La ampliación de los permisos laborales por fallecimiento de un familiar y por cuidados paliativos anunciado por el Ministerio de Trabajo ha puesto de nuevo en el centro del debate un indicador muy polémico: el absentismo laboral. A este cociente, que ha crecido en los últimos años, se aferra la patronal para oponerse a ampliar los permisos. Pero, ¿qué recoge realmente? Para los sindicatos es un cajón de sastre que mezcla ausencias derivadas de derechos adquiridos por los trabajadores, con incapacidades temporales justificadas y con ausencias injustificadas y, agregan, oscurece los análisis; para la patronal, es un conjunto de horas no trabajadas que tiene repercusiones productivas y económicas severas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos laborales.

“Muchas informaciones sobre absentismo lanzan datos sin discernir la causa de la ausencia, de forma que no se mide bien el número de trabajadores que se ausenta de manera voluntaria del trabajo, o por escaquearse, como se diría coloquialmente, de aquellos que ejercen un derecho o están enfermos”, explica Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Así, si se aprobasen las nuevas medidas que ha propuesto el Ministerio de Trabajo, el absentismo aumentaría, pero no porque los trabajadores decidan no ir a trabajar, sino por el ejercicio de un derecho adquirido legalmente. De ahí que este indicador pueda llevar a confusiones.

Para la patronal, que, según explica a infoLibre, apoya sus conclusiones en los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (asociada a CEOE), el absentismo supone un problema que cuesta a las empresas “32.000 millones” y estimaban que crecería un 10% al cierre de 2025. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, señalaba el absentismo como “el gran drama de España” y remarcaba que “1,6 millones de personas no van a trabajar todos los días”. La mayoría, eso sí, lo hace porque cuenta con una baja médica acreditada (el 80%, según Randstad) o porque disfruta de un permiso retribuido, como puede ser una mudanza o el cuidado de un menor.

Desde el sindicato UGT niegan la mayor y ponen el foco en los componentes con los que se construye este indicador. “El absentismo laboral no existe porque las ausencias injustificadas de los trabajadores —que están contempladas en el régimen disciplinario de los convenios y del Estatuto de los Trabajadores— son motivo de sanción e incluso de despido por parte de la empresa”, explica Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, que insiste en que “las incapacidades temporales no se pueden definir como absentismo laboral porque están justificadas por un dictamen médico”, concluye.

“El lenguaje no es inocente”, explica la abogada laboralista Mireia Martínez. “A menudo, las empresas, empresarios, prensa —y, lo que es peor, incluso los propios trabajadores— utilizamos expresiones como ‘se ha cogido la baja’. Esa frase, aparentemente inocente, sugiere que la baja es una decisión voluntaria y no es así. La baja no se ‘coge’, se expide por parte de un profesional sanitario”, remarca. “Normalizar ese lenguaje refuerza una narrativa culpabilizadora hacia quien atraviesa un problema de salud”.

Y aquí la abogada vuelve al concepto de “absentismo” para señalar que esta definición tiene una connotación negativa y voluntaria. “Una incapacidad médica no puede calificarse de absentismo, porque no responde a una decisión deliberada del trabajador”, concluye.

“El absentismo hace referencia a unas horas que la empresa esperaba que tú trabajases, pero que finalmente no se han realizado por la razón que sea”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research. Los datos sobre este indicador los proporcionan diferentes agrupaciones y centros de estudio, desde la Asociación de Mutuas hasta varias empresas de recursos humanos.

Una de ellas es Randstad, que calcula trimestralmente un indicador en base a los datos de horas de trabajo pactadas y realmente trabajadas, que emite el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Entre estos dos indicadores se da una diferencia que es sobre la que se trabaja. En este conjunto, unas son relativas a vacaciones y festivos, que no se incluyen en el indicador, pero hay otra serie de circunstancias que sí se incluyen en el cálculo”, detalla Bote. “Y la razón fundamental, la que explica casi el 80% del absentismo, son las bajas médicas, tanto por accidente de trabajo, como por enfermedad común”, detalla.

El 20% restante se debe a otras razones, como por ejemplo, las horas de huelga, que se miden como “absentismo por conflictividad laboral” o los permisos remunerados, donde entrarían casos como las mudanzas o los cinco días por hospitalización de un familiar. “Y luego está el absentismo puro y duro, las ausencias injustificadas”, concluye. 

Es en relación con este último punto, donde muchas veces se toma la parte por el todo y se identifica absentismo con ausencia injustificada o fraude. De hecho, una de las quejas de la patronal viene porque esta tasa ha ido aumentando en la última década y la duración de las bajas también se ha ido extendiendo. Como se observa en el gráfico, el indicador ha ido evolucionando al alza hasta un aumento del 7% en el segundo trimestre de 2025. Por su parte, las bajas por incapacidad temporal crecieron en un 5,5%. “Este incremento se debe a que hay más bajas que antes y estas, además, son más largas”, concluye el responsable de Randstad Research.

Este aumento en la tasa se suele achacar a una población activa más envejecida o a unas listas de espera más largas, sobre todo en lo relativo a la salud mental. Aunque, desde CEOE, Garamendi hacía referencia la pasada semana a “profesionales del absentismo”, que en su opinión “acumulaban bajas de larga duración” y pedía que las mutuas privadas tuviesen más potestad a la hora de gestionar las altas.

“Si lo que se quiere decir o sugerir —porque nadie se atreve a decirlo directamente— es que hay una especie de connivencia fraudulenta entre la persona trabajadora y el médico de cabecera, de lo que se está hablando es de un delito penal y las empresas tienen cauces legales para reclamarlo”, incide Luján. “Estamos ante un falso debate que lo que trata es de trasladar el coste de las incapacidades temporales, que muchas veces se deriva de las condiciones laborales a la Seguridad Social”, concluye.

Cuando se habla de las causas que suelen motivar las incapacidades temporales, explica Sanz, la primera suele estar relacionada con afecciones musculoesqueléticas, pero en segundo lugar aparecen los problemas de salud mental, que son “más difíciles de objetivar” y que si se derivan responsabilidades hacia las mutuas, “serán más difíciles de abordar”, concluye el responsable de CCOO.

Si se observan los datos recopilados por Ranstad, que realiza un índice trimestral detallado por sectores, en las actividades sanitarias, asistencias residenciales y servicios sociales, el aumento en la tasa de absentismo era de las más altas, con alrededor del 10%. Aunque este sector concentró, a su vez, casi un 8% de todos los accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral entre enero y agosto, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

“La sobrecarga laboral, la precarización, las exigencias inasumibles, la falta de recursos, el liderazgo tóxico…”, y así un conjunto de factores que enumera la abogada y que han hecho mella en las afecciones relacionadas con la salud mental. De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, casi la mitad de las muertes en la jornada laboral ya se produce por problemas cardiovasculares que pueden estar relacionados con problemas de salud mental derivados del estrés.

“Por eso, cuando se afirma que ha aumentado el absentismo por salud mental, conviene precisar: ha aumentado la enfermedad derivada de las condiciones materiales de la clase trabajadora”, insiste Martínez. “Los trastornos mentales pueden ser multifactoriales, sí, pero eso no los hace menos objetivos: son la consecuencia directa de un entorno laboral y social precarizado”, concluye.

El cuidado de la salud mental en el trabajo disminuye las bajas laborales en un 66%, según ha destacado el director general de la Fundación Salud y Personas, Joan Piñol, de acuerdo a un estudio de instituciones internacionales como Gallup, la Universidad de Berkelet y Forbes.

Así lo ha expuesto en la jornada 'Entidades emocionalmente saludable', organizada este martes en Barcelona por la entidad de salud psicoemocional junto a Foment del Treball, donde ha incidido en que el estrés provoca el 30% de las bajas laborales, según recoge Europa Press.

El director general de la Fundación Salud y Persona también ha advertido de que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida y que España es el primer país en consumo de ansiolíticos y benzodiacepinas.

"Lo preocupante en este escenario es que más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben, y un porcentaje significativo no recibe el adecuado", ha avisado, según un comunicado de la entidad.

En este sentido, Piñol ha destacado el papel de la Fundación Salud y Persona, cuyo objetivo es "ayudar a la gente que más lo necesita en los momentos de dificultad emocional propia o familiar", y ha destacado los beneficios de invertir "en promocionar la buena salud mental en las organizaciones".

En este sentido, la entidad ha indicado que más allá del impacto directo sobre las personas, las compañías encuentran ventajas, ya que cuidar la salud mental de los empleados supone un incremento del 31% en la productividad, un aumento del 44% de la fidelización de los empleados, una disminución del 41% del absentismo laboral y un descenso del 66% de las bajas laborales.

Además, Piñol ha cifrado en 30.000 millones de euros las pérdidas de las compañías y organizaciones por las bajas debidas a problemas de salud mental.

Por su parte, el director de Servicios de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Davide Malmusi, ha centrado su intervención en los recursos para promover la salud mental en el trabajo. Según ha indicado, tiene un coste del 4% PIB mundial y los días de baja por salud mental alcanzan la cifra de 12.000 millones.

El acto también ha contado con dos mesas redondas, una sobre la experiencia de la atención a la salud mental para los empleados y otra sobre experiencia del cuidado de la salud mental en entidades sociales.

UGT cree que el informe sobre absentismo de Adecco es una fake news, puesto que "considera como absentismo el derecho de los trabajadores a estar enfermos", según ha apuntado en un comunicado. En concreto, la organización sindical ha dejado claro que en el absentismo no se debe considerar el derecho de los trabajadores a estar enfermos, segçun informa Europa Press. "La multinacional Adecco ha presentado un nuevo informe sobre absentismo laboral que parte de un concepto falso y torticero", ha apuntado el sindicato.

Para UGT, Adecco "propone consentir una reforma legal que entregue a las mutuas" la gestión de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, que se gestionan desde la Seguridad Social. "Las informaciones de este informe son inaceptables, ya que criminalizan a los trabajadores, así como a los facultativos de los servicios públicos de salud, que determinan con criterios sanitarios las incapacidades temporales por contingencias comunes", ha dicho la UGT.

El sindicato ha dejado claro que las mutuas no son un modelo ejemplar de gestión de la incapacidad temporal por contingencia profesional, por lo que cree que tampoco lo van a ser para las contingencias comunes. "Es evidente el grave trasvase de patologías que tienen un origen laboral y que están siendo desviadas al Sistema Público de Salud", ha alertado UGT. También ha denunciado que los trabajadores tienen que recurrir a los tribunales para que, después de un largo proceso, les sean reconocidas como profesionales, mientras que el tratamiento de estas enfermedades de origen profesional se está costeando "con el dinero de todos los contribuyentes en lugar de por las mutuas".

El Tribunal Supremo ha condenado este miércoles a una exjefa de una empresa pública a indemnizar a uno de sus antiguos trabajadores por revelar datos relativos a su salud en la red social Twitter, algo que, en opinión del tribunal, supone un atentado contra su derecho a la intimidad. No obstante, el pleno de la Sala de lo Civil del alto tribunal rechaza que el hecho de hacer público que el demandante hacía vida normal mientras estaba de baja constituya una intromisión ilegítima en su honor, al considerar que la "cuestión" sobre la que se emitieron los mensajes –absentismo laboral injustificado– "presentaba un cierto interés general".

El proceso judicial arrancó en 2015, cuando un empleado de una compañía municipal interpuso una demanda contra la que había sido su superiora jerárquica en el área laboral por publicar unos tuits que, a ojos del demandante, suponían "una intromisión ilegítima en sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. Sin embargo, después de que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial desestimasen sus pretensiones, recurrió ante el Supremo. Ahora, el alto tribunal le ha dado parcialmente la razón.

El contenido de los mensajes en la red social Twitter, que la demandada publicó después de que cesara en el cargo, incluía comentarios y críticas sobre la ausencia laboral del trabajador. En concreto, cargaba contra él porque estando de baja por depresión entre octubre 2014 y abril 2015, aparecía en eventos del mundo de la moda o asistiendo a actos de campaña electoral. La demandada adjunta como pruebas, en los tuits, imágenes “publicadas en páginas de diversas redes sociales de Internet (Facebook, Instagram, Twitter), por personas distintas de la demandada y cercanas al demandante”.

Baja injustificada

El Tribunal ha decidido que la libertad de expresión de la demandada prima por encima del derecho al honor del demandante porque “la cuestión sobre la que la demandada emitió los mensajes presentaba un cierto interés general, como es el absentismo laboral injustificado, pues los tuits hacían referencia al supuesto carácter injustificado de la baja laboral del demandante mientras estaba en nómina en una empresa municipal”. Además, añade que lo realizado fue una crítica y que no se emplearon expresiones insultantes o vejatorias.

Sin embargo, el alto tribunal sí ha admitidola intromisión ilegítima al derecho a la intimidad por revelar “información relativa a la salud física o psíquica”. "En el presente caso tal información no solo se ha comunicado a la empresa y a la mutua de accidentes de trabajo por una vía improcedente –se les incluyó como destinatarios de algunos de los tuits–, sino que se ha publicado en una cuenta de Twitter, de acceso público y ha sido objeto de comentarios entre varias personas mediante tuits”.

Derecho a la propia imagen

Según la Sala de lo Civil, tampoco se ha dañado el derecho a la propia imagen del trabajador por el uso de fotografías en las que aparecía porque “la captación de la imagen del demandante se hizo en eventos públicos, en compañía de otras personas y con el consentimiento del afectado”. Pero, además, las imágenes fueron previamente publicadas en Internet por parte de amigos y del partido político en el que estaba afiliado. En cuanto a esto último, “el demandante no hizo objeción alguna”.

La sentencia añade que “el consentimiento para la publicación de la propia imagen en Internet conlleva el consentimiento para la difusión de esa imagen”, porque es “una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en Internet”.

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo que establece el marco salarial para los trabajadores hasta 2020. Tras seis meses de negociaciones que siguieron a las que fracasaron el año pasadofracasaron el año pasado, empresas y trabajadores vuelven a tener un paraguas al que acogerse al negociar sus condiciones laborales. El texto, que cada una de las organizaciones someterá este semana a ratificación, ofrece un aumento salarial que podrá llegar al 3% en el mejor de los casos: “en torno al 2%” como parte fija y un 1% variable que cada convenio hará depender de los conceptos que elijan las partes, bien sea la productividad, los resultados de la compañía, el absentismo injustificado o cualquier otro, siempre que se trate de “un indicador cuantificado, medible y conocido” por trabajadores y empresa.

Ese aumento fijo supera el 1,5% que, como máximo, establecía la anterior edición del acuerdo, firmado en 2015 y con validez hasta 2016. Al igual que excede a las subidas medias incorporadas a los convenios firmados en las empresas en lo que va de año, que no superan el 1,59%. También sobrepasa la previsión de inflación del Gobierno para este año, del 1,5%, al igual que los cálculos para 2019 –1,8%– y 2020 –1,9%–, según las cifras del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas. Aunque la realidad económica puede dar al traste con esa ventaja si los precios continúan subiendo al ritmo en que lo han hecho hasta ahora. En mayo el IPC ya ha escalado hasta el 2%, aupado por el alza del crudo.

La subida salarial ha sido aplaudida por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, puesto que, según dijo, redundará en mayores ingresos en cotizaciones para una Seguridad Social lastrada con un déficit histórico. Los sindicatos han presentado el acuerdo como un “revulsivo para recuperar los salarios, particularmente los más bajos”.

El alza del 1% variable dependerá de la situación de cada empresa. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, suele apuntar que un 40% de las empresas sufren pérdidas. Los datos más recientes que publica la Agencia Tributaria se remontan a 2015. Entonces, con la recuperación aún incipiente, el 45,3% de las 1.483 empresas que declaraban en concepto de impuesto de sociedades tenía beneficios.

Pero desde ese año, las ganancias empresariales no han dejado de subir. De hecho, el aumento de los salarios pactados en los últimos años y el que se ofrece ahora a modo de orientación hasta 2020 quedan lejos de la mejora de los resultados contables de las empresas. En 2017, las bases imponibles del impuesto de sociedades crecieron un 11,7% respecto al año anterior, y en 2016 un 11,11% en comparación con 2015. El ascenso de las bases declaradas por las grandes empresas fue incluso superior, casi un 14%.

Las mayores bases imponibles son la consecuencia, a su vez, de la mejora del resultado contable de las empresas, que fue en 2017 de 217.563 millones de euros, un 9,16% por encima del ejercicio precedente.

Por el contrario, la renta bruta de los hogares se elevó mucho menos, un 3,3% en 2016 y un 4,2% en 2017, de acuerdo con los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Si se utilizan los datos de la Contabilidad Nacional, el panorama resultante es similar. Mientras la remuneración de los asalariados creció un 3,3% en 2017, el excedente bruto de explotación se elevó un 4,8%. El primer parámetro incluye salarios y cotizaciones sociales, mientras que el segundo se utiliza como equivalente de la rentabilidad de las empresas y comprende también intereses y otras rentas. Mientras, los costes laborales unitarios cayeron una décima en 2017 y según las previsiones del Gobierno incluidas en el Programa de Estabilidad, crecerán sólo 1% este año, un 1,4% en 2019 y un 1,5% en 2020.

Hasta 2020

En cualquier caso, los sindicatos han conseguido sacar adelante el punto frente al que la patronal tenía más reticencias: que el salario mínimo de los convenios colectivos sea de 1.000 euros mensuales –14.000 euros al año– en 2020. El acuerdo no es muy preciso al respecto, sólo establece que el aumento deberá hacerse “de manera progresiva” y “gradual” en cada convenio según vayan renovándose, pero no indica plazos ni cantidades en esos intervalos. “Lo hemos dejado abierto porque es el asunto que más conflicto ha causado en la negociación”, explican a infoLibre fuentes sindicales.

Otro tanto puede decirse de la recuperación del poder adquisitivo perdido. El acuerdo no habla de cláusulas de revisión salarial, que ya desaparecieron en el acuerdo de 2015 y la patronal considera trasnochadas. En su lugar, se proponen “mecanismos de revisión salarial”, basados en unos indicadores que, de nuevo, se dejan a la elección de los negociadores de cada convenio.

Más resolutivos se han mostrado los agentes sociales a la hora de garantizar la vigencia de los convenios colectivos, limitada a un año por la reforma laboral de 2012. El fin de la denominada ultraactividad generó una fuerte caída del pulso de la negociación colectiva tras aprobarse la reforma, pero tanto los sindicatos como la patronal terminaron por sortear la ley para mantener vivos los convenios. Ahora se comprometen a resolver cualquier disputa por la caducidad de los convenios mientras se negocia su revisión instando la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario.

Lista para negociar con el Gobierno

Pero la mayor parte del preacuerdo lo constituye la lista de asuntos que sindicatos y patronal remiten a la negociación tripartita, con el Gobierno. La ministra de Trabajo ha ofrecido cambiar los puntos de la reforma laboral que previamente hayan pactado los agentes sociales. De momento, éstos le piden que cambie el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontrataciónsubcontratación. Pero no mencionan directamente la equiparación salarial de los empleados de las subcontratas con la plantilla de la empresa principal, que reclamaban CCOO y UGT. Ha sido otro de los puntos calientes de la negociación, aseguran las fuentes sindicales. De forma que el pacto reconoce la subcontratación como un “proceso fundamental de la especialización productiva”, pero al tiempo advierte de que no debe incentivar la “competencia desleal entre las empresas ni el deterioro de las condiciones laborales”. El documento se limita a pedir una “nueva regulación” de ese artículo que “garantice” las condiciones laborales.

La ministra Valerio ya se ha mostrado dispuesta a modificar este punto, uno de los aspectos que ofreció eliminar de la reforma laboral de 2012. “No estamos en 2012, sino que ahora hay un Gobierno que, pensamos, será más equilibrado en las relaciones con los sindicatos”, destacan las mismas fuentes para justificar el carácter “abierto” de la redacción del preacuerdo con la patronal.

También es genérico el capítulo que reclama el recurso a las reducciones de jornada –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)– como medida de flexibilidad interna que sustituya a los despidos en las empresas con problemas. El preacuerdo ahorra cualquier referencia a la recuperación de las prestaciones por desempleo de la que disfrutaban los trabajadores afectados por un ERTE hasta 2014. En su lugar, los agentes sociales reclaman al Gobierno que no se perjudique “en su protección social ni en su retribución” a los trabajadores que se vean sometidas a esos recortes de jornada, al tiempo que se les permita recibir formación.

Además, le piden al nuevo Ejecutivo que modifique la reforma del sistema de formación para el empleo acometida por el PP en 2015 yque puso en pie de guerra tanto a la CEOE como a los sindicatos. El anterior Gobierno los apartó de la gestión del sistema y ellos no han dejado de reclamar su regreso al órgano de gobernanza. También le exigen cambios en la financiación, que se reanualicen los excedentes que cada ejercicio quedan sin gastar y se permitan nuevos sistemas para financiar los cursos –concursos públicos, y no sólo subvenciones como hasta ahora–.

Para estudiar el absentismo injustificado, sindicatos y patronal quieren que se cree un observatorio que elabore un informe en seis meses. Después, pretenden hacer “pruebas piloto” para evitar las ausencias sin motivo fundado. El absentismo es uno de los caballos de batalla tradicionales de la CEOE, para cuyo control quiere que las mutuas puedan dar las altas a los trabajadores enfermos o accidentados. Los sindicatos se oponen a conceder esa competencia, ahora a cargo de los médicos del sistema nacional de salud. Finalmente, el preacuerdo no incluye mención alguna a las mutuas.

Jubilación forzosa e igualdad salarial

Otra de las peticiones que los agentes sociales elevan al diálogo con el nuevo Gobierno se refiere a la prohibición de la jubilación forzosa que estableció la reforma laboral. Ahora piden que se permita en los convenios para los trabajadores que hayan llegado a la edad ordinaria de jubilación y tengan garantizado el derecho a la pensión completa. Igualmente quieren que si trabajador y empresa alcanzan un acuerdo para rescindir un contrato, el primero tenga acceso a la prestación de desempleo. Hasta ahora sólo la pueden percibir quienes hayan sido despedidos.

Sobre igualdad laboral y salarial, sindicatos y patronal reclaman que se desarrollen los sistemas de atención a la dependencia y la infancia, para que la vida profesional de las mujeres no resulte perjudicada. También que se equiparen los permisos de paternidad y maternidad, y las reducciones de jornada para el cuidado de hijos. Además, pedirán a Trabajo un estudio sobre los sistemas de pluses y complementos salariales, que han resultado ser el factor principal que produce las discriminaciones económicas entre hombres y mujeres dentro de las empresas.

Finalmente, le piden al Gobierno más funciones para el Consejo Nacional de Negociación Colectiva, así como un Plan Director de lucha contra la economía sumergida.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en octubre en 56.844 desempleados respecto al mes anterior (+1,67%), su segunda menor alza en este mes desde 2007, cuando estalló la crisis, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de 3.467.026 desempleados, manteniéndose en su nivel más bajo de los últimos ocho años, según ha destacado Empleo.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de octubre siempre ha sido desfavorable por el fin de la temporada veraniega. El mayor repunte del desempleo en este mes se produjo en 2008, cuando a las listas del SEPE se apuntaron 192.658 parados.

El de octubre de este año es el segundo incremento más bajo desde 2007, sólo mejorado por el del año pasado, cuando el número de desempleados aumentó en 44.685 personas. En los últimos ocho años, la subida media del paro en los meses de octubre supera las 90.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en octubre en 23.690 personas.

En el último año el paro se ha reducido en 297.956 desempleados (-7,9%) y entre enero y octubre acumula un recorte de 235.948 personas.

El paro sólo bajó en octubre en la construcción, con 5.190 parados menos, y en el colectivo sin empleo anterior (-173). Como es habitual tras el fin de la temporada estival, el desempleo se incrementó principalmente en los servicios (+50.985 parados), seguido de la agricultura (+9.194 parados) y la industria (+2.028 desempleados).

El desempleo aumentó en octubre en 15 comunidades autónomas, lideradas por Cataluña (+14.698 parados) y Andalucía (+12.971) y sólo bajó en País Vasco (-1.990 desempleados) y Comunidad Valenciana (-1.858 parados).

Récord de contratos fijos

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 2.032.184, cifra un 8,8% superior a la del mismo mes de 2016.

En octubre de 2017 se han registrado 202.542 contratos de carácter indefinido, el 9,97% del total, con un incremento del 21,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Se trata del "mejor dato desde el inicio de la recuperación", según Empleo, que ha destacado además que con este incremento se acumulan 45 meses de alzas interanuales en la contratación fija y que ésta está creciendo a un ritmo tres veces superior a la contratación temporal (+7,6%).

La nueva Ley de Mutuas introdujo una serie de cambios en los procedimientos de baja laboral. Desde 2015 la Seguridad Social aplica una tabla con las duraciones de las Incapacidades Temporales (IT) que considera “óptimas”. Esos tiempos, agrupados en un manual, pretenden ser una “herramienta de respaldo técnico” para que los médicos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) decidan sobre las bajas por enfermedad de los trabajadores. Pero también sirven de base para calcular el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se marca cada año el INSS y su traducción en el complemento de productividad que perciben los funcionarios que tramitan las bajas.

Entre esos objetivos figura la disminución de la duración media de las IT por las enfermedades con mayor incidencia: trastornos mentales y del aparato musculoesquelético, desde dolores de espalda hasta problemas en las articulaciones. Así figuraba en los objetivos institucionales de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para el primer semestre de 2016. Si una dirección provincial mejora la duración media nacional, obtiene una bonificación proporcional al porcentaje de mejora alcanzado, con una puntuación de 11 puntos y un máximo de 22 puntos. El complemento de productividad se distribuye después entre toda la plantilla de la unidad implicada.

En los objetivos para el segundo semestre de este año, se incentiva además la “adecuación al tiempo óptimo de la duración de la incapacidad temporal”. También que en determinadas enfermedades se lleve a cabo un reconocimiento médico antes de superar los 45 de duración de la baja. Se trata de los llamados Diagnósticos de Especial Control (DEC): estados de ansiedad y algunos de los trastornos musculares y esqueléticos antes citados, como alteraciones de la espalda, lumbago y ciática. Si una dirección provincial cumple estos tres objetivos, obtiene 33 puntos para su cálculo de la productividad.

Los sindicatos recelan de este sistema de control de las bajas laborales. “La Seguridad Social está dando cada vez más pasos para que los médicos del INSS se parezcan a los de las mutuas”, lamenta la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen Barrera, quien advierte en este tipo de políticas “una cierta persecución del trabajador”, pese a que el nivel de absentismo en España es “razonable, en el nivel del resto de la UE” y el índice de fraude “ni siquiera es relevante”. Barrera no entiende que se haga un “especial control en estos temas” cuando, a su juicio, existen “otras prioridades que cuestan más”. Y sospecha del cambio de término: “Antes eran tiempos estándar, ahora los llaman óptimos, y eso ya tiene ciertas connotaciones”.

Para Jaime González, responsable de mutuas de CCOO, estos incentivos son un arma de doble filo. Es positivo, dice, que se quieran mejorar los tratamientos, pero si el objetivo es únicamente fiscalizar el gasto en Incapacidad Temporal, no está de acuerdo en que se utilicen. Para fijar las duraciones óptimas de las bajas se han utilizado datos estadísticos de las enfermedades, que se han relacionado después con la edad y la ocupación de los trabajadores. Pero Jaime González apunta que hay muchos motivos por los que una baja puede exceder la duración “óptima”. Y cita, por ejemplo, el caso de Galicia, cuyas IT duplican –61,67 días– la media nacional –38,86días–, según datos del Ministerio de Empleo hasta el pasado mes de julio. En Extremadura son aún más largas, 63,39 días, el récord nacional. Lugo es la provincia donde resultan más prolongadas, 76,41 días. El motivo, además del envejecimiento de la población, es el predominio de actividades con un elevado riesgo, como las relacionadas con la pesca y la agricultura y la ganadería o la industria naval.

La CGT, por su parte, considera una “auténtica perversidad” que puedan llegar a primar los “criterios meramente administrativos sobre los criterios de salud valorados por el médico de familia”, que concede la baja. También critica que estos objetivos para calcular la productividad no hayan sido comunicados y negociados con los sindicatos. UGT preguntará por ellos en la próxima reunión del Consejo General de la Seguridad Social.

Para ahorrar

El Ministerio de Empleo explica que se trata de un reparto estándar de la productividad y que estos mecanismos de control de la bajas son fruto de los acuerdos firmados por el INSS con las comunidades autónomas. Dichos convenios incluyen un objetivo de ahorro mensual en prestaciones por trabajador. De hecho, cuando el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, presentó el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal, en 2014, destacó precisamente los “ahorros” que iba a permitir el nuevo sistemalos “ahorros” que iba a permitir el nuevo sistema, también en burocracia, así como la prestación de un servicio de “mayor calidad”.

Pero lo cierto es que el presupuesto de la Seguridad Social para Incapacidad Temporal asciende este año a 6.986,36 millones de euros, un 1,42% más que el año pasado. Y en cuanto a la reducción de la duración media de las bajas, no ha dejado de aumentar desde 2014, cuando alcanzaba los 37,51 días. Tres años más tarde, duran 1,35 días más de media.

En 2014, la Audiencia Nacional sentenció que los inspectores médicos del INSS no pueden cobrar un complemento de productividad ligado al “índice de adecuación de la duración” de las bajas laborales. “No es admisible”, dictamina el tribunal, “que el resultado del control de los procesos de Incapacidad Temporal se condicione por el cumplimiento de unos objetivos que dan derecho a percibir un complemento de productividad, cuando éste ha de venir determinado por que el estado de salud del trabajador le impida o no trabajar”.

En 2011, el Ministerio de Trabajo había diseñado un complemento de productividad que premiaba al inspector médico si, del total de los reconocimientos a trabajadores de baja, un 15% terminaba en alta, en incapacidad permanente o se le suspendía la prestación por no comparecer al examen médico. La sentencia consideraba legítimo que para calcular la productividad el objetivo fuera “revisar un determinado número” de IT, pero no que ese objetivo consistiera en que el médico hiciera una propuesta –de alta, incapacidad permanente o fin de la prestación– cuyo contenido incluyera “un determinado porcentaje de casos previamente determinado por la Administración”. También destaca que el único criterio que debe regir la actuación de los inspectores médicos es “el estado de salud del trabajador y, en íntima relación con él, su capacidad laboral”.

La polémica del control

Cuando una baja laboral supera el tiempo óptimo calculado para la enfermedad del trabajador afectado, se activan los protocolos de control de la Inspección Médica, bien del sistema de salud público correspondiente, bien del INSS. En el caso de las contingencias profesionales y si éstas superan el año, las mutuas pueden hacer al INSS una propuesta –alta, prórroga de la baja o incapacidad permanente–, que no es vinculante. Este punto de la nueva Ley de Mutuas fue polémico en su día y el Ministerio de Empleo tuvo que dar marcha atrás en su pretensión inicial de que la falta de respuesta del INSS a la mutua significara el alta automática del trabajador. La CEOE, sin embargo, no cesa de reclamar que las mutuas puedan dar altas médicas en las contingencias comunes, una decisión que hasta el momento recae únicamente en los médicos de familia. La oposición de los sindicatos a ceder tal competencia es total puesto que las mutuas son asociaciones de empresarios y no deben, por tanto, ser quienes decidan sobre las bajas de los trabajadores.

Por el contrario, la patronal defiende que las mutuas serán mucho más eficaces en el control de las bajas que el sistema público, con el consiguiente ahorro en prestaciones. Según un estudio elaborado por Adecco con la colaboración de la patronal de las mutuas AMAT, el coste del absentismo por Incapacidad Temporal ascendió a 68.410,77 millones de euros en 2016, un 11% más que el año anterior. El mismo informe cifra en un 3,45% el absentismo por IT en 2016, siete décimas más que en 2013, cuando la economía española se encontraba en plena recesión.

El presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha hecho un regalo navideño a 510 de sus 630 directivos: no tuvieron que ir a trabajar el día de Nochebuena ni tendrán que hacerlo el de Nochevieja, pese a tratarse de dos jornadas laborables para el resto de la plantilla del gestor público de las infraestructuras ferroviarias. La decisión, inédita en Adif, la aprobaron los comités de dirección de las dos empresas en que se divide –Adif y Adif Alta Velocidad– el pasado día 17 y ha sido publicada en la intranet de la compañía.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, de la medida se beneficiarán 510 del total de 630 personas consideradas “estructura de dirección”. El resto, los directivos que deban trabajar ambos días “por razones del servicio”, podrán disfrutarlos “como días de libre disposición” antes del 31 de enero. Esas dos jornadas laborables convertidas en “días de permiso no recuperables” le costarán a la empresa pública unos 198.600 euros, calculan las fuentes.

Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer de mano de Adif el motivo por el que se les concedido dos días libres adicionales a los altos ejecutivos de la empresa.

Adif es la entidad pública con mayor deuda, que alcanzará los 19.914 millones de euros en 2016 según los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Además, Adif Alta Velocidad aumentará sus pérdidas hasta los 334 millones –sus números rojos ascendieron a 282 millones este ejercicio, mientras que las de Adif crecerán hasta los 116 millones, ocho millones más que en 2015.

El pasado verano el operador público pactó con los representantes sindicales un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario para 350 trabajadoresExpediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario.

El Código Ético de Adif, aprobado el pasado mes de marzo, rechaza cualquier “trato de favor o situación de privilegio derivado de la posición profesional o puesto desempeñado”. El código es aplicable a todas las personas que trabajan en Adif, incluidos los miembros de sus órganos de gobierno.

El Partido Popular y el Gobierno viven con intranquilidad las horas previas a la manifestación contra la retirada de la reforma de la ley del aborto que recorrerá este sábado las calles de Madrid, pasando precisamente por la sede de la formación conservadora. El partido de Rajoy, habitual tras las pancartas de este tipo de concentraciones en la época del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, verá ahora como los cánticos y consignas se dirigen contra ellos. No en vano, el objeto de la concentración es protestar por la marcha atrás del Ejecutivo en un asunto que llevaban en su programa electoral y que se vio obligado a rectificar. En todo este proceso cayó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

A esta preocupación –a nadie se le escapa que el grueso de los asistentes forman parte del electorado al que se dirigen los conservadores– se suma el hecho de que al menos una decena de parlamentarios del PP y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ya han anunciado su asistencia. El proceso de la frustrada ley de Gallardón ya causó muchas fisuras en el partido y ahora, en plena ebullución de la crisis con Cataluña y los escándalos de corrupción Rajoy no quiere más vías de agua. 

En este contexto, el Gobierno intentó este viernes hacer una llamada a la calma comprometiéndose a trasladar en breve al Congreso de los Diputados la prometida ley de protección de la infancia, un texto en manos del departamento de Ana Mato que incluye la necesidad de que las menores de 18 años que quieran interrumpir su embarazo cuenten con el consentimiento paterno. Esta fue la fórmula que encontró Mariano Rajoy de establecer equilibrios en su partido y su electorado en el momento en el que retirá la ley presentada por el exministro de Justicia, que borraba de un plumazo la ley de plazos de Zapatero y volvía a una de supuestos más restrictiva que la de 1985.

"La ley no se demorará", señaló la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según sostuvo Soraya Sáenz de Santamaría, el proyecto de Sanidad ya está en manos del Consejo de Estado y estará de vuelta al Gobierno en las próximas semanas. Será cuando el texto esté en la cámara cuando el Grupo Parlamentario Popular iniciará una ronda de contactos con los grupos para buscar consensos.

Junto a Santamaría, estaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los miembros del Gobierno que sí admitió en su día sentirse identificado con la reforma de Ruiz-Gallardón. El titular de Interior aseguró que no iba a asistir pero que sigue pensando lo mismo al respecto. "No voy a ir a la manifestación pero eso no significa que se hayan cambiado mis convicciones", dijo. "No hay ser más vulnerable que el niño que va a nacer y lo he defendido siempre", insistió.

Se dio la circunstancia de que en la mesa de la rueda de  prensa posterior al Consejo de Ministros se sentaron dos de las personas que han mantenido opiniones contradictorias en lo que la reforma de la ley del aborto se refiere. Según fuentes conocedoras de este proceso, la vicepresidenta del Gobierno fue una de las voces que más se opuso al texto de Ruiz-Gallardón. Por el contrario, Fernández Díaz, fue uno de sus máximos defensores.

Por su parte, Santamaría añadió que desde el Gobierno se respeta la libertad de expresión y manifestación. "Somos muy conscientes de que es un tema con un una carga social importante en el que la opinión de cada uno debe respetarse". "Somos conscientes de que además de posiciones políticas hay posiciones individuales", dijo preguntada sobre los compañeros de su partido que van a asistir.

Reacción esperada

En un momento tan delicado en las encuestas, el éxito o fracaso de la convocatoria será analizado puertas adentro del PP. Los conservadores son conscientes de que gran parte de aquellos que se declaran en la abstención son votantes suyos tradicionales, normalmente muy fieles, que se declaran defraudados por el incumplimiento del programa electoral. Y la reforma de la ley del aborto es una pieza clave. Antes de guardar la ley en un cajón, el Ejecutivo puso en una balanza los pros y contras de dar marcha atrás. Ganaron los puntos a favor. Pero ya contaban con una respuesta similar a la que tendrán este sábado en las calles de Madrid y con el enfado de los obispos y de los medios de comunicación más conservadores.

Uno de los principales temores de algunas de las fuentes consultadas es que la marcha pueda servir también de altavoz de otras demandas que el electorado más conservador del PP hace al partido de Rajoy. Tras el 9-N, algunos dirigentes han constatado el enfado de sus votantes por la poco contundente respuesta del presidente y por su retraso –tardó tres días– a la hora de comparecer.

La manifestación, con el lema "Cada vida importa. Por la vida, la mujer y la maternidad", fue convocada el pasado 7 de octubre, poco después de que Mariano Rajoy anunciase la retirada de la ley del aborto y que esto provocase la renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Según la página web que informa de la jornada, son más de 40 las asociaciones españolas convocantes. Entre ellas están el Foro de la Familia, Hazte Oír o la Federación Española de Familias Numerosas. De fuera de España, son 47 las organizaciones adheridas.

El anteproyecto de ley de mutuas que ha elaborado el Gobierno obliga a estas entidades a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros. Muchas de ellas son empresas con pérdidas, fruto de la crisis económica –facturan por número de trabajadores en activo: éstos son ahora tres millones menos–. Y, si no se venden, así lo dice el anteproyecto, serán liquidadas. Además, en agosto pasado se sentó un mal precedente: Fremap, la mayor mutua española, estuvo a punto de colocar su sociedad de prevención a una empresa colombiana por sólo 100.000 euros, cuando su valor en libros es de 12,7 millones.

“Se van a malvender”, lamentan fuentes sindicales, que también alertan ante la “privatización de la salud laboral” que traerá la desvinculación de las mutuas, entidades de derecho privado pero sometidas a la tutela de la Administración pública. Las patronales Aspa y Anepa, que agrupan a las sociedades de prevención de menor tamaño e independientes de las mutuas, creen que lo más adecuado sería utilizar para la venta una figura similar al concurso público, o al menos que la Seguridad Social coordinara todo el proceso. “Pedimos la escisión total de las mutuas, pero que se haga de manera transparente y a precios de mercado”, explica el gerente de Aspa, Oliver Martín.

Sin embargo, la coyuntura económica, la premura impuesta por el plazo del Gobierno y la salida al mercado simultánea de todo un sector en pérdidas redundará en una devaluación de estas empresas, en una caída de los precios. El caso de Fremap ya disparó las alarmas, hasta el punto de que el Ministerio de Empleo tuvo que bloquear la operación. No sólo por el precio de ganga, sino también por las condiciones “imposibles” que el comprador colombiano ofrecía, y que no parecieron del desagrado de la mutua.

Poco después, en septiembre, la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo (Mugatra) vendió su sociedad de prevención a Inverhismex (Inversiones Hispano Mexicanas), propiedad del presidente del Celta de Vigo y empresario gallego con negocios en México Carlos Mouriño. También Solimat (Castilla-La Mancha) ha cedido la suya a la empresa Prevención y Sanidad Industrial (PSI). A punto estuvo de venderse la sociedad de prevención de la vasca Mutualia, pero finalmente no hubo acuerdo. Algunas mutuas, además, están ofreciendo a sus trabajadores quedarse con las sociedades de prevención creando cooperativas. 

Porque los sindicatos temen que el primer paso de los nuevos propietarios sea la reducción de las plantillas, integradas, además, por personal muy cualificado, entre médicos, ATS y técnicos de prevención de riesgos laborales. “Este es un mundo de especialistas”, presume el presidente de la patronal Asprem, Juan José Llona. Las 18 sociedades de prevención de las mutuas casi alcanzan los 10.000 empleados. Que prestan servicios a más de 6,8 millones de trabajadores.

Menos calidad

Otro de los damnificados del proceso, teme Javier Torres, del departamento de Salud Laboral de CCOO, será la calidad del servicio que prestarán los nuevos propietarios, ya sin el paraguas de las mutuas. “Con el tiempo se ha conseguido generar una cierta cultura en las empresas españolas sobre la importancia de la prevención de los riesgos laborales”, destaca, “pero con la crisis, es el primer apartado que se sacrifica”.

“Nosotros no vemos la prevención desde un punto de vista mercantil, sino de calidad”, apunta por su parte la responsable de la sección sindical de UGT en la sociedad de prevención de Fremap, Cristina de la Cruz, que aboga por mantener a las sociedades ligadas a las mutuas.

La patronal Asprem, en cambio, no quiere manifestar su opinión sobre el proceso que se avecina este año. “No tiene nada que ver con la actividad quién sea el propietario de las sociedades de prevención”, zanja su presidente. Llona sólo concede que sus 18 asociados están “aguantando” la crisis “ajustando los precios”, de forma que, tras bajar hasta seis millones de euros de facturación en los tres últimos años, han sobrevivido a un primer trimestre de 2013 “muy malo” culminando el ejercicio con una cierta “mejoría”.

Proceso largo y polémico

La venta de las sociedades de prevención ordenada por el Gobierno en el anteproyecto de ley de mutuas es sólo el último paso de un camino que comenzó en 2006, cuando se obligó a éstas a segregar esa parte del negocio de la empresa matriz. Desde ese momento, estas sociedades únicamente pueden nutrirse de lo que se conoce como patrimonio privativo (o histórico) de las mutuas, no de las cuotas que ingresan de la Seguridad Social. Sin embargo, nunca ha remitido la polémica sobre la confusión financiera entre unas y otras, sentencias judiciales incluidas.

“Somos privados y gestionamos dinero privado”, recalca Juan José Llona cuando se le menciona el tema. Aspa y Anepa, por el contrario, consideran que la vinculación con las mutuas es competencia desleal y piden que, tras la venta, las sociedades de prevención ni siquiera puedan mantener su actual marca. “Estaremos vigilantes”, advierte Oliver Martín, “y actuaremos si hay precios o condiciones que no entendemos”.

La Seguridad Social se ahorrará 511,36 millones de euros en el pago y gestión de prestaciones por incapacidad temporal (IT) gracias a la Ley de Mutuas, cuyo anteproyecto ha sido remitido a los agentes sociales tras su aprobación la pasada semana en el Consejo de Ministros, para su posterior traslado al Consejo Económico y Social (CES).

Esta nueva reglamentación permite que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social, puedan involucrarse en los procesos de IT por contingencias comunes desde el primer día de baja, informa Europa Press.

Ello se traduce en mayor gasto en servicios sanitarios, pero también en una menor pérdida de días de trabajo, apunta el Ministerio de Empleo. "Este seguimiento de las mutuas conseguirá proteger al sistema del absentismo laboral injustificado", añade. 

El silencio administrativo equivale al alta médica

Por el contrario, los sindicatos CCOO y UGT han expresado ya su "más absoluto" rechazo al anteproyecto de ley. A su juicio, "pone en manos de las asociaciones de empresarios mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social". Las mutuas, en efecto, son entidades formadas por las empresas. Cuando la propuesta de alta que los médicos de las mutuas trasladen a los inspectores médicos de los servicios públicos de salud no sea contestada en un plazo de cinco días, el trabajador tendrá que incorporarse a su puesto. Esta es la principal novedad de la norma, que ha sido contestada por CCOO y UGT, así como por los propios inspectores médicos. 

En concreto, UGT critica que el Gobierno confunda "deliberadamente" el “absentismo injustificado” con la incapacidad temporal. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró tras el Consejo de Ministros del pasado día 20 que el absentismo injustificado en España era de 11,4 días por trabajador, frente a los 8,4 días de Finlandia, los siete de Dinamarca, los 6,8 días de Canadá o los 4,9 días de Estados Unidos. Pero, según explica UGT, el Ejecutivo utilizó un informe que también dice, expresamente, que el problema del absentismo en España no es grave. De hecho, en Francia, abunda el sindicato, la pérdida de jornadas es mayor que en España.

El texto reordena también el funcionamiento de los órganos de gestión de las mutuas, de forma que se refuerza el papel del presidente y se equiparan sus retribuciones a las correspondientes del sector público. Esta medida facilitará un ahorro anual por una mayor gobernanza cifrado en 25 millones de euros.

Recursos sanitarios

Por otro lado, el anteproyecto de ley establece el aprovechamiento de los recursos de asistencia sanitaria de las mutuas que se encuentran infrautilizados, cifrados en 305 millones de euros, para que puedan ser utilizados prioritariamente en colaboración con los servicios públicos de salud.

Además, el texto estipula que las mutuas se deshagan de sus sociedades de prevención antes del 31 de diciembre de 2014 por no responder a la naturaleza de su actividad propiamente dicha. Dichas sociedades acumulan una deuda de 40 millones de euros con la Seguridad Social.

José de la Cavada deja la CEOE, donde ejerció desde 2008 como controvertido director de su departamento de Relaciones Laborales. Tras una dura y larga negociación, la patronal y De la Cavada han llegado a un acuerdo económico que supone la salida del directivo. De la Cavada saltó a los titulares por sus polémicas declaraciones: en 2010 pidió un contrato basura para jóvenesbasura, sin paro y sin cuota empresarial, y el pasado junio criticó que los trabajadores dispusieran de cuatro días libres por defunción de un familiar ahora que “ya no se viaja en diligencia”. Además, los trabajadores de su departamento le denunciaron ante la Inspección de Trabajo por “trato humillante” y por su “sistema autoritario de gestión”. Una de sus subordinadas, jefa de área, reclamó 680.000 euros de indemnización a la CEOE por el acoso laboral y moral al que, según adujo, la sometía.

Pese a que sus declaraciones suscitaron protestas entre los mismos directivos de la patronal, su presidente, Juan Rosell, y su secretario general, José María Lacasa, lo mantuvieron en el cargo, tanto en 2010 como ahora. Tampoco las acusaciones de los trabajadores de su departamento provocaron reacción alguna aparente en la dirección de la CEOE. De hecho, el pasado mes de diciembre la ex responsable del área de Seguridad Social Pilar Iglesias fue despedida por causas disciplinarias, siete meses después de haber demandado a la patronal ante el juez por el acoso de De la Cavada.

Sin embargo, el pasado 29 de octubre, antes de pisar la sala donde iba a celebrarse el juicio por la demanda, esta segunda vez por despido, que Iglesias había interpuesto contra la CEOE, la patronal le ofreció una indemnización superior a la legal, para que retirase la denuncia. Menos de dos meses después, De la Cavada deja la organización empresarial, según han confirmado fuentes empresariales.

En ese tiempo, la dirección negoció con De la Cavada su regreso al Consejo Económico y Social (CES), donde ya había sido vocal de la CEOE. La oferta no cuajó.

Infracción grave de la patronal por no actuar

En todo caso, la denuncia contra el ya ex director de Relaciones Laborales aún se mantiene viva en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que debe aún ratificar la sanción de 25.000 euros que la Inspección de Trabajo impuso a la CEOE.

En su día la Inspección reconoció que las “decisiones y medidas” tomadas por el ya ex director vulneraban “el derecho a la dignidad” de los trabajadores de su departamento y por tanto, constituían una “infracción muy grave”. Porque, además de las manifestaciones “irrespetuosas, ofensivas e intimidatorias” de De la Cavada con sus subordinados –la mayoría de ellos, mujeres–, la Inspección advertía un “incumplimiento contractual grave” de la CEOE, pues no intervino pese a las quejas reiteradas de los trabajadores.

Otro tanto ocurrió con la jefa de área, quien en su demanda contra la patronal aducía que, pese a estar al tanto de la conducta de De la Cavada “verbalmente, por correo electrónico y por carta”, lo mismo el secretario general, José María Lacasa, como el gerente, José Alberto González Ruiz, habían reducido el conflicto a un “problema de comunicación”. Se limitaron a ofrecer a Pilar Iglesias otro empleo en el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE.

Contratos precarios, Estatuto del siglo XIX

No menos problemáticas fueron sus declaraciones públicas. En ambas ocasiones, la patronal tuvo que salir inmediatamente a desmentirlas. Su propuesta de contrato para jóvenes de hasta 30 años, a cambio de un sueldo “en el mejor de los casos igual al Salario Mínimo Interprofesional”, sin derecho a prestación por desempleo y por el que el empresario no tendría que pagar nada a la Seguridad Social, cayó como una bomba en la apertura de una ronda del Diálogo Social en 2010. La figura fue rechazada de plano por los sindicatos y el Gobierno socialista. También por el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

La película se repitió con su curiosa visión del absentismo laboral y los permisos por defunción de un familiar. Pero no han sido las únicas ocasiones en que la sinceridad de De la Cavada ha traído problemas a la CEOE. “El Estatuto de los Trabajadores es una copia en algunas materias de la legislación de Largo Caballero, cuando había dos tercios de analfabetismo en España y el trabajador necesitaba estar protegido, porque no sabía ni lo que era un contrato, pero ya ha llovido mucho, afortunadamente”, aseguró el pasado mayo con ocasión de unas jornadas de la patronal de Castellón. Es más, a su juicio, “el Estatuto de los Trabajadores tiene terminología del siglo XIX: el empresario es el malo y el trabajador el sujeto que hay que proteger”.

También ha dejado su puesto como director de Asuntos Legislativos Rafael de Aldama, que llevaba en la CEOE desde los primeros años 80.

Durante la clausura de la presentación del II Informe Adecco sobre Absentismo, celebrada este lunes en Madrid, De la Cavada ha asegurado que el Estatuto de los Trabajadores "se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".

Para el responsable de la CEOE, hay una ampliación de permisos y licencias "con una mentalidad que no es conforme con el desarrollo que existe hoy en día con los desplazamientos por autovía o tren".

En su opinión, hay parte de la legislación laboral "que es copia en este caso de la legislación del franquismo, superprotectora y que no corresponde con la necesidad que tiene una persona para ir a un acontecimiento familiar de ese tipo".

Según el informe de Adecco, la tasa de absentismo en España se redujo medio punto en 2012 en el sector privado, hasta el 4,3%, aunque de el responsable de relaciones laborales de la CEOE ha apuntado que en el sector público la tasa asciende al 5,06%.

José de la Cavada ha admitido que la crisis ha influido en la tasa de absentismo y que ésta ha bajado, aunque ha subrayado que este aspecto supone un coste de 7.250 millones de euros para las empresas, "un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos de la CEOE".

Asimismo, ha criticado que el servicio de Seguridad Social no haga ningún seguimiento a lo que el absentismo cuesta a las empresas. "El que paga es el que corre con el riesgo y los controles de bajas de la Seguridad Social dejan mucho que desear", ha aseverado.

Por ello, ha propuesto que se penalice a las personas que tienen cuatro bajas en un mismo año durante los primeros 15 días de ausencia, "al igual que se hace en otros países del entorno español".

La reforma permite despedir, a cambio de 20 días de indemnización, con sólo sumar ocho bajas médicas, aun justificadas, en un periodo de dos meses. Según los sindicatos del sector del telemárketing, ése fue el instrumento utilizado por Atento, filial de Telefónica, para despedir a parte de los 65 trabajadores que echó el año pasado tras incorporar a 200 de Sertel, una empresa de la Fundación Once con discapacitados integrados en su plantilla.

También acudió al despido disciplinario por bajo rendimiento, que no da derecho a ningún tipo de indemnización. Fue igualmente el caso de Sitel Ibérica, que rescindió 25 contratos con ese argumento en 2012.

Otra empresa del sector, Konecta BTO despidió a 11 personas en el País Vasco alegando las bajas por enfermedad, y a siete más les ofreció un traslado forzoso a Barcelona. “Son despidos encubiertos”, asegura la responsable del sector en CCOO, Sofía Castillo. “Nadie se muda a otra ciudad por un sueldo de 800 euros al mes”, argumenta.

La patronal del sector, ACE, por su parte, dice desconocer este tipo de prácticas. “No estamos para despedir, sino para hacer negocio”, asegura su presidente, Fernando Romero de Claver. Aduce, además, que el absentismo, “uno de los grandes problemas del sector”, se ha reducido en los últimos años del 15% hasta el 3% o 4% actual”.