En España solemos reducir el debate nuclear a una consigna binaria: prórroga sí o prórroga no. Ese marco es insuficiente. Lo que se dirime no es solo un mix eléctrico, sino la continuidad económica y social de comarcas donde la central estructura empleo, comercio y servicios públicos, al tiempo que el sistema eléctrico encara una década de transición con interconexiones limitadas y con el almacenamiento eléctrico todavía insuficiente y en expansión. En este contexto, la opción más razonable no es un sí incondicional ni un no abrupto, sino un sí con fecha de caducidad y condiciones exigibles.

Ese “sí condicionado” no pretende detener la transición, sino darle seguridad mientras madura. Su legitimidad descansa en unos pocos compromisos claros. Primero, que parte de los ingresos dependa de estabilizar la red —inercia, control de tensión, reservas— y no solo de producir energía. No se trata de pagar por existir, sino por prestar un servicio medible que reduzca vulnerabilidades en momentos críticos (¿les suena?). Segundo, que la prórroga sea corta y revisable: tres a cinco años como máximo, con hitos anuales que permitan recortarla si los sustitutos —almacenamiento, refuerzos de red, proyectos industriales— llegan a tiempo. El tiempo extra es un puente, no un derecho adquirido.

El territorio exige además resultados visibles. No bastan las declaraciones; se necesitan entregables con calendario: un canon anual pactado y actualizado, obras concretas cada año que refuercen servicios (salud, movilidad, vivienda), empleo local protegido en la transición y un programa de formación con inserción para jóvenes. Podría resumirse en un acuerdo breve, sin letra pequeña, que incorporase penalizaciones automáticas si no se cumplen los compromisos. El éxito no será retórico: se medirá cada trimestre en un tablero público con pocos indicadores, pero comprensibles.

Hay, asimismo, una condición que no admite eufemismos: prorrogar añade residuos. Un acuerdo serio lo reconoce con una cuenta separada destinada específicamente a cubrir el coste adicional de gestión y con un plan de mejora de los almacenes temporales allí donde sea necesario. Conviene explicitar, de manera sencilla, el “residuo marginal” asociado a cada año adicional: cuánto es, cuánto cuesta y dónde se guarda. Poner ese número sobre la mesa aportaría transparencia y credibilidad.

La transición solo merece ese nombre si deja una actividad nueva. Por eso el acuerdo debería incluir, en un plazo breve, un proyecto ancla no nuclear apoyado en el valor del nudo eléctrico de la central: almacenamiento, formación, mantenimiento industrial o un pequeño parque empresarial. Uno solo, bien definido —parcela, promotor, financiación, cronograma— bastaría para que el “día después” no empiece con un vacío.

El procedimiento de decisión también importa. Los referendos binarios tienden a simplificar en exceso. Es preferible una deliberación ciudadana informada que se pronuncie sobre paquetes condicionados: apoyo si se cumplen las cláusulas; retirada si no. La seguridad técnica no es materia de voto; sí lo es la licencia social vinculada a los beneficios pactados. Y, en la negociación, la coordinación comarcal y el apoyo de las asociaciones de municipios del entorno nuclear permiten ordenar peticiones y evitar asimetrías: una sola lista, un formato de acuerdo homogéneo, menos ruido y más control.

Este enfoque evitaría dos riesgos simétricos: el populismo del “todo o nada” y la opacidad tecnocrática que pide confianza sin ofrecer verificaciones. No promete milagros ni abre cheques en blanco. Propone un contrato con fecha, métricas y salidas. Si, al cabo de un año, no hay obras iniciadas, becas con inserción, canon pagado en tiempo, un proyecto ancla en marcha y la cuenta de residuos dotada, el propio diseño permite concluir —sin dramatismos— que ese sí ha caducado.

La decisión nuclear no resolverá por sí sola los desafíos del sistema ni los de los territorios; pero puede contribuir a que la transición sea ordenada. Para eso, el país necesita menos consignas y más reglas. Un sí que caduca, condicionado y verificable, podría ser una de ellas.

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Anna Garcia Hom es analista y socióloga.

En la mañana del martes 18 de noviembre, el buque Mijail Dudin navegaba frente a la costa holandesa. A bordo llevaba un cargamento de contenedores de uranio y uno de los secretos más incómodos de la industria nuclear francesa: su dependencia de Rusia para sus actividades de reprocesamiento, es decir, la transformación de combustible ya irradiado en material reutilizable en un reactor.

El buque, con bandera de Panamá, tiene previsto atracar en el puerto de Oust-Louga, en el mar Báltico, un importante puerto industrial ruso. ¿Cuál será su próximo destino? Posiblemente la ciudad de Seversk, en la región de Tomsk, donde se encuentra una planta de conversión de uranio gastado, la única en el mundo que lleva a cabo estas operaciones, muy contaminantes. Está gestionada por Tenex, una filial del grupo estatal ruso Rosatom.

Pero el lunes 17 de noviembre no se había confirmado nada oficialmente y era palpable la incomodidad entre los actores con los que Mediapart se puso en contacto, pues es un acontecimiento que debería haber pasado desapercibido: la carga el sábado de unos contenedores radiactivos a bordo del buque panameño en el puerto de Dunkerque. La ONG Greenpeace descubrió la maniobra y tomó fotos de los contenedores metálicos marcados con el símbolo amarillo y negro de la radiactividad.

“Había entre diez y doce contenedores ISO de 20 pies, equipados para recibir bidones con material radiactivo”, explica Yannick Rousselet, consultor de Greenpeace, así como “cilindros 30BX” diseñados para el transporte de uranio enriquecido. Pero estos iban claramente vacíos, ya que no tenían el logotipo de radiactividad. “Es muy probable que sea EDF quien envíe uranio ya gastado en forma de U3O8”, un polvo de color negro verdoso, “así como los contenedores que se utilizarán para devolver ese uranio una vez transformado”, precisa este especialista antinuclear.

Por parte de EDF, “no hay comentarios ni información específica sobre el tema”. Tampoco ha habido reacción por parte de Rosatom, con quien firmó un contrato de 600 millones de euros en 2018 para reciclar y enriquecer uranio procedente de combustible gastado. El ministerio de Economía no ha respondido a las preguntas de los periodistas, mientras que su ministro, Roland Lescure, se congratulaba a principios de noviembre de que los “amigos de la energía nuclear” hubieran “ganado la guerra de religión” sobre el átomo. Por su parte, la Alta Comisión para la Energía Atómica parece estar descubriendo ahora la operación.

Solo Orano (antes Areva), que fabrica el uranio reprocesado, denominado “URT”, en La Hague (Manche) a partir de combustibles gastados de EDF y lo almacena en su planta de Tricastin, en Drôme, explicó a Mediapart que “el transporte de uranio reprocesado (URT) al que ustedes se refieren no es operado por Orano y el URT no es propiedad del grupo”.

Esta empresa industrial especializada en la fabricación de combustible, propiedad del Estado francés en más de un 90 %, añade que “no está presente en Rusia, no tiene empleados allí y no tiene contratos en curso para la compra o venta de uranio natural, reprocesado o enriquecido con empresas rusas”.

Pero los vínculos de EDF con Rosatom continúan, a pesar del estallido de la guerra en Ucrania en 2022. La conversión del uranio reprocesado producido en Francia sigue realizándose en Rusia. A finales de 2023 se utilizó una primera recarga de combustible reprocesado enriquecido en el reactor de Cruas 2, en Ardèche. Y desde 2024 se han suministrado otras recargas, con uranio enriquecido en parte en los Países Bajos y en parte en Rusia, según precisa la empresa eléctrica.

Cada año, EDF compra cerca de 7.000 toneladas de uranio en todo el mundo, así como todos los servicios de transformación asociados (conversión, enriquecimiento, fabricación de conjuntos combustibles y reciclaje de combustible), recuerda el grupo. Esto supone cerca del 10 % de la demanda mundial.

En este carrito de la compra nuclear encontramos combustible tratado en Rusia. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, Francia volvió a importar 65 toneladas de uranio enriquecido procedente de Rusia, lo que representa el 20 % de sus importaciones totales de este producto, según los datos de aduanas analizados por Mediapart en junio.

Para las autoridades francesas, esto no supone ningún problema, ya que este volumen solo representa una mínima parte, alrededor del 5 %, de las 1.200 toneladas de combustible que se cargan cada año en las centrales nucleares francesas. Para garantizar la seguridad del suministro de sus reactores, EDF asegura que “maximiza la diversificación de sus fuentes geográficas y sus proveedores” y insiste en que no depende “de ninguna instalación, ninguna empresa y ningún país para garantizar la seguridad de su suministro”.

Entonces, “¿por qué seguir enviando uranio a Rusia para su tratamiento, cuando no hacerlo no tendría ninguna incidencia en el funcionamiento del parque?”, pregunta Pauline Boyer, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace Francia. Ella ve en ello “una señal política desastrosa”: ”Es realmente un cargamento vergonzoso, es indefendible intensificar el comercio con Rusia en un momento en que se intensifican los ataques contra la red energética de Ucrania.”

¿Es inmoral este sucio negocio nuclear con Rusia? En cualquier caso, no es ilegal, ya que “el combustible nuclear y otros bienes necesarios para el funcionamiento de las capacidades nucleares civiles” forman parte de los productos excluidos hasta ahora de las sanciones de la Unión Europea; la Comisión ha presentado después una hoja de ruta para eliminar progresivamente las importaciones rusas de energía. Rosatom y sus filiales estuvieron ausentes en la World Nuclear Exhibition, celebrada cerca de París a principios de noviembre, “por razones obvias relacionadas con la guerra”, según explicó su organizador.

¿Cuánto tiempo más durarán los negocios rusos de la energía nuclear francesa? EDF afirma estar “en conversaciones con varios proveedores” para desarrollar una planta de conversión de URT en Europa occidental. Pero hasta ahora no hay nada concreto. No se prevé ninguna instalación de este tipo en el megaproyecto de ampliación de las plantas de Orano en La Hague, denominado Aval du futur.

Pero ocurre que, sin conversión, el URT extraído en La Hague no es reutilizable en las centrales nucleares. Se convertiría entonces en un residuo, mientras que hoy en día se considera “material radiactivo” y, por lo tanto, se valoriza como tal. En la planta de Orano en Pierrelatte (Drôme) hay cerca de 35.000 toneladas, según el inventario de la Andra (Agencia Nacional para la Gestión de Residuos Radiactivos). Un voluminoso paquete que el sector nuclear teme que algún día se convierta en una carga.

Traducción de Miguel López

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.

El buque oceanográfico francés L'Atalante acaba de identificar los primeros mil barriles de residuos radiactivos frente a la costa gallega. Tras llegar a una de las zonas identificadas hace una semana y tras diversas pruebas técnicas —fundamentalmente el funcionamiento del robot submarino Uly X , capaz de descender hasta 6.000 metros—, esta misión científica bautizada como Nodssum, extrajo también fauna y sedimentos de la zona donde, entre 1949 y 1982, se vertieron unas 140.000 toneladas de estos residuos en estos contenedores de acero y hormigón. El último vertido, realizado por Países Bajos, tuvo lugar hace casi 43 años. 

La subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, aplaudió este miércoles la misión, de la que destacó su carácter internacional y su objetivo de analizar las consecuencias de "un comportamiento de hace muchos años". Según explicó, el Ejecutivo central estará muy atento a los resultados para "poder prevenir y actuar" sobre cualquier incidencia y "tomar medidas".

También este miércoles, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se dirigió otra vez a la Comisión Europea para recordarle que "no hizo su trabajo con respecto a la investigación de los residuos radiactivos de la Fosa Atlántica". Así, destacó que es la cuarta pregunta que le envía pidiendo una investigación europea. "No puede ser que Galicia recibiera la basura europea y que hoy la UE no haya tomado ninguna medida", explicó. 

Fue en 2017, en el 35 aniversario de los últimos vertidos nucleares frente a Galicia, en la conocida como Fosa Atlántica, cuando Praza.gal realizó una larga investigación con consultas a una decena de organismos internacionales y españoles en la que no fueron capaces de responder si alguien estaba vigilando con algún tipo de programa estable de supervisión esos bidones de acero y hormigón con 140.000 toneladas de residuos radiactivos vertidos al océano entre 1949 y 1982. PSOE, PP y BNG se hicieron eco de aquella investigación y durante varios años formularon iniciativas en el Parlamento gallego, el Congreso y el Europarlamento que constataron que ni España ni la UE vigilaban ni tenían previsto hacerlo el estado de esos bidones, algunos de los cuales llevan siete décadas bajo el mar.

Tras esas evasivas y negativas, recogidas por medios de comunicación de toda España, acabó siendo Francia la que anunció que realizaría la primera misión para vigilar el estado de los residuos de la Fosa Atlántica, una expedición científica que comenzó el pasado domingo 15 de junio y que acaba de identificar esos primeros mil barriles en esta primera campaña de localización y aproximación, en la que también se tomaron muestras. Una tarea que se completará en una segunda fase que se prevé para 2026 pero que aún no tiene fecha. 

El proyecto NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring), liderado por Javier Escartín y Patrick Chardon e impulsado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) francés —el equivalente al CSIC de España—, prevé realizar su primera campaña hasta el 11 de julio. En ella, el submarino robotizado autónomo UlyX, de la flota oceanográfica francesa, localiza los bidones y les toma fotografías. También toma muestras de animales y sedimentos para comprobar la radiactividad de los mismos.

En función de los resultados de la primera campaña, en una segunda aún sin fecha se empleará también un submarino para tomar muestras mucho más cerca de los bidones. Los objetivos son localizar con precisión los bidones y evaluar su condición física, medir la presencia de radiactividad en el agua, sedimentos y organismos vivos, estudiar su interacción y caracterizar los procesos de transporte de radiactividad en las profundidades del océano. 

La misión que ahora realizará Francia se centra en solo uno de la docena de puntos de vertido a lo largo de toda la costa atlántica europea identificados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según el inventario oficial de este organismo [aquí el PDF], con el que está elaborado el mapa interactivo que acompaña a esta información, en el lugar que investigará Francia, a unos 500 kilómetros al noroeste de Fisterra, cuatro países diferentes depositaron residuos nucleares entre 1977 y 1982: Bélgica (17.605,5 toneladas), Reino Unido (14.141 toneladas), Países Bajos (13.696 toneladas) y Suiza (3.151 toneladas). Además de este punto de vertido, hay otros varios más próximos a las costas gallegas donde estos u otros países lanzaron cantidades similares de residuos radiactivos.

Por otra parte, los residuos que ahora se analizarán son de los más recientes en el tiempo, justo anteriores a la prohibición de este tipo de prácticas, mientras que en otros emplazamientos los primeros bidones se vertieron hace más de 70 años, por lo que su deterioro puede ser mayor. 

La investigación realizada por Praza.gal en 2017 sobre la falta de supervisión de los bidones provocó la reacción de varios partidos políticos y de Greenpeace, cuyas campañas junto a marineros gallegos a bordo del buque Xurelo lograron poner fin a los vertidos en 1982. En el Parlamento Europeo, la Comisión respondió, como ya hiciera a preguntas de este periódico, que los vertidos están en aguas internacionales y que los Estados miembros solo tienen la obligación de analizar la radiactividad en sus costas, procedimientos que la UE supervisa periódicamente .

La Comisión incluso respondió, a una pregunta del entonces eurodiputado socialista José Blanco, que el Gobierno de Mariano Rajoy no veía necesario controlar los residuos a pesar de que varios ministerios discreparan entre ellos sobre las competencias en la materia.

Ante estas respuestas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, siguió formulando preguntas sucesivas —la última esta misma semana— para conocer el resultado de la siguiente supervisión europea sobre cómo España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), detecta la radiactividad en sus costas, control que se hizo en octubre de 2021 y cuyos resultados se comunicaron en marzo de 2023. En aquel momento, la Comisión Europea aseguró que los controles españoles de radiactividad en el litoral gallego y cantábrico eran adecuados, pero insistió en que "la verificación de todo tipo de control de los vertederos en la fosa atlántica queda fuera del ámbito de aplicación" de las normas europeas. 

"La Comisión reconoció que no dispone de información actualizada del estado de los bidones y que los últimos informes con los que cuenta, referidos a las aguas del Atlántico Norte, datan de 1990 y 2003", recordó este miércoles Ana Miranda. 

A falta de otras iniciativas por parte de la decena de organismos internacionales y estatales consultados por Praza.gal, ahora es Francia la que estudia el estado de estos residuos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado entrar a valorar si se esta produciendo una lesión de derechos fundamentales por la gestión de la contaminación por americio y plutonio en Palomares (Almería), y ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por Ecologistas en Acción tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que concluyó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "no es competente" para ejecutar el Plan de Rehabilitación, pero sin precisar a que organismo le corresponde, según ha informado Europa Press.

La Sala Segunda no aprecia, tras examinar el recurso, que exista "especial trascendencia constitucional" en el asunto planteado, y acuerda archivar las actuaciones sin más trámite, según recoge la providencia de 25 de enero, consultada por Europa Press.

Ecologistas en Acción sostiene que la sentencia del Supremo, cuya nulidad pedía, vulnera tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, "como el derecho a la salud, a un trato no degradante y al medio ambiente", por lo que, según ha anunciado el abogado José Ignacio Domínguez, el siguiente paso es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.

El colectivo solicita que se declare la "urgencia" de afrontar la remediación de la contaminación en la zona y se indique qué organismo debe hacerlo y que se determine si construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para dar destino a los 6.000 metros cúbicos que se obtengan de limpiar un total de 50.000 metros cúbicos de tierra.

Para solicitar amparo, remarcó la "especial trascendencia social" de "un caso único" en la historia de España, "del que afortunadamente no existe precedente" y que, casi seis décadas después de que se produjese el accidente nuclear, "aún está pendiente de solución". Apuntó, asimismo, que era "preciso sentar jurisprudencia" sobre "la legalidad o no" de la "investigación" sobre las "consecuencias de la radiactividad en la salud, sin contar con el consentimiento de las personas sometidas a experimentación que se llevó a cabo con el Proyecto Indalo, vigente hasta el año 2009".

En su escrito elevado al Constitucional, el colectivo recogía que el voto particular del fallo confirmado en casación por el Supremo, calificó estas "prácticas" como "laboratorio a cielo abierto" y afirmaba que las autoridades de España y de EEUU se habrían dedicado a "investigar las consecuencias de la radioactividad en la salud y en el medio ambiente en general sin adoptar ninguna medida paliativa".

"La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada que culminó en 2011, pero a fecha de hoy siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear haya adoptado medida alguna", aseguraba.

En su recurso, exponía que los "sucesivos gobiernos" han utilizado como "disculpa" para no limpiar la radiactividad en Palomares la necesidad de disponer de un "almacén nuclear definitivo apto para guardar este material radiactivo de larga duración", pese a que "todos los cementerios radiactivos que hay en España son temporales".

"Todas las centrales nucleares tienen en sus proximidades un ATI, pero ningún gobierno ha considerado necesario construir uno Palomares, prefiriendo utilizar como excusa el desinterés de los EEUU por llevarse el plutonio", argumentaba al tiempo que reprochaba que el Tribunal Supremo "omitiese" en su sentencia pronunciarse "sobre lo que era un pedimento fundamental" del pleito.

Por último, señalaba que el accidente ocurrido en Palomares tras la colisión en el aire de dos aviones de las Fuerzas Aéreas de EEUU en 1966, "fue mal gestionado" desde un principio, "ocultando el problema y utilizando a la población, a la fauna silvestre y doméstica, y al medio ambiente en general para experimentar los efectos de la radiactividad".

"El Tribunal Supremo no ha valorado ni interpretado en la sentencia las normas alegadas y los pedimentos fundamentales, lo que nos causa indefensión", concluía para interesar que ordenase retrotraer este procedimiento para dictar una nueva sentencia. Paralelamente, y según anunció Domínguez, Ecologistas en Acción va a solicitar por segunda vez a la Audiencia Nacional (AN) que obligue al Gobierno a fijar plazo para ejecutar la limpieza.

Domínguez alude a la declaración de intenciones firmada en 2015 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de Estado de EEUU John Kerry, que "no sirvió de nada" y a los "avances" para limpiar anunciados en mayo de 2023 tras el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo norteamericano, Joe Biden.

"Tampoco se ha hecho nada", subraya, al tiempo que critica el "silencio" que mantiene el Gobierno al respecto "pese a las promesas que hicieron diciendo que estaban ya reuniéndose para limpiar" la contaminación.

Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares indican que, de los casi 400 análisis realizados por Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna, así como sedimentos y agua, revelaron concentración de actividad de americio y de plutonio un total de 112. No obstante, en todos estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de referencia" que están fijados en el citado plan.

Según el Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados son "similares" a los obtenidos en años anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo 2010-2021, "se ha mantenido estable".

En 2017, en el 35 aniversario de los últimos vertidos nucleares frente a Galicia, en la conocida como Fosa Atlántica, Praza.gal realizó una larga investigación en la que una docena de organismos internacionales y españoles no fueron capaces de responder a la pregunta de si alguien vigilaba con algún tipo de programa estable de supervisión esos bidones de acero y hormigón con 140.000 toneladas de residuos arrojados entre 1949 y 1982. La Comisión Europea tampoco fue capaz de aclarar esa cuestión, pero ahora admite en un documento oficial que “no hay programas regulares de vigilancia de la radiactividad del medio marino” en esas zonas sino solo de la radiactividad que pueda llegar a las costas, procedimiento este que ya había relatado este diario.

La investigación realizada por Praza.gal en 2017 provocó la reacción de varias formaciones políticas y de Greenpeace, cuyas campañas junto con marineros gallegos a bordo del barco Xurelo lograron poner fin a los vertidos en 1982. En el campo político, BNG, PSOE y En Marea formularon diversas iniciativas en el Parlamento de Galicia, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. En ese último foro, la Comisión Europea respondió, como ya había hecho a Praza.gal, que los vertidos están en aguas internacionales y que los Estados miembros solo tienen el deber de analizar la radiactividad en sus costas, procedimientos que la UE supervisa periódicamente. 

La Comisión respondió, ante una pregunta del entonces eurodiputado socialista José Blanco, que el Gobierno de Mariano Rajoy no veía necesario controlar los residuos a pesar de discrepar entre sí varios ministerios.

Ante esas respuestas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, siguió formulando preguntas para conocer el resultado de la siguiente supervisión europea sobre cómo España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), detecta la radiactividad en sus costas, control que se hizo en octubre de 2021 y que ahora acaban de comunicarle a la parlamentaria nacionalista. La Comisión, en su respuesta avanzada el pasado domingo por Faro de Vigo, dice que “las actividades de verificación realizadas demostraron que las instalaciones necesarias para el control de los niveles de radiactividad del medio marino del litoral gallego y cantábrico son adecuadas”. 

También añade que se pudo “verificar el funcionamiento y la eficacia de una parte representativa de estas instalaciones”, pero recuerda que “la verificación de todo tipo de control de las escombreras en la Fosa Atlántica queda fuera del ámbito de aplicación” de las normas europeas. 

Pero junto con esa respuesta directa de tipo político la Comisión también facilita a la eurodiputada el informe técnico [aquí el PDF] de esa supervisión realizada sobre España. Y es en ese documento en el que la Dirección General de Energía de la UE contextualiza la situación de Galicia recordando los vertidos nucleares en la Fosa Atlántica y poniendo por escrito a respuesta a la pregunta formulada por Praza.gal hace unos años a una docena de organismos internacionales y estatales: nadie vigila.

El documento destaca que en España no hay posibles descargas de residuos nucleares a ríos que den a la costa norte peninsular, pero sí recuerda los residuos vertidos en la Fosa Atlántica y el submarino nuclear soviético hundido en 1970 en el Golfo de Vizcaya. Sobre los primeros dice que si bien son conocidos los lugares de vertido, en aguas internacionales a varios cientos de kilómetros de la costa, “se desconoce el estado técnico” de los bidones. Y añade que “no hay programas regulares de vigilancia de la radiactividad del medio marino” en las áreas de los vertidos históricos.

El documento avala completamente la manera en la que España registra la radiactividad en sus costas. Pero formula dos sugerencias, que realiza cuando su equipo verificador “identifica una acción que mejoraría aún más la calidad del seguimiento” del país supervisado, frente a las recomendaciones que se formulan cuando ven una “clara necesidad” de mejora. Una de las sugerencias formuladas por la Comisión Europea va dirigida a cómo el laboratorio español analiza las muestras y otra pide al Consejo de Seguridad Nuclear “considerar” la posibilidad de realizar determinados análisis con periodicidad anual y no cada tres años. 

El documento señala que “mientras el muestreo de agua de mar es realizado anualmente, el muestreo de biota marina se basa en un muestreo trianual” que cumple con un acuerdo internacional al respecto. Sin embargo, se sugiere a España “considerar un programa anual de muestreo de los productos alimentarios marinos más producidos en el área”.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

Los residuos nucleares pueden ser el único rastro de nuestra civilización que quede en 100.000 años. Este pensamiento, expresado por responsables suecos de seguridad nuclear en el documental Into Eternity, sobre el enterramiento de paquetes radiactivos en Finlandia, da idea del problema.

Cada segundo de producción de electricidad en las centrales nucleares produce nuevos residuos. Cada vez que se desmantela un reactor, también; porque estos equipamientos son muy radiactivos tras décadas de uso. Y sin embargo, este tema ineludible estará ausente en los discursos de quienes defienden la reactivación de la energía nuclear en nombre de la acción climática. En el Consejo Europeo que se celebra los días 21 y 22 de octubre se abordará la producción de energía, en un contexto de subida de los precios del gas, la gasolina y la electricidad. Pero no habrá tiempo para los residuos nucleares.

Los residuos “de alta actividad”, los más radiactivos, tienen una vida infinitamente superior al tiempo de una existencia humana: varios miles, varios cientos de miles o varios millones de años, como explica Delphine Pellegrini, subdirectora de la oficina de peritaje e investigación sobre las instalaciones de almacenamiento del IRSN (Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear). Por ejemplo, el neptunio 237, el producto de fisión más abundante, tiene el período radiactivo más largo: dos millones de años. El Pu 239, un isótopo del plutonio, tiene una vida útil de más de 24.000 años.

Los combustibles compuestos de pastillas de uranio, que permiten a las centrales nucleares producir enormes volúmenes de electricidad, se consideran “usados” tras tres o cuatro años de uso. Después se retiran de los reactores y se colocan en una piscina de refrigeración durante unos 60 años. Pero siguen emitiendo grandes cantidades de radiación, muy peligrosa para el ser humano y su entorno, durante decenas de miles de años. El agua en la que se sumergen sirve de barrera de protección radiológica y permite que se enfríen. Pero sin protección contra la radiación, la tasa de dosis de los conjuntos de combustible usados puede aumentar de 1 a 100 grays por hora tras diez años de enfriamiento, explican los autores del Informe Mundial sobre Residuos Nucleares(World Nuclear Waste Report).

El gray es una unidad de medida utilizada en la industria nuclear para medir la peligrosidad de la radiación. Una dosis de 4 a 5 grays se considera letal. Así, un elemento de combustible usado, recién descargado de un reactor, sin protección, proporciona una dosis letal a un metro en menos de un minuto. La radiactividad del combustible usado es 100 millones de veces mayor que la de las pastillas de uranio nuevas. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía estimó en 2010 que la cantidad de combustible nuclear usado en el mundo era de 340.000 toneladas de metal pesado (la unidad utilizada para presentar las cantidades de material radiactivo).

En su discurso sobre el plan de inversiones Francia 2030, Emmanuel Macron anunció una inversión de 1.000 millones de euros para “desarrollar tecnologías de vanguardia” y, en particular, “pequeños reactores nucleares”, sin ninguna propuesta específica sobre los residuos.

En Francia, la investigación pública sobre el centro de almacenamiento geológico profundo de residuos radiactivos Cigéo, cerca de Bure [noreste de Francia], concluye el 23 de octubre. Casi no ha sido objeto de declaraciones públicas por parte de las numerosas figuras políticas aspirantes a presentarse a las presidenciales. La ministra para la Transición Ecológica, Barbara Pompili, responsable de la energía y la seguridad nuclear, no ha promovido ningún debate público al respecto. El problema es que este proyecto de almacenamiento de los restos más radiactivos y peligrosos del sistema nuclear nacional, a 500 metros bajo tierra, para las siguientes decenas de miles de años, es esencial para la industria electro-nuclear francesa.

En la actualidad, la mayor parte de los residuos radiactivos se almacenan en la planta de Orano (Mancha, norte de Francia). Pero está llena y se calcula que alcanzará la saturación en 2030, a lo sumo. Electricidad de Francia (EDF), Orano y la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) son los principales productores de residuos nucleares en Francia. A finales de 2018, la agencia nacional francesa de gestión de residuos radiactivos, Andra, estimó la cantidad de residuos de alta actividad en 3.880 m3.

Si Cigéo se autoriza y entra en funcionamiento, envíos con sustancias ultrarradioactivas, vitrificados y encerrados en contenedores sellados, tendrán que atravesar Francia durante aproximadamente un siglo para su enterramiento en las galerías subterráneas de Lorena durante decenas de miles de años.

¿Es buena idea enterrar tanto material peligroso en un solo lugar, en la corteza terrestre? ¿Cuáles son los riesgos para los trabajadores que conducirán estos trenes y manipularán estos envíos? ¿Para los habitantes de las zonas por las que pasarán estos trenes? ¿Para los que viven cerca del futuro centro? ¿Se han cumplido las condiciones necesarias para un debate democrático, cuando sabemos hasta qué punto la oposición a Cigéo ha sido objeto de represión judicial y acoso policial?

Estas cuestiones no parecen preocupar a mucha gente fuera del sector y de los círculos activistas. Sin embargo, tienen un alcance mundial. Y hasta la fecha, ningún Estado ha encontrado respuestas duraderas a las mismas.

Ningún país ha conseguido todavía llevar a cabo el enterramiento profundo de los restos radiactivos de su sistema nuclear. Estados Unidos cuenta con un vertedero profundo, el Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), en Nuevo México. Pero sólo contiene residuos de larga duración procedentes del sector militar. En 2014, sufrió un grave incendio que provocó su cierre durante tres años. El anterior proyecto de Yucca Mountain fue abandonado.

Por lo tanto, no hay garantía de que esta técnica sea viable en la actualidad. Sólo Francia, Suecia y Finlandia han elegido oficialmente un lugar. Finlandia es el país más avanzado en esta tecnología, con un emplazamiento actualmente en construcción en Onkalo, cerca de la central eléctrica de Olkiluoto, al sur de su costa occidental. Se trata de la única obra que se está llevando a cabo en el mundo para construir un almacén subterráneo permanente.

Los países que han optado por el almacenamiento geológico profundo pretenden hacerlo en granito: Finlandia, Suecia, Canadá, Estados Unidos y China, según la revista Global Chance. Hasta ahora, Francia es el único país que ha elegido la arcilla.

Francia presenta otra particularidad económica: es el único Estado, junto con Rusia en menor medida, que reprocesa el combustible gastado para producir plutonio. El reprocesamiento de residuos consiste en separar los distintos componentes del combustible nuclear usado: uranio, plutonio y productos de fisión. Se utiliza para fabricar otro tipo de combustible, el MOX (combustible de óxido mixto), que se utiliza en algunas centrales nucleares. Pero los residuos resultantes de la irradiación del MOX son aún más radiactivos y peligrosos que los demás; una vez utilizado el MOX, sus residuos requieren otro siglo de almacenamiento en una piscina, explica el  informe World Nuclear Waste. Los activistas anti-Cigéo acusan al enterramiento de hacer invisibles los residuos y, por tanto, de hacer aceptable uno de los más graves callejones sin salida nucleares.

El “eclipse del público” en favor de los expertos

¿Existen alternativas? “En otros países con centrales nucleares, el combustible irradiado no se reprocesa y constituye el residuo final para el que se plantea el problema de la gestión a largo plazo”, explica el físico Bernard Laponche. “Mientras tanto, el combustible irradiado, tras unos años en una piscina cerca de los reactores, se almacena en contenedores de acero y hormigón en el emplazamiento de la central”, prosigue el especialista, según el cual “este sistema de almacenamiento es muy elaborado, en contenedores de muy alta calidad suministrados en particular por Orano, y puede durar más de 100 años”. En su opinión, “la cuestión del almacenamiento definitivo existe, pero... hay tiempo”. Este almacenamiento en seco es lo que reclamaban las ONG en Francia. En Bure y alrededores, los activistas contrarios a Cigéo exigen el abandono de la energía nuclear. Y han organizado una jornada de movilización para el sábado 23 de octubre, una vez concluida la investigación pública.

Más alla de los aspectos técnicos y económicos –según el Tribunal francés de Cuentas, el coste de la gestión de los residuos radiactivos asciende a 32.000 millones de euros, y el Gobierno ha cifrado el coste de Cigéo en 25.000 millones de euros según un cálculo opaco–, el vertiginoso asunto de los residuos nucleares se topa con un muro democrático. Los autores del informe World Nuclear Waste señalan que “un enfoque puramente científico y técnico no responde a los retos que plantean estos programas de alto riesgo”. Sostienen que hay que dar importancia a la “gobernanza” de estos proyectos, a la “coconstrucción” de las políticas de gestión y eliminación de residuos y al “papel de las comunidades afectadas”.

A principios del siglo XX, el filósofo estadounidense John Dewey se preocupaba por el “eclipse de lo público” en favor de una nueva categoría profesional: los expertos certificados que pueden sumirse en la complejidad sociotécnica, explica la socióloga Geneviève Pruvost en su libro Quotidien politique. Dewey concluía que: “Cualquier gobierno de expertos en el que las masas no tienen la oportunidad de informar a los expertos de sus necesidades sólo puede ser una oligarquía administrativa en interés de unos pocos”.

El destino de los residuos nucleares, tanto en sí mismo como por su desaparición del espacio público, parece prestarse especialmente bien a esta confiscación democrática.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunció el pasado miércoles una inversión de 1.000 millones de euros para fomentar la energía nuclear en uno de los países del mundo que más ha apostado por esta tecnología. Dado el sombrío panorama de la crisis energética actual, lo atractivo de un modelo galo que ofrece su electricidad procedente del uranio a precio fijo a los consumidores y la gran ventaja de estas instalaciones (mucha potencia y cero emisiones), muchos ojos en España se han vuelto hacia la fisión, a pesar de su impopularidad en todos los círculos ecologistas. Dependemos del gas natural, por las nubes; tenemos que abordar una transición hacia la descarbonización inaplazable; y la soberanía energética cotiza al alza cuando decisiones tomadas en Rusia, en Argelia o en China nos suben la factura. Pero no es oro todo lo que reluce y los expertos consultados advierten de los peligros de mirar hacia el pasado con ojos del presente. 

La energía nuclear sigue siendo una de las principales fuentes de electricidad de nuestro país. Con datos de este mismo viernes, es la segunda tecnología en generación tras los ciclos combinados de gas natural pese a que es solo la quinta en cuanto a potencia instalada, por detrás de la solar fotovoltaica. Emite un total de 0 toneladas de gases de efecto invernadero, un respiro en tiempos de urgencias climáticas. Y si la amenaza de las grandes eléctricas no se cumplen, hay nucleares para rato: el primer cese previsto es el de Almaraz I, en noviembre de 2027, y el último reactor de la central de Trillo echará la persiana en mayo de 2035. A corto y medio plazo, el mix energético español seguirá contando con el uranio. 

"La energía nuclear es esencial en la transición energética al tratarse de una fuente que ofrece estabilidad al sistema eléctrico y ayuda a alcanzar los compromisos ambientales, ya que no emite CO2. Es imprescindible para España y se trata desde hace una década de la fuente que más electricidad produce", asegura Foro Nuclear, la patronal de la industria –es decir, las eléctricas–. Los defensores de esta tecnología argumentan que la seguridad ha mejorado muchísimo en estas décadas: accidentes como los de Three Miles Island, Chernobyl o Fukushima, aunque terribles, son excepciones y cada vez menos probables conforme avanzan los requisitos. Es perfectamente sano vivir cerca de una central nuclear –las de carbón no pueden decir lo mismo– así como al lado de un almacén de residuos nucleares. Aunque siguen siendo difíciles de gestionar, caros y muy perdurables. 

Sin embargo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), la hoja de ruta en la materia de España de aquí a 2030, contempla un cierre progresivo de la nuclear y un mantenimiento de las centrales de ciclo combinado, que están disparando el precio de la electricidad y la calefacción y que sí emiten CO2 y metano, para respaldar a las renovables mientras esperamos a que se hagan con toda la tarta. ¿Por qué España no construyó más nucleares, por qué no construye más ahora o por qué no alarga la vida útil de las que están en funcionamiento? 

Son distintas preguntas con distintas respuestas. Para la primera, hay que remontarse a los años 80 y al ascenso al poder de Felipe González (PSOE), que incluía en su programa limitaciones a la energía nuclear. En 1982, se paralizaron los planes (años antes de Chernobyl, pero cinco después de Three Miles Island), y desde 1983 se empezó a abordar una reestructuración que se consolidaría finalmente en 1994 con una moratoria que cancela definitivamente las obras de siete centrales proyectadas: Lemóniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I. Nunca se conectaron a la red, aunque algunas llegaron a estar terminadas al 100%. El expresidente ha reconocido que temía la posibilidad de un desastre atómico y la dificultad de gestionar otros residuos. Pero otros análisis posteriores han apuntado a razones económicas. Construir una central nuclear nunca ha sido, y no es, barato. 

"Se generó la tormenta perfecta", considera el profesor de Tecnologías Energéticas en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Eloy Sanz. "Todas las centrales contaban con financiación preferente estadounidense". Subieron los tipos de interés, la peseta se depreció frente al dólar y pronto se hizo patente que nunca se iban a poder pagar. El especialista explica que muchos expertos hablan, en vez de moratoria, de rescate: las eléctricas fueron generosamente compensadas y los españoles lo pagaron durante décadas en su factura nuclear. rescate

Evidentemente, las razones ideológicas también pesaron: el ecologismo ya era profundamente antinuclear por entonces, a lo que se sumó la presión terrorista de ETA, en contra de Lemóniz. Pero pudo no ser la principal.  Coincide Pedro Fresco, experto en energía y director de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. "La moratoria tuvo un componente de endeudamiento muy fuerte". 

Tras la moratoria, España ha clausurado dos centrales nucleares más: Zorita y Santa María de Garoña. Pero no fueron decisiones que impactaran de lleno en el mix del país, a juicio de Sanz. "Zorita era una central con una potencia neta de 140 MW, o sea, nada. Y Garoña no llegaba a 500 MW. No es ni la mitad de lo que tenemos en marcha ahora mismo". Fresco alerta de que a toro pasado, todos somos Manolete. ¿Fue una mala idea hacer caer, o dejar caer, siete centrales nucleares entre los 80 y los 90? ¿Podríamos estar ahora mejor que por entonces? "Puede que sí", concede. "Pero aunque hubiéramos construido todas esas nucleares, pasando de un porcentaje del 20% al 40%, seguiríamos pagando lo mismo". Con más soberanía energética, eso sí; pero con el gas natural marcando los precios del pool y generando beneficios caídos del cielo a todas las demás. 

Francia, recuerda el experto, no cuenta con un precio fijo en su factura por tener más nucleares, sino porque esas nucleares forman parte de un monopolio estatal gigantesco que la Comisión Europea presiona para derrumbar. La pública EDF es un símbolo de independencia con respecto a Europa para los franceses, así lo recordó Macron el miércoles, pero en España se siguió un camino diametralmente opuesto con la progresiva liberalización del sector eléctrico. Además, es difícil aventurarse en el qué habría pasado: podrían haber obstaculizado la inversión y el desarrollo masivo de las renovables.

"Francia tiene menos porcentaje renovable porque la nuclear ha dejado menos hueco", explica Fresco. La generación eléctrica de un país no es infinita, porque solo se aspira a cubrir la demanda y porque los puntos de acceso a la red son limitados: las tecnologías se obstaculizan mutuamente. Sanz recuerda que la iniciativa pública nunca ha sido muy proclive a las nucleares en España, pero la privada tampoco. Las instalaciones actuales tienen un calendario de cierre pactado con las eléctricas, no impuesto. Y Garoña paró su producción porque sus titulares no estaban dispuestas a afrontar las costosas reformas necesarias para seguir operando con la seguridad mínima exigible.

"A partir del 97, con la liberalización del sector eléctrico, cualquier empresa podría haberlas construido. Pero no pasó", recuerda Sanz. "Hubo propuestas por parte de algunas eléctricas. Pero no las llegaron a presentar nunca. Dudaban mucho de la rentabilidad", ni siquiera estableciendo contratos bilaterales con la industria –como los que se intentan fomentar ahora– para garantizarse ingresos jugosos a largo plazo. Una inversión masiva del Estado tampoco habría sido muy entendible, considera, sobre todo tras el fin del Gobierno de Zapatero, cuando el Ejecutivo de Rajoy cortó las subvenciones a las renovables en plena aplicación de la doctrina de la austeridad. 

¿Y si las construimos ahora? Para empezar, y dada la liberalización del sector, sería difícil convencer a una eléctrica de embarcarse en tamaña empresa. En caso de que el capital privado no arrime el hombro, el capital público necesario no sería poco. Y para terminar, opinan los expertos, no da tiempo. Una central tarda en concluirse entre 10 y 20 años. Y entre 2030 y 2050, según las previsiones –y los deseos– del Gobierno, el país ya estará camino de un 100% renovable en su generación, apoyado por el hidrógeno verde y las baterías para el almacenamiento necesario. Una central nuclear necesita años para amortizarse, si es que se amortiza. 

En este contexto, ha llamado la atención la inversión francesa anunciada de 1.000 millones de euros para minirreactores nucleares, cuyo nombre técnico es SMR, siglas en inglés de reactor modular pequeño. De hasta 300 MW de potencia, pueden fabricarse en cadena, son más baratos –en principio–, necesitan menos inversión en seguridad, se construyen antes... "Es una tecnología que se va a probar y que se está probando en Estados Unidos y en Rusia", asegura Fresco, pero matiza: esos 1.000 millones (un 3% del presupuesto total para la reindustrialización francesa) no van a servir, probablemente, para construir reactores porque solo daría para uno o dos: sino para fomentar la investigación. No es, tampoco, una solución a corto plazo para España. 

La energía nuclear está estancada en el mundo

Los altos precios del gas y el fin de determinados prejuicios sobre la peligrosidad de la fisión nuclear no han generado, al menos por ahora, un nuevo amanecer atómico en el mundo como se puede leer en algunos titulares. Tampoco está cayendo en picado. Se mantiene, en términos generales, igual. Así lo dicen los datos. Según el World Nuclear Report de 2021, la potencia nuclear instalada alcanzó su máximo en 2002, sufrió un bajón tras el accidente de Fukushima y posteriormente inició una lenta recuperación que la coloca en 2021 en los 369 GW, no muy lejos de los 310 GW de 1989. Con respecto a la generación eléctrica de estas centrales, el siguiente gráfico de Our World in Data lo ilustra bien: más o menos la misma desde hace décadas.

La derecha europea y española, así como algunos sectores minoritarios de la izquierda, suele defender la energía nuclear como sinónimo de soberanía energética y para abanderarla contra los ecologistas. Pero las empresas eléctricas no están por la labor de grandes inversiones que distraigan del negocio más rentable en la actualidad: las renovables, baratas, de fácil amortización, incentivadas por casi cualquier ordenamiento jurídico y con riesgos mínimos. La Comisión Europea y el Gobierno español, en plena gresca por la reforma eléctrica, coinciden en que la solución a la crisis energética actual es dejar de depender del gas no para instalar reactores atómicos sino para avanzar hacia un futuro 100% limpio. El uranio, simplemente, no forma parte de la conversación.

Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, siglas en inglés) sí que reserva un papel a la nuclear en la transición necesaria. En su último informe, de este mismo mes, el organismo asegura que es necesario ampliar la capacidad nuclear para pasar del escenario actual, en el que no se cumplen las promesas actuales, a uno en el que se limite el calentamiento global a un grado y medio a finales de siglo. En el mejor de los planteamientos, la nuclear debería "redoblar sus esfuerzos para garantizar las operaciones seguras de las centrales actuales y acelerar nuevas construcciones en países favorables para ello. Tras 2030, las tecnologías nucleares avanzadas, como los reactores modulares pequeños, pueden expandir las oportunidades de generar electricidad, calor e hidrógeno de bajas emisiones". 

El diagnóstico es claro, aunque Sanz es escéptico: la IEA tiene demasiada buena relación, a su juicio, con el lobby nuclear, e históricamente ha tendido a infravalorar el avance de las renovables: sus estimaciones siempre se ven superadas por la realidad. En todo caso el organismo, en sus recomendaciones específicas para España, no pide alargar la vida de las nucleares actuales o construir otras nuevas. Solo se queda en un genérico "considerar la utilidad de la energía nuclear, incluso para aplicaciones no eléctricas, para diversificar las opciones técnicas para lograr la neutralidad de carbono en 2050".

El gas natural, combustible fósil muy emisor, está marcando precios históricos que abonamos cada mes en el recibo. Ante la escasez de viento en Europa, se sigue quemando metano en las centrales de ciclo combinado, con las consecuencias esperables para la crisis climática. Asia está aumentando su demanda tanto para la luz como para la industria, llevando a países como China a aumentar el CO2 que emitieron en 2019. Hay un problema económico y medioambiental. Pero Fresco insiste: necesitamos más y mejores renovables. Con generación distribuida, sin depender de ningún oligopolio, mejor. Y una reforma del sistema marginalista para corregir la injusticia actual, pese a las reticencias desde Bruselas.

La Comisión Europea ha enviado este miércoles un ultimátum al Gobierno español instándole a tomar las medidas necesarias en el plazo de dos meses para cumplir las reglas de la UE que obligan a los Estados miembros a notificar a Bruselas un plan de gestión de residuos radioactivos que cumpla los requisitos comunitarios, según informa Europa Press.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da un plazo de dos meses a las autoridades competentes para reaccionar. Si no hay una respuesta que satisfaga al Ejecutivo comunitario, éste podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los países de la UE tenían que haber presentado ante Bruselas sus programas nacionales el 23 de agosto de 2015, un plazo que han incumplido tanto España como Bélgica y por el que la Comisión les ha enviado este ultimátum.

La Directiva sobre combustible nuclear gastado y residuos radiactivos establece un marco comunitario para asegurar la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar imponer a las generaciones futuras cargas indebidas.

La Directiva exige a los Estados miembros que establezcan medidas nacionales adecuadas para lograr un alto nivel de seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el objetivo de proteger a los trabajadores y a la población de los peligros derivados de las radiaciones ionizantes.

La Empresa Estatal de Residuos Radiactivos (Enresa) presentará de forma inminente, antes del domingo, al Ministerio para la Transición Ecológica el borrador con su propuesta de Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que no desecha sino que mantiene el proyecto de almacén temporal centralizado de residuos nucleares y combustible gastado (ATC).

Según ha informado Enresa a Europa Press, con la inminente presentación la empresa estatal de residuos cumple con su compromiso de tenerlo acabado y entregado al Gobierno antes de que acabe el primer semestre de 2019. Esta voluntad fue anunciada el pasado mes de octubre en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante una delegación de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), por el presidente de Enresa, José Luis Navarro.

De este modo, el Ministerio para la Transición Ecológica conocerá entre este jueves y, a más tardar, el domingo el plan de la empresa encargada de los residuos radiactivos.

Desde Enresa han defendido, en declaraciones a Europa Press, que el borrador es "coherente" con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, que España ha presentado a la Comisión Europea y va en línea con el protocolo de cierre progresivo del parque nuclear español adoptado el pasado mes de marzo entre el Gobierno y los titulares de las centrales nucleares españolas.

Según ha podido conocer Europa Press, en líneas generales, el escenario de cese de operación se ha definido en el borrador del plan que no prevé un periodo de latencia de los reactores sino su desmantelamiento "inmediato" una vez que se acometan las operaciones y actividades de cierre y preparación para su desmontaje.

Además, mantiene el modelo de gestión, licenciado en España de los residuos de baja y media actividad y muy baja actividad que se seguirán almacenando de manera definitiva en el centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba).

Asimismo, en este horizonte, el plan de España "no contempla" la opción de reprocesar el combustible nuclear gastado, como sí hace, por ejemplo otros países del entorno como Francia o Reino Unido.

Apuesta por ATC como paso previo al AGP

En definitiva, lo que Enresa plantea es gestionar el combustible gastado con una primera fase de enfriamiento en la piscina, a continuación un almacenamiento temporal en seco para terminar con un almacenamiento definitivo en un almacén geológico profundo (AGP).

Si bien, Enresa añade que para este almacenamiento de carácter temporal para el combustible gastado, tanto para los residuos de alta actividad y los residuos especiales se establece en un Almacén Temporal Centralizado (ATC) con un periodo de operación de unos 60 años.

Por tanto, aunque se mantuvieran los almacenes temporales individualizados (ATIS) que ya se están construyendo o que se han licenciado por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, en el futuro, no se descarta la opción del ATC, una propuesta impulsada por unanimidad del Congreso de los Diputados de 2008 que tras años de polémica fue paralizada el pasado verano por orden del Ministerio par la Transición Ecológica hasta conocer, precisamente, el nuevo plan de residuos radiactivos de Enresa, puesto que el anterior venció en 2013.

Por otro lado, las líneas generales del plan apuestan por el desmantelamiento "inmediato" de las de tipo agua ligera, es decir, todas excepto Vandellós I.

Esto significa que el proceso se hará como en la central nuclear de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, que no ha estado parada durante un periodo de latencia sino que empezó a ser desmantelada tras realizar las preceptivas actividades preparatorias, a diferencia de Vandellós II.

Una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica conozca el plan, podrá modificar el borrador y propuesta de Enresa. Si bien, la tramitación del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos seguirá una tramitación conforme a lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Esto es, de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos y deberá hacerse tras fomentar la participación pública.

Una vez finalizado ese trámite, el Gobierno aprobará finalmente el Plan, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya emitido un informe y hayan sido oídas las comunidades autónomas en materia de ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Del Plan aprobado se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales.

Un grupo de científicos ha informado este miércoles de que se han detectado materiales radiactivos provenientes del desastre de la central nuclear japonesa de Fukushima en aguas del estrecho de Bering, cerca de Alaska (Estados Unidos).

Los análisis de las aguas frente a la isla de St. Lawrence revelan un alto nivel del isótopo radiactivo cesio-137, que está relacionado con la central de Fukushima, que sufrió un accidente nuclear a raíz del terremoto y tsunami registrados en 2011 en la zona.

No obstante, el asesor marino Gay Sheffield ha asegurado que el nivel detectado no supone un peligro para la salud de aquellas personas que viven en la zona y que subsisten gracias los alimentos obtenidos del mar. El accidente nuclear de Fukushima no provocó víctimas mortales de forma directa, aunque sí afectó a la vida de decenas de miles de personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas y pasaron a vivir en situación precaria en Japón. Además, la radiactividad dejó un rastro de contaminación que ha ido remitiendo con el paso del tiempo. El número de evacuados por causa del terremoto y el tsunami superó los 420.000 en 2011, el año del accidente. A principios de 2015 esta cifra se ha reducido a menos de 240.000.

El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Jorge Fabra considera que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de las minas de uranio y la futura planta de concentrados de Retortillo, (Salamanca) sin unificar y armonizar todos los procedimientos que tiene en marcha. Informa Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto en un voto particular presentado ante la apreciación favorable de los resultados de dos programas de vigilancia de aguas residuales y vigilancia radiológica de la futura planta. En este sentido, el consejero precisa que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de este proyecto minero y metalúrgico en ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción) hasta que el Pleno no haya deliberado y tomado una decisión sobre cómo unificar, armonizar y homogeneizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7, como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de sus residuos radiactivos.

El consejero advierte de que esta consideración no implicaría la paralización de los trabajos del CSN en relación con los expedientes que han sido abiertos, sino, por el contrario, su acumulación en un informe final que apreciará y se pronunciará sobre las afectaciones radioactivas y radiológicas sobre las personas y el medio ambiente del conjunto de las actuaciones implicadas. "Y esto con objeto de evitar cualquier presunción, en un sentido o en otro, de que el proceso de licenciamiento progresa irremediablemente hacia una decisión final, que, a día de hoy, carece de todo fundamento", alerta.

Según explica el consejero, todos los procesos del proyecto minero y metalúrgico de la empresa Berkeley, que se desarrolla en distintas vertientes (las explotaciones mineras, la planta de tratamiento del mineral y el almacenamiento definitivo de los residuos radiactivos) son, por compartir un mismo emplazamiento, interdependientes entre sí desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.

Sin embargo, según remarca, lo que debería entenderse como un proyecto único, desde el punto de vista técnico, está siendo tratado como si fueran proyectos distintos. "A efectos de los análisis del CSN, los expedientes en curso deberían ser refundidos en uno solo con objeto de que las afectaciones en materia de seguridad puedan ser analizadas de manera conjunta desde lo que interesa a la protección radiológica y a la seguridad nuclear", insiste. En opinión de este consejero, la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a "ineficacia reguladora y a confusión administrativa", algo que considera "inaceptable" desde el punto de vista de la regulación.

Por ello, considera necesario disponer de información completa, detallada, global y precisa del proyecto minero, para poder ser analizado y, en su caso, licenciado en su conjunto "de manera coherente y consistente", no como piezas separadas unas de otras entre mina y planta, explotación en zona 7 y almacenamientos en huecos mineros, "en relación con las cuales se presentan programas o se realizan solicitudes cuya apreciación favorable de unas u otras por el CSN podrían llevar a confusión reguladora en relación con la resolución final de este proyecto".

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando "según lo previsto", de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las "circunstancias" no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate "sosegado", así como la utilización de Garoña como un "símbolo de discusión política" que se convirtió en "una batalla" con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El Gobierno decidió este miércoles paralizar la construcción del almacén para residuos nucleares que proyectó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) y al que, posteriormente, el de Mariano Rajoy dio el visto bueno. Según publicó El País, la suspensión se gestó la semana pasada, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica envió un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para frenar las operaciones. ¿El motivo? El departamento dirigido por Teresa Ribera todavía está diseñando su estrategia energética para la próxima década.

La decisión no es definitiva ni la paralización irrevocable, pero supone un paso al frente en el laberinto en el que, desde hace años, se encontraba la instalación. Comenzó en diciembre de 2004, cuando el Gobierno socialista decidió construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que no es más que una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de media y alta radioactividad que deja el proceso de fisión de las centrales. Tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

Hasta el momento, este tipo de basura nuclear se almacenaba en otro tipo de cementerios: los ATI (Almacén Temporal Individualizado). ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los ATI sólo pueden servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan. Un ATC, en cambio, puede albergar los residuos de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Pero también hay otra fórmula: enviar estos restos a instalaciones de Inglaterra o Francia. Sin embargo, la expiración del contrato con este último país obligó a España a pagar una multa diaria de más de 67.000 euros. Había que encontrar, por tanto, una solución.

El Ejecutivo de Zapatero se puso entonces manos a la obra y pidió a los municipios que se presentaran como voluntarios para albergar el ATC. De 14 candidatos que se postularon, tan sólo podían instalarlo ocho. Finalmente, en 2011, ya con Rajoy en la Moncloa, Villar de Cañas se convirtió en la afortunada. Ya desde ese momento, la decisión fue polémica. "Fue meramente política", denuncia Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo. Según recuerda, el municipio situado en Cuenca era el cuarto en la lista de los emplazamientos que podían construir el ATC. "Tenían que ver con el afán de María Dolores de Cospedal", la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, empeñada en que Villar de Cañas fuera el destino final de los residuos nucleares. El proyecto, por tanto, ya nació "cojo". 

Y continuó así. Hasta este miércoles, el centro seguía sin conseguir el permiso de construcción, el de explotación, y la autorización de impacto ambiental positiva. El CSN se encontraba de hecho inmerso en el proceso dedicado a conseguir el primero de ellos, el que permitiría obtener los demás. Esos son los trabajos que el Ejecutivo de Sánchez decidió paralizar. Pero además de los permisos, había otro problema: dos estudios técnicos diferentes habían desaconsejado construir el ATC en Villar de Cañas, recuerda Francisco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción. Por tanto, lo único que se había avanzado es en la construcción del centro tecnológico asociado. 

No obstante, a pesar de que la construcción del cementerio nuclear como tal no hubiera comenzado, ya se habían destinado grandes cantidades de dinero al proyecto. Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que los conservadores aprobaron poco antes de ser desalojados de la Moncloa tras la moción de censura presentada por los socialistas contenían una partida de más de 144 millones de euros dedicados al ATC de Villar de Cañas. "No sabemos exactamente en qué se iban a emplear", afirma Castejón. Esta inversión ha sido, más o menos, constante, según López de Uralde. 

A pesar de la paralización, el dinero que ya se ha destinado ya no se podrá recuperar, y si la decisión del Gobierno es firme, todo lo desembolsado habrá caído en saco roto. En los ATC, según desgrana Castejón, hay dos tipos de gastos: los locales, que tienen que ver con el propio emplazamiento; y los generales, derivados de los trabajos propios de la construcción de un cementerio nuclear de este tipo. Estos últimos son, por ejemplo, el diseño de la instalación o de los contenedores destinados a albergar la basura nuclear. "Yo creo que la partida de este año iba a estar dedicada a estos últimos", sostiene.

Ya es innecesario

En su momento, el ATC se proyectó como una necesidad que, según las fuentes consultadas, ya ni siquiera existe. Han pasado siete años de bloqueo casi absoluto, pero los residuos nucleares han seguido produciéndose, por lo que en todo este tiempo se han tenido que vislumbrar otras soluciones que pudieran albergarlos. Han sido los ATI. En este momento, todas las centrales nucleares o bien tienen uno construido o el proyecto ya está iniciado, por lo que, en principio, ya no sería necesario continuar con la construcción del ATC. "Trillo ya tiene uno, igual que Ascó y Almaraz, y Cofrentes ya ha empezado los trabajos", afirma Castejón. 

Ahora se genera, por tanto, una sensación de incertidumbre que, además, se multiplica con las primeras reacciones tras la decisión del Gobierno. Por un lado, la del alcalde de la localidad, el conservador José María Sáiz, que asegura que el ATC "será una realidad" porque el municipio "no renunciará a su construcción". Además, preguntó a los dirigentes socialistas quién va a asumir y reparar "todo el daño que está causando en la comarca toda esta continua incertidumbre", basada, a su juicio, "en intentar boicotear porque sí el ATC, su Parque Empresarial y Centro Tecnológico, una infraestructura segura, generadora de empleo y desarrollo que tienen ya, con todas las garantías, un gran número de países europeos". Del otro lado, la Plataforma contra el cementerio nuclear, que catalogó este miércoles de "insuficiente" el paso del Ejecutivo. Están satisfechos, pero ahora toca, a su entender, seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto que no quieren y "que no va a ningún lado". 

Esa incertidumbre, además, también se ve alentada por el futuro incierto de las centrales nucleares. Su vida útil es de 40 años, y con la orden del pasado verano de desmantelar la de Garoña, quedan ahora cinco centrales activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación en el momento recomendado, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. Sin embargo, la industria nuclear pretende alargar sus años de vida. Y como todavía no hay ninguna decisión tomada, no se puede ni siquiera hacer una estimación de cuántos residuos se van a generar de aquí en adelante. En el momento actual, los ATI pueden soportar toda la basura nuclear, pero si no se cierran las centrales, no será posible, según afirma López de Uralde. 

En cualquier caso, la construcción del ATC no implica una solución a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería? Según José Luis García, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, habría que empezar por la elaboración del Plan General de Residuos Urbanos. Según recuerda, el último que se hizo caducó hace seis años, en 2012, y todavía no se ha elaborado su sustituto. "Tanto si las centrales se renuevan como si no lo hacen, que es lo que debería pasar, hay que calcular la cantidad de residuos que se van a generar. Y ese cálculo va en ese plan", afirma. 

El portavoz de Energía de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, considera que el alcalde de Yebra (Guadalajara) "demuestra una gran insensatez" al haber afirmado que volvería a pedir la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como "cementerio nuclear", tras el terremoto que ha sacudido la localidad.

El alcalde, Pedro Sánchez Yebra, ha asegurado este miércoles que el seísmo ha sido "muy leve", y le ha quitado hierro al asunto. El regidor ha reiterado que Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente", tras recordar que en 2007 hubo otro terremoto similar en la zona y también sin consecuencias. En este sentido, ha aludido a que el ATC es una instalación pasiva preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior al registrado.

Castejón, que también es doctor en física nuclear, ha rechazado esta valoración, y ha celebrado que Yebra no se escogiera como ubicación para el ATC, aunque ha recordado que el destino final del almacén de residuos "está en la misma zona gelógica" —Villar de Cañas (Cuenca), se encuentra a unos 70 kilómetros de la localidad guadalajareña—.

"El alcalde hablaba de un incremento de riqueza y de un aumento de población que no es cierto: el ATC tiene 25 técnicos como personal, y su ubicación perjudica a la economía de la comarca", critica. Además, ha rechazado que el terremoto vaya a implicar un cambio de ubicación del cementerio nuclear: "El terremoto de 2007 no hizo que Yebra se descartara como candidata para albergar el ATC". 

No obstante, considera que la sismología de la zona es un riesgo, ya que "la sismicidad es muy desconocida, no sabemos si la sismología de la zona puede incluir un terremoto de gran magnitud", así que, según él, "lo más lógico es evitar ese riesgo".

"Que se eche para atrás"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles que "de una vez por todas se paralice y se eche para atrás" el proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) tras incidir en que el terremoto registrado en Yebra es un "incidente" que explica "un poco más porque nos oponemos", unas declaraciones que ha realizado en Cabanillas del Campo (Guadalajara), recogidas por Europa Press. 

Según García-Page, este proyecto va a costar a los españoles "miles de millones" en un momento en el que, además, ese dinero se necesita para áreas como la sanidad o el empleo y, porque, también cree que hay alternativas "evidentes" dentro de residuos de alto riesgo como son los nucleares.

"Afortunadamente no vamos a tener que lamentar nada, pero podía haber sido peor", ha dicho el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, tras incidir en que el tiempo terminará dando la razón a los perjuicios de este tipo de proyectos".

También ha querido recordar que Yebra fue el primer Ayuntamiento de España que "levantó la mano, contra mi criterio, para albergar un basurero nuclear que además de dar mínimo empleo es un foco de riesgo personal y para la salud", ha apostillado.

Según el presiente castellano-manchego, cuando Yebra planteó la alternativa, el Gobierno autonómico hizo alegaciones "muy contundentes" diciendo que podía haber riesgo sísmico y "algunos se reían de nosotros".

Pero bajo su punto de vista, lo que es "aún más grave" es que donde el Gobierno central quiere instalar el ATC, en Villar de Cañas (Cuenca), "hay más riesgo aún que en Yebra". "Son municipios que en línea recta están a unos setenta kilómetros de distancia", ha alertado, "sin dramatizar, ni sacar las cosas de quicio" sobre los informes que está haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según García-Page, ya los habría hecho sobre Yebra y ahora los hace sobre Villar de Cañas "alertando sobre el riesgo que corremos todos en una instalación de ese tipo", ha puntualizado preocupado pero aliviado por el hecho de que lo de hoy se haya quedado en un incidente.

La historia es repetida en España. Una gran empresa llega a un territorio rural, que vive de la agricultura y su valor paisajístico y natural, con planes de extracción de recursos que, se prevé, cambiarán para siempre la manera de vivir de la comarca. Encuentran oposición, pero también apoyos, entre los vecinos: estos últimos, muchas veces, seducidos por la promesa de generación de empleo de la compañía en cuestión. Entran en juego las administraciones y la política, con permisos y con posicionamientos. Y, finalmente, el proyecto sale adelante… o no. Ejemplos hay varios, con matices y diferencias: el cementerio nuclear de Villar de Cañas, la extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, de la que informó infoLibre, y otro que lleva dando vueltas por despachos, reuniones y protestas en la calle durante años: la mina de uranio de Salamanca. A la complejidad habitual de estos temas se le suma no solo la innumerable lista de permisos que necesita al tratarse de un elemento radioactivo, cancerígeno con dosis mínimas, sino que también cuenta con unas relaciones que despiertan las sospechas entre los que la rechazan: los exdirectivos de la empresa detrás de los planes, Berkeley, son los mismos directivos que, a través de la empresa Uramin, hicieron perder al Gobierno francés 2.500 millones de dólares al venderles unos terrenos donde no había tanto uranio como prometían.

El Proyecto Salamanca, el nombre oficial que le da Berkeley Minera a sus planes de extraer uranio de la región, se ubica en el municipio de Retortillo y sus alrededores. Se encuentra en el Campo Charro, la inmensa llanura de la dehesa salmantina. Es lugar de cerdos, toros, encinas y, al parecer, también de combustible para los reactores nucleares. Las reservas, según estimaciones de la minera, se encuentran esparcidas entre el mismo Retortillo y Villavieja de Yeltes, distanciados por unos 13 kilómetros. La empresa defiende que el impacto ambiental será "mínimo" gracias a que restaurarán continuamente el entorno en una práctica que se conoce como minería de transferencia: utilizar los materiales arrancados del recubrimiento de la mina a cielo abierto para realizar la restauración. Los empleos, como no podía ser de otra manera, son otra de las promesas: aseguran que ya se forman 100 personas para sus futuros puestos de trabajo, todas de la zona, y que generarán empleo indefinido. ¿Y en cuanto a los peligros de la radioactividad? Lo tienen claro: "No se va a recibir una radiación superior a la ya que existe de forma natural cuando paseamos por esta zona", aseguran.

Cartel que anuncia las obras en Retortillo de la mina de uranio.

La oposición al proyecto está encabezada por fuerzas como Ganemos Salamanca, Equo, Podemos o la plataforma Stop Uranio. Los argumentos para oponerse a la mina son muchos y variados. Dudan de que remover la tierra para extraer un elemento radioactivo no afecte a la salubridad de las tierras del Campo Charro, a sus aguas, al entorno natural de una zona protegida por la Red Natura 2000 y, en definitiva, a la salud de sus habitantes. Para ello se apoyan, a la espera del pronunciamiento definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en varios informes de radioactividad y riesgo de cáncer en instalaciones nucleares y en la voz de expertos como el francés Bruno Chareyron y el nigeriano Almoustapha Alhacen, que denunció durante años las extracciones de una empresa francesa en su país por el daño a la comunidad local. "Las actividades mineras de uranio implican el uso de recursos acuíferos muy valiosos que quedan contaminados durante millones de años por metales pesados radioactivos", aseguró el experto nuclear francés. Ambos acudieron a Retortillo invitados por la plataforma Stop Uranio.

Los antecedentes: el 'affaire' Areva

Pero para entender la mayor de las suspicacias de los opositores a la mina, hay que acudir al que se conoce en la prensa francesa como affaire Areva. En los tribunales galos se investiga cómo Areva, una empresa estatal francesa dedicada al negocio nuclear, compró Uramin, una empresa canadiense con los derechos de explotación de una futurible mina en Trekkopje, en Namibia. La transacción se anunció por 2.500 millones de dólares en junio de 2007. Uramin fue fundada por el banquero canadiense Stephen Dattels y su socio James Mellon en 2005, y le ofrecen un puesto como directivo y socio a Ian Stalker. El 27 de octubre de 2006 Areva anuncia sus intenciones de comprar la empresa norteamericana y a partir de este momento suben las acciones como la espuma, alimentadas por una serie de buenas noticias alentadas por la misma empresa y unos estudios de viabilidad financiados por ellos mismos. El affaire comienza cuando a finales de 2011 Areva abandona el proyecto de Namibia.

Algunos directivos de Areva contrataron a investigadores privados para dilucidar los claroscuros de la operación, comandada por la máxima responsable de la compañía pública, Anne Lauvergeon. Seis años después del descubrimiento de esos 2.500 millones de euros que se quedaron en África, el caso sigue en instrucción. Ninguno de los dirigentes de Uramin, que presuntamente engordaron artificialmente un proyecto de mina de uranio para venderlo a precio de oro, ha sido llamado ante la justicia.

¿Y qué tiene que ver Uramin con Berkeley? 

Los vínculos entre Uramin y Berkeley son varios. El más evidente es el que atañe a los puestos directivos de una y otra compañía. Stephen Dattels, fundador de Uramin, es nombrado director de Berkeley el 15 de mayo de 2009. En noviembre del mismo año entra también a ocupar un puesto de dirección en Berkeley Ian Stalker, el que fuera directivo de Uramin nada más conformarse la sociedad, al que se le encarga el informe provisional de viabilidad. En dicho informe también aparecen coincidencias: se le encarga a la consultora SRK, misma consultora que hizo el informe de viabilidad del proyecto de Uramin en Namibia, del cual Areva se fía para acabar perdiendo millones de euros. Ya en 2016, SRK hace otro informe que confirma el proyecto de Salamanca "como uno de los productores más baratos de uranio". En el mismo año, se publica el informe definitivo de viabilidad. Firmado, además de por SRK, por Bara Consulting, misma empresa que bajo el nombre Turgis Consulting participó en el mismo estudio en el país africano.

El tercer vínculo atañe al gran protagonista, y el único investigado, del affaire: Areva. En marzo de 2006 Berkeley y Areva firman un acuerdo de intenciones para una futura sociedad, que llega a materializarse en la entrada de Areva al accionariado años más tarde. Esa colaboración llega a su fin en 2010 cuando la compañía francesa decide vender su participación del 3%. Berkeley, en sus informes anuales, explica que fueron ellos quienes rompieron el acuerdo, pero no explica las razones. Poco después se destapa el pufo de Uramin y Namibia. Los activistas sospechan que Berkeley intenta hacer la misma jugada: subir las acciones con buenas noticias y vender el proyecto al mejor postor

Así pues, los activistas consultados por infoLibre sospechan de que Berkeley Resources, ahora renombrada a Berkeley Minera, intenta hacer la misma jugada que sus ex directivos hicieron con Uramin: instalarse en un terreno con uranio, empezar a publicar y a mover noticias positivas y alentadoras sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto de extracción y, una vez las acciones han subido, vender la empresa al mejor postor y dejarle con unos planes quizá no tan realizables como se había vendido.  "Estoy convencido. Creo que es lo que está pasando. Por eso dan buenas noticias continuamente. Es posible que lo vendan, porque siempre es posible que se convenza a algún incauto". El que habla es César Ayllón, ex directivo de Berkeley  e ingeniero de minas. Sus suspicacias no solo se basan en la relación con Uramin. También en su propio conocimiento. "El proyecto es de dudosa rentabilidad. El problema es que son yacimientos dispersos y distantes en kilómetros. Ninguno es grande y, por lo tanto, tienen que abrir varias minas. Y no puedes tener una planta de tratamiento en cada una. El transporte encarece muchísimo. Ellos hablan de tonelaje total del material, pero no cuentan estas circunstancias", asegura.

Otra sospecha más: el papel de ENUSA

Hay otra página de la hemeroteca que hace disparar las sospechas en este sentido: los antecedentes de Berkeley con ENUSA Industrias Avanzadas, una sociedad mercantil estatal española que se encarga del diseño, la fabricación y el abastecimiento de combustible para las centrales nucleares. Hasta 2000 ENUSA era acrónimo de Empresa Nacional del Uranio SA. El 24 de abril de 2009, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo entre la compañía estatal y Berkeley para explorar la mina de Saelices el Chico, en las inmediaciones del proyecto de mina actual. ENUSA tenía los derechos de explotación de esa zona junto a una planta de tratamiento, pero los abandonó en el 2000 por su bajo rendimiento.

El acuerdo incluía la creación de un consorcio en el que Berkeley tenía un 90% de participación y ENUSA un 10%. La empresa canadiense tenía un margen de 18 meses para entregar un informe a ENUSA para valorar el potencial de la zona a explotar. Si todo estaba bien, se crearía una sociedad gracias a la cual la sociedad mercantil estatal se llevaría el 2,5% del valor de la producción. Pero las malas noticias no tardaron en llegar. El 23 de julio de 2012 se llega a un acuerdo entre las dos compañías para que ENUSA se desvincule del proyecto. No se disuelve el consorcio, sino que la participación de la estatal se reduce a 0. El motivo de esta ruptura queda bien claro en un comunicado de la sociedad: "Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, ENUSA concluye que no se ha acreditado que la explotación del dominio minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo". Todas las fuentes consultadas coinciden en que este rechazo aumenta las sospechas de que los estudios de viabilidad de Berkeley son de todo menos fiables.

Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera, ha respondido por correo a las preguntas de infoLibre. Cuestionado sobre la coincidencia en los directivos de Berkeley y Uramin, así como sobre la coincidencia en las empresas que realizaban los estudios, ha sido lacónico: "Los estudios desarrollados para el Proyecto Salamanca han sido revisados de forma exhaustiva por nuestros accionistas, que han invertido 120 millones de dólares en el desarrollo de la mina (…) Berkeley no tiene ninguna relación con Uramin o Areva y está plenamente comprometida con el desarrollo y la ejecución de este proyecto minero".

Los peligros de la radioactividad

El portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, se apunta sin dudarlo a la hipótesis de que la empresa infla el proyecto para revenderlo después. "Creemos que buscan un comprador. Pero no lo han encontrado. Lo intentaron con Areva. Pero como no lo podía vender, se han transformado en una explotadora (pasaron de llamarse Berkeley Resources a Berkeley Minera) No sabemos cuál va a ser la salida". Barrueco pone el énfasis en el peligro de radioactividad latente en proyectos como este. Señala que, de los permisos que le faltan por obtener a Berkeley, aún tiene que pronunciarse la institución más importante cuando hablamos de uranio: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En 2013, el organismo dio el visto bueno a la concesión de explotación. Y en 2015, y gracias a un informe favorable del CSN, el por entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió la autorización previa de la planta de beneficio de uranio, infraestructura necesaria para tratar el mineral una vez extraído. Pero falta que el consejo determine la autorización definitiva, toda vez que el visto bueno a la planta está recurrido a la Audiencia Nacional por Equo y Ecologistas en Acción.

Hasta la certificación oficial definitiva, los opositores se apoyan en otros informes de proyectos similares. En concreto, citan uno de 2001 del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto Carlos III, que asegura que "aparte de los efectos de la radiación natural, los resultados de los NFF (plantas de tratamiento de uranio, como la que se prevé en Salamanca) podían muy probablemente demostrar la influencia en la salud pública ejercida por el impacto medioambiental de la minería de uranio". Señalan específicamente el sospechoso aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y renal en las poblaciones cercanas a este tipo de plantas. Sin embargo, otro estudio de 2009 más extenso, de colaboración entre el CSN y el citado instituto, señala que la relación entre el cáncer y estas instalaciones no es estadísticamente concluyente.

Una lista interminable de permisos y recursos

Más allá de lo recurrido ante la Audiencia Nacional con la planta de tratamiento, la lista de permisos que Berkeley necesita para un proyecto de tanta envergadura es muy larga, y abarca a todas las instituciones que tienen algo que decidir o legislar sobre Retortillo: desde los Ayuntamientos hasta la Unión Europea, pasando por el Gobierno estatal y la Junta de Castilla y León. Muchos de ellos están concedidos, otros en trámite y otros impugnados. Cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Junta de Castilla y León y con la concesión minera de la misma institución. Recurrida está la autorización de uso excepcional en uso rústico de la mina, también concedida por la Junta, y a la espera de resolución. Stop Uranio mantiene que a Berkeley le faltan varios permisos, pero la empresa insiste en que ya está todo en regla

Berkeley está a la espera de la autorización definitiva a la construcción de la planta, dependiente de Energía y del CSN, según Stop Uranio: "El consejo de Seguridad Nuclear ha pedido más tiempo para evaluar la documentación presentada por Berkeley", afirma Barrueco. Consecuencia directa de ello es que la minera tampoco cuenta con la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo, que tiene que esperar a la luz verde gubernamental. La empresa desmiente este extremo: "Berkeley ha obtenido todos los permisos necesarios para iniciar la construcción del proyecto. Las constantes reclamaciones de los grupos de oposición han sido rechazadas por las autoridades respectivas", asegura Paul Atherley, CEO de Berkeley Minera.

Y la burocracia relativa al proyecto Salamanca no va solo de permisos: también de justicia. Los ecologistas llevaron a Berkeley ante la Fiscalía de Madrid y de Salamanca por la tala de encinas centenarias, de manera ilegal según los activistas. La empresa se compromete a restaurarlos una vez acaben las obras. Ambas fiscalías archivaron los casos por vía penal. "Nos dijeron que lo encaucemos por vía contenciosa, que es lo que estamos haciendo", asegura el portavoz de Stop Uranio. Y hasta la Unión Europea ha intercedido: en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Podemos Xabier Benito, la Comisión Europea informó de que había "lanzado una investigación con las autoridades españolas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE, en particular de las directivas en materia de evaluación de impacto medioambiental y hábitats". La pregunta mencionaba que la DIA favorable de la Junta no mencionaba el posible daño a la salud de los habitantes del Campo Charro.

La última noticia con respecto al proyecto es de principios de mes. Berkeley Minera anunció que comenzará los trabajos del proyecto "antes de final de año". "La compañía ha recibido más de 100 informes y permisos favorables para el proyecto, y ha sido analizado minuciosamente por diferentes órganos administrativos a todos los niveles", aseguran en la empresa. Inciden en los millones de euros que han invertido y que invertirán, los 140 empleos (entre los ya contratados y los que prevén contratar) y en el absoluto respeto tanto al medioambiente como a la salud de los salmantinos. Stop Uranio insiste: aún no tienen todos los permisos, por lo que no entienden el anuncio, y consideran que la "buena noticia" es una pata más de la estrategia para elevar el precio de las acciones y buscar compradores. Los últimos con los que se ha tenido contacto: el Sultanato de Omán, que ha anunciado una inversión de 120 millones de dólares en la mina de uranio. A pesar de los antecedentes y de las trabas impuestas por el camino, parece que Berkeley y la explotación en Retortillo van adelante, si no la venden antes: la mayoría de los permisos concedidos, inversión en prensa local y en el equipo de la ciudad, proyectos sociales y un optimismo que el tiempo determinará si es fingido o realista. Stop Uranio y los activistas que se oponen al proyecto, desde luego, no darán la batalla por perdida: como en otros tantos casos similares, ven amenazado su modo de vida.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunció este martes que el Gobierno había decidido cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Acababa así la etapa de cese temporal de explotación que comenzó en el año 2012, cuando el Ejecutivo aseguró que no se trataba de una decisión unilateral, sino que se iba a estudiar la posible recuperación futura de la actividad.

Según el ministro, uno de los motivos que explican la decisión es "el contexto político" en el que todos los grupos, a excepción del PP, pidieron el cierre de la central. La "falta de certidumbre" y de un "debate sosegado" provocaron este desenlace, según afirmó, ya que "no ha habido interés en hacer un debate con argumentos" sino que "se ha utilizado a Garoña políticamente". 

La central nuclear más antigua de España –comenzó su actividad en mayo de 1971– no ha estado exenta de polémicas a lo largo de su historia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitió hace seis meses un informe favorable a la continuidad de la planta, aunque el ministerio aclaró en ese momento que se tomaría un plazo para estudiar la propuesta y escuchar a "todas" las partes. Nuclenor, empresa participada por Iberdrola y Endesa y titular de Garoña, ya solicitó en el año 2014 la renovación de la licencia de explotación de la central hasta marzo de 2031, es decir, hasta que la planta cumpliera 60 años de actividad. De haber sido así, la planta burgalesa hubiera sido la primera en superar los 40 años de vida. 

Los grupos ecologistas se mostraron muy críticos con la posible continuidad de la planta, por lo que presentaron alegaciones para que el cese de la explotación fuera definitivo. Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, manifestó este mes de julio que Garoña es una central "obsoleta y peligrosa", por lo quese  mostraba contrario a su reapertura, aunque ésta tuviera lugar después de acometer las reformas necesarias. Según manifestó, el Gobierno estaba "cayendo en el ridículo de defender una central nuclear que ya no quieren ni sus propietarios, solo para justificar el alargamiento de la vida de otras centrales hasta los 60 años”. 

Otros partidos políticos como PSOE y Unidos Podemos también se mostraron contrarios a la decisión de dar luz verde al operador para volver a engancharse a la red. En un debate el pasado mes de mayo subrayaron que este tipo de energía no es "imprescindible" en un futuro, a la vez que lamentaron el estancamiento de la transición hacia las energías renovables. 

Greenpeace, a su vez, también manifestó su posición crítica con respecto a la posible apertura de Garoña. El pasado 21 de julio publicó en una nota que la reapertura de la central implicaba "impactos ambientales nunca considerados" y acumulaba "problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria –Nuclenor– no tenía previsto solucionar".

Enresa, la empresa encargada de desmantelar Garoña

La pregunta que surge en este momento es cuáles son los siguientes pasos a seguir para cerrar definitivamente una central nuclear como la de Garoña. En primer lugar, el CSN tendrá que emitir un informe previo a la autorización de desmantelamiento por parte del Ministerio de Energía. La solicitud de la autorización, por otro lado, tiene que ser presentada por la Empresa Estatal de Residuos (Enresa), que será la encargada de realizar esos trabajos. 

Una vez se haya emitido la autorización por parte del departamento que preside Nadal, la titularidad de la planta pasará a formar parte de Enresa que, una vez finalizado el desmantelamiento, ordenará su clausura y cederá de nuevo la propiedad a Nuclenor. "En teoría, cuando se produce este traspaso, la central está limpia", aclara Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.  

La ventaja con la que cuenta Garoña es que parte del proceso ya comenzó después de que cesara su actividad hace ahora cinco años. "El combustible, que es lo primero de lo que hay que deshacerse, ya está fuera" –explica a infoLibre Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción y físico nuclear– pero "Enresa no se hará cargo de la propiedad hasta dentro de dos años". El proceso completo, no obstante, podría llegar a durar hasta 20 años, aunque "durante ese periodo se mantendrían los puestos de trabajo", añade Castejón.

El desmantelamiento de Garoña podría costar más de 300 millones de euros

Según un informe elaborado por Enresa en el año 2011 y divulgado por El Confidencial, los costes de desmantelar la central burgalesa varían en función del mecanismo que se adopte. La primera vía es la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), que consiste en un espacio específico para la gestión del combustible resultante de la planta. Esta opción costaría, según las estimaciones de Enresa, alrededor de 320 millones de euros. La segunda vía consiste, por su parte, en la instalación de un almacén temporal individualizado (ATI), en la propia central nuclear. Este escenario supondría unos costes de 345 millones de euros. 

Estos costes, hasta antes del año 2005, eran asumidos por todos los ciudadanos, puesto que Enresa se financiaba mediante el pago de los españoles a las eléctricas. A partir de ese año, la Empresa Estatal de Residuos comenzó a financiarse a través, únicamente, de las empresas nucleares. El problema de esta situación es que el plan de gestión de residuos está desactualizado desde el año 2010, según Montón, quedando de esta manera desajustado el presupuesto para la gestión de los 40 años de vida de las centrales nucleares. "En España, y a pesar de que la vida útil de las centrales ya ha alcanzado el 84%, la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% del dinero total que se va a requerir", según explica Greenpeace en su informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social.

"El principio del fin de la energía nuclear en España"

Tras conocerse la noticia, la organización ecologista Greenpeace emitió un comunicado en el que celebraba el inicio del desmantelamiento de Garoña, lo que "abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España". "Estamos contentos con la decisión porque representa el principio del fin de la energía nuclear en España",declaró Montón a infoLibre, quien además criticó duramente las palabras pronunciadas por Álvaro Nadal. "El ministro criticaba que no ha habido un debate sosegado, lo cual es mentira, porque desde la organización hemos solicitado en varias ocasiones organizar debates relativos a la ampliación del parque nuclear", aclaró Montón. "Además, la certidumbre política" que solicitaba esta mañana el ministro "no se va a conseguir con el proceso de cierre de ninguna de las centrales nucleares españolas", zanjó.

Ecologistas en Acción, por su parte, calificó la decisión adoptada este martes como una victoria del "sentido común". "Celebramos esta decisión, ha demostrado que el sentido común impera", afirmó Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de la organización. "Ha sido un proceso muy largo, oscuro y de negociaciones encubiertas, si no secretas, entre el ministerio y las centrales", explicó. Además, Castejón se posicionó con Montón en las críticas vertidas a Nadal, a quien acusó de cinismo al quejarse por la falta de diálogo. "Son unas palabras cínicas. Nosotros sí hemos buscado el debate", esgrimió.

López de Uralde, por su parte, declaraba que tras anunciarse el cierre definitivo había sentido "satisfacción de que se termine" este proceso, en el que habían trabajado "muchísimo". "El Gobierno ha tardado mucho en tomar la decisión. El plazo de los 40 años de vida de Garoña se cumplió en 2009, todo el proceso posterior ha sido innecesario".

Mientras tanto, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN denunciaba este martes que el órgano "ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de la corrupción política". En un comunicado, la asociación indicó además que el expediente favorable a la reapertura de la central se gestionó "de manera inadecuada", a la vez que se quejaba de la falta de transparencia interna.

Central nuclear de Zorita (Guadalajara) el precedente de Garoña

La central nuclear de José Cabrera, ubicada en el municipio de Almonacid de Zorita (Guadalajara), es el precedente de la central burgalesa. La planta, perteneciente a Unión Fenosa, echaba el cierre en el año 2006, tras 35 años de actividad. En aquel momento, la central manchega también era la más antigua de España. Cuatro años más tarde, en 2010, se tomaba la decisión de proceder a su total desmantelamiento. 

Como explica Enresa en su página web, hasta el año 2019 no está previsto que se finalicen los trabajos de desmantelamiento completo de la central nuclear de Zorita. El reactor de la planta fue desmontado hace tan solo dos años, en mayo de 2015, quedando únicamente pendientes los trabajos de descontaminación del edificio y del suelo, según informó el periódico Abc. 

Sin embargo, según denunció la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), el proceso de desmantelamiento de la planta "está siendo una experiencia dramática", pues el Gobierno abandonó "totalmente" los pueblos y zonas del entorno de la central de Zorita. Como informó Europa Press, el gerente de AMAC, Mariano Vila D'Abadal, teme que ocurra lo mismo con Garoña y que los 14 pueblos que la rodean sean abandonados a su suerte sin que las administraciones muevan "un dedo" para "compensar el cierre de una actividad económica". 

Con la orden de desmantelamiento de Garoña, quedan ahora cinco centrales nucleares activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación a los 40 años de vida, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. 

El futuro de las centrales nucleares en España vuelve a estar sobre la mesa. El debate, abordado en innumerables ocasiones en los últimos años, volvió a reabrirse el pasado mes de febrero, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiese un dictamen –aprobado con el voto favorable de cuatro de los cinco consejeros– en el que avalaba la reapertura de la central burgalesa de Garoña si Nuclenor –operador de la planta participado por Endesa e Iberdrola– se comprometía a realizar las inversiones en materia de seguridad que le son exigidas. Un visto bueno del organismo público que implica que la vida de la central, detenida desde 2012, pueda prolongarse hasta 2031.

El caso de Garoña, una de las centrales nucleares más viejas de Europa –comenzó su actividad en 1971–, es interpretado por los expertos como el primer paso, la punta de lanza, para que el resto de plantas del país puedan sobrepasar los 40 años de vida. Sin embargo, la decisión está ahora en manos del Ministerio de Industria, que tendrá que decidir si da luz verde definitiva al operador para volver a enganchar la planta burgalesa a la red. Nuclenor, por su parte, tampoco ha tomado todavía ninguna decisión: mientras que el presidente de Iberdrola ya ha manifestado su negativa a continuar con la central, el de Endesa no se pronunciará hasta que se conozca la decisión de la cartera dirigida por Álvaro Nadal.

Y, mientras tanto, el debate se intensifica. Asociaciones ecologistas y la oposición parlamentaria exigen el desmantelamiento progresivo de la nuclear en nuestro país. Durante un reciente debate organizado en el Congreso por el presidente de la Comisión de Energía, PSOE y Unidos Podemos dijeron que este tipo de energía no es "imprescindible" en un futuro, lamentaron el estancamiento de la transición energética y exigieron el cierre progresivo de las plantas cuando lleguen a los 40 años de vida. C's, por su parte, sostuvo que las reformas tienen que abordarse ahora, cuando la distribución parlamentaria obliga a llegar a acuerdos.

El PP, sin embargo, se centró en el "lastre económico" para el país que supondría el cerrojazo a la nuclear. El portavoz de Energía del partido conservador, Alberto Herrero, señaló que dar este paso llevaría a España a "un escenario negativo de incertidumbre y de improvisación", cuando lo que se necesita, añadió, es "seguridad y confianza" en el sistema eléctrico. En definitiva, la posición del partido del Gobierno es clara: no existe en España ninguna alternativa que permita que la nuclear desaparezca por completo "sin alterar la seguridad del suministro, la fiabilidad del mismo y con precios razonables".

Impacto en el recibo de la luz

En la misma línea se ha pronunciado el director general de Energía Nuclear de Endesa, Juan María Moreno, durante su comparecencia, a petición de la Ponencia encargada de las relaciones con el CSN, en la Comisión de Energía de la Cámara baja. En su intervención, afirmó que la compañía eléctrica, que en la actualidad es propietaria una parte nada desdeñable de la mayoría de las centrales en funcionamiento, calculaba que tras el cerrojazo el precio del mercado subiría en más de 10 euros el megavatio/hora (MWh), lo que supondría un incremento del 26%.

A cierre de 2016, según datos de Red Eléctrica Española (REE), la energía nuclear cubrió en España una parte importante de la demanda peninsular, en concreto el 22%. Actualmente, según datos del Ministerio de Energía, hay activas siete centrales: Almaraz I y II –propiedad de Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A (36%) y Gas Natural, S.A (11,3%)–; Ascó I –Endesa Generación (100%)–; Ascó II –Endesa Generación (85%) e Iberdrola Generación (15%)–; Cofrentes –Iberdrola Generación, Nuclear S.A. (100%)–; Vandellós II –Endesa Generación (72%) e Iberdrola Generación (28%)– y Trillo –Iberdrola Generación (48%), Gas Natural (34,5%), Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%) y Nuclenor (2%)–. Un total de 7.572 MW de potencia instalada.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, explica a infoLibre que un incremento en el precio del mercado como el calculado por Endesa se traduciría en una subida real del precio de la luz que rondaría el 6%. Algo que comparte Francisco Castejón, doctor en Físicas y portavoz de Energía de Ecologistas en Acción: "Nuestros cálculos indican un ligero aumento", sostiene. Tampoco espera un incremento desmesurado Sergio de Otto, patrón de la Fundación Renovables, que recuerda que cuando se cerró la central de Garoña también se anunció "una apocalíptica subida del precio de la luz" que "finalmente no fue tal". 

Transición energética

Sin embargo, los tres expertos consultados aseveran que ese aumento se produciría en el escenario de suprimir la nuclear y no compensar esa potencia perdida por otras vías. "Si supones que se va a quitar y no se va a poner nada a cambio, pues claro que subiría el precio, porque entonces se tendría que tirar de centrales de gas, que son muy caras", resume De Labra. En este sentido, los especialistas coinciden en que si el desmantelamiento va acompañado de una potenciación de energías limpias "no sólo no subirá, sino que bajará". "A día de hoy, pueden competir al mismo precio que está cobrando la nuclear", afirma el ingeniero industrial.

Por ello, ninguno de los tres pone sobre la mesa un cerrojazo de la noche a la mañana, sino que apuestan por un desmantelamiento progresivo a medida que las centrales vayan cumpliendo los 40 años de vida. Teniendo en cuenta que las siete plantas activas empezaron su funcionamiento entre 1981 y 1988, el cierre comenzaría en 2021 y terminaría en 2028. Tiempo suficiente, creen, para ir adoptando varias medidas que permitan a España llegar a esa fecha completamente preparada. En este sentido, ponen el foco en un cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico, en el desarrollo de medidas de ahorro doméstico y, por supuesto, en el impulso de las renovables.

Unas energías limpias que tendrían que amortizar la pérdida de 7.572 MW de potencia nuclear instalada. Para cubrir esa cifra, el director de Energía Nuclear de Endesa sostuvo en su comparecencia que iban a ser necesarios 29.000 MW adicionales –22.000 eólicos y 7.000 fotovoltaicos–, siempre y cuando España cumpla con los 30.000 MW de energía verde que ha prometido instalar para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para 2030. "Están suponiendo una aportación renovable muy limitada, que los parques eólicos o solares tienen eficiencias muy bajas", se queja el portavoz de Ecologistas en Acción.

Por ello, los expertos consultados por este diario rebajan las cifras ofrecidas por la eléctrica. Sergio de Otto, por ejemplo, calcula que se necesitarán unos 20.000 MW más. Castejón, por su parte, cree que, "siendo conservadores", serán necesarios entre 12.000 y 16.000 megavatios extra. Un volumen de instalación que consideran "factible" en el plazo previsto hasta el cierre de la última planta nuclear. "No es algo insensato. Es una cifra asequible tranquilamente en un horizonte de cinco años", apunta el portavoz ecologista. "Sólo entre 2000 y 2010 se instalaron 16.000 de eólica y 3.000 de fotovoltaica", completa De Otto.

Aumento de emisiones y desabastecimiento

Otro de los argumentos que esgrimen los defensores de la nuclear es que el desmantelamiento supondría, en caso de potenciar tanto el carbón como los ciclos combinados, un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un aumento que Endesa cifra en el 50%. "Si todos los cálculos los haces pensando en que se va a quitar la nuclear para meter carbón y gas, claro, se te dispara el precio, las emisiones y volvemos al siglo XVIII", rebate De Labra. "El gas es un apoyo transitorio, no una tecnología que venga a sustituir a las nucleares", apuntala el patrón de la Fundación Renovables.

Tampoco están de acuerdo en que el desmantelamiento pueda alterar, como argumenta el PP, "la seguridad de suministro". "No peligra. Hay suficiente potencia instalada", dice Castejón. "En el momento crítico en España hay un coeficiente de cobertura del 1.4. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 40% más de energía disponible en ese momento que la que se demanda. Por tanto, no habría apagones. Otra cosa es que quieras quitar al mismo tiempo la nuclear y las centrales de carbón y no instalar renovables. Entonces, sí habría un problema", explica De Labra.

Beneficios económicos

Con todos los elementos sobre la mesa, lo que tienen claro es que el futuro de la energía española no puede seguir pasando por la nuclear, porque "generan un riesgo que la gente sufre sin recibir los beneficios", en palabras de Castejón. El portavoz de Ecologistas en Acción, además, sostiene que el cerrojazo puede favorecer el impulso económico. "Si se llevase a la práctica, significaría un aumento del PIB", dice. Un incremento del Producto Interior Bruto que Greenpeace, en su informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, ha cifrado en 20.000 millones de euros.

La organización ecologista, además, calculaba que las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la nuclear por otras fuentes supondrían la creación neta de 300.000 empleos. En este sentido, De Otto dice que las renovables "por unidad de energía generada producen hasta cuatro o cinco veces más empleo". "En el corto plazo, la destrucción de puestos de trabajo ligados a la nuclear será muy reducida. En el largo plazo, se destruirán en un sitio y se crearán muchos más en otro", concluye De Labra.

Los Gobiernos de España y Portugal llegaron a un acuerdo sobre el almacén de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con la mediación de la Comisión Europea que ofrece "garantías fuertes para todas las partes".

Según Europa Press, así lo anunciaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el primer ministro portugués, António Costa, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en un comunicado conjunto, aprovechando su presencia en la cumbre en Bruselas para aprobar las líneas rojas de la UE sobre la negociación del Brexit.

Ambas partes acordaron "unas conclusiones operativas conjuntas", que "allanan el camino para la aplicación del acuerdo y ofrecen garantías fuertes para todas las partes", tras al acuerdo "amistoso" que alcanzaron el 21 de febrero a iniciativa de Juncker para zanjar la disputa bilateral sobre el almacén nuclear en Almaraz, señalan en la nota.

El Consejo de Seguridad Nuclear español (CSN) informó de que las medidas que requerirá al operador de la central nuclear "abordarán plenamente las recomendaciones" hechas por las autoridades portuguesas –tras visitar con representantes de la Comisión la instalación el 27 de febrero– para responder a sus "preocupaciones" sobre "los efectos potenciales transfronterizos" del almacén temporal en su territorio y con las que estuvieron de acuerdo, tanto el Gobierno español como la Comisión Europea y ambas partes acordaron "continuar intercambiando información" sobre Almaraz.

Portugal designará "representantes que asistirán a la reunión de información anual organizada en el municipio de Almaraz para informar al público de cuestiones relacionadas con el funcionamiento" de la central, a propuesta de las autoridades españolas que acordaron, además, "compartir" con las autoridades lusas "cualquier otra información relevante" sobre Almaraz "para garantizar el acceso de la información" a ambas partes.

Las autoridades españolas remitieron información "sustancial" y "detallada" sobre "los aspectos de seguridad y ambientales del proyecto" a las portuguesas tras la visita a la instalación en febrero para permitirles realizar "una evaluación completa de los efectos potenciales transfronterizos" de Almaraz, en la base de sus recomendaciones. Ello permitió además que las autoridades portuguesas organizaran una consulta pública para garantizar a sus ciudadanos acceso a la información sobre el proyecto "igual" que ocurrió con el público español.

"Estoy muy orgulloso de que hayan podido encontrar una solución", dijo Juncker en rueda de prensa al término de la cumbre extraordinaria europea. "En un espíritu de relaciones de buena vecindad, todas las partes han trabajo juntas constructivamente, con voluntad de encontrar soluciones pragmáticas", aseguraron en el comunicado conjunto, en el que recuerdan "el espíritu europeo de encontrar compromisos para el funcionamiento tranquilo" de la Unión.

Rajoy, Costa y Juncker reiteraron su "firme voluntad de desarrollar proyectos europeos de interconexión" energéticos para unir los mercados y de "acerar" para ello el trabajo del grupo de expertos de alto nivel sobre interconexiones para el suroeste de Europa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, António Costa, han anunciado este martes un acuerdo "amistoso" para resolver la disputa por la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas y España, a trasladar toda la información relativa a seguridad nuclear y medio ambiente, informa Europa Press.

El acuerdo se ha cerrado con la mediación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y ha sido anunciado en un comunicado de prensa difundido por el Ejecutivo comunitario.

El acuerdo "amistoso" compromete a España y a Portugal "en un proceso de consulta y diálogo constructivos", que resuelva la controversia creada por el proyecto del almacén nuclear, explicaron fuentes comunitarias.

En "próximos días" viajará una delegación de expertos lusos y representantes de la Comisión Europea a la central cacereña para avanzar en los contactos.

El objetivo es que este diálogo reforzado permita a las partes "analizar y tomar en consideración las reservas legítimas" que despierta el proyecto en Portugal, y también adoptar las "medidas proporcionadas" necesarias para disipar esos temores, según informó la Comisión Europea.