que las y los adolescentes tienen un manejo equivalente al que los adultos han adquirido con el tiempo, mediante la propia práctica del sufragio, y especialmente semejante al de los electores de entre 19 y 20 años. Concluye el autor que la fijación de la edad electoral a los 18 años resulta arbitraria, ya que excluye a un grupo de individuos que sí tienen capacidad electoral según los criterios expuestos, al menos en lo que respecta a los mayores de 16 años. Según Marshall, si se excluye a los menores de 18 años por una carencia de capacidad electoral, se debe estar dispuesto a excluir por las mismas razones a aquellos que superan esa edad y que carecen de dicha capacidad, cualquiera sea el estándar que se use para evaluarla, por una razón de simetría. Hoy por hoy, para ser elector no hace falta saber leer, ni darse a entender por escrito, tampoco es necesario tener interés en política, ni haber efectuado estudios básicos, no se requiere ser inteligente, racional o informado. La única regla que cautela la concurrencia de la capacidad electoral es la edad, cosa que resulta injusta. 

La falta de representación directa de los niños, niñas y adolescentes en el nivel político tiene como repercusión inmediata que sus intereses genuinos son desconocidos para la población en general y carecen de interés prioritario en la toma de decisiones para la implantación de las políticas públicas. Un ejemplo palmario lo tenemos en España, donde nada menos que casi un tercio de la población infantil y adolescente del país se encuentra por debajo del umbral de pobreza desde hace muchísimos años. Hecho que no carece de repercusiones económicas para todo el conjunto de la población.

Desde el punto de vista de una deseable democracia inclusiva, la incorporación de las personas menores de edad se evaluaría según su potencial impacto en la participación política general. Si su inclusión proporcionara un input de legitimación basado en mayor participación electoral, podría estar justificada. Si, por el contrario, se observara que la participación general decrecería a consecuencia de su inclusión y en consecuencia también la legitimidad política del gobierno, no debería incluírselos entre los electores. Tomando en cuenta la composición actual de la pirámide demográfica de España, puede observarse que la franja de los 16 y los 17 años, representa un 2,2% de la población en general, y el 2,5% de quienes actualmente componen el censo electoral, por lo que la incorporación de este grupo más joven, entendida como primer paso para el reconocimiento del derecho al sufragio universal de todos los niños y niñas, tendría pocas posibilidades de causar perjuicio a la democracia española y sí muchas de aumentar su legitimidad. 

En su libro Así termina la democracia, el profesor de historia y ciencia política David Runciman afirma que el atractivo de la democracia moderna es doble: por un lado ofrece dignidad a las personas, que tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y que estas se tomen en serio. En segundo lugar, produce beneficios a largo plazo, ofrece a ciudadanas y ciudadanos la esperanza de ser partícipes de las ventajas que aportan la estabilidad, la prosperidad y la paz. Conceder a las personas el derecho al voto es el mejor modo de hacerles saber que importan. Pero cuando casi todas las personas adultas podemos ya votar, nos dice este autor, es inevitable que busquemos nuevas vías para procurarnos un mayor respeto. En su opinión, para ampliar por la base el cuerpo democrático es necesario, en primer lugar, comprender la naturaleza de los problemas que enfrentan nuestras democracias, y de modo particular la división generacional, que se ha convertido en un factor cada vez más relevante ante el notable envejecimiento de las poblaciones, especialmente en los países más industrializados. En consecuencia su propuesta consiste en reducir la edad de votar a los seis años, extendiendo el derecho al voto a cualquier niño o niña que se halle escolarizado a tiempo completo. Esta medida sería comparable a las otras dos grandes extensiones del sufragio para incluir a los hombres trabajadores en el siglo XIX y las mujeres en el XX y podría “vigorizar nuestra democracia, mejorarla, variarla, dejarla un poco menos osificada, un poco menos predecible, un poco menos rancia”. 

A la vista de lo que hasta aquí se ha expuesto podría deducirse que faltan razones para excluir a los niños de esa manifestación emblemática de la democracia que es el sufragio universal. Aunque resulte obvio recordarlo, disponer de un derecho no conlleva la obligación de ejercerlo. El sufragio se entiende como un derecho personalísimo de aquellos considerados libres e iguales, y que harán uso del mismo cuándo y cómo juzguen ellos mismos conveniente.

Ciudadanía (cualidad y derecho de ciudadana o ciudadano), participación (acción y efecto de participar, de tomar parte en algo) y democracia (gobierno del demos, esto es, del pueblo) son tres conceptos estrechamente vinculados, de tal modo que puede decirse que cada uno de ellos necesita al otro para ser verdadero, para realizarse. La democracia necesita de la participación y la participación da vida a la ciudadanía. Si pensamos en los niños, niñas y adolescentes, el punto débil de esta ecuación se encuentra en su exclusión del demos cualificado para la participación política, lo que a su vez es uno de los componentes de ciudadanía. 

Una exclusión que no encuentra sentido si no es sobre un sentimiento se encuentra fuertemente arraigado en toda la ideología que como adultos mantenemos en nuestro imaginario colectivo respecto a la incompetencia de los niños. Se podría empezar, para ello, por el reconocimiento de las prácticas de ciudadanía política surgidas de la iniciativa de los propios niños y niñas, pero también, por qué no, de la competencia política que despliegan cuando se les llama a participar en foros, consejos o parlamentos de distinto tipo, y también de su comportamiento político a la hora de emitir su voto en aquellos países que ya han rebajado la edad del voto a los 16 años. 

La defensa del derecho al sufragio universal de niños, niñas y adolescentes no será el bálsamo que lo cura todo, pero sí una forma de reparar la injusticia que supone su exclusión radical del mismo, a la vez de una manera de caminar juntos hacia una sociedad democrática que, para sobrevivir, necesita renovarse y perfeccionarse continuamente. 

Rebajar la edad para votar a los 16 años no conseguirá por sí solo el reconocimiento de los todos niños, niñas y adolescentes como actores políticos, ni solucionará los problemas que afectan a las democracias, pero tampoco perjudicarán a unos ni a otras, y será un paso razonable para lo que debe ser un objetivo compartido, esto es, gozar de un sufragio verdaderamente “universal” y de una democracia inclusiva.

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Lourdes Gaitán Muñoz es socia de infoLibre.

En este turbulento mar de dudas y elecciones, podemos encontrarnos con los inquisidores de antaño, que nos empañen las ilusiones con sentimientos totalmente anticatárticos, que no nos permitan despojarnos de tantas tétricas vestiduras, que nos entristezcan aún más las diferentes fiestas democráticas con las cercanas llamadas de las urnas. Es verdad que cada cual juega su papel con su papeleta, pero las papeletas, que nos sitiarán este año por todos los costados, serán tan distintas y diversas, que no podemos dejarnos llevar por el hastío, cuando, precisamente, nos estamos jugando el porvenir. No podemos, descuidadamente, dejarnos llevar de dudosas y hasta falsas ganancias pretéritas por incompletas o incumplidas, que tantos dolores de cabeza nos están acarreando, porque entre todos hemos labrado mal el campo de la inteligencia y la razón.

Con nuestra inteligencia emocional por bandera debemos participar votando favorablemente en bien de todos y no solamente para beneficio de unos pocos, que tienen el apoyo de los que nunca tienen ni han tenido ganas de que se participe y se vote en masa. Podemos recordar que, en Galicia, una vez no se llegó ni al 48% de participación. Pues bien, en el caso de que algún partido consiguiera el 51% de los votos, con esa participación, no representaría ni el 25% del electorado.

Con el poco margen democrático que se nos concede y nos queda, prácticamente, con las elecciones, no podemos renunciar a acercarnos a votar, pero, eso sí, con verdadero conocimiento de los compromisos a los que tenemos derecho y que se detallan en programas políticos claros y definidos y no empujados por el escandaloso mercado de las descalificaciones y de los insultos con que tantos años nos llevan torpedeando, de día y de noche, por la falta de proyectos y porque partidos que nos han gobernado, a veces, se muestran demasiado respetuosos dándole una mano de cal para blanquearse sus casillas, cosillas y tinglados.

Tenemos que abandonar a su mala suerte los sentimientos negativos y catastrofistas, que a todo trance y a todas horas se nos inoculan desde todos los medios y por todos los rincones que carecen de alma. Después de estos últimos años de instigaciones y no de investigaciones, queremos que nos aclaren los palos sociales y laborales que nos dieron los que nos hablan de buena gestión y que pretenden, a todo trapo, que nos lo creamos.

Podemos recordar que el PP nos subió el IVA al 21% (para crecerse), que creó el impuesto al sol (para que no nos quemáramos y que arruinó a cantidad de empresas), que nos impuso el impuesto a los premios de la lotería (no fuera que nos enriqueciéramos excesivamente), que vació la caja de las pensiones y solo subió las pensiones ridículamente un 0.25% y que nos clavó, además, a los jubilados con el copago farmacéutico, que constitucionalmente llevó a cabo una amnistía fiscal a los ricos, que regaló a los bancos 60.000 millones de euros, porque no los hemos recuperado...

Podemos hablar entre nosotros, que somos más, de muchas cosas y ver con claridad que, además, la ley electoral que tenemos es demasiado conservadora y poco representativa.  Podemos ver claro, así, que si no hay una fuerte participación y con conciencia de hacernos entre todos un favor a la mayoría currante de esta España (única, grandiosa y liberal) no podremos salir de la fosa que unos pocos nos han preparado y que nos creemos que no existe. Si es buena gestión atropellar a la mayoría o no denunciar ya claramente la malísima gestión de los herederos de la dictadura, seguiremos equivocándonos, incluso otros ochenta años.

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José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

Ser joven en España se hace cuesta arriba. Actualmente un 28% de ellos son desempleados, una cifra que duplica a la media de la Unión Europea. Un 23,4% son trabajadores pobres. La edad a la que consiguen irse de casa supera ya los 30 años, es decir, los jóvenes se emancipan cuando dejan de serlo. Algunos estudios están empezando a utilizar el término “proletarización de la juventud” porque encontrarse en esta franja de edad cada vez está más relacionado con sufrir carencias económicas. 

Todos estos datos explican, al menos en parte, los bajos índices de satisfacción con la democracia en esta población. “Un 57% de los españoles entre 18 y 35 años se sienten satisfechos con ella, frente al 71% que registran otros grupos de edad”, apunta Kilian Wirthwein Vega, consultor de política internacional, haciendo referencia a una encuesta realizada en septiembre por el Open Society Bar. Vega es uno de los autores del último informe de la FEEP, la asociación Friedrich-Ebert-Stiftung y la Fundación Felipe González sobre la relación de la juventud desfavorecida con la democracia.

“Hemos elaborado cuatro grupos de discusión en diferentes zonas de España y 15 por varios países de Europa, además de medio centenar de entrevistas. Nuestras conclusiones desmienten, fundamentalmente, dos mitos muy arraigados: los jóvenes de ahora no son menos demócratas y no tienen menos interés por la política”, explica el experto. “La mayoría de las encuestas no indagan en los motivos de la insatisfacción, que se debe a un malestar estructural ligado a serios problemas económicos. No son contrarios a la democracia, sino críticos con ella”, añade.

A pesar de que la mayoría de estudios cuantitativos y el ideario popular da por hecho que las nuevas generaciones viven “aisladas” de la actualidad política, estos expertos creen que detrás de estas afirmaciones hay una realidad más compleja: “No es que sientan un desinterés por ella, les interesa incluso más que en otras épocas, pero sí que participan menos. Lo que ellos nos cuentan es que no tienen tiempo, ni energía, y que su prioridad es sobrevivir económicamente”, explica durante la presentación del informe Javier Carbonell, profesor en Science Po y otro de los autores. 

Algunos de los testimonios que pueden leerse en el estudio que se ha publicado esta semana ejemplifican esta situación a la perfección: “Participar es difícil. La gente que lo hace tiene sus necesidades básicas cubiertas. Si estás en la miseria no puedes participar. Si tienes una situación cada vez más precaria, trabajando cada vez más horas… Acabas en una desconexión total”, comenta un joven madrileño de 25 años que participó en uno de los focus group. Otro de ellos, de 22 años y residente en un barrio de clase baja, pone el foco en la poca accesibilidad del lenguaje burocrático: “La política debería ser más atractiva, igual que la manera de informar sobre ella. Se nos olvida que consiste en servir y aportar mejoras. Me da pena que no me resulte atractiva porque sé que influye en nuestras vidas”. 

“Hay muy poca participación política y muy poco asociacionismo en España. Históricamente ha sido así. Los niveles son muy bajos y prácticamente solo se salvan Cataluña y Euskadi”, sentencia Carbonell. Hay muchos motivos que explican esta tendencia enraizada, entre ellos, el peso de cuarenta años de dictadura franquista y una transición que llegó desde las propias instituciones. Las redes sociales, que han trasladado el debate público a la esfera virtual, la pandemia o las consecutivas crisis económicas de la última década tampoco parecen haber ayudado. 

“El interés por la política en relación con la edad es algo que está muy estudiado ya desde finales de los años sesenta. Sabemos que aumenta con la edad hasta llegar a un tope. Sí que es cierto que, analizado por cohortes, los jóvenes de la última crisis de 2008 se politizaron muy rápido, y ese interés también ha afectado a los de la poscrisis. Luego tendremos que ver cómo han afectado otras situaciones como la pandemia”, explica a infoLibre el profesor de Ciencia Política de la URJC y experto en estas cuestiones, Javier Lorente. 

“Los jóvenes se distancian más de temas de política institucional, partidos… del proceso político mismo, aunque luego se interesan más por temas concretos. Por ejemplo, sabemos que votan poco, pero se movilizan en manifestaciones o protestas”, añade. El académico también apunta a que el retraso en la edad de emancipación y de entrada en el mercado laboral hace que se aumente la edad del primer voto y se ralentice la madurez en aspectos políticos. 

Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), coincide con las reflexiones de Lorente: “El problema que detectamos nosotros es que no hay falta de participación en política, sino que se hace un entendimiento erróneo de lo que es la política, que no sólo va de leyes y partidos. Hay otros movimientos sociales en los que vemos a gente joven movilizada y con ganas de hacer cosas. Un buen ejemplo es el medioambiente o la salud mental”. Henry insiste en declaraciones a este medio en que “las estructuras antiguas” de afiliarse a un partido u organización, pagar una cuota y asistir a reuniones “están anticuadas”. 

Durante la investigación realizada por Carbonell y Vega se contó con la participación de representantes de las juventudes de los principales partidos políticos españoles. Víctor Camino, presidente de las Juventudes Socialistas, recalca la necesidad de actualizarse para llegar a una generación que socializa por el móvil: “La democracia sigue con mecanismos del siglo pasado. Las generaciones democráticas anteriores crearon marcos que no se adaptan a las nuevas generaciones”.

Bea Fanjul, líder de Nuevas Generaciones del PP, cree que los asuntos relacionados con la juventud “deberían tener más presencia en las agendas de los partidos”. A este respecto, Henry recuerda que “en el Parlamento solo hay 15 jóvenes y 5 en la Eurocámara. Más o menos el mismo número que de personas que se llaman Martín”. 

A todo ello hay que sumarle otros factores, que también tienen que ver con la cultura de nuestro país. La política no está bien vista y el debate en torno a ella está muy polarizado. Esto se traduce en un cierto “miedo” a posicionarse abiertamente sobre una ideología concreta. “Algunos no quieren participar en política porque, si te afilias a un sindicato, te pueden despedir. Legalmente no debería ser así, pero ocurre. La precariedad laboral afecta a la predisposición a significarse políticamente”, apunta en el informe Marc Hidalgo, miembro de las Juventudes Socialistas de Cataluña. 

Los jóvenes entrevistados, todos procedentes de áreas económicamente deprimidas del centro y sur del país, cuentan con nociones muy básicas sobre cuestiones políticas y administrativas. Son capaces de nombrar las principales instituciones y a algunos políticos de alto nivel, pero desconocen el funcionamiento de la repartición de poderes o cómo se aprueba una ley. Apenas siguen los medios de comunicación y tienden a informarse a través de los telediarios, con una escucha pasiva, o por el boca-boca. La lectura de periódicos o revistas es anecdótica. 

“La mayoría de informativos cuentan tonterías, ¿por qué no emplean ese tiempo en explicar las nuevas leyes que se han aprobado?”, plantea uno de los participantes en los debates. Otro de ellos considera que “más del 60% de las noticias son negativas” y que eso se traslada a la gente. En general, desconfían de las empresas mediáticas y de los partidos políticos, a los que acusan de corromperse al llegar al poder. “No es tanto el sistema, sino los partidos. La política suele ser muy reactiva (...). No hay nada que nos motive a movilizarnos”, señala uno de los testimonios recogidos en los debates que habla de “una rivalidad irracional” entre los partidos.

Llama la atención algunas diferencias entre las opiniones de los jóvenes de zonas urbanas y rurales. “Los jóvenes del campo se sienten alejados de los lugares de poder, tanto geográfica, como institucionalmente. En general, no conocen a nadie de su confianza que participe en estos espacios”, comenta Diego Loras, de Teruel Existe, en el informe. Igual de llamativa es la diferencia frente a temas tan candentes como la migración y las políticas de igualdad. Frente al apoyo mayoritario en las urbes, en los focus group rurales se apreció un rechazo más fuerte hacia estas políticas. “Estos temas se han incorporado tarde a la agenda española porque había cierto consenso. Todo ello saltó con los aires con Vox, un partido abiertamente xenófobo. Son temas sensibles que generan polarización, frente a otras como la vivienda en la que los jóvenes tienen un apoyo más transversal”, explica Lorente.

“Desde el punto de vista económico, somos una generación a la que se le hicieron muchas promesas, pero luego no se ha dado el progreso material. No estamos económicamente mejor que nuestros padres; sin embargo, esta situación financiera no se traduce en movilización”, explica en una de las entrevistas del informe Nacho Catalá, diputado del PP en la Comunidad de Madrid. “A todos nos han dicho eso de ‘cariño, tú estudia, que todo irá bien’. Aprendemos inglés, alemán, te sacas una carrera… Pero ahora salimos al mercado laboral y resulta que es incapaz de absorber todas esas expectativas. Hay una desilusión y desmotivación porque las cosas no han sido como se nos había prometido”, añade la presidenta del Consejo de la Juventud.

En España, casi cuatro de cada diez jóvenes con estudios superiores trabaja en puestos de baja cualificación, es decir, están sobrecualificados. Es el dato más alto de toda la Unión Europea, al igual que el de desempleo, que prácticamente duplica la media de los Veintisiete. Con este panorama económico, no sorprende que la edad media a la que las nuevas generaciones están pudiendo irse de casa supere, por primera vez en la serie histórica, los 30 años. Los cálculos son sencillos: en nuestro país una vivienda cuesta de media 174.000 euros, mientras que el salario medio de un joven ronda los 12.600. Para firmar una hipoteca tendría que ahorrar su salario íntegro durante aproximadamente cuatro años. Esto se traduce en que menos de un cuarto de ellos consiguen vivir fuera de casa y, los que lo consiguen, destinan alrededor de un 80% de su sueldo a ello.  

“Los jóvenes no podemos irnos de casa a una edad decente y nos encontramos con el mercado laboral con más paro juvenil de la UE. Todo esto afecta a nuestra salud mental. Se nos acusa de no participar o no tener interés en política pero… ¿cómo estamos?, ¿tenemos tiempo?, ¿dónde tenemos la cabeza”, apunta Henry.

Los autores del informe han recogido algunas de las medidas que deberían empezar a ponerse en marcha desde este nuevo ministerio que, por primera vez en democracia, pone el foco en la Juventud. Apuestan por la creación de una ley de la Juventud en la que se aplique una perspectiva transversal al resto de carteras. El Consejo de la Juventud, organización que representa a este colectivo en nuestro país, se ha podido reunir esta semana con Sira Rego para trasladar sus preocupaciones y expectativas de cara a los próximos años: “En la reunión del miércoles abordamos muchos temas y vimos un compromiso por empezar a hacer cosas. Lo que esperamos es que este ministerio sea transversal y que trabaje de la mano de Vivienda, Sanidad, Cultura, Empleo… Porque la juventud no es un tema, sino una perspectiva”. 

“Que un tema tenga rango ministerial implica llevar cuestiones a un Consejo de Ministros que, de otra manera, se debatirían en niveles mucho más bajos. Es relevante la creación de esta cartera porque se pone el acento en la juventud, aunque luego muchas de las medidas impliquen a otras partes y otros niveles de gobierno. Ahora, todo dependerá también de la ministra y eso está por ver” concluye Lorente.

En un mundo en el que la democracia retrocede, España avanza en la clasificación mundial de calidad democrática V-Dem que cada año coordina la Universidad de Gotemburgo (Suecia). En esta competición nuestro país superó el año pasado a Portugal y Corea del Sur y ha pasado de ocupar el puesto 18º en 2020 al 16º en 2021.

Desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno, la posición de España en esta clasificación se ha movido entre el 9º puesto que consiguió en 2019 y el 18º obtenido en 2021. Siempre por encima de la nota obtenida en años anteriores: puesto 26 en 2018 —la mitad del año gobernó Mariano Rajoy—, 35 en 2017 y 22 en 2016.

En el índice de 2021, que es el que acaba de publicar V-Dem, el grupo de cabeza está integrado por apenas 18 países de los que 15 son europeos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Estonia, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, España, República Checa y Eslovaquia), dos están en el Pacífico (Australia y Nueva Zelanda) y uno solo en América (Costa Rica). En los últimos años, en los primeros lugares se han ido alternando Dinamarca, Suecia y Noruega, además de Estonia.

Este informe examina tanto la celebración de elecciones libres y justas como la libertad de asociación y la libertad de expresión y trata de medir los límites impuestos a los gobiernos en dos aspectos clave: la protección de las libertades individuales y los controles y equilibrios entre instituciones.

Para detallar más el examen que llevan a cabo, sus autores dividen el trabajo en torno a cinco principios o concepciones de alto nivel sobre la democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria. Teniendo en cuenta asuntos tales como la independencia judicial, la democracia directa o la equidad de género, entre otros.

De ahí salen varios índices combinados. El primero, el índice de democracia electoral, por ejemplo, pretende captar no sólo el grado en que los regímenes celebran elecciones limpias, libres y justas, sino también su libertad de expresión real, las fuentes alternativas de información y asociación, así como el sufragio masculino y femenino y el grado en que la política gubernamental recae en los funcionarios políticos elegidos. Aquí España ocupa el puesto 11º (era el 9º en 2020 y el 33º en 2018). El mejor situado en este índice en 2021 fue Dinamarca.

El índice del componente liberal, en cambio, pone el foco en la importancia de proteger los derechos individuales y de las minorías tanto “contra la tiranía del Estado como contra la tiranía de la mayoría”. También recoge los métodos “horizontales” de responsabilidad entre instituciones más o menos igualitarias que garantizan los controles y equilibrios efectivos entre las instituciones y que, en particular, limitan el ejercicio del poder ejecutivo. Esto se consigue mediante “un Estado de Derecho sólido y unas libertades civiles protegidas” por la Constitución, un poder judicial independiente y un parlamento fuerte que puedan exigir responsabilidades al ejecutivo y limitar sus poderes. En este apartado, España se situó en 2021 en el puesto 24, cuatro escalones más abajo que el año anterior (en 2018 estábamos en el 19). Suecia ocupaba el número uno en 2021.

El tercer índice que elabora la Universidad de Gotemburgo como parte del V-Dem es el que mide el componente igualitario. Es decir, hasta qué punto todos los grupos sociales gozan de las mismas capacidades para participar en el ámbito político. Se basa en la idea de que la democracia es un sistema de gobierno “por el pueblo” en el que los ciudadanos participan de diversas maneras. El principio igualitario de la democracia está fundamentalmente relacionado con la participación política, ya que las desigualdades sistemáticas en los derechos y recursos de los ciudadanos de determinados grupos sociales limitan las capacidades para participar en los procesos políticos y de gobierno. Por lo tanto, una distribución más equitativa de los recursos entre los grupos da lugar a la igualdad política y, por lo tanto, a la democracia. En este apartado España está más atrás: ocupa el puesto 40. Ha empeorado en comparación con 2021 (puesto 25) y sigue muy por detrás de la posición registrada el último año de Rajoy (27º). El primero de la clase en igualdad en 2021 fue Noruega.

El cuarto índice de V-Dem se fija en el principio participativo de la democracia, haciendo hincapié en la participación activa de los ciudadanos en todos los procesos políticos, electorales y no electorales. Este principio da más valor al gobierno directo de los ciudadanos, por ejemplo, que a la representación indirecta. Aquí España está en el puesto 29 y ha perdido dos posiciones en comparación con el año 2020. Sigue, no obstante, por encima del año 2018 (39º). El primer clasificado en este apartado en 2021 fue Suiza.

Por último, la Universidad de Gotemburgo publica también un índice del componente deliberativo con el que tratan de medir hasta qué punto se cumple el principio deliberativo de la democracia, evaluando el proceso por el que se toman las decisiones en un sistema político. Un proceso deliberativo, tal y como lo entiende V-Dem, es aquel en el que “el razonamiento público, centrado en el bien común, motiva las decisiones políticas, en contraste con las apelaciones emocionales, los apegos solidarios, los intereses o la coerción”. Según este principio, la democracia ideal requiere algo más que una agregación de las preferencias preexistentes, necesita de un diálogo respetuoso en todos los niveles —desde la formación de preferencias hasta la decisión final— entre participantes informados y competentes que estén además abiertos a la persuasión. Aquí, en este último apartado, en el que el líder es Noruega, España se situó en 2021 en el puesto 30º, el mismo que en 2020 y dos escalones por debajo del lugar que ocupaba el último año de Rajoy.

El proyecto V-Dem, abreviatura de “Variedades de Democracia”, es un enfoque único para conceptualizar y medir la democracia que intenta reflejar la complejidad del concepto como sistema de gobierno más allá de la simple presencia de elecciones. 

Variedades de la Democracia es una colaboración internacional en la que participan casi 4.000 académicos de más de 180 países. Incluye el apoyo y las contribuciones de expertos y coordinadores nacionales, directores regionales y los directores de proyecto. El trabajo procesa 31 millones de puntos de datos y abarca 202 países desde 1789 hasta 2022.

El Informe sobre la Democracia 2023, titulado Desafío frente a la autocratización, es el séptimo consecutivo que se publica y, más allá de España, no trae buenas noticias para el conjunto del planeta. Su primer capítulo muestra el retroceso de los niveles mundiales de democracia y la disminución de los avances logrados en los últimos 35 años. “La mayoría de los cambios drásticos se han producido en los últimos diez años, mientras que existen grandes variaciones regionales en relación con los niveles de democracia que experimentan las personas”, subraya el documento. 

La segunda sección ofrece análisis sobre la geografía y el tamaño de la población de los países “democratizadores“ y “autocratizadores”, que es como el informe denomina a aquellos que mejoran la calidad de su democracia y los que la empeoran. Los indicadores que más se están deteriorando en los países en proceso de “autocratización” son los relativos a la censura de los medios de comunicación, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y la libertad académica. 

En sus conclusiones, el informe de este año también destaca que, aunque la desinformación, la polarización y la autocratización se refuerzan mutuamente, las democracias reducen la propagación de la desinformación, algo que sus autores consideran “un signo de esperanza, de que vendrán tiempos mejores”. 

Una de las variables más difíciles de prever a la hora de calcular el resultado de unas elecciones es el porcentaje de participación. Si es muy grande, significa que a los votantes habituales se habrán sumado otros que no siempre se sienten implicados pero que a veces sí encuentran motivos para participar. Por el contrario, cuando es baja los estudios demoscópicos nos dicen que sobre todo han votado los muy cafeteros, los ciudadanos más politizados o que están más movilizados en la defensa de sus posiciones políticas.

Los cálculos de las encuestas en las elecciones de este domingo en Castilla y León anticipan una caída en la participación en comparación con el año 2019. Y lo justifican en que será la primera vez que los electores de esta comunidad acudan a las urnas sin el incentivo de tener que elegir también a sus alcaldes y concejales y sin un contexto general de elecciones autonómicas en España. 

Hace tres años había incluso una tercera urna para elegir a los diputados en el Parlamento Europeo y entonces la participación electoral se quedó por debajo del 66%, unos tres puntos menos que en 2015. 

Ahora, el consenso general de los expertos consultados por infoLibre a la vista de lo que las encuestas están detectando es que la participación caerá entre dos y cuatro puntos. Algunos creen, además, que el domingo puede aumentar algo más la abstención si se confirma el pronóstico meteorológico y llueve por la tarde —en algunos puntos hay incluso posibilidad de nieve—. Otros, en cambio, piensan que el interés por la votación, más elevado en los últimos días, puede impulsar la afluencia a las urnas.

Un indicio de lo que puede pasar suele ser el voto por correo. Y esta vez no indica que los votantes se estén sintiendo atraídos por la convocatoria. Los últimos datos conocidos hablan de una caída de un 40% en relación a 2019 y esa cifra confirma lo que ya había avanzado el CIS: apenas el 38,5% de los castellanoleoneses tienen interés en estas elecciones.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, en conversación con infoLibre prevé una participación por debajo de 2019, pero no un desplome. “La participación baja, pero no se hunde”, sostiene. De hecho, en los últimos días los datos le indican que “no deja de subir y superará el 65%”. Y si no se hunde, añade, no habrá “sorpresas”: el PP ganará y la suma de escaños con Vox alcanzará mayoría absoluta.

Saldremos de dudas a las 14 horas del domingo, declaró este jueves en una entrevista en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica: “Si la participación baja del 33%” a esa hora, querrá decir, según él, “que va a haber un vuelco importante a la izquierda”, porque Michavila sí relaciona mayor participación con menos porcentaje de voto para la derecha: “Si baja mucho, puede haber sorpresa en Castilla y León, en sentido contrario al que hubo en Andalucía, y que haya un gobierno de izquierdas”.

Con una baja participación cobra especial importancia la movilización de los votantes de cada partido y no todos están igualmente decididos a acudir a las urnas, lo que beneficia —ya veremos hasta qué punto— a los que tienen seguidores más fieles. 

Eso es una ventaja para Vox y para los partidos de la España Vaciada, especialmente en el caso de Soria Ya, y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuyos votantes son, según las encuestas, los más decididos a acudir a votar el próximo domingo. Y en parte para Unidas Podemos: los partidos situados en los extremos del arco ideológico suelen tener los votantes más dispuestos a movilizarse.

Por el contrario, es un problema para Ciudadanos, cuyos electores son —siempre según las encuestas— los que menos motivos encuentran para ir a votar. Y por extensión también puede penalizar las expectativas del PP, que contaba con ser capaz de atraer a las urnas a quienes en 2019 votaron por las candidaturas naranjas.

No obstante, son múltiples los factores que entran en juego y dificultan las previsiones. Un buen ejemplo es el que citan algunos analistas: el PP tiene más peso entre los votantes envejecidos y estos, al menos hasta los 70, votan más que los grupos de edad más jóvenes. En parte por un sentido “de la responsabilidad”.

Verónica Fumanal, experta en comunicación y liderazgo, defiende que, con algunas reservas, una baja participación favorece a los partidos que tienen los electorados más movilizados y esos son la España Vaciada y Vox. Al mismo tiempo, subraya, si llegan menos votos a las urnas se “abaratan” los escaños: si eres pequeño y tienes electores movilizados, con menos papeletas es más fácil alcanzar la representación.

“¿Eso quiere decir que los partidos tradicionales van a tener menos votos? Pues ya veremos, depende también de cómo se repartan los votos de Ciudadanos, a quién le afecta más”. Una posibilidad, sostiene, es que los que votaron Cs en 2019 decidan ahora quedarse en casa. 

Antes, con dos partidos, “era mucho más fácil decir a quién perjudicaba la participación y a quién no, pero en estos momentos se hace complicado”, admite.

El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón también anticipa una participación más baja. E igual que Fumanal sostiene que perjudicará “más a aquellos partidos con votantes menos movilizados, que son los que tienen lealtad de voto más baja” o cierta “indecisión, que muchas veces camufla de decisión de no ir a votar”. 

En su opinión, esta circunstancia “problablemente” a quien más puede afectar es al votante de Ciudadanos. Es “el que corre más riesgo de desmovilizarse”. Aunque también existe la posibilidad de que haya causas más transversales. “Si eres votante del PP puedes anticipar que tu partido ya va a ganar y no ir a votar. Y si eres votante socialista puedes anticipar que el PSOE no va a ganar y tampoco ir a votar”, arguye. “Hay dos efectos mixtos” más que “una tendencia clara”. 

Eso sí, en el caso de Ciudadanos, la desmovilización puede tener consecuencias para el PP.  “Si el PP espera crecer mucho a costa del votante de Cs y este se queda en casa, no crecerá tanto. Y eso ayuda a interpretar un poco mejor por qué el PP no está absorbiendo tanto voto de Ciudadanos como en la Comunidad de Madrid”.

El ingeniero y analista de datos Endika Núñez es el que más dudas plantea a la hora de tratar de predecir qué efecto puede tener una participación alta o baja para las diferentes candidaturas. Sí cree que caerá varios puntos, pero no señala a quién beneficiará esa circunstancia.

Movilizar al electorado para convencer al indeciso y conseguir que los votantes no se queden en casa es uno de los principales objetivos que se marcan los partidos políticos cuando se ponen a planear unos comicios. En el caso de las elecciones que se celebran en un contexto de pandemia, como ocurre con las catalanas del próximo 14 de febrero, en la ecuación para la consecución de estos objetivos hay que meter las dificultades que entraña llegar a los ciudadanos con aforos reducidísimos, actos telemáticos y restricciones de movilidad.

El resultado que arrojen las urnas el 14F será la foto, no sólo de una sociedad catalana que ha sido testigo de cómo en los últimos tiempos ha bajado la tensión política de los años de procés, sino también de cómo han asimilado el contexto de pandemia. A la espera de esa foto definitiva, lo que tenemos son encuestas y lo que dicen es que, metiendo todos esos elementos en la coctelera, una de las predicciones es que la abstención puede dispararse.

El grueso de las sondeos prevé una participación ligeramente por encima del 60%, una caída de más de diez puntos porcentuales respecto a los comicios de 2015 y de casi veinte en comparación con los de 2017.

La última encuesta del Centro d'Estudis d'Opinió (CEO), el CIS catalán, publicada el pasado 29 de enero, ubica la participación en el 62%, lo que deja la abstención en el 38%. Similares datos arroja el último sondeo del GESOP para El Periódico de Catalunya, que estima una participación en la horquilla del 60-63%.

Fuente: Parlament de Catalunya

Un simple vistazo a los datos de participación y abstención de la historia electoral de las elecciones al Parlament nos devuelve a datos de hace unos diez años, antes de que se iniciara el procés. Mucho tienen que equivocarse las encuestas para que la participación de los comicios del próximo domingo se acerque a la de las citas de 2017 y 2015. 

En las autonómicas de 2015, la participación alcanzó niveles inéditos hasta entonces, superando la barrera del 70%: 74,95%. Pero dos años después, la marca creció hasta el 79,09% (20,91% de abstención). Eran los años de Mariano Rajoy (PP) en la Moncloa. Los de la resaca del 1-O, el encarcelamiento de Oriol Junqueras y varios exconsellers y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los años del choque de trenes Estado-Generalitat.

"Se juntan varios factores. Está el miedo a la pandemia, pero sobre todo el hecho que la pandemia dificulta hacer campaña de forma muy activa. También, una bajada de la tensión política bastante evidente, que creo que puede tener bastantes consecuencias", resume la politóloga Berta Barbet en conversación con infoLibre. 

En los últimos años, la cuestión independentista ha perdido peso en la agenda y el hecho de que llevemos un año conviviendo con el virus también ha hecho que esta cuestión tenga que convivir con la preocupación ciudadana por los efectos sanitarios y económicos de la pandemia.

No obstante, pese a que la abstención se dispara, si las encuestas no se equivocan, la desmovilización no será histórica. Antes de 2015, ha habido diez elecciones al Parlament de Catalunya entre 1980 y 2012. En ellas, la abstención ha oscilado entre el 32,24% de 2012 y el 45,13% de 1992, la cifra más alta de toda la serie. Si prescindimos de los atípicos resultados de 2015 y 2017, la media de abstención se ubica en el entorno del 39%, dato muy similar al que reflejan ahora las encuestas para el 14F.

Dando por sentado, por lo que nos dicen las encuestas, que será casi imposible llegar a niveles de participación como los de 2017 y 2015, ¿hay una parte del electorado en la que pueda producirse una mayor movilización?

Con todas las cautelas que require un escenario con tantas aristas como el actual, el politólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón cree que la hipótesis más fundamentada es que la bajada de participación se concentre más en el bloque no independentista. "El electorado más indeciso es más vulnerable", destaca.

Por su parte, el politólogo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)Ernesto Pascual no se atreve a establecer un patrón sobre la participación y la abstención. Al respecto, considera que "el paradigma de que la participación era buena para unos y no para otros, ya quedó destrozado".

¿Sirven las vascas y las gallegas como espejo?

Las elecciones autonómicas vascas y gallegas se celebraron el pasado 12 de julio, con restricciones por la pandemia, pero ya fuera del estado de alarma. En el caso de Euskadi, la abstención rozó el 50%: 49,22%. En el caso de las gallegas fue algo superior, del 51,03%. Son datos superiores a los que atribuyen los sondeos para Cataluña.

Comparados estos comportamientos con los de las elecciones anteriores en ambas comunidades, celebradas en 2016, la mayor diferencia se da en el País Vasco. En cuatro años, la abstención aumentó en 9,24 puntos porcentuales Desde el 39,98% de 2016 al 49,22% de 2020. 

En Galicia el cambio es menos acusado: 4,93 puntos porcentuales. En las últimas elecciones al Parlamento de Galicia, las del 12J, la abstención fue del 51,03% y cuatro años antes, del 46,37.

Al hilo de estos datos, Pablo Simón recuerda que en Euskadi, en municipios con tasas altas de covid-19, entre dos y cuatro puntos de la abstención se explican por el miedo a la pandemia. En un contexto como el actual, con una incidencia superior, los efectos podrían ser mayores.

El politólogo de la Carlos III recupera estos datos de un estudio sobre los efectos del covid-19 en las elecciones vascas de julio coordinado por Tania Fernández-Navia. Los autores comparan la tasa de participación de aquellos municipios en los que había positivos (220) con la de aquellos en los que no hubo ningún infectado por la pandemia (31). Los principales resultados de este análisis muestran que aquellas localidades afectadas por la pandemia tuvieron una caída en la participación de entre 2,7 y 4,4 puntos porcentuales más que aquellos libres de virus. Extrapolados estos números a la caída de 9,24 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2016, esto supone que el miedo al covid-19 sería el responsable de entre el 29,3% y el 47,8% de ese incremento. "Dado que en la jornada electoral apenas había casos positivos, nuestra hipótesis es que el miedo (y no la probabilidad de contagio real) está detrás de esta importantísima caída en la participación. De hecho, los comicios de 2020 fueron los que registraron una menor participación desde los de 1984", puede leerse en el citado estudio.

Berta Barbet cree que pueden existir ciertas similitudes entre el contexto vasco y el catalán. "En algunas cosas es comparable", mantiene. A su juicio, la pandemia desmovilizaría a aquellos colectivos menos proclives a votar. Y cita a los electores que tienen menor nivel de estudios y a aquellos "que tienen menos interés por la política".

Recuerda Batet que ya se dio en País Vasco y que las encuestas para las elecciones catalanas apuntan un poco a la desmovilización de aquellos que no perciben los comicios autonómicos como los más importantes y quienes tienen "una identidad más española". "En el País Vasco fue bastante evidente y en Cataluña puede haber un poco de esto, a pesar de que el contexto es distinto. Porque las elecciones en Cataluña están mucho más competidas que las del País Vasco, donde parecía claro que el PNV iba a ganar", sostiene Berta Barbet.

¿Y el contexto europeo?

No es España el único país europeo que ha vivido ciclos electorales en plena pandemia. Y no hay patrones claros respecto a la participación. El 12 de julio, Polonia celebraba la segunda ronda de las elecciones presidenciales con una participación histórica: el 68,1%, la segunda más alta en unas presidenciales en 30 años de democracia desde la caída del comunismo. La cifra superaba el 64,51% de la primera ronda, que ya era la más elevada en unas presidenciales desde 1995.

En el lado contrario están las presidenciales de Portugal, celebradas el 24 de enero. En esta cita, la abstención fue histórica con casi el 61%, 10 puntos más que la registrada en 2016 (51,3%).

Llamadas al voto por correo

En un contexto con tanta incertidumbre sobre la participación, el grueso de los partidos se han volcado en Cataluña en pedir a los electores que ejerzan su derecho por correo. El mensaje parece haber calado en la ciudadanía. Un total de 284.706 personas han pedido hasta este viernes —cuando se cerró el periodo de solicitud— votar por correo, una cifra "récord" en unos comicios en Cataluña.

La cifra definitiva supera al anterior récord de 107.421 (establecido en 2015) y representa un 350% más que en las últimas elecciones al Parlament (en 2017), según informó la Generalitat este sábado en un comunicado.

Del total, más de 80.000 personas han solicitado el voto por correo de forma telemática, y estas elecciones son las primeras en que se podrá votar sin salir de casa, entregando el voto a un trabajador de Correos. Además, 133.148 personas que han solicitado votar por correo ya han emitido su voto, una cifra también muy superior a la de 2017, y los electores podrán hacerlo hasta el 12 de febrero, informa Europa Press.

La participación en estos comicios del 10 de noviembre se sitúa en el 56,86%. Ha bajado 3,88 puntos en relación con las anteriores elecciones, que tuvieron una de las mayores participaciones de la historia de la democracia tras la dictadura, con un 60,74% a esta misma hora. La cuota de este domingo es muy similar a la de los comicios de 1979, con un 56,83%, siendo esta la primera convocatoria a elecciones desde la aprobación de la Constitución en 1978; y 5,65 puntos por encima del resultado de 2015, que resultó ser el peor desde 1977.

Hasta en seis ocasiones en la historia de la democracia tras la dictadura la participación a las 18 horas fue mayor, frente a las cinco veces en las que a esta hora hubo menos votantes que acudieron a las urnas. En la convocatoria de elecciones de 2016, que también se trataba de una repetición electoral, la cuota a esta hora ascendió al 58,37%, un punto y medio menos que en esta ocasión.

La afluencia a las urnas más alta este domingo 10 de noviembre se ha registrado en la Comunidad de Madrid con un 61,51%, pero se aprecia un descenso de 3,51 puntos respecto a los comicios de abril. La menor participación a las 18.00 horas de este domingo se registra en la Ciudad de Melilla con un 38,98%, más de 6 puntos de descenso respecto al 28A.

La mayor caída se aprecia en Islas Baleares con un 47,40%, frente al 54,42% de las anteriores elecciones. La que menos ha descendido es la Comunidad Valenciana, con un descenso de 1,67 puntos.

Algo más de 37 millones de personas están llamadas este domingo a las urnas en las que son las cuartas elecciones generales en tan solo cuatro años. Los últimos sondeos publicados pronostican un nuevo bloqueo parlamentario. Por eso, una de las claves de los comicios será la participación. Ambos bloques temen que la repetición electoral pueda provocar una desmovilización entre su electorado. Por eso, los llamamientos a la afluencia se han repetido a izquierda y derecha durante la campaña. Todos dan por supuesto que la participación no alcanzará los niveles registrados el pasado mes de abril. Esas últimas encuestas de cara a la cita con las urnas pronostican que se moverá entre el 67,1% y el 72,8%. Fuentes de Moncloa, por su parte, confían en que llegue sin problemas al 70%. Todo ello en unas elecciones muy marcadas por el descontento social: los políticos y los partidos se han colocado como segundo problema para los españoles y la preocupación por la inestabilidad política se ha disparado.

A la hora de analizar la afluencia de votantes hay que tener en cuenta que a veces se confunden dos datos: la participación el día de las elecciones, que se calcula sobre los votantes que residen en España, y la participación definitiva, que incluye el voto exterior (el del CERA, Censo Electoral de los Residentes Ausentes). Cuando una encuesta ofrece un dato de participación, suele calcularlo sobre los votantes residentes en España (el que se conoce en la noche electoral). Sin embargo, el dato definitivo incluye lógicamente el voto CERA. Y como la abstención es mucho mayor en el exterior, especialmente desde la introducción en 2011 del voto rogado, esto hace que el porcentaje final se reduzca. A modo de ejemplo, las generales del pasado 28A. La participación se situó en el 75,75% a cierre de los colegios electorales. Sin embargo, el dato definitivo de la jornada bajó hasta el 71,76% –cuatro puntos menos– cuando se incluyó el CERA. Las cifras que se presentan en esta información, por tanto, son sólo las de la noche electoral.

La afluencia de electores en la cita con las urnas de abril puso fin a la tendencia bajista que se había registrado en las generales anteriores. Sin embargo, el histórico de participación evidencia que los españoles, por lo general, salen a votar. De las catorce citas con las urnas celebradas tras el fin de la dictadura, en la mitad –siete– la participación fue superior al 75%, mientras que en otras cuatro se movió entre el 70% y el 75% y solo en tres se situó por debajo del 70%. Además, suele establecerse una correlación entre una afluencia alta y un buen resultado de las formaciones de izquierda. Pero algunos expertos piden ser cautos con ese mito persistente. Es cierto que en los años 1980 y 1990 esa regla no escrita solía cumplirse a rajatabla: en los comicios de 1982, por ejemplo, coincidió el dato de participación más elevado y la victoria más holgada del PSOE. Pero también lo es que el mito se ha roto alguna vez. En los comicios de 1996, los terceros con mayor afluencia, los conservadores se impusieron a los socialistas por un punto.

  Por debajo del 70%

Sólo tres jornadas electorales se han cerrado con una participación inferior al 70%. La primera de ellas fue la de las generales de 1979, la segunda cita con las urnas desde la recuperación de la democracia. En esos comicios, en los que la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez se alzó con el triunfo gracias al apoyo del 34,84% de los votantes –168 escaños–, la afluencia se situó en el 68,04%, la más baja de la serie histórica. Una caída importante que se repetiría una década después, en las generales de 1989. Ya con Felipe González en la Moncloa y la UCD disuelta, los colegios electorales cerraron la jornada con una participación del 69,93%. Aquellas elecciones dieron la victoria al PSOE con el 39,6% de las papeletas. Sin embargo, los socialistas vieron cómo se les iba escapando de las manos la amplia mayoría absoluta de la que habían gozado en el Congreso de los Diputados desde 1982. Salieron de la batalla con 175 escaños.

El último descenso importante se produjo en las generales del 26 de junio de 2016. En aquella ocasión, la repetición electoral surgida del bloqueo político finalizó con casi tres de cada diez electores sentados en casa. El dato de participación tras el cierre de los centros de votación se situó en el 69,83%. Una afluencia baja que sería aprovechada por los conservadores. El PP se hizo con la victoria en las urnas con el 33,01% de las papeletas y 137 asientos en el hemiciclo. La investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, no obstante, siguió sin ser sencilla. El desbloqueo llegó tras el estallido de una de las mayores crisis internas de la historia del PSOE, que terminó permitiendo con su abstención la vuelta del líder conservador a la Moncloa.

  Entre el 70% y el 75%

La afluencia de votantes se movió, en otros cuatro comicios, entre el 70% y el 75%. Las cifras más bajas se registraron en las generales de 1986 y del año 2000. La primera de las dos jornadas electorales se cerró con una participación del 70,93% y el triunfo de Felipe González, que con el 44,06% de las papeletas y 184 parlamentarios consiguió seguir al frente de una Presidencia del Gobierno a la que había accedido cuatro años antes. Ligeramente menor fue, sin embargo, la afluencia registrada tras el cierre de los centros de votación catorce años después. En los comicios de marzo del año 2000 acudió a las urnas un 70% de los votantes. La batalla electoral se cerró con otra victoria del PP de José María Aznar. En esta ocasión, los conservadores consiguieron hacerse con la mayoría absoluta de la Cámara Baja: 183 parlamentarios gracias al respaldo del 44,52% de los electores. La suma del PSOE e IU, por el contrario, se quedó en el 39,5%.

Algo por encima se situó la participación en las elecciones de 2011. Con la crisis económica golpeando con fuerza, todos los sondeos pronosticaban una amplia victoria del PP de Mariano Rajoy en las urnas. No erraron el tiro. La formación conservadora cosechó el 44,63% de las papeletas y 186 parlamentarios en unos comicios en los que la participación se colocó en el 71,71%. Una cifra que se incrementaría cuatro años después con la entrada de nuevos actores importantes en el tablero político español –Podemos y Ciudadanos–. En las generales de 2015, que supusieron el paso del bipartidismo al tetrapartidismo y en las que se alzó con la victoria el PP con 123 asientos en el Congreso de los Diputados, la afluencia de electores en los centros de votación se situó en el 73,2%, un punto y medio por encima de la registrada en las generales anteriores.

  Afluencia por encima del 75%

Pero la mitad de las jornadas electorales celebradas hasta la fecha –siete– se cerraron con una participación superior al 75%. La primera vez que se superó esa barrera fue en 1977. En aquellas elecciones, los primeros comicios libres tras cuatro décadas de dictadura, la UCD se alzó con la victoria con el 34,44% de las papeletas y 165 asientos en el hemiciclo y la afluencia de votantes fue del 78,83%. Ese dato sería superado un lustro más tarde. Las generales de 1982, celebradas año y medio después del intento de golpe de Estado del 23F, supusieron un enorme cambio político en el país: mientras Alianza Popular cogía las riendas del centroderecha tras la extinción de UCD, la izquierda llegaba por primera vez al Gobierno tras la dictadura. Aquella noche electoral se cerró con una amplia mayoría absoluta del PSOE de Felipe González, que consiguió el 48,11% de las papeletas y 202 escaños, y una participación récord: el 79,97%.

Buenos datos de afluencia a las urnas se dieron también en la década de 1990. En la cita de 1993, en la que se impuso por última vez un Felipe González asfixiado por los escándalos que salpicaban a su Ejecutivo, acudió a depositar su voto el 76,94%. Y en las generales de 1996 la participación se situó en el 78,08%. De nuevo, la elevada afluencia de votantes coincidió con un importante cambio político. Por primera vez desde 1982 los socialistas no lograban imponerse en las urnas. En aquellos comicios, el PP consiguió 156 diputados, frente a los 141 del PSOE, y José María Aznar consiguió tras dos meses de negociaciones ser investido presidente del Gobierno gracias a los apoyos de Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC). Las elecciones del año 1996, por tanto, ejemplifican que no siempre una alta participación beneficia exclusivamente a las formaciones de izquierdas.

También fue notable la implicación de los electores en 2004 y 2008. La primera de las dos jornadas electorales, celebrada tres días después de los atentados del 11M, supuso un viraje del país hacia la izquierda después de ocho años de liderazgo del centroderecha. En aquella ocasión, la participación alcanzó el 77,26% y los socialistas se hicieron con el 42,6% de los votos –164 parlamentarios–, necesitando los apoyos de ERC, IU, CHA, BNG y CC para la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuatro años después, y tras una dura legislatura marcada por la teoría de la conspiración alrededor de los ataques terroristas en Madrid, los colegios electorales cerraron en 2008 con una participación del 75,35%. Una cifra similar a la registrada en las generales del pasado mes de abril –75,75%–, comicios caracterizados por la amenaza del auge de la ultraderecha. Habrá que ver si en la cita de este domingo el miedo al ascenso de Vox pesa más que el hartazgo político.

Un fantasma recorre la política española desde que se hizo evidente la incapacidad de los líderes de los partidos para alcanzar acuerdos que evitasen la repetición de las elecciones. Las redes sociales se llenan de mensajes de hartazgo hacia los políticos, de llamamientos a la abstención, al sufragio nulo y al voto en blanco como una manera de expresar la protesta de los ciudadanos por tener que volver a las urnas apenas unos meses después de haberlo hecho masivamente el pasado 28 de abril.

Las encuestas más recientes, en las que los electores ya responden sabiendo que habrá elecciones el 10 de noviembre, revelan un grado de desapego hacia los partidos y el sistema político sin precedentes en la historia de la democracia española.

Los expertos no se atreven a pronosticar cuál será el alcance y su evolución en los próximos meses, pero la mayoría de ellos apuestan por una importante caída de participación en las elecciones, en comparación con lo que sucedió el 28 de abril, de entre tres y diez puntos, lo que significa que millones de ciudadanos han perdido la motivación que tuvieron hace cinco meses para acudir a las urnas.

Votar en blanco, votar nulo o abstenerse, sin embargo, ni son lo mismo ni tienen el mismo efecto en el resultado de las elecciones. infoLibre repasa a continuación en qué consisten y cuál es sl consecuencia electoral.

El voto nulo se produce cuando el elector introduce en la urna un sobre o una papeleta no oficiales. También si incluye varios papeles, si añade símbolos u objetos o si se ha escrito algo que no debería figurar en la papeleta, como por ejemplo si en la del Senado se marcan más candidatos de los que se eligen en la circunscripción de que se trate.

Los que recurren a esta modalidad quieren expresar su protesta y su voto es considerado un voto emitido no válido y en ningún caso se tiene en cuenta para repartir escaños entre los partidos políticos.

El voto en blanco consiste en introducir el sobre del Congreso de los Diputados sin ninguna papeleta en su interior o el del Senado sin haber marcado ninguna opción entre los candidatos a la Cámara Alta.

La vigente ley electoral considera válido el voto en blanco, por lo que se contabiliza entre los votos emitidos. La consecuencia directa es que perjudica a las formaciones más pequeñas porque, al aumentar el volumen de votos válidos, les resulta más difícil alcanzar el porcentaje mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños que en España se hace siguiendo la Ley D'Hondt. Dicho de otro modo: votar en blanco no es un acto inocente, favorece a los grandes partidos.

En el caso de las elecciones generales, el porcentaje mínimo previsto en la Ley Electoral para entrar en el reparto de escaños es el 3% de los votos válidos.

A diferencia del voto nulo, el voto en blanco suele interpretarse como la opinión de quienes apoyan el sistema político pero no se identifican con ninguna candidatura concreta.

La abstención, la tercera opción de quienes deciden no apoyar a ningún partido, consiste simplemente en no participar en las elecciones y, por tanto, no acudir a las urnas. En este caso, como en el del voto nulo, mantenerse al margen del proceso no tiene consecuencias y no afecta al resultado.

Motivaciones diversas

Los expertos en opinión pública y ciencia política aseguran que en el saco de la abstención se suman motivaciones muy diversas, desde la indiferencia a la enfermedad pasando por el descontento con el sistema o el convencimiento de que la política les resulta ajena.

La decisión de no expresar el voto, de hacerlo en blanco o de llevarlo a cabo de manera que vaya a ser anulado no es inocua. En ningún caso influye en el reparto de escaños —con la única excepción del voto en blanco y su efecto perjudicial sobre las candidaturas más pequeñas— ni es tenido en cuenta por los partidos que se presentan a las elecciones pero sí influye, aunque solo sea por omisión, en el resultado final.

Un elector de la derecha que decida no acudir a las urnas el 10 de noviembre para, por ejemplo, tratar de expresar así su descontento con la manera en que uno o varios de los partidos de este espectro ideológico se han comportado estos meses, lo único que va a conseguir es reducir la presencia en las Cámaras de las formaciones que le son más afines.

Del mismo modo, un ciudadano de izquierdas que opte por no votar —o por hacerlo en blanco o emitir voto nulo— en los próximo comicios para así castigar a quien considere culpable del fracaso de la formación de Gobierno, sólo estará favoreciendo que la derecha tenga un resultado más abultado que el que tendría si acudiese a las urnas y eligiese alguna de las opciones que se presentan y que resultan más afines a su ideología.

Las cifras de ciudadanos que se mantienen fuera del sistema, que votan nulo o que lo hacen en blanco no son nada despreciables. En abril tuvieron derecho a votar 36.898.883 personas: lo hicieron 26.478.140 (el 71,7%) y nada menos que 10.420.743 no participaron —o no pudieron hacerlo por diferentes motivos, muchas de ellos poque sigue siendo muy difícil hacerlo desde el extranjero—, según datos oficiales.

De los que acudieron a las urnas, 276.769 emitieron su voto de manera no válida: cometieron un error que anuló su voto o lo invalidaron deliberadamente. Son más que todos los votos que obtuvieron formaciones como EH Bildu (259.647) o Galicia en Común (238.061). En el primer caso semejante volumen de votos se tradujo en cuatro escaños; en el segundo en dos diputados.

En las últimas generales fueron 199.836 los electores que decidieron votar en blanco. No es tampoco una cifra pequeña: Compromís, que logró un diputado, sumó 173.821 sufragios; los animalistas del Pacma ni siquiera eso, a pesar de recibir el apoyo de 328.299 personas.

La realidad es que la voluntad, el enfado o la protesta de los casi 11 millones de españoles (10.897.348) que el 28 de abril no fueron a votar, lo hicieron en blanco o emitieron un sufragio nulo simplemente no fue tenida en cuenta por los partidos.

La incapacidad de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos para fraguar un acuerdo que haga posible la investidura de Pedro Sánchez y ponga en marcha la legislatura ha devuelto la política española al bloqueo institucional que ya vivió en el año 2016 y deja como única salida en este momento la convocatoria automática de elecciones generales.

Ocurrirá este próximo martes 24, si nadie lo remedia, casi cinco meses después de que los españoles acudiesen masivamente a las urnas y diesen la victoria al bloque de izquierdas, encabezado por el PSOE de Pedro Sánchez. Las del 10 de noviembre serán las cuartas elecciones generales desde 2014. Las encuestas anticipan un resultado muy parecido al del 28 de abril pero, al mismo tiempo, los analistas advierten de la acumulación de incertidumbres capaces de afectar al resultado. La mayoría de las cuales escapan al control de los partidos. infoLibre repasa las principales.

  1. La inestabilidad económica

Son varias las señales que indican la presencia de nubarrones: la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el estancamiento de Alemania, los problemas en Argentina, la evolución del empleo o las dificultades del sector del automóvil. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha revisado a la baja su previsión de demanda de crudo hasta finales de 2020, a la vista de la evidente desaceleración de la economía. Y, por si alguien tenía todavía dudas, este jueves el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la inflación y del producto interior bruto para 2019 y 2020 a la vista de que los riesgos para la economía de la eurozona siguen alineados a la baja.

Las nuevas previsiones del BCE apuntan a un crecimiento del PIB de la zona euro del 1,1% para 2019, una décima menos que antes, mientras que el pronóstico para 2020 se ha revisado en dos décimas a la baja, hasta el 1,2%. Para 2021, el instituto emisor ha decidido mantener la cifra en el 1,4%.

“Los riesgos al pronóstico siguen alineados a la baja por factores geopolíticos, el aumento del proteccionismo a nivel mundial y las debilidades de los países emergentes”, según el diagnóstico del presidente del BCE, Mario Draghi.

En la misma línea, BBVA Research estimó esta semana que el PIB español crecerá un 0,5% en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, en la banda baja del intervalo de previsiones presentado por la entidad a principios del trimestre. Existe un “sesgo negativo” respecto al crecimiento estimado del 2,3% para el conjunto del año, según el servicio de estudios del banco, según el cual cada vez es más evidente la desaceleración de la economía española.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, lleva todo el verano advirtiendo de las consecuencias de la incertidumbre política para la economía. Este miércoles recordó que el crecimiento económico de la zona euro se ha moderado de forma “notable” y avisó también de que la persistencia de las tensiones comerciales está provocando un impacto en el comercio y, sobre todo, en el sector manufacturero español.

  2. El ‘Brexit’

Forma parte de las incertidumbres económicas, pero tiene tal potencial desestabilizador que merece un capítulo aparte. Si es desordenado, como amenaza el primer ministro británico, Boris Johnson, tendrá un impacto negativo adicional en la economía pero es complicado, según Calviño, calcular su alcance. “La situación cambia de hora en hora y es muy difícil aventurar cuál va a ser la situación en unas semanas”, reconoció hace unos días.

La preocupación no es para menos. Según la agencia de calificación crediticia S&P Global España es el país más expuesto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea dentro del grupo de economías cuyo PIB excede el billón de euros. Esta entidad se basa en los bancos españoles propietarios de filiales comerciales en Reino Unido, entre los que se encuentran Santander UK, propiedad de Banco Santander, o TSB, propiedad de Banco Sabadell. Entidades como BBVA o CaixaBank también tienen presencia en el archipiélago británico, aunque su actividad es más reducida y el grueso de su negocio se centra en el segmento corporativo. S&P calcula que la exposición financiera a Reino Unido representa el 30% del PIB de España.

Las filiales bancarias españolas en Reino Unido, así como las inversiones en telecomunicaciones, seguros y concesiones de infraestructuras hacen que la inversión extranjera directa sea equivalente al 4,7% del PIB de España. Además, las exportaciones al archipiélago desde España equivalen al 3,1% del PIB español, el mayor porcentaje entre las mayores economías de la UE, incluyendo a Alemania.

  3. La sentencia del ‘procés’

No existe una fecha oficial, pero fuentes próximas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que debate la sentencia sobre el procés sitúan la difusión de la sentencia antes del próximo 16 octubre, fecha en la que se cumplen dos años de ingreso en prisión preventiva de los dos primeros encarcelados, Jordi Sànchez, hoy diputado suspendido en el Congreso, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los acusados se enfrentan a solicitudes de penas que oscilan entre los 7 y los 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos. El independentismo catalán debate desde hace semanas la respuesta que va a dar al fallo judicial en caso de condena. Algunos, como el president Quim Torra, el expresident Carles Puigdemont y el espacio político neoconvergente —con el respaldo de la poderosa Assemblea Nacional Catalana— apuestan por aprovechar la ocasión y desafiar abiertamente al Estado mediante la desobediencia civil organizada. El propio Torra ha puesto como ejemplo en los últimos días la protesta contra China de los ciudadanos de Hong Kong.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, no descarta un nuevo intento de ruptura institucional y ya ha advertido de que, en ese supuesto, no dudará en recurrir a una nueva intervención de la autonomía catalana. En todo caso, lleguen o no las cosas a ese extremo, tanto la sentencia como la reacción de los partidos y las organizaciones civiles independentistas devolverá el conflicto catalán al primer plano de la actualidad política por primera vez en mucho tiempo. Y lo hará justo a tiempo de meter en la campaña electoral del 10 de noviembre uno de los temas favoritos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) para movilizar a su electorado, centrando discursos y mensajes en los supuestos "riesgos" para la unidad de España y excitando la fibra emocional del nacionalismo español.

  4. La crisis de la izquierda

PSOE y Unidas Podemos basaron su campaña de abril en dos ideas: la necesidad de construir una mayoría de izquierdas capaz de poner en marcha políticas sociales y la urgencia de frenar a las tres derechas. En busca de ese objetivo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, conscientes de que después de las elecciones estaban condenados a entenderse, evitaron el enfrentamiento.

Ahora las cosas serán bien diferentes. En primer lugar, el fracaso de la investidura ha frustrado a los electores de la izquierda y tanto Sánchez como Iglesias saben que habrá castigo en la urnas para quienes sean considerados los culpables de no haber llegado a un acuerdo y tener que volver a votar.

En segundo lugar, todo indica que el fair play de abril no se repetirá y gran parte de la campaña del PSOE y de Unidas Podemos se convertirá en un cruce de reproches sobre las negociaciones fallidas. Ambos saben, además, que en el mejor de los casos después de las elecciones del 10N tendrán que volver a negociar y ninguno de los dos ve razón alguna para cambiar de criterio: la formación morada seguirá exigiendo un Gobierno de coalición y los socialistas un acuerdo programático.

Para colmo, nadie cree que la apelación al peligro de un acuerdo entre las tres derechas, la de Pablo Casado, la de Albert Rivera y también los ultras de Santiago Abascal, vaya a ser tan eficaz para movilizar a los votantes como lo fue el pasado abril.

  5. El examen a Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fracasó en las últimas elecciones en el intento de superar al Partido Popular y convertirse el líder de la oposición. No obstante, se quedó lo suficientemente cerca del PP —gracias al hundimiento de las candidaturas de Pablo Casado— como para acariciar el sueño de disputarle ese puesto.

Sus planes, sin embargo, no pasaban por una repetición electoral. Al menos no tan pronto. El cordón sanitario que decretó contra el PSOE antes de las elecciones desató una grave crisis en su dirección: crisisel sector más moderado de Ciudadanos no entendió nunca la negativa tajante a pactar con los socialistas ni la decisión de empujar a Pedro Sánchez a llegar a acuerdos con Unidas Podemos y dejarle en manos del independentismo, como tampoco el deseo de sustituir al PP al frente de la derecha o la falta de escrúpulos a la hora de pactar con la ultraderecha de Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Rivera, sin embargo, se ha mantenido firme en el rumbo trazado para la organización que dirige de forma personalista desde su fundación. En su defensa siempre le gusta recordar que, pese a los malos pronósticos, siempre que se abren las urnas Cs mejora sus resultados. Ahora, con todas las encuestas en contra —la que el CIS publicó esta semana detecta un fortísimo retroceso en su intención de voto— , el líder de Ciudadanos tendrá una nueva ocasión de demostrar si eso es cierto y los electores del espacio del centro derecha una gran oportunidad de premiar o castigar su estrategia de los últimos meses.

De momento, con la posibilidad de nuevas elecciones cada vez más claramente en el horizonte y en busca del electorado más radical de la derecha, Rivera ha redoblado sus mensajes más extremos y, en el momento de mayor debilidad del independentismo de los últimos años, no deja de exigir una nueva aplicación del artículo 155 a Cataluña.

  6. La desmovilización

Los expertos en opinión pública y ciencias políticas sostienen que no existen suficientes precedentes como para saber a ciencia cierta cómo va a comportarse el electorado el próximo 10 de noviembre si, finalmente, tiene que acudir otra vez a las urnas.

Lo que sí se conoce es lo que hicieron los españoles cuando la incapacidad de los dirigentes políticos de llegar a acuerdos para una investidura obligó a repetir los comicios en 2016: se produjo una bajada de la participación de más de tres puntos que dejó en su casa a 1,3 millones de personas que habían votado seis meses antes. De esa situación sacó partido el PP, que pasó de 123 a 137 diputados. Pero no está escrito en ninguna parte que el beneficiado esta vez tenga que ser el principal partido del Congreso.

La participación en las elecciones del 28 de abril llegó al 75,76%, 9,3 puntos más que en 2016, impulsada por la polarización en torno a dos bloques —derecha e izquierda— y por la posibilidad de que la suma entre el PP, Ciudadanos y la emergente ultraderecha de Vox sumase lo suficiente como para recuperar el poder.

Muchos analistas creen ahora que el miedo a Vox ya no va a funcionar como reclamo de la movilización de la izquierda y que, en cambio, los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos van a ahuyentar a muchos de sus votantes, dispuestos a quedarse en casa para castigar a quienes no fueron capaces de llegar a un acuerdo que pusiese en marcha la investidura.

No obstante, pocos se atreven a descartar que la desmovilización afecte también a otras fuerzas políticas que el 28 de abril se vieron impulsadas por una expectativa de resultados que después no se correspondió con la realidad. Quienes creyeron que Cs o Vox se convertirían en piezas decisivas del tablero político tienen también ahora razones sobradas para revisar su apoyo.

  7. La estrategia de la derecha

Una parte importante de la victoria del PSOE —y del bloque de la izquierda—, especialmente en el Senado, se explica gracias a la división del espacio político de la derecha. Por primera vez los votantes situados entre el liberalismo y la ultraderecha tenían tres opciones diferentes a las que votar, en principio todas con posibilidades de obtener un resultado notable. Y el sistema electoral les castigó.

Es verdad, en eso también coinciden los expertos, que sumar siglas no se traduce necesariamente en un resultado mejor que el que se logra por separado. Pero en el espacio del centro derecha son muy conscientes de que la unidad es decisiva para recuperar el Senado, una pieza esencial del tablero que el PP perdió el 28 de abril.

La repetición de las elecciones dará a las tres derechas una nueva oportunidad de retocar sus respectivas estrategias, sabiendo además en qué provincias pueden rentabilizar la unidad y dónde no. El PP, como fuerza mayoritaria de este espacio, es la más interesada en poner en marcha listas compartidas, un objetivo para el que ha llegado a proponer incluso la denominación de España Suma. Ciudadanos y Vox saben, en cambio, que necesitan diferenciarse de la formación de Pablo Casado.

Controlar el Senado, como se hizo evidente en la legislatura anterior, no puede condicionar la formación de gobierno pero sí sus presupuestos, porque aspectos esenciales de su tramitación, como el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, necesitan de su visto bueno. Por no hablar de la definición y alcance de una hipotética nueva aplicación del artículo 155, sobre la que los bloques de la derecha y la izquierda mantienen posiciones radicalmente enfrentadas.

  8. ¿Qué va a hacer Errejón?

El líder de Más Madrid y hasta hace pocos meses una de las referencias fundamentales de Podemos, Íñigo Errejón, asegura que, de momento, no entra en sus planes presentar candidaturas a las elecciones generales. Pero la respuesta definitiva no la conoceremos hasta que, efectivamente, las elecciones sean una certeza.

El partido de Errejón —y de la ya retirada Manuela Carmena— consiguió el pasado 26 de mayo un gran resultado en la Comunidad de Madrid con más del 14% de los votos, casi el triple de lo que logró Unidas Podemos. Así que muchos estrategas políticos, especialmente en las filas del PSOE y de UP, han hecho una sencilla regla de tres: si Más Madrid se presenta a las generales estaría en situación de hacerse con una parte muy significativa de la tarta de la izquierda.

La complejidad de montar candidaturas en toda España sin infraestructura ni recursos económicos hace muy improbable que Errejón y sus partidarios puedan montar una oferta a escala estatal en tan poco tiempo como el que falta para la celebración de las elecciones del 10 de noviembre, si efectivamente se convocan.

Sin embargo, nada impide que puedan hacerlo en Madrid, donde se juegan 37 escaños para el Congreso. Un resultado como el del 26 de mayo situaría a Más Madrid con posibilidades de obtener entre cinco y seis escaños, lo que además le garantizaría grupo parlamentario propio y le facilitaría un altavoz político fundamental.

En Unidas Podemos son muy conscientes de que esa candidatura sólo puede restarles votos y, por tanto, reducir su capacidad de influencia en una nueva negociación con el PSOE para formar gobierno tras el 10N. Pero no falta también quien recuerda que el espacio político de Errejón tiene una frontera muy difusa con el ala izquierda del PSOE, de manera que también los socialistas correrían el riesgo de verse perjudicados si finalmente Más Madrid decide presentar una candidatura.

Esta caída se ha producido a pesar de que el Parlamento Europeo tiene más competencias que en el pasado. ¿Cómo es posible entonces que la ciudadanía muestre tanta indiferencia?

Quizá no estaría de más recordar que, tal como está diseñada la UE, el Parlamento Europeo es un actor relevante en muchos ámbitos, pero apenas tiene competencia alguna ni influencia directa sobre las políticas económicas, que son las más importantes (no se olvide tampoco que el presupuesto de la UE no llega al 1,5% del PIB europeo). Los europarlamentarios pueden decidir sobre muchos asuntos, pero no sobre los grandes temas de política económica, que son los que más han afectado a la ciudadanía durante los años de la crisis. Las políticas de austeridad, el rescate a los países endeudados, los objetivos presupuestarios, etc., no son asuntos que se decidan en el Parlamento Europeo.

La política económica está en manos del Banco Central Europeo, sin legitimidad democrática, de la Comisión Europea, con una legitimidad democrática tenue, y de los gobiernos nacionales que integran la UE. Los representantes directos de la ciudadanía tienen poco que decir al respecto. Siendo esto así, no resulta tan sorprendente que mucha gente entienda que las elecciones europeas son unas elecciones de segundo orden: no se debe solamente a que sea un Parlamento lejano, sino a que es un Parlamento sin poderes sobre el ámbito económico.

Para entender la crisis en la que se encuentra la UE, hay que remontarse al Tratado de Maastricht de 1992. Allí se alcanzó un gran acuerdo entre las fuerzas conservadoras, liberales y socialdemócratas para relanzar el proyecto de integración ante un mundo crecientemente globalizado. Se trataba de competir económicamente con Estados Unidos en el mundo global gracias al impulso de la unión económica y monetaria y al desarrollo del modelo social europeo. Las dos patas del acuerdo eran el euro y la Europa social, que conformarían un modelo alternativo al del liberalismo norteamericano, que tiene un Estado del bienestar poco desarrollado.

La evolución de los acontecimientos muestra que el proyecto económico y monetario se llevó hasta el final, pero el ideal del modelo social europeo se quedó en una pura declaración de intenciones. Las consecuencias de este desarrollo tan desequilibrado del acuerdo original se vieron durante los años de crisis. La UE, lejos de profundizar en la Europa social, se transformó en la principal fuente de amenaza para la supervivencia de los modelos sociales de muchos de los países europeos a través de sus exigencias anti-déficit y de reformas estructurales (siempre en la misma dirección: recortes de los sistemas de pensiones, desregulación del mercado de trabajo, etc.).

En la actualidad, los planteamientos de la Europa social suenan utópicos. No se dan las condiciones ni políticas ni institucionales para que se puedan construir políticas redistributivas y de solidaridad a escala europea. Los mecanismos de toma de decisión son complejísimos, la heterogeneidad de intereses nacionales es enorme y los imperativos de la unión monetaria juegan en contra.

Nos queda el euro. Debatamos por lo menos sobre el euro, el elemento más visible e importante de la integración europea. En España, a diferencia de en otros países, apenas ha habido debate público al respecto. Mientras que en otros lugares se discute sobre los beneficios y los costes de la unión monetaria, en España reina un consenso granítico entre las élites políticas y mediáticas.

Los medios españoles apenas se han hecho eco de las conclusiones de un interesante documento de trabajo reciente del Centre for European Policy de Friburgo (Alemania) en el que dos investigadores cuantifican cómo les ha ido a los países en el euro. Usando el método del control sintético (véase la nota metodológica al final de este artículo), los investigadores muestran que los dos grandes ganadores del euro son Alemania y Holanda, mientras que los dos grandes perdedores son Italia y Francia.

España se sitúa entre los perdedores netos, aunque, dentro de este grupo, es de los países que menos pierde. En concreto, estiman que durante el periodo 1997-2017, los españoles han perdido de media 5.000 euros por habitante (siendo la pérdida total a lo largo del periodo de 224.000 millones de euros).

Durante los años del boom, España se benefició enormemente del euro, pero durante los años de la crisis la tendencia se invirtió. Nuestra pertenencia al euro hizo más dura la crisis. Les copio el gráfico relativo a España:

En el documento de trabajo podrán encontrar los gráficos correspondientes a otros países del euro.

No estaría de más que, en lugar de dedicar todo el tiempo a consignas entre vacuas y líricas sobre las bondades de la integración europea, el debate se centrara en aspectos algo más concretos.

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Nota metodológica

¿Cómo se puede estimar el coste del euro para un país de la eurozona? Los autores del informe referido, Alessandro Gasparotti y Matthias Kullas, utilizan la metodología del control sintético. De forma muy resumida, la idea central es la siguiente: supongamos que queremos estimar cómo le habría ido a España fuera del euro. Para ello, se busca una combinación (media ponderada) de países de fuera de la eurozona que reproduzca con la mayor exactitud posible la evolución del crecimiento de España antes de su entrada en la unión monetaria. A continuación, se compara la evolución de esa combinación de países con la de España a partir de 1999, año de la puesta en marcha de la unión monetaria. La combinación de países fuera de la eurozona desempeña el papel de un “contrafáctico”: permite observar cómo habría sido España si no hubiese entrado en el euro. La diferencia entre la realidad (España en el euro) y la situación hipotética (España fuera del euro, medido a través de la combinación de países) refleja el efecto del euro en la economía española (que puede ser positivo, como ocurrió hasta 2010, o negativo, como ha ocurrido desde 2011).

Tras una campaña electoral frenética e hiperbólica, 36,8 millones de personas están llamadas este domingo a las urnas en las terceras elecciones generales celebradas en España en menos de tres años y medio. Los comicios del 28A asentarán, si se cumplen todos los pronósticos, un hemiciclo todavía más fragmentado que los anteriores, con cinco grandes partidos pugnando por sacar adelante sus propuestas. Y marcarán el regreso al Congreso de los Diputados de la extrema derecha bajo el nombre de Vox. Con todas estas particularidades, las generales de este domingo marcarán el inicio de un nuevo ciclo político. Habrá que ver, sin embargo, si esto influirá en una afluencia de votantes que se ha situado por debajo del 70% en las tres últimas citas con las urnas a nivel nacional –2011, 2015 y 2016–. Y, por supuesto, habrá que ver también si se cumple la tradicional correlación que se hace entre una abstención alta o baja y un buen o mal resultado de las formaciones de izquierdas, un mito que ya se ha roto en diferentes citas electorales.

A la hora de analizar la participación hay que tener en cuenta que a veces se confunden dos datos: la participación el día de las elecciones, que se calcula sobre los votantes que residen en España, y la participación definitiva, que incluye el voto exterior (el del CERA, Censo Electoral de los Residentes Ausentes). Cuando una encuesta ofrece un dato de participación, suele calcularlo sobre los votantes residentes en España (el dato que se conoce en la noche electoral, ya que los votos del exterior se cuentan tres días después de las elecciones). Sin embargo, el dato definitivo incluye lógicamente el voto CERA. Como la abstención es mucho mayor en el exterior, especialmente desde que en 2011 se introdujo el voto rogado, ello hace que el porcentaje se reduzca. Veamos los datos de las dos últimas generales: en 2015, la participación el día de las elecciones fue del 73,2% del censo de residentes en España, mientras que el dato definitivo incluyendo el CERA se redujo al 69,6%; en 2016, la participación de los residentes en España fue del 69,8%, que disminuyó hasta el 66,4% al incluir el CERA. [En este reportaje todos los datos son de participación definitiva, incluyendo el CERA, salvo las previsiones de participación para este domingo, que son sobre residentes en España].

Las últimas encuestas realizadas por las distintas casas demoscópicas vaticinan una afluencia de votantes a los colegios electorales por encima de la registrada en los últimos comicios –66,5%–. Así, el último sondeo de Celeste-Tel para eldiario.es, por ejemplo, calcula una participación del 68,3%, unas décimas por debajo de la que pronostica el último barómetro de NC Report para la La Razón. Algo más elevada es la última estimación de IMOP Insights para El Confidencial: un 70%. De cumplirse estos pronósticos, las formaciones políticas habrían conseguido activar a algunos votantes, pero las cifras no consiguen superan el 70%, algo que hasta 2011 había sido habitual en la gran mayoría de generales celebradas en España desde la restauración de la democracia –solo cayó por debajo de ese suelo en tres citas con las urnas–. Se consolidaría, por tanto, la tendencia bajista que se inició en la época de Mariano Rajoy y que ni siquiera se ha visto alterada con la consolidación de nuevos partidos políticos.

En los últimos años se ha producido, por tanto, un cambio de paradigma. “Hasta la pasada década se afirmaba, en el ámbito académico, que las elecciones generales celebradas en España podían clasificarse en un esquema dual bastante simple y lógico”, explica el Ministerio del Interior en su estudio Las elecciones generales en España 1977-2016. Por un lado, las denominadas “elecciones de continuidad”, con participaciones bajas pero próximas al 70%. Y, por otro, elecciones de cambio, con tasas de participación del 75% y superiores. Sin embargo, recuerda el documento, las generales de 2011 “parecieron invalidar esa tipología”, pues fueron unos comicios muy poco participativos pero que supusieron un gran cambio político. Un giro absoluto que se confirmó en 2015, cuando con una afluencia baja se produjo un cambio electoral  “casi de tanta entidad como el drástico realineamiento del sistema de partidos” que se experimentó tras las elecciones generales de 1982, que tienen el récord absoluto de participación.

  Por encima del 75%

De las trece citas con las urnas celebradas a nivel nacional tras el franquismo, la participación se situó por encima del 75% en cinco de ellas. En las generales de 1977, los primeros comicios libres tras cuatro décadas de dictadura, el 78,8% del censo acudió a los colegios electorales a depositar su voto. En aquella ocasión, la UCD fue el partido más respaldado, lo que permitió a la formación liderada por Adolfo Suárez ocupar 165 escaños en el Congreso. El PSOE de Felipe González, por su parte, se situó como el segundo más votado –118 asientos en el hemiciclo–. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, el PSOE no conseguiría llegar a la Moncloa hasta las generales de 1982, unos comicios celebrados año y medio después del intento de golpe de Estado del 23-F que supusieron un enorme cambio político en el país: mientras Alianza Popular cogía las riendas del centroderecha tras la extinción de UCD, la izquierda llegaba por primera vez al Gobierno tras la dictadura. En estas elecciones se contabilizó el récord de participación: un 80%.

Buenos datos de afluencia a las urnas se registraron también en la década de 1990. En la cita de 1993, en la que se impuso por última vez un Felipe González asfixiado por los escándalos que salpicaban a su Ejecutivo, acudió a depositar su voto el 76,4% del censo. Y en las generales de 1996, la participación se situó en el 77,4%. De nuevo, la elevada afluencia de votantes a las urnas coincidió en esta ocasión con un importante cambio político. Por primera vez desde 1982, los socialistas no se imponían en las urnas. En aquellos comicios, el PP consiguió 156 diputados, frente a los 141 del PSOE, y José María Aznar logró tras dos meses de negociaciones ser investido presidente del Gobierno gracias a los apoyos de Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC). Estas elecciones, por tanto, ejemplifican que no siempre una alta participación beneficia exclusivamente a las formaciones de izquierdas.

Esta teoría, sin embargo, sí que se cumplió en las generales de 2004, en las que la afluencia de votantes a las urnas fue también muy elevada –75,7%–. Estos comicios, que se celebraron tres días después de los atentados del 11-M, supusieron un viraje del país hacia la izquierda después de ocho años de liderazgo del centroderecha. El PSOE consiguió en la cita con las urnas un 42,6% de los votos, lo que le permitió sentar en el Congreso a 164 diputados. El PP, por su parte, se quedó en los 148 escaños al obtener el 37,71% de las papeletas. Los apoyos de ERC, IU, CHA, BNG y CC permitieron a José Luis Rodríguez Zapatero ser investido presidente del Gobierno en primera votación con el respaldo de 183 parlamentarios.

  por encima del 70% y por debajo del 75%

A estos cinco primeros comicios habría que añadir otros dos en los que la participación, aunque se situó por debajo del 75% de los votos, también fue importante. En las generales de 1986, las segundas que se celebraron tras la llegada de Felipe González a la Presidencia del Gobierno, acudieron a las urnas el 70,5% de los electores. A pesar de que la participación cayó casi diez puntos respecto a los comicios anteriores, el PSOE volvió a ser el partido más votado. Eso sí, cosechando menos apoyos. Los socialistas consiguieron arañar en las urnas un 44% de las papeletas, lo que les permitió iniciar su segunda legislatura al frente del Ejecutivo con 184 escaños en la Cámara Baja, una mayoría absoluta que, sin embargo, se encontraba lejos de los 202 diputados que sentó tras las generales de 1982. Por detrás del PSOE se quedó Coalición Popular –Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Partido Liberal–, que consiguió el 25,97% de los votos y 105 asientos en el Congreso.

Algo más elevada fue la afluencia de votantes en las generales de 2008. En aquella cita con las urnas, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a ser el candidato más votado a pesar de que la participación descendió casi dos puntos respecto a la registrada en su primera victoria electoral –pasó del 75,7% de 2004 al 73,8%–. Así, el PSOE consiguió mejorar su resultado anterior y cosechó un 43,87% de los sufragios y 169 diputados –cinco más que cuatro años antes–. El PP, por su parte, también incrementó sus apoyos en las urnas, logrando un 39,94% de los votos y 154 asientos en el hemiciclo –seis más que en 2004–. A diferencia de los comicios anteriores, en esta ocasión Zapatero fue investido presidente del Gobierno en segunda votación tras no conseguir el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja en la primera vuelta. Las abstenciones de PNV, CiU, IU, ICV, BNG, CC y NaBai permitieron que los 169 escaños socialistas fueran suficientes.

  Por debajo del 70%

De las trece elecciones generales, seis registraron una participación por debajo del 70%. La primera caída de afluencia importante se produjo en los comicios de 1979, en los que se impuso de nuevo la UCD de Adolfo Suárez y en los que sólo el 68% del censo acudió a los colegios electorales –más de diez puntos menos que en 1977–. La segunda se produjo una década después, cuando en las generales de 1989 se registró una participación del 69,7%, una baja afluencia de electores que, sin embargo, no impidió que el PSOE de Felipe González siguiese manteniendo una ajustada mayoría absoluta en la Cámara Baja. Un control sobre el Congreso de los Diputados que también consiguieron José María Aznar y Mariano Rajoy en unos comicios con una participación reducida. El primero lo hizo tras las elecciones del 2000, en las que votaron el 68,7% de los electores, mientras que el segundo lo consiguió en las de 2011, una cita con las urnas en la que la afluencia registrada fue del 68,9% del censo.

Desde la primera victoria de Rajoy, la participación no ha vuelto a superar en España el 70%, a pesar de los notables cambios políticos que se han producido desde entonces. En las elecciones de diciembre de 2015, que supusieron el paso del bipartidismo tradicional al tetrapartidismo con la entrada de Podemos y Ciudadanos en el hemiciclo, la afluencia de electores se situó en el 69,7%, casi un punto por encima de los comicios del año 2011 pero muy lejos de la que se ha registrado en España en momentos de gran transformación política. En las generales de junio de 2016, la participación se desplomó hasta el 66,5%, el peor dato desde la recuperación de la democracia. Habrá que ver este domingo si el auge de la extrema derecha española moviliza a los electores y consigue que la afluencia de votantes en los colegios electorales vuelva a superar el suelo del 70%, una subida que no pronostica ninguno de los últimos sondeos conocidos. Sí lo hacía la macroencuesta preelectoral del CIS publicada a principios de abril, que estimaba la participación en un 74,8%.

  Las comunidades más y menos participativas

El estudio de Interior también analiza la evolución de la participación en las elecciones generales a nivel provincial. “Si analizamos la distribución geográfica de la participación, vemos que dentro de España ciertas zonas han incrementado su abstención a lo largo del tiempo”, señala el documento. Así, mientras que en 1977 y 1982 “la participación superó el 80% en la mayoría de provincias peninsulares”, en las generales de 1996 los expertos observan “un claro crecimiento de la abstención” que afecta “especialmente a las provincias costeras”. “Las provincias con tasas de participación del 60-70% han ido aumentando desde 2004, en una expansión que ha avanzado, sin pausa, de la periferia al centro”, apunta el estudio, que señala que desde las generales de 2011 “no ha habido ninguna provincia española con una participación superior al 80%”. Así, en 2016 solo 16 provincias registraron una afluencia por encima del 70%, mientras que en otras cinco apenas se llegó al 60% –A Coruña, Lugo, Lleida, Ourense y Santa Cruz de Tenerife–.

A nivel autonómico, ocho comunidades han registrado en las trece citas electorales una participación superior a la media nacional: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, La Rioja y Murcia. Por el contrario, otras cuatro siempre han tenido en todos los comicios cifras de participación por debajo de la media nacional: Asturias, Galicia, Islas Canarias y País Vasco. En Baleares, Cataluña o Extremadura también puede observarse una tendencia clara aunque no se haya repetido con exactitud en todas y cada una de las generales. En suelo balear, por ejemplo, siempre han estado por debajo de la media nacional excepto en las elecciones de 1977 y 1979, algo que también ha sucedido en Cataluña excepto en tres citas con las urnas –1977, 1982 y 2004–. En Extremadura, la participación registrada, por el contrario, siempre ha sido superior a la media excepto en dos generales –1977 y 1986–. Y en las dos comunidades que faltan, Andalucía y Navarra, los niveles de afluencia a las urnas han sido bastante variables a lo largo de las trece elecciones celebradas hasta la fecha.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las firmas demoscópicas están a pleno rendimiento. En las últimas semanas, varias empresas encuestadoras han hecho públicos sondeos en relación con los comicios generales del próximo 28 de abril. Todos ellos sitúan al PSOE como ganador de la contienda electoral, seguido por el PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox. Además, las encuestas coinciden en que ni el bloque de izquierdas ni el de derechas serán capaces de recabar los apoyos necesarios como para disponer de una mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, difieren en cuanto a la participación estimada en la cita con las urnas. Algunos calculan que podría rondar el 70%, superando la registrada en los comicios del 26J. Otros, que podría ser menor que la del año 2016. Por lo general, se establece una correlación entre una alta afluencia y un buen resultado de las formaciones de izquierdas. Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre consideran que en un escenario de enorme polarización esta regla no escrita puede saltar por los aires.

A casi un mes de que los ciudadanos estén llamados a las urnas por tercera vez en año y medio, los partidos pisan el acelerador. Mientras Vox continúa polarizando al máximo la campaña con polémicas declaraciones y debates estériles que, sin embargo, consigue colocar en los medios de comunicación, el PP fía su éxito en la cita electoral al “voto patriótico” de “los españoles preocupados por la vuelta de Pablo Iglesias”. Mientras tanto, el líder de Podemos aprovechó su primer acto público tras su baja por paternidad para hacer autocrítica, calificar el 28A como unas elecciones “constituyentes” y cargar tanto contra el “trío de Colón” como contra un PSOE al que, dijo, “le tiemblan las piernas”. Y los socialistas, con las encuestas sonriéndoles, no se cansan de llamar a la participación masiva. “Urnas vacías significa involución y urnas llenas, progreso para todos”, ha proclamado por activa y por pasiva el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que la movilización puede dar a los socialistas una victoria “por goleada” y que a la derecha solo le queda una carta: la abstención.

Algunas de las últimas encuestas publicadas ofrecen estimaciones sobre participación bastante dispares. Los dos primeros trackings de IMOP Insights para El Confidencial están hechos sobre una afluencia calculada –sin contar el voto exterior– de entre el 65% y el 65,5%, más de cuatro puntos por debajo de la registrada en las elecciones de junio de 2016 –69,83% sin tener en cuenta los sufragios de los españoles residentes en el extranjero–. Un poco por encima, aunque sin alcanzar el nivel de 2016, se sitúa la participación estimada por la demoscópica NC Report en el sondeo que el diario La Razón publicó el pasado 18 de marzo –66,7%– y por el último de Metroescopia –67%–. En el caso de la encuesta elaborada por 40 dB y publicada el pasado domingo en el diario El País, el dato que se ofrece en la información es que “más de dos tercios de los sondeados” dan por “absolutamente seguro” que irán a votar, pero desde la firma demoscópica concretan que la afluencia que calculan se mueve en torno al 70%. Son los únicos tres sondeos publicados en los últimos días que ofrecen este dato.

“La participación electoral puede tener efectos mixtos”

Los socialistas están llamando a la movilización masiva con la vista puesta, sobre todo, en las elecciones del pasado 2 de diciembre en Andalucía. En aquella cita con las urnas, la participación se situó en el 58,6%, casi cuatro puntos por debajo de la registrada en los anteriores comicios autonómicos y el segundo dato de afluencia más bajo en unas autonómicas en suelo andaluz –el suelo lo fija el 55,3% registrado en 1990–. Los socialistas arrancaron en la comunidad históricamente roja 33 escaños, 14 menos que en los comicios del año 2015. Y el PSOE tuvo que ceder la Junta al PP y Ciudadanos, respaldados por Vox. En el 2D, la baja participación aupó a la derecha a San Telmo y hundió a Susana Díez. Así lo constató, un par de meses después, el estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Andalucía. El 42,1% de los abstencionistas aseguró que había decidido no participar en las elecciones mucho antes de que diera comienzo la campaña electoral. Entre ellos, un 22,7% afirmó que, de haber votado, habría introducido en la urna la papeleta del PSOE.

A pesar de estos datos, que parecen confirmar la correlación entre alta afluencia de votantes y buenos resultados de las formaciones de izquierdas, los expertos consultados por este diario piden ser “cautos”. Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, señala en conversación telefónica con infoLibre que “la participación electoral puede tener efectos mixtos”. En este sentido, explica que una afluencia masiva no tiene por qué indicar que los que están acudiendo en masa a votar son electores progresistas que habían permanecido desmovilizados. “La participación alta es, sobre todo, muy indicativa de un contexto de polarización”, apunta el politólogo, que pone como ejemplo los comicios catalanes de diciembre de 2017, una cita con las urnas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución que dejó el mayor dato de afluencia de la historia: un 81,95%. Teniendo esto en cuenta, y viendo cómo se está planteando la campaña para el 28A, Simón tiene la intuición de que la participación “será superior” a la del año 2016.

Un mito roto en varias ocasiones

Es cierto que en los años 1980 y 1990 la afluencia elevada en las urnas coincidía, en la mayoría de casos, con buenos resultados de los socialistas. Como ejemplo, las generales de 1982, en las que la participación se situó en el 80% y el PSOE consiguió 202 escaños en el Congreso de los Diputados. O, en el extremo contrario, las del año 2000, en las que la afluencia de votantes fue del 68,7% y fueron los conservadores los que se hicieron con el Gobierno. Sin embargo, la socióloga y directora de la firma demoscópica 40dB, Belén Barreiro, afirma que esa correlación “se ha roto varias veces”. Sólo hay que mirar los comicios de 1996, en los que se registró el tercer mayor dato de participación desde la recuperación democrática –77,4%– y el claro vencedor fue el PP de José María Aznar, aunque sin mayoría absoluta. O los de 1989, con una afluencia por debajo del 70% pero de los que salió un gobierno socialista. “A nivel autonómico, las de 2008 en la Comunidad Valenciana, en las que subió muchísimo la participación pero el que se benefició fue el PP, que movilizó mucho por el rechazo a Zapatero”, recuerda Simón.

Con todos estos elementos sobre la mesa, y con la vista puesta en las elecciones del 28 de abril, el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid rechaza el “mito persistente” y asegura que una gran movilización “no necesariamente” beneficiará “solo a las izquierdas”. En este sentido, recuerda que en la actualidad hay votantes muy elásticos que deciden su voto a última hora, sobre todo en los nuevos partidos y, muy concretamente, en el partido que lidera Santiago Abascal: “En el último postelectoral del CIS se decía que más del 40% de los votantes de Vox en Andalucía decidieron su voto en las últimas dos semanas”. “Una participación electoral alta puede beneficiar al PSOE, que es uno de los polos de la movilización, pero por otro lado también a Vox, lo que significaría que parte de los sectores abstencionistas más duros, que no confiaban en el PP, ahora estarían saliendo a votar”, apostilla Simón, que sentencia que si bien en el caso de Andalucía la abstención “fue de izquierdas”, de cara a las elecciones del próximo 28 de abril hay que ser “más cautos”.

La profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona Eva Anduiza explica que “la izquierda ha sido tradicionalmente un poco más sensible que la derecha a los cambios en los niveles de participación en España”. Sin embargo, añade que esta “no es una asociación automática” y recuerda que “ahora hay una variable nueva que es la mayor fragmentación en la derecha”. “Hubiera sido estupendo que el CIS hubiera preguntado en el barómetro por la intención de participar, pero no lo ha hecho. (...) Total, que solo tenemos los que contestan a la intención directa de voto como que no votarán, es decir, con una subestimación importante”, lamenta la politóloga. Con estos datos, y excluyendo a los que no dicen su autoubicación ideológica, Anduiza señala que “los niveles mayores de abstención están en las posiciones 5 y, especialmente, 6, es decir en el centro derecha”. “La derecha (7 y 8), eso sí, un poquitín, casi inapreciable, más movilizada que la izquierda”, sentencia.

Barreiro, por su parte, explica que en los sondeos que están realizando en 40dB calculan “una participación más alta que en las últimas generales, de en torno al 70%, pero por debajo de la media de todos los procesos electorales”. “Ahora estamos en un periodo en el que no se alcanzan esas cotas de participación que se registraban”, apunta la expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. No obstante, añade que hasta la fecha los sondeos que han realizado no han dado señales de que la izquierda o la derecha estén más o menos movilizadas. “Lo que nos sale es que todos los electorados están prácticamente igual de movilizados. Quizá Ciudadanos algo menos y los extremos un poco más”, asevera Barreiro. Un escenario que, por el momento, impide dilucidar con claridad si un incremento de la afluencia de electores beneficiaría a un bloque u otro.

El terremoto que supuso la entrada de Vox al Parlamento de Andalucía con más del 12% de los votos no se ha traducido en un gran incremento de su intención de voto en el barómetro del CIS de este viernes, que apenas da a la formación un 3,7% de los sufragios si mañana hubiera elecciones. Pero el sondeo sí que refleja un efecto colateral del surgimiento de la ultraderecha en España: el aumento de la movilización del electorado hasta niveles que no se habían visto desde 2004. El porcentaje de encuestados que aseguran que no tienen claro a quien votar, que no irán a las urnas, que votarán nulo o en blanco o que no contestan es el segundo más bajo de toda la serie histórica, y quien más se ha activado con respecto a la encuesta del CIS del mes pasado es la derecha.

El barómetro de este viernes únicamente ofreció la intención directa de voto, es decir, las respuestas de los encuestados sin pasar por ninguna clase de cocina. Según estos datos, el 37,5% de los encuestados contestó que votaría a un partido de izquierdas –PSOE, Unidos Podemos y sus confluencias, ERC, Pacma o EH Bildu– si mañana hubiera elecciones generales, por un 32,2% que respondió que elegiría la papeleta de PP, Ciudadanos, Vox, PNV o PDeCAT y un 0,9% que aseguró que su voto sería para "otros partidos". Esta cifra no está afectada por la polémica que ha rodeado los últimos barómetros del CIS, puesto que únicamente refleja la respuesta ofrecida por los encuestados al instituto público.

Estos datos implican que sólo el 29,1% de los encuestados respondieron que votarían blanco o nulo, no votarían o no sabían aún a quién, o se negaron a contestar, una cifra que supone una bajada de más de ocho puntos y medio de la indecisión y la abstención en tan solo un mes. Y la inmensa mayoría de la movilización procede de la derecha: en intención de voto directa, la suma de PP, Ciudadanos, Vox, PNV y PDeCAT pasó del 25,7% de diciembre al 32,2% de enero –una subida de 6,5 puntos–, mientras que la suma de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Pacma y EH Bildu apenas ascendió 3,2 puntos.

La cifra de abstencionistas, indecisos y encuestados que no quieren contestar a quién van a votar es la más baja desde la encuesta realizada en marzo de 2004, cuando la victoria del PSOE en las elecciones generales de ese mismo mes provocó que este porcentaje se desplomase hasta apenas el 24% de los encuestados. Pero es que, de hecho, el 29,1% de indecisos y abstencionistas que registra el barómetro de este viernes es la segunda cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 1993: salvo en una ocasión, y tomando como referencia al CIS, solo una vez ha habido desde ese año menos gente que no iba a votar o no tenía claro su voto.

El PP es el más beneficiado de este aumento en la intención directa de voto de la derecha, aunque eso no significa que, en unas elecciones, las respuestas de los encuestados reflejaran fielmente el resultado final de las urnas –ese sesgo es el que trata de corregir la llamada cocina–. Un 14,1% de los encuestados para el barómetro de este viernes optarían por la papeleta de los conservadores, por el 11,5% de hace un mes. Ciudadanos, por su parte, pasa del 11,4% de diciembre al 13,2% de este sondeo, y Vox sube un punto en intención directa de voto: del 1,7% al 2,7%.

Por tanto, al menos según los datos del CIS, el auge de Vox no estaría tanto sumando votos a la ultraderecha como, especialmente, movilizando a los electores conservadores. No obstante, el crecimiento del partido extremista es sostenido desde hace varios barómetros: si hace dos meses la formación tenía una estimación de voto –esta sí, con la rudimentaria cocina utilizada por el CIS desde la llegada de José Félix Tezanos a su presidencia– del 1,3%, en el barómetro de este viernes su estimación de voto es del 3,7%, una vez tenida en cuenta la abstención.

Un votante masculino, joven y con estudios secundarios

Pero, ¿de dónde sale el voto a Vox? El sondeo da algunas pistas. Para empezar, los apoyos de la ultraderecha española son eminentemente masculinos, un rasgo que comparten con buena parte de sus aliados europeos: el 3,6% de los hombres encuestados por el CIS aseguró que elegiría la papeleta de Vox si hubiera elecciones generales, por tan solo el 1,8% de las mujeres que ofreció la misma respuesta. Por rangos de edad, la ultraderecha es especialmente débil entre los votantes de 65 años o más (sólo los votaría el 1,4% de los encuestados), y tiene su mayor fortaleza entre la juventud (el 3,9% de los encuestados de entre 18 y 24 años votaría a Vox) y los sondeados de entre 35 y 44 años (donde la formación alcanza el 4,3% de intención directa de voto).

Además, Vox es especialmente fuerte –dentro de su debilidad, según el CIS– en municipios medianos: el 3,2% de los encuestados residentes en una localidad de entre 10.000 y 50.000 habitantes lo votaría, y ese porcentaje sube hasta el 3,8% en el caso de los encuestados que viven en municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Además, en lo relativo al nivel de estudios, la ultraderecha obtiene apoyos relevantes entre los encuestados que han finalizado la secundaria pero que no tienen estudios superiores: el 4,8% de ellos aseguran que votarían a Vox.

Por otra parte, las transferencias de voto reflejan que la ultraderecha se nutre, básicamente, de exvotantes de PP y Ciudadanos. Según el CIS, el 7% de los encuestados que afirman haber votado al partido naranja en las anteriores generales dicen ahora que elegirán la papeleta de Vox, una cifra que baja al 6,3% en el caso del PP. Asimismo, el 7% de quienes sostienen que votaron a otros partidos en 2016 escogerían ahora a la formación que lidera Santiago Abascal.

La participación en las elecciones autonómicas se redujo hasta el 58,65% en Andalucíaelecciones autonómicas, lo que supone 3,65 puntos menos que en los comicios celebrados en marzo de 2015, según datos oficiales de la Junta con más del 99% del voto escrutado.

La provincia de Jaén, con el 63,30%, es la que registró un mayor índice de participación, mientras que Cádiz es la que vivió una menor movilización de su electorado, con el 53,59%.

Jaén, Huelva y Sevilla son las provincias donde más baja la participación en relación a las elecciones autonómicas de marzo de 2015. En las tres provincias el retroceso es muy similar: en Jaén la movilización desciende en 4,65 puntos (del 67,95 al 63,30%), en Huelva baja en 4,57 puntos (del 60,11 al 55,54%) y en Sevilla en 4,44 puntos (del 65,99% al 60,56%). 

La bajada también superó los cuatro puntos porcentuales en Cádiz, al pasar de 57,70 en 2015 al 53,59% de este domingo.

En el polo opuesto se encuentra Granada, que prácticamente registró la misma movilización que en 2015, al bajar sólo un 0,56% (desde el 61,39% hasta el 60,83%). En Málaga el retroceso fue de 2,29 puntos (del 58,92% al 56,63%).

En Almería el retroceso de la participación fue de 3,13 puntos porcentuales (del 60,52 al 57,39%). En Córdoba se situó en 3,45 puntos (del 65,61% al 62,16%).

La adjudicación sin concurso público de la gestión informática de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre a la empresa semipública Indra ha llenado en los últimos días las redes sociales de mensajes en los que se especula con la posibilidad de un fraude electoral en esos comicios. Junto a la noticia de esta adjudicación algunos usuarios han compartido informaciones sobre la vinculación de la compañía con ciertos escándalos de corrupción que afectan a los conservadores.

Esquerra Republicana, la formación a la que mayoría de encuestas dan como favorita, también dio alas a esta teoría al anunciar el 30 de noviembre su portavoz y jefe de campaña, Sergi Sabrià, que el partido reforzaría el recuento paralelo que suele hacer en las votaciones con el objetivo de asegurar que se "evite cualquier tipo de pucherazo". Su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, matizó después estas palabras al afirmar que no tenía conocimiento de que "nunca" algún cargo de ERC hubiera difundido esas sospechas. 

Indra, participada en un 18,7% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se cuenta entre las mercantiles que están siendo investigadas en la trama Púnica por presunta financiación del PP. Su consejero delegado, Javier de Andrés, permanece imputado en esa causa desde 2015; y su esposa, la exdirectiva del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, es una de las principales investigadas en otra operación, el caso Lezo. De hecho, un testigo clave de esta última investigación reveló al juez que el Gobierno de Madrid infló en beneficio del PP contratos de recuento electoral. 

Sin embargo, la vinculación de las conexiones de esta compañía con el PP, su contratación sin concurso público para este proceso y la posible influencia que estos hechos pudieran tener en el resultado electoral tiene importantes lagunas. La cuestión más relevante es que, aunque no es imposible que se puedan producir errores involuntarios, pequeñas alteraciones en el cómputo o situaciones como el acarreo de votos, el sistema tiene controles técnicos y humanos que impiden que haya una alteración masiva del resultado.

Es cierto que Indra tendrá un papel determinante en el proceso electoral, aunque no en el recuento ni en los resultados definitivos. Es habitual que las administraciones contraten empresas tecnológicas para que procesen los datos provisionales y se puedan ir haciendo públicos en la misma noche de las elecciones, lo que requiere de una infraestructura considerable, pero no para que cuente las papeletas.

De hecho, Indra ha resultado adjudicataria de este servicio en ocho de las diez elecciones autonómicas que se han convocado en Cataluña desde hace 29 años. Concretamente en los procesos de 1988, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012, 2015 y 2017. En los de 1992 y 1995 la adjudicatación fue para Odec, tal y como confirman en Departament  de Vicepresidencia. Fuentes de la compañía aseguran que la empresa también se encargó de dar soporte tecnológico el referéndum del Estatut de Catalunya de 2006. "Indra ha sido contratada por todos los gobiernos de la Generalitat, de diferentes perfiles políticos", añade un portavoz. 

El recuento

Indra no tiene ninguna responsabilidad en el escrutinio definitivo. El recuento es público y, por tanto, puede acceder cualquier ciudadano, aunque sin el derecho a formular reclamación o protesta alguna. Una vez abierta la urna el presidente de la mesa extrae, uno a uno, los sobres, los abre, lee cada papeleta en voz alta y la muestra a los dos vocales que hay en cada mesa, a los interventores y a los apoderados. Si estos últimos tienen dudas pueden pedirla para examinarla.

El manual para los miembros de las mesas electorales que ha publicado la Generalitat para estos comicios [consultar, aquí] determina que pueden actuar ante la mesa un máximo de dos interventores por cada candidatura. La única condición es que presenten antes de las 8.30 horas de la mañana las credenciales correspondientes. Estas personas están autorizadas a comprobar la identidad de cada elector, así como si están inscritos en el censo y asistir al recuento.

Una vez realizado el conteo, el presidente anuncia el resultado en voz alta y traslada los datos a las actas de escrutinio. Este documento es firmado por el presidente, los dos vocales y los interventores de las candidaturas. Cada uno de ellos se queda con una copia, se coloca otra en la entrada del local electoral y se le proporciona otra el representante de la Administración. También pueden tener una copia los apoderados o candidatos con la limitación de que sólo puede entregarse una copia del acta por candidatura.

El representante de la Administración –un funcionario o un empleado público– es el que introduce los datos en un dispositivo electrónico (tableta, ordenador...) facilitado por Indra. Esa información se procesa en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD)  y se va volcando en la página web creada para cada elección, en la que se recoge de forma explícita que se trata de resultados provisionales. De hecho, el escrutinio provisional es de carácter informativo para la Generalitat, pero no tiene validez jurídica alguna de cara al recuento definitivo y a la proclamación de electos. 

El proceso de adjudicación   

La participación de Indra en estas elecciones también se ha puesto en entredicho por haber resultado adjudicataria, sin concurso público, del servicio de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos en el marco de estos comicios. Según explica un portavoz del Departament de Vicepresidencia de la Generalitat, el pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros acordó considerar "de emergencia" los contratos de servicios y suministros y todas las prestaciones vinculadas a la celebración de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. 

Así, señala que la Administración ha contratado los servicios necesarios de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos de las elecciones al amparo del artículo 113 de la Ley de Contratos del Sector Público, que le permite actuar de manera inmediata y contratar sin obligación de tramitar ningún expediente administrativo. 

Tal y como recoge el BOE [consultar, aquí] el presupuesto base de licitación de este contrato ascendía a 1.426.982,74 euros (IVA incluido), que es el importe que recibirá Indra por realizar este servicio. En otras ocasiones en las que sí ha habido concurso público, como en las elecciones de 2010 o 2012, se han conseguido rebajas económicas sobre el presupuesto base de alrededor del 20%. No obstante, en ambas ocasiones, tanto la estimación de lo que costaría el servicio como lo que la administración abonó finalmente fue mayor que en el 21D: 2.041.600 euros en 2010 y 2.092.296 en 2012. 

Por otro lado, en los comicios de 2015, cuando el procedimiento se realizó por la vía de urgencia por el adelanto electoral, el importe neto de adjudicación fue de 1.317.690 euros, casi un millón de euros menos que los 2.300.000 que la Administración había estimado que le costaría a la adjudicataria prestar ese servicio. En ese caso, la reducción respecto a la cantidad prevista fue de más del 40%. 

El único adversario de Pablo Iglesias para la elección de secretario general en Podemos afirma que no pretende ser secretario general de Podemos. Juan Ignacio Moreno Yagüe, salmantino de 44 años criado en Sevilla, diputado y vicepresidente tercero en el Parlamento andaluz, se ha convertido en aspirante al liderazgo del partido morado porque ha resultado la única forma de que su documento político forme parte del debatedocumento político de la asamblea ciudadana, conocida como Vistalegre II, dado que el reglamento vincula la presentación de documentos a la existencia de candidaturas. "O presentabas una lista de 60 personas [al consejo ciudadano] o presentabas tu candidatura a la secretaría general para que tu documento pudiera votarse", afirma.

Yagüe, con escasa influencia orgánica, pide el voto para su documento –que se puede votar por separado–, no para sí mismo. Una situación "anómala" de la que culpa a lo que ha sido, a su juicio, una planificación "precipitada" de Vistalegre II. Llegados a este punto sin marcha atrás, Yagüe está resuelto a aprovechar la plataforma para desplegar su discurso, que propugna una mayor atención a las ideas concretas, casi siempre vinculadas al aprovechamiento de las posibilidades que brinda la tecnología para encarar desafíos políticos como la democracia directa, la reducción del poder de la banca sobre el funcionamiento democrático...

Yagüe es abogado especialista en derecho bancario y transparencia. En 2011, poco antes del 15-M, se topó en Internet con una convocatoria de Democracia Real Ya. Allí se plantó con su propuesta de Democracia 4.0, sus ideas de superación de las limitaciones democráticas vía recursos tecnológicos y su convencimiento de que se podían combatir con la ley en la mano las prácticas bancarias fraudulentas. Como abogado trabajó para 15Mparato y fue el redactor de la querella contra el consejo de administración de Bankia por la salida a bolsa. También participó en la llamada operación Euribor contra las operaciones ilícitas de la banca. Fue número 2 de la lista de Podemos por Sevilla en las elecciones al Parlamento andaluz, donde se le conoce como un diputado que se sabe los temas y es poco convencional.

PREGUNTA: ¿Por qué se presenta?

RESPUESTA: Pues porque no me ha quedado más remedio si quería presentar un documento político con ideas concretas, realizables, prácticas y útiles.

P: Un documento que intentó que asumiera alguna otra candidatura.

R: Sí. Intenté que alguna lo incorporase, sobre todos las grandes. Pero no han querido. Y al final, para que se debata mi documento político, sólo tenía la opción de presentarme.

P: ¿No les han interesado las propuestas o no las han leído?

R: No, casi nadie lo ha mirado. Verás, yo soy... nadie en Podemos. Sólo la gente de Recuperar la ilusión, de Iñigo, me propuso una transacción, pero reduciéndolo todo a unos parrafitos para meterlos en su documento. Y no. Yo redacto mis propuestas después de leer las demás. Me parecía indignante que no dijeran nada, cuando el documento político es lo que le cuentas a la sociedad. No es el organizativo. Es el programa, lo que marca la línea. ¿Qué quiere Podemos? Arreglar el mundo, como todos. Que se acabe esta crisis, vale. Pero si estamos aquí es para dar soluciones concretas.

P: Entonces usted no quiere ser secretario general.

R: Yo no quería presentarme. La gente con la que me muevo, la gente que defiende las ideas por las que yo entré en Podemos, me dijo: "Tendríamos que presentar un documento, pero hay que hacer una lista [para el consejo ciudadano]. ¿Alguien se apunta?". Pero nadie quería, porque no nos interesa ser parte de un partido en el plano orgánico. Queremos que salgan estas cosas, para que Podemos sea de verdad una herramienta para los demás. O sea que la idea era presentar un documento, sin más. Y no se pudo. Bueno, pues me voy a presentar a secretario general, ya está. No pasa nada.

P: ¿Ha sido una pataleta?

R: Bueno, ha sido una cuestión de decir "hombre, si no me dejáis reglamentariamente hacerlo, pues tendré que presentarme, aunque no sea mi voluntad".

P: Pero, llegados a este punto, toca hacer campaña y pedir el voto, ¿no?

R: Voy a pedir el voto por mi documento político, no por mí. Son ideas que favorecen a todos. Cuando hablo de que todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto [se refiere a una modificación normativa para facilitar la votación de los electores sobre los asuntos que se debaten en el Congreso, no al voto en elecciones], algo que ahora sólo hacen los políticos, hablo de algo que favorece a personas de todo el arco político. Cuando señalo que ahora mismo los bancos tienen el dinero de todo el mundo y propongo liberar el sistema de pago y hacerlo neutral y universal, también defiendo una medida de la que se beneficia todo el mundo.

P: ¿Este documento es incompatible con los de Pablo Iglesias o Iñigo Errejón?

R: Para nada. Es que los de Pablo e Iñigo se ocupan de otras cosas. Cuando los leí, dije: "Aquí no hay nada que puedas tocar, algo concreto".

P: En resumen, usted hubiera querido presentar un documento sin presentarse, pero eso no es posible con el reglamento Desborda. Así que intenta que otra candidatura, a la secretaría general o al consejo ciudadano, asuma su documento. Al no lograrlo, la única fórmula que le queda es presentarse a secretario general. Desborda

R: Sí, y así lo digo en el vídeo [en el que hace oficial su candidatura]. No tenía ningún interés en presentarme a secretario general, pero no me ha quedado otra. Es que lo que se ha hecho con Desborda ha sido precipitado. Un partido con 5 millones de votantes no debe hacer las cosas así, sino con más tranquilidad y bien hechas. En cualquier partido se puede llevar un documento sin necesidad de presentarse. Pero no había manera reglamentariamente. Soy candidato a la secretaría general, pero no era mi intención.

P: Es extraño.

R: Es una situación anómala, sí, pero no la he provocado yo.

P: ¿Cree que existe la posibilidad de que, dado que es la única alternativa a Iglesias, termine en usted el voto de descontento con él?

R: Ni me lo he planteado. Entiendo que hay gente que me votará. Mi objetivo está en mi documento, y me encantaría que ganara, claro. Que se lea y se compare con los demás.

P: Sabe que no hay gran tradición de lectura de documentos políticos, ¿no?

R: Ninguna, por eso lo hice cortito, jaja.

P: ¿Habrá debate Moreno Yagüe-Pablo Iglesias?

R: Ya se lo he lanzado por Twitter. Creo que sí, que sería necesario e interesante.

P: ¿Ha informado a alguien antes de presentarse?

R: A Tere [Teresa Rodríguez], que me dio el aval que necesitaba. Y a los cuatro amigos que les he dicho que me ayuden. Y no he informado a nadie más, ni tengo preparada una campaña ni tengo nada. Sólo tengo la ilusión de que alguien se tome en serio el programa político. Porque cuando piensas en Podemos, ¿en qué piensas? No lo sabes. Pero piensas en el PP y tienes claro lo que es. ¿Cuál es el futuro con Podemos? Yo quiero que le digamos a la gente cuatro o cinco cosas que lo cambian todo. Si dejamos que los ciudadanos puedan votar, cambias la política española. ¿Y qué pasa en el resto del continente? Va detrás. Y así el debate deja de ser económico y vuelve a ser político. Yo dejé mi profesión, que me iba muy bien, y me metí aquí porque creía que Podemos podía cambiarlo todo. No me sirve de nada deslomarme para darle a mis hijos lo mejor y que luego se tengan que ir de España o acaben aquí bien posicionados pero en un país pobre. Tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a buscar soluciones. ¿O es que queremos un país sin derecho laboral, sin sanidad pública, sin pensiones? La solución a eso no viene ni del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos. Desde Podemos tenemos que impulsar reformas espectaculares, sabiendo que no vamos a poder hacer nada si no tiene resonancia en Europa. Y creo que las ideas que planteo pueden tener resonancia en toda Europa. Yo pienso como Varoufakis, la salida es más Europa, pero no mercantil. Y desde aquí podemos provocar cambios.

P: Su documento, casi más que político, es técnico: propuesta de modelos y medidas para propiciar la democracia directa, restar influencia de la banca en la economía, cambiar el modelo energético, la educación...

R: Es técnico-político. ¿Qué quiero? Democracia real ya. Quitarle poder a la banca. ¿Cómo se le quita? Quítale el control del dinero. Oiga, déjense ustedes de mirarse el ombligo, empiecen a mirar para fuera. Revolucionemos la política. Centrémonos menos en debates ideológicos y empecemos a hablar de ideas y de soluciones. La gente no necesita que le cuentes los problemas, que ya los sabe. Sabe lo mal que está la cosa el día 20 de cada mes. Cuando tú permites que la gente votando pueda parar un decreto como el del otro día de las cláusulas suelo, eso ayuda de verdad. Si instalas eso, los gobiernos se van a cuidar de qué hacen, porque saben que se lo pueden parar.

P: Pone especial énfasis en el voto electrónico.

R: Es lo principal, sin eso no cambiamos nada.

P: Consultar más al pueblo.

R: No, no quiero que se consulte, sino que el ciudadano pueda entrar a votar cuando le dé la gana. Votar lo mismo que se vota en el hemiciclo y ahora sólo vota su representante.

P: ¿Eso exige reforma de la Constitución?

R: El artículo 23 dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directa o indirectamente. Esto se puede hacer perfectamente con los recursos tecnológicos al alcance. Y es fundamental, porque se puede adaptar a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos, que es donde mejor se ven las cosas.

P: Ya que hablamos de votaciones, ¿qué le parece el sistema de votación de Vistalegre II?

R: Pues tengo que comprobarlo y verificarlo... Pero en principio parece que está bien, y que hay auditores. Y me fío de ellos, porque son mis colegas, y porque sé que se han forzado muchas mejoras.

P: En cuanto a la banca, también propone soluciones tecnológicas para problemas políticos.

R: Toda la legislación está reformada para que tengas que utilizar un banco por narices. Pero ahora, con la tecnología que hay, ¿cuál es la excusa de que tenga el banco mis mil euros en una cuenta suya y no los tenga yo en la nube? Y esto tiene una mayor carga de profundidad. Si el sistema de pago es neutral y no está controlado por la banca, se evitan los corralitos con los que han doblegado la voluntad de países como Grecia.

P: En su documento aboga por ir hacia el fin del dinero en metálico.

R: Como en Dinamarca, donde sólo el 5% usa metálico, porque todo el mundo paga con tarjeta o con el móvil, y los comerciantes ya se pueden negar a recibir metálico.

P: Dinamarca en este punto; en el educativo, el modelo finlandés. Más que por criterio ideológico, defiende lo que considera que funciona.

R: Cosas que funcionan y son transversales y neutrales. Que las ideologías están muy bien, y todo el mundo tiene la suya. Pero, ¿y si vamos a las ideas?

P: Según su punto de vista, lo que hay que solucionar en política son, más que cuestiones determinadas por la ideología, problemas de gestión.

R: Claro. En la gestión no se hace caso a nadie. Los políticos no hacen caso a los expertos, no escuchan. ¿Qué se hace hoy en el mundo sin equipos? Nada.

P: Aboga por profesionalizar la política.

R: No, no. Que se escuche a los profesionales. Claro que tiene que haber representantes, pero que no se sirvan sólo de asesores y técnicos para arreglar los follones que van creando y para ver cómo atacan al adversario.

P: ¿Podemos ha perdido ese discurso que usted defiende?

R: Yo entiendo que Podemos ha perdido todos los discursos. Ésa es mi queja. Por favor, que tenemos que seguir creyendo en el país y en la gente, que tenemos que ser su herramienta. Ya tendríamos que estar activando el país.

P: ¿Y ya no es esa herramienta?

R: Podemos se ha centrado demasiado en sí mismo. Hemos cometido un error gravísimo. Y me da pena. El CIS dice que 9 de cada 10 desconfían de los partidos, y que 7 de cada 10 creen que piensan más en sí mismos que en la gente. Y es verdad. Hemos caído en eso. ¿Qué hace Podemos hablando de sí mismo todo el rato?

P: ¿En Podemos hay una crisis o es que son en realidad dos partidos?

R: Una cosa es Madrid y otra el resto. Aquí ha habido división de opiniones [en la asamblea andaluza]. Pero pasó, y todos tan contentos. El discurso político de cada uno es el que es. Pues ya está, se enfrentan y el que gane ganó. Pero nunca hemos llegado a esa tensión, ese enfrentamiento. No es necesario. Los dos principales sujetos de Podemos son magníficos, pero están enredados en una cosa que nadie entiende.

P: ¿Cuándo empezó esta deriva negativa de Podemos?

R: Cuando empezó a querer ser un partido político como los de siempre. Había hecho algo que pasará a los manuales de historia. Sin partido y sin financiación bancaria, revolucionó la política. Sólo con la ilusión de la gente. ¿A qué viene preocuparse por ser un partido? Si entras ahí, todo el diseño legal, institucional y financiero está hecho para que te pasen todas las cosas malas de un partido. Y además te obliga a la competición, cuando antes hacíamos algo que no hacía nadie: colaborar. Esto ha envenenado un poco a Podemos. Si vas a construir un partido, hazlo nuevo.

P: Usted defiende la llamada "transversalidad". ¿Por qué no ha conectado con esa corriente liderada por Iñigo Errejón?

R: Creo que lo transversal está en la gente que no está en el partido a tope. Yo me muevo en todos los ambientes. Y verás, mis amigos con los que suelo salir no son votantes de Podemos, al revés, son votantes del PP. Y ponen a caldo a Podemos, y nos reímos todos. Me gusta. Eso le ha fallado a Podemos. No está escuchando a los que no son los suyos, que están haciendo buena crítica. A mí votantes del PP me han dicho: "Oye, con la ley de cuentas claras, qué buena idea has tenido". A eso venía Podemos, a meter buenas ideas que cambian cosas y pueden ser apoyadas por todos.

P: ¿Por qué cree que las otras candidaturas no han asumido su documento?

R: No lo sé... A lo mejor les han parecido medidas demasiado radicales. A mí es que en Podemos la gente me parece muy conservadora, y al final el de la corbata [él mismo, que suele llevar corbata, algo infrecuente en su partido] es el radical (sonríe). Yo he hablado del tema del cannabis [defiende su legalización, especialmente por motivos de recaudación fiscal], que por cierto hay un círculo en Podemos sobre el tema con gente muy buena. No sé por qué no se habla de esto. No se reacciona, cuando somos una herramienta ya hecha, y nos sigue un montón de gente joven. Hay tantas cosas que podemos hacer ya.

P: El diagnóstico de su documento es crítico. Viene a afirmar que Podemos en el fondo no ha logrado cambiar nada.

R: Pero porque no ha empezado a hacer nada, ésa es mi queja. Bueno, a ver, ha cambiado muchas cosas, para empezar la actitud de los demás partidos y de la sociedad. Pero yo tengo la siguiente queja: no me puedes decir más veces que vamos derogar el 135 con una PNL [proposición no de ley]. Si para iniciar una reforma constitucional necesitas 70 diputados y los tienes, métela. Y que se posicionen ya los demás, hombre. A ver qué hace el PSOE, que dice que se ha arrepentido.

P: ¿Y qué le pasa al partido entonces, que está distraído?

R: Creo que está distraído consigo mismo

P: Y que tiene una crisis interna. ¿Es posible una solución de síntesis en Podemos?

R: Yo creo que sí, por eso el documento político, que creo que va a asuntos importantes.

P: ¿Dónde se ubica ideológicamente?

R: Pues mucho más a la izquierda de mucha gente que se cree de izquierdas. Mis ideas son de igualitarismo, de reparto de cargas y ayudas a favor del que no puede... Pero es que el voto de la gente es libre, y cambia, y hay gente que en determinada materia puede votar una propuesta de derechas, y otro día no... Pero vamos, por supuesto ideológicamente de izquierdas. Estoy en Podemos porque soy de izquierdas, pero para mí la izquierda y la derecha no son lo importante, ni los de arriba y los de abajo.

P: ¿Entonces?

R: Justicia o injusticia. ¿Es una injusticia lo que han hecho con los riesgos del sistema bancario que tenemos que pagar todos? Sí. ¿Es una injusticia que la UE se ocupe sólo de los mercaderes, y no de la tributación y de que los derechos laborales y fiscales sean continuos en todo el continente? Sí. Ése es mi primer planteamiento: ¿Esto es justo es tramposo? Y resulta que el capitalismo funciona a base de trampas, con índices oficiales falsificados, con todo manipulado, hasta los índices de los tipos de cambio.

P: En el otro eje, calle o instituciones, muestra usted confianza en las instituciones.

R: Sí. Yo confío en la capacidad de las instituciones. Pasó una cosa sorprendente. Fuimos a una reunión diputados andaluces del Parlamento y del Congreso, y dijo Cañamero: "La lucha está bien, claro. Yo llevo 40 años. Pero, ¿cómo que las instituciones y el BOE no sirven?. Claro que sirven". A mí me pareció fantástico. Aquí mismo, en el Parlamento, estamos trazando los vectores políticos nosotros, porque el PSOE nos lo bloquea todo y luego lo saca en Consejo de Gobierno a las tres semanas, lo mismo.

P: ¿Y cómo juzga el papel de Podemos en el Congreso?

R: Me está decepcionando. Podría hacer muchísimo más. Hay mucha gente dispuesta a colaborar con Podemos. Pero no se puede llamar a la gente, pedirle ideas y luego no hacerle ni caso. Y luego no puede ser que a Podemos le aprobaran la tramitación de una proposición de ley para subir el salario mínimo un miércoles, que los medios dijeran el jueves que el PSOE negociaba con el PP y el viernes que el Gobierno subía el salario mínimo. Las instituciones son para comunicar. No puede ser que lleves dos años en las calles hablando de pobreza energética y PP y PSOE te roben la merienda en las narices. No podemos soltar los huesos que mordemos. Si coges algo, sigue erre que erre dando por saco, y al final se le quedará a la gente en la cabeza, se consiga lo que se consiga, que ha sido Podemos.

P: ¿Qué pasa si se sale de Vistalegre II sin atender la exigencia de autonomía de Podemos Andalucía, que fue refrendada en la asamblea autonómica?

Ahí la jefa es Tere [Teresa Rodríguez]. Y yo lo que diga Tere. Pero vamos, que va a decir que nos vamos a federar y se acabó.

El candidato Benoît Hamon se impuso en la segunda vuelta de las primarias de la izquierda francesa, según los primeros resultados oficiales. Hamon consiguió un 58,88% de los votos, con lo que derrota así al ex primer ministro Manuel Valls (41,12%). Según Europa Press, la organización de las primarias ciudadanas confirmó la victoria de Hamon, exministro de Educación con el presidente François Hollande. Estas cifras corresponden al escrutinio de 5.344 centros de votación, un 74% del total, y representan a 1.591.247 votantes.

Aunque en esta vuelta participaron, según fuentes del partido, cerca de dos millones de votantes –frente a 1,6 millones del pasado domingo en la primera vuelta–, las cifras son muy inferiores a los 2,6 millones de votos que recibió Hollande en 2011, o los cuatro millones de electores que movilizó Fillon en las primarias de la derecha el pasado mes de noviembre.

Tras el resultado, el vencedor aseguró que tiene la convicción de que "ante una derecha de los privilegiados, conservadora, y una extrema derecha destructiva", Francia necesita "una izquierda que piense en el mundo como es y no como fue, una izquierda capaz de traer un futuro deseable", a lo que añadió que "esta noche, la izquierda levanta la cabeza". Hamon es el representante del ala más izquierdista del partido. Las encuestas son, de momento, demoledoras para el Partido Socialista, que podría quedar en quinto lugar en las presidenciales.

"Una izquierda moderna"

"Nuestro país necesita una izquierda moderna e innovadora. Hay que escribir una nueva página de nuestra historia. No puedo resignarme a la fatalidad. La renta universal permitirá elegir el trabajo en lugar de someterse a él", destacó.

Con vistas al futuro, Hamon anunció su intención de ponerse en contacto con Jean-Luc Mélenchon, el líder de La Francia Insumisa, con Yannick Jadot, cabeza visible de Europa Ecología Los Verdes, y "con todos aquellos que se identifican con la izquierda y el ecologismo político" para pensar en el interés de los franceses, "para construir juntos una mayoría de gobierno coherente y sostenible para el desarrollo social, ecológico y democrático".

Manuel Valls, por su parte, compareció en la Casa de América Latina para felicitar a Hamon y desearle suerte, ya que desde este domingo Hamon "es el candidato de nuestra familia política". El ex primer ministro detacó los logros del Gobierno del presidente saliente, François Hollande, como el Acuerdo de París contra el cambio climático o las intervenciones en Malí y Oriente Próximo. "La historia situará nuestra labor a la altura que merezca", apostilló.

En clave de futuro, Valls realizó un llamamiento a "permanecer vigilantes y movilizados" ante el peligro que encarna el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen. "Nos negamos a que Marine Le Pen sea la cara de Francia", declaró.

Hamon se enfrentará entre otros a François Fillon, candidato de Los Republicanos, y a Marine Le Pen, la elegida por el Frente Nacional, en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 23 de abril y, de ser necesaria una segunda vuelta, el 7 de mayo.

Según la web del Ministerio de Interior, la participación en el conjunto del país ha subido ligeramente, sólo 0,17 puntos, al pasar de 69,67 en las elecciones de 2015 a 69,84 en esta ocasión.

Aunque el segundo avance de participación ofrecido por el Ministerio del Interior se situaba en el 51,22%, el más bajo a esa hora de toda la democracia, con el 100% de los votos escrutados se coloca en el 69,84%, a niveles similares a las de otras elecciones generales.

La explicación de ese bajo nivel de participación a la hora del segundo avance se debe a que muchos votantes han aprovechado el buen tiempo para salir de sus ciudades y votar, por tanto, a última hora del día y al voto por correo que en estas elecciones supera los 1,5 millones.

Las comunidades donde más participación ha habido fue en La Rioja, Comunidad Valenciana y Madrid, donde se superó el 74% frente a Baleares, con un 62,58%. Pese a la baja participación en estos comicios, las elecciones generales de marzo de 1979 y de marzo de 2000 tuvieron menor afluencia y sólo concitaron al 68,04% en el primer caso y 68,71% en el segundo.

Por el contrario, las elecciones de 1982 fueron las que consiguieron que más personas acudieran a las urnas, con el 79,97, por delante de los primeros comicios de la democracia, en junio de 1977, que lograron un 78,73% de afluencia.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el último porcentaje de participación en las elecciones este domingo y su comparativa con las generales de 2011.

En el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 71% de los encuestados afirmó que iría a votar con toda seguridad. En diciembre ese porcentaje era del 75,3% –ha caído 4,3 puntos– y la participación en las urnas fue finalmente del 73,2%. En segundo lugar, un 11,2% adicional dijo que probablemente iría a votar –en diciembre fueron el 11,6%–. Por último, un 13,3% de los ciudadanos aseguraron que probablemente no irían a votar o que tenían decidido quedarse en casa el 26-J, una cifra que en diciembre era del 10,3%, informa Ibon Uría.

En este sentido, el dato más alto de participación final fue la registrada en 1982 –primera victoria del PSOE en las generales–, cuando ejercieron su derecho al voto 21.469.274 personas, un 79,97% del censo electoral de la época.