Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento islamista Hamás, han denunciado que al menos 90 personas han muerto y 300 han resultado heridas un bombardeo israelí lanzado este sábado contra el comandante del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, en un campo de desplazados en Al Mawasi, al oeste de la ciudad de Jan Yunis y en principio descrita por el Ejército israelí como una "zona segura" para los desplazados del enclave, según informa Europa Press.

"El balance de la atroz matanza de la ocupación (Israel) contra ciudadanos y desplazados en la zona de Al Mawasi, en la gobernación de Jan Yunis, esta mañana es de 90 mártires (la mitad de ellos niños y mujeres) y 300 heridos entre ellos docenas de niños y mujeres y hay lesiones críticas y graves", ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí en un balance publicado por la tarde.

Mientras la cúpula de las fuerzas de seguridad israelíes siguen a la espera del resultado de la operación, el subsecretario del Ministerio de Salud en Gaza, Yusef Abu al Rish, ha denunciado este bombardeo como una masacre y avisado a la cadena Al Yazira que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas dada la constante llegada de víctimas a los hospitales circundantes.

El ataque ha comprendido al menos cinco misiles que, según fuentes palestinas a periodistas de Al Yazira, han alcanzado tiendas de campaña y una planta de desalinización en la glorieta de Al Nus, extremo este último negado por el Ejército israelí, que ha descrito lo ocurrido como un ataque de precisión contra un domicilio, aunque admite que se encontraba en medio de civiles.

Defensa Civil de Gaza ha concretado que entre los fallecidos se encuentra su subdirector del Departamento de Bomberos y Salvamento de la organización, Muhamad Hamad, y que otros ocho integrantes de estos equipos han resultado heridos después de que, denuncia, el Ejército israelí lanzara ataques directos contra los equipos de auxilio que iban a ayudar a las víctimas del bombardeo inicial.

El Ejército de Israel ha terminado confirmado que el ataque de esta mañana contra el campo de desplazados tenía como objetivos a Deif y al comandante local de Hamás en la ciudad de Jan Yunis, próxima al campamento, Rafa'a Salamé, aunque no sabe si están vivos o muertos.

A este respecto, fuentes del canal saudí Al Hadath apuntan que Salamé habría muerto en el bombardeo y que Deif estaría gravemente herido, pero no existe confirmación adicional de esta información.

De acuerdo el Ejército israelí, los dos comandantes se encontraban en un "edificio de baja altura y vallado" entre Al Mawasi y Jan Yunis y, si bien confirman que estaban en un "entorno civil", han negado que se encontraran ocultos en tiendas de campaña entre los desplazados. Israel también asegura que Deif no estaba oculto en ningún túnel y que no había rehenes en el edificio alcanzado.

A pesar de que las zonas de Al Mawasi y del oeste de Jan Yunis son parte de una zona declarada como humanitaria por los militares israelíes, el Ejército asegura que "se trató de un ataque de precisión que solo tuvo como objetivo la posición de Hamás", de acuerdo con un comunicado recogido por el Times of Israel.

Mientras, el Complejo Médico Nasser, el hospital más grande de la región de Jan Yunis, cercana a la zona atacada, ha anunciado la suspensión de sus instalaciones tras verse desbordado por el número de heridos.

Personal del hospital han denunciado la falta de recursos y el creciente número de víctimas de la ofensiva israelí, según recoge el diario israelí The Times of Israel.

El Ejército israelí también ha confirmado el comienzo de una reunión de la cúpula militar y de seguridad israelí en la que participan el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor, general Harzi Halevi, y el director de los servicios de inteligencia nacionales de Israel, Ronen Bar, para evaluar las consecuencias del ataque en Al Mawasi, de acuerdo con el Times of Israel.

El primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, "ha sido informado sobre todos los acontecimientos y continúa recibiendo actualizaciones periódicas", según ha informado su oficina en un comunicado. Netanyahu llevará a cabo una evaluación de la situación con funcionarios militares y de seguridad para discutir los próximos acontecimientos y medidas a adoptar.

El Parlamento israelí ha aprobado este lunes en segunda y tercera lectura la conocida como ley Al Yazira, una nueva legislación que permite el cierre de medios extranjeros y que abre la puerta al veto de la cadena qatarí, según Europa Press.

"El canal terrorista Al Yazira ya no transmitirá desde Israel. Tengo la intención de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del canal", ha indicado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la red social X, poco después de su aprobación.

Asimismo, ha acusado a Al Yazira de "participar activamente en la masacre del 7 de octubre" perpetrada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí "e incitar a los soldados" de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las autoridades israelíes competentes –tanto el primer ministro como el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi– tendrán ahora la autoridad para ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel, así como confiscar sus equipos si representan "un daño real a la seguridad del Estado".

Karhi ha coincidido con Netanyahu y ha resaltado que "no habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel. "Cerraremos Al Yazira en los próximos días", ha resaltado, según informa el diario The Times of Israel.

Poco antes, el primer ministro israelí se había puesto en contacto con el jefe de disciplina del Likud, Ofir Katz, para pedirle que garantizase la aprobación del proyecto de ley. La Knesset ya dio luz verde en primera lectura a la iniciativa a mediados del pasado mes de febrero.

El gabinete de seguridad israelí impulsó a mediados de noviembre la redacción de un proyecto de ley para permitir el cierre de medios de comunicación extranjeros tras varias semanas de desacuerdos con las publicaciones de la televisión qatarí Al Yazira y la cadena Al Mayadín, afín a Irán.

Israel se encuentra actualmente sumida en una operación militar en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El conflicto estalló después de que la milicia matara a casi 1.200 personas y tomara como rehenes a otras 240 tras una serie de ataques contra territorio israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron a aquellos ataques de Hamás de comienzos de octubre con una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya más de 32.800 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y otras más de 75.000 personas heridas.

El Gobierno israelí no está conforme con el trato mediático que está recibiendo su pugna militar en Gaza, especialmente con medios como la citada Al Yazira. El propio Netanyahu reprochó hace meses al primer ministro británico, Rishi Sunak, el trato que la BBC estaba brindando a la guerra.

Esta es la historia de dos mujeres. Dos ciudadanas de Emiratos Árabes Unidos que, en apariencia, no tienen nada en común. La primera, Latifa Al Maktum, es una de las hijas del jeque Mohamed Al Maktum, emir de Dubái y primer ministro de los Emiratos. La segunda, Mariam Al Balushi, es una estudiante de Sharjah, el emirato vecino.

Ambas mujeres han sufrido una de las lacras de esta autocracia del Golfo: la detención arbitraria. La historia de Latifa Al Maktum conmocionó al mundo cuando intentó huir de su país, para ser luego interceptada a bordo de un yate y secuestrada en una villa por su padre, el emir. Mariam Al Balushi lleva ocho años languideciendo en prisión, primero por unos dudosos cargos de terrorismo y después por atreverse a denunciar sus condiciones de detención.

La princesa cautiva y la simple reclusa tienen otra cosa en común: han estado en el punto de mira de los servicios secretos emiratíes, lo que demuestra la incomodidad de Abu Dabi por la cobertura negativa de sus historias en la prensa y en las redes sociales para la imagen del país. Estas son las conclusiones de una nueva entrega de la investigación Abu Dhabi Secrets, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

El jeque Matar, el espía emiratí en el centro de la investigación de EIC, ha coordinado varias operaciones en Europa. Cribando sus correos electrónicos cifrados, EIC descubrió que el agente Matar fue asesorado sobre las dos prisioneras por una estrella de la abogacía británica, Paul Tweed.

Aunque sus relaciones con los servicios secretos emiratíes eran hasta ahora secretas, Tweed representa ahora oficialmente a personalidades muy próximas al régimen, como el lobista Ghanem Nusseibeh, dueño de la consultora londinense londinense Cornerstone Global Associates y el exdignatario palestino Mohamed Dahlan.

Este abogado norirlandés, especialista en demandas por difamación para gestionar la reputación de sus clientes, es uno de los más temidos y célebres del mundo. Paul Tweed ha demandado a los medios de comunicación en nombre de un impresionante elenco de estrellas, entre ellas Jennifer López, Harrison Ford, Nicolas Cage, Justin Timberlake y Britney Spears.

Paul Tweed ha declinado comentar su relación con el jeque Matar. No quiso confirmar ni desmentir que el agente secreto fuera su cliente.

Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso EIC sugieren que asesoró al agente Matar sobre una estrategia agresiva que debía aplicarse a la princesa Latifa. También muestran que se enfrentó a Facebook y Twitter para que retiraran cinco contenidos relacionados con la prisionera Mariam Al Balushi, aprovechando que los medios de comunicación ilustraban artículos sobre ella con fotos de una mujer con el mismo nombre.

Esta avalancha de recursos utilizados contra una simple estudiante totalmente desconocida fuera del mundo árabe muestra hasta qué punto Emiratos quiere que la comunidad internacional se olvide de sus presos políticos –41 opositores siguen detenidos tras cumplir sus penas, según Amnistía Internacional–, pero también de la discriminación de las mujeres, que persiste pese a los más recientes avances. Lo que incluye a la familia real de Dubái, donde cuatro princesas han intentado fugarse, algunas con éxito.

La más famosa es la jequesa Latifa, una de las decenas de hijos del emir Mohamed Al Maktum. Su historia, relatada extensamente en una reciente investigación de la revista estadounidense The New Yorker, es desgarradora. Según su testimonio, fue entregada a una de sus tías al nacer porque no tenía hijos propios. De niña fue testigo del intento de fuga de su hermana, pero también, según ella, de la violencia de su padre, que supuestamente golpeó a una de sus hermanas por interrumpirle. Los abogados del emir lo negaron a The New Yorker.

La princesa Latifa intentó fugarse por primera vez a los 16 años. Fue condenada a 13 meses de prisión. Volvió a intentarlo a los 32 años, con la ayuda de su amiga y profesora de capoeira, la finlandesa Tiina Jauhiainen. Las dos mujeres consiguieron llegar a un yate y zarpar. Pero el barco fue asaltado frente a la costa de la India por un comando del ejército indio. La princesa Latifa fue drogada y llevada de vuelta a Dubái.

Ante la presión internacional, las autoridades tuvieron que proporcionar pruebas de vida. En diciembre de 2018, se organizó un almuerzo, cuyas fotos fueron difundidas por el Gobierno, entre la princesa y Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Ella declaró que la princesa Latifa era una mujer “vulnerable” y sugirió que había actuado influenciada.

Pero en 2021 la BBC reveló que la princesa había permanecido cautiva en una villa de Dubái durante tres años. Latifa Al Maktum había conseguido un teléfono con el que se comunicaba con su Tiina Jauhiainen. Los vídeos que le envió son terribles: “Soy una rehén, esta villa se ha convertido en una prisión”, dice. Estoy confinada sola. [...] No sé cuándo me liberarán. [...] Me preocupo cada día por mi seguridad y mi vida".

El escándalo es de alcance mundial. Mary Robinson tiene que explicar el montaje de 2018. Dice que fue “horriblemente engañada” por uno de los médicos de Latifa y una tía, que supuestamente le mintieron diciendo que la princesa sufría un trastorno bipolar y que no se debían tratar temas difíciles con ella para no “agravar su trauma”.

Fue entonces cuando el abogado británico Paul Tweed entró en escena. Angustiado por esta secuencia mediática, catastrófica para la imagen de Emiratos, escribió al agente secreto Matar el 1 de marzo de 2021 para proponerle, tras su “conversación de la semana pasada”, un plan de combate para hacer frente a la “cobertura mediática cada vez más hostil de la polémica en torno a la princesa Latifa”.

Tweed sugiere que los comentarios de Mary Robinson han sido ampliamente difundidos en los medios irlandeses, y que hay que atajar el problema, aprovechando la influencia del emir de Dubái en el país, donde posee una yeguada y una enorme cartera inmobiliaria. “La poderosa red del jeque Mohamed [Al Maktum] le permitiría aprovecharse de las favorables leyes irlandesas sobre difamación y privacidad”, escribe el abogado.

Tres semanas después, Tweed sugiere al espía emiratí que, si en algún momento un médico diagnosticara realmente a la princesa como bipolar, podría demandar por difamación a Mary Robinson y al periódico que había publicado esas declaraciones, lo que resultaría “muy eficaz” para disuadir a otros medios. “Es sólo una idea”, concluye.

El abogado también aconseja al agente Matar que investigue a Tiina Jauhiainen: la amiga que ayudó a Latifa a escapar está “buscando agresivamente la atención de los medios, y debemos asegurarnos de que es tan desinteresada como dice ser. Lo mismo puede decirse de uno de los abogados que defienden a la princesa”.

No es posible saber si el plan se llevó a cabo. En cualquier caso, no parece que se haya presentado ninguna denuncia contra Mary Robinson. EIC le ha preguntado, pero ella no ha respondido.

Si Paul Tweed recomienda una fuerte reacción, es también, según explica al agente Matar, porque el escándalo está obstaculizando su trabajo: “Esto está teniendo un efecto extremadamente perjudicial, no sólo para el jeque Mohamed, sino también para el trabajo que he emprendido sobre otros temas vinculados a los Emiratos Árabes Unidos y, en particular, el asunto Al Balooshi”.

Este apellido árabe, muy común en los Emiratos, puede escribirse de varias maneras en inglés, entre ellas Al-Balooshi o Al Balushi. Como se comprobará más adelante, se trata de un detalle importante.

El 18 de febrero de 2021, dos días después de la primicia de BCC sobre la princesa Latifa, Paul Tweed, como abogado de una emiratí llamada Mariam Al Balooshi, pidió a Facebook que eliminara tres publicaciones. Poco después, hizo la misma petición a Twitter en relación con dos tuits. Todos estos mensajes, en árabe, hacían referencia al llamamiento de la ONU para que se pusiera en libertad a Mariam Al Balooshi, detenida arbitrariamente en Abu Dabi pese a haber cumplido su condena.

En cartas posteriores enviadas a los dos gigantes de las redes sociales, Tweed expresa su indignación: “Mi cliente es víctima de una acusación políticamente fabricada de que está encarcelada en los Emiratos Árabes Unidos. Esto es completamente falso”. Su cliente está dispuesta a aportar pruebas de que “no está ni ha estado encarcelada”, insiste.

Sin embargo, las autoridades emiratíes han confirmado oficialmente que la joven está en prisión.

¿Cuál es la explicación de esta paradoja? Hay dos Mariam Al Balooshi.

La primera, cuyo apellido escriben la ONU y las ONG árabes de derechos humanos como Al Balushi, vivía en Sharjah, uno de los siete emiratos que componen el país. En 2015, cuando tenía 19 años y cursaba el último año de bachillerato, entregó 600 dólares a una familia siria, según ella por razones puramente humanitarias. Pero las autoridades dijeron que eran terroristas. Fue detenida, condenada a cinco años de prisión y recluida en la prisión central de Al Wathba, en Abu Dabi, un establecimiento de siniestra reputación.

En cartas y grabaciones de audio que consiguió hacer llegar a las ONG, relata que fue “golpeada, humillada y torturada”. También describe las condiciones de detención en Al Wathba: carne servida cruda, prisioneros hacinados en celdas, reclusos enfermos de cáncer a los que sólo se les dan analgésicos. “Vengan y véanlo ustedes mismos, por favor”, suplica.

Tres relatores especiales de la ONU la apoyaron en 2019 y preguntaron al Gobierno emiratí, que negó las acusaciones. La prestigiosa ONG Human Rights Watch intervino a su vez en marzo de 2020 después de que Mariam Al Balushi iniciara una huelga de hambre e intentara suicidarse cortándose las venas. En enero de 2021, el grupo de trabajo ad hoc de la ONU consideró oficialmente que su detención había sido “arbitraria”. Mariam Al Balushi fue entonces condenada a otros tres años de prisión por alteración del orden público y difusión de noticias falsas, en represalia por haber alertado públicamente a las autoridades sobre su caso.

A diferencia de muchos otros presos emiratíes, Mariam Al Balushi ha atraído la atención de la prensa árabe. Pero es un símbolo sin rostro. No se ha publicado ninguna foto suya. Tras su intento de suicidio, varios medios de comunicación, entre ellos la cadena catarí Al Yazira y el sitio web egipcio Rassd, ilustraron probablemente por error sus artículos y tuits con la foto de otra persona: su tocaya Mariam Al Balooshi, a la que el abogado Paul Tweed representa contra Facebook y Twitter, en relación con el agente Matar. En inglés, su nombre suele escribirse Mariam Al Balooshi. Y es todo lo contrario que la estudiante encarcelada. Se trata de una polifacética alta funcionaria de Dubái, protegida por el régimen y cuya actividad ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación; parece un anuncio viviente. Una excepción destinada a demostrar que las mujeres pueden triunfar en los Emiratos.

Tras licenciarse en ingeniería, se incorporó al departamento de medio ambiente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, convirtiéndose en su directora con sólo 30 años. También es negociadora estatal jefe de Medio Ambiente y Cambio Climático en Aviación Civil, asesora medioambiental de la Compañía Nacional de Petróleo de los Emiratos y ha representado al Gobierno en numerosas conferencias.

Mariam Al Balooshi es además columnista y escritora, y sus libros son promocionados regularmente por las autoridades. También es artista de la caligrafía árabe. Y ha tenido el honor de trabajar con el joyero francés Van Cleef & Arpels, al que fue recomendada por la hija mayor del Emir de Dubái. “Estoy orgullosa de mi país y mi país está orgulloso de mí”, proclama esta patriota, que en sus entrevistas elogia el papel “pionero” de los Emiratos y sus dirigentes.

Fue así como Paul Tweed pudo acercarse a Facebook y Twitter, gracias a que los medios de comunicación ilustraron sus artículos sobre la presa Mariam Al Balushi con fotos de su cliente, una “artista y alta funcionaria” que “no está ni ha estado encarcelada”.

Al principio, el planteamiento no funcionó. El 12 de marzo de 2021, Facebook y Twitter respondieron que, de los cinco artículos en cuestión, tres ya habían sido retirados por sus autores. Sólo quedaban un tuit y una publicación de Facebook, que las dos empresas se negaron a retirar. Pero la lucha continuó, con la apertura de un procedimiento ante un tribunal de Dublín.

El abogado británico discute entonces la estrategia con el agente Matar. Paul Tweed también reenvió al espía varios correos electrónicos que antes había mandado a la alta funcionaria, pese a que están amparados por la confidencialidad de la correspondencia entre abogado y cliente.

El 4 de abril de 2021, Paul Tweed comunicó al agente Matar que había conseguido evitar que los medios de comunicación se hicieran eco del caso, y sugirió que “el cliente debería esperar antes de preparar vídeos”. El abogado informa de que una productora se ha puesto en contacto con él para realizar un documental en Netflix sobre su trabajo contra los “gigantes de las redes sociales”. Los productores “estarían muy interesados en incluir casos que sugieran un sesgo político, como el de Al Balooshi, [...] pero, por supuesto, no asumiré ningún compromiso sin su acuerdo”, concluye.

A preguntas de EIC, Paul Tweed se negó a comentar los hechos debido a sus obligaciones de “confidencialidad”, especialmente en lo que respecta a su relación con el agente Matar. “Representé con éxito a Mariam Al Balooshi (que nunca fue encarcelada). Recibí instrucciones directamente de ella”, añadió el abogado, quien afirma que representó a sus clientes “en pleno cumplimiento de [sus] muy estrictas obligaciones reglamentarias y con la máxima integridad profesional”.

Cuando se contactó con Mariam Al Balooshi, ésta no respondió. “Dada la naturaleza poco profesional y parcial de sus preguntas, así como los diversos artículos infundados y negativos promovidos por sus medios de comunicación, no tiene sentido responder”, ha contestado por su parte un portavoz del Gobierno emiratí.

Facebook y Twitter tampoco han contestado a las preguntas de EIC, por lo que se desconoce el resultado de la batalla legal para que retiraran los dos últimos contenidos cuestionados por Paul Tweed. El post de Facebook ha sido despublicado, pero no se sabe quién lo hizo. Sin embargo, el tuit sobre la estudiante encarcelada, ilustrada con el rostro de la artista y alta funcionaria, sigue en línea.

Al final, la estudiante y la princesa tuvieron dos destinos diferentes.

El 9 de noviembre de 2022, circuló el rumor de que a Mariam Al Balushi le habían ofrecido un trato: a cambio de su liberación, debía negar sus declaraciones anteriores sobre sus condiciones de detención y criticar a las organizaciones de derechos humanos. EIC no ha podido averiguar si esa oferta se hizo realmente, ni si la estudiante, que ahora tiene 27 años, la aceptó. De hecho, no se ha vuelta a saber de ella. Las ONG que la apoyaban no tienen noticias de Al Balushi desde hace dos años.

En cambio, el caso de la princesa Latifa Al Maktum parece haberse resuelto amistosamente. Desde mayo de 2021, tres meses después de que se difundieran los vídeos de su cautiverio en la villa, amigos y familiares publicaron fotos de ella en las redes sociales, en restaurantes de Dubái y en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

El 18 de febrero de 2022, Michelle Bachelet, la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, publicó en Twitter una foto suya con la princesa Latifa delante de una estación de metro de París.

La reunión se había celebrado cuatro meses antes, primero en compañía de su abogado británico, Niri Shan, y después cara a cara. “Latifa comunicó a la alta comisionada que se encontraba bien y que deseaba que se respetara su intimidad”, declaró la oficina de Michelle Bachelet, que no respondió a las preguntas de EIC. Al día siguiente, Shan emitió un comunicado de contenido prácticamente idéntico, afirmando que a Latifa le “gustaría que los medios de comunicación la dejaran en paz”. Contactado por EIC, comunicó el mismo mensaje. A partir de ahora, Latifa Al Maktum sólo hablará a través de su abogado.

Además, Latifa ha cortado completamente los lazos con Tiina Jauhiainen, la amiga finlandesa que la ayudó a escapar y luego luchó durante años por su liberación. “Para mí está claro que hizo un trato. Se derrumbando”, declaró Jauhiainen a The New Yorker, que publicó el 8 de mayo una larga investigación sobre la princesa.

La periodista de The New Yorker había solicitado una entrevista con Latifa Al Maktum al despacho de Niri Shan. El día que se le notificó la negativa, apareció una cuenta de Instagram a nombre de la princesa, con una foto suya en Austria y este mensaje: “Recientemente he tenido conocimiento de peticiones de medios de comunicación para un artículo que pone en duda mi libertad por no haber hablado públicamente de lo sucedido. [...] Puedo entender que, desde fuera, ver que alguien tan sincera como yo [...] opta por delegar su palabra en otra persona, sobre todo después de todo lo que ha pasado, parece dar la impresión de que estoy siendo controlada. Soy totalmente libre y llevo una vida independiente”.

La escena se ha repetido durante la investigación de EIC. El jueves 13 de julio, tres días después de que se le enviara una serie de preguntas a Niri Shan, la cuenta de Instragram de Latifa Al Maktum publicó fotos de la capital noruega con el mensaje “Descubriendo Oslo”. Pero esta vez, el rostro de Latifa Al Maktum no aparece en las imágenes.

La antigua princesa rebelde no volverá a poner en aprietos a su padre, el poderoso emir Mohamed Al Maktum.

El ministro de Comunicaciones de Israel, Ayub Kara, anunció que revocará las credenciales de los periodistas de la cadena panárabe Al Yazira, y cerrará sus oficinas en Israel después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu acusara al medio, con sede en Qatar, de incitar a la violencia contra Israel durante su cobertura de la última crisis en la Explanada de las Mezquitas, informa Europa Press.

El ministro declaró además que esta decisión está relacionada con el boicot declarado a Qatar por cuatro países árabes (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahréin) que acusan al emirato de financiar el terrorismo internacional.

"Nos identificamos con los árabes moderados que luchan contra el terrorismo. En Israel tampoco hay sitio para un canal que respalde el terrorismo. Vamos a actuar igual que estos cuatro países, que han expulsado a este canal de su territorio", declaró en comentarios recogidos por el Jerusalem Post.

Aunque los servicios por cable ya acordaron cesar la retransmisión de Al Yazira, tanto en árabe como en inglés, el ministro reconoció que la expulsión completa del medio necesitará de la aprobación de legislación adicional.

La crisis de la Explanada comenzó el mes pasado con el asesinato de dos policías a manos de dos terroristas árabe-israelíes. El consiguiente cierre de este lugar sagrado desencadenó masivas protestas en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que dejaron cientos de palestinos y varios policías israelíes heridos.

Los gobiernos de Arabia Saudí, Baréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han aceptado este lunes la petición de Kuwait de prorrogar 48 horas la fecha límite dada a Catar para que cumpla sus exigencias para poner fin a la crisis diplomática desencadenada hace varias semanas, según ha informado la cadena de televisión saudí Al Arabiya.

Minutos antes, la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA, confirmó que el emir del país, el jeque Sabá al Ahmad al Jaber al Sabá, ha recibido la respuesta a las exigencias por parte del ministro de Exteriores catarí, Mohamad bin Abdulrahman al Zani, sin dar detalles sobre cuál ha sido.

Asimismo, informó de que el Gobierno kuwaití había pedido a las autoridades de Arabia Saudí, Baréin, Egipto y EAU que "acepten una petición para extender 48 horas la fecha límite dada a Catar".

Los gobiernos de estos cuatro países habían fijado la noche del domingo como fecha límite para que Catar cumpliera sus demandas bajo amenaza de consecuencias.

El propio ministro de Exteriores catarí adelantó este domingo que Doha respondería formalmente este lunes a las demandas planteadas por Arabia Saudí y sus aliados, que acusan a Catar de apoyar el terrorismo.

También el domingo, estos cuatro países árabes emitieron un comunicado conjunto en el que anuncian que sus ministros de Asuntos Exteriores se reunirán el miércoles en El Cairo para tratar el contencioso con Catar.

"A invitación del ministro de Asuntos Exteriores (egipcio), Samé Shukri, habrá una reunión del cuarteto de ministros de Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin en El Cairo el miércoles 5 de julio para hacer un seguimiento de la situación con respecto a las relaciones con Catar", informó Ahmed Abú Zeid, un portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este domingo conversaciones con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar para expresar su "preocupación" por la disputa diplomática en la región.

La Casa Blanca ha indicado que durante estas conversaciones el mandatario estadounidense "ha reiterado la importancia de detener la financiación al terrorismo y de desacreditar las ideologías extremistas".

"El presidente también ha recalcado que la unidad en la región es fundamental para lograr los objetivos de la Cumbre de Riad de derrotar el terrorismo y promover la estabilidad regional", ha señalado.

Demandas

La agencia estatal de noticias oficial de Baréin, BNA, publicó el 25 de junio la lista de 13 peticiones entregadas a Catar para restablecer los lazos y levantar las sanciones diplomáticas y económicas.

Según BNA, entre las demandas a Catar se incluyen la reducción de lazos diplomáticos con Irán y limitar sus relaciones al comercio sin violar las sanciones impuestas a Irán ni la seguridad de los países del Consejo de Seguridad del Golfo, expulsar a la Guardia Revolucionaria iraní de Catar y cortar cualquier tipo de cooperación militar o de inteligencia con Teherán, además de cerrar la cadena de televisión Al Yazira.

También se ha pedido a Catar que cierre inmediatamente la base militar turca que se está construyendo y que suspenda la cooperación militar con Turquía dentro del país.

Entre las peticiones, se incluye cortar todas las relaciones con organizaciones terroristas, sectarias e ideológicas, y otras organizaciones los Hermanos Musulmanes, Estado Islámico, Al Caeda, Fatá Al Sham (el antiguo Frente Al Nusra) e incluirlos en una lista de organizaciones terroristas.

También se ha pedido a Catar que suspenda toda forma de financiación a personas, entidades u organizaciones terroristas o extremistas y a todos los incluidos en las listas de terroristas de los países del Golfo y en las listas internacionales. Además, han exigido a Catar que no albergue a ninguno de estos terroristas y que se comprometa a proporcionar información sobre ellos.

Los países del Golfo han ordenado a Catar que deje de interferir en los intereses y en los asuntos internos de otros países. Así se debe abstener de conceder la nacionalidad catarí a cualquier ciudadano de otro de los países del Golfo.

Los cuatro países han pedido a Catar que conviva en armonía con su entorno árabe y del Golfo en asuntos militares, políticos, económicos, sociales y de seguridad para garantizar la seguridad de la zona y reactivar el acuerdo de Riad 2013 y el acuerdo de Riad 2014, que proclama la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Crisis diplomática

Los gobiernos de Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto anunciaron a principios de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se sumaron después Maldivas, Mauritania, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, el gobierno asentado en el este de Libia. Asimismo, Jordania y Yibuti han reducido su representación diplomática en Doha.

Las tensiones entre Catar y varios países del Golfo se han deteriorado en las últimas semanas, a raíz de que QNA publicara unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y EAU continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios cataríes, entre ellos Al Yazira.

Posteriormente, el fiscal general de Catar, Alí bin Fetais al Marri, anunció que Arabia Saudí y sus aliados fueron los responsables del ataque informático contra QNA.

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014 debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Catar.

La televisión catarí Al Yazira ha hecho circular este jueves un comunicado con motivo del veto levantado por cuatro países árabes contra la cadena.

En la nota ponen de relevancia su honestidad e imparcialidad apoyándose en los numerosos espectadores que los siguen en todo el mundo.

"Nuestros millones de espectadores son un testimonio de la calidad de nuestro trabajo (...). Si no tuviéramos integridad, si no fuéramos fiables, nuestra audiencia no nos vería porque es lo suficientemente inteligente como para juzgar".

La cadena reivindica la libertad de expresión en países donde este Derecho Fundamental es más difícil de defender -"el personal de Aljazeera ha sido amenazado, encerrado y asesinado trágicamente como consecuencia del desempeño de sus funciones como periodista"-y rechaza todo tipo de acusaciones.

"Defendemos la libertad de expresión y creemos en el derecho de los pueblos al conocimiento. No tomamos partido, no somos mensajeros ni portavoces y nunca lo hemos sido (...). Rechazamos estas acusaciones y nuestras pantallas son un testimonio de nuestra integridad".

El cierre de las redacciones en Baréin, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos responde a un problema de relaciones internacionales del cual la cadena se siente lejana. El único problema es que el capital de la empresa es catarí, aunque la nota incide también en su imparcialidad para informar de sus propias noticias nacionales.

Asimismo, la cadena hace ver que el veto está enfocado hacia ellos porque "pueden silenciar a sus propios medios de comunicación y la libertad de sus propios pueblos para hablar, pero como Aljazeera es vista por tanta gente en el mundo árabe, quieren que nos vayamos".

Más allá de sus problemas actuales, Al Yazira, según su comunicado, seguirá cubriendo las noticias en todos los países de la Liga Árabe que la cadena estime oportuno.

"A pesar de la presión que se está ejerciendo sobre Aljazeera por parte de estos países, y de sus llamadas a nuestro cierre, hemos cubierto la región y los acontecimientos con equilibrio e imparcialidad, y seguiremos haciéndolo".

El Gobierno de Arabia Saudí ha cerrado este lunes la oficina de la cadena de televisión catarí Al Yazira en el país, retirando su licencia al medio, según ha informado la agencia estatal saudí de noticias, SPA.

En su nota, la agencia ha indicado que la decisión del Ministerio de Cultura e Información se debe a que "Al Yazira ha promovido complots de grupos terroristas, apoyado a la milicia hutí en Yemen e intentó romper internamente a Arabia Saudí al incitar (a los ciudadanos) a abandonar el país".

Los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Egipto han anunciado a primera hora de este lunes que cortan sus relaciones diplomáticas con Catar, acusando a Doha de "apoyar el terrorismo".

A la medida se ha sumado después Maldivas, el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi, el gobierno asentado en el este de Libia.

Las tensiones entre Catar y varios países del Golfo se han deteriorado en los últimos días, a raíz de que la agencia estatal catarí, QNA, publicara la semana pasada unas declaraciones del emir en las que criticaba la postura de los países del Golfo contra Irán y hablaba de "tensiones" con Estados Unidos.

Inmediatamente después, QNA denunció haber sufrido un ataque informático y negó la veracidad de la nota publicada, pese a lo cual medios de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) continuaron informando acerca de las presuntas declaraciones de Hamad bin Jalifa al Zani.

Este hecho provocó las críticas de Doha, lo que llevó a varios países -Arabia Saudí, EAU, Egipto y Baréin- a bloquear el acceso a diversos medios cataríes, entre ellos la cadena de televisión Al Yazira.

Al Yazira ha sido criticada por numerosos países árabes por su cobertura de la llamada Primavera Árabe,Primavera Árabe que provocó la caída de varios regímenes en la región.

Las relaciones entre Catar y otros países del Golfo ya sufrieron un periodo de tensión en 2014tensión debido al supuesto apoyo de Doha a Hermanos Musulmanes, organización ilegalizada en la mayoría de los países del golfo.

Sin embargo, en dicha ocasión las medidas no fueron tan duras, y sólo implicaron la retirada de los embajadores. En esta ocasión, ha supuesto además la expulsión de ciudadanos del país, así como el cierre de las vías a medios de transporte llegados de Catar.

La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha reclamado este lunes a la Comisión de Comunicación y Medios de Irak que dé marcha atrás en su decisión de suspender la licenciasuspender la licenciapor un año a la cadena de televisión catarí Al Yazira, según Europa Press. 

El organismo comunicó su decisión a finales de abril, prohibiendo a los periodistas de este medio trabajar en el país por "incitar al sectarismo y la violencia", lo que fue rechazado por Al Yazira.

"Se trata de una decisión arbitraria contra Al Yazira en Irak", ha lamentado la responsable de la oficina de RSF para Oriente Próximo y Magreb, Alexandra el Jazen, según un comunicado publicado por la ONG.

"Pedimos a las autoridades que revoquen esta decisión por el bien el pluralismo mediático y la libertad de prensa, garantizadas en la Constitución iraquí. Al Yazira debe poder volver a emitir", ha agregado.

El director de la cadena en Bagdad, Walid Ibrahim Mahmud, ha tildado la decisión de "muy radical", achacándola al desacuerdo del Gobierno con los programas y la línea editorial del medio. Asimismo, ha denunciado que los trabajadores llevan tiempo amenazas por personas armadas sin identificar.

No es la primera ocasión en que la Comisión de Comunicación y Medios de Irak suspende la licencia de Al Yazira, ya que en 2013 actuó contra la cadena y otros nueve canales, argumentando que sus informaciones tenían un tono sectario y apoyaban a organizaciones terroristas sin especificar. Irak ocupa el puesto 158 de los 180 países que integran la actual clasificación mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por RSF.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha descrito este lunes como un "golpe para la libertad de expresión" la decisión de Irak de cerrar las oficinas en Bagdad de la cadena de televisión qatarí Al Yazira, informó Europa Press.

La Comisión de Comunicación y Medios de Irak comunicó su decisión el miércoles, prohibiendo a los periodistas de este medio trabajar en el país por "incitar al sectarismo y la violencia", lo que fue rechazado por Al Yazira.

HRW subrayó que la decisión de la comisión "no es más que un intento para acabar con la libertad de expresión", reclamando al organismo que dé marcha atrás y permita operar a la cadena en el país.

En este sentido, solicitó a las autoridades iraquíes que permitan a Al Yazira "retomar inmediatamente su trabajo" o que "determine exactamente cuándo y cómo incitó a la violencia".

"Los iraquíes tienen derecho a escuchar una variedad de perspectivas sobre los acontecimientos actuales", defendió el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.

"Cerrar una importante cadena internacional citando acusaciones vagas y no sustentadas apunta a motivaciones políticas para acabar con las críticas incómodas, y es una acción que debería ser revertida inmediatamente", agregó.

No es la primera ocasión en que la Comisión de Comunicación y Medios de Irak suspende la licencia de Al Yazira, ya que en 2013 actuó contra la cadena y otros nueve canales, argumentando que sus informaciones tenían un tono sectario y apoyaban a organizaciones terroristas sin especificar.

"Los medios de Irak necesitan protección ante las amenazas y las interferencias políticas, no bozales oficiales. La comisión debe demostrar que entiende su tarea de garantizar el respeto de la libertad de expresión y dar marcha atrás en su decisión", remachó Stork.

Un tribunal egipcio condenó este sábado en un nuevo juicio a tres años de cárcel a los periodistas de la cadena panárabe Al Yazira, el egipcio Baher Mohamed, el canadiense Mohamed Fahmy y el canadiense deportado Peter Greste, este último sentenciado in absentia, según informó la cadena británica BBC.

Mohamed, Fahmy y Greste habían sido condenados en junio de 2014 a 10 años de cárcel, en el caso del primero, y a siete años de cárcel, en los otros dos casos, por complicidad con una organización terrorista, en referencia a la ilegalizada Hermanos Musulmanes.

"Consternado. Indignado. Enfadado. Molesto. Ninguna de estas palabras es capaz de comunicar cómo me siento ahora mismo. Estas sentencias de tres años [para los tres] no pueden ser más injustas", tuiteó Greste nada más conocer el veredicto.

El juez, en su argumento final, acusó a los tres reporteros de "falsificar información", así como de "emitir propaganda sin licencia" en un caso condenado por diversas organizaciones periodísticas, comenzando por la propia cadena panárabe.

"El veredicto de hoy desafía toda lógica y sentido común", declaró el director en funciones de la cadena, Mostefa Suag. "Nuestros colegas Baher Mohamed y Mohamed Fahmy deberán regresar a prisión y Peter Greste ha sido sentenciado in absentia. El caso entero ha sido politizado y no ha sido ni libre ni justo", añadió.

El Gobierno de Kenia ha ordenado este martes la apertura de una investigación a la cadena de televisión qatarí Al Yazira después de que ésta informara de que la Policía dirige varios 'escuadrones de la muerte' en el marco de su lucha antiterrorista.

Las autoridades kenianas han desmentido las informaciones, que han tildado de "escandalosas y contrarias a la ética", y el ministro del Interior, Joseph Ole Lenku, ha acusado a Al Yazira de intentar dañar los esfuerzos del país en su lucha contra los grupos terroristas.

"El documental fue planificado y publicado de forma deliberada en un momento en el que Kenia está intentando lograr apoyos en su lucha contra el terrorismo", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter, tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.

En esta línea se ha expresado el ministro de Información, Fred Matiangi, quien ha subrayado que "las acusaciones sobre el papel de la Policía en la muerte de clérigos musulmanes es un rumor azuzado por gente que tiene otro tipo de agenda".

Según las informaciones de Al Yazira, las víctimas de las operaciones de estos 'escuadrones de la muerte' serían integrantes de grupos islamistas radicales, algunos de ellos contarían con lazos con la milicia somalí Al Shabaab.

La cadena qatarí ha asegurado que varios oficiales han dicho estar detrás de cientos de asesinatos extrajudiciales y de preparar pruebas para hacer pasar a las víctimas por sospechosos de terrorismo. Asimismo, ha agregado que varios servicios de Inteligencia extranjeros habrían facilitado información.

Reporteros Sin Fronteras ha mostrado, mediante una nota de prensa, su profunda conmoción y tristeza por la muerte del cámara palestino Khaled Hamad, de 26 años, fatalmente herido el pasado domingo mientras preparaba un informe sobre los ataques de las tropas israelíes a los sanitarios palestinos. Otros trabajadores de medios resultaron heridos en sus centros de trabajo en anteriores ataques.

"La organización lamenta el bombardeo del ejército israelí contra civiles palestinos, entre ellos los periodistas", declaró Virginie Dangles, asistente de investigación de Reporteros Sin Fronteras. "Recordamos que, en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1738 de 2006 y la Convención de Ginebra, todas las partes en el conflicto tienen el deber de garantizar la seguridad de los periodistas".

Desde el inicio de la operación Margen Protector de Israel en Gaza han muerto 583 palestinos, la mayoría de ellos civiles. Del lado de Israel, 27 soldados. Sólo el bombardeo israelí de hace dos días en el barrio de Shayaía, a las afueras de la ciudad de Gaza, causó 140 muertes entre los palestinos.

Las oficinas de la cadena de televisión catarí Al Yazira, en el piso 11 de la Torre de Al-Jala, fueron objeto de disparos de advertencia por parte de las fuerzas israelíes este martes, un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, expresara el deseo que Al Yazira dejase de operar desde Israel, acusando a la cadena de televisión de apoyar al terrorismo. Lieberman criticó abiertamente que la cadena esté financiada por Catar, país al que describió como la "columna vertebral económica "de las organizaciones terroristas en el Oriente Medio y otros lugares.

Hace dos días, Khaled Hamad, un camarógrafo de la productora Continue TV, se encontraba en Shayaía para informar sobre la violencia empleada el 10 de julio por las tropas israelíes contra los sanitarios palestinos que asisten a los heridos.

Llevaba un casco y un chaleco antibalas con la palabra "prensa", y se encontraba de pie cerca de una ambulancia cuando fue alcanzado por un proyectil de tanque y se vio envuelto en llamas. Hamad resultó gravemente herido, pero no pudo ser evacuado y murió a causa de las heridas varias horas después.

El 9 de julio, Hamdi Shehab, conductor de la agencia de noticias Media 24, fue asesinado en un ataque aéreo israelí cuando iba de regreso a su empresa después del iftar de Ramadán, la cena con la que se interrumpe el ayuno. El automóvil que conducía estaba marcado con las letras "TV".

El domingo, el cámara Kareem al-Tartouri, que trabajaba para Medi 1 TV fue herido en un ataque aéreo israelí cuando trataba de salir del edificio donde están las oficinas de la cadena de televisión, que había sido atacada. Un segundo misil cayó en el piso donde se encuentra el canal e hirió a al-Tartouri, que fue trasladado al hospital.

El 18 de julio, Muhammad Shabat, un camarógrafo de la agencia Watania Media, fue herido en el brazo en un ataque aéreo a la torre Al-Jawhara, en la que Watania tiene sus oficinas. También sufrieron daños las instalaciones de otros medios en el edificio.

El 16 de julio, las fuerzas israelíes atacaron el edificio Daoud, en el barrio de Al-Rimal de la ciudad de Gaza, que también alberga varias sedes de medios de comunicación. Dos periodistas de la emisora de radio Sawt Al-Wattan, Ahmad al-Ajala y Tariq Hamdieh, fueron heridos y trasladados al hospital. La emisora no ha podido seguir con sus emisiones como resultado de los daños.

Una guerra mediática

La ofensiva militar israelí en Gaza ha desatado una nueva guerra de información (y desinformación), en especial en las redes sociales. Algunos medios y periodistas han expresado abiertamente su postura sobre el uso de la fuerza por Israel. Otros han sido acusados ​​de parcialidad debido a su punto de vista, real o supuesto.

El 17 de julio, la cadena estadounidense NBC decidió retirar de Gaza a su corresponsal egipcio-estadounidense Ayman Mohyeldin, y reemplazarlo por su colega Richard Engel. Oficialmente, la cadena dijo que se debía a "razones de seguridad", pero no dio más detalles.

Mohyeldin, un veterano periodista que había trabajado previamente para la CNN y Al Yazira, había sido testigo de primera mano de los ataques israelíes que causaron la muerte de cuatro niños palestinos en una playa de Gaza el 16 de julio.

Su relato de la muerte de los niños, considerado por algunos como pro-palestino, fue ampliamente criticado. También fue acusado de ser demasiado emotivo con el incidente y con la publicación de fotos de familiares de las víctimas en Twitter e Instagram. El 2 de julio, publicó un tweet acusando al ejército israelí de disparar deliberadamente a los periodistas.

Después de un aluvión de críticas en las redes sociales con acusaciones de censura, la dirección de la cadena finalmente decidió volver a enviar a Mohyeldin a Gaza el 18 de julio.

La también estadounidense CNN decidió retirar su corresponsal Diana Magnay después de que publicase un tweet, el 17 de julio, tras informar en directo desde la colina sobre la ciudad israelí de Sderot, donde los israelíes estaban celebrando los bombardeos a Gaza. "Los israelíes en la colina de Sderot aplauden cuando las bombas impactan en Gaza; amenazan con destrozarnos el coche si digo una palabra equivocada. Escoria", escribió Magnay en Twitter y se ganó el traslado a Moscú.

En una entrevista con el Huffington Post, un portavoz de CNN dijo que la periodista fue amenazada por los israelíes antes y durante la transmisión en directo y que reaccionó con enfado en Twitter.

Por último, el gobierno israelí ha dicho a los periodistas extranjeros que cubren la ofensiva que no es responsable de su seguridad.

Algunos periodistas extranjeros dicen que han recibido un mensaje de las autoridades advirtiéndoles que podrían ser utilizados como escudos humanos por parte de Hamás, según informó la corresponsal del Huffington Post en Oriente Medio, Sophia Jones.

Los periodistas deben inscribirse en la Oficina de Prensa del Gobierno, una violación del derecho internacional, y también están obligados a firmar una renuncia que indica que son plenamente conscientes de los peligros a los que están expuestos.

"Soy consciente de que ni el Ministerio de Defensa ni el ejército israelí tienen ningún tipo de responsabilidad por daños resultantes de las operaciones militares ... Además me comprometo a que ninguna demanda, reclamación o demanda de ningún tipo será presentada por los daños o lesiones", continúa el documento.

Wael Al-Dahdouh, un veterano periodista de Al Yazira, no logra contener las lágrimas durante un directo desde Gaza para el telediario de la cadena. Mientras informaba sobre los estragos de los ataques israelíes sobre la población palestina, el reportero rompe a llorar y a pesar de sus intentos por serenarse no logra continuar con la emisión, abandona el plano y la presentadora continúa por él desde el plató. En las últimas 24 horas, más de 100 palestinos han muerto como consecuencia de la ofensiva de las Fuerzas de Defensa israelí contra la Franja de Gaza, según el último balance hecho público por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Según el recuento de la OLP, desde el inicio de la operación Margen Protector en la Franja de Gaza, han muerto 604 palestinos y 3.700 han resultado heridos, 10.903 casas han sido demolidas y 9.944 parcialmente demolidas y otras 18.075 han sufrido daños. El número de escuelas dañadas se eleva a 856. Una operación que se está cebando especialemente con los más pequeños, ya hay más de 100 niños palestinos fallecidos, lo que equivale a una cuarta parte del total de muertos, según un balance de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

El ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, anunció este lunes que Israel está revisando el estatus de la cadena de televisión qatarí Al Yazira con el objetivo de prohibir sus emisiones en el país, según informó el diario israelí Haaretz.

"Qatar constituye la columna económica de los grupos terroristas más radicales, que están minando la estabilidad en el mundo y en Oriente Próximo en particular", afirmó el ministro durante un encuentro con su homólogo ruandés.

Por último, el ministro dijo que todas las principales cadenas internacionales están presentes en el país, y que "muchas de ellas no difunden precisamente propaganda sionista, sino incluso al contrario".

"Como un país democrático, estamos obligados a permitir esto. En el caso de Al Yazira, por contra, no se trata de un tema de medios, sino un problema relacionado con las operaciones de una rama de una organización terrorista que está combatiendo contra el Estado de Israel. Estados Unidos no permitiría que una cadena de Al Qaeda emitiera desde Nueva York", ha remachado.

La cadena qatarí cuenta con un gran peso en el mundo árabe, siendo la más seguida por los espectadores de esta zona del mundo, por delante de la emiratí Al Arabiya. La cadena ha emitido numerosas piezas sobre los levantamientos populares en el mundo árabe y sobre la situación del conflicto palestino.

En los últimos meses ha sido acusada en varias ocasiones de ser parte del aparato de propaganda del Gobierno qatarí y de emitir informaciones destinadas a beneficiar los intereses internacionales del pequeño emirato, lo que ha sido desmentido por la cadena.

Varios periodistas de Al Yazira han sido condenados a penas de cárcel en Egipto después de que un tribunal fallara que habían colaborado con la organización islamista Hermanos Musulmanes, declarada como un grupo terrorista por las autoridades del país tras el golpe de Estado de julio de 2013, que derrocó al entonces presidente electo, Mohamed Mursi.

Qatar fue uno de los países que respaldó con más decisión al Gobierno de Mursi, tanto política como económicamente, y su derrocamiento fue considerado un varapalo para sus aspiraciones de crecimiento regional ante la gran potencia del Golfo, Arabia Saudí, que respaldó al golpista jefe del Ejército y actual presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi.

"Qatar es un actor clave en nuestro actual conflicto con Hamás en Gaza, ya que, entre otras cosas, financia a Hamás y da asilo a Jaled Meshaal (líder del ala política de la formación islamista)", agregó Lieberman.

El ministro ha cargado duramente contra Al Yazira, una cadena creada y financiada por el Ministerio de Exteriores qatarí. "Al Yazira ha abandonado cualquier similitud con un medio de comunicación creíble y sus emisiones, tanto en Gaza como en el resto del mundo, son una incitación antisemita, mentiras, provocaciones e incitación a los terroristas", concluyó.

El periodista australiano Peter Greste, condenado el lunes a siete años de cárcel por un tribunal egipcio por apoyar a la organización islamista Hermanos Musulmanes se ha mostrado "devastado" por el hecho de que su trabajo periodístico en el país haya provocado su encarcelamiento.

En un comunicado publicado por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, para la que trabaja, ha destacado que "durante el juicio, la fiscalía no ha podido presentar ni una sola prueba para respaldar sus vergonzosas acusaciones".

"Además, nuestros abogados han destacado innumerables errores de procedimiento, irregularidades y abusos del debido proceso que deberían haber derribado el caso en muchas ocasiones", ha agregado Greste.

"Por ello pretendo hacer todo lo que considere posible para revocar la condena. El veredicto confirma que nuestro juicio nunca se trató sobre los cargos contra nosotros. Ha sido un intento de utilizar al tribunal para intimidar y silenciar a las voces críticas en los medios", ha dicho.

"Por eso sabemos que nuestra libertad, y por encima de ella la libertad de la prensa egipcia nunca se logrará sin una presión ruidosa y sostenida por parte de individuos, grupos proderechos humanos, gobiernos y cualquier que entienda la importancia fundamental de una prensa libre en la naciente democracia egipcia", ha agregado.

Por último, Greste ha expresado su agradecimiento "por el apoyo público extraordinario y sin precedentes que innumerables personas han ofrecido durante el juicio". "Nos ha mantenido fuertes y nos sigue manteniendo así. Todos debemos permanecer comprometidos para hacer frente a esta injusticia tanto tiempo como sea necesario", ha remachado.

Junto a Greste han sido condenados el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, jefe de la oficina de Al Yazira en inglés; y el productor egipcio Baher Mohamed. Además, otros once imputados han sido condenados a diez años de cárcel en ausencia.

Todos ellos estaban acusados de dañar la unidad nacional y la paz social, divulgar noticias falsas y pertenencia a una organización terrorista, en alusión a la formación islamista Hermanos Musulmanes, a la que pertenecía el derrocado presidente Mohamed Morsi.

Greste y Fahmy fueron detenidos el 29 de diciembre en la sala del hotel Marriott en la que estaban trabajando, mientras que Mohamed fue detenido en su vivienda un día después. Desde entonces, los tres han permanecido recluidos en la prisión de Tora.

La comunidad internacional ha rechazado el fallo contra los tres periodistas, al considerar que se trata de un ejemplo más de la represión ejercida por parte de las autoridades egipcias contra los críticos.

Las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han criticado duramente este lunes la condena emitida este lunes a hasta diez años de prisión contra tres periodistas de la cadena panárabe Al Yazira por apoyar a la organización islamista Hermanos Musulmanes.

Los tres periodistas condenados son el australiano Peter Greste, corresponsal de Al Yazira en Kenia; el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, jefe de la oficina de Al Yazira en inglés; y el productor egipcio Baher Mohamed. Junto a ellos, otros once imputados han sido condenados a diez años de cárcel en ausencia.

Todos ellos estaban acusados de dañar la unidad nacional y la paz social, divulgar noticias falsas y pertenencia a una organización terrorista, en alusión a los Hermanos Musulmanes, grupo islamista que respaldaba el derrocado Gobierno de Mohamed Mursi.

En su comunicado, AI ha tildado el fallo judicial de "ataque feroz" contra la libertad de prensa, al tiempo que ha sostenido que se trata de un "día oscuro" para la misma. Asimismo, ha afirmado que considera a los tres condenados como prisioneros de conciencia.

"Se trata de un veredicto devastador para estos hombres y sus familias, así como un día oscuro para la libertad de prensa en Egipto, donde los periodistas están siendo encarcelados y etiquetados como criminales y terroristas por hacer su trabajo", ha dicho el director de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Philip Luther.

"La única razón por la que estos tres hombres están en la cárcel es porque a las autoridades egipcias no les gusta lo que tiene que decir. Son prisioneros de conciencia y deben ser liberados de forma inmediata e incondicional", ha agregado, antes de recalcar que "en el Egipto de hoy, cualquiera que se atreva a desafiar la narrativa estatal es considerado un objetivo legítimo".

Luther ha indicado que el juicio "ha sido un engaño total" y ha argumentado que "mandar a la cárcel a estas tres personas tras un espectáculo tan ridícilo es una burla a la justicia".

Así, ha detallado que la fiscalía obstruyó el derecho de los acusados de revisar y criticar las pruebas presentadas contra ellos, mientras que los testigos principales han dado afirmaciones contradictorias respecto a sus declaraciones por escrito.

"El veredicto es una prueba más de que las autoridades egipcias no se detendrán ante nada en su despiadada campaña para aplastar a cualquiera que desafíe la narrativa oficial, independientemente de cómo de cuestionables sean las pruebas existentes contra ellos", ha valorado Luther.

"La judicatura egipcia ha demostrado una y otra vez que no quiere o que es incapaz de llevar a cabo un juicio imparcial y justo cuando hace frente a personas consideradas como seguidoras del antiguo presidente (Morsi)", ha resaltado.

"En lugar de encerrar a periodistas y a otros considerados como una amenaza, las autoridades deberían centrar sus esfuerzos en llevar a cabo investigaciones creíbles sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad", ha remachado Luther.

Críticas de HRW

Por su parte, HRW ha indicado que el fallo es un "fracaso de la justicia", al tiempo que ha incidido en que "los veredictos son el último paso en el continuado asalto de las autoridades egipcias contra la libertad de expresión, lo que ha provocado un retroceso respecto a los éxitos logrados por la revolución del 25 de enero de 2011", que se saldó con la caída del régimen de Hosni Mubarak.

"Sentenciar a tres periodistas profesionales a penas de cárcel sin pruebas demuestra que los jueces egipcios son presa de la histeria anti Hermanos Musulmanes fomentada por el presidente (Abdelfatá) Al Sisi", ha dicho el director para Oriente Próximo de la ONG, Joe Stork, que también ha pedido que los periodistas sean liberados "inmediatamente".

"Egipto está castigando a personas por ejercer unos derechos básicos que son esenciales en cualquier transición democrática, y la legislación estadounidense requiere que se registren progresos en el respeto a los mismos antes de que la Administración de Barack Obama pueda entregar cualquier tipo de ayuda militar", ha recordado.

Un juez egipcio ha condenado este lunes a tres periodistas de la cadena de televisión Al Yazira a siete años de cárcel tras declararles culpables de varios cargos que incluyen ayudar a una "organización terrorista", en referencia a los Hermanos Musulmanes, mediante la publicación de mentiras, según informa Europa Press.

Los tres condenados son el australiano Peter Greste, corresponsal de Al Yazira en Kenia, y el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, jefe de oficina de Al Yazira en inglés. El tercer condenado, el productor egipcio Baher Mohamed, ha recibido además una condena adicional de tres años de cárcel por un cargo de posesión de armas. Otros once imputados han sido condenados a diez años de cárcel en ausencia.

Greste y Fahmy fueron detenidos el 29 de diciembre en la sala del hotel Marriott en la que estaban trabajando, mientras que Mohamed fue detenido en su vivienda un día después. Los tres han permanecido recluidos en la conocida prisión de Tora, en un caso que ha generado las críticas de los gobiernos occidentales y los grupos de derechos humanos.

Todos ellos eran acusados de publicar mentiras que han dañado el interés nacional y de suministrar dinero, material e información a 16 egipcios. Además, se les acusaba de usar material de comunicación y retransmisión sin licencia.

La reacción de Al Yazira

La cadena de televisión panárabe Al Yazira ha denunciado la "ilógica" condena impuesta a tres de sus periodistas. "No cabe justificación alguna para la detención de nuestros tres compañeros ni siquiera durante un minuto (...). Su condena va contra toda lógica, todo sentido y toda apariencia de justicia", ha afirmado el director del canal en inglés de Al Yazira, Al Anstey.

Por ello, ha pedido la anulación de esta condena. "Ahora solo hay una salida sensata: la anulación del veredicto y que Egipto reconozca la justicia. Debemos levantar la voz para pedir el fin de su detención", ha indicado.

La situación de "grave explotación" denunciada por Amnistía Internacional que sufren muchos inmigrantes en Catar también afecta a trabajadores españoles. Así al menos lo han denunciado nueve operarios valencianos, que han presentado una demanda ante Inspección de Trabajo ya que aseguran haber sido estafados mientras trabajaron en la construcción de la sede de la televisión Al Yazira en el país y reclaman el pago de una suma total que asciende a más de 35.000 euros en concepto de sueldos no cobrados.

Según su denuncia, los trabajadores fueron contactados en España por Pedro García, un vecino de la localidad de Torrella que, según afirma José Molina (uno de los denunciantes), aseguró ser poseedor del 25% de las acciones de la compañía Valor Decor –su tarjeta, anexa a la demanda, lo identifica como "technical manager" de la empresa, en la que García asegura que ya no trabaja–. Esta compañía tiene su sede en Catar y su accionista mayoritario es un empresario del país, Khalifa Al-Hilal.

Según la demanda presentada, García ofreció a Molina la posibilidad de ir a trabajar junto a varios trabajadores más durante un mes en la colocación de mármol para la nueva sede de Al Yazira en Catar con un salario de 100 euros diarios y el alojamiento, el viaje y la comida a cargo de la empresa. Sin embargo, los denunciantes aseguran en su demanda que viajaron a Catar tan sólo con un trato verbal con la empresa, ya que esta alegó que era "urgente iniciar los trabajos, por lo que no podían firmar el contrato de trabajo previo a la partida".

Los billetes de avión, según figura en la documentación que adjuntan a la denuncia, fueron remitidos a los trabajadores por García, el cual, aseguran, les prometió que los contratos se firmarían una vez los trabajadores se encontrasen en el país. Así, los nueve denunciantes fueron trasladándose a Catar durante el mes de abril de este año. Molina cuenta que creyó sus palabras porque se trataba de "un vecino" con el cual que vivía prácticamente puerta con puerta.

García asegura que los trabajadores no querían contrato

Y aquí empezaron los problemas para los trabajadores, según su propia versión. Una vez en Catar y habiéndo iniciado los trabajos en la sede de Al Yazira, aseguran que la empresa se negó a facilitarles la firma de los contratos, llegando incluso a amenazarles con denunciarles a las autoridades. García, sin embargo, cuenta una historia radicalmente diferente: si bien reconoce que los denunciantes comenzaron a trabajar en Catar sin contrato y con visado de turista –para cumplir con la ley, los trabajadores extranjeros deben tener en Catar un sponsor, de cuyo permiso dependen para cambiar de trabajo e incluso para abandonar el país–, asegura que nunca pidieron un acuerdo por escrito ya que "algunos de ellos estaban cobrando ayudas de desempleo" en España, algo incompatible con tener un contrato de trabajo.

Los trabajadores también aseguran que la empresa les debe cantidades que varían entre los 1.000 y los 6.800 euros por los salarios que no se les han abonado, un dinero que, según Molina, tienen pocas esperanzas de recuperar. En este sentido, el operario asegura que García les prometió que, si Al-Hilal no les pagaba, lo haría la propia Al Yazira, algo que finalmente no sucedió. García, sin embargo, se defiende: afirma que los trabajadores "conocían" su situación en Catar –lleva dos años en el país y según él, Al-Hilal le adeuda 15.000 euros– cuando decidieron aceptar la oferta de empleo y que, de existir un estafador, éste es el empresario catarí, al ser él quien debería haber hecho frente a los pagos.

En este sentido, García tacha de "falsa" otra de las acusaciones de los operarios, que aseguran que la empresa les pidió el pasaporte para renovar su visado y no se lo devolvió hasta el mismo día en que tomaron el avión de vuelta, si bien sí confirma –dice haberlo sufrido también en sus propias carnes– que en algunos casos las jornadas laborales superaban las 12 horas diarias, un abuso que Molina también denuncia.

Por todo esto, los trabajadores consideran que la empresa ha incurrido en un delito de "tráfico ilegal de trabajadores", por lo que, además, de la demanda ante Inspección de Trabajo, han enviado sendas cartas relatando su situación a la Embajada de Catar en España y a Al Yazira, ninguna de las cuales ha recibido respuesta. García, por su parte, rechaza todas las acusaciones y ha asegurado a infoLibre que presentará una demanda por injurias y calumnias contra los trabajadores.

Amnistía Internacional denuncia abusos similares

Este caso es tan sólo un ejemplo de la situación que atraviesan miles de trabajadores inmigrantes en Catar y que denunció la ONG Amnistía Internacional en su informe "El lado oscuro de la migración: el foco sobre el sector de la construcción de Qatar de cara a la Copa Mundial". Según la organización, las obras que se están llevando a cabo para construir las instalaciones en las que se disputará el Mundial de fútbol en el año 2022 están siendo realizadas por trabajadores extranjeros que sufren "serios abusos laborales" y que, en los casos más graves, son obligados incluso a realizar "trabajos forzosos".

En el documento, Amnistía asegura haber sido testigo de varias prácticas abusivas por parte de las compañías para con sus trabajadores: desde el retraso o el impago de los sueldos hasta la retención de sus pasaportes –que entregan a la compañía que les contrata para que realice los trámites con las autoridades cataríes– para impedirles salir del país. Además, la ONG denuncia la existencia de unas condiciones de trabajo y alojamiento paupérrimas, por las que algunos empleados son obligados a trabajar "durante un excesivo número de horas y sin las protecciones adecuadas sobre salud y riesgos en los lugares de trabajo" e incluso, en algunos casos, viven sin acceso a electricidad ni agua corriente.

Según la organización, alrededor de medio millón de personas son empleadas por empresas del sector de la construcción en Catar, algunas de las cuales son subcontratas de grandes multinacionales como Qatar Petroleum, Hyundai Engineering & Construction o la española OHL Construction, una división del grupo dirigdo por Juan Miguel Villar Mir. En este sentido, Amnistía asegura haberse puesto en contacto "con varias grandes empresas para exponer los casos que había documentado. Muchas expresaron una honda preocupación por los resultados de la investigación de Amnistía Internacional y algunas afirmaron que habían llevado a cabo investigaciones. Una de ellas, la empresa española OHL Construction and Contract, manifestó que, como resultado, había mejorado su régimen de inspección".

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que "hay reconsiderar las políticas del pasado" puestas en marcha en la eurozona y comenzar a implantar aquellas dirigidas a estimular el crecimiento.

De Guindos, en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera, subraya que "ahora ya no hay dudas sobre el futuro de la eurozona", y reclama la necesidad de empezar a aplicar algunas políticas económicas diferentes a las empleadas hasta ahora.

"Ahora tenemos que comenzar a implantar políticas para estimular el crecimiento. El problema ahora no es tanto el futuro de la eurozona; es que las perspectivas de crecimiento no son buenas. Hay que reconsiderar las políticas del pasado, y es lo que estamos haciendo ahora", declara.

El ministro de Economía reconoce la necesidad de "distribuir los esfuerzos que se están pidiendo a la población", y reclamar una mayor contribución a las rentas altas.

De Guindos subraya que el principal problema de España es el elevado desempleo juvenil, y se muestra optimista sobre el futuro de la economía española. "No quiero crear falsas expectativas para el futuro, pero tendremos crecimiento y volveremos a crear trabajos y veremos la luz al final del túnel", señala, según informa Europa Press.

El titular de Economía destaca la fortaleza de las exportaciones españolas y el aumento de la competitividad de la economía como síntomas de la buena senda en la recuperación. "Tenemos a un gran país que ha demostrado un gran dinamismo en el pasado. A pesar de las dificultades, tenemos confianza", declara.

Sobre si las diferentes respuestas a la crisis están basadas en las diferencias culturales entre norte y sur de Europa, rechazó que exista una diferencia cultural con consecuencias económicas entre el norte y el sur de Europa.

"Creo que la principal razón para la divergencia que estamos percibiendo reside en que los países del norte de Europa han aplicado políticas que han incrementado la competitividad muy por encima del caso del sur. Pero ahora tenemos que corregir esa situación, lo que resulta doloroso desde un punto de vista social y político", manfiesta.

De Guindos afirma que todos los países de la zona euro están "en el mismo barco" y no hay pasajeros de primera o segunda clase. En su opinión, "la eurozona es una tabla de salvación para España, y la salida de la crisis pasa por seguir en la eurozona".

El ministro también subraya que "ahora ya no hay dudas sobre el futuro de la eurozona. Hay que considerar cuánta voluntad política hay detrás del euro. Es algo que algunos inversores no tuvieron completamente en cuenta", indica.

Por último reconoce que se cometieron "ciertos errores" a la hora de crear la unión monetaria, "algunos bastantes fundamentales pero la voluntad política detrás del euro es muy fuerte".

En este sentido, indica que el próximo paso para la eurozona es la unión bancaria. "Hay una fragmentación de los mercados y eso es inaceptable", concluye.

El emir de Qatar, Hamad bin Jaliga al Thani, ha comprado el pasado lunes seis islas griegas, conocidas como las Equínadas y situadas en el mar Jónico, por un valor de 8,5 millones de euros, según ha informado el diario británico The Guardian.

En concreto, los territorios están ubicados frente a las costas de Acarnania, justo a la entrada occidental del Golfo de Corinto. El príncipe árabe se interesó en comprarlas cuando el año pasado llegó al lugar en su yate privado.

La mayor inversión en Grecia desde que comenzara la crisis

La adquisición, que se ha convertido en la mayor inversión privada en la República helena desde que se iniciara la crisis económica en el país, ha tardado cerca de 18 meses en cerrarse debido a las trabas burocráticas de la compra. "Grecia es ese tipo de lugar. Incluso cuando compras una isla, incluso cuando eres el emir de Qatar, te cuesta un año y medio atravesar todo el papeleo", ha declarado el alcalde de Ítaca.

Durante el acuerdo, los propietarios de la isla de Oxia pidieron siete millones de euros, aunque finalmente se fijó en menos de cinco millones. Otro de los propietarios que aceptaron la propuesta del emir qatarí fue Denis Grivas, ciudadano greco-australiano cuya familia poseía las otras cinco islas prácticamente desde la fundación de la Grecia moderna. Grivas estuvo más predispuesto a la venta la semana pasada de estos territorios ya que, aunque sea una pertenencia familiar desde hace más de 150 años, no son “suficientemente ricos para mantener unas propiedades tan valiosas”, por lo que llevan a la venta en el mercado casi 40 años, ha declarado.