El ingreso mínimo vital (IMV) ya bate récords. En este mes de marzo ha llegado a 829.399 hogares en marzo, un 18% más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros.

En términos interanuales, el IMV continúa su crecimiento. Este mes se registran 125.920 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 18% en el número de hogares beneficiarios. El número de personas protegidas también aumenta en la misma línea, con un crecimiento del 18,1%, es decir, 387.278 beneficiarios más que en marzo de 2025.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado un comunicado en el que reconoce que 2,53 millones de personas en nuestro país vive con este ingreso y que, dentro de estas familias, 1,03 millones son niños y adolescentes. En marzo, el 68% de los titulares de la prestación son mujeres, lo que equivale a 563.741 personas. En el conjunto de beneficiarios, las mujeres representan el 53,4%, con más de 1,35 millones.

El IMV continúa siendo una herramienta clave en la protección de familias con hijos. En concreto, el 69% de los hogares beneficiarios (570.548) cuentan con menores a cargo. De ellos, cerca de 140.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. Por lo que más de 1,03 millones de menores están cubiertos por esta prestación, lo que consolida al IMV como uno de los principales instrumentos contra la pobreza infantil en España.

Los menores suponen el 41% de los beneficiarios. Precisamente, el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, llegó a 573.831 unidades de convivencia en marzo, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Hay distintas cuantías según la edad de los menores: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión y, en España, la cifra sigue siendo alarmante. Según un estudio realizado por el Consejo de Juventud de España, tres de cada diez jóvenes están en riesgo de exclusión social. Ni siquiera quienes tienen un empleo se libran: el 18,8% de los que tiene un trabajo están en la misma situación.

Si miramos las comunidades autónomas, Andalucía es la que tiene una mayor cantidad de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital: más de 266.000. Con alrededor 820.000 personas en ellos. Y entre sus provincias, la que alberga la capital, Sevilla, se sitúa en el primer puesto, seguida de Málaga y Cádiz.

Además, en el resto de país, destacan regiones como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. Las tres están por encima de los 200.000 beneficiarios. En el polo opuesto, de los que tienen una menor cantidad de prestaciones, se sitúan La Rioja, Cantabria o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aunque con ratio de beneficiarios por hogar más elevados.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas. Comenzó como una forma de amortizar el impacto económico de la crisis derivada del covid y fue enmarcada como una medida urgente dentro del "escudo social" ideado por el Gobierno. Fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 20/2020, que estableció el ingreso como una prestación no contributiva de la Seguridad Social para combatir la pobreza severa y garantizar unos ingresos mínimos. 

Ya han pasado seis años y, aunque sigue vigente, varios colectivos demandan más. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV "marca la diferencia, especialmente en la infancia", y demuestra que el Gobierno está "donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país".

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en el mes de febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, con una cuantía media de la prestación de 545,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros, según recoge EFE. 

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado este viernes en un comunicado que más de dos tercios de los hogares que reciben dicha prestación contaban con menores, en tanto que representan el 41% de los beneficiarios (1.013.102). Además, el 17% de los hogares eran monoparentales, es decir, que solo tenían un adulto (normalmente mujer) a cargo de los menores.

Las mismas fuentes explican que el IMV tiene "un marcado perfil femenino", ya que el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4 % de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.

En febrero de 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, lo que supone que los hogares protegidos han aumentado un 18%, mientras que los beneficiarios han crecido un 18,1%, hasta los 379.731, y desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a casi 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en febrero llegó a 560.800 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,1 euros por cada menor y de 119,9 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que "la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres". Añade que el IMV es "una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad" y recuerda que desde su puesta en marcha ha protegido a 1,9 millones de mujeres.

La exclusión social en Galicia afecta a menos personas que hace unos años, pero cada vez son más las que corren el riesgo de caer en ella en cuanto las cosas se tuercen un poco, con el precio de la vivienda y las dificultades de acceso como factor clave. Esta es una de las principales conclusiones del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado este miércoles por la Fundación Foessa junto a Cáritas.

Basado en una encuesta sobre integración y necesidades sociales con entrevistas en profundidad a casi 600 hogares en Galicia, el estudio refleja “una realidad compleja y paradójica”. Así, los datos indican que entre 2018 y 2024 la exclusión social en Galicia se redujo del 16,8% al 12,7%, afectando a unas 342.000 personas. No obstante, como destacan los autores, el descenso se explica casi exclusivamente por la reducción de la exclusión moderada y no de la severa, que sigue afectando a cerca de 170.000 personas, el 6,3% de la población.

Además, el informe subraya que “el espacio de la integración muestra un deterioro significativo”, al reducirse la integración plena en 8,6 puntos y aumentar la precaria del 31,1% al 43,8%. De este modo, “casi la mitad de la población vive en un equilibrio inestable”, en el que “cualquier crisis puede empujarla rápidamente hacia la exclusión severa”, como señala Thomas Ubrich, coordinador técnico del estudio, quien destaca que cada vez más personas no están formalmente excluidas, pero viven en una situación de “vulnerabilidad constante”.

“Estamos ante una sociedad menos excluida en términos estrictos, pero mucho más frágil”, resume Ubrich, que advierte de una precariedad ya no transitoria sino “estructural” del modelo social, que afecta a trabajadores con empleo, hogares con ingresos ajustados, personas mayores y familias con menores. En definitiva, incluye a colectivos que hasta hace poco parecían relativamente protegidos.

“La exclusión ya no está en los márgenes, se está desplazando hacia el centro de la sociedad”, insistió Ubrich, que señaló la vivienda como uno de los factores esenciales que explican esta situación.

Según los datos del estudio, el 26% de los hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial y más de 78.000 (el 7%) soportan gastos excesivos de vivienda que los sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar el alquiler o la hipoteca. Además, alrededor de 160.000 personas viven en situación de vivienda insegura y cerca de 170.000 en condiciones de insalubridad, hacinamiento o mala habitabilidad.

La clave, según el informe, es que entre 2018 y 2024 el precio de la vivienda aumentó un 21% y el del alquiler un 28%, situándose la cuota mediana en Galicia en 732 euros, muy por encima del crecimiento de los ingresos reales.

Así, Cáritas Galicia advierte de que la vivienda “ha dejado de actuar como un factor de protección y se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social”. También alerta de que, pese a la mejora de los indicadores laborales, los salarios reales no crecieron ni un 1% una vez descontada la inflación y que la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6% de las personas ocupadas.

“El empleo ya no garantiza salir de la exclusión”, recoge el estudio, que señala esta carencia y “paradoja” como uno de los principales retos de las políticas sociales y laborales.

El estudio destaca también que en 2024 el 14% de la población gallega, unas 381.000 personas, se encontraba en riesgo de pobreza, frente al 22% de 2020, mientras que la pobreza severa afecta a unas 158.000 personas. Con todo, advierte de que “persiste una elevada fragilidad cotidiana”, ya que el 27% de la ciudadanía no puede afrontar gastos imprevistos y el 17% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El 4% no puede disponer de una alimentación adecuada de forma regular.

Por otro lado, destaca que el Ingreso Mínimo Vital solo alcanza al 51% de las personas en pobreza severa en Galicia y que más de la mitad de los hogares en esta situación no recibió información sobre la prestación. De la Risga recuerda que su cobertura se redujo a la mitad, pasando del 0,94% al 0,5% de la ciudadanía.

Además, la exclusión social “empeora claramente la percepción de la salud, sobre todo la mental, y en Galicia ese efecto es más intenso que en el conjunto del Estado”. Según el informe, en todas las edades, quienes se encuentran en situación de exclusión valoran peor su salud que las personas integradas.

A la vista de los datos, el 18% de la población gallega, casi medio millón de personas, presenta problemas de exclusión en el acceso a los cuidados de la salud, cinco puntos más que en 2018. Además, el 30% valora negativamente su salud física y el 18% su salud mental, muy por encima de la media estatal, situada en el 20% y el 11,8% respectivamente.

Por último, el informe destaca que el aislamiento social y la soledad no deseada aumentan, sobre todo en los hogares en exclusión severa, alcanzando al 25% de estos.

La justicia viene condenando a la Seguridad Social por denegar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a familias gallegas con interpretaciones muy restrictivas de la normativa que regula esa prestación. Una simple discrepancia entre el padrón municipal y la realidad del hogar puede dejar sin la ayuda o llevar a varios años de pleito judicial por cuantías de mera subsistencia. Ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer públicas dos sentencias que revelan otras dos facetas del rigor con que la Seguridad Social deniega o retira el IMV.

Una de las sentencias, del 26 de septiembre y hecha pública en las últimas semanas, analiza el caso de una mujer víctima de violencia de género con un hijo de 5 años a su cargo. Pidió el IMV y la Seguridad Social le respondió indicando diversa documentación que le faltaba, entre ella “DNI en vigor por ambas caras”. La mujer entregó su propio DNI, pero la Seguridad Social le denegó la ayuda por no entregar también copia del DNI de su hijo.

La mujer tuvo que recurrir a la justicia y un juzgado de lo Social de Ourense le dio la razón señalando expresamente que “desconocía que debía aportar además el DNI por ambas caras de su hijo”, de 5 años, documento que presentó el día del juicio. La Seguridad Social recurrió esa sentencia y ahora el TSXG la ratifica y subraya que no existe obligación de tener DNI hasta los 14 años de edad.

“El tema debatido se reduce a una simple cuestión de prueba de la identidad de una de las personas integrantes de la unidad de convivencia”, dice el TSXG, que destaca que la Seguridad Social tenía ya el Libro de Familia e incluso que en el certificado de empadronamiento figuraba el número del DNI del menor, por lo que considera “excesivo” que no se tramitase el IMV por esa falta. La sentencia incluso lanza una crítica velada a la Seguridad Social por recurrir la primera sentencia en su contra al recordar que la madre “presentó el DNI el día del juicio”.

Tres días después de esa sentencia, el 29 de septiembre el TSXG emitía otra en la que el perjudicado fue un hombre que hipotecó su única vivienda para obtener un préstamo que a su vez fue considerado por la Seguridad Social como un ingreso elevado que le impedía tener derecho a la ayuda.

El hombre vivía y tenía como única propiedad una vivienda que heredó. La hipotecó para obtener un préstamo bancario a devolver en 241 meses, unos 20 años, y, cuando pidió el Ingreso Mínimo Vital, le quedaban por devolver 22.000 euros. La Seguridad Social computó esa cuantía como patrimonio del hombre, demasiado elevado para obtener el IMV, y se lo denegó.

Pero la sentencia del TSXG dice que la vivienda habitual hipotecada “a efectos de la prestación solicitada se excluye del cómputo patrimonial, como también ha de ser excluida del patrimonio la suma de 22.000 euros que tiene su origen en un préstamo hipotecario”. “Tal importe no puede ser computado como si se tratase de un ingreso pues no constituye ganancia, sino que se trata de una deuda que ha de ser valorada a los efectos de obtener el patrimonio neto y en la que, en el caso que nos ocupa, consta probada la existencia de una hipoteca y, por lo tanto, deducida dicha carga hipotecaria, el patrimonio neto no supera el límite patrimonial fijado en la norma para el beneficiario a título individual de la prestación solicitada”, dice el tribunal, que reconoce el derecho del hombre a recibir la ayuda.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.3 millones de personas, según la última estadística publicada este martes por el Instituto de la Seguridad Social. De este conjunto solo 136.135 son hogares con nacionalidad extranjera, lo que supone un 17% del total, frente al 83% de nacionales. El perfil de quienes lo reciben es, además, eminentemente femenino: el 67,8% (527.042) de las titulares son mujeres y en cuanto a la protección que brinda, hay 1,2 millones de personas bajo este paraguas. El IMV es una prestación básica que cubre necesidades mínimas y asciende de media a 514 euros al mes por hogar.

Este mecanismo de subsistencia, que muchas veces se combina con otras ayudas como el Complemento de Ayuda para la infancia, ha sido objeto de polémica después de que el Partido Popular, acercándose a la posición de VOX señalase la pasada semana que el Ingreso Mínimo Vital no puede convertirse en un "medio de vida" para los migrantes. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo señalaba que había personas que podían entrar "ilegalmente y sin voluntad de trabajar" y acabar pidiendo prestaciones como el IMV. Aunque lo cierto es que, por un lado, esa prestación es compatible con el empleo, por lo que percibir esta ayuda no es sinónimo de no trabajar. Por otro, el diseño de las condiciones para adquirirla requiere, entre otras cosas, que quien la pide haya residido legalmente en España durante al menos un año y se encuentre empadronado. Además, hay que estar inscrito como demandante de empleo y acreditar ingresos que no superen el umbral de pobreza. 

En el detalle de los datos, el ministerio recoge que desde su puesta en macha el ingreso ha dado servicio a casi 3,3 millones de personas que han pasado por esta cobertura en algún momento, de ellas, 1,4 millones fueron niños o adolescentes.

Pero esta prestación, que se aprobó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social no es tan laxa en su aprobación como pretenden hacer parecer algunos discursos. De hecho, un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advertía en julio que un 55% de potenciales beneficiarios se quedaba fuera, bien por dificultades a la hora de tramitarla o porque un cambio en sus circunstancias les lleva a perderla. “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo, que ha presentado una reclamación ante Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa denunciando estas dificultades.

El IMV se reformó para hacerlo compatible con un contrato de trabajo, ya que antes, poseer un contrato, aunque fuese con una nómina mínima, llevaba a la pérdida total de la ayuda. Además, en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no mengua el importe de la prestación si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir.

La vulnerabilidad aumenta cuando las posibilidades de elegir son mínimas. En el caso de los trabajadores migrantes, un estudio publicado recientemente en la revista Nature advertía que en España cobraban de media un 29% menos que las personas nacidas en el país. Una brecha mucho más significativa que en países del entorno como Alemania, Noruega o Francia, que se mueven en diferencias del 19% al 20%, Dinamarca tiene un 9% o Suecia un 7%. La razón es que los trabajos a los que acceden los recién llegados suelen tener peores condiciones, ser temporales o a tiempo parcial. En el análisis que AIReF hace del ingreso mínimo, pese a que detecta posibles beneficiarios que se quedan fuera, resaltan el papel de esta ayuda como protección contra la precariedad y los abusos del mercado. De hecho, sostiene que quienes la perciben aumentan en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido e indica que permite a los beneficiarios rechazar empleos precarios o poder negociar mejor sus condiciones.

La importancia de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha ido ganando peso en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. Hasta septiembre de 2025, último dato disponible en la serie del ministerio, sobre un total de 21,7 millones de afiliados, 3 millones eran extranjeros.

En determinados sectores, de hecho, su papel es clave. Según los datos elaborados por el Ministerio, a lo largo de los últimos siete años los sectores en los que más suelen trabajar quienes llegan a España son la construcción, las actividades de transporte o almacenamiento, la hostelería, las actividades administrativas y la agricultura y ganadería. Y de hecho, en algunas comunidades donde el peso de estas actividades es mayoritario en la distribución de la oferta laboral, su papel es clave. Así, el peso de este colectivo alcanza un 21,8% en Baleares, un 17,6% en Cataluña, ronda el 16% en Melilla, Murcia y Madrid, supone más de un 15% en Aragón y Valencia; en Canarias y La Rioja se mueve en un 14%.

Los discursos antiiminigración tienden a poner el foco en un presunto abuso de las ayudas, pero obvian las contribuciones de quienes aportan al sistema. Otro ejemplo es la idea lanzada por el Partido Popular de crear un visado de puntos y a la carta para migrantes. Este documento prioriza a latinos frente a africanos por considerar que tienen una "cultura próxima" a la española, algo que, según ellos, le da una "mayor capacidad de integración". Una iniciativa esta que desde el PP afirman que está "por concretar". Lo llamativo, es que si revisamos los datos de afiliación extranjera, en septiembre fueron Marruecos y Rumanía las nacionalidades que más trabajadores afiliados tenían en el mercado laboral español en septiembre.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en junio de este año a 2,5 millones de personas que componen 736.867 hogares vulnerables, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta prestación, que se concretó en 2020 como una medida para atajar el riesgo de pobreza y la exclusión social, aporta, de media, 522 euros mensuales a los hogares que la disfrutan. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que un 55% de potenciales beneficiarios se quedan fuera. En su actualización, el organismo que dirige Cristina Herrero concluyó que esa cifra asciende al 75% en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Sobre esto, fuentes de Vivienda señalan que más de un 40% de estos potenciales beneficiarios tendrían otros ingresos, como la prestación por desempleo. “Esto puede derivar en una menor motivación para solicitar el IMV o en que consideren que no son elegibles”, concluyen.

El IMV trata de atajar, principalmente, las tasas de pobreza infantil, pero los datos apuntan a que el alcance de la prestación no es suficiente. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa aceptó recientemente una denuncia, propuesta por varios colectivos sociales, que pone en cuestión la regulación por la que se orienta, debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos para solicitarla.

En concreto, la ONG ATD Cuarto Mundo, que encabeza la denuncia, pedía corregir algunos puntos que, en su opinión, vulneran la Carta Social Europea. Entre ellos está la compatibilidad con las rentas autonómicas para evitar tener que devolver cobros indebidos —un problema que ha afectado a muchos beneficiarios— o rentas procedentes del trabajo. También expone la necesidad de corregir unas condiciones que excluyen a una parte de la población necesitada (por cuestiones de residencia o de edad) y la disparidad de criterios entre autonomías con respecto a otras prestaciones que vienen de las comunidades.

El informe presentado por AIReF, incluye por primera vez la forma en que esta prestación interactúa con el mercado laboral y señalan que el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales. Esta prestación es compatible con un contrato de trabajo y en enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo, un mecanismo que no reduce el importe de la ayuda si los ingresos laborales son inferiores al 60% de la renta garantizada para la unidad de convivencia. Hasta entonces, la ayuda disminuía o desaparecía, aunque los beneficiarios no tuvieran ingresos suficientes para vivir. Sin embargo, para muchas familias esto termina siendo una madeja burocrática: “Prestaciones extinguidas por el nacimiento de un bebé en la familia, por traer a la casa familiar a la abuela, por emancipación de un hijo…”, denuncia la ONG Cuarto Mundo.

Sobre esta integración de las ayudas con el empleo, fuentes del ministerio señalan que “la evaluación del incentivo al empleo es temprana” y que “sería conveniente esperar a contar con más datos, a que el mecanismo esté más consolidado y sea más conocido por los beneficiarios”, concluyen. 

En relación con el proceso que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha abierto a España, el Gobierno tiene hasta el 14 de agosto para presentar sus alegaciones por escrito. Pero precisamente una de las medidas que han motivado la demanda tiene que ver con la compatibilidad de la prestación con un contrato laboral, aun en casos donde persista la situación de vulnerabilidad a pesar de tener un sueldo. La ONG también recalca que el proceso de concesión es largo, que las legislaciones autonómica y nacional se solapan o que la forma de corregir los pagos indebidos es inadecuada.

Otro de los puntos que toca la AIReF es crear un procedimiento automático para que el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) llegue a los hogares potenciales desde el momento del nacimiento de los menores, es decir, sin que tengan que pasar por el largo proceso de solicitud. En este punto, desde Seguridad Social señalan que las peticiones de ayuda siempre deben ser mediadas por una solicitud del interesado y que carecen de información para actuar de oficio.

Desde el Gobierno asumen parte de las críticas. “Compartimos el objetivo de seguir avanzando hacia un mayor automatismo que minimice los trámites que tienen que hacer los ciudadanos”, señalan desde Seguridad Social. Aunque mantienen que el alcance de la ayuda se ha ido ampliando. “Las tasas de cobertura suben del 36% hasta el 42% en el IMV y del 19% al 23% en el CAPI” y concluyen señalando que el tiempo de espera “se ha reducido en 45 días desde 2023”, si bien se mantiene en torno a los seis meses.

También la Autoridad Fiscal ha destacado algunos puntos positivos en el IMV. Por un lado, apuntó que aumenta en un 3% la posibilidad de tener un empleo indefinido y ayuda a que los ciudadanos acepten menos empleos precarios. Además, favorece los procesos de formación que repercuten después en la calidad del empleo que las personas pueden conseguir. Pese a esto, Herrero insistió en la necesidad de reformar esta prestación, un análisis en el que coincide con las organizaciones sociales.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en abril a 719.543 hogares en los que viven 2.194.586 personas, lo que supone incrementos del 22 y del 23,9%, respectivamente, frente al mismo mes de 2024. Según la última estadística publicada este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recogida por EFE, la cuantía media de la prestación fue de 505,4 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ascendió a 404 millones.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el IMV ha llegado a más de un millón de hogares (1.010.565) y ha protegido a los tres millones de personas que forman parte de ellos (3.008.318). Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 14.938,9 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.

El ingreso mínimo vital tiene un marcado perfil femenino, ya que el 67,6% de los titulares en abril (486.327) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.172.606. Además, el 41,3% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, un total de 905.371. En abril, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,8%, hasta 495.003 hogares, 123.974 monoparentales.

Además, en abril han sido 498.899 unidades de convivencia las que han recibido el IMV con el complemento de ayuda a la infancia, una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Cuatro años después de la creación del ingreso mínimo vital (IMV), esta prestación que reciben en España más de 730.000 hogares sigue presentando problemas de funcionamiento que perjudican a las familias más vulnerables, el último de ellos la reclamación de pagos por parte de la Seguridad Social que estas familias no pueden afrontar, según informa EFE.

Para denunciarlo, una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal se ha manifestado este sábado en Madrid, como lleva haciendo los últimos tres años, en esta ocasión coincidiendo con la sentencia de un juzgado de Córdoba que ha fallado a favor de que una madre no tenga que devolver los 13.000 euros que le demandaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por cobro indebido.

Esta sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben ser corregidos a expensas del beneficiario, especialmente si este actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.  

El portavoz de la plataforma que agrupa a estas entidades, Roberto Laborda, ha explicado a EFE que, dado que el INSS tarda más de un año en actualizar las prestaciones, "genera deudas que luego pide a las familias" y que estas no pueden devolver porque es el dinero que utilizan para su "supervivencia".

Laborda ha señalado que el propio INSS reconoce que este problema radica en que "no tiene actualizada la herramienta informática" y ha sostenido que "en cuatro años y medio bien podrían haber arreglado esos problemas informáticos".

La también portavoz de la plataforma Hontanares Avanza ha asegurado que una de cada cuatro familias beneficiarias está recibiendo peticiones de reembolso por fallos en el procedimiento y ha recordado que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado a favor de que la administración no exija la devolución de cantidades cuyo importe es demasiado alto para los ingresos de la familia vulnerable.

El escudo laboral se aplicará a todas las personas, empresas o trabajadores afectados por la dana, ya sean directos o indirectos, es decir, aunque no vivan o residan en la zona dañada, según recoge EFE.

El decreto ley que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este miércoles, recoge un paquete de medidas laborales y de protección del empleo que se aplicarán a las empresas y trabajadores que se encuentren en el listado de municipios más afectados y con efectos desde el pasado 28 de octubre.

No obstante, establece que también podrán beneficiarse de ese paquete las personas físicas, empresas y autónomos que, aunque no vivan o residan en uno de esos municipios, se hayan visto afectados indirectamente y estén sufriendo las consecuencias de los siniestros producidos por la dana.

En el caso de los ERTE por fuerza mayor, los podrán solicitar empresas afectadas en cualquier zona, al tiempo que se agilizan los trámites al no requerir el informe de la Inspección.

Los trabajadores de las empresas que soliciten un ERTE estarán protegidos con una prestación que ascenderá al 70 % de la base reguladora, sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que consuma desempleo. A una prestación con iguales condiciones podrán acceder las empleadas del hogar que no puedan acudir a trabajar por la dana.

Asimismo, se articula una prestación extraordinaria para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con una prestación por cese parcial, equivalente al 50 % de su base de cotización.

El decreto ley también detalla las causas y condiciones del permiso retribuido. Así, los trabajadores podrán pedir este permiso retribuido para cuidar a la pareja, convivientes o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, si la persona que hasta el momento se hubiera encargado habitualmente de ello no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas directamente relacionadas con la dana.

Asimismo, podrán solicitar el permiso cuando no puedan acceder al centro de trabajo o realizar la prestación laboral debido al estado de las carreteras, transporte público o la propia sede de la empresa como consecuencia de la destrucción de la dana.

Lo mismo ocurrirá por la necesidad de llevar a cabo labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del domicilio habitual, recuperación de enseres, hasta que se disponga de una solución habitacional estable y adecuada, así como para tramitar las solicitudes de documentos oficiales o públicos.

En el caso de la desaparición de familiares (pareja, convivientes o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad) también se podrá pedir sin límite de tiempo, mientras que en caso de fallecimiento, la duración será de cinco días a partir del sepelio.

La norma recoge expresamente que podrá prorrogarse la aplicación de estas medidas "en atención a la persistencia de las circunstancias relacionadas con la dana".

El decreto ley publicado este martes también detalla las condiciones del denominado PlanMecuida que permite solicitar la adaptación de su jornada (ya sea mediante una reducción, cambio de turno, jornada intensiva, horario flexible...) para el cuidado de dependientes con motivo de la dana, teniendo en cuenta las necesidades empresa y empleado y negociando ambas partes de buena fe.

En cuanto al ingreso mínimo vital (IMV), el decreto ley recoge una ampliación del plazo de solicitud en las zonas afectadas para poder hacer frente a situaciones de pobreza sobrevenida, así como las subidas previstas para los beneficiarios en esas localidades.

También, en el ámbito de la Seguridad Social, se establece una moratoria en la reclamación de prestaciones indebidamente percibidas.

En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.

Aunque el objetivo del Ingreso Mínimo Vital es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, la ayuda social en algunas ocasiones puede acabar convirtiéndose en un lastre para el beneficiario. Las personas que reciben estas prestaciones están obligadas a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos, y a pesar de comunicarlo, las entidades gestoras tardan meses o incluso años en revisar la prestación. Esta tardanza burocrática provoca que cuando las administraciones lo acaban revisando les reclaman la devolución de todo el periodo.

Estas dificultades económicas y administrativas que están viviendo muchas familias han provocado que el Defensor del Pueblo inicie actuaciones para revertir la situación. La institución ha propuesto limitar, a través de una modificación legal, la obligación de devolver el Ingreso Mínimo Vital a hogares vulnerables cuando esté acreditada la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la Administración. Dicha modificación, trasladada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pasa por cambiar el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social que obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas, en todos los casos.

Según Ángel Gabilondo, la mayoría de los beneficiarios son familias sin recursos y en situación de extrema necesidad que tienen muchas dificultades para poder devolver lo que ahora se les reclama. "Algunas de esas familias se han dirigido a nuestra institución exponiendo esta circunstancia. Por ello, hemos hecho llegar a la Administración nuestra petición de que en estos procedimientos de reclamación se atienda a la situación de emergencia económica en la que se encuentran muchas de esas familias, y no se les exija la devolución de las cantidades percibidas", apunta el defensor del Pueblo.

Además, varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo español consideran que es desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado en prestaciones o ayudas asistenciales cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error se haya sido cometido por la propia Administración.

Este cambio legal también afectaría a otras ayudas asistenciales como pensiones no contributivas de invalidez o jubilación y a los subsidios de desempleo de larga duración. Por ello, la iniciativa también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Trabajo, órgano directivo del que depende el Servicio Público de Empleo Estatal, para conocer su criterio sobre la necesidad de abordar esta reforma, ya que tiene jurisprudencia al respecto.

El número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Votal (IMV) ha crecido en el último año un 31,2% (143.873) hasta alcanzar los 606.000 hogares en los que viven 1.820.944 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a mes de mayo y que recoge Europa Press.

La cuantía media de la prestación es de 488,7 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 358,3 millones de euros. Además, en el mes de mayo hay más personas beneficiarias, ya que en los hogares conviven 484.519 beneficiarios más que los registrados en el mismo mes de 2023, un 36,3% más.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 831.905 hogares y ha protegido a las 2.465.281 personas que forman parte de ellos. Más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.072.837, el 43,5% del total. Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 10.707 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

El 67,5% de las unidades de convivencia receptoras del IMV en mayo son hogares con menores (408.584). Entre ellos, hay 105.918 hogares monoparentales. Si atendemos al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,9% son menores: hay 750.665.

Respecto a los beneficiarios del IMV-CAPI (Complemento de Ayuda a la Infancia), este mes alcanzan los 413.025 hogares. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 67,5 euros por cada menor.

Los beneficiarios del IMV también se caracterizan por tener un marcado perfil femenino. En mayo, el 66,8% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres. Por otra parte, el 82,4% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años.

La justicia social es "aberrante", la redistribución de la riqueza se basa en la “envidia”, los impuestos son "un robo” o "el control del capital es inmoral”. Son afirmaciones con las que el presidente de Argentina, Javier Milei, ha nutrido sus polémicas intervenciones públicas en su primera visita a España dentro del traje presidencial. Pero la justicia social no es un invento de los rojos peligrosos, "ese espíritu está recogido en la Constitución, que es el pilar de nuestro Estado del bienestar, como la protección de los derechos sociales de la ciudadanía”, apuntan fuentes del ámbito del derecho. “Una democracia sin justicia social es una falsa democracia. Y la ONU, que la vincula a la igualdad de oportunidades y a los derechos humanos, defiende que permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada”, completan las mismas voces.

Hay, de hecho, varios artículos constitucionales en los que se reflejan esos fundamentos. Para arrancar, el primero dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Junto a este, en el artículo 40 se asevera que “los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica”. Y, “de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. En la misma línea, en el punto 128 del articulado de la carta magma, se establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Y se añade: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En resumen, España se ha constituido como un "estado social y democrático de derecho" con obligación constitucional de redistribuir la riqueza. La población en nuestro país alcanzaba los 48.692.804 habitantes el día 1 de abril de 2024, la mayor cifra de la historia, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un grueso de personas que se beneficia de uno de los pilares del Estado del bienestar español y promotor de la mencionada justicia social: la sanidad universal, a la que esos millones de habitantes recurrirán en algún momento de sus vidas. 

Y hay otros ejemplos de medidas que están ligadas a estos conceptos constitucionales. Durante la pandemia, fueron prueba de ello los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), a los que se acogieron hasta 3,6 millones de personas trabajadoras, que lograron resistir el envite del covid-19 gracias a una medida excepcional que impidió el cierre de empresas. Sin abandonar la esfera laboral, fueron casi un millón de personas las que en 2021 ingresaron algún tipo de subsidio por desempleo, en concreto, 969.412, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El número se redujo a 882.585 en 2022 y fueron 714.461 los que pudieron subsistir en 2023 gracias a ellos. 

Otro colectivo que sabe de los efectos de la justicia social es el integrado por quienes cobran pensiones no contributivas de jubilación e invalidez (PNC). En este caso, según datos accesibles en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el pasado abril hubo 280.034 beneficiarios, la pensión media fue de 516,92 euros y a ello se destinaron más de 144 millones. 

Junto a lo expuesto, existe también el llamado complemento a mínimos, que es una cantidad adicional que se suma al importe de la pensión contributiva, cuando la cifra que corresponde por años cotizados y bases de cotización no alcanza el mínimo fijado por ley. Su razón de ser es garantizar que nadie tenga una pensión por debajo de ese límite, cuando ésta es su principal medio de subsistencia. La cuantía garantizada varía según el tipo de jubilación y a fecha del 1 de mayo de 2024, 2.141.772 pensiones estaban complementadas a mínimos, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cabe señalarse que el 67,3% de las pensiones complementadas son de mujeres y la cantidad media del complemento a mínimos es de 263,5 euros al mes. En la órbita de ese ministerio hay otra muestra evidente de justicia social: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En el pasado mes de abril 589.948 familias fueron beneficiarias de esta ayuda, con un total de 1.771.480 personas. La cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria fue de 164 euros, y de 492,4 por hogar.

En el campo de la educación, alrededor de 845.000 estudiantes fueron los solicitantes agraciados en las convocatorias general y de apoyo educativo de becas, según datos del Gobierno relativos al curso 2022-2023. El presupuesto destinado a ellas se incrementó en un 47% desde 2018. En el curso anterior, 2021-2022, hubo un total de 810 convocatorias de becas y ayudas al estudio destinadas sólo a estudiantes universitarios de Grado y Máster, que tuvieron 514.375 adjudicatarios, que recibieron 1.226,2 millones de euros, a la luz de información del Sistema Integrado de Formación Universitaria. Hay consenso científico sobre la importancia del acceso a estudios superiores a la hora de escalar de clase social y poder salir de las franjas con menores ingresos, terreno en el que aún hay margen de mejora. 

Y hay otras dos muestras de materialización de lo que en España se entiende por justicia social que alcanzan incluso a Argentina: el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 3,6 millones de euros a programas de ayudas para personas mayores y dependientes y de españoles en el exterior. Y a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Ejecutivo dedicará este año más de ocho millones para garantizar una correcta atención sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior, vía convenios con los sistemas públicos de salud de esos estados o con sociedades o aseguradoras privadas. Existen 19 convenios de esa naturaleza con los que se da cobertura a los españoles y españolas en el exterior en 14 países, entre ellos el que preside Milei. En 2023, un global de 6.307 ayudas fueron a parar a españoles y españolas que viven en terceros países. Supusieron un desembolso de casi 6,5 millones, con detalle: 6.409.344.

Rodolfo Rieznik, doctor en Economía y miembro de Economistas sin Fronteras, es muy consciente del revuelo que han provocado las palabras del presidente argentino en varios sentidos. "Es un personaje de novela al que la derecha mundial ha erigido en una especie de líder a mostrar, pero, al mismo tiempo, temen que su fracaso, que no puede ser muy lejano por lo que está haciendo en Argentina, pueda hundir todas las esperanzas que están depositando en él", traslada a infoLibre. 

Sostiene que "el capitalismo surge como una gran potencia colonial explotadora" y que "las alabanzas" que Milei hace de éste y de "Occidente" son "mentira, sin más". "Es un debate casi saldado desde el punto de vista histórico –enlaza– y lo hace para tratar de defender una política de barbarie, que es lo que está pasando en Argentina, donde ha llevado a la mayoría social hacia una situación de miseria, pobreza y explotación. Ha revalorizado leyes en términos laborales indiscriminadas en favor del empresario y del capitalismo”. Pero, avisa: “Su discurso está trufado de mentiras, pero de mentiras de colegio primario. Cualquiera que haya estudiado historia, lo que fue el nacimiento del capitalismo, sabe de la explotación de los niños en la Inglaterra donde nació la Revolución Industrial, por ejemplo. No es un dato a debatir, pasó”.

Rieznik confirma que el máximo mandatario ahora en el ojo del huracán "no está redistribuyendo nada, en efecto" en su país. Desde que desembarcó en la Presidencia, "la pobreza ha pasado a estar cerca del 50% y subiendo. Los salarios son de miseria, la gente no puede comer. Y hay periodistas que lo elogian y que hacen comparaciones del tipo: así como uno tiene que a veces ajustarse y no puede cambiar el coche, habrá familias que tendrán que ajustarse y comer un plato de sopa por la noche. Y a los niños les encanta la sopa. Es un discurso brutal y es lo que él entiende por justicia social”, lamenta.

El economista piensa que "gran parte del triunfo electoral" de Milei tiene que ver "con la desilusión de la gente por gobiernos que se reclamaban populares. Hay un voto de castigo a lo que pasaba, del que se ha beneficiado", mantiene. Augura que será "volátil" y que muchos de esos sufragios se esfumarán "cuando la mayoría social a la que está machacando se dé cuenta de que no tiene ninguna esperanza de cambiar su situación ", sintetiza. Y engarza: "Se reclama continuador de un Gobierno de Menem -Carlos- que dolarizó la economía y terminó en una especia de sublevación social con muertos en las calles porque la gente no soportó la situación. Para él ese Gobierno es líder y eso es justicia social".

Al margen de lo expuesto, tilda a Milei de ser "un insolente en términos formales, no sólo por lo que ha dicho hablando de la mujer de un presidente anfitrión", afirma, en alusión a que ha calificado de "corrupta" a la mujer del presidente Pedro Sánchez, "sino en general, él habla e insulta", lanza. "La pregunta es -une- cómo acepta el establishment mundial, que teóricamente es formal, a un personaje de este tipo". A su juicio, "tener que apoyarse políticamente en él, en realidad no indica fortaleza de las políticas liberales, al contrario, indica debilidad".

Por último, pone el foco en que mientras "él decía barbaridades en España, su canciller estaba firmando con el Departamento de Estado un acuerdo estratégico militar para darle mayor control a los EEUU en el Atlántico sur. ¿Por qué tan rápido?", se pregunta. Tiene una posible respuesta: "Creo que piensan que no va a durar mucho y tienen prisa por amarrar pactos que después va a costar desarmar", cierra.

Otras fuentes anotan que la expresión justicia social fue acuñada en 1840 por el sacerdote jesuita italiano Luigi Taparelli, quien "quería orientar la doctrina del derecho natural de Tomás de Aquino hacia la nueva cuestión social". De vuelta a la actualidad, el papa Francisco, quien recibió en el Vaticano al presidente argentino, pese a que éste se había referido a él antes como “representante del maligno en la tierra” y lo había acusado de ser afín a “comunistas asesinos”, ha manifestado recientemente que "el Estado, hoy más que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”.

Un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basado en datos del Ministerio de Seguridad Social, revela que tras cuatro años de la aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, solo el 12,2% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza son beneficiarias de esta ayuda.

El Ingreso Mínimo Vital se implementó en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, proporcionando un complemento de ingresos para alcanzar una renta garantizada. Además, incluye una ayuda a la infancia destinada a familias con ingresos bajos, con la intención de cubrir las necesidades básicas de menores en situación de pobreza.

La previsión inicial del IMV era llegar a 2,3 millones de personas en situación de pobreza severa, el 17% de la población española. Sin embargo, la cobertura actual es solo del 46,2% de este grupo. Si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 personas en esa situación, con ingresos por debajo del 60% de la mediana. Con esto, el IMV solo llega al 12,2% de estas personas.

En abril de 2024, 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, un total de 1.771.480 personas. De estas, solo 1.006.763 personas pertenecen a hogares con ingresos por debajo de la renta garantizada, quienes reciben una media mensual de 164 euros por persona y 492,4 euros por hogar.

Las diferencias regionales también son notables. El IMV beneficia a más del 20% de la población en pobreza en el País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5%) y Melilla (22,6%). En contraste, en regiones como Castilla-La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%), el alcance es significativamente menor.

Desde la asociación reclaman un mayor impulso para integrar el IMV en los servicios sociales de atención primaria. Critican que, a pesar de los objetivos iniciales, el IMV no ha llegado a las familias previstas y que la persistencia de las “colas del hambre” reflejan una gestión ineficaz. Debería "avergonzar a los gobernantes", sentencian.

El número de prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido en el último año un 22%, hasta alcanzar los 589.948 hogares en los que viven 1.771.480 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recoge Europa Press. El Gobierno ha sacado este martes a audiencia pública el número gratuito 020 con el objetivo de informar a potenciales beneficiarios de forma más accesible y ampliar la cobertura de la prestación a más población vulnerable.

La cuantía media de la prestación es de 492,4 euros por hogar y, en conjunto, la nómina ha ascendido a casi 348 millones de euros. En abril, hay 130.597 prestaciones activas más de las que había hace un año. También hay más personas beneficiarias, ya que en esos hogares conviven 445.037 beneficiarios más que en abril de 2023, es decir un 33,5% más.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha en plena pandemia, el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 811.914 hogares y ha protegido a las 2.401.829 personas que forman parte de ellos. Más de un millón son menores, el 43,5% del total.

Desde su puesta en marcha, la Seguridad Social ha dedicado 10.350 millones de euros al abono de las prestaciones del IMV, una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil, según ha recordado el ministerio que dirige Elma Saiz.

El 67,4% de las unidades de convivencia receptoras del IMV en abril son hogares con menores (397.439). Entre ellos, hay 103.420 hogares monoparentales. Si se atiende al perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,2% son menores: hay 730.131 y, de ellos, 202.427 son niños y niñas de menos de 5 años.

En línea con la protección de la infancia, el ministerio ha destacado el complemento de ayuda para la infancia del IMV, que este mes ha llegado a 401.036 hogares. Supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. A todos los efectos tiene la misma naturaleza del IMV, ya que forma parte de él. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 67,3 euros.

Asimismo, en abril, el 66,8% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios fueron mujeres. Por otra parte, el 82,4% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años.

Saiz ha destacado como "gran noticia" el inicio del trámite de audiencia pública de la línea telefónica 020, que forma parte del Plan Integral de Accesibilidad al IMV.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado el pasado mes de marzo a 575.317 hogares en los que viven 1.725.571 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de aproximadamente 500 euros por hogar y, en conjunto, la nómina ha ascendido a 350 millones de euros, según informa Europa Press.

En marzo, hay 124.654 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un 27,7% más. También hay más personas beneficiarias, ya que en esos hogares conviven 432.165 beneficiarios más que en marzo de 2023, es decir un 33,4% más.

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha la prestación, el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 793.913 hogares y ha protegido a las 2.344.569 personas que forman parte de ellos. El 43,5% del total son niños y adolescentes.

Desde su puesta en marcha, la Seguridad Social ha dedicado 10.000 millones de euros al abono de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

El 67,3% de las unidades de convivencia receptoras del IMV son hogares con menores (387.227). Entre ellos, hay 101.071 hogares monoparentales. Por el perfil de los beneficiarios del IMV, el 41,2% son menores: hay 711.657 y, de ellos, 193.646 son niños de menos de 5 años.

En línea con la protección de los menores, el complemento de ayuda para la infancia del IMV ha llegado a 389.700 hogares este mes. Supone una ayuda mensual de 115 euros por hogar en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. A todos los efectos tiene la misma naturaleza del IMV, ya que forma parte de él. La cuantía media del complemento este mes ha sido de 67 euros.

Por sexo, en marzo, el 66,65% de los titulares y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres. Por otra parte, el 82,3% del conjunto de titulares son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 45 años.

El Ministerio de Inclusión publica desde el mes de febrero de 2024 el número de prestaciones de IMV activas en un momento determinado con el objetivo de ofrecer una información detallada de la evolución de esta prestación. "Esta nueva información estadística es un reflejo más de nuestra apuesta por la absoluta transparencia", ha destacado la ministra Elma Saiz.

Ha resaltado, asimismo, el esfuerzo por hacer que la prestación sea "más flexible y se adapte a la realidad económica de los beneficiarios y a las circunstancias de las unidades de convivencia que, a menudo, son complejas".

¿Por qué hay personas que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no acceden a la prestación? El desconocimiento de la misma es el factor de que el 41,3% de ellas no lo solicitaran, según los resultados del Proyecto Acceso Vital ‘Detección y Movilización de Personas Potencialmente Elegibles del IMV en situación de Non Take-Up’, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), como ya habían apuntado otros expertos. Y hay un 24,4% más de probabilidades de estar en una situación de necesidad, pero no pedir la ayuda sabiendo del IMV de forma superficial, y un 37,8%  más cuando sólo se ha oído hablar de ella.  

Muchos de quienes podrían demandar el incentivo no se reconocen con derecho a él: el 33,6% no cree cumplir los requisitos y un 41,5% considera que no les corresponde, según el análisis mencionado. Existen características sociodemográficas que explican la no solicitud del IMV: ser hombre, residir en zonas rurales, no tener menores a cargo o pertenecer a grupos de edades más avanzadas, son los principales factores asociadas al fenómeno del denominado non-take-up. De hecho, los hombres tienen un 4,3% más de probabilidades de no pedir el ingreso mínimo frente a las mujeres y residir en centros urbanos implica un 5,9% más de probabilidades de haberlo hecho, con respecto a quienes viven en áreas más rurales del país.  

No tener menores a cargo supone un 7% más de probabilidades de no haber demandado el IMV y las personas con 65 años o más presentan un 16,9% más de opciones de quedarse sin él, en relación al resto de los grupos de edad en los que se divide la población, a la luz de las conclusiones del Proyecto Acceso Vital.  

La percepción de seguridad económica también aleja del derecho a la prestación, ya que tener una vivienda en propiedad, no estar en situación de desempleo y percibir facilidad para llegar a fin de mes, se han revelado como elementos que reducen las probabilidades de solicitar la prestación en personas en situación de non-take-up. Pagar un alquiler para poder habitar una casa, en cambio, implica un 6,1% de probabilidad de haber solicitado el IMV y estar en situación de desempleo, un 11% más de probabilidades de haber accedido al IMV.  

Del otro lado, las personas que perciben llegar con facilidad o mucha facilidad a fin de mes, el 18,4% más no se habrían interesado por el ingreso mínimo, el 61% de los no solicitantes tiene vivienda formal en propiedad y el 40,5% de las personas en situación de non-take-up se encontraba trabajando en el momento de realizar la encuesta que sirve de soporte al estudio. 

Otra de las deducciones a las que se ha llegado es que el 70,1% de la gente con derecho al IMV, pero que no lo ha reclamado, se halla en el último tramo de ingresos que da acceso a la prestación. La cercanía y el contacto con los servicios públicos son otros factores clave en la solicitud del incentivo. Un 20% de las personas no solicitantes entrevistadas valora mal los trámites porque considera que es muy difícil hacerlos sin ayuda. Por último, cabe destacarse que la probabilidad de solicitar la prestación disminuye un 7,3% si no se recibe ninguna ayuda de las administraciones. 

Tras la siembra de datos de la investigación, EAPN-ES lanza una serie de recomendaciones encaminadas a revertir el fenómeno de non-take-up que pasan, entre otras cuestiones, por poner en marcha mecanismos que informen sobre el IMV, agilicen y faciliten la carga burocrática y que se reduzcan los plazos de resolución de la prestación, con acceso al derecho de acompañamiento si fuera necesario. Aboga, además, por establecer un sistema de evaluación del impacto del ingreso mínimo, que permita valorar los objetivos establecidos, en concordancia con las indicaciones de la Comisión Europea, enfocado a establecer mejoras, especialmente en su alcance. 

EAPN-ES apuesta por que se adecúen las rentas autonómicas con el IMV, se aumente el importe de la prestación, acorde al coste de la vida; y se optimice el diseño del Ingreso Mínimo Vital, con medidas como el ajuste de la ayuda a los ingresos de los meses recientes y no a los datos de renta del año anterior, la supresión del requisito que exige un año de situación regularizada y efectiva; o la implementación de nuevos complementos de apoyo, empezando por el de vivienda. Instan, en la misma línea, a garantizar itinerarios de empleabilidad o formación que sean voluntarios y complementarios a la prestación y a crear un observatorio permanente sobre el non-take-up que permita la comprensión rápida de insuficiencias de las políticas de asistencia social y pueda proponer recomendaciones para su solución y mejora, en colaboración con las entidades del Tercer Sector.

Con todo, Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español quiere hacer notar que "si hay non-take-up es porque se ha tomado una medida como es el Ingreso Mínimo Vital que creemos ha sido muy positiva, aunque necesita elementos de mejora y por eso estamos trabajando para ver cómo lo hacemos más eficiente". Se sumerge en el goteo de datos recopilados por la entidad para afirmar que el que un 40% de las personas que tienen derecho no lleguen al IMV "está muy vinculado, por un lado, al desconocimiento y, por otro, a que son personas que se encuentran en el borde de poder recibirlo o no. No lo ven como algo para ellos y no saben que es compatible con el empleo, las pensiones o con otro tipo de ayudas como las de discapacidad", avisa.

Para ampliar el alcance de la prestación, Susías entiende que "hay que reforzar las estrategias de información y de acompañamiento", así como "acercar el cómputo a la situación actual o más cercana de las familias, no tener en cuenta la renta del año anterior". "Son -dice- elementos que nos gustaría que se trasladasen a las políticas públicas".

Un total de 1.669.361 personas y 557.405 hogares son beneficiarios del IMV, según la actualización de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado febrero. El importe del conjunto de las prestaciones asciende a 346,4 millones de euros durante el mencionado mes.

El Proyecto Acceso Vital ‘Detección y Movilización de Personas Potencialmente Elegibles del IMV en situación de Non Take-Up’ es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab desarrollado por la Secretaría General de Inclusión (SGI) del Ministerio de Inclusión, Servicios Sociales y Migraciones (MISSM) en colaboración con el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) y entidades del tercer sector de acción social como EAPN-ES. 

Un total de 610.079 personas y 216.249 hogares que en algún momento han cobrado en algún momento el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya no lo cobran, se trata de casi un tercio del total de beneficiarios acumulados desde la puesta en marcha de esta nueva prestación en junio de 2020. Fuentes del ministerio califican de positivas estas bajas porque entienden que el titular de la ayuda ha encontrado trabajo.

En concreto, en este febrero un total de 1.669.361 personas y 557.405 hogares se han beneficiado del IMV, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez facilita este dato, una foto fija del número de beneficiarios actuales de esta prestación. Hasta el momento, únicamente se facilitaba el dato acumulado a lo largo del tiempo, que asciende a 2,2 millones de beneficiarios a 770.000 hogares, un 4,6% de la población en España.

Respecto al perfil del beneficiario de febrero, la persona tiene de media 28 años de edad, el 66,1% son familias con hijos y el 26,7% de ellas son monoparentales.

En cuanto al número de beneficiarios de febrero (1.669.361), 980.602 han sido adultos y 688.794 menores. Respecto a su sexo, 892.803 han sido mujeres y 776.392 han sido hombres. El importe bruto de las nóminas ha sido 346.405.008,67 euros.

De los 557.405 hogares a los que ha llegado el IMV en febrero, hay 376.330 prestaciones con el Complemento de ayuda para la infancia (API). Asimismo, en 371.078 de los casos el titular de la prestación ha sido una mujer y en 186.327 han sido hombres. Además, la cuantía media por hogar ha sido de 500,04 euros.

Desde junio de 2020, cuando se empezó a poner en marcha, el IMV ha llegado a 2,2 millones de personas y a 770.000 hogares, lo que supone un 4,6% de la población. En este dato acumulativo la edad media de beneficiarios también se sitúa en los 28 años, el 68% son familias con hijos y el 23% monoparentales. El importe bruto acumulado de las nóminas es de 9.650.713.577,96 euros.

Según fuentes del departamento, en este 2024 se aportarán datos mensualmente con una ampliación de las estadísticas del IMV. Estos recogerán los principales datos según la comunidad autónoma y la provincia, entre los que se encuentran el número de prestaciones, el número de beneficiarios, el importe bruto por nómina, la cuantía media mensual por hogar y por beneficiario.

En el documento, según fuentes del ministerio, los datos estarán desglosados en tres bloques: el primero, con el detalle de la nómina por Comunidad Autónoma y provincia; el segundo, en relación con la nómina del mes anterior y del mismo mes del año anterior; y el tercero, con información de prestaciones acumuladas.

Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el objetivo de esta ampliación de datos es entrar en una etapa de mayor transparencia. Por ello, también ha elaborado el informe 'Análisis sobre la brecha de cobertura en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)', que se ha hecho público este mismo jueves. El mismo, está financiado por la Unión Europea y recoge todas las medidas que se han llevado a cabo hasta ahora.

Asimismo, aseguran que se está impulsando un nuevo laboratorio de políticas de inclusión, donde se han evaluado 32 itinerarios, que ha contado con 80.000 participantes.

Fundación Alternativas ha alertado del "elevado" número de personas en situación de pobreza severa que desconocen aún la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) pese a haberse aprobado en junio de 2020, según ha informado Europa Press.

La entidad considera en su informe El Ingreso Mínimo Vital. Evaluación de los tres primeros años de la gran iniciativa de protección social que esta situación puede deberse a la "falta de colaboración de los servicios sociales de las autonomías y de buena parte de los ayuntamientos", pero también que "los intentos de la Seguridad Social por llegar a ellos han sido, hasta la fecha, infructuosos".

Desde su aprobación, destaca que el IMV mantiene algunas fortalezas, "pero también múltiples debilidades". Al respecto, precisa se sitúa en "porcentajes similares a los de normas europeas anteriores", pero sigue ofreciendo el "aspecto menos positivo" de su implantación.

Las estimaciones iniciales de acceso, según la fundación, pudieron ser "levemente exageradas", pero la baja relación entre beneficiarios reales y potenciales "no se corresponde con la tradición de la Seguridad Social". Así, cree que se ha conseguido que tenga un reparto territorial que "acumula mayores gastos" allá donde "las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas eran más exiguas, pero siguen manteniéndose importantes diferencias territoriales".

Para Fundación Alternativas, los procedimientos provocaron cuellos de botella "inaceptables" desde el inicio de implantación del IMV, y la inadmisión a trámite de las solicitudes, pensada para no colapsar la Administración, ha dejado a "personas fuera de la prestación".

En este sentido, entre los aspectos que han impedido que el IMV genere mayor estabilidad económica de los colectivos vulnerables, destacan una serie de carencias, como el hecho de que la utilización de datos fiscales de ejercicios pasados haya "excluido como beneficiarias" a las personas con vulnerabilidad sobrevenida; o que el requisito de empadronamiento sea "muy difícil de documentar", en muchos casos de sinhogarismo.

También hace alusión a las normas sobre unidades de convivencia, que califica de prolijas y confusas, lo que ha ocasionado "denegaciones que los afectados y las ONG consideran arbitrarias"; mientras que las revisiones, cuando se producen modificaciones, han dejado fuera de la prestación a "personas que desconocen los motivos reales de la extinción" de la misma; y, en el caso de las personas sin hogar formal, la "falta de notificación efectiva de las resoluciones" no ha impedido la extinción de las prestaciones.

Por último, los itinerarios formativos "no han conseguido llegar a los beneficiarios de forma general y satisfactoria".

Para hacer frente a estos problemas, las ONG han propuesto una serie de soluciones, como la revisión del concepto "unidad de convivencia", que debería permitir adecuar el IMV a las situaciones de todas las personas en vulnerabilidad; la habilitación a las ONG para "defender a los usuarios" cuando se inadmitan o denieguen solicitudes, o cuando se revisen las prestaciones; la posibilidad de que los potenciales beneficiarios, cuando han tenido una intensa caída de ingresos en el último año, "puedan acreditar su situación con los datos actualizados" de SEPE, Seguridad Social y/o AEAT; la renuncia de la Administración a "imponer al colectivo de beneficiarios del IMV reglas draconianas de devolución de cobros indebidos, inferiores en tiempo y superiores en cuantía a las que se usan en otros supuestos".

Asimismo, proponen la colaboración de los trabajadores sociales de autonomías, ayuntamientos y ONG para "permitir que el IMV sea más conocido, y que su aplicación sea más adecuada a la heterogénea realidad de los beneficiarios".

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega sólo al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Así se desprende un informe publicado este jueves por la ONG Oxfam Intermón y el centro de pensamiento Future Policy Lab, según el cual esta prestación podría reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, pero está llegando "solo a los dos puntos de reducción".

El estudio La garantía de ingresos como derecho de ciudadanía. El impacto del Ingreso Mínimo Vital y su articulación con las Rentas Mínimas autonómicas: una estimación se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, ha recogido Europa Press.

La ONG ha recordado que, en un contexto "de desigualdad y pobreza cronificadas por sucesivas crisis", el Ingreso Mínimo Vital -aprobado en junio de 2020- se planteó como "pilar fundamental para avanzar en la lucha contra estos problemas, pero no está logrando todo el potencial que debería". Hasta febrero de 2023, referencia del estudio, se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados. Un 84% de los hogares con derecho a la prestación según la normativa vigente quedaría, según estos datos, fuera de su alcance.

Según el estudio -elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Ález G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin-, esto se debe a problemas de dos tipos. Por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso de la prestación impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos. Por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia, etc) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.

A través de un análisis comparativo de tres comunidades autónomas -País Vasco, Cataluña y Madrid-, el estudio muestra que "una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, como ocurre en el País Vasco". En sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid se está produciendo una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares. En un punto intermedio se encuentra Cataluña, donde las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas.

Como conclusión del análisis, Oxfam Intermón y Future Policy Lab plantean una serie de propuestas destinadas a aumentar el alcance de la prestación. Una de ellas pasa por incluir a todas las personas de entre 18 y 23 años como potenciales titulares de la prestación o garantizar que las menores de 30 años pueden acceder al IMV con los mismos requisitos de acceso que el resto de población adulta.

 Además, el informe plantea modificar el período de cómputo de los ingresos, flexibilizar los requisitos de patrimonio, aumentar cuantías y umbrales, generalizar los incentivos al empleo, y ampliar y homogeneizar la cuantía del complemento a la infancia en todos los tramos de edad, así como medidas relativas a la simplificación de procedimientos y requisitos y a la integración con la fiscalidad.