Hay un momento reconocible en la vida pública: aparece un caso que conmueve —acoso, coerción, abuso de poder— y el país entero cambia de temperatura. Se activan protocolos, se publican comunicados, se multiplican declaraciones de apoyo y repudio, se arman bandos, se exige rapidez. Todo ocurre a la vez y en voz alta. En las redes, la historia llega antes que las pruebas; y en la conversación cotidiana, la emoción llega antes que la duda.

Ese reflejo social tiene algo valioso: durante mucho tiempo, demasiadas víctimas no encontraron lenguaje, escucha ni resguardo. La indignación colectiva puede ser el primer gesto de reparación simbólica: “te creo”, “no estás sol@”, “esto importa”. Pero hay un riesgo cuando la indignación se convierte en tribunal y la moral se confunde con el procedimiento: la justicia social termina juzgando lo que lee de un hecho, no necesariamente el hecho en sí. Juzga un relato que circula —con sus omisiones, sus énfasis, sus intereses— y lo sanciona en el espacio de la reputación, que es un espacio rápido, contagioso y a menudo irreversible. La pregunta incómoda no es si debemos indignarnos. Es qué hacemos después de indignarnos.

Porque incluso cuando los hechos son ciertos (y muchas veces lo son), la tentación de reducirlo todo a un individuo —un “delincuente”, un “monstruo”— suele ser una manera de tranquilizarnos. Si el problema cabe en una persona, entonces el problema se resuelve expulsándola. El sistema se lava las manos: “no era la institución, era él”; “no era la cultura, era ella”; “no era una dinámica de poder, era un caso aislado”. Se redacta un comunicado, se cambia un nombre en una placa, se promete “tolerancia cero” y se sigue como si nada. Pero un caso que arrastra años de indecencia rara vez es solo un problema individual. Es un problema institucional: un ecosistema de silencios, incentivos, miedos, complicidades y premios. Un abuso prolongado en el tiempo requiere algo más que voluntad de abuso; requiere condiciones de posibilidad. ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién “escuchó algo” pero no quiso saber? ¿Quién recomendó “no te metas”? ¿Quién evaluó, contrató, ascendió, premió? ¿Quién confundió carisma con impunidad, talento con permiso, poder con derecho?

La justicia —la que pretende ser justa— necesita tiempos, pruebas, garantías, contradicción. La justicia social, en cambio, opera con urgencia moral: no está diseñada para dirimir hechos, sino para expresar un límite colectivo. Y esa expresión puede ser legítima, incluso necesaria. El problema llega cuando los atajos se vuelven norma: cuando se equipara sospecha con sentencia, relato con evidencia, castigo reputacional con reparación. Tomarse en serio el daño no es renunciar a las garantías, sino comprender que, sin método, la indignación puede volverse otra forma de arbitrariedad, y que una sociedad menos abusiva no se construye por un camino abusivo.

Hay, además, una conversación que casi nunca se habilita porque estropea el guion simple de víctimas y victimarios: los efectos colaterales. El daño directo existe y es innegociable, pero no es lo único. Hay vidas que se detienen —personas que se van, abandonan una carrera, renuncian a un proyecto— y hay otras que avanzan gracias a ese desvío. Cuando alguien es silenciado, otro ocupa el lugar. Cuando una persona cae en desgracia por resistirse, otra es recompensada por adaptarse. En los ecosistemas abusivos hay a menudo “ganadores” laterales: quienes se beneficiaron de una expulsión tácita, de una beca que quedó libre, de una plaza que cambió de manos, de un ascenso que ocurrió porque alguien fue marginado. No siempre hubo un pacto explícito; a veces fue oportunismo y silencio. La pregunta, entonces, no es solo quién dañó, sino quién aprovechó. Quién acumuló privilegios mientras otros pagaban el precio.

Si de verdad queremos ecuanimidad con la realidad, no alcanza con señalar al perpetrador. Hace falta mapear la estructura que permitió que eso ocurriera durante años. Hablar de responsabilidades por omisión. Interrogar el reparto posterior: ¿qué se hizo con los beneficios derivados de ese daño? ¿Se revisan trayectorias infladas por el miedo ajeno? ¿Se repara a quienes quedaron al margen? ¿Se restituyen oportunidades, aunque sea parcialmente? Estas preguntas incomodan porque amplían el campo de responsabilidad y, sobre todo, porque desplazan el foco desde “ellos” hacia “nosotros”: hacia lo que una institución tolera, hacia lo que un entorno normaliza, hacia lo que muchos prefieren no ver mientras el sistema, entretanto, reparte ventajas.

La indignación abre la puerta, pero después hay que entrar. Y dentro no hay consignas: hay procedimientos, incentivos, jerarquías, dependencias y silencios. Castigar puede ser necesario, pero no es suficiente. Si cada escándalo termina con la expulsión de una figura y el alivio de una institución, habremos aprendido poco. Si, en cambio, cada caso nos obliga a mirar el ecosistema —y también a los beneficiarios silenciosos— quizá empecemos a hacer la única justicia que vale: la que no solo reacciona ante el daño, sino que reduce la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga. Doctora en Seguridad y Prevención.

El Ministerio del Interior ha nombrado al coronel Pedro Merino Castro nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), han informado a EFE fuentes del instituto armado, según informa EFE.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca. 

Merino Castro, propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, toma el relevo Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada.

Yuste dirigió la UCO de desde junio de 2023, una etapa marcada por las investigaciones de esa unidad como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado por revelación de datos reservados.

El reciente robo en el museo de Bristol y el que se registró hace escasas fechas en el Louvre de París han vuelto a colocar la palabra “seguridad” en titulares. La reacción casi automática es prometer más cámaras, más controles, más horas de curso. Pero quizá la pregunta no es cuánta seguridad, sino qué tipo de seguridad y para quién.

Un museo no es un banco ni un aparcamiento. Su misión no es custodiar dinero ni disuadir al público, sino proteger el patrimonio y acoger al visitante. Su seguridad, por tanto, debe ser distinta. Lo que sirve en un recinto industrial no necesariamente funciona en una sala llena de turistas, obras irreemplazables y ventanas históricas. Sin embargo, parte de la oferta formativa tiende a ser demasiado estandarizada y no siempre se adapta al museo. Cuando la formación no se ajusta al lugar, el riesgo no se reduce: simplemente se disfraza.

El foco de esta crítica no son los vigilantes, sino cómo los formamos. Una parte relevante llega por razones laborales, no necesariamente vocacionales; de ahí que la formación deba crear propósito, dar contexto y enseñar a leer el espacio, no solo a superar un temario. Si el punto de partida no siempre es la vocación patrimonial, el currículo ha de compensarlo con sentido de misión y herramientas prácticas.

El caso del Louvre deja una lección clara: suele no bastar con tecnología o protocolos si el entorno físico y humano no están pensados de forma coherente. Una ventana accesible, un perímetro mal gestionado o una ronda excesivamente rutinaria pueden anular en segundos todo un sistema de vigilancia. La seguridad, en realidad, es colectiva: arquitectura, procedimientos, personas y cultura del lugar. Si una de esas piezas no funciona, las demás pierden eficacia.

Tampoco se trata de convertir a los vigilantes en historiadores del arte. Pero sí en expertos en el lugar que habitan. Saber qué piezas son especialmente valiosas o frágiles, dónde se densifica el público, qué comportamientos anticipan un riesgo. Un vigilante que entiende su entorno —que sabe por qué ese espacio es único— trabaja de otra manera. La seguridad no depende solo de los ojos, sino de la mirada.

Ser exigentes con la formación no implica desautorizar a los profesionales, sino reconocer que a menudo les pedimos mucho con herramientas limitadas. Con demasiada frecuencia se prioriza la memoria sobre el criterio: manuales que listan procedimientos, exámenes que miden lo que se recuerda más que lo que se decide, simulacros que verifican asistencia y no tiempos reales de respuesta. Y, mientras tanto, seguimos hablando de “mejorar la seguridad” sin detenernos a precisar qué significa eso en un museo.

Conviene también aclarar de qué seguridad hablamos. En un banco, el visitante acepta controles intrusivos y la fortificación visible no daña la experiencia. En un aparcamiento, la disuasión es ambiental: iluminación, visibilidad, recorridos sin rincones. En un museo, en cambio, la hospitalidad es parte del valor público. Mostrar armas, elevar el volumen o saturar de carteles intimidatorios puede “proteger” un objeto, pero arruinar el sentido de abrir un museo. La formación debe enseñar esa tensión y cómo resolverla con disuasión cordial, control de flujos y microintervenciones que ganan tiempo sin violentar al visitante.

¿Sustituyen los sistemas a las personas? La tecnología ayuda —cámaras bien situadas, sensores de vitrinas, retardos de apertura, incluso niebla antiintrusión en salas concretas—, pero no reemplaza el juicio humano. Un museo es un ecosistema social. Lo que marca la diferencia no es el último gadget, sino la orquesta socio-técnica: personas bien entrenadas, procedimientos claros, espacios bien pensados y coordinación real con policía, mantenimiento y conservadores. Cuando falla una pata —por ejemplo, permitir que un vehículo se sitúe junto a una ventana vulnerable—, el resto no compensa.

También importa la definición del papel. El vigilante no está para “cazar” ladrones, sino para evitar que un incidente prospere y limitar daños. Eso se consigue con presencia que disuade sin intimidar, con radios que se usan con códigos claros, con decisiones pequeñas que bloquean rutas, con respeto al visitante y con cuidado de la escena para no destruir pruebas. Es un rol profesional, no auxiliar. Y cuanto más claro esté, mejor funcionará la formación.

Sería injusto no reconocer los avances. Con diferencias según país, normativa y proveedor, hay equipos y centros que ya trabajan con entrenamiento por escenarios, análisis de tiempos y enfoque situacional. Existen buenas prácticas: briefings de apertura centrados en riesgos del día, mapas vivos de puntos ciegos, simulacros breves y medidos, coordinación con el entorno urbano. Es ahí donde conviene poner el listón para que lo excepcional se vuelva normal.

Tal vez haya llegado el momento de cambiar la pregunta. En lugar de “¿cómo formar mejores vigilantes?”, preguntarnos “¿cómo formar profesionales que entiendan el lugar que protegen?”. Porque no se trata solo de prevenir un robo, sino de cuidar una parte de nuestra memoria común. La seguridad, en un museo, no es una cuestión de fuerza ni de tecnología, sino de inteligencia y sensibilidad. Y eso también se enseña. O debería enseñarse.

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Anna García Hom es analista y socióloga. Dra. en Seguridad y Prevención.

El de la seguridad es uno de los campos de batalla de la extrema derecha desde hace décadas. Partidos como Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia ya introdujeron ese marco en el país vecino en la década de los 80, estableciendo un vínculo directo entre inseguridad e inmigración de origen árabe. Otras extremas derechas siguieron la estela —no solo europeas, también americanas— y lo han utilizado como elemento de confrontación hasta la actualidad. Desde el presidente norteamericano, George Bush, y su declarada "guerra contra el Terror" hasta Donald Trump, desplegando a la Guardia Nacional en ciudades demócratas, pasando por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha utilizado la seguridad del país como pretexto para saltarse los derechos humanos. 

En el caso español, Vox también ha tratado de explotar este concepto, presentando a España como un país "inseguro" y vinculando esa supuesta inseguridad con la llegada de migrantes, pese a que los datos del Ministerio del Interior lo desmienten. La tasa de criminalidad se encuentra actualmente en 40,6 delitos por mil habitantes, la más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Sin embargo, no hay día en que las principales cuentas de la ultraderecha no suban contenido a redes sociales de peleas, robos o cualquier situación violenta para tratar de fabricar una situación del país que no es tal, asociándolo con los migrantes.

Y ahora es el Partido Popular el que sigue la estela de Vox. El pasado miércoles su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentó una serie de medidas en Toledo para combatir la supuesta inseguridad en su discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aseguró que en caso de llegar a La Moncloa pondrá en marcha una "estrategia integral más ambiciosa" para frenar una delincuencia que "campa a sus anchas" gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que su formación gobierna en once comunidades autónomas y las competencias en materia de seguridad están compartidas entre varias administraciones, incluyendo las locales.

Así, el líder de los conservadores compraba el marco de la extrema derecha al relacionar inseguridad con delincuencia, robos y agresiones sexuales, y al poner como solución reforzar los cuerpos policiales o la protección civil. Una inseguridad que, sin embargo, no aplica a conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal. Según explicaba a infoLibre el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir, "la gente tiende a pensar que hay más violencia y delincuencia de la que realmente existe", lo que a su juicio "claramente tiene que ver con la realidad que se construye y no con la que es".

Eso es precisamente lo que hizo Feijóo el pasado miércoles. "Más de la mitad de los españoles cree que la seguridad está empeorando", dijo el líder de la oposición, amparándose en las encuestas pero no en los datos oficiales. Lo cierto es que la tasa de criminalidad —el número de crímenes por cada 1.000 habitantes— se ha mantenido prácticamente inalterable desde que hay registros, es más, lo que sí ha aumentado los últimos años son los delitos informáticos frente a la criminalidad convencional, que ha sufrido un descenso. Tampoco hay un vínculo directo entre la inmigración y la delincuencia, como insiste la derecha.

Eso puede verse en casos concretos como la tasa de homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se redujo un 15% entre 2010 y 2024, pero también en casos menos graves como las okupaciones, cuyo número no se corresponde con la burbuja política y mediática creada por la derecha, ya que los datos muestran que solo una ínfima parte de las viviendas están ilegalmente ocupadas. "Hay mucha más gente que no puede acceder a una vivienda digna que personas a quienes se les ha ocupado una", subraya Mir.

El líder del PP presentó un decálogo con diez medidas entre las que incluyó "perseguir la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir", reforzar las medidas "contra el crimen organizado" o mejorar la lucha contra la "ciberdelincuencia". También ahondó en la línea punitivista y antiinmigración que caracteriza a la derecha al hablar de endurecer las penas cuando se acumulen delitos leves, aumentar los supuestos prisión provisional y defender las expulsiones inmediatas en caso de que los delincuentes sean extranjeros.

El conservador también puso el foco en las agresiones que sufren las mujeres, que sí han experimentado una subida desde que hay registros y que el ministerio del Interior achaca a la mayor disposición de las víctimas a denunciar estos hechos ante la policía que hace más de una década. Así, Feijóo planteó derogar el "fracaso" de la Ley del solo sí es sí —aunque, en privado, en Génova no concretan si toda la ley o sólo algunos aspectos— y endurecer las penas para "disuadir" a los agresores porque las actuales "no son suficientes": "Hace falta penas más duras que disuadan a los agresores. Uno de cada cuatro delincuentes sexuales son reincidentes, lo que demuestra que las actuales penas no son suficientes", sostuvo el conservador.

El PP volvió a entrar en marco de Vox al presentar a los agresores sexuales como "multirreincidentes" que no se corresponde con la realidad. Un estudio de Instituciones Penitenciarias con datos entre 2009 y 2019 sobre la reincidencia de los presos, determinó que aquellos condenados por este tipo de delitos no tienden a reincidir cayendo en el mismo hecho delictivo. Mientras que la tasa más alta de reiteración en el mismo delito se da en los casos de robo y hurto (76,29%), contra la salud pública (42,48%) y en el ámbito de la violencia de género (41,6%), los delincuentes sexuales que reinciden cometiendo el mismo delito se instalan en el 22,2%.

Preguntada por este aumento, la secretaría de Estado de Seguridad, Aina Calvo, respondía así en la comisión del Congreso de Interior que se celebró el jueves. "El incremento de denuncias creo que señala que muchas mujeres han dicho que hasta aquí, y da igual quién sea el agresor, si pertenece a un partido político, pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es médico o no tiene formación”, fue su respuesta, al hilo de la pregunta del diputado del PP a colación el caso del exasesor socialista Francisco Salazar.

En esa misma comparecencia, Calvo ironizó ante el infierno presentado por los portavoces de la derecha respecto a la delincuencia generalizada, a la que vincularon con la inmigración. "España se hunde, España es un pozo de indecencia, de crimen organizado, de delincuencia descontrolada, de terrorismo que campa a sus anchas... En fin, todo mal", le espetó al portavoz de Vox, para después destacar la "diversidad de origen" en hospitales, hoteles, el campo, la industria y también la Guardia Civil, donde dijo hubo "28 nacionalidades" de origen en la última promoción. "Para ustedes serían poco más que predelincuentes", señaló.

La número dos de Fernando Grande-Marlaska también criticó las contradicciones de la derecha al presentar a España como un país invivible pero también como el destino perfecto para el turismo. "Cuando se sientan con la patronal turística, ¿ustedes les trasladan que tenemos un país con una criminalidad disparada?", le preguntó al diputado del PP, Alberto Sánchez Ojeda. "Un país que recibe a 90 millones de visitantes no parece que vengan a una bienvenida terrorífica", añadió, tras tachar de "alarmista" su alegato.

Pero el PP no es el único instalado en la misma retórica que Vox sobre la reincidencia. Junts Per Cataluña presentó el 12 de abril una proposición de ley en materia de multirreincidencia sobre hurto y estafa que fue rechazada por el Congreso, en referencia a la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pequeños robos o hurtos.

Lo que los catalanes proponen es modificar el Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. Una ley que el PSOE ha aceptado acelerar y que contará con el previsible voto a favor de la formación de Sánchez, de Feijóo y de Carles Puigdemont. La incógnita es qué hará Vox, que en 2022 ya presentó una iniciativa similar en la Cámara y entonces fue rechazada.

En la exposición de motivos de la ley, Junts hacía alusión a las quejas de alcaldes de su formación que denuncian una supuesta "alarma social "por la "oleada de delitos" por parte de un "reducidísimo grupo de personas" que el "sistema no era capaz de evitar", aunque trataba de desvincularlo de la inmigración. La Cámara Baja rechazó en ese momento la iniciativa, el PP la volvió a presentar el 26 del mismo mes, logrando, esta vez, que el Congreso la tomara en consideración el 18 de junio de este año.

El tema sobre el que trata no es casual, con la amenaza de Aliança Catalana ciñéndose sobre los independentistas catalanes —que según el último CEO se dispararía hasta los 19-20 diputados frente a un Junts que perdería quince escaños— y fue, precisamente, uno de los compromisos de Sánchez en una entrevista reciente para tratar de reconducir la relación con la formación de Puigdemont tras el anuncio de ruptura. De esa forma tanto el Gobierno como el PSOE entra de lleno en un asunto impulsado en el Congreso la extrema derecha y que ha usado habitualmente para vincular inmigración con delincuencia. 

El coronel Manuel Sánchez Corbí ocupó durante casi tres años uno de los puestos de mayor responsabilidad y proyección pública dentro de la Guardia Civil. A finales de 2015, con Mariano Rajoy en La Moncloa, asumió la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO). Y ahí, al frente de la unidad de élite del Instituto Armado, se mantuvo hasta el verano de 2018, cuando fue cesado de forma fulminante. Nada tuvo que ver la condena por torturas que mancha su expediente desde los noventa. Ni aquellas declaraciones, ya como jefe de la UCO, colocando en el bando de los "malos" a "etarras" y "peneuvistas" —algo que soliviantó a la formación jeltzale—. Fue el envío de un correo ordenando la suspensión de cualquier actividad que requiriese el uso de fondos reservados lo que motivó su destitución.

Tras su cese, que intentó pelear sin éxito en los tribunales, el coronel permaneció algunos meses más en el Instituto Armado. Hasta que decidió solicitar una excedencia para hacer carrera en el sector privado. Sánchez Corbí fichó por Acciona, multinacional que se encuentra en el epicentro del caso Cerdán y que el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha rechazado registrar. Y desde entonces, ejerce como director de Seguridad Internacional. Un tipo de departamento que siempre ha resultado extremadamente goloso para aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dan el salto a lo privado, tal y como dejó constancia de ello el caso Villarejo.

El mismo camino que el coronel han seguido algunos otros agentes que han pasado por esta unidad de élite de la Guardia Civil, que con cerca de seis centenares de miembros, asume investigaciones de gran complejidad, ya sea contra la corrupción –Lezo, Púnica, Kitchen o caso Cerdán–, contra el narcotráfico o contra el cibercrimen, entre otras áreas. En algunos casos, lo hacen solicitando una excedencia para probar suerte –y hacer dinero– fuera del sector público. Y en otros, dan el salto una vez cumplen la edad que provoca su paso automático a la reserva –una especie de prejubilación dentro del Instituto Armado–.

En esta situación se encuentra, desde hace algunas semanas, el coronel Juan Salom Clotet. Durante su etapa en la Guardia Civil, ha sido una de las voces más autorizadas de la casa en el área de ciberdelincuencia. De hecho, en su última etapa fue jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad. Tras su paso a la reserva, ejerce como asesor de esta mismo área para el Grupo Armora, holding enfocado en inversiones estratégicas en materia de seguridad y defensa, y como director de Relaciones Institucionales de DLTCode, que opera en el ámbito de la consultoría tecnológica y digital.

No es la primera vez de Clotet en el sector privado. Ya trabajó durante un par de años como director de Seguridad Internacional del Banco Santander, en una excedencia que puso fin a más de una década como jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa. Un gigante financiero en el que también han aterrizado otros viejos miembros del grupo de élite de la Guardia Civil. Es el caso de José Antonio Lozano, quien dejó atrás casi dos décadas de desempeño en la UCO para fichar por Banesto y, después, por la entidad que preside Ana Patricia Botín.

Otras compañías del Ibex han ido incorporando a antiguos integrantes de la unidad. José Miguel Gordillo, exjefe del Departamento de Apoyo Técnico de la UCO y exmiembro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue fichado por Iberdrola para sustituir a su anterior jefe de seguridad, Antonio Asenjo, que se encuentra a la espera de juicio por el caso Villarejo. Y como director de Seguridad de Telefónica figura el teniente coronel Javier Zorzo, quien fuera durante varios años, según hace constar en su Linkedin oficial, jefe del Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa.

Desde hace mucho más tiempo se encuentra en excedencia Esther Gutiérrez. Entró en el Instituto Armado en la década de los noventa. Y ejerció durante muchos años en su grupo de élite. Hasta que en 2006 decidió emprender un nuevo camino profesional. Algo que hizo de la mano de Codere, el operador de juegos de azar que gestiona máquinas, puestos de bingo y terminales de apuestas con unos ingresos que en 2023 superaron los 1.400 millones de euros. En la firma, ha desarrollado puestos de responsabilidad ligados al cumplimiento normativo, llegando a ser directora de Compliance de la firma en España.

Por aquella Unidad Central Operativa que a comienzos de siglo dirigió el general ya retirado Félix Hernando también pasó Enrique Gómez Bastida. El nombre de este teniente saltó a la palestra a raíz de la operación Puerto, una de las mayores tramas de dopaje del deporte español. Y desde entonces, su carrera profesional ha transcurrido dentro y fuera del cuerpo. Fue director de la Agencia de Protección de la Salud en el Deporte. Luego, comandante de la Guardia Civil en Baleares. Tras eso, director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo. Y ahora, director de Intrusismo del Consell Insular de Ibiza. Su principal objetivo: luchar contra los alquileres turísticos ilegales.

A la Comunidad de Madrid se ha ido, por su parte, Juan Vicente Bonilla, quien trabajó en Fuentes Humanas de la UCO. El capitán fue fichado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como responsable de Seguridad Corporativa del Servicio de Salud con un salario de 84.268,32 euros. Y su nombre ha acabado en los medios tras conocerse mensajes intercambiados con un confidente, en los que ya se hablaba de Koldo García antes de que explotase el caso. "Sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando", escribía Bonilla tras un encuentro con el confidente que había puesto sobre la mesa el nombre del exasesor.

Sobre estos mensajes informó ampliamente el diario El Plural, que también recogió otras comunicaciones en las que el actual alto cargo del Gobierno de Díaz Ayuso llamaba a "desterrar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, a los que califica de "felón", "inútil", "mamón" o "mentiroso".

La Policía Nacional confía en que la fiesta del Orgullo en Madrid, que se extenderá hasta el próximo 6 de julio, se desarrolle de forma tranquila pese a la afluencia de 1,5 millones de personas que esperan para esta semana, en la que hay previstas múltiples actividades, recoge EFE.

Para ello desplegarán hasta 3.300 agentes, casi el doble que el año pasado, en las principales calles y plazas de la ciudad. Serán de distintas unidades como la de Caballería, la Unidad Aérea, el Grupo de Atención al Ciudadano o efectivos de la Científica, según ha detallado la portavoz de la Policía Nacional, Raquel Fernández, desde la plaza de Pedro Zerolo, uno de los puntos más icónicos en esta semana de Orgullo.

La Policía no espera que haya grandes incidentes, aunque han recordado que los más habituales son los hurtos y extravíos de objetos, por lo que han pedido a los asistentes que no pierdan de vista sus pertenencias y que tengan especial cuidado con sus objetos de más valor, como carteras, relojes o móviles, a la vez que ha recordado que el teléfono de contacto para cualquier incidencia es el 091.

En la presentación del dispositivo especial de seguridad miembros de la Unidad Aérea han realizado una demostración con los drones que van a emplear en esta semana para vigilar desde el cielo los lugares con más aglomeraciones.

El acto más relevante por el número de gente que concentra es la manifestación del próximo 5 de julio, en la que se desplegarán 700 agentes para supervisar su normal desarrollo. Los agentes también intensificarán la vigilancia durante el pregón, que tendrá lugar el próximo miércoles en la plaza Pedro Zerolo, presidida por una gran bandera del colectivo LGTBIQ+.

La portavoz de la Policía Nacional ha apuntado que ya hay dispuestos cortes en las estaciones de metro y de cercanías durante la semana del Orgullo, así como de tráfico en el centro para el día de la manifestación.

Una persona ha fallecido y seis han resultado heridas tras derrumbarse la segunda planta de una nave en construcción situada en un polígono industrial de Camas (Sevilla), han informado a EFE este viernes fuentes del operativo desplegado en el lugar de los hechos y el 112.

Emergencias 112 Andalucía ha concretado a EFE que a las 13:45 horas se han recibido varias llamadas de alerta que avisaban de que se había hundido la parte alta de una nave en construcción en el polígono Parque Plata-Los Hayones de la citada localidad, junto a la autopista A-66 y la Nacional 630.

Se trata de las obras de una fábrica en la avenida Zotal del citado polígono, y todos los afectados se encontraban en la planta siniestrada en el momento en el que se estaba depositando hormigón en la estructura.

El fallecido, según la Policía Local, es un hombre joven, de unos 30 años, cuyo cadáver ha sido rescatado por los bomberos después de asegurar la estructura para prevenir nuevos derrumbes.

Las llamadas iniciales avisaban de que había varias personas atrapadas por el derrumbe, por lo que se ha enviado al lugar del suceso un dispositivo formado por Bomberos de la Diputación, emergencias sanitarias, Guardia Civil, Policía Local y efectivos de la Policía Local de Camas, Santiponce y Valencina de la Concepción.

El jefe de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Manuel Blanco, ha dicho a EFE que se ha producido “un colapso en la nave de nueva construcción” y que el rescate del cuerpo ha sido complicado, porque “ha caído mucho peso y hay que ir liberando espacio poco a poco, para que las tensiones que se producen no afecten al cuerpo ni a los que intervienen en el rescate”.

Blanco ha señalado que son cuatro las personas heridas, que han sido trasladadas a los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla capital, aunque la Policía Local señala que hay dos heridos más, que no han precisado traslado hospitalario.

El cuerpo del fallecido se encuentra aún en el lugar de los hechos a la espera de la llegada del juez de guardia de Sanlúcar la Mayor para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

La Policía Nacional, por su parte, ha abierto ya una investigación para determinar las causas del suceso.

La titular del Juzgado de instrucción número uno de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha dejado en libertad provisional al policía municipal de Madrid detenido por asfixiar hasta la muerte a un delincuente que le había robado el móvil y al que retenía en el suelo inmovilizado.

La magistrada ha acordado como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada lunes en la sede judicial del acusado, a quien se le imputa la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) este jueves.

Por el momento se espera al primer informe de autopsia para conocer las causas exactas del fallecimiento de la víctima.

A partir de ahora, será el Juzgado de instrucción número cuatro de la localidad, que se encontraba de guardia en el momento de los hechos y procedió al levantamiento del cadáver, el que asuma la investigación, después de que el número uno se haya inhibido de la causa.

Los hechos se produjeron este martes en torno a las once y media de la noche en la citada localidad madrileña cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio y acompañado de otro compañero jubilado, retenía en el suelo hasta la llegada de la Policía Nacional a un hombre de 35 años al que había interceptado a la carrera tras robarle el móvil.

Al inmovilizarse, el agente aplicó la llamada técnica del mataleón, es decir, una maniobra de sujeción por el cuello.

Cuando al lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional, observaron que el ladrón estaba prácticamente inconsciente y en parada cardiorrespiratoria y avisaron a los servicios de emergencia del Summa112, que confirmaron su fallecimiento por estrangulamiento, a pesar de las labores de reanimación durante más de 30 minutos.

El agente de Policía Municipal de Madrid detenido anoche por estrangular accidentalmente a un ladrón al que retuvo después de que intentara robarle el móvil, pasará este jueves a disposición judicial, informa EFE.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a los medios tras la Junta Local de Seguridad de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño donde ocurrieron los hechos.

El suceso se produjo este martes, cuando este agente de la Policía Municipal de Madrid, que se encontraba fuera de servicio, mató de forma accidental a un hombre de 35 años que le había robado el móvil en Torrejón de Ardoz, que falleció asfixiado cuando estaba siendo retenido.

Aunque el hombre huyó a la carrera, éste fue interceptado por el agente, que le retuvo en el suelo aplicándole un mataleón, es decir, una maniobra de sujeción por el cuello, hasta la llegada de la Policía Nacional, que fue avisada por varios testigos del robo.

Al esposar al hombre, los efectivos de la Policía Nacional observaron que el presunto ladrón estaba prácticamente inconsciente y en parada cardiorrespiratoria y avisaron a los servicios de emergencia del Summa112, que confirmaron su fallecimiento por estrangulamiento a pesar de las labores de reanimación durante más de 30 minutos.

El Instituto Cervantes tuvo la oportunidad de acoger esta semana la reunión en España de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Los altos representantes de las fiscalías que comparten la cultura española y portuguesa analizaron las posibilidades de colaboración para ofrecer seguridad a la ciudadanía, tanto en los ámbitos nacionales como en las nuevas redes internacionales. Hay de todo, países de una violencia extrema, países con una convivencia muy aceptable y algún país tranquilo en el que se blanquea el dinero conseguido a través de delitos en otros países. La globalización, ya se sabe, acentúa los desequilibrios mientras facilita los negocios y las tramas sin frontera.

La cultura jurídica forma parte de la cultura general. Las realidades del delito y la seguridad definen una parte decisiva de nuestro vivir. La Dirección de Cultura del Instituto Cervantes ha puesto en marcha un ciclo titulado “Narrar el horror” en el que se estudian tanto los libros que guardan memoria de las antiguas catástrofes como los que nos ayudan a conocer las realidades de nuestro presente. Juan Gabriel Vásquez, por ejemplo, estuvo en Múnich para contarnos que la violencia social y el narcotráfico habían conformado la personalidad de su generación e influido en la atmósfera de novelas como Volver la vista atrás, El ruido de las cosas al caer, La forma de las ruinas o Los nombres de Feliza. Y durante el Festival Centroamérica Cuenta, celebrado este año en Guatemala, tuve la alegría de encontrarme con el escritor salvadoreño Jorge Galán. Acaba de publicar en Alfaguara una estupenda novela, Los muchachos del apocalipsis, en la que cuenta de qué forma las mafias, los delitos, la represión policial contaminada y la desesperanza entran como una araña en los amores y las ilusiones de una juventud condenada al desarraigo, incluso cuando se queda en su propio país. Si hablamos de violencia social y de sus cruces con la intimidad, los lectores recordarán también novelas como Salvar el fuego, del escritor mexicano Guillermo Arriaga.

Todas estas lecturas rondaban en mi cabeza mientras oía el esclarecedor informe de Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, sobre la violencia en el mundo de hoy, el número de asesinatos que se producen al día, la convivencia con el horror. De la tristeza pasé al orgullo, porque de pronto volví a comprender la suerte de vivir en España, y no sólo por compartir un idioma con más de 600 millones de hablantes, unos hablantes que pueden reunirse para discutir sobre sus cosas, sino porque nuestra vida es muy segura, mucho más segura que en Nueva York, Managua, Medellín o San Salvador. 

Acostumbrados al protagonismo judicial en la España de la crispación, de los jueces indecentes al servicio de los escándalos mediáticos y a los jueces decentes perseguidos por las manipulaciones periodísticas, es importante recordar que vivimos en un país seguro, que los delitos están muy por debajo de la media y que nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestras instituciones penitenciarias desempeñan su labor más allá de la ley de la selva, la ley salvaje del más fuerte que quieren imponer las bandas armadas o los millonarios sin escrúpulos.

Confieso que en los motivos de orgullo hubo dos cuestiones de especial importancia para mí: el sistema penitenciario y la colaboración internacional. La salud de una democracia se demuestra en el trato humano a los presos y en la dignidad de las cárceles. No se puede defender la seguridad ciudadana con la barbarie represiva que, por ejemplo, el presidente Bukele legitima ahora en El Salvador. 

Y también me pareció muy importante la labor que Álvaro García Ortiz, Fiscal General de España, representa a la hora de impulsar la colaboración, la dignidad institucional y las medidas comunes que debe tomar la comunidad iberoamericana. Importamos en el mundo. España es una referencia, y eso conviene recordarlo más allá de las crispaciones y las estrategias del escándalo que quieren ensuciar nuestra convivencia. 

La crispación mediática le ha hecho recordar algo importante a este lector que soy: la cultura jurídica forma parte decisiva de nuestra cultura general.

Acompáñame, que vamos a dar un paseo por la ciudad. Recorreremos varios barrios, y mientras caminamos, fíjate bien en las fachadas. No por interés arquitectónico ni monumental, qué va: atiende a las placas colocadas en el exterior de las casas. No hablo de placas conmemorativas de “aquí vivió tal o cual personaje”, sino otras más prosaicas: las placas disuasorias. Así es como las llaman las empresas que las instalan: “placas disuasorias, la primera barrera frente al robo, carteles con alto poder disuasorio frente a intrusos”, se lee en sus ofertas comerciales. Hablo, por supuesto, de los carteles y pegatinas que señalan que una vivienda está protegida por una alarma de hogar.

Las puedes ver en las terrazas de los pisos, o en la valla exterior de los chalets y adosados, coloridas y brillantes, con el logo bien visible de la empresa de seguridad. Fíjate en cuántas hay en este barrio. Luego vete a otro de mayor poder adquisitivo y compara. Cuanto mayor es la renta de una calle, más distintivos de seguridad, más domicilios equipados con alarma de hogar. Y al contrario: pocas verás en los barrios obreros. Proliferan especialmente en los barrios de nueva construcción, en la periferia, allí donde las nuevas promociones de pisos se anuncian siempre con “calidades excelentes”, “viviendas exclusivas”, “pistas de paddle”, con nombres que evocan jardines, huertas y montes. La España de las piscinas, que dice Jorge Dioni. Allá donde habita no el olvido sino la clase media, la que puede seguir llamándose clase media.

Si observas las placas de alarma de cualquier barrio, puedes calcular hasta dónde llega el miedo entre sus vecinos. Hay distritos donde solo las encuentras en los pisos bajos de ventanas enrejadas, o en las primeras plantas a las que sus habitantes temen que pueda trepar un ladrón (un clásico de las noticias locales: el hombre araña, el caco escalador). En otras zonas de la ciudad puedes ver carteles de alarma en las segundas, terceras, cuartas plantas. Incluso en pisos más altos. Funcionan a la manera de esos azulejos que en los pueblos recuerdan la altura que alcanzó una riada histórica: “hasta aquí llegó el agua”. Lo mismo: “hasta aquí llegó el miedo”. Hay barrios donde el miedo alcanza la altura de un quinto o sexto piso, no temiendo ya al ladrón araña sino al que revienta la puerta. “Nuestra alarma con cerradura inteligente”, dice la publicidad, dicen los comerciales que puntualmente baten esos barrios con sus carpetas llenas de recortes de prensa de sucesos y agresivos guiones de venta.

Si tienes tiempo, durante el paseo podemos contar las alarmas de hogar que vemos en cada calle, y luego cruzarlo con otros datos. Con la renta de sus habitantes, para empezar. A mayor renta, más preocupación por la seguridad, sobre todo entre la clase media, que históricamente es la más temerosa, frente a las clases bajas que no tienen tanto que perder (salvo sus cadenas, se decía antes), y las clases privilegiadas que siempre pueden reponer lo perdido. También podemos cruzarlo con los datos de criminalidad en cada barrio. No los datos falsos, inflados, que repiten los comerciales que visitan tu casa o te llaman a la hora de la siesta, sino los datos reales de robos en hogares, y de delitos en general. Nos sorprendería (o no) descubrir que son aquellos barrios más seguros los que más alarmas instalan. Y no son más seguros por estar más protegidos, la relación es la contraria: cuanto más seguros, cuanta menos delincuencia, más obsesión securitaria. Es decir, más miedo. “Hasta aquí llegó el miedo”.

Lo señalaba ya hace décadas Mike Davis en su fundamental Ciudad de cuarzo, un ejercicio de antropología urbana sobre Los Ángeles que prefiguraba el futuro de las ciudades en el mundo global. Hablaba Davis sobre la lente demonizadora a través de la que los blancos de los barrios acomodados ven amenazas por todas partes: “Las encuestas muestran que los habitantes de las afueras de Milwaukee están tan preocupados por los delitos violentos como los del centro de Washington, a pesar de tener una diferencia de veinte veces en los niveles relativos de violencia”.

A la misma conclusión llegamos cuando vemos todas esas pegatinas disuasorias en puertas y balcones. España es el país de Europa con más alarmas de hogar instaladas. Repito, que no te veo muy asombrado: el país de Europa con más alarmas de hogar instaladas. No en términos relativos, alarmas por cada mil habitantes, sino en números totales. Y coincidirás conmigo en que España no es el país más poblado de Europa, ni de los que más viviendas unifamiliares tiene; y sobre todo no es el país con más criminalidad de Europa. Todo lo contrario: no se cuenta entre los países con más delitos, y si quitásemos de la estadística el crimen organizado y el narcotráfico, que tienen especial incidencia en España, resultaría que es uno de los países más seguros de Europa.

Espera, que hay más: somos el cuarto país del mundo en número de hogares con alarma, según las propias empresas del sector. Cuarto país del mundo, casi en el podio. Solo nos superan Estados Unidos, China y Japón, países para empezar mucho más poblados que España. ¿Somos el cuarto país más inseguro del mundo? Ni de lejos, todo lo contrario, estamos entre los de menos criminalidad. Y sin embargo, las empresas del sector insisten en que es un mercado con mucho recorrido: quedan muchas fachadas sin pegatina. Apuestan por duplicar los actuales tres millones de alarmas en una década. Tan notable es el negocio, que en los últimos años se han lanzado al mismo compañías de telefonía, bancos y aseguradoras, todos ofertando a sus clientes una alarma de hogar al contratar una línea, una hipoteca o un seguro.

¿Por qué tantas alarmas de hogar siendo un país seguro, de qué tenemos miedo? La narrativa publicitaria de estas compañías, omnipresente en radios y televisiones, y la narrativa pseudoperiodística de ciertos programas televisivos, responde a la pregunta: si hace unos años la amenaza era el robo, que entrasen en casa cuando no estás, o aún peor, mientras duermes, en los últimos tiempos el foco se ha desplazado hacia un enemigo emergente, el okupa. El que entra en tu casa, no para desvalijarla, sino para quitártela. Toda, contenido y continente. Dejarte sin nada. Con menos que nada: seguirás pagando la hipoteca mientras la disfrutan otros. Tal es el relato publicitario y pseudoperiodístico.

Sin embargo, una vez más los datos desmienten ese temor. Ni somos un país con incidencia importante de robos en hogares, ni mucho menos estamos entre los países europeos con más viviendas okupadas. Es más: el número de okupaciones no crece al ritmo que lo hace su alarma (ni las alarmas). Es muy improbable que alguien okupe tu vivienda, pues en la mayoría de casos se trata de pisos vacíos de bancos y fondos. Pero además es totalmente imposible que okupen tu propia casa (mientras sales a comprar, dice la leyenda urbana circulante), pues sería un allanamiento de morada que implica la inmediata intervención policial, desalojo y castigo. Los conflictos más habituales en relación con la okupación tienen que ver con pisos vacíos (de bancos y fondos en su mayoría), y con inquilinos que no pueden seguir pagando o que tienen cualquier tipo de problema con los propietarios; casos para los que no valdría ninguna alarma de hogar. Ni siquiera la que detecta al intruso y lo envuelve en una niebla cegadora. No, esa tampoco.

De modo que la pregunta sigue viva: ¿por qué tantas alarmas de hogar? Cualquiera diría que estamos ante una aplicación enloquecida de la conocida Ley de Say, según la cual es la oferta la que crea la demanda. O dicho de nuevo con palabras de Mike Davis: “La oferta de seguridad del mercado genera su propia demanda paranoica”. ¿Cómo no voy a poner una alarma de hogar si mi vecino ya la ha puesto y en la tele hablan de okupas a todas horas? ¿Hay algo más sagrado que el hogar, no vas a protegerlo por una cuota mensual que está al alcance de tu economía familiar?

Ahí aparece otro elemento que ha convertido la alarma en símbolo y metáfora de nuestro tiempo, al menos en España: el hogar, el sagrado hogar. El miedo a perder el hogar. Somos, para empezar, un país de propietarios (no repetiré la manida cita del ministro franquista Arrese). Un país donde el principal y a menudo único patrimonio es la vivienda. Donde lo principal y a menudo único que se hereda es la vivienda familiar, lo que permite continuar la cadena próspera en la siguiente generación. Millones de jóvenes y no tan jóvenes que esperan heredar algún día el piso de sus padres, y solo así podrán iniciar su proyecto propio. Somos un país que sufre desde hace demasiados años una interminable emergencia habitacional: primero con la burbuja que nos endeudó por encima de nuestras posibilidades, después con la crisis que se cebó con especial dureza en las familias más vulnerables que perdían su casa, y últimamente con el escándalo del alquiler.

Ese es el sustrato social y cultural en que arraiga una parte importante de nuestro miedo: el terror, más que miedo terror, a perder la casa. Es decir, a perderlo todo. A no poder pagar la hipoteca, por perder el trabajo, por un revés económico, por otra crisis. A que te desahucien, como fueron desahuciadas miles de familias durante la última década y media, y todavía hoy. A perderlo todo, lo fundamental, tu techo, tu principal o único patrimonio, la herencia de tus hijos. Una sociedad traumatizada por la interminable crisis de vivienda es una presa fácil para los asustaviejas que hacen negocio con el miedo. Una alarma no nos va a quitar ese miedo de fondo, pero nos ofrece un sucedáneo de seguridad.

La oferta que genera su demanda, y la traumática crisis de vivienda, son solo dos patas de la explicación. Hay otra aún más importante: que, en efecto, tenemos miedo. Así de simple: que tenemos miedo, mucho miedo. No a que entre un ladrón o un okupa, como tampoco a un mena o un inmigrante, protagonistas habituales de nuestros cuentos de miedo más recientemente, ni tampoco a los pobres, que siguen siendo las clases peligrosas de toda la vida. Eso son solo miedos derivados. Miedos fáciles, algo reconocible a lo que temer, de lo que protegernos, contra lo que comprar seguridad, lo mismo alarmas de hogar que programas políticos neofascistas. Nuestro miedo es mayor, de fondo, total, diríamos que cósmico. Una sensación difusa pero muy presente de vulnerabilidad. Incertidumbre. Estar a merced de no sabemos qué será lo próximo que nos ocurra.

No vamos a analizar ese miedo total con el que vivimos en este incierto siglo XXI que arrancó con el 11-S y desde entonces no ha parado de encadenar crisis, guerras, atentados, pandemia, nuevas guerras, desastres, crisis climática. Para lo que ahora nos interesa, nos vale con reconocer que tenemos miedo. No sabemos bien a qué, pero tenemos miedo. A caer, a perder, a perderlo todo. A la precariedad, que hace tiempo que no es solo laboral ni económica, es vital. Al meteorito, con el que tanto bromeamos desde la pandemia, esa sensación de que cualquier cosa es ya posible. Al futuro, distopizado culturalmente y convertido en promesa de cumplimiento de nuestros peores temores. Al cambio climático, que no entendemos, que no nos lo creemos del todo, que no lo vemos prioritario, pero cuyos primeros coletazos ya nos aterran, ahí está Valencia. Y un miedo global, de época, esa sensación innombrable pero ineludible de que la historia, la Historia con mayúscula, se puso de nuevo en marcha, pero hacia atrás, con el resurgir de fantasmas del pasado: el fascismo, la violencia, la guerra.

La paradoja es que somos, objetivamente, la sociedad más segura de la historia. Al menos en este lado del planeta, en los países más desarrollados, contamos con medios, recursos, tecnología, ciencia, estructuras sociales y políticas, para protegernos de las principales amenazas que han atemorizado a la humanidad desde hace milenios, tanto amenazas de la naturaleza como de salud o por la violencia de otros. Pero la sociedad más segura de la historia se volvió adicta al miedo, obsesionada con la seguridad, asustadiza, fácilmente atemorizable, a merced de los mercaderes del miedo, vendan lo que vendan.

Y como tenemos miedo sin saber bien a qué, necesitamos dirigir nuestro miedo, encontrar un objeto para nuestras ansiedades. Poner rostro a nuestra inseguridad esencial, señalar una amenaza visible, y por tanto combatible. Nos vale lo mismo un inmigrante invasor que un terrorista o un okupa. O un presidente del gobierno “okupa, ilegítimo y cuasi dictatorial”, que hay miedos para todos los gustos y presupuestos. Lo importante es que sea algo reconocible, y de lo que podamos más o menos protegernos a un precio asequible. Contratando una alarma de hogar. Votando a tal o cual partido. Cediendo derechos y libertades a cambio de protección. Abrazando formas de seguridad que son pan para hoy y hambre para mañana, seguridad para hoy y más miedo para mañana, pues las respuestas defensivas-agresivas acaban generando más inseguridad, y la respuesta violenta a una amenaza siempre genera más violencia, más miedo.

Buscamos seguridad, compramos sucedáneos de seguridad, a falta de otras formas de seguridad colectiva, tanto comunitarios como estatales: aquellos que, sin mitificarlos y sin nostalgia, operaban históricamente, y que el neoliberalismo fue liquidando en las últimas décadas. Puedes añadir también las transformaciones radicales y rápidas en ámbitos como el trabajo o la familia, históricamente fuentes de seguridad humana. Todo ello alimenta nuestra sensación de intemperie, de vulnerabilidad.

Ante ese panorama, aquellos que ya no pueden garantizarnos esa seguridad perdida, nos giran la cabeza hacia otros temores. Dicho con palabras de Zygmunt Bauman, que ya estaba tardando en aparecer: “El Estado, habiendo fundado su razón de ser y su pretensión de obediencia ciudadana en la promesa de proteger a sus súbditos frente a las amenazas a la existencia (de dichos súbditos), pero incapaz de seguir cumpliendo su promesa (…), se ve obligado a desplazar el énfasis de la protección desde los peligros para la seguridad social hacia los peligros para la seguridad personal”.

Esa falta de elementos de seguridad colectiva, sean comunitarios o estatales, nos condena a buscar soluciones individuales para problemas sociales. Es decir, sálvese quien pueda. Quien pueda pagarlo, se entiende. Quien pueda pagar, no una alarma de hogar, sino otras formas de seguridad material y existencial que no están al alcance de la mayoría. Y para el miedo que tenemos, el que traemos de años y el que nos añaden y multiplican los muchos creadores y propagadores de miedos, no hay alarma que valga. No hay pegatina que disuada. No hay refugio donde meterse. No hay aumento de plantillas policiales ni de presupuestos de defensa que nos vayan a quitar ese miedo. Son otras seguridades las que necesitamos, las que tenemos que buscar y reconstruir.

Circula hace años una frase que ya no sabemos ni quién dijo primero, pero que todos hemos repetido alguna vez para señalar la dimensión social de tantos problemas que creemos individuales, especialmente cuando hablamos de salud mental: “tú lo que necesitas no es un psicólogo, sino un sindicato”. Algo similar podríamos decir al hablar del miedo: tú no necesitas una alarma de hogar, sino un sindicato, o cualquier otra forma de defensa colectiva y organizada de tus derechos. Tú no necesitas más policía, sino un Estado social fuerte.

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

El gobierno de Salvador Illa está dando los primeros pasos de acción de gobierno tras un mes y medio. En este tiempo, el ejecutivo ha situado el lema de que “la seguridad es una política de izquierdas” en el debate público. Con ello, se ha propuesto disputarle a la derecha y a la ultraderecha el terreno difícil de la seguridad, porque frecuentemente está abonado a la desinformación y al uso de los discursos xenófobos. Las reacciones al desalojo de la Plaza Callao en Madrid, hace pocos días, por parte de la Policía Nacional es uno de tantos ejemplos cortados por el mismo patrón. Una falsa alarma provoca el desalojo de la madrileña plaza. Las redes X se llenan de discursos de odio: apuntaban al “aspecto árabe” de los sospechosos y a las “armas” que llevaban. Poco después se conoce la verdad: eran en realidad Ismael Serrano y un colaborador con un trípode. Pero los bulos, y por tanto la desinformación, ya se han propagado. Y algo siempre queda.

Salvador Illa ha ubicado un peso de gran importancia bajo la espalda de la consejería de Interior para hacer su particular batalla en el espacio político de la seguridad contra la derecha y la extrema derecha. A diferencia de dos de sus homólogos socialistas en Asturias y Castilla la Mancha, Illa tiene en Cataluña la gestión de la policía autonómica. Y eso significa que tiene la capacidad para desarrollar una política integral de seguridad ciudadana —y también una política comunicativa propia—. En Asturias, la policía local se dirige desde una Dirección General de Seguridad y en Castilla la Mancha depende de una Comisión de la Consejería de Fomento.

El President de la Generalitat colocó rápidamente la seguridad ciudadana como uno de los ejes principales en el inicio de su mandato. Tanto quiso avanzar en este tema que ya anunció en un debate electoral previo a las elecciones del 12 de mayo, y por lo tanto, previo a ser investido presidente, que si lograba serlo, nombraría a la exalcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, como consejera de Interior. 

Ahora Núria Parlon pilota la consejería de Interior y Seguridad Pública desde el pasado 11 de agosto. Tiempo que le ha bastado para desplegar una visible agenda de acción de gobierno. Ha cambiado la cara del cuerpo de los Mossos colocando a Josep Lluís Trapero como director general, formó parte del primer acto político del gobierno de Illa junto al cuerpo policial, se ha reunido también con Collboni para intensificar la coordinación con la Guardia Urbana y ha presentado su primer plan de acción a nivel autonómico.

Es innegable que la consejería de Interior está trabajando. Ahora, con toda una legislatura por delante, lo que queda en centro del debate en el Parlament es si las demás formaciones también considerarán la del PSC una política de seguridad de izquierdas.

El primer plan de impacto de la consejería tiene por objeto “prevenir, neutralizar y sancionar” el porte y uso de armas blancas en los espacios públicos, explicó Núria Parlon. El cuerpo lleva 6.252 armas blancas decomisadas este 2024, doblando casi el porcentaje de 2020. El plan ya se despliega por toda Cataluña. “En el transporte público, en la red de metros, se empezará a ver controles policiales alrededor de lugares de ocio, discotecas y hasta en escuelas”, explicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El escenario de las fiestas de la Mercè, que movilizan cada año a más de un millón de personas en las calles, fue el momento escogido por la consejera para desplegar la política. Una medida que ha trabajado concienzudamente para tener un gran impacto comunicativo. “La prevención del delito es clave. Este plan va acompañado de una campaña de comunicación a gran escala”, explicó la consejera. “Puede haber una parte de la población que no sepa que no se puede llevar una arma blanca en la vía pública”, continuaba en tono pedagógico la consejera Parlon.

Laia Cañigueral, portavoz en la comisión de interior del Parlament por ERC, es una de las diputadas a quien Núria Parlon deberá convencer para llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura. La diputada explica a infoLibre que si el gobierno del PSC quiere continuar aplicando sistemas de izquierdas en la seguridad, deberán continuar manteniendo los mismos criterios fijados por el anterior gobierno republicano “que priorizó la defensa de los derechos fundamentales”. La diputada considera que es importante actuar ante la preocupación ciudadana pero desde ERC se quieren impulsar “propuestas que vayan realmente al fondo del problema, no que sea una campaña de cara a la galería”. La diputada admite que hace falta aumentar los efectivos de los cuerpos de seguridad y del personal técnico y administrativo “y asegurar que se cumple el régimen sancionador, porque sino genera impunidad”. Y recuerda que el último aumento de efectivos planeado durante el gobierno republicano se hizo con “perspectiva de género y feminización”. 

Andrés G. Berrio, diputado de Comunes, es otro de los portavoces en la comisión de interior del Parlament con quien la consejera de interior deberá entenderse. Para el diputado, “hacer políticas de izquierdas en seguridad no necesariamente pasa por ampliar la presencia policial en la calle” sino por “combinar de forma adecuada las políticas sociales con las de seguridad”, explica a infoLibre. El diputado añade que, de momento, las primeras impresiones sobre la política de seguridad de Parlon es que “tienen más que ver con planteamientos fallidos del pasado que no con una política de seguridad pública progresista”. Andrés pone el ejemplo del “Pla Endreça” de Collboni —en Barcelona—, en el que, según él, “se mezclan políticas de limpieza con las de criminalización de la pobreza”. Apunta también que las propuestas de la consejera no tienen que ver con un modelo de “seguridad pública progresista del siglo XXI”. Explica que, con los datos en la mano, los delitos que más han subido en 2023 no han sido los de arma blanca o en la calle, sino los ciberdelitos, un 37%. Entonces el diputado se pregunta si “una policía que se dedique a la investigación —de los ciberdelitos— puede ser incompatible con un modelo de saturación de agentes en el espacio público”, en alusión al aumento de los recursos y patrullas policiales destinados a la calle por el plan contra las armas blancas. 

Un contrapunto externo lo da Karlos Castilla desde la academia. El investigador del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y miembro del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, pone el foco en las detenciones por perfilado racial de la policía. Considera que para un abordaje progresista del plan de Núria Parlon, la consejera debe desarrollar los protocolos con los Mossos ante este tipo de detenciones por perfil étnicoracial. La Ley de Igualdad catalana prohíbe las identificaciones por perfil étnicoracial a los Mossos. No sólo ello, sino que es la única ley de igualdad del estado que obliga a la misma administración a “recopilar datos que permitan identificar patrones de discriminación” en los cuerpos policiales. Una disposición hecha a medida para estudiar si los miembros de la policía actúan según “perfiles raciales” durante la “vigilancia policial”. El investigador se queja de que esta información no se está recogiendo porque la ley de datos estatal lo limita, algo que ya advirtió en 2020 en el informe del IDHC “Datos para la identificación de interseccionalidades en el Estado español: ¿una misión imposible hoy?”.

El investigador critica que “la falta de desarrollo de la ley catalana permite, a la práctica, que hoy se produzcan detenciones por perfil étnicoracial en Cataluña”. Advierte que un mayor despliegue de dispositivos policiales por el plan contra las armas blancas de Núria Parlon podría llevar a aumentar esta presión sobre ciertos colectivos. El anterior ejecutivo de Aragonès apostó por formaciones antirracistas a policías, en vez de crear un protocolo claro sobre cómo debía tratarse la aleatoriedad de las detenciones. Entonces, como “no hay un argumento objetivo” que defina cómo se hacen las detenciones “si hay un policía con más carga racista, habrá más detenciones según el perfil”, crítica el investigador del IDHC.

El pasado 30 de agosto Salvador Illa entregó a cada una de las consejerías los objetivos marco que quería cumplir en su legislatura. La carpeta de Núria Parlon contenía el control de la delincuencia, la lucha contra las ocupaciones ilegales, los hurtos, la criminalidad asociada al tráfico de drogas y la multirreincidencia. También estableció como línea prioritaria afrontar de forma contundente la violencia contra las mujeres. Núria Parlon desarrolló los puntos de esa carpeta durante la presentación de la estrategia de su departamento, en la primera comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament.

Para el portavoz de los Comunes es clave que la consejería de Parlón separe el abordaje político entre las ocupaciones vinculadas con fenómenos delincuenciales como los narcopisos, de las que “simplemente son situaciones de vulnerabilidad”. Un poco más allá se posicionó en este sentido la portavoz de la CUP, Maria Pilar Castillejo, durante la comisión: “no podemos hablar de un gobierno democrático mientras se desahucia a 35 familias al día”, alertaba la diputada.

El portavoz de Comunes explica a infoLibre que, en el acuerdo de investidura entre su partido y el PSC, no se incluyeron pactos en materias de seguridad. Por lo tanto, “evidentemente será necesario que nos pongamos de acuerdo en cuestiones a lo largo de la legislatura si es que el PSC quiere contar con los apoyos de los Comunes”.

Para la portavoz de ERC, Laia Cañigueral, el PSC “debe demostrar con hechos”, que está haciendo una política de seguridad de izquierdas, “no es una declaración que se pueda hacer en campaña”. La portavoz se pregunta también si Salvador Illa pedirá que se derogue la ley mordaza como hizo el partido republicano. 

Uno de los temas más espinosos en Cataluña es el abordaje de la multirreincidencia. El problema tiene su nudo gordiano en la justicia. La reforma del Código Penal de 2022 debería permitir penar con prisión a los multireincidentes tras tres hurtos leves de más de 400 euros. Pero en Barcelona y en otras ciudades no está funcionando. Hay saturación en los juzgados y se están programando los juicios para 2026. Núria Parlon aseguró durante la presentación de su estrategia que la problemática requiere de un cambio legislativo y celebró el trámite parlamentario de la propuesta de Junts en el Congreso, que pide endurecer las penas de uno a tres años para el robo de móviles o aparatos electrónicos como portátiles. El PSOE votó a favor junto a PP, JUNTS y VOX, con la abstención de ERC y el voto en contra de Sumar. 

La diputada republicana ha puntualizado a infoLibre la posición de su partido sobre la multirreincidencia. “Hay que ser contundentes”, expresa. Pero plantea que la diferencia que tiene ERC con los partidos de derecha y de extrema derecha es “cómo enfocamos la multirreincidencia”. Para la diputada son necesarios más recursos materiales y tecnológicos que “solucionen el colapso sistémico de los juzgados” que son muchas veces “el causante de la impunidad que abre la puerta a que se produzca la reincidencia”. Por ello, la diputada pide “más inversión en la justicia, pero también más inversión social y educativa para la prevención de la reincidencia”.

Aún queda toda una legislatura para ver qué puntos de consenso encuentran las formaciones progresistas en Cataluña para desarrollar una seguridad de izquierdas.

Desde que tuvimos noticia a primera hora del domingo del asesinato a puñaladas de un niño en Mocejón (Toledo), la ultraderecha española ha protagonizado sus horas más atroces. Su comportamiento sólo se puede calificar como políticamente oportunista, socialmente irresponsable, humanamente miserable y moralmente inaceptable. Desde el primer minuto decidieron rentabilizar el crimen de forma carroñera asociándolo falsamente a la inmigración.

El juez decidió decretar el secreto de sumario, algo habitual para facilitar la investigación: cuanto menos sepa el individuo fugado qué se conoce sobre él, más posibilidades tienen los cuerpos policiales de atraparle. Esto valió para alentar la conspiranoia del “algo nos ocultan”, también para empezar a cuestionar la actuación de la Guardia Civil. En la tarde del lunes el autor fue detenido. Se trataba de un joven de 20 años vinculado a la propia localidad que, según las informaciones en la mañana del martes, ha alegado problemas psiquiátricos.

Un joven de nacionalidad española, nacido en España, de origen europeo. ¿Importan estos datos a la hora de informar sobre un asesinato? Dejemos algo claro antes de continuar: el racismo consiste en atribuir características negativas a todo un grupo humano por su país de origen, su religión o su color de piel, es decir, deducir que cuando una persona comete un delito la culpa es atribuible a su origen, no a su responsabilidad individual. Por eso el periodismo dejó de informar sobre la identidad racial del delincuente.

¿Dejar de hacerlo ha dado pábulo a la conspiranoia?¿No informar sobre si el delincuente es extranjero ha dejado el camino libre a las cábalas de los incendiarios digitales?¿Volver a hacerlo les pondría el camino más fácil? Este es un debate que la profesión debería volver a tener puesto que el contexto ha cambiado radicalmente desde principios del siglo. La respuesta no es sencilla.

Lo que sí está claro es que aunque nada se sabía del autor del apuñalamiento, centenares de cuentas ultras, entre ellas las de sus principales agitadores, se lanzaron a afirmar sin pruebas que el asesino era de origen magrebí o bien a vincular lo sucedido con inmigrantes alojados en Mocejón. A la ultraderecha no le importaba lo más mínimo la víctima ni su familia, tampoco la verdad o la seguridad en nuestro país. A la ultraderecha lo único que le importaba era sacar rédito al cuerpo de un crío.

A primera hora del sábado, en Otero, un pueblo de la misma provincia, un hombre asesinó a tiros a una chica de 17 años e hirió de gravedad a su madre, con quien mantenía una relación sentimental. La policía, que investiga el delito como un crimen machista, consiguió detener al hombre a las pocas horas. Sobre este suceso los ultras permanecieron callados, algo que debería dejarnos claro que la sangre sólo les vale si puede alimentar su máquina de rencor y mentiras.

El eurodiputado Alvise Pérez, líder de SALF, escribió a las 14:59 del domingo: “4 apuñalamientos en Cataluña, el asesinato de un niño de 10 años a puñaladas en Toledo, nuevos cayucos en Tenerife… ¿Habéis normalizado ya que os violen, asesinen y roben, o seguís siendo nazis?” Pasadas las seis de la tarde escribía, atribuyendo sus invenciones a los vecinos de Mocejón: “El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años”.

Los tuits de Pérez se difundieron ampliamente, igual que otro escrito por Unai Cano, un presunto periodista de La Gaceta, donde decía que “hace diez años, estas noticias hubiesen parado el país, ahora se empiezan a normalizar. Camino de un Estado fallido”. En el canal de Telegram de Pérez, sus seguidores captaron rápidamente el mensaje, hablando de deportaciones masivas, salir de cacería o incendiar mezquitas.

Cuentas de simpatizantes de Vox publicaron montajes donde se aludía a la regularización especial de inmigrantes que el Congreso aprobó a mediados de junio. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona del PP, escribió un interesado tuit donde afirmaba haber visto en un ferry a varios jóvenes marroquíes camino de la península, “lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después” remató.

Una vez que se quebranta la ética, se pisotea la verdad y comienza la rapiña, caen hasta las normas más elementales. El portavoz de la familia, primo de la víctima, fue acosado tras pedir que no se criminalizara a nadie por “por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia”. Incluso se llegaron a publicar fotos suyas con niños africanos, como si eso fuera algún tipo de prueba de cargo.

La ultraderecha ha utilizado desde siempre la inmigración como uno de sus principales ejes ideológicos. Hace unas décadas, sin demasiado éxito, afirmaba que los extranjeros quitaban el trabajo a los españoles, para años después pasar a vincular el fenómeno migratorio a la delincuencia. La diferencia es que hoy cuentan con una enorme potencia de difusión de su mensaje a través de lo digital.

Desde hace unos meses los ultras han recrudecido su campaña en torno a la inseguridad. Sus intoxicadores digitales publican sin descanso vídeos de robos, agresiones o cualquier situación violenta y chocante para atribuir su protagonismo a inmigrantes, especialmente menores magrebíes, sea o no cierta. La orgía de odio es tan intensa como continua.

Los tiempos políticos importan en esta historia. La intensificación del mensaje ultra sobre la inseguridad ha sucedido tras la aprobación de la ley de amnistía, también tras las elecciones europeas, es decir, cuando la legislatura tiene posibilidades de ser larga tras fracasar los intentos mediáticos y judiciales por hacer descarrilar al Gobierno surgido de las urnas hace un año.

Los ultras necesitan acrecentar la sensación de inseguridad para crear un clima de miedo y caos, de manera muy similar a lo que ha sucedido en Reino Unido este pasado julio, cuando tras el asesinato de tres niñas se desató una ola de disturbios. El primer ministro Keir Starmer afirmó que "esto no son protestas. Es matonismo organizado y violento, y no tiene cabida en nuestras calles ni en internet". Si en los últimos otoños la extrema derecha española intentó instrumentalizar a camioneros y agricultores para incendiar las calles, esta vez el epígrafe elegido es la inseguridad vinculada a la inmigración.

La red social X, antes conocida como Twitter, fue una de las principales herramientas utilizadas por la extrema derecha británica para difundir las mentiras racistas que precedieron a los disturbios. En España sucede lo mismo. Su dueño, Elon Musk, tomó posición sin ningún pudor al escribir que una guerra civil en Reino Unido era inevitable. Lo inevitable, sin duda, es que la agenda ultra consiga notoriedad cuando la red de Musk promociona mensajes de odio y desinformación constante mediante su algoritmo.

La situación es preocupante y debería ser tratada como un asunto prioritario a nivel europeo. Se está permitiendo sin mayor responsabilidad que una empresa de comunicación fomente campañas cuyo objetivo es la subversión del sistema democrático. Para los ultras, la migración o la seguridad no son asuntos de la agenda pública, sino maneras de crear conflicto para poder imponer un programa autoritario. Resulta paradójico que las autoridades de la UE tomen medidas frente a la amenaza de desestabilización rusa, pero sean incapaces de actuar contra quien anticipa una guerra civil.

Toda la manipulación que la extrema derecha realiza sobre la inseguridad nos puede llevar, sin embargo, a cometer un error grave. Que los ultras magnifiquen un problema no significa que ese problema sea inexistente. España es un país seguro, con respecto a lo que era hace unas décadas y en relación a los países de su entorno. Lo cuál no implica que sea igual de seguro en todas partes. Además, contradiciendo el lugar común, nuestro código penal es especialmente duro con los delitos más violentos.

La cuestión es que la izquierda no suele hablar sobre seguridad pública, dejando vía libre a las derechas para que acaparen el tema. La seguridad pública es un concepto eminentemente progresista, ya que marca que cualquier ciudadano, independientemente de su clase social, tiene derecho a llevar una vida tranquila que no se vea turbada por la delincuencia. Una relación confusa entre seguridad y conservadurismo provoca que la izquierda siempre actúe replegada en este tema.

Nos esperan meses difíciles. Tarde o temprano algún inmigrante cometerá un delito de gravedad. Será entonces cuando los ultras aprovechen para buscar su noche de los cristales rotos. En este artículo hay unas cuántas claves para evitarla. Se requiere, eso sí, decisión y firmeza. Por mucho menos, desde activistas a humoristas de izquierdas se sentaron en la Audiencia Nacional.

España es un país seguro, según los datos, pero las empresas relacionadas con la seguridad se han empeñado en convencernos de todo lo contrario. Ocupa el puesto 23 en el Índice de Paz Global, indicador con el que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) mide y compara la seguridad de 163 países. Tiene tasas de delito menores que otros países del entorno europeo como Francia, Alemania, o Suecia. Y, según el barómetro del pasado julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que existen en la actualidad únicamente para el 4% de los encuestados.

Los robos con fuerza en domicilios han sido en el primer trimestre del año 20.872, lo que supone un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Balance Trimestral de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pero hay que tener en cuenta que el parque de vivienda de este país es de 26.902.443 pisos, a la luz de la última estimación llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entrecruzadas las cifras, la de robos no es desde luego una cifra desorbitada sino todo lo contrario. Y están en caída: tanto en el primer trimestre de 2022 como en el de 2023 se superaron las 21.000, mientras este ejercicio no se ha llegado a ese número.

Además, los casos de allanamiento o usurpación de inmuebles bajaron casi un 9% en 2023. Se anotaron 15.289 denuncias por parte de todos los cuerpos policiales, frente a las 16.765 de 2022. Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid se colocaron en la parte alta de la tabla comparativa por comunidades con 6.258, 2.331, 1.640 y 1.516, respectivamente, de acuerdo a la información reflejada en el portal Estadístico de Criminalidad de Interior. Este departamento no discrimina entre esos dos tipos penales que se vinculan a la okupación, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. Con todo, en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022, se refleja que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, así como que a lo largo de aquel ejercicio se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación y 96 por allanamiento.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 255 condenas por allanamiento en 2022, lo que son 25 menos que en 2021, y 72 menos que en 2017; frente a 4.067 por usurpación, 235 menos que en 2021 y 2.690 menos que cinco años atrás. 

El magistrado Joaquim Bosch explica que no todo es lo mismo: “El allanamiento afecta a la morada, es decir, a la primera vivienda y a la segunda residencia, siempre que se desarrollen actos de la vida personal; mientras la okupación se refiere a inmuebles vacíos”. Y ahonda: “Si en el primer caso se ataca a bienes jurídicos como el uso pacífico de tu vivienda, en el segundo se ataca sólo el derecho a la propiedad en el sentido del posible uso de un inmueble del que uno es titular. Son dos cosas diferentes y tienen penas y tratamientos jurídicos distintos. Mientras el allanamiento de morada es un delito que tiene pena de prisión hasta de dos años, la okupación de inmuebles vacíos es un delito leve y tiene pena de multa”, condensa.

Frente a la realidad numérica descrita hay otra: el 34% de los entrevistados para una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera la okupación un problema importante. Y el economista y profesor de Mondragon Unibertsitatea Julen Bollain ha hecho pública en sus redes otra comparativa significativa: según datos de la European Union Agency for Fundamental Rights, España está en el puesto 21 de la Unión Europea (UE) en robos en domicilio, sin embargo, es el segundo en el ranking por la preocupación en torno a ese asunto. 

¿Qué hay detrás del desajuste? Fuentes de sindicatos vinculados a la vivienda apuntan a “la lluvia fina de mensajes del tipo ‘tienes que proteger tu hogar de los okupas’ o es tal la inseguridad que puedes ‘salir a por el pan y quedarte sin casa’, que cala a través de los medios de comunicación por los anuncios sobre alarmas o seguros o informaciones de dudosa veracidad. La política de ventas y publicidad de las empresas, que a menudo son anunciantes de los medios que ofrecen continuamente reportajes de okupas, está enfocada en muchas ocasiones a generar miedo”, lamentan.

El propio Bollain traslada a infoLibre que “ha habido un descenso en los últimos años de las okupaciones, mientras las alarmas se incrementaban y las empresas batían récord de beneficios. Detrás hay un negocio que se alimenta de la política del miedo y de fijar un relato, que se ha instaurado en el imaginario colectivo, para que la gente se quede tranquila gracias a una alarma, cuando España es un país seguro”, defiende.

El parque de alarmas en España superó por primera vez los tres millones en 2023, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, que estima que el número de conexiones activas a centrales receptoras finalizó el ejercicio con alrededor de 3,1 millones, lo que supuso una elevación del 5,1% respecto al año anterior. En tres años se han acrecentado en 236.200 y el global de alarmas se distribuyó en torno a un 62% para clientes residenciales y un 38% para profesionales. La mayor parte se instalaron en Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, País Vasco y Comunitat Valenciana.

A finales de 2022, las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las administraciones autonómicas para operar en ese mercado de centrales receptoras de alarmas fueron 133, aunque, en diciembre de 2023, a tener de lo recogido por Informa, los cinco primeros operadores se hicieron con cerca del 85% del total. Entre las empresas grandes de este área de actividad se encuentran compañías como la filial española de la sueca Securitas Direct, que finalizó 2022 con ingresos de 725 millones, que se elevaron hasta los 800 en 2023, según fuentes del sector. O Movistar Prosegur Alarmas, que en el primer trimestre de 2024, ha engrosado su cartera de clientes, pasando de 454.000 a 505.000, lo que representa un alza del 11%.

Y hay otras empresas que se han sumado a este negocio en expansión, más allá de las que se dedican a los desalojos como Desokupa, del ultra Daniel Esteve: las aseguradoras. Marcas como Línea Directa, Mutua Madrileña, AXA o Caser ofrecen ahora seguros antiokupas. La primera cobra un cantidad fija de 10 euros al año, si se paga como cobertura extra a un seguro de hogar ya en vigor, o por 24, cuando se contrata de forma individual, por ejemplo. Fuentes del ámbito jurídico avisan de que “hay que tener cuidado con lo que ofertan. Si es barato, puede que no cubra todo lo que dicen y conviene leer la letra pequeña”.

La asociación de consumidores Asufin ha alertado de que la mayoría de las coberturas que ofrecen los seguros específicos para la okupación las proporcionan en general los de hogar, como las ligadas a vandalismo, robo, defensa de derechos de la vivienda… con lo que pueden ser redundantes; y de que, lo que ofrecen, es asesoramiento jurídico, "que no la reclamación judicial", que supone gastos de abogados, procurador y costas.

La asociación ha detectado, asimismo, otras "irregularidades" como la confusión sobre los conceptos allanamiento de morada, que “es un delito con muy poca incidencia”, y usurpación, que han visto en las condiciones generales de la contratación y la publicidad exhibida por productos de Línea Directa y Mutua Madrileña –la Dirección General de Consumo del ministerio del ramo no ha recibido hasta la fecha denuncias sobre este asunto–. “Puedes estar pagando 24 euros al año para que no te hagan algo que no te pueden hacer: nadie puede permanecer en tu vivienda habitual y privarte de ella”, señalan las fuentes judiciales sondeadas.

En ese sentido, el juez Joaquim Bosch es rotundo: “Es una leyenda urbana absolutamente falsa lo de que vas a comprar el pan y entran en tu casa. En más de 20 años como juez instructor no he tenido ni un sólo caso de ese tipo y en los foros judiciales, cuando estos temas generan polémica mediática o en las redes, todos los jueces se muestran perplejos”, reconoce. “Eso no ocurre en España –insiste–. Puede haber casos puntuales, pero que se resuelven inmediatamente, o sea que no te quedas sin casa, porque en el allanamiento de morada inmediatamente el juez de guardia ordena el desalojo y la detención de quienes han entrado. Eso lo puede hacer la Policía, si en el momento que entran los ve, pero si quieren curarse en salud, las fuerzas de seguridad saben que tienen que pedir el desalojo al juez de guardia y eso se debe resolver en unas horas”, indica.

El magistrado incide en la idea de que “no es lo mismo eso que un delito leve de usurpación, lo que popularmente se llama okupación de un inmueble vacío, que son propiedad en cerca de un 90% de los bancos, entidades privadas como fondos y en algunos casos de organismos públicos”. Relata que en su juzgado sí ha tenido que afrontar “bastantes casos de usurpaciones porque es un problema que existe, pero tampoco debe magnificarse. Los hay muchísimo más graves y que requieren de respuestas mucho más urgentes”. ¿Qué se hace en esos supuestos? “Se señala un juicio y, en función de la carga de trabajo del juzgado que sea, puede ser una cuestión de meses o incluso de años”, admite. Y apostilla: “Eso es lo que genera un malestar comprensible en los dueños de inmuebles vacíos, pero la mujer que no cobra la pensión del marido o quien ha sufrido una violación, también quieren que se resuelva todo en el acto. La Justicia tiene los medios que tiene y lo hace cuando puede”.

Con todo, insiste en que “los niveles de este delito son bajos y se han mantenido estables” en el tiempo, lo que “es comprensible, habiendo en España millones de inmuebles vacíos, ¿para que vas a entrar en uno habitado?”, se pregunta. A su juicio, “hay un interés en mezclarlo todo, incluso a quienes no pueden pagar el alquiler y se les llama inquiokupas, para generar alarmismo e inseguridad ciudadana, pero no es un problema nacional”, concluye.

En relación a esa espiral, el economista Julen Bollain plantea que “hay muchos intereses cruzados”. Alude a la órbita empresarial y económica, y también a la política. “Este discurso del miedo beneficia a las empresas de alarmas o de seguridad, y a la extrema derecha, con ese fascismo del siglo XXI del penúltimo contra el último que se está estableciendo”. Recurre a un recurso gráfico para hacer ver lo que quiere decir: “La imagen de una persona negra sin nada, un obrero con una galleta y un rico con diez, en la que este último le dice al obrero que el primero le va a quitar la galleta”. En su opinión, “el ver que puedes pisar o machacar a otro y que hay alguien que está peor que tú impulsa a algunos en la sociedad actual para querer seguir adelante y creciendo”.

Cree, asimismo, que “la extrema derecha usa muchas veces ese discurso para alimentar el relato racista que está marcando en toda Europa”, aunque en puntos como España “las tasas de migración estén por debajo de la media de muchos países de la UE y son necesarios”. “Es un relato interesado por parte de ciertos partidos que lo hacen muy bien, como el de las okupaciones, pero que no tiene reflejo en la realidad ni en los datos que ofrece el Gobierno de España”, finaliza.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a aseverar: “Si me encuentro mi casa okupada a la vuelta de unas vacaciones, echo la puerta abajo”. Una frase espinosa que evoca a la selva, con su propia ley. 

A un lado de la mesa, la jefa del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia. Al otro, el ultra Daniel Esteve, líder de la plataforma dedicada al desalojo extrajudicial de viviendas Desokupa. Y ante ellos, un acuerdo de colaboración para la formación en defensa personal destinado a los afiliados. La alianza, que ya ha provocado la dimisión de un dirigente regional por la "deriva ultra" del sindicato, es vendida como algo "histórico". "Queremos que los compañeros se sientan más seguros", sostiene a cámara Gracia. Sobre todo, continúa la secretaria general de la organización, en un contexto de "violencia desmedida". "Hay un problema en las calles. La autoridad se ha perdido y los compañeros están cada vez más en riesgo", culmina.

La obsesión por el orden público, identificada por Jason Stanley en Facha (Blackie Books, 2019), ha sido un rasgo recurrente de la ultraderecha. Primero, se crea una sensación de caos, que vinculan directamente con la inmigración. Y luego, se ofrece como remedio con protestas como la flexibilización del acceso a las armas, la construcción de muros o el endurecimiento de las penas. "Las calles, antes seguras, ahora son escenarios de robos, violaciones y agresiones de todo tipo", señalaba el líder de Vox, Santiago Abascal, durante aquella moción de censura que presentó contra el Gobierno hace ya cuatro años. "Que me den Interior, que Bukele a mi lado va a ser papá pitufo. Te limpio España en tres días y me sobran dos", decía Esteve en una entrevista a pie de calle.

Los ciudadanos, por mucho relato apocalíptico que se haya intentado implantar en los últimos años, todavía no perciben que España sea un país inseguro. Eso es lo que parecen indicar, al menos, los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En el de julio, último disponible, solo el 4% de los encuestados situaban la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas que existen actualmente en el país, una cifra que hace dos décadas se situaba en el 18,7%. Por su parte, el Índice de Paz Global, que mide el nivel de seguridad en cada Estado y que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), sitúa a España en el puesto número 23 de 163 países de todo el mundo.

Es cierto que la tasa de criminalidad –número de infracciones penales por cada millar de habitantes– ha experimentado un repunte en los últimos meses. En 2023, según los propios datos del Ministerio del Interior, se situó en el 51,3, frente al 48,6 de 2022 o el 46,7 del año prepandemia. Cinco fueron las regiones que se colocaron por encima de la media nacional: Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Navarra. Ahora bien, a pesar del aumento, todavía no se ha superado el nivel récord registrado tres lustros antes. En 2008, con un país asolado por el terrorismo de ETA, la tasa de criminalidad llegó a colocarse, según el histórico del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 52,1.

La subida no tiene tanto que ver con un incremento desmesurado de la criminalidad convencional, que ha aumentado un 2,1%, sino más bien con los ciberdelitos, que se han disparado un 25,5%. Así, de las 136.584 infracciones penales más que se registraron el año pasado, 95.651 –el 70%– eran estafas informáticas y otras cometidas online. ¿Y en cuanto al crimen convencional? ¿Ha habido un cambio respecto a la época prepandemia? Todo depende del delito. Tomando como referencia las cifras de hace un lustro, en 2023 se registraron menos hurtos, robos con fuerza en domicilios o negocios o sustracciones de vehículos que en 2018. Pero más homicidios –consumados y en grado de tentativa–, lesiones, riñas tumultuarias, robos con violencia, tráfico de drogas o delitos sexuales.

Algunos de estos datos, sin embargo, es necesarios ponerlos en contexto. Así, por ejemplo, Interior sostiene que la subida relacionada con las agresiones sexuales debe relacionarse con las "activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal" frente a este tipo de delitos, lo que se traduce "en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos". Y lo mismo ocurre con el narcotráfico. "El aumento está muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar", apuntan el último balance trimestral de criminalidad de 2023.

Ahora bien, ¿estamos mucho peor que los países de nuestro entorno? Los últimos datos de Eurostat, relativos a 2022, indican que no. La tasa de homicidios en España se situó en el 0,69 por cada 100.000 habitantes –en 2004 llegó a estar en el 1,2 y en 2012 en el 0,78–, menor que en Bélgica, Finlandia, Francia, Suecia, Países Bajos o Alemania. Lo mismo sucede con robos y hurtos, donde la tasa recogida por la oficina europea estadística es, de nuevo, más elevada en Suecia, Francia, Bélgica, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Italia, Portugal o Grecia que en suelo español, donde se situó en 830 –la media europea fue de 1.502–. Y algo similar ocurre con la de violencia sexual, donde Suecia, Francia, Finlandia, Bélgica o Alemania presentan, de nuevo, peores datos que nosotros.

Esteve encontró en el desalojo extrajudicial de viviendas un buen nicho de negocio. De ahí que buena parte de su fama tenga que ver con una okupación convertida durante años en plato principal de los grandes magacines matutinos de la televisión. Un fantasma convenientemente agitado por la ultraderecha de Vox –y también utilizado por el PP– en esa estrategia de crear primero una sensación de inseguridad para vender luego orden. "Yo si me encuentro mi casa ocupada a la vuelta de unas vacaciones echo la puerta abajo y saco a la gentuza que me ha quitado mi casa. Y con inteligencia, no lo haría solo. Hemos llegado a una situación totalmente insoportable", lanzaba Abascal en una entrevista reciente en un canal de YouTube.

En 2023, según los últimos datos de Interior, se registraron 15.289 denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles, lo que supone un descenso con respecto a los dos años previos –16.765 en 2022 y 17.274 en 2021–, si bien sigue estando por encima de niveles prepandemia. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no desglosa en su estadísticas las cifras por las dos modalidades de ocupación ilegal –el allanamiento se refiere a la ocupación de vivienda habitada, mientras que la usurpación a casas vacías–. Algo que sí hace el INE. En 2022, contabilizó 255 condenas por allanamiento frente a 4.067 por usurpación. Datos que cinco años antes, en 2017, fueron superiores: 327 por el primer delito y 6.757 por el segundo.

En la firma del acuerdo con Club Desokupa, otra de las marcas con la que opera el ultra Daniel Esteve, la jefa del Sindicato Unificado de Policía habló de una supuesta "autoridad perdida" y de unos agentes "cada vez más en riesgo". Los datos de Interior reflejan 11.932 hechos conocidos de atentado contra agentes de la autoridad o funcionarios públicos a lo largo de 2021, frente a los 11.205 de 2020 y los 10.457 de 2019. Un repunte que, de nuevo, no rompe récords. En 2011, por ejemplo, se registraron 12.210 hechos de este tipo. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estas cifras no aparecen desglosadas por tipo de víctima, lo que impide saber exactamente cuántos de estos hechos tienen que ver con agresiones concretas a agentes de policía y cuántos con otro tipo de funcionarios.

Los datos, en este caso de Eurostat, también muestran que la inversión española en orden público y seguridad no es baja. De hecho, nuestro país se encuentra en la parte alta de la tabla. En 2022 destinó un 1,9% del PIB a esta materia, por encima de la media europea –1,7%– y por delante de las principales economías del Viejo Continente: en Italia se destinó el 1,8% y en Alemania y Francia el 1,7%. Y también que contamos con más policías por millar de habitantes que otros países de nuestro entorno: 380,28 frente a los 311,06 de Alemania, los 291,19 de Países Bajos o los 338,29 de Bélgica –no hay datos relativos a Francia o Italia desde 2020–.

Es una innovación única en Europa, de la que el CEO de Fraport está muy orgulloso. Desde octubre de 2023, la empresa que gestiona el aeropuerto alemán de Fráncfort ofrece a sus pasajeros una «experiencia de viaje sin contacto» basada en el reconocimiento facial. Para beneficiarse de este servicio, los pasajeros empiezan por hacerse un selfie utilizando una aplicación específica en su teléfono móvil. Una vez validada y registrada, la foto sustituye al pasaporte. En el aeropuerto, sólo tienen que escanear su rostro en máquinas específicas para dejar su equipaje, facturar y embarcar.  

"Ya no es necesario sacar la tarjeta de embarque ni utilizar el carné de identidad. Se te reconoce biométricamente, gracias a la inteligencia artificial", declaró el 21 de marzo en la cadena BFM Business Sergio Colella, presidente para Europa de la Société Internationale de Télécommunication Aéronautique (Sita), la empresa responsable del proyecto.

Antes de extenderlo en octubre a las noventa compañías aéreas que operan en esa ciudad alemana, Fraport probó su sistema en asociación con dos aerolíneas, Lufthansa y Star Alliance. "Nuestro objetivo en los próximos meses es equipar al menos el 50% de todas las máquinas de facturación, seguridad y puertas de embarque con esta tecnología pionera", afirma Pierre Dominique Prümm, director ejecutivo de Aviación e Infraestructuras de Fraport.

Lejos del entusiasmo mostrado en Fráncfort, Ella Jakubowska, directora de políticas de European Digital Rights, una ONG que defiende la privacidad y las libertades, se muestra preocupada por este mayor uso del reconocimiento facial. "La retórica de Fraport convierte los derechos humanos en una mercancía. Estas empresas intentan hacernos creer que es normal utilizar nuestros datos más sensibles a cambio de servicios".

Martin Drago, activista de la asociación francesa La Quadrature du Net que lleva varios años siguiendo de cerca la cuestión de los datos aeroportuarios, comparte esas reservas. "Bajo la apariencia de mejorar la fluidez y facilitar el acceso, estos proyectos transmiten un ideal de algoritmización de los espacios urbanos, al igual que las smart cities (ciudades conectadas)".

Esos temores no frenan al sector aéreo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a trescientas aerolíneas de todo el mundo y prevé un fuerte aumento del número de pasajeros de aquí a 2040, lanzó en 2017 la iniciativa "One ID". Su objetivo es agilizar el tránsito de los pasajeros instalando sistemas de reconocimiento facial en todas las etapas y puntos de control de un aeropuerto.

Estos sistemas ya están instalados en Frankfort, la capital de Kentucky en Estados Unidos, donde la Transportation Security Administration, agencia federal responsable de la seguridad de cientos de millones de ciudadanos, quiere implantarlos en cuatrocientos aeropuertos en los próximos años, también en Francia.

Aunque el reconocimiento facial en los aeropuertos franceses se limita desde hace tiempo a las "cabinas Parafe" –detectores en los controles fronterizos que comparan el rostro del viajero con la fotografía de su pasaporte digital–, el interés por estas vías biométricas es cada vez mayor.

En el marco de NextGenerationEU, el plan de recuperación de la Unión Europea tras la pandemia, Vinci Airports prueba desde 2020 en el aeropuerto de Lyon un sistema de reconocimiento facial llamado Mona. "Esta opción biométrica es totalmente iniciativa del pasajero", explica Vinci Airports a Mediapart. "Puede permitirles pasar por los diferentes puntos de control del aeropuerto, salvo el control de fronteras, sin contacto físico y simplemente presentando su rostro, desde la entrega del equipaje hasta el embarque."

La opción se está ya extendiendo. A principios de 2024, Vinci ha puesto en marcha un programa similar para los pasajeros de Tap Air Portugal con salida de los aeropuertos de Lisboa y Oporto.

Otras empresas francesas ofrecen soluciones similares. Idemia Public Security, por ejemplo, presume de que su «ruta de usuario único» permite a los viajeros del aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi "ir desde la entrada del aeropuerto a la puerta de embarque, incluido el cruce de fronteras, en un tiempo récord de sólo doce minutos".

En Thales, el proceso se ha bautizado como Fly to Gate. Ya está implantado en varios aeropuertos de Italia, España, el sudeste asiático, India y Estados Unidos. "Este sistema ahorra entre un 30 y un 50% del tiempo total del tránsito del pasajero. También existe la posibilidad de facturar en línea desde casa para descongestionar el proceso de registro de equipajes", explica a Mediapart el gabinete de prensa de Thales.

En Orly, donde el grupo ADP está probando un sistema de reconocimiento facial para facilitar la entrega de equipajes en 2021 con Transavia y en 2022 con Air Caraïbes, el argumento de la agilidad ha dado en el clavo. "Ahorramos unos segundos en cada etapa del viaje. Sobre todo, ya no hay que andar buscando el documento que hay que presentar en cada momento, ya que el reconocimiento facial transmite la información necesaria a cada punto de control del aeropuerto", explica un portavoz. El Grupo ADP está probando actualmente el reconocimiento facial en otros puntos de tránsito y tiene prevista una próxima prueba en París-Orly, con Air France, para pasar el control antes de embarcar en el avión. "El objetivo es estar listos cuando se haya validado una norma internacional", concluye ADP.

Hasta ahora el uso de datos biométricos se decide caso por caso por los países según su legislación pero el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPC) trabaja actualmente en un dictamen sobre el uso del reconocimiento facial para agilizar los flujos de pasajeros en los aeropuertos: "El objetivo del dictamen es garantizar que la legislación sobre protección de datos se aplique de forma coherente a estos sistemas en toda la UE", explica el SEPD a Mediapart, que dice haber recibido una solicitud de dictamen de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL).

Según nuestra información, el organismo francés de control de la protección de datos está siguiendo activamente el asunto. El 11 de enero de 2024, los directores generales de Groupe ADP, IN Groupe y Thales fueron recibidos por la CNIL para hablar del tema del reconocimiento facial en los aeropuertos.

"Las infraestructuras aeroportuarias presionan y es mucho lo que está en juego", afirma una persona cercana al asunto, que pide el anonimato. "El problema es que ese deseo de acoger a más pasajeros gracias al reconocimiento facial está desconectado de la realidad, es biometría de confort y va totalmente en contra de la sobriedad energética que deberíamos adoptar frente al cambio climático. Ofrecer el reconocimiento facial durante todo el tránsito en un aeropuerto también podría sentar un precedente. No es difícil imaginar que los supermercados o los centros comerciales quieran implantar lo mismo".

Como el reconocimiento facial es ilegal en Francia, la base jurídica de estos sistemas experimentales es el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva Policía-Justicia. Estos dos textos europeos de referencia para el uso de datos personales establecen los principios de necesidad y proporcionalidad. Para utilizar el reconocimiento facial en los aeropuertos, no debe haber otro medio menos intrusivo para facilitar el paso de los viajeros.

Ya en 2020, en el marco de la experiencia Mona en el aeropuerto de Lyon-Saint-Exupéry, la CNIL cuestionó la necesidad de un sistema de este tipo. "Sustituir todos los controles documentales efectuados actualmente en los aeropuertos por sistemas de reconocimiento facial no parece estrictamente necesario ni proporcionado en la medida en que los controles existentes son mucho menos intrusivos para las personas y no parecen a priori deficientes ni insuficientes", señalaba un documento interno de la autoridad administrativa conseguido por Mediapart. Contactamos la CNIL pero declinó hacer más comentarios.

Otro requisito legal para que los aeropuertos desplieguen el reconocimiento facial es el consentimiento explícito del interesado: que acepte facilitar una fotografía de su cara para pasar más rápido el control fronterizo. "Las empresas que explotan los aeropuertos o diseñan estas tecnologías han entendido claramente que el consentimiento y la aceptabilidad social de un sistema como el reconocimiento facial se obtienen bajo el pretexto de la practicidad: es cómodo abrir tu móvil o una aplicación con tu cara, igual que lo es saltarse una cola en un aeropuerto", analiza Caroline Lequesne, profesora de Derecho Público en la Universidad de Niza-Costa Azul.

Una práctica también contestada por Ella Jakubowska, de la ONG EDRi: "Cuando se trata de algo tan sensible como nuestros patrones faciales, que pueden identificarnos para siempre, no se debe presionar a la gente para que ceda esa información con la promesa de una cola más corta".

Traducción de Miguel López

El Parlamento Europeo y los Estados miembro de la Unión Europea han llegado esta madrugada a un acuerdo para la ley que reforzará la solidaridad y capacidades de detección, preparación y respuesta frente a amenazas e incidentes de ciberseguridad, aportando un 'escudo europeo' compuesto por los centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos, según informa Europa Press.

En concreto los negociadores han alcanzado un acuerdo para la llamada ley de cibersolidaridad que busca mejorar la detección y conocimiento de amenazas e incidentes de ciberseguridad a gran escala y reforzar la preparación y protección de entidades como hospitales y servicios públicos. El objetivo es potenciar la gestión conjunta de las crisis en la UE para contribuir a garantizar un entorno digital seguro para ciudadanos y empresas. La propuesta estrella consiste en crear una infraestructura paneuropea que sirva de sistema de alerta de ciberseguridad, compuesta por los centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos en toda la UE.

A través de este escudo europeo las autoridades podrán responder de forma más "eficiente y efectiva" a crisis de ciberseguridad gracias a la puesta en común de información y de detección de ciberamenazas, permitiendo una respuesta con mayor eficiencia y eficacia a los incidentes graves. Igualmente, se creará un mecanismo de emergencia para apoyar a los 27 ante incidentes cibernéticos, que incluye acciones preparatorias como test en sectores críticos, asistencia financiera mutua entre Estados miembros y una reserva de ciberseguridad consistente en servicios privados que intervengan cuando una institución o Estado miembro lo solicite al ver desbordadas sus capacidades.

La normativa europea impulsará también un mecanismo de evaluación y revisión para analizar la eficacia de las acciones en el marco del mecanismo de ciberemergencia y el uso de la reserva de ciberseguridad, así como la contribución de este reglamento al refuerzo de la posición competitiva de la industria y los sectores de servicios.

Si algo va mal, en vez de arreglar el problema que lo provoca, trata de ocultarlo. Este podría ser el aforismo perfecto por el que se han guiado políticos, empresarios y líderes de todo pelaje en las últimas décadas, esas donde el cinismo ha cotizado por encima de los principios y la utilidad. Sin embargo, aunque sabemos que obviar un conflicto a veces funciona, basta que este se haga más virulento para que las presas del encubrimiento se vean desbordadas. ¿Qué hacer entonces? Los maestros de la manipulación lo tienen claro: no sólo no hay que ocultar el problema, sino magnificarlo con la intención de sacar partido del mismo.

La seguridad pública es un buen ejemplo de esta manera de proceder. Algunas ciudades de Estados Unidos sufrieron una ola de delincuencia sin precedentes entre mediados de los setenta y comienzos de los noventa, prácticamente el mandato de Ronald Reagan. Los efectos de la crisis del petróleo de 1973, la imposibilidad de financiación de algunos ayuntamientos con el consiguiente deterioro de los servicios públicos, sumado a un proceso de desindustrialización fueron algunos de los factores que convirtieron urbes como Nueva York en “la ciudad del miedo”.

¿Cuál fue la respuesta a este problema sistémico de criminalidad? Transformarlo en un espectáculo televisivo y cinematográfico. Los crímenes no se ocultaban, se sacaba petróleo comunicativo de los mismos en programas llenos de violencia o en películas donde heróicos vigilantes emprendían la guerra del ciudadano medio contra los malhechores. Cualquiera que haya visto las producciones de la Cannon, con Charles Bronson y su widley calibre .475, sabrá a qué me refiero.

La delincuencia pasaba a ser, de esta manera, no el problema que una administración profundamente antisocial había engendrado mediante políticas económicas destructivas, sino un conflicto puramente individual que los ciudadanos de clase trabajadora sufrían a manos de una amenaza exógena, con los toxicómanos y las minorías raciales como chivos expiatorios. El problema de seguridad pública era bien real, pero no sólo nadie exigía cuentas a los responsables, sino que además veían como una solución aceptable volver a los métodos del antiguo oeste, es decir, cargarse el propio concepto de seguridad pública para transformarlo en el sálvese quien pueda.

¿Quieren saber otro país donde este método de manipulación del miedo funcionó? La España franquista sin ir más lejos. La dictadura mantenía un doble discurso en el que se afirmaba que se disfrutaba de altas cotas de seguridad, pero a su vez promocionaba todo un catálogo de la sordidez en publicaciones destinadas exclusivamente a cubrir sucesos. Un país con gran desigualdad es siempre un país inseguro, por muchas medidas coercitivas que se apliquen. Un país inseguro lo parece menos si los asesinos son caricaturizados como bestias ajenas al cuerpo social y no como productos de un contexto determinado.

De vez en cuando la teoría se tambaleaba, como en el caso de José María Jarabo, un tipo que había hecho fortuna con el tráfico de droga para las clases altas, al que le dio por asesinar a cuatro personas a sangre fría, una de ellas embarazada, en el Madrid de 1958. Como Jarabo venía de una familia de posibles cercana al régimen, con conexiones en la alta judicatura, se tuvo que recurrir a su carácter de indiano, criado en Puerto Rico, como el elemento extranjerizante que explicaba la corrupción de su carácter. El juicio, la ejecución y el sepelio se convirtieron en un espectáculo seguido por una multitud, que pasó por alto cómo el largo historial delictivo del sujeto no le había conducido a la cárcel antes de que cometiera el cuádruple homicidio.

La información de sucesos forma parte del periodismo. La información de sucesos se suele convertir en un espectáculo grotesco que siempre se articula desde una mirada reaccionaria: el crimen carece de contexto más allá de la propia pulsión malvada del individuo. Así se construye un ambiente de desconfianza que en el caso de España, un país seguro en las comparativas internacionales, asienta la narrativa de que el delito no se paga y de que vivimos rodeados de un peligro inminente que sólo la mano dura puede contener. Obviamente las derechas están encantadas con esta teatralización.

El asesinato de una comerciante en la plaza de Tirso de Molina, Madrid, este pasado lunes, se convirtió rápidamente en un asunto más de un proceso electoral donde vale todo. Agitadores digitales, cabeceras de derechas y políticos ultras adjudicaron además origen magrebí al asesino. Aunque en la tarde del martes fueron detenidos un hombre y una mujer españoles, con antecedentes por robos con violencia, nadie rectificará una intoxicación destinada a equiparar inmigración con delincuencia. El objetivo, el de siempre: que las derechas aparezcan como el cirujano de hierro que viene a poner orden.

De hecho, uno de los epígrafes preferidos de los profesionales de la manipulación a sueldo de la extrema derecha es agitar lo sórdido desde sus redes. Colgar continuamente vídeos de peleas, agresiones, robos y otros desmanes con el objetivo de atemorizar a una población que, aunque su entorno sea perfectamente seguro, se aterre pensando en la llegada de una ola de bárbaros que acaben con su tranquilidad. Si hay algo más inquietante que un enemigo es que ese enemigo sea cercano: el que viaja contigo en metro, el que es tu vecino, el que comparte colegio con tus hijos. Sembrar la semilla de la desconfianza para que la escenificación de la “mano dura” acapare un buen puñado de votos.

¿Es todo un problema de manipulación ultraderechista? Obviamente no. Aunque España es uno de los países más seguros del mundo, eso no significa que no haya zonas concretas en las que la delincuencia ejerce una mayor presión. Unas, además, que se corresponden siempre con barrios de clase trabajadora donde las sucesivas crisis económicas de los últimos quince años han podido hacer mella. Las estadísticas, por ciertas que sean, no valen de nada cuando el delito aflora, por muy de baja intensidad que sea en ocasiones. Y ahí es donde los ultras meten cuchara en zonas que habían tenido un tradicional voto izquierdista.

¿Por qué a la izquierda parece aterrarle hablar sobre delincuencia?¿Por qué ningún líder progresista condenó con firmeza el asesinato de este pasado lunes?¿Por qué se ha permitido que la reacción monopolice el discurso sobre el cumplimiento de la ley?¿Por qué, además de apelar a unas medidas sociales de reinserción, recogidas como objetivo de nuestro ordenamiento jurídico, parece que hay miedo a decir que el que comete un delito debe ser juzgado con todo el peso de la ley? No hay nada que alimente más el racismo que dar la falsa imagen de que a los extranjeros se les aplica un rasero favorable. No hay nada más republicano que el concepto de fuerza pública, aquel que nos aleja de que sólo pueda tener seguridad aquel que se la puede pagar.

PP y Vox dan alas a la protesta organizada por los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles contra la reforma de la ley mordazaanunciada por PSOE y Unidas Podemos en cumplimiento del pacto de Gobierno que suscribieron hace dos años y de sus respectivos programas electorales. Y no sólo eso: las dos principales formaciones de la derecha han asumido el discurso sindical que afirma que los cambios en la ley van a desproteger a los agentes.

No es cierto. Basta con leer las enmiendas presentadas conjuntamente hace unos días por socialistas y morados —también las que defiende en solitario Unidas Podemos— para advertir que ninguna de ellas supone desprotección para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Al frente de la protesta, Jusapol, la plataforma que defiende la equiparación salarial con mossos y ertzainas y cuyas versiones sindicales se han convertido en pocos años en hegemónicas en los órganos de representación de la Policía y de la Guardia Civil. Y a la que diversos medios sitúan en sintonía con la extrema derecha. Jusapol ha convocado, con el apoyo de otros sindicatos, una gran manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre en la que pretende visibilizar la oposición de policías y guardias civiles a la reforma que pretende deshacer los cambios que el PP introdujo unilateralmente en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana. Vox y PP participarán con sendas delegaciones en la manifestación. Está por ver si esta vez coincidirán, como en la Plaza de Colón, Pablo Casado y Santiago Abascal. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, ya ha confirmado su asistencia.

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias, y junto a ellos los partidos liderados por Casado y Abascal, critican diferentes aspectos de la reforma, pero especialmente uno: que los cambios reducen la protección legal de la que gozaban hasta ahora. Pero en realidad ninguna de las enmiendas promovidas por PSOE y Unidas Podemos hace eso.

Los cambios legales de los que recelan (y lo que en realidad establece la reforma) son los siguientes:

1. El tiempo máximo de retención de una persona para ser identificada pasa de seis a dos horas. Pero, a diferencia de lo que dicen los sindicatos, que consideran que ese tiempo puede ser insuficiente y dificultar su trabajo, la enmienda presentada aclara que “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

2. Las personas desplazadas para ser identificadas “tendrán derecho a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación por los agentes”. Los sindicatos se oponen a esta medida porque, aseguran, los agentes no son taxistas e irá en detrimento del trabajo policial. Pero la enmienda añade que esto sólo se aplicará “cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre en localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

3. Las diligencias de identificación “habrán de ser motivadas y proporcionales y, en los casos de identificación en dependencias policiales, registro y comprobación, deberá quedar constancia de la motivación y la identificación del agente que las adoptó”. Algunos sindicatos creen que el hecho de que la identificación deje de ser anónima les desprotege. Sólo sería así si la identificación no se ha hecho correctamente, esto es: si no se ha realizado de forma “motivada y proporcional”.

4. Los sindicatos sostienen que a partir de ahora perderán la presunción de veracidad. Es “un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías”; pasará a ser una “ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho”, sostienen. Tampoco es cierto. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos reafirman que las actas policiales seguirán gozando “de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados salvo prueba en contrario”. Solo ponen una condición nueva: que el acta “resulte coherente, lógica y razonable”. Es decir: que no sea arbitraria.

5. Serán legales, en determinados casos, las manifestaciones que carezcan “del trámite previo de comunicación”. La reforma dice que “aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación” cuando “el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

Esta posibilidad, en opinión de los sindicatos, dificultará el trabajo policial, “provocará graves disturbios y limitará el tiempo de reacción de los agentes, lo que podrá ser utilizado por grupos antisistema para causar el caos en las vías públicas”. Los promotores de esta reforma sostienen que el objetivo es adaptar la legislación para facilitar la protesta espontánea en la calle, tal y como ya sucede con normalidad, siempre que sea pacífica. Las enmiendas mantienen además la posibilidad de sancionar a quienes la promuevan si en ella se producen infracciones de la seguridad ciudadana.

6. Algunos sindicatos y varios dirigentes políticos, entre ellos el propio Pablo Casado, aseguran que la reforma prohibirá las pelotas de goma. Las enmiendas nada dicen sobre el uso de estos proyectiles pero sí proponen incorporar a la ley lo siguiente: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Sólo en el caso de que ese protocolo establezca que las pelotas de goma causan “lesiones irreparables”, algo que defienden numerosas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, podrá decidirse que dejen de usarse.

7. La reforma quiere también poner fin a la prohibición de grabar a los agentes de policía y guardias civiles en su trabajo profesional, una demanda unánime de los medios de comunicación. Una vez aprobada la reforma “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Los sindicatos sostienen que esto les pone en peligro porque “cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse”.

En realidad, la reforma es muy cauta en este punto, porque establece que será “infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación”. Eso sí: “La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”. Es decir: la difusión de esas imágenes seguirá prohibida si pone en peligro a los agentes o a sus familias.

No son estos todos los cambios que PSOE y Unidas Podemos quieren introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza desde que el PP introdujo en ella medidas como la prohibición a los medios de comunicación de grabar acciones policiales, pero sí todas las que sindicatos, PP y Vox citan para denunciar la supuesta desprotección en la que quedarán los agentes si acaba aprobándose.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, fue este martes aún más lejos en sus acusaciones y después de participar junto a Casado en una reunión con responsables sindicales y de asociaciones de la Policía y de la Guardia Civil llegó a afirmar que la reforma consagrará “la impunidad” de quienes cometan delitos. Díaz Ayuso también se pronunció en la misma línea, pero en un tono más elevado: “Quieren que el terror impere en las calles”.

Gamarra ve además oscuras intenciones por parte de PSOE y Unidas Podemos: “Pudiera parecer”, aseguró, que buscan “armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas”.

En rueda de prensa, la portavoz del PP anunció que su partido recurrirá la reforma, una vez aprobada, al Tribunal Constitucional porque su partido observa en ella algunos elementos de “dudosa constitucionalidad” que no precisó. Y declaró la intención del PP de aprovechar la reforma de la ley para prohibir los actos de homenaje y bienvenida a los presos condenados por terrorismo que cumplen condena y salen en libertad y para tomar medidas contra la ocupación ilegal de viviendas.