El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha defendido este jueves el funcionamiento interno de esta institución, junto con las otras academias hispanoamericanas, en un discurso ante el pleno extraordinario de la RAE con motivo de la apertura del curso académico 2025-2026, según ha informado EFE.

"A nadie se le ha ocurrido hasta hoy fijar la gramática por decreto o someter el diccionario al capricho gubernamental; el uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado de nuestro idioma", ha afirmado.

"Nadie puede, desde un solo de los países que colaboran en ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), destruir el sistema porque es multipolar", ha precisado en un discurso que se produce tras la polémica con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante el Congreso de la Lengua en Arequipa (Perú) la semana pasada.

Durante ese Congreso, que finalizó sin que se anunciara la próxima sede, como es habitual, García Montero cuestionó la labor de Muñoz Machado al frente de la RAE y sugirió que la disputa tenía que ver con su sucesión al frente de la Academia, ya que su mandato expira a finales de 2026.

La polémica fue alimentada por declaraciones de escritores como Álvaro Pombo, quien en una columna acusó a García Montero de poeta "cutre" con "vocación de burócrata" o Arturo Pérez Reverte, quien acusó al Gobierno de querer "colonizar" la RAE.

En su discurso, Muñoz Machado, que también preside la ASALE, ha asegurado que las 23 academias que la conforman se ocupan mancomunadamente de establecer la normativa de la lengua española y cuidar de su unidad, en régimen de "igualdad" y de forma confederada.

Una operativa "muy provechosa" para que todos los países que comparten el español trabajen conjuntamente en la formulación de sus normas, y protejan la diversidad y variantes de cada país al tiempo que respetan las lenguas indígenas u originarias allí donde se han mantenido, ha afirmado.

"No siempre las academias del español han encontrado un apoyo gubernamental semejante al que hemos disfrutado hasta ahora en España", ha dicho Muñoz Machado al recordar que algunas repúblicas "han preferido apoyar más a las lenguas indígenas que al español", a pesar de ser la lengua que utiliza el 90% de la población.

"Otros han pensado que las academias están pobladas de peligrosos conspiradores contra el régimen autocrático establecido por los imperantes y han adoptado medidas para entorpecer su funcionamiento o extinguirlas, pero la solidaridad del resto de las academias ha impedido los peores efectos de esas medidas", ha agregado.

Muñoz Machado ha pronunciado este discurso al inicio del pleno extraordinario en la sede de la RAE, donde también ha presentado el 'Diccionario histórico de la lengua española' y en el que el académico y Premio Cervantes 2024 Álvaro Pombo ha pronunciado la lección inaugural "¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?".

España vive del turismo. Lo sabemos, lo repetimos y lo celebramos. No en vano, representa más del 13% del PIB nacional y da trabajo, directa o indirectamente, a millones de personas. Quién sabe qué sería de nosotros sin él. Nuestra gastronomía, clima, patrimonio y carácter abierto nos ha convertido en uno de los destinos más codiciados del planeta. No se trata de despreciar esta fuente de riqueza –Dios me libre–, sino de advertir, con algo de amargura, el precio silencioso que estamos pagando por este irrebatible éxito.

Basta con darse una vuelta por cualquier zona costera, por cualquier ciudad que haya tenido la buena o mala suerte –depende de cómo se mire– de ser "descubierta" por las hordas de viajeros de Instagram, para constatar una escena que se repite con asidua normalidad: entras a un restaurante y el camarero te recibe en inglés. No porque lo pidas. No porque haya dudas sobre tu nacionalidad. Lo hacen por defecto. Hablas en castellano y te responden con cara de sorpresa, alivio y, por qué no decirlo, alegría, como si fueses el primer español que ven en días. En hoteles, en taxis, restaurantes… Todo el sector servicios. Pareciendo el extranjero en tu propia casa.

Y que nadie me malinterprete. Que nuestros profesionales dominen idiomas es una bendición, no una maldición. Y que muchos territorios españoles sigan vivos por el turismo, igual. El problema no es la capacidad de hablar inglés o francés. El debate crítico es la renuncia. La abdicación (in)voluntaria. El idioma del visitante parece convertirse en la norma, y el nuestro, en la excepción. No estamos hablando de cortesía, estamos hablando de identidad y autenticidad. El español es una de las lenguas más habladas del planeta. Por casi 600 millones de personas, concretamente. Somos anfitriones, y a mucha honra, pero también figurantes con acento.

No se trata de levantar muros idiomáticos ni de proponer una absurda cruzada lingüística. Se trata de recuperar el equilibrio. Porque es curioso –por no decir otra cosa– que, cuando viajamos a Francia, Alemania o el Reino Unido, somos nosotros quienes hacemos el esfuerzo. Allí no se nos recibe en español por defecto, ni se nos adapta la carta del restaurante, ni se traduce el menú del día en tres idiomas. Allí, uno se aclimata o se queda con hambre. Exagerando ando. Y generalizando también. 

Aquí, en cambio, no solo traducimos, sino que también moldeamos nuestra forma de ser, de hablar y hasta de servir café. El café con leche evoluciona al coffee with milk, la tortilla de patatas a omelette espagnole y la cerveza a bier, acompañadas de un horario ajeno a nuestras costumbres. Desdibujamos lo nuestro para no incomodar a quien nos visita. Una hospitalidad que, en algunos casos, roza lo servil. Somos un país de primera. Por eso vienen. Que no caiga en el olvido.

Si de verdad valoramos nuestra lengua, si de verdad creemos en la riqueza cultural que representa el español, tenemos que empezar por respetarlo y exhibirlo en casa y allá donde vayamos. Por no esconderlo. Por no considerarlo un obstáculo para vender helados o alquilar tumbonas. El turismo puede convivir con la defensa de lo propio, incluido el idioma. No son excluyentes. Pero para eso hay que recordar que el visitante viene a conocer las bellezas de nuestro territorio; no a propagar, aunque sea sin querer, el suyo.

Exageremos juntos un poco más. España no es un parque temático idiomático. Es cultura, historia, patrimonio, gastronomía y un largo etcétera iluminado por el sol. Que los visitantes se sientan bienvenidos, sí. Que se vayan pensando que aquí no se habla español, no. Porque cuando el idioma se convierte en una mercancía y no en una seña de identidad, lo que se pierde no es solo una lengua: es la dignidad de un país que se olvida de hablar en su propia voz. Welcome to Spain.

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Alberto Fandos Portella es periodista, docente y director de comunicación y marketing en Next Educación. 

I.- Hace veinte años, en un artículo que publiqué en el diario El País bajo el título “¿Qué le pasa a la derecha?”, ya advertí de que el PP no era el heredero de la UCD de la Transición, sino de la Alianza Popular que liderara Fraga Iribarne, la de aquellos “siete magníficos” ministros de Franco. Un partido de cuyo seno surgió más tarde el actual Partido Popular y de éste, con el tiempo, el ultraderechista Vox. Conviene recordar, para no equivocarse, que aquella Alianza no votó la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni tampoco el Título VIII de la Constitución, el que se refiere a las autonomías, e incluso no pocos de sus afiliados y diputados le negaron su voto al conjunto de la Carta Magna. Es cierto que una parte de aquella UCD, de su base ideológica y social, acabó integrándose en el actual PP, pero me temo que, por desgracia, son una minoría. No me imagino a los presidentes Suárez y Calvo Sotelo acusando a un gobierno del PSOE de banda de criminales, de mafia y, al presidente de su país, de capo de los hampones. Quizá se comprende mejor, al conocer esos antecedentes de nuestras derechas, el porqué de su resistencia a condenar aquella reciente dictadura de cuarenta años que asoló España, o también esa oposición radical a la Ley de Memoria Democrática. Una norma que en cuanto pueden la “derogan” en las CCAA que gobiernan con Vox, o necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Claro que tampoco hay que sorprenderse cuando el otro día, en una entrevista, la que fuera presidenta “ultraliberal” de la Comunidad de Madrid afirmó que a “la larga” la dictadura de Franco fue mejor que la II República.

II.- Sin embargo, la historia no acaba aquí. Hace unos días, en una conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, a la que asistieron todos, incluidos el lendakari y el president de la Generalitat, la presidenta de Madrid se ausentó de la reunión porque aquellos hablaron en vasco y catalán, al igual que el de Galicia en gallego, pero claro, este era del PP. Por lo visto, esta irresponsable política no se ha enterado de que esas lenguas, tan españolas como el castellano, las hablan millones de personas que, lógicamente, se sentirían profundamente ofendidas. Pero lo más grave es que con esa actitud negaba la validez del art. 3.2 y 3 de la Constitución cuando habla de “las demás lenguas españolas… un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Como justificación de dicha postura inconsciente, que recuerda el machadiano “desprecia cuanto ignora”, afirmó que utilizar esas lenguas era reconocer que España era plurinacional, confundiendo el plurilingüismo con la plurinacionalidad y desconociendo que el art. 2 de la CE reconoce las nacionalidades, es decir, “condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación”. ¿Quiere ello decir que en España hay varias naciones políticas con Estado propio? Obviamente no. Porque el uso de una lengua no determina la existencia de una nación política, aunque sí una riqueza cultural impagable. El problema de la presidenta de Madrid es que o no conoce la Constitución del 78 o no la respeta. De ahí, entre otras causas, que cuando las derechas gobiernan en España el independentismo sube como la espuma, como ya se vio en el pasado y se verá en el futuro si ganan las elecciones.

III.- Otro contenido esencial de nuestra Constitución en el que nuestras derechas, por lo visto, son ateas, es el del Estado social o de bienestar. Olvidan que el art.1 de la CE define nuestro Estado como “social y democrático”. Es decir, que no sólo reconoce libertades civiles y políticas, sino también derechos sociales –la educación, la sanidad, las pensiones, etc.–. Pues bien, ni la expresidenta ni la actual presidenta de Madrid creen en este Estado, y así lo manifestó claramente la primera en una reciente entrevista en El País y declarándose, la segunda, partidaria de las teorías del argentino Milei.

Sin embargo, lo más preocupante es que hace unos días el candidato a la presidencia del Gobierno declaró que el eslogan del próximo Congreso del PP sería “Más España y menos impuestos”. Reconozco que lo de “más España” se me escapa, a no ser que se refiera a conquistar o adueñarse de Andorra como Trump de Groenlandia. Otro sentido podría ser “más España y menos independentismo”, pero no lo veo muy realista pues en este momento el secesionismo está en sus horas más bajas y si gobernasen las derechas me temo que renacería cual Ave Fénix. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría gobernando el PP/Vox y despreciando el catalán, el vasco y el gallego? Quizá a ciertas gentes pudientes les suene a música celestial eso de “bajar impuestos”. Ahora bien, si se reduce la recaudación del Estado y se aumentan los gastos militares –espero que a nadie se le ocurra aceptar el disparate de llegar al 5% del PIB de Trump–, ¿cómo se pagan y mejoran la sanidad, la educación y otros servicios públicos? El deterioro que se está produciendo en estos servicios en las CCAA gobernadas por las derechas es el problema más grave que tiene España en este momento.

IV.- Por último, se debería respetar la presunción de inocencia al ser uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución en el art.24.2, cuando dice “todos tienen derecho… a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia”. Se trata, igualmente, de un principio general del derecho penal que significa que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Y demostrar quiere decir ante un tribunal de justicia, con todas las garantías, mediante sentencia. Pues bien, en la realidad española este principio ha mutado en su contrario, en la “inocencia de la presunción” y, en consecuencia, a los efectos prácticos, las personas son culpables mientras no se demuestre lo contrario. El mecanismo es perverso pero muy real. Circulan asociaciones y/o partidos con muchos medios que se dedican a acusar o denunciar a enemigos políticos de determinados delitos; luego los jueces con bastante manga ancha los admiten a trámite para “investigar”; invariablemente dicha indagación se filtra a los medios, que, a su vez, tenazmente, lo transforman en “imputación”, figura que no existe en esa fase, pero suena más fuerte que investigar, y de ahí al Parlamento, donde se forma el quilombo o gresca. El procedimiento dura meses o años, y en los medios no se habla de otra cosa, opacando toda mejora o avance en la economía, en derechos sociales o cualquier buena noticia para el país. Tan perversa como lo anterior se ha convertido la filtración de los informes de la UCO (Unidad Central Operativa). Esta Unidad de la Guardia Civil, por encargo de los jueces, investiga posibles delitos y emite informes que se supone entrega de forma reservada al poder judicial. Lo inquietante del caso es que estas pesquisas, muy a menudo, acaban en poder de los medios de comunicación antes de que los conozcan las partes afectadas, como estrellas mediáticas. Y una de dos, o se filtran por parte del que investiga o por parte del juzgado o tribunal que hizo el encargo. No se me ocurre otro posible origen.

Así se ha ido creando el ambiente de que estamos en la fase más corrupta que uno pueda imaginar, cuando en los casos en que se basa tal acusación –hermano y mujer del presidente, caso Koldo/Ábalos, fiscal general o ahora Cerdán– no hay aún ni la celebración de un juicio y mucho menos sentencia condenatoria. Es decir, lo mismo que cuando gobernaba el PP, con un vicepresidente, varios ministros y consejeros autonómicos juzgados, condenados y, algunos, encarcelados. Así pues, siendo como soy respetuoso con el derecho a la presunción de inocencia y viendo cómo se filtra todo, se instruyen los procedimientos, cómo se manipula la realidad y la situación de la justicia, con jueces y magistrados que organizan concentraciones y huelgas en protesta por leyes del Parlamento, considero que ningún investigado ni acusado tiene por qué abandonar la función pública hasta que haya una sentencia condenatoria. A no ser que la misma persona concernida o la organización a la que pertenezca consideren que es mejor hacerse a un lado en beneficio de lo que representa. Como, por ejemplo, es el caso Ábalos/Cerdán, en el que merecería la pena, por lo conocido hasta ahora, tomar medidas contundentes, organizativas y políticas. Dejando claro que un informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal. A sensu contrario, me parece un escándalo y una vergüenza lo que está sucediendo con el fiscal general del Estado y, en consecuencia, no debería de dimitir, pues quienes está haciendo daño a la justicia y a la democracia, en este caso, son los que quieren acabar con este Gobierno como sea y no a través de unas elecciones cuando toque.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

El reciente fracaso del Gobierno español en Bruselas en conseguir la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE vuelve a mostrar el diverso mapa lingüístico de Europa. Un continente cargado de riqueza y variedad, con más de 50 idiomas minoritarios, muchos de ellos no oficiales en sus Estados y donde el monolingüismo es rara avis, pero en el que las lenguas siguen condicionando la agenda de autoridades y las políticas estatales desde hace décadas, o siglos.

Las dificultades de España para lograr el uso oficial del gallego, euskera y catalán en las instituciones comunitarias muestran objeciones más profundas que los recelos de varios países ante el coste financiero de esa labor de interpretación y traducción de cientos de normas, documentación y bases de datos de la UE. Son los muros lingüísticos de una política nacional que entra en terreno pantanoso cuando salta a la escena europea. Francia es reacia a la regularización de las tres lenguas porque en su seno también se habla el euskera y el catalán, además del bretón, occitano, corso o normando pero su Constitución establece que el francés es el único idioma del país.

Igual de complicadas son las implicaciones políticas de la realidad lingüística en las repúblicas bálticas. Estonia fue otro de los países contrarios al reconocimiento solicitado por el Gobierno español. En su territorio el ruso es la lengua materna de una cuarta parte de la población, pero desde la invasión de Ucrania ha puesto en marcha una política de priorización absoluta del estonio como única lengua oficial. Una reforma educativa está eliminando gradualmente el ruso de la escuela y para 2030 dejará de ser lengua de enseñanza.

Dentro de la UE, el ruso no sólo tiene una fuerte presencia en Estonia. En la vecina Letonia es la lengua materna de un tercio de la población, la mayor proporción entre los 27, y hasta hace unos años contaba con su propio sistema educativo paralelo. Desde 2025, el letón es la única lengua enseñada desde preescolar y el ruso sólo una asignatura optativa. En Lituania o Finlandia, las minorías rusoparlantes son más pequeñas, del 8% y el 5% de la población respectivamente. Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia temen que un impulso a las lenguas minoritarias españolas siente un precedente para el ruso en la UE.

De momento, la UE seguirá contando sólo con 24 lenguas oficiales es sus instituciones. Cada una de ellas corresponde, principalmente, con la única oficial en uno de los 27 Estados Miembros, con excepciones. La salida del Reino Unido no supuso la eliminación del inglés, pues es también lengua oficial de Irlanda y Malta, mientras que el neerlandés lo es en Países Bajos y Bélgica, donde también lo son el alemán y el francés, igual que en Luxemburgo. El luxemburgués de este país no es oficial en la UE.

El maltés disfrutó de un periodo de transición en la UE de tres años tras la adhesión de ese país para la redacción de todos los actos comunitarios hasta la plena oficialidad en las instituciones, lograda en 2007. Mientras que el irlandés, o gaélico, no lo hizo hasta 2005 pese a que cuando la República de Irlanda se incorporó a la Comunidad Económica Europa en 1973 los tratados comunitarios sí se redactaron en esa lengua.

El alemán es la lengua materna más hablada en la UE, un 20% de la población, con casi 80 millones de personas, seguido del francés y el italiano, en torno al 15% y unos 55 millones de hablantes, y por el castellano con un 9%. Mientras, idiomas oficiales como el irlandés cuentan con 1,6 millones de hablantes de los que realmente sólo medio millón lo hace con cierta frecuencia, el estonio con apenas un millón y el maltés no llega a los 400.000 hablantes. Frente a ellas, el catalán roza los nueve millones de hablantes en España, el gallego tiene tres millones y el euskera cerca del millón.

En Europa, la realidad es aún más plurilingüe y diversa, con 60 lenguas minoritarias y regionales en 25 Estados, habladas por cerca de 50 millones de personas. Excepto Portugal o Hungría, el resto de países disfrutan de la diversidad lingüística. En Reino Unido se hablan lenguas célticas en Gales, Escocia y en Irlanda del Norte, el albanés está presente en Grecia y Macedonia, Rumanía cuenta con una región donde el magiar, la lengua de Hungría, tiene una fuerte presencia y es motivo de disputas políticas o en Italia hay siete idiomas regionales, considerados lenguas por los lingüistas y dialectos por sus instituciones, entre los que destaca el napolitano con once millones de hablantes. Las lenguas sami, o laponas, con apenas unos pocos miles de hablantes, están presentes en Noruega, Suecia y Finlandia.

Por eso, desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas (ELEN, sus siglas en inglés), destacan que es “vital” que el catalán, gallego y euskera “alcancen el estatus oficial en la UE”. “No sólo porque atraerá inversiones financieras significativas a las industrias de la lengua en cada país o aumentará su prestigio”, explica su secretario general Davyth Hincks a infoLibre, sino porque “rompería muchas barreras a todas las lenguas y sus hablantes romperían un techo de cristal en los países plurilingües que sólo permiten a uno de sus idiomas ser oficial en la UE”.

En términos institucionales, la realidad gala es extrapolable al continente. Mientras el francés disfruta de una posición privilegiada y de autoridad, el estatus de las otras cinco lenguas de su territorio es diferente. El corso sí cuenta con protección como idioma en Córcega, al contrario que las otras, y es impartido en la Universidad de Corte y en escuelas. Sólo recientemente bajo la presidencia de Emmanuel Macron, pero sin su apoyo, la Asamblea Nacional aprobó una ley para reconocer a las otras lenguas, lo que les ofrecerá un estatus jurídico y su incorporación al sistema educativo.

Este tipo de trabas que erosionan la vida de las lenguas minoritas están presentes en la mayoría de Europa. Polonia no ofrece la enseñanza del lemko en primaria, secundaria o formación profesional; Reino Unido deja en manos de las autoridades locales y voluntariamente la enseñanza de las célticas gaélico o córnico y de la germánica scots; mientras que el frisio en Alemania es sólo una asignatura optativa de reciente creación. Los hablantes de estas lenguas disminuyen desde hace décadas.

El Consejo de Europa, la organización internacional con sede en Estraburgo para la promoción de la democracia y los Derechos Humanos cuenta con un capítulo especial sobre las lenguas minoritarias y regionales, “el único tratado en el mundo que busca proteger y promover” estos idiomas. España, junto a otros 24 países más, fue uno los firmantes en 1992 y lo ha ratificado, un proceso no culminado por Francia, Italia o Portugal.

Contactado por infoLibre, el Comité de Experto de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa “no tiene una posición” sobre el esfuerzo político y diplomático español ante la UE ya que “se trata de otra organización”, pero sí destaca que su último informe sobre el país muestra que “el sistema español de protección de las lenguas regionales y minoritarias está bien desarrollado” pese a la persistencia de algunas “lagunas” en los ámbitos judiciales, sanitarios o de la administración pública.

La valoración positiva del Consejo de Europa sobre la realidad lingüística española contrasta con su informe general sobre el continente, de abril, con la alerta de que “algunos Estados siguen teniendo dificultades sistémicas para aplicar” el capítulo sobre la protección y promoción de estas lenguas. Especialmente advierte “sobre la importancia de promover y enseñar lenguas minoritarias y regionales a todos los niveles educativos para garantizar efectivamente su protección y transmisión a las siguientes generaciones”. 

Es “uno de los muchos problemas que afectan a las lenguas minorizadas europeas” critica Davyth Hicks, secretario general de ELEN, quien advierte sobre la “erosión gradual en la transmisión idiomática intergeneracional, la erosión en el uso en algunas comunidades y el envejecimiento demográfico en algunos casos”.

Ante esta realidad, el documento del Consejo de Europa pide realizar “más esfuerzos” para “llegar a los jóvenes e involucrarlos activamente en la promoción y protección de las lenguas minoritarias y regionales, como una expresión de riqueza cultural”. Existen situaciones nacionales con lenguas minoritarias próximas a la extinción, como el árabe maronita en Chipre.

Los peores casos, sin embargo, explican desde la Red Europea por la Igualdad de las Lenguas, son “los Estados granuja, como los llamamos, de Francia y Grecia, ya que tienen políticas lingüísticas diseñadas para erradicar sus lenguas propias minoritarias”. Davyth Hicks, denuncia ante infoLibre que estos países “contravienen regularmente las leyes internacionales de derechos humanos en este área”.

En Italia, país que tampoco apoyó la iniciativa española sobre el reconocimiento del catalán, gallego y euskera, el sardo de Cerdeña disfruta de una protección como lengua minoritaria pero no se incentiva su reconocimiento por las instituciones regionales y sigue sin enseñarse en las escuelas. Según la Unesco, está en “grave peligro de extinción”, igual que el gaélico escocés, el normando de Francia o el casuvio, una lengua eslava de Polonia.

Ante las actitudes ofensivas de Donald Trump contra el idioma español, lo primero que conviene es hacer una encarecida defensa del inglés. Después, también resulta necesaria la toma de conciencia de que es muy conveniente defender el español como una lengua internacional de cultura, es decir, de ciencia, tecnología y humanidades. Al defender el respeto al bilingüismo no me limito sólo a sus consabidas ventajas económicas. Ahora, en medio de las bélicas proclamas de las identidades cerradas e imperiales, conviene recordar lo que está en juego cuando nos pensamos como seres humanos. 

Cualquier lector, cualquier amante de la literatura, está acostumbrado a reconocer el valor del bilingüismo. La poesía española de la modernidad sería difícil de entender sin sus diálogos y sus traducciones de la poesía francesa. Llegado el siglo XX, la hermandad con el inglés dejó otros caminos abiertos que sirvieron para releer a los clásicos y para comprender el destino de lo contemporáneo. Cuando el escritor mexicano Juan Villoro asistió en Yale a las clases de Harold Bloom dedicadas a Shakespeare, se vio invitado a meditar sobre los orígenes de las ideas con las que definimos al sujeto moderno. Todo es una cuestión de palabras, por lo que fue una suerte que Gonzalo Celorio le aconsejara la lectura de la traducción de Hamlet que había hecho el exiliado español Tomás Segovia. La música, la métrica sumergida de Shakespeare puesta en relación con Fray Luis o López Velarde, acabamos de entenderla cuando Tomás Segovia se anima a olvidarse de “he ahí el dilema” o “esa es la cuestión”, para traducir: “Ser o no ser, de eso se trata”.

El ser humano…, de eso se trata. Federico García Lorca fue a Nueva York para encontrarse a sí mismo y reafirmar su conciencia ante las injusticias sociales. Tuvo la suerte de encontrarse también, en medio de la crisis económica del capitalismo, con las traducciones de Whitman que había hecho León Felipe. Los mejores viajes son siempre de ida y vuelta, por lo que conviene recordar aquí el poema que Whitman había dedicado a la proclamación de la Primera República Española: “¡Mirad! / el rostro de la Libertad, / el rostro fresco, íntegro…/ el mismo rostro eterno de la Libertad / avanza hacia nosotros y nos mira”.

Conviene mirarnos, saber quiénes somos, de eso se trata. Federico García Lorca, Rafael Alberti y Pablo Neruda acertaron al mirar hacia Los hombres huecos de T. S. Eliot para comprender la crisis de los sujetos deshabitados puestos al servicio de la renuncia o de la ira ajena. Y Jaime Gil de Biedma dialogó con Stephen Spender, poeta y militante en las Brigadas Internacionales que defendieron la Segunda República Española en 1936. El arte no es un desahogo individualista; es una indagación de la propia intimidad en diálogo con el otro, una manera de entender bien lo que nos emociona para que sea habitado y compartido por los demás.

Muchas cosas le debemos al inglés. Las ofensas de Donald Trump contra el español no deben convertirse en una guerra entre idiomas. Sigamos estudiándolo. Y repito: es una cuestión que desborda su hegemonía como la lengua imperial de los lobbies. Por el contrario, se trata de tomar conciencia del valor que tienen las lenguas en los debates entre el entendimiento democrático y el autoritarismo, entre los derechos humanos y el racismo, entre el respeto a la diversidad y la afirmación ideológica o económica de la ley del más fuerte.

Cuando fundamos la Unión Europea, se decidió defender el reconocimiento de la variedad lingüística como raíz democrática. Contamos hoy con 24 lenguas oficiales, un modo de entender la unidad en el respeto a la diversidad. Que a estas alturas de la historia de los EE.UU, bajo el lema del englihs only, Trump declare el inglés como único idioma oficial es una toma de postura clara. La ley de los millonarios, en regreso al salvaje Oeste, necesita desprestigiar a los más de 65 millones de hablantes nativos de español que hay en EE.UU, matar a los migrantes como nuevos indios, acabar con la lengua del otro, reafirmar su propia identidad en el racismo. Necesita que el sueño americano se diferencie de la democracia social que puso en marcha el sueño europeo.

Más que el español, la segunda lengua del mundo en hablantes nativos, lo que está en juego es el futuro de España, Europa y América Latina. ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?, preguntaba Rubén Darío contra el nuevo imperialismo que agredía su América española. El problema no es la lengua, sino las estrategias imperiales de apropiación de lo ajeno. Haríamos bien en mantener el sueño europeo y la realidad de la historia hispanoamericana. Harían bien los falsos patriotas españoles en dejar de reírle las gracias a Donald Trump y, claro está, en dejar de criminalizar el catalán en las Comunidades Autónomas bilingües. El bilingüismo es una riqueza cultural y nacional. A ver si lo comprendemos.

El Gobierno español batalla en Bruselas para conseguir la oficialidad del gallego, el euskera, el catalán en las instituciones de la Unión Europea. La iniciativa está planteada sin éxito desde hace más de un año, con el objetivo de que las tres lenguas se puedan emplear, por ejemplo, en los debates del Consejo y que los informes, comunicados de prensa y la documentación de las instituciones comunitarias se traduzca también a esos idiomas.

España todavía no ha convencido al resto de Estados miembros para modificar concretamente el Reglamento 1/1958 que fija el régimen lingüístico dentro de la UE, y sin esa unanimidad es imposible conseguir la oficialidad para los tres idiomas. El gobierno choca con diversas sensibilidades, por un lado gobiernos conservadores o de extrema derecha como el italiano o el húngaro que no ven con buenos ojos abrir el melón de las lenguas nacionales. Por otro, las repúblicas bálticas o Polonia donde existen importantes minorías ruso parlantes que podrían aprovechar la iniciativa española para buscar su reconocimiento ante la UE, un movimiento susceptible de ser manipulado por Moscú.

Una fuente conocedora de estos debates explica también que con la Comisión Europea “ha habido que hacer pedagogía, para convencerles de por qué las lenguas cooficiales no tienen parangón”. Este fuente cita, por ejemplo, el acceso completo a la administración o sanidad dentro de las administraciones autonómicas o la plena enseñanza de las lenguas en el sistema educativo, “algo que no ocurre con el bretón, el corso o el frisón”.

La guerra de Ucrania ha jugado en contra de la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán durante 2024, las presidencias rotatorias de Bélgica y Hungría no impulsaron en la agenda del Consejo la propuesta española y, ahora, el Gobierno quiere convencer a su homólogo polaco, que este semestre ostenta el puesto, para retomar la iniciativa en las negociaciones con el resto de socios europeos.

Esta fuente en Bruselas reconoce a infoLibre ser positiva sobre este empujón político. “Tengo la sensación de que el Gobierno español sí está implicado, que está trabajando y haciendo su parte. Está complicado pero tengo esperanza y creo que sí hay posibilidades” de conseguir la oficialidad en las instituciones de la UE. “En nuestros contactos con la REPER [la Representación Permanente de España ante la UE] lo que nos piden es discreción”.

El objetivo de la negociación con Polonia es que la oficialidad “se trate en la agenda del Consejo” entre los 27 durante este primer semestre del año. Si los polacos no la introducen, el Gobierno no descarta elevarla de manera individual, una competencia en sus manos. Así lo deja entrever, Fernando Sampedro Marcos, secretario de Estado para Asuntos Europeos, al insistir en la capital comunitaria que van a “seguir defendiendo con mucha fuerza” la propuesta y que esperan “importantes avances durante la presidencia polaca”. En febrero, Sampedro confirma que viajará a Varsovia para discutirla bilateral y directamente.

El Gobierno se siente presionado. Desde Waterloo, Carles Puigdemont observa estas negociaciones políticas y apremia a conseguir la oficialidad al menos para el catalán. Es una de las líneas rojas que considera incumplidas del acuerdo con el Gobierno. Hace dos semanas, fuentes de Junts citaban en privado esta falta de avances, junto al bloqueo de la Ley de Amnistía, para ejemplificar que para Cataluña no habría tantas diferencias con un ejecutivo de PP-Vox. Y eso que el Gobierno ha prometido empezar por el catalán en esta normalización lingüística en las instituciones europeas.

En Bruselas también presiona el PNV. El lehendakari Imanol Pradales acaba de visitar la capital comunitaria y planteó cuestiones de la “agenda vasca” como la “oficialidad del euskera” en persona al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Pradales reconoció “como positivos” los esfuerzos del ejecutivo, “que está promoviendo esta cuestión”, pero también que la oficialidad de las tres lenguas “es un tema delicado, porque hay 27 Estados con opinión” y que las negociaciones “deben hacerse con prudencia”. Aun así, el lehendakari vasco insistió en Bruselas que su deber es “reclamar continuamente la oficialidad del euskera en el seno de las instituciones europeas”.

La Comisión Europea cifra en unos 130 millones de euros el coste de implantar en la UE el catalán, el gallego y el euskera, según un informe interno que solicitó el Consejo ante la demanda española. Una cifra ligeramente superior a los 40 millones por cada lengua. Para minimizar las suspicacias de muchos socios frugales, como Países Bajos, Austria, Finlandia o Alemania, España se compromete a asumir el pago de estos intérpretes, servicios de traducción de la documentación y las bases de datos o de las aplicaciones informáticas. Ni así consiguió el Gobierno la unanimidad de los 27.

“Consideramos que a efectos económicos quizás no sea el más adecuado”, reconoce Sampedro de este informe aún confidencial de la Comisión, “porque establece un máximo” al basarse en el caso del irlandés, con muchos menos hablantes. Por ello, el acceso a intérpretes, traductores y mismo aplicaciones sería más limitado y costoso que para las tres lenguas españolas insiste el secretario de Estado de Asuntos Europeos.

El Parlamento Europeo frena la oficialidad

La Eurocámara mantiene un grupo de trabajo formado por legisladores de todos los grupos políticos para analizar la implantación de la oficialidad de las tres lenguas en su seno. Se creó a raíz de la propuesta española y en próximas fechas presentará, en palabras de un eurodiputado miembro de ese grupo, un estudio de análisis comparando con la realidad de otras “lenguas con reconocimiento constitucional no oficiales en la UE”.

Hace veinte años la Eurocámara ya rechazó una demanda similar española para emplear el catalán, el gallego y el euskera en sus plenos o comisiones parlamentarias. España había solicitado, como ahora, cambiar el reglamento sobre el régimen lingüístico en la UE. Mientras el Consejo fue flexible, el Parlamento se cerró en banda y sólo permite comunicación escrita de los ciudadanos europeos, que sí son respondidos en cualquiera de las tres lenguas si se dirigen a los servicios de de la institución. Pero los eurodiputados vascos, gallegos o valencianos no pueden emplear sus lenguas natales en sus intervenciones.

Varias fuentes parlamentarias consultadas por Infolibre dudan de que este vez la Eurocámara acepte la oficialidad. En una visita anterior del lehandakari Pradales, su presidenta, Roberta Metsola, se mostró optimista, pero según ha podido saber este medio el propio jefe del grupo de trabajo, el liberal eslovaco Martin Hojsik, fue cauteloso ante Pradales. Si la demanda es votada en el Pleno, creen diversas fuentes parlamentarias que no saldría adelante por la firme oposición de los grupos de extrema derecha, como los Conservadores y Reformistas de Meloni y los ultracatólicos polacos o los Patriotas por Europa de Orbán, Le Pen, Salvini y Vox. Y también porque genera un amplio rechazo en las filas de los populares europeos o liberales.

La eurodiputada gallega del BNG, Ana Miranda, lamenta que “el grupo de trabajo del Parlamento Europeo pudo ser más rápido en su informe, porque ahora con el cambio de legislatura la Cámara es más conservadora y está más en peligro la iniciativa, así que los eurodiputados tenemos que hacer más lobby”. A estos recelos se suma la del PNV, Oihane Agirregoitia, al reconocer que “las cosas avanzan más despacio de lo que nos gustaría. Tenemos que tener paciencia”. La eurodiputada vasca añade otros problemas, ya que se “están evaluando posibles dudas jurídicas en cuanto a la utilización del euskera, catalán y gallego”.

“Los trabajos de análisis también continúan”, confirma en privado el eurodiputado del grupo de trabajo, y se centran también “en la parte logística, cómo hacer técnicamente” que las tres lenguas se puedan interpretar en las cabinas y haya dobladores al resto de idiomas permitidos en el Pleno y las Comisiones. España, como en su propuesta presentada al Consejo, podría asumir el coste.

Aunque “Unidos en la diversidad” es el lema de la Unión Europea desde el año 2000, cuando se empleó por primera vez, y pese a los esfuerzos políticos y diplomáticos del Gobierno desde finales de 2023, la pluralidad lingüística española sigue sin estar reconocida de facto en el seno de las instituciones de la UE.

La plataforma Queremos Galego ha logrado convocar esta mañana en Santiago de Compostela a miles de personas para poner de manifiesto la situación de "emergencia lingüística extrema" que atraviesa el gallego y su pérdida de espacio como lengua de comunicación habitual en Galicia, según informa EFE.

Bajo el lema de la declaración 'Unámonos polo galego', la multitud reunida en la compostelana Plaza de la Quintana a los pies de la catedral reclamó un cambio en el "rumbo" del uso social de la lengua propia de Galicia.

Al acto han asistido, entre otras personas, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, recordó el informe del Instituto Galego de Estadística que revela, entre otros datos, que la población que habla siempre en castellano ya supera a la que lo hace en gallego, o que un tercio de los jóvenes menores de quince años no saben hablar la lengua de su tierra.

Maceira llamó la atención, en declaraciones a los periodistas, sobre el hecho de que cada vez que la sociedad gallega se movilizó para tratar de reponer la situación de su lengua se frenó el descenso en el número de personas que dejan de hablar gallego.

Criticó también el anuncio del Gobierno gallego sobre un gran Pacto pola Lingua y en el que el presidente de A Mesa dijo que "no podemos tener ninguna confianza". "Levan quince años actuando en contra de los acuerdos establecidos en el Parlamento gallego", afirmó.

Para revertir la difícil situación de la lengua gallega en la sociedad Maceira avanzó tres propuestas: constituir plenarios de Queremos Galego en toda la geografía gallega, "reafirmarse en el compromiso" de la sociedad con su lengua, y convocar de nuevo a la sociedad a un nuevo acto el 23 de febrero -Día de Rosalía de Castro- en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dijo que "hoy es un día para reivindicar el orgullo de tener lengua propia" pero también "para denunciar que la lengua gallega está en una situación crítica".

"Los quince años de políticas galegófobas, de políticas contra el gallego, están poniendo contra las cuerdas el futuro de nuestro idioma", dijo Pontón, si bien recalcó que "es posible cambiar el rumbo si cambia la política que está haciendo la Xunta, empezando por ese decreto -de plurilingüismo- de la vergüenza que convirtió al gallego en una lengua de segunda".

La política nacionalista recordó al Gobierno presidido por Alfonso Rueda que es más necesario que nunca "aplicar el gran acuerdo en torno a la lengua que ya tenemos en este país, que es el Plan Xeral de Normalización Lingüística".

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al presidente nacional del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a su sucesor al frente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, de "llevar al gallego a la situación en que se encuentra ahora", como "lengua minoritaria".

"Tenemos que aliarnos todos para cambiar la situación de emergencia lingüística y hacer que el gallego vuelva a recobrar el impulso como una lengua que nos una a todos los gallegos y gallegas", afirmó.

El acto, celebrado esta mañana en la Plaza de la Quintana, estuvo conducido por el músico y activista Xurxo Souto y finalizó con la actuación del grupo Tanxugueiras.

Una limpiadora de la RAE, de escasa formación, tiene un accidente y se convierte en una erudita de la lengua. Un neurocientífico tendrá que desprogramarla para evitar los problemas que le acarrea ese nuevo celo por la corrección. Es la fábula distópica que cuenta La gramática, la última obra de Ernesto Caballero, estrenada este viernes en el Teatro Principal de Zamora y que llegará en noviembre al Matadero de Madrid. Distópica o puramente contemporánea.

Bajar las mayúsculas de los días, meses y estaciones. No plantar esa coma entre sujeto y predicado. Poner la bendita coma del vocativo. Estamos a punto, si no estamos ya ahí, de que parezca que escribirlo bien es escribirlo mal por aplastante mayoría. “El nuestro es un idioma fabulosamente eficaz, pero también fabulosamente olvidado”, escribía en 1968 Gabriel García Márquez. Hay mucha soledad en la preocupación por la lengua, qué capricho el nuestro, si sólo es, como decía Fernando Lázaro Carreter, el legado que constituye nuestro patrimonio más sólido.

La ortografía y la gramática no son algo elitista: son puro servicio, utilidad. Tampoco son superfluas, prescindibles, algo opcional. Ejecutarlas con precisión sirve para ordenar las ideas, para evitar ambigüedades, para un hecho tan universal como entenderse. Que un mensaje sea comprensible a la primera es algo necesario en todos los contextos de la existencia. Pero todos los días pasan por nuestros ojos escritos que son un despropósito, un caos, contraproducentes, absoluta dejadez. Esos textos no los han compuesto personas sin acceso a la educación, como la protagonista de Caballero, a veces esos textos tienen muchos ceros a su derecha. Señor, si le tengo que pagar por este trámite lo que yo cobro por varios días de trabajo, haga el favor de entregármelo con las tildes en su sitio, gracias. 

Bajar los estándares sólo beneficia a quienes no los necesitan. Desde que soy madre tengo una renovada fe en el esfuerzo porque por fin he entendido que el esfuerzo no merece la pena por los resultados sino por el músculo. Si estás entrenado para esforzarte, podrás volver a hacerlo. Y para la clase trabajadora no hay atajos: con esfuerzo no hay nada garantizado ni fácil, pero sin esfuerzo directamente no hay nada. Si has interiorizado que todo da igual, será muy difícil desplegar esas alas de plomo. El desdén actual hacia la lengua me recuerda a cuando, en clase de inglés en bachillerato, intentábamos no pronunciar muy bien para evitar las burlas. El resultado de esa cultura es que a los españoles nos cuesta muchísimo hablar bien otros idiomas, aunque los conozcamos. La novedad es que ahora también ocurra con el nuestro.

Las tendencias ya lo señalaban y los datos oficiales más recientes lo demuestran. El gallego ya no es la lengua predominante en Galicia, al menos no en su uso cotidiano. El Instituto Galego de Estatística actualizó este 11 de octubre de 2024 el módulo de conocimiento y uso del gallego de su encuesta estructural de hogares y las grandes cifras del estudio no traen buenas noticias en cuanto al uso habitual de la lengua propia de Galicia.

Si bien hace un lustro esta misma encuesta reflejaba que el gallego resistía como lengua mayoritaria de la población, esta vez se traspasan las líneas. La población que declara hablar habitualmente "siempre en castellano" sube hasta el 29,2% , cinco puntos más. Mientras, la cifra que indica que "siempre" hablan gallego cae por debajo del 24 %, un 23,99% lo que, según la serie estadística consolidada por el IGE, supone una caída de más de 6 puntos.

Dado que, como en encuestas anteriores, la población que explica que habla "más castellano que gallego" es mayor que la que hace lo contrario (23,74% frente a 21,52%), la suma de los que hablan siempre o más en castellano lo ya supera la mitad de la población y alcanza el 52,94% , una proporción que hace cinco años estaba ligeramente por encima del 47% y que hace dos décadas, cuando comenzó la serie histórica de datos, no llegaba al 40%.

Por el contrario, las personas que hablan siempre en gallego o más en gallego que en castellano son ahora minoría, un 45,51%, lo que supone un descenso de más de seis puntos respecto a los datos de 2018. Al inicio de la serie, en el año 2003 el gallego era claramente la lengua predominante ya que el 61,2% de la población declaraba hablar sólo gallego o más gallego.

Como es habitual, una de las grandes variables en el uso cotidiano del gallego y del castellano está ligada a la edad. La suma de los que "siempre" hablan gallego y "más gallego que castellano" desciende claramente en todos los segmentos tras la ligera recuperación en algunos de ellos en la anterior edición de la encuesta. Pero lo hace de manera más marcada entre las generaciones más jóvenes. Así, en los niños de 5 a 14 años, sólo el 16% habla siempre o más gallego, un descenso cercano a los 10 puntos.

Un descenso similar se produce entre los jóvenes de 15 a 29 años, resultando sólo el 28% de la suma de los que sólo o mayoritariamente hablan gallego en su vida diaria. En dos grupos de edad, los de 50 a 64 y los mayores de 65, el gallego sigue siendo la lengua predominante, pero también en estos casos está disminuyendo su uso habitual, según datos del IGE.

Cuando bajamos al detalle de las cifras desagregadas por edad, se puede observar cómo el uso del castellano "siempre" crece con especial fuerza entre la población menor de 29 años. Y en la infancia, de 5 a 14 años, esta opción ya es claramente mayoritaria, superando el 53%. También supera el 40% entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 29 años.

Mientras, el uso del gallego "siempre" es la opción más amplia, pero no mayoritaria, entre las personas de 65 y más años, aunque con un 40,34% eso supone una caída de más de 8 puntos en cinco años y de más de veinte y cinco puntos con respecto al año 2003. La opción "más gallego que castellano" sigue creciendo en la población mayor, pero disminuye en el resto.

Esta preocupante radiografía sobre el uso del gallego se registra en un contexto en el que, según los datos del IGE, el conocimiento de la lengua es muy amplio en la sociedad, aunque también está en descenso. Las personas que dicen entender "mucho" o "bastante" la lengua gallega siguen superando el 90%, pero han bajado dos puntos en cinco años y se sitúan en el 93,4%.

Más acusado es el descenso en la proporción de población que declara saber hablar gallego "mucho" o "bastante". Con un retroceso de más de cuatro puntos, se sitúa en el 83,4%. En cuanto a la población con capacidad de escribir gallego, la tendencia creciente de todas las ediciones anteriores de la encuesta invierte su tendencia y pasa del 62,14% de hace cinco años a poco menos del 61%.

Al igual que con el uso, la edad también es una variable clave en el conocimiento. Así, en el total de la población, quienes entienden "mucho" o "bastante" gallego son más del 90%, y esto también ocurre en todos los grupos de edad excepto uno, el de los niños de 5 a 14 años. En su caso, se queda en el 86%. [ Un tercio de los menores de 15 años no sabe hablar gallego y sólo el 16% utiliza la lengua acotío ]

Los valores están aún más cautivos cuando se trata del discurso. La capacidad de hablar gallego cae por debajo del 70% entre niñas y niños y la capacidad de escribirlo apenas supera el 61% . Estos valores rondan el 80% entre los adolescentes. Mientras, casi el 90% de la población mayor de 65 años dice saber hablar gallego, pero en ese sector los conocimientos para escribirlo quedan por debajo de un tercio del total.

El Consejo de Europa considera que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias, según informa EFE. En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, los expertos del Consejo de Europa se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano por las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una u otra lengua como vehicular en la educación.

Los expertos recuerdan que España cuando suscribió esa carta —algunos países miembros como Francia no han querido hacerlo para no estar obligada a garantizar a ninguna otra lengua, aparte del francés— optó por "el máximo nivel de protección". Eso implica que la lengua regional o minoritaria debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las diferentes asignaturas (por ejemplo, el catalán en Cataluña), y eso con la única excepción de las clases de lengua española y de lenguas extranjeras. 

Para el comité de expertos encargados de la evaluación, ese principio debe aplicarse de forma "flexible", y teniendo en cuenta que el preámbulo de la carta establece que la protección de las lenguas regionales o minoritarias "no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de que se aprendan". Es decir, que en algunas escuelas por sus circunstancias sociolingüísticas el uso del castellano como lengua vehicular en una o más asignaturas puede ser necesario para garantizar su aprendizaje. 

Pero al mismo tiempo, insiste en que "fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro escolar es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta".

La polémica resurgió sobre todo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que a finales de 2020 estableció que los centros escolares allí tenían que impartir un mínimo del 25 % de las clases en castellano, lo que cuestionaba en parte el modelo de inmersión lingüística en esa comunidad autónoma, en la que el catalán es la lengua vehicular.

Los expertos del Consejo de Europa cargan también contra la acción de algunas comunidades autónomas, y destaca los casos de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana porque constatan allí "un deterioro de la situación" de las lenguas regionales o minoritarias con "medidas que dificultan" el cumplimiento de las obligaciones de la carta.

En términos generales, el Consejo de Europa estima que el sistema de protección de las lenguas regionales y minoritarias está "bien desarrollado" y hace notar que se pueden utilizar las lenguas cooficiales desde 2023 en el Congreso y en el Senado. Pero sigue viendo cuestiones pendientes en la educación —como las citadas sentencias—, en la Justicia, en la Administración del Estado, en algunos servicios públicos y en los intercambios transfronterizos.

Sobre la Justicia, señala que la legislación actual o la interpretación que de ella se hace "no garantiza" que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales, y aunque admite que no hay datos a nivel estatal, "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes. Es más —añaden los expertos europeos— la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" en esas lenguas cooficiales que son el catalán, el euskera o el gallego.

El Consejo de Europa critica igualmente la situación en la Administración del Estado en las comunidades con lengua cooficial, porque la proporción de la plantilla que tiene un conocimiento para poder trabajar con ella "sigue siendo demasiado baja y muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles sólo en castellano". 

Para los expertos, la oferta de programas de televisión o de radio en las lenguas cooficiales es "generalmente satisfactorio", aunque no en la televisión pública estatal, donde la considera "escasa".

Pero la principal cuestión en el sector es que con la emergencia de plataformas internacionales audiovisuales, con las que algunas comunidades autónomas ya han establecido acuerdos para doblar películas y programas, el Consejo de Europa preconiza que también las autoridades estatales hagan esfuerzos.

El objetivo es que "estén mejor reflejadas todas las lenguas regionales y minoritarias habladas en el territorio español en todo tipo de medios". El comité de expertos se muestra muy cauto sobre la controversia por llamar algunas lenguas de forma diferente en función del enfoque, en una alusión que se refiere en particular al uso del término valenciano para referirse al catalán que se habla en la Comunitat Valenciana.

Sabedor de la sensibilidad sobre esa cuestión, explica que ha decidido "adoptar un enfoque en el que el nombre de la lengua elegida y su identidad no obstaculicen la plena aplicación de la carta".

En cualquier caso, tras recordar que su mandato es evaluar si todas las lenguas protegidas por ese texto internacional reciben la protección sobre la base de los compromisos de España, reconoce que "le preocupan las situaciones en las que una lengua con dos nombres diferentes crea problemas para la protección de la lengua".

La Mesa del Senado ha licitado un contrato que puede alcanzar un gasto de hasta 241.800 euros para un servicio de impartición de cursos de aprendizaje de inglés, francés y alemán para los senadores, con el objetivo de "garantizar el mejor desempeño en las actividades internacionales".

Así consta en la memoria justificativa del expediente de contratación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que el actual contrato para las clases de idiomas caducó en 2023 y ahora se ha licitado una nueva contratación para los lotes de alemán, francés e inglés.

De esta manera, la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, justifica este servicio de clases de idiomas en que cumple el objetivo de "mejorar y consolidar el manejo de los idiomas como parte central de todo plan de formación", a la vez que creen que "garantiza el mejor desempeño en las actividades internacionales y de intercambio profesional".

Los contratos entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y finalizarán el 31 de diciembre de 2023, aunque podrán ser objeto de hasta dos prórrogas anuales, que no podrán prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2028.

Así, el presupuesto base de licitación para la vigencia inicial del contrato es de 130.200 euros, que está exento de IVA, con un desglose de 67.200 euros para las clases de inglés, de 33.600 euros para las clases de francés y de 29.400 euros para las de alemán.

En cuanto al supuesto de prórroga, el gasto estimado es de 111.600 euros, que también está exento de IVA, con el siguiente desglose: las clases de inglés tienen un presupuesto de 57.600 euros, las clase de francés, de 28.800 euros, mientras que las de alemán tienen un gasto aproximado de 25.200 euros.

Eso sí, la memoria justificativa del expediente asegura que el anterior presupuesto constituye el gasto que, como máximo, podrá realizar la Cámara en cada ejercicio, no equivalente al gasto final que efectivamente realice, que dependerá del número de clases efectivamente impartidas.

El precio unitario por clase ofertado, ya sea en modalidad presencial o por videconferencia, no podrá exceder de 25 euros, también exento de IVA.

Dos décadas después de implantar el modelo, y todavía sin una evaluación oficial y completa, Madrid revierte, aunque sólo en parte, su programa de educación bilingüe. El modelo, implantado por la expresidenta Esperanza Aguirre en el curso 2004-2005, lleva años siendo cuestionado y duramente criticado por sindicatos, docentes y expertos, que solicitan, al menos, un estudio de su impacto en el alumnado. Hasta ahora, lo único que se han llevado a cabo han sido encuestas. La última, una realizada por la organización Acción Educativa a 1.716 docentes que dejaba en muy mal lugar al modelo: no es un método demasiado efectivo para aprender inglés, empeora los conocimientos de las materias que se imparten en este idioma y, además, segrega al alumnado. Pero esos defectos, no obstante, no acaban en las fronteras de la región. "El modelo, tal y como se ha instalado, es un fracaso", sentencia, tajante, el secretario de Política Educativa de la Federación Estatal de CCOO, Alonso Gutiérrez Morillo.

Pero volvamos al principio. ¿Qué va a cambiar en Madrid? La medida adoptada por el Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso entrará en vigor el próximo curso y se ceñirá, exclusivamente, a la asignatura de Geografía e Historia. Según detalló esta semana el consejero de Educación de la Comunidad, Emilio Viciana, la decisión llega después de haber observado, igual que ya lo hicieran los docentes, "un detrimento" en los conocimientos "tanto de Historia como de Inglés". "Queremos reforzar el estudio de la Historia y evitar que sus contenidos propios se rebajen por impartirlos en inglés", señaló. Hasta ahora, el modelo sólo recibía alabanzas de los Ejecutivos madrileños. En su propia web, de hecho, el Gobierno mantiene la afirmación de que éste es "uno de los proyectos más exitosos del sistema educativo madrileño". Su creadora, Aguirre, señalaba a El País que no comparte la decisión. "Yo puse otro modelo, pero en fin... Quizá yo esté equivocada", ha dicho.

En cualquier caso, y a pesar de la reforma, Madrid seguirá siendo la Comunidad donde este modelo está más implantado. Actualmente abarca a centros públicos en los que está matriculado el 51,4% del alumnado de Educación Primaria y el 61,7% del de Secundaria. A nivel estatal —en 2016 culminó el proceso de extensión de este modelo, cuando el Ministerio de Educación lo llevó a Ceuta y Melilla—, son un millón y medio de alumnos y alumnas los que estudian bajo un programa bilingüe. En número de centros, éste ha llegado ya a 7.000, según la información recogida por la Asociación Enseñanza Bilingüe, una organización que aboga por la implantación de este tipo de enseñanza pero para la que propone mejoras empezando, señalan en un documento —basado también en encuestas a 1.377 docentes— titulado La enseñanza bilingüe en España. Datos para el análisis 2023, por una evaluación.

España, critican, es "un país en el que sistemáticamente se rechaza la evaluación". "La mejora de cualquier programa bilingüe pasa por su conocimiento y su análisis y ello requiere disponer de datos que permitan tomar las decisiones adecuadas. Salvo que se basen en estudios e informes internos y reservados, se desconocen los argumentos de algunas administraciones educativas para justificar los cambios que realizan", señala la organización. También lo piden para este caso. A preguntas de infoLibre, la Asociación Enseñanza Bilingüe tacha la decisión del Ejecutivo de Ayuso de "disparate", y piden conocer "los detalles que la sustentan y justifican". "Cualquier modificación que suponga un retroceso y que perjudique la calidad de los programas y por lo tanto de la educación que reciben los alumnos, debe ser analizada con el fin de alertar sobre sus posibles efectos", señalan. Y defienden que Madrid sí contempla realizar evaluaciones sobre la implantación del programa, algo que, insisten, siguen exigiendo. Porque, de los 18 modelos que existen en nuestro país, "todos tienen fallos, fisuras y debilidades".

La Consejería de Educación, preguntada por este periódico, no ha aclarado si la decisión se ha tomado tras algún tipo de investigación sobre el modelo, pero sí ha explicado que entra dentro de un "Plan para una Educación Libre, Plural y de Calidad cuyos detalles se presentarán el próximo mes de enero".​

Los expertos consultados, por su parte, son claros en este tema. Mejorar el modelo, señala el maestro y doctor en Educación Daniel Turienzo, requiere de hacerse preguntas. Es lo primero de todo. "Hay que hacer una evaluación, pero antes hay que preguntarse qué se quiere evaluar", señala. No sirve de nada, continúa, analizar simplemente si los programas bilingües mejoran los conocimientos de inglés del alumnado si se comparan sus resultados en este ámbito con los de quienes reciben una educación únicamente en castellano. "Es evidente que será así", responde. "Lo que hay que ver es si es beneficioso en distintos grupos de alumnos y alumnas. Hay que ser minucioso, ¿es igual de beneficioso el programa para los niños con recursos que para los que no los tienen?", se pregunta.

Este es el quid de la cuestión. Como concluyó la encuesta realizada por Acción Educativa, en la que participaron la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, la FAPA Giner de los Ríos, sindicatos de la enseñanza y diferentes asociaciones de carácter educativo, la Comunidad de Madrid ha provocado, con la implantación de este modelo, la distribución del alumnado en función de las dificultades que, ya de casa, llevan guardadas en su mochila. En unas clases se concentran los de un nivel socioeconómico alto y, muchas veces en consecuencia, mejores resultados; en otras, los que no pueden, por ejemplo, recibir clases particulares que les ayuden a mejorar académicamente.

Pasa entre aulas, pero también entre colegios. Y en toda España. "Este modelo sólo sirve para segregar. Se ha utilizado como una especie de categoría de excelencia por parte de algunos centros que utilizan su adhesión al programa bilingüe para atraer a un tipo de alumnado en detrimento de otro. Ha ocurrido en todas las comunidades", critica Gutiérrez Morillo. Turienzo lo ejemplifica con lo que ocurre en Castilla y León.

Allí, explica, hay tres líneas: la british —que es la que más carga lectiva en inglés tiene—, la bilingüe y la castellana. A la primera acuden quienes tienen —en muchas ocasiones porque pueden, por ejemplo, recibir clases particulares— más conocimientos del idioma; a la tercera, quienes peor se manejan en él. "El modelo es claramente segregador", denuncia. Se puede pasar de una línea educativa a la otra, continúa explicando, pero "en lugar de jugar a favor de la equidad", esa oportunidad sólo perpetúa las diferencias. "Cuando un alumno o alumna no llega al nivel requerido, se le baja al anterior", dice.

En otras comunidades, continúa, pasa algo parecido, pero entre centros. "En algunos territorios se ha tendido a no hacer todos los colegios bilingües, dejando en muchas ocasiones una especie de 'cole-escoba' al que automáticamente termina yendo el alumnado con más dificultades o perfiles más complejos", señala.

La Asociación Enseñanza Bilingüe, por su parte, rechaza que se asocie el término segregación a estas escuelas e institutos. "Si nos atenemos al significado correcto de la palabra, los programas de enseñanza bilingüe no segregan más que cualquier otro programa, oferta educativa o actuación propios del sistema educativo", dicen. En cualquier caso, si existiese, añaden, "en ningún caso sería por nivel socioeconómico".

Los problemas, en cambio, no terminan ahí. Según el cuestionario de la Asociación de Enseñanza Bilingüe, el 62,8% de los docentes entrevistados no cuenta con ningún complemento económico por impartir sus materias en otra lengua. El 56,4%, además, no tiene posibilidad de reducir su jornada para coordinar el programa. Y un 39,6% considera que el principal problema con el que se encuentra para desarrollar su labor docente bajo este modelo es el número de alumnos en clase.

Eso lo complica todo. "El nivel [de inglés, pero también educativo en general] que alcanzan niños que estudian en una clase con 15 compañeros no es el mismo que el que obtienen si comparten espacio con 30", critica la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca. Por eso desde su sindicato, al igual que desde CCOO, inciden en la necesidad de bajar las ratios, una necesidad de todos los centros pero más manifiesta en los que imparten enseñanza bilingüe. "Impartir clase en una lengua que no es la tuya requiere de una metodología diferente", continúa la sindicalista, que señala también la importancia de descargar el horario lectivo de los docentes para, por ejemplo, recibir formación en el extranjero que permita ampliar sus conocimientos del idioma. "El profesorado muchas veces no está motivado porque este programa, al final, les suma más carga", incide.

Y hay un último factor: no todos necesitan acreditar el mismo nivel para impartir clase bajo este modelo. Según la Asociación de Enseñanza Bilingüe, el 88,5% de los docentes cree que habría que unificar los modelos, consiguiendo que estos no dependan del Gobierno autonómico de turno. El 87,7% de ellos, además, cree que hay que mejorarlos. La Asociación Enseñanza Bilingüe, en este sentido, "aboga por un modelo común para todo el territorio nacional y por la mejora de todos y cada uno de los programas de España".

"Margen para hacerlo hay", dice Loranca. E insiste: "Pero lo primero es evaluar". Gutiérrez Morillo coincide: "En España, en general, tenemos poca cultura de la evaluación. El bilingüismo nunca se ha analizado en profundidad". Una vez se haga, dice Loranca, "si lo queremos hacer bien, será necesario invertir más".

 “La palabra es un poderoso soberano; con un cuerpo pequeñísimo y del todo invisible, ejecuta las obras más divinas: quitar el miedo, desvanecer el dolor, infundir alegría y aumentar la compasión” (Gorgias, filósofo griego, 460a.C- 380a.C).

Les pido disculpas de antemano por hacer un poco de historia, necesaria para llegar a la conclusión de lo ridícula que resulta la contienda de quienes, en España, desde la intolerancia o, mejor dicho, la simpleza, pelean contra el uso de las lenguas vernáculas cooficiales junto al castellano en el Congreso de los Diputados.

Antes de la llegada de los romanos, en nuestra península vivían diferentes pueblos. Tradicionalmente se les ha clasificado por criterios lingüísticos y esto llevó a definir cinco grandes colectivos. Los iberos en Levante y sureste; al suroeste tartésicos y turdetanos; los celtas residiendo en áreas del norte y oeste pero también en la zona interior. Luego encontramos a los protoceltas en el oeste y noreste y ya al este de la cordillera Cantábrica y al oeste de los Pirineos, campaban aquitanos o protovascos, divididos entre los de procedencia indoeuropea y los que no tenían tal influencia. Pero esto es una simplificación, pues luego cada grupo se dividía en tribus. Comerciaban con griegos, fenicios y cartagineses, y de ahí alguna influencia se produjo en los lenguajes múltiples que sonaban por la piel de toro.

En el siglo III antes de Cristo, con las huestes venidas de Roma, el latín empezó a absorber todas las lenguas existentes. Hago excepción de los vascos, que se resistieron al invasor y consiguieron mantener su lengua. De hecho, el origen del euskera sigue siendo enigmático. Me sorprendió saber que, a miles de kilómetros de Euskadi, en Georgia, existe una universidad de euskera en base a vocablos comunes –al parecer no más de 300– de los primitivos idiomas georgiano y vascuence. Una muestra de los milenarios lazos comunes que sólo el lenguaje es capaz de proporcionar.

El latín de la romanización nos abdujo en una acepción vulgar, pues quienes arramplaron con los idiomas vigentes e impusieron el suyo eran legionarios y familias que llegaron a establecerse en los nuevos territorios y que, probablemente, hablarían en distintos dialectos. Entre estos colonos, también se asentaron en Hispania familias de la nobleza. Aquí nacerían famosos emperadores; recuerden a Trajano, Adriano y Teodosio I, o pensadores como el filósofo Séneca. El latín en Hispania evolucionó y dio lugar a otras variantes, de manera que el castellano, el portugués, el gallego y el catalán, con su primo hermano el valenciano, son las cuatro lenguas románicas fruto de aquella incursión que llegó a la península Ibérica desde Italia y se mantuvo hasta el siglo V. Fue entonces cuando cayó el imperio romano y arribaron los visigodos, que se impusieron sobre alanos, suevos y vándalos y que, aunque traían ya un barniz latino, también aportaron algo de su idiosincrasia lingüística. Después, en el siglo VIII, (año 711), los musulmanes se aposentaron en Al Andalus y dominaron tres cuartas partes del territorio hispano hasta que, casi 800 años después, fueron expulsados por los católicos, al igual que hicieron con los judíos, todos tan hispanos como ellos. La etapa previa a este hecho fue un tiempo de convivencia entre lenguas de la que quedan restos sefardíes y unas cuatro mil palabras que proceden del árabe por la necesidad de nombrar objetos y calificar trabajos y que se quedaron aquí para siempre.

La llamada Reconquista se inició en las montañas del Norte. Y resultó que un dialecto del latín que se hablaba en un territorio fronterizo llamado Castilla, dio paso al castellano (lengua romance) que comenzó su auge, como todas las lenguas, cuando pasó del ámbito familiar a las demás áreas de la ciencia, de la jurisprudencia o la literatura. Los avances militares de Castilla y la conquista de otros territorios provocaron que el castellano fuera haciéndose con otros dialectos también procedentes del latín, y se extendiera hacia el sur. A partir de ahí, ya saben: Alfonso X el Sabio en el siglo XIII regularizó la ortografía y sustituyó el latín en favor de la nueva lengua común impulsando la traducción de obras clásicas. Después, en 1492, la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija viajó con Cristóbal Colón rumbo a las Indias, por decisión de la reina Isabel I de Castilla. La epopeya colombina derivó en el “descubrimiento” europeo de un “nuevo” mundo que, sin embargo, tenía una tradición y cultura milenarias, y allí el castellano, lengua imperial, se impuso y, después, se enriqueció con palabras de los diferentes idiomas nativos. La Real Academia de la Lengua surgió en 1713 y sigue a día de hoy estableciendo qué vocablos merecen integrarse en el acervo del idioma; luego, a finales del siglo XX, se creó el Instituto Cervantes, cuyo objetivo es impulsar la cultura hispana y su idioma principal por todo el mundo.

Como ven, la historia de las lenguas en España es intensa y  se ha visto sometida a los vaivenes de quienes nos fueron dominando por la fuerza o políticamente, en cada momento. Pero el idioma ha servido tanto para unir como para dividir. En nuestro país está reconocido el derecho a utilizar la lengua materna. De ese modo, el gallego, el catalán y el euskera son idiomas cooficiales en sus respectivas comunidades, incluyendo el valenciano o el balear, junto con el castellano.

Evidentemente, no estamos en la etapa del franquismo, que de inicio puso trabas y reprobaciones a la utilización de los idiomas hablados en España, ajenos al castellano, hasta que en los años 40 y con el ojo puesto en la ONU, abrió la mano a que, por ejemplo, el catalán se utilizara de manera corriente, aunque no de manera oficial. Pero el resto del Estado es testigo en los últimos años de los tira y afloja por la enseñanza de las lenguas cooficiales, en particular en Cataluña y en Euskadi, o, más recientemente, por los catastrofistas comentarios del PP y VOX ante el hecho de haberse acordado mayoritariamente que las tres lenguas existentes en España se utilicen en el Congreso de los Diputados, tanto desde la tribuna como para la presentación y registro de documentos, entre otros trámites. 

“Esto no es avanzar hacia la unidad y la igualdad”, manifestó histriónico el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista. Por su parte, sus socios de la ultraderecha, el día en que el Congreso aprobó la medida, arrojaron con desprecio los pinganillos que facilitaban la traducción sobre el escaño del presidente del Gobierno en funciones. Y durante el debate de investidura, ninguno de esos partidos atendió a quienes hicieron uso de sus lenguas propias en sus alegatos, lo cual es especialmente grave en el caso del que fuera aspirante a la investidura porque no pudo rebatir los argumentos de vascos y catalanes (a menos que, como Aznar,  Núñez Feijóo hable el catalán o el euskera en la intimidad).

Al igual que todos estos temas que sirven de propaganda política a la oposición, a los pocos días el gran “escándalo” ya se había olvidado y quien desea intervenir en el Parlamento en su propia lengua lo hace o utiliza el castellano, en función de si se dirige a un público local a le interesa que le entienda la ciudadanía en general. Baste con decir que en el Senado esta fórmula está aprobada desde 2015, y nadie se rasga las vestiduras ni se echa ceniza en la cabeza en señal de duelo.

¿A qué tanta manipulación? En la dinámica que mantiene la derecha que abraza ya sin disimulo y con entusiasmo los postulados de la ultraderecha, cualquier iniciativa vale para desprestigiar, para difamar y perturbar. Sobre todo, si se trata de los diputados catalanes o vascos. ¿Importa que los ciudadanos de Cataluña hablen preferentemente la lengua en que Ramón Llull dejó por escrito sus conocimientos científicos y filosóficos, o en la lengua de Gabriel Aresti, poeta y escritor vasco, o en el galego de Rosalía de Castro? No. El catalán, el euskera o el galego, para estos rancios diputados, no debe tener más categoría que la de dialectos, como el franquismo los consideró.

Soy andaluz y, por ello, hablo castellano. El 25 de septiembre pasado, el Instituto Cervantes celebró el Día Europeo de las Lenguas. Se leyó el poema Grito a Roma, de Federico García Lorca, alegato cumbre del poeta contra el fascismo, en euskera, catalán, gallego y castellano. Eso es. "Se puede ser español sin saber todas las lenguas, pero lo que no tiene sentido es pensar que solo tenemos una, borrando todas las demás", resaltó al cierre del acto el presidente en funciones, Pedro Sánchez. “…Proteger una lengua es también una decisión política, al igual que lo es censurarla. Hay quien tiene la tentación de caricaturizar esta medida, creando batallas donde solo hay normalidad. A quienes así razonan, les diré que el tiempo dará razón a la democracia, como siempre: en lugar del ruido transitorio del presente, la esperanza del mañana…”, dijo el político socialista. Acierta Sánchez en la vinculación entre la lengua y la democracia. 

“Las cuestiones lingüísticas deberían ser centrales para todos los teóricos interesados en el incremento de la participación y la extensión de la democracia”, afirma el profesor de Filosofía Eerik Lagerpetz, de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia.  

Otra cosa es cómo algunas de estas comunidades en particular han planteado la reivindicación sobre la lengua como punto de partida para otros escenarios. No es infrecuente, pero tampoco hay que tomarlo como una tragedia. El propio Lagerpetz subraya en su artículo Sobre los derechos lingüísticos : “El reconocimiento de los derechos lingüísticos de un grupo no debe estar vinculado con la cuestión de si se concibe a sí mismo como una nación en un sentido pleno, o si satisfacen algunos otros criterios (digamos, historia y tradiciones comunes). (…) El derecho puede ser implementado sin dar a todos los grupos lingüísticos un derecho exclusivo sobre algún territorio; puede haber más de una lengua oficial en el mismo Estado, pero no docenas de ellas. Un “Estado nación” no tiene que ser un Estado de una única nación; puede ser el Estado de algunas naciones. Tampoco hay ninguna necesidad de garantizar la realización del derecho creando nuevos Estados soberanos; pueden bastar el federalismo y la autonomía local”.

La derecha, no obstante, siempre va más allá en sus suspicacias, empezando por temer la sumisión de lo que consideran la lengua del Imperio, a otras sobre las que exhiben su menosprecio. O utilizando el idioma como instrumento para golpear al de enfrente, sin considerar que pocas cosas hay que unan más que el habla materna, su acento, sus dejes, la cultura que conlleva, la capacidad de hacer que, con sus tonos, con sus inflexiones, nos sintamos en casa solo con escuchar hablar al otro en la voz familiar que está marcada casi en nuestros genes. Somos una mezcla ecléctica y difícil de diferenciar de miles de lenguajes que han desembocado en el nuestro. En el que hablamos todos y en el que hablan en distintos lugares. Quizás deberíamos escuchar más, estar más atentos a lo que el otro nos transmite, aprender de quien tenemos enfrente a compartir el mismo idioma del respeto y la comprensión.

Sigamos el camino que indica el poema de Pablo Neruda.

Ahora contaremos doce

y nos quedamos todos quietos.

Por una vez sobre la tierra

no hablemos en ningún idioma,

por un segundo detengámonos…

(…)

… tal vez un gran silencio pueda

interrumpir esta tristeza,

este no entendernos jamás…

 (A callarse. Pablo Neruda)

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo (Planeta).

Los días históricos parecen ser en los últimos tiempos la norma, y no la excepción, en el Congreso. Una Cámara en la que este martes se han escuchado discursos íntegros en catalán, en euskera y en gallego —las tres lenguas cooficiales en sus territorios— por primera vez. Sin embargo, no todas las formaciones las utilizarán del mismo modo. Según confirman a infoLibre fuentes de Junts per Cataluña y del BNG, sus diputados intervendrán siempre en catalán y gallego respectivamente, mientras que otras formaciones como el PSOE, Sumar, el PNV y EH Bildu irán combinando lenguas indistintamente.

Más controversia ha generado esta cuestión en Esquerra Republicana. La dirección del partido dio la orden de que sus diputados utilicen únicamente el catalán durante sus intervenciones en el pleno y aparquen por completo el castellano. Su portavoz en Cataluña, Raquel Sans, explicó este lunes que así se trasladó el fin de semana en el consejo nacional del partido y se ratificó en la reunión de la ejecutiva. No obstante, se trata de una cuestión que no es compartida por un sector del partido, encabezado por su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, que aboga por utilizar indistintamente ambas lenguas.

Aunque Rufián no se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión y este martes ha realizado su intervención mayoritariamente en catalán, excepto cuando se dirigió al interlocutor del PP, su antecesor en el cargo, Joan Tardà, le puso voz a ese malestar y defendió que no se puede "dejar de hacer independentismo en castellano". De hecho, el propio Rufián saltó a la esfera pública como representante de una asociación de castellanoparlantes pro independencia.

El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, se ha desplazado este martes a Madrid para celebrar que "es un día histórico" y ha cuestionado "por qué no ha sido posible hasta hoy" usar el catalán en la Cámara Baja. "Es un buen día para recordar que superamos una anormalidad democrática y recordar a aquellos que han trabajado para hablar en catalán en el Congreso", ha afirmado en declaraciones a la prensa, que ha realizado tanto en catalán como en castellano. 

Fuentes de la formación señalan a este periódico que "no es incompatible" la reivindicación de Tardà con las directrices del partido y apelan al "sentido común" a la hora de utilizar ambas lenguas, pese a que Sans aseguró que cuando "se hable en nombre de ERC" en las Cortes "el compromiso" acordado por la dirección del partido es que se use el catalán. Con todo, las voces consultadas en el partido insisten en que utilizarán ambas lenguas en la Cámara Baja y rebajan esa directriz a una simple recomendación.

Los representantes catalanes, vascos, valencianos, gallegos y baleares del PSOE y Sumar utilizarán tanto el castellano como sus lenguas cooficiales. Así se ha podido comprobar durante la primera intervención en gallego de José Ramón Gómez Besteiro, que ha empleado ambos idiomas, al igual que la portavoz de Sumar, Marta Lois, que ha señalado a los grupos de derecha que "la posibilidad de hablar en una lengua no niega las otras": "Las lenguas, como los derechos, no compiten entre sí", ha afirmado. En Sumar, una coalición integrada por ocho formaciones, algunas de ellas como Compromís o En Comú Podem utilizarán preferentemente el catalán pero sin dejar de lado el castellano.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, y el del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, han intercalado partes de su intervención en euskera con otras en castellano, aunque el diputado jetzale ha priorizado el uso de su lengua cooficial. "Hago una pregunta a los grupos que se oponen: ¿a quién puede perjudicar que cada cual intervenga en su lengua si son lenguas oficiales reconocidas? ¿A quién puede perjudicar? ¿A la vida parlamentaria? ¿A la democracia? ¿Al español? ¿A la Constitución? ¿Dónde está la clave?", ha lanzado.

Aizpurúa lo ha calificado como un paso "simbólico" pero "importante": "Pone de manifiesto una realidad que este Estado niega: somos una nación", ha subrayado. "Por eso hoy las extremas derechas han considerado un ataque poder hablar aquí en nuestras lenguas", ha afirmado, en referencia al plante de los diputados de Vox, que han abandonado el hemiciclo en la primera intervención del diputado del PSOE y, tras volver, se han vuelto a ir cuando el vicesecretario del PP, Borja Sémper, ha empleado el euskera.

El compromiso de los diputados del PP y de Vox es no emplear las lenguas cooficiales en el Congreso. “Lo que no vamos a hacer es el canelo. No vamos a hacer cosas raras”, afirmó el lunes Borja Sémper, remarcando que la intención de su formación es que todos los españoles les entiendan y no convertir la sede de la soberanía nacional en una “caja de resonancia”. Tanto es así que ningún diputado de la bancada popular ha utilizado los pinganillos cuando el resto de portavoces —ni siquiera el suyo— han hablado en catalán, gallego o euskera.

El propio Sémper ha utilizado el euskera para dirigirse brevemente a sus señorías: “Durante demasiadas décadas no pudo haber libertad para expresarse como cada uno quería”, ha apuntado el portavoz popular, recordando que él mismo en su casa convive con el euskera, lo que rápidamente fue criticado por el resto de portavoces, que afearon al conservador haber hecho “el canelo” al intervenir en un idioma distinto al español. 

Los 33 diputados de Vox se han ausentado durante la mayor parte del debate y han dejado sus auriculares y receptores en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Aun así, su recién estrenada portavoz, Pepa Millán, ha intervenido en la toma de posición de los grupos para cargar contra la aprobación del reglamento y ha reiterado que los diputados de su grupo únicamente utilizarán el castellano.“No vamos a participar de ese sainete, se pueden ahorrar nuestros pinganillos y nuestros traductores”, ha zanjado.

Cuando un niño aprende a hablar, sus padres señalan un objeto y le dicen: MESA. A otro le llaman PEINE…

Desde entonces, toda la gente alrededor habla de MESA y de PEINE.

El niño, en consecuencia, ata el objeto al nombre hasta que el uno y el otro son indistinguibles. Para él aquello siempre será una MESA.

Pero en el niño bilingüe ocurre una cosa muy distinta. Los padres señalan un objeto y dicen TAULA, señalan otro al cual llaman PINTA. Pero viene un pariente y dice:

           — Qué MESA tan bonita.

           — Trae el PEINE que pareces un león.

Y así como el niño número uno tiene la fuerte convicción de que el objeto en cuestión es una MESA, y por lo tanto cree firmemente en la relación entre el objeto y la palabra, el niño número dos los separa y puede relativizar. “Aquello” se puede llamar TAULA o se puede llamar MESA. Y le cuesta muy poco que alguien se refiera a eso como TISCH, TABLE, MASA, o TAVOLO.

Más aún, cuando se enteran de que en vasco se llama MAHAIA, ese tesoro tan próximo a nosotros y a la vez tan lejano es capaz de comprender un poco más su patria.

Por cierto, es una desgracia que hayan suprimido el Griego y el Latín como asignaturas obligatorias.

Si fuese yo la responsable de educación, empezaría por el Indoeuropeo. 

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Mercè Carandell es socia de infoLibre.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno no tiene constancia de la oposición de ningún Estado europeo miembro a la inclusión de catalán, gallego y euskera en el reglamento lingüístico de la UE y por tanto confía en que la "propuesta firme" planteada salga adelante el próximo 19 de septiembre, informa Europa Press.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, después de que el pasado 17 de agosto enviara una carta al Consejo de la UE, que precisamente este semestre preside España, para que se iniciaran los procedimientos para incluir las "lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España" en el régimen lingüístico de la UE.

"La propuesta del Gobierno español es clara y firme", ha subrayado Albares, que tras el envío de la carta había reconocido que formaba parte del acuerdo al que se había llegado con Junts para que los independentistas catalanes apoyaran a la socialista Francina Armengol para ser presidenta del Congreso, cumpliendo así con los "hechos comprobables" reclamados por Carles Puigdemont.

El ministro ha explicado que ya ha venido hablando del asunto con muchos de sus colegas europeos y también aprovechó la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Toledo de este jueves para tratar esta cuestión dado que, a petición de España, se incluirá en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales (CAG) el 19 de septiembre.

"No me consta que haya ningún país, ni públicamente, ni oficiosamente, que se haya opuesto por el momento a esta petición española", ha asegurado, reconociendo que "efectivamente, el reglamento y los tratados son muy claros al respecto y es necesario unanimidad del Consejo".

"Por eso lo llevamos al Consejo de Asuntos Generales y trabajamos para recabar esa unanimidad", ha añadido, confiando en que "el día 19 podamos tomar una decisión al respecto". Según ha explicado, el Gobierno ha consultado con los servicios jurídicos del Consejo que le han trasladado que el CAG, como formación del consejo, es "perfectamente válido" para tomar una decisión sin necesidad de que se lleve a nivel de líderes.

En cuanto al calendario para que catalán, euskera y gallego tengan plenamente el mismo estatus que el español y las otras 23 lenguas oficiales que actualmente hay en la UE, el ministro ha reconocido que "es difícil preveerlo". "No me puedo pronunciar hasta ver cómo se desarrolla el debate el día 19 de septiembre", ha añadido, asegurando que hasta entonces seguirá explicando a sus colegas el "planteamiento muy claro" del Gobierno español.

Albares ha recordado que ya en 2004 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "expresó este deseo, aunque no presentó formalmente, como hemos hecho en este caso, esa solicitud" y hace un año él mismo envió una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para solicitar el uso de las lenguas cooficiales en los plenos.

Actualmente en la UE hay 24 lenguas oficiales. La última en incorporarse fue el croata en 2013, con la entrada de este país en la UE. La única lengua cooficial que ha sido incluida entre las oficiales de la UE hasta la fecha y después de la entrada del país fue el gaélico en 2007 (Irlanda se incorporó en 1973).

No obstante, aunque el gaélico fue reconocido como lengua oficial y de trabajo de la UE en 2007, no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando obtuvo su estatus pleno como tal, después de que el Gobierno irlandés solicitara en 2015 que se iniciara el proceso gradual para ello, ya que inicialmente había una excepción aprobada por el Consejo y no todos los documentos eran traducidos a este idioma.

Por lo que se refiere a la exigencia formulada también por los independentistas de una ley de amnistía y si esta sería entendida en Europa por sus socios, Albares evita pronunciarse, remitiendo a lo ya señalado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien dijo que "el método es el diálogo y el marco es la Constitución".

Otro tanto ocurre con la utilización de las lenguas oficiales en el Parlamento, en la sede de la voluntad popular. Desde 1978, con la aprobación de la Constitución, las lenguas históricas además del castellano son reconocidas como parte de la riqueza cultural y diversa de este país (art. 3). Resulta que en los Parlamentos autonómicos (Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia) los representantes del pueblo utilizan indistintamente el castellano y/o su lengua territorial, desde hace muchos años y sin ningún problema. El propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como Presidente de Galicia, se expresaba en su idioma natal en el Parlamento gallego. Hoy, le parece una estupidez que los diputados electos en sus territorios se expresen en sus idiomas en el Parlamento Nacional!!).

Las lenguas de la España plural y diversa culturalmente, una vez que sus representantes políticos aprobaron, hace ya muchos años, su cooficialidad, se usan de manera natural y normal para cualquier relación con las administraciones, en los colegios, institutos, universidades, actividades culturales y en sus relaciones sociales. Es la riqueza de este país.

Tener que recordar, a estas alturas, a un peligroso comunista y separatista como Adolfo Suárez tiene bemoles: “Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal” (primer discurso televisivo el 9 de junio de 1976). Fue el más veloz en el inicio de la carrera por relevos. Hoy, gracias al hombre de Waterloo (¡!) por fin, el Congreso de los Diputados va a “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal”. Ha tenido que ser un prófugo de la justicia el que, al hilo de su debilidad política, haya tenido que conformarse con tan poca renta para dar sus siete diputados independentistas al PSOE para que la nueva Presidenta del Parlamento sea una socialista y, con ello, despejar, de momento, el camino para la investidura de Sánchez.

En este país, tienen que ocurrir situaciones extraordinarias para conseguir derechos de sentido común que no tienen costes económicos relevantes, salvo la casposa defensa de “España, una, grande y libre”. Por ello, resultó impresentable e incomprensible que el PSOE, en junio del año pasado, votara en contra de la propuesta conjunta que Unidas Podemos y los aliados parlamentarios independentistas y nacionalistas presentaron a la mesa del Congreso para la normalización de las lenguas cooficiales. Quedando así retratado, para mayor escarnio, junto a PP, Vox y Cs. Es lo que tiene participar en una carrera de relevos donde sales a toda hostia el primero, pero luego te entran calambres.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

PP y Vox están llegando estos días acuerdos para gobernar en distintas comunidades. Dos de ellos se produjeron en territorios bilingües como Galicia. El primero fue hace dos semanas en la Comunitat Valenciana, donde la extrema derecha no sólo firmó un pacto programático con los conservadores, sino que ostentará la vicepresidencia y las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura. El segundo, rubricado el pasado miércoles en Baleares, permitirá al PP gobernar en solitario la autonomía pero incluye a la formación ultra en los consejos insulares de Mallorca y Menorca. 

En ambos casos, el PP asumió desproteger al catalán y son muchas las crónicas que advierten sobre esta cesión de los conservadores, que habrían conseguido los votos de los de Abascal a cambio de imponer la libre elección de lengua, en concreto en la educación. Esta medida fue una de las propuestas estrella con las que llegó Alberto Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia: ya la ensayó en el Gobierno gallego y ahora su partido la pacta con la ultraderecha. 

"El gallego debe ser un instrumento de unión, nunca de imposición, y debe garantizarse la libertad para elegir lengua en todos los ámbitos", explicitaba el Contrato con Galicia que Feijóo firmó en febrero de 2009, poco antes de las elecciones que lo colocarían al frente de la Xunta. 

"Los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho a todas las etapas educativas", reza una parte del acuerdo firmado por el PP y Vox en Baleares. "Se garantizará la libre elección de centro educativo y de lengua de enseñanza entre las dos oficiales (castellano y valenciano)", dice el rubricado en la Comunitat Valenciana.

Esta reivindicación, la de la "libre elección de centro y lengua" por parte de los padres, así como la lucha contra una supuesta "imposición" fue la base de la batalla lingüística con la que el PP cargó en la campaña electoral de aquellas elecciones autonómicas de 2009 y el principio que rigió la política lingüística y la polémica aplicación del cuestionado decreto de plurilingüismo, ilegalizado parcialmente posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Fue en el otoño de 2008 cuando Feijóo convocó una rueda de prensa para anunciar que, si llegaba a gobernar, derogaría el decreto para permitir que "los padres elijan la lengua vehicular en educación" o "los alumnos elijan libremente la lengua en las aulas y en los exámenes". Se refería al 124/2007, que establecía un "mínimo" del 50% de las materias escolares en gallego y que el PP llegó a apoyar como un "instrumento esencial en la promoción de la lengua gallega", si bien lo rechazó en el último minuto.

Ya en febrero de 2009, y días antes de la firma de su Contrato con Galicia, se juntaron en Santiago unas dos mil personas convocadas por la asociación Galicia Bilingüe, venidas tanto desde Galicia como de fuera de la comunidad. Detrás de las pancartas, en primera fila, se podía distinguir a la líder de UPyD, Rosa Díez, que por entonces aún intentaba explorar un caladero de votos en las elecciones autonómicas ondeando la bandera de una supuesta "imposición". Un poco más lejos se encontraba gran parte de la plana principal del PP gallego. No estaba Feijóo, pero sí su secretario general y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con él Corina Porro, ahora presidenta del Consello Económico Social, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015, o Ana Pastor, cabeza de lista del PP por Pontevedra al Congreso. Unos y otros se manifestaron contra aquel decreto 124/2007.

Tras meses de especulaciones, protestas en las calles y tras el gasto de 109.800 euros para anunciar y publicitar una encuesta entre las familias del alumnado, el 30 de diciembre de 2009 el Gobierno de Feijóo celebró un Consello da Xunta para presentar las "bases" de lo que llamó el "decreto del plurilingüismo", cuya redacción final permitió relegar el gallego a un máximo de un tercio de las materias, vetarlo en áreas de conocimiento como determinadas ciencias y excluirlo de la práctica totalidad de la educación infantil.

El decreto, parcialmente ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue la pieza principal de un engranaje que también incluyó el cambio de nombre de las Galescolas, convertidas en Galiña Azul, para, según Feijóo, "normalizarlas", "despolitizarlas" y evitar que se ejerza el "adoctrinamiento". 

Además, los conservadores consideraron necesario iniciar su labor legislativa en aquel 2009 deshaciendo una de las pocas reformas aplicadas por el bipartito a favor de la lengua en el ámbito de la Administración: la obligación de que en cada proceso selectivo de la Xunta se realizase, al menos, uno de los exámenes en lengua gallega. Así, la segunda norma aprobada gracias a la mayoría absoluta de Feijóo fue una reforma de la Ley de la Función Pública para, explicó entonces el Gobierno, "primar el absoluto respeto a la hora de que las ciudadanas y ciudadanos elijan con libertad la lengua en la que se quieran expresar, sin que exigencias del poder público puedan menoscabar el ejercicio de ese derecho".

Ahora, es en los pactos PP-Vox en las autonomías bilingües donde la derecha y la extrema derecha aplican argumentos similares para impulsar sus acuerdos. En el de Baleares advierten que modificarán "las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales". "Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice el acceso al servicio público”, dice el texto. 

El Tribunal Constitucional (TC) rechaza por mayoría el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la ley Celáa, avalando de esta manera la norma alrededor de cuestiones como la salida de la religión del currículo escolar, la presencia de la perspectiva de género en los contenidos, el castellano en las escuelas o la retirada de fondos públicos a aquellos centros que segreguen por sexo.

Sobre este último punto, la sentencia recoge que de la Constitución deriva "un modelo educativo pluralista", pero eso no implica que todos estos deban recibir ayudas. Además, el máximo intérprete de la Ley Fundamental tampoco considera que la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada sea "contraria a la igualdad o a algunos de los derechos educativos que consagra el artículo 27".

"La diferencia de trato que establece el apartado primero de la disposición adicional 25 de Ley Orgánica de Educación entre los centros educativos que separen al alumnado por razón de su género, a efectos de poder ser financiados total o parcialmente por fondos públicos, responde a una concepción ideológica del sistema educativo que, no solo no puede ser tachada de arbitraria, sino que, además, está inspirada en valores constitucionales", señala el Tribunal Constitucional.

La sentencia también considera conforme a la Constitución que no se mencione la religión en el currículo educativo, así como la incorporación de la perspectiva de eso que los recurrentes llaman "ideología de género". Sobre esto último, la corte recuerda que la educación "no es mera transmisión de conocimientos", sino que también es "formación humana", y señala que "el respeto a las creencias religiosas o morales" no impide, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier transmisión de valores, sino que ésta se tiene que efectuar "de manera objetiva, crítica y pluralista". En este sentido, remarca el Constitucional, nada en los preceptos de la norma hace pensar que la "educación para la salud, incluida la afectivo-sexual" se pueda proporcionar en un sentido diferente.

En cuanto al derecho a recibir educación en castellano, la sentencia apunta que la nueva regulación es conforme a la Constitución. En este sentido, señala que de la Ley Fundamental no deriva la necesaria fijación por parte del Estado de una proporción del uso del castellano en el sistema educativo, sino que simplemente tiene que velar por que haya "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas" y un derecho efectivo a usarlas, algo que, consideran, no niega la ley recurrida.

El Pleno del Tribunal Constitucional ya decidió el pasado mes de marzo dar su visto bueno de forma íntegra a la que es una de las normas estrella del Gobierno en esta legislatura. Tras varias horas de debate, la corte de garantías decidió que el magistrado del denominado bloque conservador Ricardo Enríquez, encargado de este asunto en la corte, elaborase una nueva ponencia en la que se avalase en su totalidad la norma educativa.

Entonces, la que este magistrado había puesto sobre la mesa incluía dos reproches a la ley. En primer lugar, veía visos de inconstitucionalidad alrededor del artículo 74.2, el relativo a la educación especial, un aspecto que también ha avalado finalmente el Constitucional. Y por otro lado, rechazaba la disposición adicional que cerraba el grifo de dinero público a aquellos centros que segreguen por sexo.

Ahora, Enríquez ha anunciado un voto particular a la nueva sentencia confirmada por el Pleno. Algo que también harán sus compañeros Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa. Todos ellos ven visos de inconstitucionalidad tanto en los aspectos relativos a la educación especial como a la prohibición de ayudas públicas a los centros de enseñanza diferenciada.

Todo extranjero tiene derecho, por lo menos una vez, a contarnos su vida. Eso lo afirmaba Baudelaire, y al leerlo yo le di enseguida la razón, convencido de la curiosidad ante lo que se desconoce y de la importancia de darse a conocer. Con el paso de los años y de la misteriosa complejidad de las rutinas, he valorado cada vez más la necesidad de contarnos la vida, aunque llevemos mucho tiempo juntos. Los corazones y los ojos de siempre cambian con inevitable frecuencia, hasta definir de manera flexible la geografía de la palabra ahora. No se olvide que el óxido y el estancamiento son también formas de cambio. Somos extranjeros de nosotros mismos, por lo que no viene mal preguntarse, aprender a escuchar y a decir, a escucharnos y decirnos. En público o en privado, en una mesa de bar o en el micrófono de un congreso, conviene contarnos la vida si queremos hacernos una idea del yo, el tú y el nosotros.

En mi artículo del domingo pasado en infoLibre, conté las interesantes discusiones que había podido escuchar en una reunión convocada por la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo del Congreso Internacional de la Lengua Española. La independencia de los medios, las nuevas dinámicas de la transformación digital y las confusiones entre información, comunicación y opinión centraban un buen debate sobre la dignidad del periodismo.

A los dos días, también dentro de las sesiones del Congreso, asistí a otra mesa en la Casa de Iberoamérica que abordaba los mismos asuntos, pero en una geografía distinta. Cuando se preguntó por las prioridades éticas de la información, una periodista que trabaja en México confesó que para ella el compromiso ético más importante era seguir con vida. Otro periodista añadió que también era una preocupación ética evitar que perdiera la vida la persona a la que se entrevistaba o a la que se pedía una información. Se trataba de algo más que del miedo, porque mantenerse con vida es un compromiso con la obligación de seguir contando, de no dejar las palabras y los silencios en manos de la barbarie.

El informe de la Federación Internacional de Periodistas recoge que en 2022 han sido asesinados 68 profesionales, algunos de ellos en países que nos son muy cercanos: 11 en México y 4 en Colombia. Conocer las cifras es importante, pero debajo de las cifras hay situaciones personales y sólo podemos comprender la realidad profunda cuando nos contamos la vida, cuando comprendemos lo que significa ser perseguida en un coche, pensar en una hija, preguntarse a sí misma si merece la pena el riesgo o estudiar la redacción de una crónica para que un detalle no se convierta en un camino con nombre y apellidos abierto a la venganza.

En otra de las sesiones del Congreso, se debatía sobre la convivencia de las lenguas hegemónicas y las no hegemónicas. No es lo mismo ser la lengua de una minoría de hablantes en un contexto general que ser una lengua minorizada, despreciada, forzada a desaparecer. Irene Larraza Aizpurua, responsable del Instituto Vasco Etxepare, después de analizar formas culturales, enseñanzas de la lengua y planes de divulgación, afirmó que el sentido prioritario de su trabajo era evitar que el euskera desapareciese. Su principal compromiso ético se definía también en la supervivencia.

Porque no, no es lo mismo hablar sobre las posibilidades y retos de un idioma de 500 millones de hablantes nativos que meditar sobre el futuro de una lengua en la que se comunican algo menos de un millón de personas. Consolidar la supervivencia de una vida o de una lengua es un principio ético fundamental para los que creemos en la importancia de la información, la libertad, la diversidad, el respeto y la convivencia como valores democráticos.

Por eso es tan importante contarse la vida, reconocernos a nosotros mismos al conocer al otro, tomar conciencia del contexto que habitamos, preguntarnos sobre el lugar que cada uno ocupa al conformar la palabra nosotros.