¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

La cesta de la compra básica se ha encarecido un 1,31% entre enero y febrero, lo que supone la primera subida de precios en lo que va de año a pesar de la rebaja del IVA aprobada en diciembre para alimentos básicos, pastas y aceites, según informa Europa Press.

En concreto, la cesta de alimentos registró un precio de 30 euros el 27 de febrero, frente a los 29,61 euros de finales de enero. Según un análisis de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el aumento de 39 céntimos en la cesta de la compra rompe la tendencia a la baja continuada e implica la disolución del efecto de la bajada del IVA.

En lo que se refiere a las cadenas de supermercados, Mercadona (-0,13 euros) y Dia (-1,23 euros) han sido las que han rebajado sus precios a finales de febrero. Carrefour, por su parte, ha sido la cadena que más ha subido los precios en la comparación mensual, con 2,13 euros más. De su lado, El Corte Inglés (0,78 euros) y Alcampo (0,39 euros) han sido los otros dos supermercados que han encarecido la cesta de la compra básica.

Pese al repunte observado a finales de febrero, el análisis de Asufin apunta que desde el pasado 2 de enero, la media de la cesta básica de alimentos se ha rebajado un 10,9% en comparación con el 29 de diciembre, cuando el precio de la cesta se situaba en 33,67 euros. Es decir, en lo que va de año la cesta se ha abaratado en 3,67 euros de media.

Con todo ello, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha subrayado que a tenor de los datos las medidas "están demostrando, mes a mes, su ineficacia". "Se trata de medidas sin graduación, que benefician tanto al que más compra como el que menos", señala Suárez. Asimismo, ha indicado que vigilar los márgenes empresariales de las grandes superficies "es muy difícil", al igual que determinar que la bajada del IVA está abaratando la cesta de productos básicos.

Dejando claro Asufin que no está de acuerdo en topar precios, sí considera la asociación que los Gobiernos tienen medios para determinar quién necesita una ayuda directa para combatir los efectos "perniciosos" de la inflación.

Las cadenas de supermercados Dia, Carrefour y Froiz, así como empresas como J. García Carrión o Ray Lech, además de decenas de industrias, han sido multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, según ha informado Europa Press.

En concreto, el Departamento que lidera Luis Planas ha hecho pública la primera lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, aparecen 69 empresas, donde los principales elementos de sanción son el incumplimiento de los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.

De esta forma, los Centros Comerciales Carrefour han recibido una multa de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago, una sanción de la misma cuantía y por la misma razón ha sido la que ha recibido Distribuciones Froiz, mientras que Dia Retail España ha recibido dos sanciones por incumplir en los plazos de pago de 3.001 euros y de 3.899,12 euros.

Por su parte, el grupo J. García Carrión ha sido multado con 9.147,81 euros por incumplir los plazos de pago, mientras que Pistachos de la Mancha ha recibido dos sanciones, una de 10.449,24 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 3.001 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios, según consta en la publicación trimestral de sanciones del primer trimestre de 2023, que recoge Europa Press.

Sin embargo, la mayor cuantía de sanción de las 69 impuestas por el Ministerio de Agricultura ha recaído en Ray Lech, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, que recibe dos multas, una de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 11.500 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en los mismos el precio.

Entre los sancionados también destacan las multas a Transformaciones Agrícolas de Badajoz (Transa) de 7.558,75 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y de 9.000 euros a Inleit Ingredients por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no están expresamente pactadas por las partes.

Este lunes era el día de ir a hacer la compra con los tiques antiguos del supermercado. Este domingo 1 de enero entró en vigor la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, que suprime el IVA de los productos básicos alimentarios (gravados con un 4%) y reduce a un 5% el de algunos alimentos como la pasta o el aceite de oliva (desde un 10%). En la mayoría de productos, esto apenas supone la rebaja de unos pocos céntimos, aunque las diferencias se hacen más palpables en los productos más costosos, como el mencionado aceite de oliva o algunos tipos de pescados y quesos.

La medida, negociada por el Gobierno de coalición, despertaba las dudas del socio minoritario. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideró que “no es la medida que creo que pueda ayudar” y mostraba sus dudas sobre si las distribuidoras de alimentación trasladarían al usuario esta rebaja del IVA o tratarían de incorporarlo a sus propios márgenes. Es por eso que la vicepresidenta condicionó su apoyo a que se controlaran los márgenes empresariales, para garantizar que la supresión del impuesto se traslada a los precios finales de los productos. Según ha podido confirmar infoLibre con fuentes gubernamentales, esa misión ha recaído en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que pertenece al Ministerio de Agricultura.

La supresión del IVA ha sido actualizada este domingo automáticamente en las principales cadenas de distribución de alimentos. Según ha podido constatar infoLibre en algunos establecimientos de Carrefour, Mercadona, Dia y Eroski, los precios de algunos productos como leche, huevos, frutas o patatas han bajado en torno al 4%, aunque en algunos casos los precios de productos básicos se han mantenido o incluso incrementado.  

El usuario de Twitter @PerseP ha recogido el precio de 631 precios de Mercadona del 31 de diciembre y el 1 de enero. Este usuario, que prefiere no ofrecer su nombre, sostiene que es informático y que, por mera curiosidad, descarga mediante un programa los precios de manera automática, para comprobar las variaciones. Este periódico ha constatado decenas de precios de antes y después, como los de los diferentes tipos de aceite, y coinciden con los recogidos por este usuario.

Según esta información, la media de estos productos ha bajado un 4,25%, lo cual constata que la rebaja del IVA en Mercadona sí se ha trasladado a los productos. Las mayores reducciones netas se dan en el precio del aceite de oliva de la marca blanca Hacendado. El litro pasa de 24,75 a 23,62, lo que supone un descuento de 1,13 euros, mientras que el virgen extra pasa de 17,55 a 16,75, 80 céntimos menos. En la mayoría de productos, la reducción del IVA supone una caída del precio de pocos céntimos.

La base de datos también muestra las rebajas de precios en productos de primera necesidad no alimentarios. Por ejemplo, un paquete de compresas con alas normal de Evax cotton like pasa de 3,85 a 3,64 euros (una rebaja de 21 céntimos, es decir, el 5,7%) o una caja de preservativos natural de Durex pasa de 7 euros a 6,62 (38 céntimos menos, mismo porcentaje que en el primer caso).

En otros supermercados ha quedado patente la falta de tiempo para poder acometer los cambios en los precios, que se ha resuelto en los carteles de manera atropellada. Por ejemplo, en los carteles de las ofertas de Dia, que se cambian cada miércoles, los porcentajes han quedado trastocados. Desde el 28 de diciembre, una malla de patatas de 3 kilos pasaba de 4,39 euros a 2,99. Sin embargo, tras la aprobación de la medida del Gobierno, en el cartel del supermercado la oferta que aparece es de 2,99 a 2,88, una rebaja del 4%, correspondiente a la supresión del IVA, en lugar del 32% que se está aplicando realmente.

En este caso, la medida del Gobierno está correctamente trasladada al consumidor; sin embargo, el cartel “esconde” la oferta original que realiza la empresa desde la semana pasada. Fuentes de Dia achacan esta eventualidad al escaso tiempo que han tenido para cambiar todos los precios de sus tiendas y al hecho de que hubiera un día festivo en medio. El supermercado ha optado por automatizar todos los carteles, por el tiempo que requería ir oferta a oferta adaptando las cifras. Por lo tanto, a lo largo de estos días, algunos productos mostrarán en sus carteles una oferta que es menor respecto a la que realmente se está aplicando.

No obstante, en otras cadenas la rebaja del IVA no se nota en todos los productos. En Carrefour, por ejemplo, este periódico ha constatado la supresión del impuesto mediante la comparación de tiques del 21 de diciembre y del 2 de enero. Por ejemplo, el litro de leche entera ha pasado de 92 céntimos a 88; la harina de trigo, de 72 a 69 céntimos, o el queso mozzarella, de 1,05 a 1,01. En todos los casos se trata de alrededor de un 4% menos. 

No obstante, la comparación de precios también constata el aumento de precios en diferentes tipos de frutas, verduras y panes. Por ejemplo, la lechuga romana ha pasado en esos días de 71 a 79 céntimos; el kilo de manzana tipo golden de 1,72 a 1,85, el manojo de puerros de 750 gramos, de 1,79 a 2,10. Esto ocurre, según ha comprobado infoLibre, con varias frutas, verduras y diversos tipos de pan. Este diario ha tratado de obtener una explicación de este incremento por parte de Carrefour, aunque al cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta. 

La medida que aprobó el Gobierno en la última semana de 2022 trata de contener parcialmente un fenómeno que ha asfixiado los presupuestos de las familias: el enorme incremento de los precios alimentarios. El estudio más reciente que da fe de este fenómeno lo hizo la organización de consumidores OCU. A finales de septiembre constató en 1.180 supermercados cómo se estaba incorporando a los precios la galopante subida de materias primas alimentarias y energéticas a sus productos.

La conclusión es que, de media, los precios habían subido un 15,2% en un año. El organismo confirmó que hay productos que incluso habían duplicado sus precios, respecto a los de septiembre de 2021, como el del aceite de girasol (118%). Entre otras subidas destacables, los plátanos de Canarias (64%), el aceite de oliva (53%), la pasta (56%) o las harinas (50%), no solo por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, sino también por la sequía, o en el caso de los plátanos, por la erupción del volcán de La Palma.  

La subida de los precios, sin embargo, fue desigual entre las distintas cadenas de distribución. El ranking estuvo liderado por La Plaza de Dia, Mercadona y Dia, más de un 15% cada uno. Los que menos subieron los precios, Alimerka, Carrefour Express y BM Urban, por debajo del 10%. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha informado de la retirada de varios productos de frutos secos (almendras, cacahuetes y cocktail) de las marcas Alesto (Lidl), Consum, Carrefour, Dia, Eagle y Eroski, de diversos lotes y las fechas de caducidad, por la presencia de cuerpos extraños metálicos en sus envases, según informa Europa Press.

Según la AESAN, estos productos afectados han sido distribuidos "ampliamente" tanto en España como en otros países, aunque por el momento no se conocen casos de personas que habiendo ingeridos estos productos hayan manifestado una sintomatología adversa.

En cualquier caso, Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra, ya que la presencia de cuerpos extraños metálicos "puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen".

En concreto, los productos afectados son: almendra frita con miel de Alesto. Bolsa de 150 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113836 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114171 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114532 del 19/2/2023 al 20/6/2023; y 1114668 del 19/2/2023 al 20/6/2023.

Cacahuetes fritos con miel de Consum. Bolsa de 150 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113906 del 27/1/2023 al 20/6/2023; 1114107 del 27/1/2023 al 20/6/2023; 1114375 del 27/1/2023 al 20/6/2023; 1114518 del 27/1/2023 al 20/6/2023; y 1114695 del 27/1/2023 al 20/6/2023.

Cacahuetes con miel de Carrefour. Bolsa de 125 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113744 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1113976 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114039 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114149 del 19/2/2023 al 20/6/2023; y 1114569 del 19/2/2023 al 20/6/2023.

Cacahuetes fritos con miel de Dia. Bolsa de 200 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1114077 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114187 del 19/2/2023 al 20/6/2023; 1114536 del 19/2/2023 al 20/6/2023; Y 1114649 del 19/2/2023 al 20/6/2023.

Cocktail a la miel y sal de Eagle. Bolsa de 75 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1114099 del 6/1/2023 al 9/04/2023; y 1114822 del 6/1/2023 al 9/04/2023.

Cacahuetes a la miel y sal de Eagle. Bolsa de 40 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113683 del 15/2/2023 al 20/6/2023; 1113746 del 15/2/2023 al 20/6/2023; 1113978 del 15/2/2023 al 20/6/2023; 1114418 del 15/2/2023 al 20/6/2023; 1114821 del 15/2/2023 al 20/6/2023.

Cacahuetes a la miel y sal de Eagle. Bolsa de 90 gramos (75+20%). Lotes y fechas de consumo preferente: 1114570 del 27/2/2023 al 06/4/2023; y 1114714 del 27/2/2023 al 06/4/2023.

Cacahuetes a la miel y sal de Eagle. Bolsa de 75 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113983 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114052 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114100 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114214 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114312 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114456 del 06/1/2023 al 01/6/2023; 1114571 del 06/1/2023 al 01/6/2023; y 1114692 del 06/1/2023 al 01/6/2023.

Cacahuetes fritos con miel de Eroski. Bolsa de 100 gramos. Lotes y fechas de consumo preferente: 1113804 del 17/3/2023 al 25/5/2023; 1114211 del 17/3/2023 al 25/5/2023; 1114417 del 17/3/2023 al 25/5/2023; y 1114619 del 17/3/2023 al 25/5/2023.

La AESAN ha trasladado esta información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y, a los Servicios de la Comisión a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a cinco cadenas de supermercados e hipermercados por limitar a los consumidores el número de unidades de aceite de girasol que pueden adquirir en cada compra, tras el inicio del conflicto bélico en Ucrania.

En concreto, los establecimientos denunciados ante las autoridades competentes en materia de comercio de distintas comunidades autónomas han sido Dia, Mercadona, MAS —la cadena andaluza del grupo IFA—, El Jamón e Hiperdino, según ha informado Facua en un comunicado, recogido por Europa Press.

De esta forma, las denuncias contra El Jamón y MAS han sido presentadas ante la Dirección General de Comercio de Andalucía —al operar exclusivamente en esta Comunidad—, mientras que la referente a la canaria Hiperdino la ha recibido la Dirección General de Comercio y Consumo de las Islas Canarias.

Por su parte, Dia y Mercadona han sido denunciadas ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, ante la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Cataluña y también ante la autoridad de comercio andaluza.

Además, Mercadona ha sido denunciada igualmente ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Comunidad Valenciana, al tener allí su sede social.

Facua ha podido comprobar que las cinco empresas han colocado mensajes en los que avisan a sus clientes de dicha limitación. "La venta de aceite de girasol se limita a tres unidades de un litro o una garrafa de 5 litros por cliente y día", advierten los carteles colocados en los supermercados de Dia.

En Mercadona hay carteles que indican "Máximo 5 L por cliente", mientras que en MAS señalan "Limitamos la venta de aceite de girasol y semillas. Máximo 5 litros por cliente y día".

Por su parte, la también andaluza El Jamón señala que "la compra de este producto está limitada a 5 unidades de 1 litro por cliente y día", mientras que en la canaria Hiperdino puede leerse que "se limita la compra por cliente y día a un máximo de 1 ud. x 5 l o 2 uds. x el resto de formatos".

Además, la asociación ha detectado que en los últimos días se está viendo un alza desproporcionado de los precios de este producto en diferentes cadenas, ya que ha registrado importes de hasta 2,98 euros el litro en el establecimiento que vende el producto a mayor precio.

En este sentido, el artículo 9.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que "los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud".

Además, el artículo 63 de la citada ley recoge como labor de las administraciones públicas comprobar "el cumplimiento de lo dispuesto" en la legislación, para "cuyo fin podrán desarrollar las actuaciones inspectoras precisas" y podrán "sancionar las infracciones cometidas".

De esta forma, Facua insta a las diferentes autoridades de protección autonómicas que realicen las averiguaciones que sean oportunas en su ámbito territorial e inicien los correspondientes expedientes sancionadores.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha declarado investigados al ex consejero Delegado del Grupo DIA, Ricardo Currás, a su número 2 Amando Sánchez Falcón, por administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la compañía en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

En el auto, notificado esta semana, el instructor dirige asimismo el procedimiento a instancias de Fiscalía Anticorrupción contra los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de DIA puestas en cuestión.

Según explica, "para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del EBITDA, Currás ideo un plan –que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas– para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos".

La investigación detecta cuatro de esas prácticas que imputa directamente al exCEO de la compañía: previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros; una incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones; la eliminación no justificada de la provisión de Facturas Pendientes de Recibir por 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.

"El resultado final del plan trazado y ejecutado, conllevó que las cuentas individuales de DIA en el ejercicio 2017 ofreciesen una imagen que no se correspondía con la real de la matriz, lo que se trasladó a las cuentas consolidadas del ejercicio, así como tuvo reflejo en la proyección de objetivos para el ejercicio 2018", recoge el auto.

Como en 2018 no se conseguía alcanzar la cifra de objetivos, una vez cesado Currás se inició una investigación en DIA España para descubrir las causas que motivó la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la necesidad de una reexpresión de las cuentas de 2017 cuando se cerrasen las de el ejercicio en curso.

Peritos y testigos declaran primero

El resultado fue un ajuste aproximado de 56 millones de euros en el patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2017 lo que, desde el punto de vista de su cotización bursátil conllevo que el precio de la acción sufriese una variación a la baja del 42,22% al cierre del día 15 de octubre –primer hecho relevante– y del 24,50% al cierre del 22 de octubre –segunda comunicación a la CNMV–.

"Tras la investigación llevada a cabo se puede concluir que de los ajustes que se incorporaron a los Estados Financieros de Grupo DIA correspondientes al ejercicio 2017, cuatro de ellos tienen su origen en prácticas contables irregulares ideadas por Ricardo Currás, los cuales, considerados a nivel agregado, supusieron una alteración artificial del EBITDA de 2017 por un importe de 51,8 millones de euros, del total de 69,7 millones de euros de ajustes que se han incorporado a las Cuentas Anuales, netos del efecto fiscal", concluye el instructor.

En el auto, acuerda la práctica de las primeras diligencias y cita el 27 de enero a los tres peritos que han elaborado informes sobre las cuentas de DIA en el marco de la investigación abierta en Fiscalía Anticorrupción, así como llama el día 28 en calidad de testigos a los trabajadores de la mercantil Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña, en tanto que habrían recibido instrucciones de Currás para las maniobras contables objeto de las pesquisas.

Dia alcanzó unas ventas brutas bajo enseña en España de 2.500,2 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un descenso del 7% respecto a un año antes, según ha informado este lunes la compañía, que ha anunciado además la puesta en marcha de un proceso de despido colectivo para El Árbol, que afecta al cierre de las tiendas Max Descuento y a un máximo de 210 empleados.

Asimismo, las ventas netas descendieron también un 7% en España, hasta los 2.078,7 millones de euros, "muy afectadas" por la situación de falta de existencias y el "fuerte" descenso de la inversión en promoción, entre otros factores.

Esta evolución negativa se ha visto impulsada por una caída del 6,8% de las ventas comparables, mientras que el espacio comercial durante el periodo también descendió un 6,9%.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado generado en España disminuyó un 87,9%, hasta los 18,1 millones de euros, lo que refleja, según la firma, una erosión del margen de 580 puntos básicos hasta el 0,9%, "muy afectado" por los impactos excepcionales de -18,3 millones de euros.

El número de tiendas disminuyó en 315 en España, al pasar de 4.684 a 4.369, tras la apertura de ocho nuevas tiendas y el cierre de 323 en los últimos seis meses.

Cierre de Max Descuento

Por otro lado, la compañía, que ha presentado este jueves sus primeros resultados tras materializarse la OPA de Letterone, sociedad del inversor ruso Mikhail Fridman, con casi el 70% de la cadena de supermercados, ha iniciado un proceso de despido colectivo para su filial Grupo El Árbol Supermercados y Distribución, que afecta principalmente al cierre de las tiendas Max Descuento y que podría afectar a un máximo de 210 empleados.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la compañía, la compañía planea cerrar las 30 tiendas de Max Descuento que no logró vender, tras desprenderse únicamente de cuatro establecimientos.

Dia tenía puesto el cartel de 'se vende' para Max Descuento, cuyas tiendas ahora cerrarán, y para Clarel, si bien la compañía decidió dar marcha atrás y apostar por esta última enseña, con cerca de 1.300 tiendas en España y Portugal, para que siga formando parte de la compañía.

Dia registró unas pérdidas netas de 418,67 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone multiplicar por catorce los 'números rojos' de 29,48 millones de euros que se anotó un año antes.

La cadena de supermercados ha achacado este resultado al "fuerte" impacto negativo en los resultados relacionado con el "importante" descenso de las ventas y también por los efectos excepcionales registrados durante el período por las diferentes medidas adoptadas para establecer una base "adecuada" y dar un cambio de rumbo a largo plazo al grupo.

Ello se traducirá, según ha explicado la firma, en efectos "positivos" visibles sobre las ventas y en la rentabilidad a medio y largo plazo.

Entre enero y junio, las ventas netas alcanzaron los 3.400 millones de euros, lo que supone un descenso del 7%, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 33,2 millones de euros, un 83,9% menos.

Asimismo, las ventas brutas bajo enseña cayeron un 18,3%, hasta los 4.250 millones de euros, mientras que las ventas comparables lo hicieron en un 7,8%, mostrando una tendencia negativa y un "fuerte" deterioro, debido a los niveles de falta de 'stock' en las tiendas y almacenes por la "complejidad" del entorno de negocio.

La deuda neta total a finales de junio de 2019 ascendía a 2.507,2 millones de euros, de los cuales 689,3 millones de euros correspondían a la aplicación de la nueva norma contable NIIF 16, y 128,5 millones de euros a los préstamos con participación en beneficios recibidos de su principal accionista, Letterone, que se convertirán en Fondos Propios una vez que se produzca la ampliación de capital de 600 millones de euros.

Así, la deuda financiera neta se sitúa en 1.817,9 millones de euros a finales de junio de 2019, lo que supone 361,7 millones de euros más que a finales de 2018.

A finales de junio, Dia operaba un total de 6.809 tiendas, 629 menos que al cierre del mismo periodo del año anterior, acumulando 34 nuevas aperturas y 663 cierres durante el periodo.

El Grupo Dia retiró "de forma preventiva" el pasado 10 de agosto el lote de atún en aceite de girasol de 900 gramos 19/154 023 02587, fabricado por Frinsa y con fecha de caducidad de diciembre de 2022, tras el aviso de una posible contaminación con la toxina botulínica. Un análisis en el Centro Nacional de Alimentación realizado este jueves ha confirmado la presencia de esta toxina en una única lata, informa Europa Press.

Según la información de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, se han registrado cuatro casos en Castilla y León por consumo de una ensaladilla casera que contenía la lata de atún donde se ha detectado la sustancia tóxica. Tres de ellos ya han sido dados de alta y "no hay constancia" de más afectados.

Todo el lote que ha sido retirado está compuesto por 3.420 unidades, según han precisado fuentes de Dia a Europa Press, pero solo se ha detectado la toxina botulínica en la lata que consumieron los afectados. En un año, la compañía distribuye "aproximadamente 1,3 millones" de este tipo de latas. Los productos, ya inmovilizados, se distribuyeron a establecimientos de Dia en Asturias, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde en cualquier caso ya no se pueden adquirir.

Ante las primeras sospechas, la AESAN activó el pasado 9 de agosto la alerta sanitaria a nivel nacional. En base a estas sospechas, Grupo Dia ha pedido a sus clientes que hayan adquirido el lote que "devuelvan el producto en su tienda más cercana". De forma "proactiva", Dia ha anunciado que "va a contactar con los clientes susceptibles de haber adquirido este producto utilizando todos los canales que sean necesarios". "Hemos estado en permanente contacto con las autoridades sanitarias, 24 horas al día", añaden fuentes de la compañía.

"Dia lamenta profundamente los inconvenientes que haya podido causar a sus clientes y avanza que seguirá manteniendo los más altos estándares de exigencia en la calidad y seguridad alimentaria en todos sus procesos", se ha defendido la cadena de supermercados en un comunicado. La empresa puntualiza que esta toxina "solo se produce en la materia prima, cuando se está trabajando con el atún; es imposible que se produzca en un frigorífico o al trasladarla de un sitio a otro". Por eso, apuntan que la toxina "se desarrolló en el proceso de fabricación y no se eliminó".

Tanto la AESAN como Dia han insistido en que todas las personas que tengan en su domicilio el lote retirado "se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de venta". Dia se ha comprometido a recuperar el producto implicado que pueda estar en posesión de sus clientes.

La compañía también ha puesto a disposición de los clientes un teléfono para cualquier duda que puedan tener a través del Servicio de Atención al Cliente en el número 912170453, que "estará disponible 24 horas al día".

La Xunta inspeccionó Frinsa después de la alerta y no detectó "ninguna anomalía" en el tratamiento para las conservas

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade realizó, después de recibir la alerta, una inspección en Frinsa del Noroeste, la empresa proveedora de las latas de atún, y no detectó "ninguna anomalía" en el tratamiento para las conservas, tras verificar los controles de producción y los procesos de esterilización.

De ello informa en un comunicado de prensa la consellería, que indica que después de la notificación por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, comenzó "con carácter inmediato" a recabar información "complementaria", al igual que el resto de comunidades requeridas.

Asegura que identificó "que todo el producto implicado fue suministrado" a DIA, empresa distribuidora, "no existiendo más existencias fuera de ese distribuidor".

Y añade que "paralelamente" mantuvo "contacto permanente" con la comunidad autónoma de Castilla y León para "evaluar la trazabilidad de los restantes productos empleados en el menú que supuestamente causó esta intoxicación puntual".

Nueva inspección este viernes

Saúde Pública realizó en la mañana de este viernes una nueva inspección "complementaria", al recibir la comunicación de la agencia de la confirmación de la presencia de toxina botulínica en la muestra del producto abierto y empleado en el plato elaborado por los pacientes. Los casos se detectaron en Castilla y León y los pacientes fueron ingresados en el Complejo Asistencial de Salamanca y de Zamora.

"Esta visita a la industria de hoy por la mañana tuvo por objeto verificar el mantenimiento preventivo al que se somete el autoclave en el que se elaboró el lote identificado previamente", explica Sanidade.

El departamento autonómico también ha solicitado a la empresa un nuevo estudio de distribución de temperatura y test de penetración del calor del autoclave implicado, con el objeto de verificar "el correcto funcionamiento del mismo".

La agencia trasladó el día 12, según la Xunta, a las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Madrid y Galicia "una alerta ante la sospecha de cuatro casos de botulismo por una posible intoxicación alimentaria, después de una comida familiar en la que el menú incluía ensaladilla". La inspección en Frinsa se realizó el día 13.

Frinsa afirma que es "imposible" que la lata esté contaminada por sus procesos y destaca que el resto del lote está bien

Frinsa asegura que es "imposible" que la lata de atún en aceite de girasol en la que se ha encontrado toxina botulínica esté "contaminada" debido a sus procesos de fabricación, pues destaca que el resto del lote de más de 3.400 conservas se encuentra en estado óptimo.

Así lo han apuntado fuentes de la compañía gallega a Europa Press, que aseguran que "es imposible que una lata tenga botulismo y la de al lado no, porque el pescado es el mismo".

La empresa garantiza que se realizan todos los controles de calidad "más allá" de los requeridos por la ley, mientras remarca que "la administración ha acreditado la idoneidad de los procesos productivos en relación con este asunto".

De tal forma, pone el foco sobre que hay "una única lata que fue previamente abierta y manipulada por el consumidor", mientras "el análisis del resto del lote ha resultado absolutamente satisfactorio". "La lata no estaba contaminada debido a nuestros procesos", deja claro Frinsa.

Además, la compañía remarca que "esta toxina que produce la bacteria causante del botulismo es muy raro que se dé en pescado en conserva. Es mucho más probable en verduras, hortalizas o en salmueras de pescado en conserva".

Por ello, cree "imposible" que hubiese algún problema en su fabricación y que solo afectase a una lata. "Que se pudo contaminar después debido a que se dejó abierta o se mezcló con lo que sea, pues, puede ser, los alimentos se estropean si no se conservan adecuadamente", explica. "Si usted lo mezcla en una ensaladilla y luego lo devuelve a la lata ya está contaminado por lo que fuera", agrega.

"Si el lote está bien, la lata está bien", sostiene. Finalmente, la empresa que realiza conservas de marca blanca para cadenas como Dia resalta su "colaboración absoluta" con las administraciones desde la detección del problema.

Las 35 compañías del IBEX, el selectivo de la Bolsa española, ganaron en 2017 un total de 45.000 millones de euros, un 11% más que el ejercicio anterior. Sólo una cerró sus cuentas en rojo: Siemens Gamesa, que perdió 12,8 millones. Por el contrario, Acerinox triplicó sus beneficios, mientras que Colonial y Merlin casi los doblaron. Sus plantillas, no obstante, crecieron mucho menos, un 4,3%, y en la mayor parte de los casos el aumento se debió a operaciones de compra o fusiones con otras empresas. En total, las mayores compañías españolas emplean a 1,43 millones de personas, de las que el 61% se encuentra en el extranjero, como resultado de su creciente internacionalización.

Al timón de esta élite corporativa se encuentran también los consejos de administración mejor remunerados. En ellos se sientan 438 personas que cobran una media de 786.000 euros al año. Sólo el 23,3% son mujeres. Aunque consejeras ejecutivas únicamente hay tres: Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Dolores Dancausa en Bankinter y Cristina Ruiz Ortega en Indra.

Esa retribución media aumentó un 15,8% en 2017 respecto al año anterior, según el análisis de los indicadores del buen gobierno en las empresas del IBEX que ha elaborado la Fundación Primero de Mayo junto con la Secretaría de Protección Social de CCOO. En comparación, el gasto salarial medio de estas grandes compañías creció sólo un 4,1%, hasta situarse en 34.600 euros por trabajador. Es decir, lo que se gastan de media las empresas del selectivo bursátil en remunerar a sus consejos de administración ha subido casi cuatro veces más que la partida destinada a pagar a sus plantillas.

No obstante, en el club de las mejores compañías también hay diferencias notables. Las retribuciones medias por consejero más altas las abonan el Banco Santander, con 2,2 millones de euros, seguido de ACS, con 2,1 millones y Acciona, con dos millones. Las más bajas, AENA –que es semipública– con 19.000 euros, y Acerinox, con 161.000 euros. Pero las empresas que más aumentaron los sueldos de sus consejeros en 2017 fueron Abertis, que las disparó un 173,4%, Acciona, un 144,6%, y ACS, que las subió un 114,6%. Si en el caso de la compañía de Florentino Pérez el consejo de administración se amplió con dos nuevos miembros, los de Acciona y Abertis mantuvieron su tamaño. Las retribuciones totales de los consejeros de la compañía de José María Entrecanales pasaron de 9,1 millones de euros en 2016 a 22,4 millones un año después. Las pagadas al consejo que preside Marcelino Fernández Verdes crecieron aún más: de 5,2 millones a 14,2 millones de euros.

Otro tanto ocurre con los sueldos pagados a sus trabajadores. El gasto salarial medio más elevado es el de Merlin Properties, 165.000 euros. Colonial llega a los 115.000 euros al año por empleado y es, además, la empresa que más aumentó este capítulo en 2017, una subida de 10.665 euros en términos absolutos. En el otro extremo, los farolillos rojos del IBEX en materia salarial son Dia, que sólo gasta 15.000 euros anuales en retribuir a cada uno de sus trabajadores; Meliá Hoteles, que llega a 18.000 euros, e InditexInditex, que sube a 19.000. No obstante, Siemens Gamesa encabeza la lista de las compañías que más bajaron su gasto salarial, un 34,3%, ya que tras fusionarse la alemana y la española en abril de 2017, la plantilla creció un 68% pero el gasto en salarios sólo lo hizo un 5%. En el caso de Bankia, que redujo la partida un 4,2%, la fusión con BMN provocó un efecto reductor similar.

Isla cobra 463,8 veces más que un empleado medio de Inditex

El informe de la Fundación Primero de Mayo pone en relación la retribución media de los consejeros y el gasto medio de personal, y de la comparación resulta que, de media, en las empresas del IBEX 35 la primera representa 15,3 veces el segundo. Y esa distancia creció un 15% en 2017. Aunque las diferencias entre compañías son notables. En Inditex la ratio alcanza los 60,8 puntosratio, en Acciona los 50,9 y en ACS, 49,5. Donde la brecha resulta menor es en AENA, con sólo 0,5 puntos –sus consejeros no reciben remuneración–, y en Merlin, con 2,5 puntos –los dominicales no cobran y su gasto salarial medio es el más alto del IBEX–.

Si la comparación se realiza con el primer ejecutivo –presidente o consejero delegado– de estas empresas, la ratio se dispara. Un primer ejecutivo cobra 86,6 veces la retribución media de sus empleados, un desfase que aumentó un 8% respecto en 2017. Como se trata de una media, la brecha puede llegar a ser formidable en sus extremos: la retribución de Pablo Isla, presidente de Inditex, es 463,8 veces la remuneración media de sus empleadosla retribución de Pablo Isla. Hay que recordar que la textil gallega es una de las compañías del selectivo bursátil con el gasto salarial más bajo –sólo 19.000 euros anuales por trabajador– mientras que la remuneración de su primer ejecutivo es la tercera más alta –10,69 millones de euros–. En Acciona, la ratio es de 356,2 puntosratio y en Indra, pese a ser pública en un 18,75%, alcanza 211,5 puntos. En cambio, en AENA, también pública –el 51% de su capital pertenece al Estado–, el sueldo de su primer ejecutivo equivale sólo a 3,4 veces el gasto medio en personal.

Respecto a los miembros de la alta dirección del IBEX, la distancia con el resto de la plantilla es incluso superior al que mantiene con los consejeros: 18,2 veces superior, casi un 3% más que el ejercicio anterior. En Inditex, una vez más, la brecha se ensancha hasta los 71 puntos. En el Banco Santander, hasta los 48,4. En Indra, además, las retribuciones de la alta dirección se elevaron un nada despreciable 126% en 2017, mientras que el gasto medio de personal cayó un 1,3%. En Abertis y Acciona, las remuneraciones de estos ejecutivos subieron mucho más –un 189% y un 37,5%, respectivamente– que el gasto de personal –un 10,2% y un 7,7%–.

Pero consejeros y altos ejecutivos no sólo tienen remuneraciones récord y grandes aumentos anuales, sino también blindajes frente al despido. De las 35 grandes, sólo cuatro empresas declaran carecer de ellos: ACS, AENA, Bankinter y Mapfre. En 2017, el número de contratos blindados en el IBEX ascendía a 816, un 7% más que el año anterior. De ellos, casi la mitad –el 45,6%– corresponden a sólo dos compañías: Repsol, con 241, y Siemens Gamesa, con 131. A considerable distancia les siguen Grifols –73– y el BBVA –60–. Tras la fusión y pese a sus pérdidas, Siemens Gamesa ha multiplicado casi por seis el número de sus blindajes, al pasar de 23 a los 131 antes citados. Pero, por lo general, casi todas las empresas los han recortado; la que más, Merlin –nueve menos– e Iberdrola –11 menos–.

Sólo ocho mujeres ejecutivas en el IBEX

Otra brecha marcada en la élite del IBEX es la de género. Si en los consejos de administración sólo el 23,3% son mujeres –pese a que en 2017 se incorporaron 15 nuevas consejeras–, entre la alta dirección su presencia es aún menor, un 14,6%, sólo ocho ejecutivas más en un grupo que componen 424 personas. De hecho, Acerinox, Merlin y Siemens Gamesa no tienen ninguna mujer en sus equipos directivos. Acciona, Banco Santander e Inditex, las que poseen más presencia femenina entre sus altos ejecutivos, sólo cuentan con cuatro mujeres cada uno. No obstante, los equipos de dirección de Colonial y Red Eléctrica son  paritarios, con dos y una mujer, respectivamente. Por establecer una comparación del perfil de algunas de estas empresas, vale la pena destacar que el 75% de la plantilla de Inditex es femenina, como el 64% de la de Dia –pero sólo posee una alta directiva– y el 60% de la de Colonial.

El informe analiza igualmente el pago de dividendos en 2017, que alcanzó la cifra de 23,9 millones de euros. Todas las empresas menos Indra y Siemens Gamesa remuneraron a sus accionistas ese año. Pese a que el abono de dividendos cayó un 2,65% respecto a 2016, la cantidad repartida aún equivale al 51% de los beneficios consolidados del IBEX. Aunque en algunos casos, la retribución a los accionistas duplicó ese porcentaje: Ferrovial, Dia y Mediaset repartieron dividendos por encima de sus ganancias. Pero los que más crecieron fueron los distribuidos por AENA, un 49% respecto al ejercicio anterior.

Las acciones de la cadena de supermercados Dia se disparaban casi un 60% en los primeros compases de la sesión después de que L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de Dia, haya lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del grupo de alimentación que no posee, ha informado Europa Press.

En concreto, los títulos de Dia subían un 57% a las 9.29 horas y se intercambiaban a un precio de 0,67 euros, el mismo que ha ofrecido el inversor ruso en su oferta. En un año, las acciones de Dia, que cotizan en el Mercado Continuo desde 2018, han perdido un 89% de su valor en Bolsa.

La OPA se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.

El precio ofrecido de 0,67 euros supone una prima del 56,1% respecto al que cerraron este lunes los títulos de Dia, según ha informado la firma de inversión. No obstante, este precio es un 82% inferior al precio más alto pagado por L1 Retail (3,73 euros) por acciones de la cadena de supermercados en los doce meses previos al anuncio de esta operación. Dado que se trata de una oferta voluntaria, no se requiere que el precio tenga la consideración de 'precio equitativo'.

Esta OPA forma parte de un plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, que consta además de otras dos partes. La primera es el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionado al resultado positivo y la posterior liquidación de la OPA voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora.

La otra parte es un plan de rescate integral para garantizar el futuro de Dia, basado en seis pilares, liderado y supervisado por L1 Retail, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años. Los seis pilares que incluye el plan son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing.

L1 Retail ha asegurado que está dispuesto a trabajar con el consejo de administración de Dia, sus bancos acreedores, y demás grupos de interés en la implementación de dicho plan.

Las multinacionales españolas están obligadas, desde 2017, a presentar información sobre sus negocios en todos y cada uno de los países en que operan. También las grandes compañías europeas. Las directivas comunitarias, poniendo negro sobre blanco las medidas incluidas en el Plan BEPS de la OCDE contra la erosión de la base imponible, están acotando los márgenes de que disfrutan las grandes compañías para eludir el pago de impuestos mediante la ingeniería financiera y los paraísos fiscales. La última iniciativa es del pasado 13 de marzo, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron un proyecto de directiva que obliga a auditoras, asesores fiscales y abogados a informar a las autoridades de cada país de las operaciones que puedan considerarse planificación fiscal agresiva.

Pero las compañías se lo están tomando con calma. La Fundación Compromiso y Transparencia ha analizado las prácticas de una muestra de 35 multinacionales implantadas en España y los resultados no han sido muy aleccionadores. Sólo dos de ellas informan sobre los impuestos que pagan en España. Se trata de Heineken y Leroy Merlin.

La cervecera explica en su informe de sostenibilidad que en 2015 pagó un 26,59% de “tasa efectiva de impuestos”. Y cifra en 311 millones de euros su factura fiscal, de los cuales el 38% corresponde al IVA, el 27% a impuestos especiales, el 10% al impuesto de sociedades y el 2% a otros impuestos. En la presentación de resultados de 2016, Leroy Merlin dice que abonó un total de 238,6 millones de euros a Hacienda: 105 millones en concepto de IVA, 69,6 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, 23,7 millones por el impuesto de sociedades, 19,6 millones en el IRPF y 20,1 millones por otros impuestos.

Además, tampoco desvelan detalles sobre cuál es, en general, su política fiscal 29 de las 35 multinacionales estudiadas. Y ocultan su política de compras y si sus proveedores son locales 30 de ellas. Tampoco son muy explícitas a la hora de hacer público el importe de sus inversiones en España: sólo Airbus, Amazon, Leroy Merlin y Nestlé precisan proyectos y volúmenes. Ni siquiera revelan su número de empleados en el país: 19 compañías silencian el dato. “Algunas de estas empresas presumen de llevar más de un siglo radicadas en España, pero no hacen nada por informar de la riqueza generada y distribuida gracias a su actividad”, lamentan los autores del informe.

De las 35 multinacionales bajo la lupa –el mismo número de empresas que integran el ÍBEX, el selectivo de la Bolsa española–, la fundación califica de “opacas” a 29 de ellas. Las catorce menos transparentes son las tecnológicas Apple y Google, la cementera Cemex, Coca Cola, Decathlon, la química Dupont, las automovilísticas Ford, Nissan, Peugeot, Volkswagen y Volvo, la farmacéutica Pfizer, la petrolera Total y la tabacalera Imperial Tobacco.

Las españolas tampoco informan

Las multinacionales españolas se parecen mucho a sus competidoras internacionales en su aversión a la transparencia. El informe de la fundación analiza cada año los mecanismos con los que divulgan información sobre su actividad y resultados las compañías del ÍBEX 35. La mitad de ellas, un total de 17, no publican ni en su informe de responsabilidad corporativa ni en el de sostenibilidad ni en un documento específico los impuestos que pagan en cada uno de los países donde tienen negocios, tampoco las subvenciones recibidas. Además, 20 de las 35 no informan de si tienen litigios fiscales y denuncias por evasión fiscal en esos países. Y las que sí, lo hacen “de manera poco detallada, escondida en las cuentas anuales y acompañada de frases exculpatorias de carácter genérico que señalan que las actuaciones se han ajustado a derecho y que, de haber discrepancias, los pasivos no afectarán a los resultados económicos”, protestan los autores del estudio.

Son más aún, 23, las grandes empresas que no informan si están presentes en territorios considerados paraísos fiscalesparaísos fiscales. Una vez más, las que publican datos sobre su actividad en centros financieros de baja o nula tributación y baja o nula transparencia fiscal lo hacen de forma ciertamente desganada, con “manifestaciones generales sobre la evitación de adquirir, constituir o hacer uso de estructuras societarias opacas y residentes en paraísos fiscales”. Es lo que ocurre con el BBVA –con actividad en Islas Caimán–, Caixabank, Endesa –Holanda y Luxemburgo–, Iberdrola –Delaware– y Repsol –Bermudas, Liberia, Islas Caimán y Mauricio–, Acerinox –Dubai, Singapur, Hong-Kong, Suiza y Luxemburgo–, ACS –Macao, Islas Caimán, Fiyi, Gibraltar, Hong-Kong, Panamá y Singapur–, Gas Natural Fenosa –Islas Caimán–, Indra –Bahrein, Hong-Kong, Omán y Panamá– y Banco Santander –Jersey, Gernesey, Isla de Man, Islas Caimán–. Tampoco cuentan si aplican mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales 15 grandes empresas del ÍBEX.

Aunque se trata de un movimiento voluntario, de las 140 empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, sólo nueve pertenecen al selecto club del ÍBEX. Y únicamente tres de ellas han presentado el informe anual de transparencia fiscal a dicha agencia: BBVA, Red Eléctrica y Repsol. Endesa y Bankia se limitan a anunciar que los harán en “futuros ejercicios”.

Auditoras que también son asesores fiscales

Como resultado de la última norma comunitaria que pone el punto de mira sobre los intermediarios que hacen posible la elusión fiscal, el informe analiza también la transparencia de las empresas del ÍBEX sobre sus auditoras. Y resulta que 27 de ellas, el 77% del índice, no explican si poseen mecanismos para preservar la independencia de los auditores externos. En ninguno de los informes donde deberían estar detallados: ni en el informe anual de gobierno corporativo, ni en el informe de la comisión de auditoría, ni en el informe sobre la independencia de los auditores que exige la Ley de Sociedades de Capital. Las empresas están obligadas a revelar si las auditoras también realizan para ellos servicios de asesoría fiscal o de consultoría. Pero sólo ocho compañías del ÍBEX respetan esa incompatibilidad. Por el contrario, Abertis, ACS, Amadeus, Banco Santander, DIA, Ferrovial, Gas Natural Fenosa e Inditex tienen contratadas a alguna de las cuatro grandes auditoras internacionales –Deloitte, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG– para auditar sus cuentas y recibir al mismo tiempo servicios de asesoría fiscal.

El informe destaca que este conflicto de intereses “terminará afectando a la reputación” de las empresas “a la vista de las cada vez mayores evidencias que demuestran el activo papel que tienen las Big Four [las cuatro auditoras citadas] como promotoras de los paraísos fiscales y de los modelos de planificación fiscal agresiva”. Los autores del informe no dudan en asegurar que esas cuatro grandes auditoras “son los principales arquitectos de la planificación fiscal agresiva de la multinacionales” y se apoyan en un informe financiado por el Parlamento Europeo y en un estudio publicado en The Journal World Business para advertir de que “contratar con una Big Four constituye por sí mismo un riesgo fiscal”.

Otras 10 compañías, entre ellas Acciona, Banco Santander, Caixabank, Mapfre, IAG y Meliá, ni siquiera informan sobre los servicios adicionales que contratan con sus auditores externos. La fundación se queja del escaso detalle de los informes que elaboran las comisiones de auditoría de las empresas del ÍBEX, así como de que la Guía técnica sobre comisiones de auditoría de interés público, publicada por la CNMV en 2017, “apenas preste atención a los riesgos fiscales”.

El informe elabora un ránking de transparencia sumando todos los indicadores analizados en las 35 mejores empresas. Considera “opacas” a un total de 13. Las más herméticas son Meliá Hotels y Técnicas Reunidas. Les siguen IAG, Merlin Properties y Viscofán. Entre los bancos, el menos transparente es el Sabadell. Por el contrario, señala a Iberdrola y Telefónica como las más abiertas, seguidas de Mediaset y Repsol. Entre los bancos, los más transparentes resultan ser Bankia y BBVA.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha recibido las cuentas de ocho de las 35 empresas del IBEX relativas a los tres primeros trimestres de 2017.

Hasta septiembre, entre las que más beneficios registran respecto al mismo período del año pasado están Caixabank (53,4%), Enagás (18,4%) y Mediaset (10,8%).

A excepción de Mapfre y el Grupo DIA, todas estas grandes firmas han visto crecer sus beneficios netos -ganancia tras pagar todos sus gastos e impuestos- con respecto a los del año anterior.

La referencia global más próxima en el tiempo son las ganancias del primer semestre del año, en el cual la totalidad del selectivo registró un beneficio de 22.663,19 millones. Esto supuso un 21,2% más que en las mismas fechas de 2016 y que ninguna de las compañías registrara un resultado negativo hasta junio.

Solo Mapfre y DIA bajan sus beneficios, pero ninguna pierde

Si bien ninguna de las compañías del selectivo madrileño ha registrado un resultado negativo hasta la fecha, el Grupo DIA logró un beneficio neto atribuido de 103,1 millones de euros durante los nueve primeros meses del año. Esto supone un 11,7% menos para la cadena de supermercados que en el mismo periodo de 2016.

Por su parte, Mapfre registró el descenso más acusado, un beneficio neto de 445 millones de euros y un descenso porcentual del 22,3% respecto a las ganancias del pasado ejercicio.

Una familia española puede ahorrar una media de 909 euros al año en la cesta de la compra dependiendo del establecimiento en el que compre, lo que supone casi la quinta parte del gasto anual en alimentación de un hogar medio (unos 4.783 euros al año), según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

Por cadenas, Supermercados Dani es la más barata, seguida de Cash & Fresh, Alcampo, Familia y Supeco, mientras que Sánchez Romero, Ulabox y Sorli Discau son las más caras.

Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Almería y Puertollano, seguidas de Ciudad Real, Jaén, Vigo, Logroño, Burgos, Granada y Sevilla. Por el contrario, Palma de Mallorca, Barcelona, Badalona-Santa Coloma y Teruel son las más caras.

Por comunidades autónomas, La Rioja y Galicia son las comunidades más baratas para hacer la compra, en tanto que Cataluña y Baleares son las más caras.

El informe, que analiza casi 164.000 precios de una cesta de 233 productos de 1.137 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional e Internet, concluye que los consumidores pueden ahorrarse 909 euros al año si eligen los establecimientos más baratos de su ciudad, cifra 24 euros inferior a la del año anterior debido al ligero aumento en la homogeneidad y la convergencia de las cadenas.

Mientras los gestores de DIA intentaban convencer a posibles inversores y analistas, en su Capital Markets Day tanto en Madrid como Londres, del brillante futuro que espera a las acciones de la cadena de distribución, los franquiciados que la culpan de su ruina reanudaban una ya larga batalla contra la enseña de supermercados de bajo coste. Las asociaciones que los agrupan han identificado hasta el momento 441 tiendas cuyos franquiciados han tenido que abandonar el negocio tras sufrir graves problemas con la marca. Según los datos que han podido recopilar entre los afectados, señalan que hay 35 tiendas por las que han pasado 91 franquiciados. Es decir, cada supermercado ha tenido casi tres franquiciados de media desde 2011.

En algunos casos, la rotación ha sido mucho mayor. Una tienda de Barcelona ha tenido ocho franquiciados en 10 años. Otra en A Coruña llegó a los 12, puesto que hubo dos de ellos que no duraron más de seis meses.

DIA niega estas cifras. No facilita datos de rotación en sus tiendas, pero asegura que la antigüedad media de sus franquiciados es de seis años y que algunos de ellos llevan más de 12 con la enseña. También explican que la cadena no podría soportar que un 19% de sus tiendas estuvieran cerradas durante el tiempo que media entre el abandono de un franquiciado y la entrada del siguiente. Según las asociaciones de afectados, en la actualidad 16 de esas 441 tiendas se encuentran cerradas.

En efecto, la salida de un franquiciado puede demorarse hasta cuatro meses “porque DIA tarda mucho tiempo en mandar la documentación, facturas, etcétera, que se le pide, antes de devolverle las llaves”, explican Ángela Pérez y Elías Carcedo, abogados que han llevado en los tribunales algunos casos contra la cadena de distribución. En ocasiones DIA también se niega a hacer un inventario de las mercancías, añaden los letrados.

DIA reconoce que mantiene abiertos 10 litigios con antiguos franquiciados, de los que ha ganado tres en primera instancia. Al tiempo, ha entablado pleitos contra 15 de sus antiguos socios comerciales, a quienes reclama 1,7 millones de euros. Por su parte, los franquiciados llevan dos años con una querella en un juzgado de Vic (Barcelona). Una veintena de perjudicados están a la espera de que el nuevo juez al frente empiece a pedir testimonios. Este juzgado intentó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del caso, dado el alto número de afectados y su extensión por todo el territorio nacional. En vano: no consideró que el perjuicio económico tuviera el alcance nacional que la ley exige para declararlo de su competencia. Según DIA, este grupo de franquiciados le adeuda 925.000 euros. “Ocho de ellos ya han firmado un acuerdo de resolución y liquidación”, explica un portavoz de la empresa.

Por el contrario, en otras ciudades, como Alicante, a DIA no le ha ido tan bien. La cadena franquició el supermercado que tenía en un mercado de propiedad municipal a uno de sus empleados, a quien cedió el uso del local pese a que la concesión que había obtenido del Ayuntamiento se lo prohibía.  El consistorio abrió expendiente y sancionó a DIA por este motivo. El franquiciado se negaba a devolver a la empresa las llaves del establecimiento –donde se guardaban bienes propiedad del primero– y el juez le dio la razón: la cadena pretendía conseguir el local antes de que se hubiera dilucidado el objeto del pleito. Tras la quiebra del franquiciado, la empresa le reclamaba en el juzgado una deuda de 71.275 euros.

En la Audiencia Provincial de Madrid también se dirime el caso de una trabajadora de DIA a la que la cadena le puso ante la disyuntiva de ser despedida o quedarse con la tienda en la que estaba empleada. Cuando reclamó a la empresa porque las cuentas no eran las prometidas, DIA le ofreció una segunda tienda en lugar de la primera. Pero finalmente no fue así, asegura Ángela Pérez. “Nos dijeron que ambas tiendas iban de la mano y que no podían resolver la primera”, detalla. La empresa le reclama una deuda de 181.573 euros.

Cuenta de explotación falsa

Los franquiciados que demandan a DIA dicen ser víctimas de una estafa. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan antes de firmar es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debe estar basada en datos reales. Además, la empresa les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar, detallan.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola a un precio muy inferior al cliente que acude con sus múltiples cupones. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida.

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Transforma 243 de sus tiendas propias en franquicias

Por el contrario, la cadena de supermercados argumenta que sólo en España ha pasado de 1.005 a 2.147 franquicias de la marca DIA –tiene otras como las tiendas de perfumería Clarel– desde 2010. Es decir, ha más que duplicado el número de locales franquiciados en seis años, de forma que, en la actualidad, el 60% de las tiendas DIA en los cinco países donde está presente –España, Portugal, Argentina, Brasil y China– son de este tipo. En España equivalen al 52% de sus establecimientos. Esos números le sirven a DIA para presumir de ser “la primera franquiciadora de España y la tercera de Europa en el sector de la distribución”. Sólo el año pasado DIA transformó 243 de sus tiendas propias en franquicias.

Además, la cadena sostiene que su política de relación con las franquicias se basa en “la veracidad de la información difundida y el cumplimiento de los acuerdos suscritos” con los socios, así como en su “independencia jurídica y patrimonial”. “La resolución de discrepancias está basada”, continúa la empresa en su última memoria anual, “en la buena voluntad, la comunicación y la negociación de ambas partes, favoreciendo el diálogo y las soluciones de conciliación”. Finalmente, se remite a una encuesta a sus franquiciados que la consultora Nielsen elabora cada año, según la cual el 48% de ellos “se encuentran satisfechos respecto a las expectativas iniciales puestas en el negocio”.

No obstante, DIA reconoce que ha cerrado en España y Portugal –no proporciona datos de España en solitario– 33 tiendas sólo en el cuarto trimestre de 2016 y otras 10 en el primer trimestre de este año porque “sus niveles de rentabilidad no eran satisfactorios”. El número de supermercados del resto de sus enseñas –La Plaza/El Árbol y Clarel– cerrados el año pasado asciende a 131. A esta clausura de tiendas atribuye el informe de resultados del primer trimestre de 2017 la caída de las ventas en un 2,7% sufrido por DIA hasta marzo.

Los bajistas al acecho

Al mismo tiempo que la cadena de supermercados informa de sus planes de futuro a inversores y analistas, bate récords en Bolsa como el valor con mayor porcentaje de capital en manos de bajistas de España y casi de Europa. Los bajistas son inversores que apuestan por la caída de las acciones de una empresa. Normalmente se trata de fondos de alto riesgo o hedge funds, que especulan con acciones que toman prestadas a otros inversores. En el caso de DIA, el 24,35% de su capital se encuentra en manos de estos especuladores. Hace un año poseían el 11,49%. Para hacerse una idea del volumen, basta con recordar que el Banco Popular, intervenido hace unas semanas, terminó con sólo el 12% de su capital en manos de bajistas. Y desde que empezó 2017 las posiciones cortas en el accionariado de la cadena se han disparado un 58%.

Este tipo de inversores centran su interés en empresas en las que advierten debilidades. Creen que el valor de sus acciones caerá bien porque tienen problemas financieros o prevén que pueden padecerlos en el futuro, bien porque piensan que no van a ser capaces de cumplir sus objetivos. Un portavoz de DIA explica a infoLibre que la empresa no comenta el comportamiento de los mercados y apunta que otras marcas del sector de la distribución, como Carrefour, Marks&Spencer o Tesco también han sufrido el ataque de los bajistas.

“A costa de sus franquiciados”

Un informe de JP Morgan ya alertaba en 2015 sobre algunas posibles flaquezas del modelo de negocio de DIA que igualmente barruntan los bajistas.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de EBIT que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”.

Así, las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan las tiendas propias de la cadena. A juicio de JP Morgan, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. JP Morgan concluye que la cadena de supermercados consigue esos márgenes anormalmente altos “a costa de sus franquiciados”. No duda en afirmar que los “canibaliza”.

La batalla de los franquiciados contra Carrefour se recrudece. A la veintena de demandas civilesveintena de demandas civiles que se tramitan en estos momentos en los juzgados, se les añaden ahora las querellas criminales por estafa, amenazas y coacciones, que pueden rozan la decena. En total, asegura el despacho de abogados Themis, los franquiciados de Carrefour Express reclaman a la multinacional más de 46 millones de euros, entre medio millón y un millón de euros por afectado.

Se da la circunstancia de que tres de los querellados se enfrentan a la inminente ejecución de los avales que constituyeron al firmar los contratos con Carrefour, de entre 50.000 y 80.000 euros cada uno. Es el Banco Sabadell la entidad financiera que se los reclama, pese a estar sus clientes inmersos en un procedimiento penal, advierte Themis, que apela a su derecho a obtener una “tutela cautelar” para evitar ejecuciones fraudulentas. “Carrefour no acredita que se trate de una deuda real, no existen facturas”, explica el despacho, “ni está acreditado el incumplimiento de la obligación del franquiciado”. La multinacional francesa no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre sobre sus problemas con los franquiciados.

Pero el litigio es más amplio. Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican, incluían información falsa sobre el negocio. De ellos, 61 han conseguido ya acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto es esa veintena que sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Según ha publicado economíadigital.es, la empresa ha tenido que crear un “comité de emergencia”, denominado Comité de Tiendas en Dificultad, para gestionar los cierres de las tiendas y afrontar la ola de demandas de los franquiciados. Lo integran los responsables de riesgos operacionales, la dirección de explotación, expansión, recursos humanos, gestión y riesgos y recobros.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña–otro tanto por ciento–. Los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico explican que, después, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

En consecuencia, alegan los franquiciados, su consentimiento en el contrato estaba “viciado” por un “proyecto previo de negocio falso y una previsión de ventas irreal”.

Igual que en DIA

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express son muy parecidas a las hechas públicas también por los de otras cadenas como DIA, que afronta demandas no sólo en España –un juzgado de Vic (Barcelona) tramita los casos de decenas de afectados–, sino también en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, al igual que en Carrefour, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican incluían información falsa sobre el negocio. De ellos 61 han conseguido acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto, una veintena, sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Los de Carrefour Express se suman así a la lista de franquiciados que han terminado en los tribunales tras denunciar las prácticas de cadenas de franquicias. Pero, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con los 200 franquiciados que han demandado a la cadena de supermercados DIA acudiendo a la vía penal, los de Carrefour Express han optado por la civil, y parece que con mucho mayor éxito.

En total, el despacho Themis Abogados de Valencia, que lleva buena parte de los casos, asegura que va a reclamar entre medio millón y un millón de euros por cada franquiciado de Carrefour Express. “La mayoría son negocios de autoempleo familiar, el 40% de ellos dirigidos por mujeres y otro 25% por jóvenes emprendedores menores de 25 años que solicitaron un aval a la familia”, detalla.

Según denuncian los afectados, la información sobre el negocio que Carrefour tiene la obligación de proporcionar a cada nuevo franquiciado antes de firmar el contrato incluía cifras irreales: nunca llegaron a cumplirse las previsiones ni de ventas ni de beneficios. Por tanto, aducen en sus demandas, el consentimiento del franquiciado está “viciado”. Y recalcan que fue un engaño “intencionado”, permitido por una legislación que no les protege.

Un portavoz de Carrefour ha asegurado a infoLibre que la empresa “no tiene constancia de ninguna denuncia, y menos aún de esos acuerdos extrajudiciales”.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

Cánones de 15.000 euros y sin control de pedidos

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express repiten las hechas públicas por los de otras cadenas como DIA. En su caso, también afronta demandas en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. En España es un juzgado de Vic (Barcelona) el que lleva los casos de decenas de afectados. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña –otro tanto por ciento–. E igual que ocurre en DIA, explican los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

También franquiciados de Yves Rocher, Foster's Hollywood o YoigoYoigo, los helados Llao Llao, y Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– han acudido a los tribunales para denunciar las prácticas abusivas de sus franquiciadores, tras constituirse en asociaciones y plataformas.

No hay ley de franquicias

La proliferación de denuncias extiende la sospecha sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Más aún, cuando la crisis y las campañas gubernamentales a favor del emprendimiento han empujado a muchos a autoemplearse a falta de otras expectativas laborales.  En España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

Por su parte, los franquiciadores se defienden asegurando que los pleitos judiciales son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial.

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2016 casi 20.000 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 340.000 trabajadores.

Carrefour deberá pagar una multa de 42.120 euros por incumplir la Ley de comercio minorista, con la venta a pérdidas de aceite de oliva virgen, según informó este viernes la organización agraria UPA y recoge Europa Press.

La sanción ha sido impuesta por la Junta de Extremadura, que considera probada la denuncia que realizó UPA en 2014, motivada por una oferta de aceite a 1,89 euros por litro.

Esta nueva multa se suma a la que la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia impusieron contra El Corte Inglés y a las denuncias que los olivareros formularon en los últimos días contra Dia por nuevas ofertas abusivas con el oro líquido.

UPA presentó esta denuncia en enero de 2014, basándose en un estudio de mercado que demostraba que no se podía vender aceite de oliva virgen por debajo de los 2,20 euros por litro sin incurrir en pérdidas. En ese momento, Carrefour lanzó una campaña ofreciendo aceite a 1,89 euros por litro, según la organización agraria.

UPA mostró su satisfacción por una multa que por vez primera rompe la barrera de los 3.000 euros y tiene una cuantía superior que "se acerca más" al perjuicio económico que la venta a pérdidas provoca en el sector productor, en este caso en el del aceite de oliva.

UPA volvió a hacer un llamamiento a todos los Gobiernos autonómicos para que hagan cumplir la Ley de Comercio Minorista que impide la venta a pérdidas como ya están haciendo Extremadura, Madrid, Murcia, Asturias o Galicia e impongan sanciones "de una cuantía suficientemente disuasoria" por estas actuaciones.

Todas ellas niegan que el motivo de su presencia en territorios off-shore sea eludir el pago de impuestos en España. Por el contrario, dicen que responde sólo a “motivos empresariales”. Algunas incluso niegan tener filiales en países de baja o nula tributación indicando que éstos han dejado de figurar en las listas de paraísos fiscales tanto de la Agencia Tributaria española como de la OCDE, por ejemplo. Pero a continuación explican que cuentan con negocios en Dubai, Hong Kong, Singapur y Suiza, como es el caso de Acerinox. O en las Islas Caimán, como el BBVA. O en Delaware (EEUU), Holanda y Luxemburgo, como Endesa.

En su informe de sostenibilidad, Acerinox asegura que no emplea “sistema alguno de ingeniería fiscal” para reducir sus bases imponibles en España, ni crea “sociedades artificiosas en paraísos fiscales”. Pero enseguida matiza que “cuando debe asentarse en un país que tiene esa consideración, la actividad que realiza es únicamente comercial y supone una parte ínfima de sus facturación y de la contribución a los resultados del grupo”. Según precisa, sus sociedades en los cuatro países antes citados se dedican sólo a comercializar acero inoxidable.

Por su parte, el BBVA detalla que cuenta con dos sucursales, dedicadas a la banca corporativa, y tres sociedades emisoras de valores en las Islas Caimán. Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa  posee cinco sociedades también en esas islas del Caribe, pero dice que no le aportan “ninguna ventaja fiscal”. Iberdrola asegura que ni crea ni compra sociedades en paraísos tributarios, a no ser que se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta”. Tiene dos filiales en las Islas Caimán y en la Isla de Man.

Indra repite que su actividad en estos países carece de motivaciones fiscales y que se debe al “desarrollo del negocio internacional de la compañía”. Por ese motivo la empresa posee centros de trabajo en Filipinas, Panamá, Uruguay y Báhrein. También desarrolla “actividades puntuales” en Andorra, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Belice, Bermudas, Chipre, Dominica, Gibraltar, Granada, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Puerto Rico, Seychelles, Singapur y Suiza. En total, concluye Indra en su informe anual, sus ventas en 2014 en paraísos fiscales representaron el 3,3% de la facturación de la empresa.

Otro tanto ocurre con Repsol: publicita su compromiso de “evitar estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias o de ocultación”, pero a continuación justifica su presencia en esos territorios “por motivos de negocio”. Cuenta con participaciones en sociedades de Bermudas e Islas Caimán. Banco Santander posee filiales en Jersey, Isla de Man e Islas Caimán.

También declaran como principio de sus códigos éticos evitar los paraísos off-shore Bankia, DIA, Ferrovial, Gamesa y Red Eléctrica Española. Pero no informan sobre qué procedimientos utilizan para luchar contra el blanqueo de dinero 15 compañías del IBEX, el 57%. Y de las que lo hacen siete son bancos, que están obligados a ello por su propia naturaleza, recuerda el informe.

Sabadell y Popular, más de 30 años con el mismo auditor

El informe de la Fundación Compromiso y Transparencia también analiza la relación de las grandes compañías con sus auditores. Así, el 23% de las empresas del IBEX 35 llevan con la misma firma de auditoría más de 24 años. Dos de ellas, incluso, los bancos Sabadell y Popular, son auditados por la misma empresa, PricewaterhouseCoopers (PwC) desde hace 31 y 34 años, respectivamente. La media de las 35 grandes sociedades del selectivo bursátil tampoco es corta: 15 años. Un tiempo que puede poner en duda la independencia del auditor. Y que obligará a muchas de ellas a cambiar de firma de auditoría en próximas fechas.

El próximo mes de junio entra en vigor la nueva Ley de Auditoría, aprobada en julio de 2015. A partir de entonces, las denominadas empresas de interés público –cotizadas, bancos y aseguradoras– deberán cambiar de auditor cada cinco años y de firma de auditoría cada 10. Además de adaptar la legislación comunitaria, se trata de evitar así la “amenaza de familiaridad derivada de relaciones prolongadas entre el auditor y la empresa auditada”, según constata la nueva ley. Sobre todo teniendo en cuenta que las cuatro Big Four –Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PwC– las que se reparten las 35 grandes del selectivo. Sólo Deloitte audita a 15 de ellas y Ernst & Young a otras nueve.

Ya se han producido los primeros movimientos en esta dirección. Mapfre cambió el año pasado a KPMG después de 24 años con Ernst & Young. Banco Santander pasó el año pasado de Deloitte, que le auditaba al menos desde 1990, según los registros de la CNMV, a PwC. Y BBVA ya ha anunciado que dejará a Deloitte tras 26 años de contrato.

También bate récords de longevidad la cadena de supermercados DIA, que lleva 24 años con KPMG; Gas Natural Fenosa, con una relación de 25 años con PwC; y Grifols, con otros tantos años de ser auditada por KPMG. Acciona, ACS, Arcelor, Caixabank, FCC, OHL y Repsol no bajan de 14 años de contrato con sus respectivos auditores.

El caso de Indra

Como ejemplo del riesgo que implica la “falta de diligencia” sobre la auditoría, el informe destaca a Indra, cuyas cuentas son fiscalizadas desde hace 24 años por KPMG. Desde 2009, el beneficio neto de la tecnológica disminuía al tiempo que su endeudamiento se disparaba de 123 millones a 659 millones de euros. A finales de 2014, la CNMV le solicitó aclaraciones sobre sus cuentas de 2013. El 29 de enero de 2015 cesó su presidente, Javier Monzón y en febrero, su sucesor en el cargo, Fernando Abril-Martorell, anunciaba unas pérdidas de 92 millones, tras aplicar provisiones y gastos extraordinarios por importe de 265 millones de euros. Tres meses más tarde, tuvo que reconocer nuevos ajustes de las cuentas por sobrecostes en sus proyectos de Brasil y Lituania. Finalmente, presentaba en junio un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 1.750 trabajadores, el 8% de su plantilla en España.

La revisión de las cuentas no fue óbice, sin embargo, para que la junta general de accionistas aprobara la relección del mismo auditor que no había detectado la falta de fiabilidad de las cifras de Indra en sucesivos ejercicios.

Técnicas Reunidas y Aena, las más opacas

El informe de la fundación elabora una ránking de las empresas según su grado de transparencia fiscal. Repite como la empresa más opaca Técnicas Reunidas. A la que se suma este año la semipública Aena. Ninguna de ellas cumple ni uno solo de los 12 indicadores seleccionados para medir la transparencia de las empresas. La más cumplidora resulta ser Iberdrola, que respeta 10 indicadores, seguida de BBVA, Endesa y Telefónica. Entre las más oscurantistas, figuran Abertis, Amadeus, los bancos Popular y Sabadell, FCC, Grifols y Merlin Properties, que sólo cumplen un indicador.

Una denuncia de los franquiciados de las clínicas Vitaldent ha terminado con la cúpula de la empresa en los calabozos. Acusan a la empresa de Ernesto Colman de obligarles a pagar en metálico para engañar a Hacienda. Pero no han sido los primeros que se han levantado contra su franquiciador, en teoría su socio. Las quejas de autónomos y pequeños empresarios, embarcados en el negocio de explotar la marca de otro, se suceden según las franquicias van extendiendo su red. También se han intensificado en los últimos años de crisis, cuando más ha encogido el consumo y más personas han creído ver en el autoempleo una escapatoria al paro.

La última y más numerosa está a las puertas de la Audiencia Nacional y la acometen más de un centenar de franquiciados de los supermercados DIA. Aunque en los juzgados también se encuentran o se han encontrado otras enseñas tan familiares para el consumidor como Yves Rocher, Foster's Hollywood Yves Rochero YoigoYoigo. En otras como Llao Llao, Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– sus franquiciados han empezado a constituirse en asociaciones y plataformas para luchar por sus derechos y combatir lo que consideran prácticas abusivas de las marcas.

Independientemente de la enseña, e incluso del sector, las denuncias de los franquiciados son casi calcadas. La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha expulsado a Vitaldent de forma cautelar por vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a “una gestión saneada y transparente”. Pero lo cierto es que las prácticas reveladas por los franquiciados despiertan sospechas sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Es la fórmula perfecta si lo que se busca es una expansión rápida de la marca. Grupo Zena  –Burger King, La Vaca Argentina, Domino's Pizza, Cañas y Tapas– cuenta con 490 establecimientos; Restalia reparte 500 restaurantes en nueve país; Llao Llao nació en 2009 y dice estar presente en 28 países. En noviembre anunciaba la apertura de 70 tiendas de helados en Japón este año.

Plan de negocio ficticio, imposición de proveedores

En las demandas judiciales contra DIA, Yves Rocher o Foster's Hollywood, por ejemplo, los denunciantes aseguran que el plan de negocio que el franquiciador está obligado a proporcionar al franquiciado es ficticio. Una simulación, a veces un documento tipo, el mismo para todas las tiendas, que contiene previsiones de clientes y de beneficio irreales. En DIA prometen unos márgenes del 13% que jamás se alcanzan, aseguran los afectados.

En el caso de un restaurante de Foster's Hollywood en Ávila, el plan de negocio preveía 36.000 comensales al año, en una ciudad que no supera los 55.000 habitantes. Tanto el juzgado de instrucción como la Audiencia Provincial de Ávila consideraron abusivas las condiciones del contrato de Foster's Hollywood con sus franquiciados abulenses, que habían dejado de pagar el canon al que estaban obligados por falta de ingresos. La cadena de hamburgueserías es una más de las enseñas propiedad del Grupo Zena, que en 2014 pasó de las manos del fondo de capital riesgo CVC a los de Alia Capital Partners y el líder latinoamericano de la restauración Alsea.

Ese mismo año la Comisión Nacional de los Mercados y la Compentencia (CNMC) le abrió expediente por imponer a sus franquiciados todos los proveedores de productos y servicios, además de fijar los precios que éstos debían ofrecer al público. Ambas prácticas infringen la competencia. La CNMC aún no ha resuelto el expediente, abierto por una denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de Castilla y León.

No existe una ley de franquicias

El caso es que el control es escaso. De hecho, en España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

En DIA e Ives Rocher los franquiciados aseguran que no tienen ningún control sobre los pedidos que adquieren. El sistema informático lo administra la marca, no ellos. Los pedidos se cobran siempre, con independencia de si la tienda vende la mercancía y el franquiciado no puede modularlos en función de sus necesidades. Así pues, el franquiciado, no el consumidor, se convierte en el cliente de la marca, protestan. En ambas empresas, pero también en las marcas del grupo Restalia, la obligación de proporcionar ofertas al consumidor final o precios muy bajos termina por minar los ingresos del franquiciado. “Nos obligan a vender a pérdida”, resumen. Otra práctica prohibida por la ley.

“Algunos no quieren trabajar”

Abrir una clínica de Vitaldent exige una inversión cuantiosa, 280.000 euros. Para estrenarse con 100 Montaditos hacen falta 150.000 euros y pagar un canon de entrada de 30.000 euros más. En Mail Boxes es necesario poner sobre la mesa 55.000 euros. DIA pide un canon de entrada de 12.000 euros, así como un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Pero la mayoría de las franquicias son mucho más modestas: la inversión media es de 68.900 euros, según el informe La franquicia en cifras 2015, elaborado por Mundofranquicia Consulting. Muchos de los denunciantes son despedidos de sectores ajenos al mundo del comercio o de la empresa en general, que han capitalizado su prestación de desempleo, invertido sus ahorros, hipotecado su casa para “emprender”. Y lo han pagado con la ruina, se lamentan.

En general, más del 50% de los emprendedores no consigue superar los dos primeros años de actividad. Es más, según las organizaciones de autónomos, el mayor índice de “mortandad” se produce en el primer año.

Los franquiciadores se defienden asegurando que las “disconformidades”, y por tanto los pleitos judiciales, son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial. Hace sólo unos días, el propietario de las tabernas Lizarrán se ponía “a disposición de sus franquiciados”, tras el cierre de todos sus locales en Galicia y de cinco de ellos sólo en Madrid, según publicó economíadigital.es. “Algunos no quieren trabajar suficientemente, otros tenían una pésima ubicación, aunque algo de culpa tendrá la empresa por no haber sabido seleccionar adecuadamente a los franquiciados”, explicaba.

“El franquiciado apenas tiene beneficios”

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores que publicó el pasado mes de febrero. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe. No gana dinero pese a que “gestiona ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita como ejemplo los costes de personal, de residuos y por robos. Por ejemplo, al tratarse de autónomos o emprendedores, los franquiciados “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas de JP Morgan, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. El 60% de las 7.583 tiendas de la cadena son franquicias.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2015 un total de 18.667 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 341.966 trabajadores.