La semana pasada, al hilo de los primeros mil bidones de residuos nucleares en la Fosa Atlántica localizados por la misión científica francesa Nodssum, la Xunta generó un notable alboroto político cuando la conselleira de Medio Ambiente aseguró que se había enterado "por la prensa" de estos vertidos ocurridos hace décadas para, acto seguido, recular. Sin embargo, además de estas declaraciones de Ángeles Vázquez, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, dependiente de su departamento, anunció que había solicitado información sobre el asunto al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mediante una carta.

El CSN, una autoridad administrativa independiente, acaba de responder a esta comunicación. Como en anteriores ocasiones en las que fue cuestionado sobre este tema —también por Praza.gal en 2017 en el marco de la investigación en la que este periódico constató la ausencia de una vigilancia estable sobre los bidones—, el organismo evidencia que solo controla la radiactividad en las aguas costeras y no en el entorno de estos puntos, de cuya supervisión defiende que las autoridades españolas continúen al margen. Porque España, argumenta, no tiró residuos nucleares al Atlántico.

De esta forma, la respuesta del CSN a la Xunta consistió en "información sobre la calidad radiológica ambiental de las aguas costeras", que en el caso gallego se evalúa mediante "tres puntos de muestreo" con recogidas trimestrales. "Los resultados de las medidas y análisis realizados hasta la fecha no han detectado niveles significativos de radiactividad ambiental" en el litoral, señala.

Al hacer pública esta respuesta, Seguridad Nuclear también destaca que en 2021 la Unión Europea revisó, "entre otros asuntos", los sistemas de "vigilancia radiológica ambiental de las costas gallegas" y concluyó que son "adecuados". Lo hizo con un estudio conocido en 2023 en el que, como informó Praza.gal, volvió a evidenciar que nadie vigila regularmente el estado de estos vertidos nucleares que ahora está controlando la misión científica francesa en uno de los puntos donde se produjeron —en total son hasta una docena—.

En este sentido, Seguridad Nuclear enfatiza que estos vertidos se produjeron fuera de las aguas territoriales españolas y, además, subraya que "España no efectuó vertidos en la Fosa Atlántica". "Por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad sobre ellos ni sobre su estado" y "únicamente le corresponde verificar la calidad radiológica del medio ambiente en su territorio, incluidas las aguas costeras".

Mientras el organismo español responsable de la seguridad nuclear vuelve a desligarse del estado de los bidones, el equipo de la misión francesa continúa ofreciendo nuevos detalles sobre su trabajo. Uno de los responsables de la operación, el geólogo marino Javier Escartín, informó este lunes que el submarino robotizado Ulyx, con el que trabajan, ya ha realizado siete inmersiones en las que pudo localizar alrededor de 1.900 bidones y sigue extrayendo también sedimentos del fondo marino y muestras de agua para analizar la posible radiactividad.

Otra miembro de la misión, la geóloga marina canadiense Caroline Gini, explica a través de sus redes sociales que la expedición "está yendo bien". El submarino Ulyx, detalla, permite obtener imágenes de alta resolución de los bidones y la tecnología con la que trabajan les proporciona agua cerca de los bidones con los desechos, así como muestras del fondo marino.

El buque oceanográfico francés L'Atalante acaba de identificar los primeros mil barriles de residuos radiactivos frente a la costa gallega. Tras llegar a una de las zonas identificadas hace una semana y tras diversas pruebas técnicas —fundamentalmente el funcionamiento del robot submarino Uly X , capaz de descender hasta 6.000 metros—, esta misión científica bautizada como Nodssum, extrajo también fauna y sedimentos de la zona donde, entre 1949 y 1982, se vertieron unas 140.000 toneladas de estos residuos en estos contenedores de acero y hormigón. El último vertido, realizado por Países Bajos, tuvo lugar hace casi 43 años. 

La subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, aplaudió este miércoles la misión, de la que destacó su carácter internacional y su objetivo de analizar las consecuencias de "un comportamiento de hace muchos años". Según explicó, el Ejecutivo central estará muy atento a los resultados para "poder prevenir y actuar" sobre cualquier incidencia y "tomar medidas".

También este miércoles, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, se dirigió otra vez a la Comisión Europea para recordarle que "no hizo su trabajo con respecto a la investigación de los residuos radiactivos de la Fosa Atlántica". Así, destacó que es la cuarta pregunta que le envía pidiendo una investigación europea. "No puede ser que Galicia recibiera la basura europea y que hoy la UE no haya tomado ninguna medida", explicó. 

Fue en 2017, en el 35 aniversario de los últimos vertidos nucleares frente a Galicia, en la conocida como Fosa Atlántica, cuando Praza.gal realizó una larga investigación con consultas a una decena de organismos internacionales y españoles en la que no fueron capaces de responder si alguien estaba vigilando con algún tipo de programa estable de supervisión esos bidones de acero y hormigón con 140.000 toneladas de residuos radiactivos vertidos al océano entre 1949 y 1982. PSOE, PP y BNG se hicieron eco de aquella investigación y durante varios años formularon iniciativas en el Parlamento gallego, el Congreso y el Europarlamento que constataron que ni España ni la UE vigilaban ni tenían previsto hacerlo el estado de esos bidones, algunos de los cuales llevan siete décadas bajo el mar.

Tras esas evasivas y negativas, recogidas por medios de comunicación de toda España, acabó siendo Francia la que anunció que realizaría la primera misión para vigilar el estado de los residuos de la Fosa Atlántica, una expedición científica que comenzó el pasado domingo 15 de junio y que acaba de identificar esos primeros mil barriles en esta primera campaña de localización y aproximación, en la que también se tomaron muestras. Una tarea que se completará en una segunda fase que se prevé para 2026 pero que aún no tiene fecha. 

El proyecto NODSSUM (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring), liderado por Javier Escartín y Patrick Chardon e impulsado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) francés —el equivalente al CSIC de España—, prevé realizar su primera campaña hasta el 11 de julio. En ella, el submarino robotizado autónomo UlyX, de la flota oceanográfica francesa, localiza los bidones y les toma fotografías. También toma muestras de animales y sedimentos para comprobar la radiactividad de los mismos.

En función de los resultados de la primera campaña, en una segunda aún sin fecha se empleará también un submarino para tomar muestras mucho más cerca de los bidones. Los objetivos son localizar con precisión los bidones y evaluar su condición física, medir la presencia de radiactividad en el agua, sedimentos y organismos vivos, estudiar su interacción y caracterizar los procesos de transporte de radiactividad en las profundidades del océano. 

La misión que ahora realizará Francia se centra en solo uno de la docena de puntos de vertido a lo largo de toda la costa atlántica europea identificados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según el inventario oficial de este organismo [aquí el PDF], con el que está elaborado el mapa interactivo que acompaña a esta información, en el lugar que investigará Francia, a unos 500 kilómetros al noroeste de Fisterra, cuatro países diferentes depositaron residuos nucleares entre 1977 y 1982: Bélgica (17.605,5 toneladas), Reino Unido (14.141 toneladas), Países Bajos (13.696 toneladas) y Suiza (3.151 toneladas). Además de este punto de vertido, hay otros varios más próximos a las costas gallegas donde estos u otros países lanzaron cantidades similares de residuos radiactivos.

Por otra parte, los residuos que ahora se analizarán son de los más recientes en el tiempo, justo anteriores a la prohibición de este tipo de prácticas, mientras que en otros emplazamientos los primeros bidones se vertieron hace más de 70 años, por lo que su deterioro puede ser mayor. 

La investigación realizada por Praza.gal en 2017 sobre la falta de supervisión de los bidones provocó la reacción de varios partidos políticos y de Greenpeace, cuyas campañas junto a marineros gallegos a bordo del buque Xurelo lograron poner fin a los vertidos en 1982. En el Parlamento Europeo, la Comisión respondió, como ya hiciera a preguntas de este periódico, que los vertidos están en aguas internacionales y que los Estados miembros solo tienen la obligación de analizar la radiactividad en sus costas, procedimientos que la UE supervisa periódicamente .

La Comisión incluso respondió, a una pregunta del entonces eurodiputado socialista José Blanco, que el Gobierno de Mariano Rajoy no veía necesario controlar los residuos a pesar de que varios ministerios discreparan entre ellos sobre las competencias en la materia.

Ante estas respuestas, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, siguió formulando preguntas sucesivas —la última esta misma semana— para conocer el resultado de la siguiente supervisión europea sobre cómo España, a través del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), detecta la radiactividad en sus costas, control que se hizo en octubre de 2021 y cuyos resultados se comunicaron en marzo de 2023. En aquel momento, la Comisión Europea aseguró que los controles españoles de radiactividad en el litoral gallego y cantábrico eran adecuados, pero insistió en que "la verificación de todo tipo de control de los vertederos en la fosa atlántica queda fuera del ámbito de aplicación" de las normas europeas. 

"La Comisión reconoció que no dispone de información actualizada del estado de los bidones y que los últimos informes con los que cuenta, referidos a las aguas del Atlántico Norte, datan de 1990 y 2003", recordó este miércoles Ana Miranda. 

A falta de otras iniciativas por parte de la decena de organismos internacionales y estatales consultados por Praza.gal, ahora es Francia la que estudia el estado de estos residuos.

El Gobierno decidió este miércoles paralizar la construcción del almacén para residuos nucleares que proyectó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) y al que, posteriormente, el de Mariano Rajoy dio el visto bueno. Según publicó El País, la suspensión se gestó la semana pasada, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica envió un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para frenar las operaciones. ¿El motivo? El departamento dirigido por Teresa Ribera todavía está diseñando su estrategia energética para la próxima década.

La decisión no es definitiva ni la paralización irrevocable, pero supone un paso al frente en el laberinto en el que, desde hace años, se encontraba la instalación. Comenzó en diciembre de 2004, cuando el Gobierno socialista decidió construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que no es más que una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de media y alta radioactividad que deja el proceso de fisión de las centrales. Tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

Hasta el momento, este tipo de basura nuclear se almacenaba en otro tipo de cementerios: los ATI (Almacén Temporal Individualizado). ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los ATI sólo pueden servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan. Un ATC, en cambio, puede albergar los residuos de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Pero también hay otra fórmula: enviar estos restos a instalaciones de Inglaterra o Francia. Sin embargo, la expiración del contrato con este último país obligó a España a pagar una multa diaria de más de 67.000 euros. Había que encontrar, por tanto, una solución.

El Ejecutivo de Zapatero se puso entonces manos a la obra y pidió a los municipios que se presentaran como voluntarios para albergar el ATC. De 14 candidatos que se postularon, tan sólo podían instalarlo ocho. Finalmente, en 2011, ya con Rajoy en la Moncloa, Villar de Cañas se convirtió en la afortunada. Ya desde ese momento, la decisión fue polémica. "Fue meramente política", denuncia Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo. Según recuerda, el municipio situado en Cuenca era el cuarto en la lista de los emplazamientos que podían construir el ATC. "Tenían que ver con el afán de María Dolores de Cospedal", la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, empeñada en que Villar de Cañas fuera el destino final de los residuos nucleares. El proyecto, por tanto, ya nació "cojo". 

Y continuó así. Hasta este miércoles, el centro seguía sin conseguir el permiso de construcción, el de explotación, y la autorización de impacto ambiental positiva. El CSN se encontraba de hecho inmerso en el proceso dedicado a conseguir el primero de ellos, el que permitiría obtener los demás. Esos son los trabajos que el Ejecutivo de Sánchez decidió paralizar. Pero además de los permisos, había otro problema: dos estudios técnicos diferentes habían desaconsejado construir el ATC en Villar de Cañas, recuerda Francisco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción. Por tanto, lo único que se había avanzado es en la construcción del centro tecnológico asociado. 

No obstante, a pesar de que la construcción del cementerio nuclear como tal no hubiera comenzado, ya se habían destinado grandes cantidades de dinero al proyecto. Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que los conservadores aprobaron poco antes de ser desalojados de la Moncloa tras la moción de censura presentada por los socialistas contenían una partida de más de 144 millones de euros dedicados al ATC de Villar de Cañas. "No sabemos exactamente en qué se iban a emplear", afirma Castejón. Esta inversión ha sido, más o menos, constante, según López de Uralde. 

A pesar de la paralización, el dinero que ya se ha destinado ya no se podrá recuperar, y si la decisión del Gobierno es firme, todo lo desembolsado habrá caído en saco roto. En los ATC, según desgrana Castejón, hay dos tipos de gastos: los locales, que tienen que ver con el propio emplazamiento; y los generales, derivados de los trabajos propios de la construcción de un cementerio nuclear de este tipo. Estos últimos son, por ejemplo, el diseño de la instalación o de los contenedores destinados a albergar la basura nuclear. "Yo creo que la partida de este año iba a estar dedicada a estos últimos", sostiene.

Ya es innecesario

En su momento, el ATC se proyectó como una necesidad que, según las fuentes consultadas, ya ni siquiera existe. Han pasado siete años de bloqueo casi absoluto, pero los residuos nucleares han seguido produciéndose, por lo que en todo este tiempo se han tenido que vislumbrar otras soluciones que pudieran albergarlos. Han sido los ATI. En este momento, todas las centrales nucleares o bien tienen uno construido o el proyecto ya está iniciado, por lo que, en principio, ya no sería necesario continuar con la construcción del ATC. "Trillo ya tiene uno, igual que Ascó y Almaraz, y Cofrentes ya ha empezado los trabajos", afirma Castejón. 

Ahora se genera, por tanto, una sensación de incertidumbre que, además, se multiplica con las primeras reacciones tras la decisión del Gobierno. Por un lado, la del alcalde de la localidad, el conservador José María Sáiz, que asegura que el ATC "será una realidad" porque el municipio "no renunciará a su construcción". Además, preguntó a los dirigentes socialistas quién va a asumir y reparar "todo el daño que está causando en la comarca toda esta continua incertidumbre", basada, a su juicio, "en intentar boicotear porque sí el ATC, su Parque Empresarial y Centro Tecnológico, una infraestructura segura, generadora de empleo y desarrollo que tienen ya, con todas las garantías, un gran número de países europeos". Del otro lado, la Plataforma contra el cementerio nuclear, que catalogó este miércoles de "insuficiente" el paso del Ejecutivo. Están satisfechos, pero ahora toca, a su entender, seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto que no quieren y "que no va a ningún lado". 

Esa incertidumbre, además, también se ve alentada por el futuro incierto de las centrales nucleares. Su vida útil es de 40 años, y con la orden del pasado verano de desmantelar la de Garoña, quedan ahora cinco centrales activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación en el momento recomendado, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. Sin embargo, la industria nuclear pretende alargar sus años de vida. Y como todavía no hay ninguna decisión tomada, no se puede ni siquiera hacer una estimación de cuántos residuos se van a generar de aquí en adelante. En el momento actual, los ATI pueden soportar toda la basura nuclear, pero si no se cierran las centrales, no será posible, según afirma López de Uralde. 

En cualquier caso, la construcción del ATC no implica una solución a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería? Según José Luis García, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, habría que empezar por la elaboración del Plan General de Residuos Urbanos. Según recuerda, el último que se hizo caducó hace seis años, en 2012, y todavía no se ha elaborado su sustituto. "Tanto si las centrales se renuevan como si no lo hacen, que es lo que debería pasar, hay que calcular la cantidad de residuos que se van a generar. Y ese cálculo va en ese plan", afirma. 

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), institución pública que vela por la seguridad radiológica y de las instalaciones que usan este tipo de energía, es bien claro en sus principios. Reza que es "el único organismo competente en España" en esta materia y que su misión es "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes". No hace falta profundizar en la explicación para entender lo importante de su función. Y no solo porque el CSN nos proteja de un fatal accidente en una central nuclear, sino porque la radiación está presente, de manera no tan visible, en una explotación de uranio, en un cementerio de residuos o incluso en su casa, en forma del peligroso gas radón.

En estos últimos años se ha hecho más evidente la necesidad de una transición energética ambiciosa, justa y planificada, que descarbonice el sector y apuntale el crecimiento sostenible. En ese escenario, las nucleares tienen mucho que decir: sucias, por los residuos que generan, más caras de lo que parecen, pero prácticamente nulas en emisiones de gases de efecto invernadero y garantes de la seguridad del suministro. Los ecologistas, como es bien sabido, son firmes detractores, al contrario del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Energía. Y en este debate, el CSN tiene mucho que decir, al ser el encargado de dar su visto bueno a las nuevas instalaciones y de dilucidar el impacto ambiental y sanitario de las infraestructuras nucleares. Pero las sospechas sobre su papel y las quejas de politización y opacidad son cada vez más frecuentes.

La  Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) está formada por funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que nace en 2015 para cubrir un hueco en la reivindicación de los trabajadores del organismo. Hasta entonces, la representación sindical estaba copada por los sindicatos tradicionales, CCOO, UGT y CSI-F, que se centraban sobre todo en cuestiones laborales (horarios, condiciones), alejadas de los temas de fondo del regulador nuclear. Lo explica su presidenta, Nieves Sánchez, técnica del CSN. Y desde que se fundaron, no han dejado de dar guerra, a pesar de que no son mayoritarios.

La última batalla es la concerniente a un proyecto de Real Decreto que aprueba un reglamento con un nombre muy largo: sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Como la mayoría de los que se aprueban de este tema, se trata de la transposición de una directiva europea al respecto. Y, una vez esté en vigor, regulará todas las situaciones y todas las categorías de exposición a elementos radioactivos peligrosos de trabajadores o de ciudadanos. El periodo de consulta pública se cerró a finales de abril y el Astecsn dirigió sus propuestas al Ministerio de Energía directamente. Para ellos, explica Sánchez, lo ideal hubiera sido mantener un debate abierto y participativo en el seno del CSN y que la propuesta del regulador representara a los técnicos. "Pero el consejo no nos da opción a eso. Ese es el problema", afirma Sánchez.

El conflicto, que parece puntual, es sistemático. Hay una división entre los miembros del pleno del CSN y al menos una parte de los técnicos, que son los que dominan el lenguaje, las fórmulas, los procedimientos y, en definitiva, la materia. No se les tiene en cuenta en las decisiones y lo que formula la institución no tiene respaldo entre muchos de los de abajo, según el testimonio del Astecsn. Según la normativa, el Gobierno propone a los consejeros y el Congreso, a través de la comisión del ramo correspondiente, se puede negar a un nombramiento con una mayoría de tres quintos, pero los opositores tienen que proponer un candidato alternativo que suscite esos mismos tres quintos de apoyos. Actualmente, tres de los cinco miembros del pleno han sido propuestos y tienen el apoyo del PP. "El regulador español no tiene gente adecuada, sino incompetente. Y la estructura no les deja hacer todo lo que ellos querrían. No les llega toda la información o no les da tiempo. No conocen el lenguaje técnico…", asegura Sánchez, cuyo juicio a los consejeros del órgano es muy duro.

Plenos públicos

A juicio del Astecsn, y de otras muchas voces, hay dos problemas: la transparencia y la independencia. Y son dos cuestiones ligadas. "Los plenos del CSN no son públicos y deberían serlo", asegura Sánchez. Así se eliminan, a su juicio, las posibles sospechas sobre los intereses de los consejeros, que deberían ser siempre a favor de la protección máxima del ciudadano y no a favor de las compañías, con el negocio nuclear en sus manos, ni a favor necesariamente del Gobierno. Haciendo esos plenos públicos, a juicio de la técnica, se genera un debate público muy favorecedor para el regulador y mucho más democrático. Y, con una estructura más horizontal, las voces de los trabajadores del CSN que elaboran los informes serían escuchadas desde el principio, en vez de tener que acudir al Ministerio de turno para que sus posturas se vean reflejadas en la ley.

Es una vieja reivindicación. En julio, la Comisión de Energía del Congreso sacó adelante una proposición no de ley que instaba a reforzar "la transparencia en su toma de decisiones y la independencia en la elección de sus cinco consejeros", con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE y la abstención del resto de grupos. La propuesta incluía que los plenos se retransmitan en abierto y en directo, y que posteriormente se publiquen los diarios de sesiones y no solo el orden del día, como hasta ahora. Además, el texto insta a reformar la elección de los miembros del pleno, con la participación de una comisión técnica "independiente", y defiende que el CSN publique un informe al final de cada mandato que recoja las incidencias y las quejas sobre su labor. No parece que la proposición no de ley haya calado demasiado, a juzgar por las propias actuaciones del regulador, que a finales de abril publicó su plan de comunicación con cuatro años de retraso desde la primera petición del Congreso, apoyada en las recomendaciones de la Comisión Europea.

Jura del cargo de consejeros del CSN.

Entre las múltiples propuestas del Astecsn al reglamento, se reivindicaba un mayor protagonismo del CSN en algunos aspectos. Por ejemplo, la ofensiva contra el gas radón –un elemento radioactivo que se cuela desde el subsuelo y puede aparecer tanto en estaciones de metro como en hogares, y que es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón– va a estar comandada, según propone el Ejecutivo, por el Ministerio de Sanidad, algo que no convence a los funcionarios de la organización: "Lo lógico es que el CSN ejerza esta potestad en exclusiva como único organismo competente en materia de protección radiológica", tal y como viene en sus principios, argumentan.

El departamento de prensa del CSN no ha querido contestar a infoLibre ni acerca de estas alegaciones de la asociación, ni acerca de las acusaciones de falta de transparencia.

No es el único proyecto de Real Decreto sobre el que ha alzado la voz Astecsn. También mandó sus alegaciones el pasado año sobre el reglamento de seguridad en instalaciones nucleares. Sánchez carga las tintas contra un punto clave, a su parecer: el proceso de selección de esas instalaciones. Es decir, decidir dónde va a ir una central nuclear, una mina de uranio o un cementerio de residuos nucleares. "Entendemos que el proceso de selección debería estar tratado en la normativa", explica. Que se analice concienzudamente cuál es el lugar ideal para una infraestructura de este tipo y que se sigan criterios especificados, y no al revés: decidir un lugar y posteriormente, a través de una evaluación de impacto ambiental, comprobar si es el sitio idóneo, lo que se hace ahora y lo que causa muchas más tensiones y costes, explica la presidenta de Astecsn. Es lo que ha pasado con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas, emplazamiento escogido por el Consejo de Ministros, envuelto en polémica desde el principio y ejemplo, a juicio de estos técnicos, de las insuficiencias del CSN.

El ejemplo de Villar de Cañas y el tesón del Gobierno

Este cementerio nuclear, diseñado, como todos los ATC, para recoger los residuos de todas las centrales de España, sufrió un varapalo en enero de este año por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el Gobierno podría declararlo de "interés general" para saltarse el veto de la justicia y, de hecho, le ha dedicado una buena suma en los Presupuestos Generales del Estado. El ATC ha estado puesto en duda por, precisamente, encontrarse donde se encuentra. "Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar", explica el coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear y miembro del Comité Asesor del CSN, Francisco Castejón.

El razonamiento parece lógico: estudiar el terreno antes de proyectar nada. Poner ahí el cementerio fue "una decisión política, en vez de una técnica", resume Sánchez. El ATC de Villar de Cañas necesita el tercer de los aprobados del CSN, el relativo ya a la construcción de la infraestructura, un visto bueno necesario para que el Ministerio de Energía otorgue también su beneplácito. Sus trabajadores ya han denunciado que se les está presionando para dar el ok cuanto antes. El caso, por las incertidumbres que genera, ilustra todas las dudas que se ciernen sobre el CSN, el organismo que representa la línea entre la seguridad y la inseguridad radiológica. Y más cuando el Gobierno apuesta contra viento, marea y fotovoltaica por las nucleares. No solo contra el criterio del movimiento ecologista o de los tribunales regionales: también contra el criterio de las propias eléctricas propietarias de las centrales.

Dos iniciativas legislativas del Ejecutivo apuntan en ese sentido. Una, el decreto con el que el Gobierno pretende poner trabas al hipotético cierre de centrales de generación de energía eléctrica, poniendo impedimentos a la determinación de empresas como Endesa. Finalmente, será tramitado como ley. Y otra, aún sin concretar: la intención anunciada de la cartera de Álvaro Nadal de hacer que las propias compañías paguen la gestión de los residuos nucleares que acompaña a un eventual desmantelamiento, lo que encarecería la factura para ellas.

El papel que está jugando el Gobierno está claro. Falta una absoluta certeza sobre la independencia del CSN con respecto a ese tesón gubernamental, puesta en duda por técnicos, por ecologistas y por partidos. En un momento tan crítico para la transición energética, en el que, en el fondo, se decide en qué clase de país y de planeta queremos vivir, las dudas sobre el papel del regulador no ayudan a la confianza que, se supone, hay que depositar en las instituciones.

Dejar a las centrales térmicas (carbón) y nucleares fuera del mix de generación energético en 2025 tendría un impacto de entre 1.181 y 2.707 millones de euros al año en el sistema eléctrico español. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio encargado por la ONG Greenpeace al Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad Pontificia de Comillas, con el objetivo de analizar la viabilidad técnica de no contar con ambas fuentes de energía y avanzar hacia un modelo 100% renovable en el citado horizonte temporal. 

Los autores subrayan que el estudio se ha realizado con vistas a garantizar el funcionamiento seguro del sistema, por lo que para la proyección de la generación de la energía se ha utilizado como referencia el peor año de la serie histórica de producción hidráulica y eólica, de forma que el funcionamiento del sistema esté asegurado incluso en un año de sequía extrema y poco viento. 

A partir de ahí, se han utilizado tres posibles escenarios del crecimiento de la demanda eléctrica para 2025: bajo (+0,2% anual), medio (+1% anual) y alto (+2% anual); se han extraído las previsiones de generación eléctrica considerando la extensión o no de la vida útil de las centrales nucleares así como la posibilidad o no de que las de carbón se adapten a la normativa medioambiental; y se han diseñado tres escenarios de inversión en renovables, uno en el que las energías limpias cubran el 47% de la demanda (nivel bajo), otro en el satisfagan el 54% (nivel medio) y un tercero en el que cubran el 65% (nivel alto). 

Esta combinación de variables ha generado 27 escenarios con diferentes consecuencias en emisiones y en impacto económico. Por ejemplo, la retirada del carbón supondría un ahorro en emisiones de dióxido de carbono y un sobrecoste para el sistema que disminuiría en los escenarios de baja demanda y alta penetración de renovables. Y aunque el cierre programado de las centrales nucleares también generaría un aumento de emisiones, este sería inferior al 10% del compromiso de emisiones de España para 2030. 

Así, en la hipótesis más favorable para conseguir un modelo 100% renovable, la diferencia del coste entre un escenario en 2025 sin carbón y sin nuclear con un crecimiento de la demanda eléctrica baja y un nivel alto de renovables respecto a un escenario que mantuviera las energías más contaminantes sería de 1.181 millones de euros anuales (10.095 millones de euros frente a 8.914, un 13% más). Esa cantidad aumentaría hasta los 2.707 millones de euros al año si hacemos esta misma comparación pero en un escenario de demanda creciente y con una expansión de las renovables limitada (12.616 millones de euros frente a 9.909, un 27% más). 

Con este documento, los ecologistas concluyen que es "viable técnicamente" sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, tanto desde el punto de vista de cobertura de demanda, como del de la estabilidad de frecuencia, que mide la respuesta del sistema de potencia ante perturbaciones severas. Y apelan a la voluntad política para llevar a cabo ese cambio.

"Con este estudio, Greenpeace demuestra que se termina el falso dilema entre carbón o nuclear: ambos pueden desaparecer simultáneamente y la futura ley de cambio climático tiene que establecer el fin de ambos en 2025. No es un problema técnico, ni tampoco económico, es solo una decisión política", aseguró en rueda de prensa la responsable de la campaña de Energía de la ONG, Raquel Montón.

Beneficio social 

Además, los ecologistas sostienen que el coste en el sistema del cierre gradual de las centrales nucleares y la sustitución de esa fuente de energía por otras que incluyan renovables queda compensado social y económicamente porque esta transición podría suponer la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 procederían del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos, un aumento del PIB próximo a los 20.000 millones de euros y un incremento de la recaudación de unos 2.800 millones de euros entre ingresos por el IAE, el IBI, el impuesto neto sobre los productos y cotizaciones sociales.

Greenpeace recuerda, asimismo, que las cifras presentadas no incluyen los costes sociales que generan el carbón y la nuclear en forma de contaminantes (SO2, NOx y partículas), así como los impactos ambientales asociados a los residuos radiactivos. Según datos del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), el impacto de las emisiones procedentes de la quema de carbón se cifra en más de 700 muertes al año y sus costes asociados entre 880 y 1.667 millones de euros anuales. 

El informe de Greenpeace llega en un momento clave del debate de la transición energética. Precisamente este lunes el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que el PP presentará en los próximos días una proposición de ley para evitar la pretensión de las grandes eléctricas de cerrar determinadas plantas de carbón y de nucleares. En la actualidad, según la Ley Eléctrica, el ministerio tiene potestad para autorizar o denegar un cierre por razones de seguridad de suministro.

Además, está previsto que la Comisión de Expertos sobre la Transición Energética, encargada de elaborar un informe sobre los distintos escenarios de transformación energética y las alternativas que ofrecen las distintas fuentes de energía, presente su informe de conclusiones el próximo 19 de marzo. 

El pasado martes, el proyecto de almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), propuesto por el Gobierno de Zapatero y con el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy, sufría un varapalo judicial que podría ser definitivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de la Comunidad de anular el Plan de Ordenación Municipal (POM) que posibilitaba construir el cementerio nuclear. Sin embargo, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, reiteró "el compromiso del Gobierno con el proyecto de Villar de Cañas".

Con tan contundente sentencia judicial en contra, Ecologistas en Acción teme que el Ejecutivo se aferre al concepto de interés general para sacar adelante una infraestructura que considera necesaria para mantener el peso de la energía nuclear en el mix.interés generalmix Ya hay antecedentes de esa maniobra por parte del Gobierno: en concreto, con otro almacén nuclear, el situado en la central de Trillo (Guadalajara). Y, en cuanto a infraestructuras en general se refiere, hace unas semanas el Defensor del Pueblo denunciaba el supuesto abuso de esta figura legislativa para saltarse trámites de protección medioambiental.

Lo que el Gobierno de Rajoy quiere inaugurar en Villar de Cañas es un Almacén Temporal Centralizado (ATC), una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de alta radioactividad que deja el proceso de fisión en las centrales. El otro tipo de cementerio nuclear más común es el Almacén Temporal Individualizado (ATI). Se diferencian en que el ATI solo puede servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan, y un ATC puede albergar la basura de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Los ATC tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

El Ejecutivo socialista de Zapatero detectó en 2009 la necesidad de construir un ATC en España. Los residuos de alta actividad, en la actualidad, se reparten entre los ATI de Trillo, Zorita y Ascó. Otros se envían a instalaciones de Reino Unido y Francia, lo que dada la expiración del contrato ocasiona a España una multa de más de 67.000 euros diarios. En 2011, y tras presentarse varios municipios, se eligió a Villar de Cañas como la afortunada.

Los impedimentos comenzaron cuando el Gobierno socialista de Emiliano García-Page se alzó con el poder en Castilla-la Mancha. Page está en contra del ATC en el municipio conquense y en 2015 decidió ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito para incluir el emplazamiento aprobado para la construcción del cementerio. También decidió suspender el POM. Ambas acciones fueron llevadas al TSJ. La primera fue aprobada por el TSJ y rechazada por el Supremo, que consideró en enero de 2017 que el "interés general" del ATC estaba por encima del "interés general" de la protección de las aves. La segunda acción de la Junta ha sido ahora refrendada por el TSJ y no llegará al Supremo, puesto que el Ayuntamiento asume que no tiene nada que hacer: el POM preveía un aporte de agua de la Cuenca del Guadiana que la Confederación Hidrográfica aún no ha aprobado.

El antecedente

Así las cosas, el recorrido judicial del proyecto de ATC en Cuenca parece que ha acabado, pero el recorrido político está lejos de llegar a su fin, al menos según las palabras de Catalá. Francisco Castejón, coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, cree que el Ejecutivo puede aludir al interés general para sacar adelante el almacén de residuos contra viento y marea. "No nos han dicho nada, pero hay un precedente, el cementerio nuclear de Trillo. Las normas lo prohibían específicamente, pero no importó", asegura.

El 31 de julio de 1999, el Consejo de Ministros publicaba un acuerdo, a petición del Ministerio de Fomento de la época, para autorizar un ATI en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. El texto del acuerdo, según lo recoge el Tribunal Supremo, aludía al interés general de que la central pudiera albergar en sus instalaciones la basura que generaba. El Gobierno se apoyó en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo por entonces en vigor, que daba potestad al Consejo de Ministros "cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan" para saltarse la disconformidad de un Ayuntamiento en materia urbanística. El Supremo, en 2001, dio la razón al Ejecutivo, al asegurar en su sentencia que el proyecto era urgente para mantener la actividad de la central y respondía a un interés público claro.

Así, el Supremo hasta en dos ocasiones ha acreditado el interés público de un cementerio nuclear. Los argumentos a favor del almacén de Cuenca como una instalación necesaria son numerosos: es más barato, nos evitamos pagar la multa por dejar nuestra basura en Francia y, según asegura un artículo firmado por la empresa de componentes nucleares Ensa, desmantelar una central es más barato y fácil cuando sus instalaciones no albergan basura. Castejón argumenta, en cambio, que lo que es de interés general es elaborar un plan de desmantelamiento de las nucleares y construir más ATIs si es necesario. "Garoña se paralizó y ya están construyendo un almacén para sus residuos. Si tuvieran que esperar al ATC, solo podríamos empezar a cerrarla a partir de 2030", argumenta. Con un ATI propio, en dos años se echa el cierre, defiende.

El Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) no ha contestado a la pregunta de infoLibre sobre si planea aludir al interés general para que el basurero nuclear de Villar de Cañas siga adelante. Su gabinete de prensa asegura que "el Gobierno va a utilizar todos los medios necesarios para tramitar el ATC, respetando siempre la legalidad". Señala que hay un camino más lento pero también viable, ya que la sentencia del TSJCM retrasa, pero no anula, el proyecto: "Queda la opción de revisarlo y adaptarlo a las exigencias de los tribunales". Sin embargo, el Ejecutivo no se ha cortado en otras ocasiones a la hora de amenazar con su potestad de aludir al interés público para acortar los plazos: "Si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales", aseguró Catalá en julio de 2015.

El Minetad aprovecha la pregunta para constatar a este medio su apoyo al ATC: "Facilita una solución eficiente y racional en el almacenamiento de los residuos radiactivos. Además, permite más capacidades técnicas que muchos almacenes individualizados sin olvidar la oportunidad de creación de empleo y desarrollo económico de la zona", afirma el gabinete.

Los peligros del cementerio nuclear

"Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar". Y, además, está cerca de Yebra, donde se produjo un terremoto en 2007. Es el resumen de Castejón cuando se le pregunta sobre los peligros que entraña para la población del municipio la construcción de esta infraestructura. Las dudas sobre el terreno son compartidas por los geólogos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –aunque este organismo aún no se ha pronunciado de manera definitiva– y por el Colegio de Geólogos.

Las voces en contra no han parado al Gobierno de Rajoy a la hora de adjudicar contratos en relación al proyecto con valor de 100 millones de euros. Falta, además, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente. "Si aluden al interés público, lo tenemos claro: recurriremos a Europa", defiende el activista. "Si el tema va a la Unión Europea, el Gobierno tiene que demostrar que no hay alternativa. Y sí hay alternativa".

Ecologistas en Acción exigió este martes al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, lo hace "inviable", según informó Europa Press.

La ONG destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es "inviable".

Por ello, considera que Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para el almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre "aceptable" para las centrales nucleares y abra un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio en 2014 para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas.

En cuanto a las cuestiones ambientales, la OGN recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia "frena" la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con "el empeño del Gobierno" de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear.

El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto "el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares a pesar de las denuncias" de la ONG, ya que la Empresa de Residuos ENRESA licitaron y pagaron contratos e instalaciones.

"El proyecto del ATC en Villar de Cañas debe cancelarse definitivamente", reclamó Castejón, que también pidió al Gobierno que interrumpa la búsqueda de un emplazamiento definitivo para el "cementerio nuclear".

El portavoz de Energía de Ecologistas en Acción y coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, considera que el alcalde de Yebra (Guadalajara) "demuestra una gran insensatez" al haber afirmado que volvería a pedir la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como "cementerio nuclear", tras el terremoto que ha sacudido la localidad.

El alcalde, Pedro Sánchez Yebra, ha asegurado este miércoles que el seísmo ha sido "muy leve", y le ha quitado hierro al asunto. El regidor ha reiterado que Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente", tras recordar que en 2007 hubo otro terremoto similar en la zona y también sin consecuencias. En este sentido, ha aludido a que el ATC es una instalación pasiva preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior al registrado.

Castejón, que también es doctor en física nuclear, ha rechazado esta valoración, y ha celebrado que Yebra no se escogiera como ubicación para el ATC, aunque ha recordado que el destino final del almacén de residuos "está en la misma zona gelógica" —Villar de Cañas (Cuenca), se encuentra a unos 70 kilómetros de la localidad guadalajareña—.

"El alcalde hablaba de un incremento de riqueza y de un aumento de población que no es cierto: el ATC tiene 25 técnicos como personal, y su ubicación perjudica a la economía de la comarca", critica. Además, ha rechazado que el terremoto vaya a implicar un cambio de ubicación del cementerio nuclear: "El terremoto de 2007 no hizo que Yebra se descartara como candidata para albergar el ATC". 

No obstante, considera que la sismología de la zona es un riesgo, ya que "la sismicidad es muy desconocida, no sabemos si la sismología de la zona puede incluir un terremoto de gran magnitud", así que, según él, "lo más lógico es evitar ese riesgo".

"Que se eche para atrás"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles que "de una vez por todas se paralice y se eche para atrás" el proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) tras incidir en que el terremoto registrado en Yebra es un "incidente" que explica "un poco más porque nos oponemos", unas declaraciones que ha realizado en Cabanillas del Campo (Guadalajara), recogidas por Europa Press. 

Según García-Page, este proyecto va a costar a los españoles "miles de millones" en un momento en el que, además, ese dinero se necesita para áreas como la sanidad o el empleo y, porque, también cree que hay alternativas "evidentes" dentro de residuos de alto riesgo como son los nucleares.

"Afortunadamente no vamos a tener que lamentar nada, pero podía haber sido peor", ha dicho el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, tras incidir en que el tiempo terminará dando la razón a los perjuicios de este tipo de proyectos".

También ha querido recordar que Yebra fue el primer Ayuntamiento de España que "levantó la mano, contra mi criterio, para albergar un basurero nuclear que además de dar mínimo empleo es un foco de riesgo personal y para la salud", ha apostillado.

Según el presiente castellano-manchego, cuando Yebra planteó la alternativa, el Gobierno autonómico hizo alegaciones "muy contundentes" diciendo que podía haber riesgo sísmico y "algunos se reían de nosotros".

Pero bajo su punto de vista, lo que es "aún más grave" es que donde el Gobierno central quiere instalar el ATC, en Villar de Cañas (Cuenca), "hay más riesgo aún que en Yebra". "Son municipios que en línea recta están a unos setenta kilómetros de distancia", ha alertado, "sin dramatizar, ni sacar las cosas de quicio" sobre los informes que está haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según García-Page, ya los habría hecho sobre Yebra y ahora los hace sobre Villar de Cañas "alertando sobre el riesgo que corremos todos en una instalación de ese tipo", ha puntualizado preocupado pero aliviado por el hecho de que lo de hoy se haya quedado en un incidente.

Un terremoto de magnitud 3,7 se ha registrado esta madrugada con epicentro en la localidad de Yebra (Guadalajara), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

El seísmo se ha producido a 11 kilómetros de profundidad a las 05.28 horas de este miércoles. El temblor ha podido ser sentido por los vecinos de la localidad y de otras poblaciones cercanas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Albares o Mazuecos, según ha informado una vecina de Yebra a la Cadena Ser.

Yebra fue una de las localidades que quiso albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como "cementerio nuclear", que finalmente fue adjudicado a Villar de Cañas (Cuenca), a unos 70 kilómetros en línea recta de la localidad guadalajareña.

El alcalde de Yebra (Guadalajara), Pedro Sánchez Yebra, ha asegurado que ha sido un "ligero temblor" sin daños materiales, que apenas ha durado cinco o seis segundos, a lo que ha añadido que, si pudiera, volvería a pedir hoy el ATC para el municipio.

Yebra ha insistido en declaraciones a Europa Press en que el seísmo de este miércoles ha sido "muy leve". "Por las noches las cosas se magnifican más pero me he dado una vuelta y está todo muy tranquilo, normal", ha incidido, tras señalar que se ha recorrido el pueblo, ha hablado con la gente y ha hecho algunas llamadas.

Él estaba en casa y aunque lo ha sentido, ha manifestado que "no ha sido nada", tras recordar que ya en el 2007 tuvo lugar en el municipio otro seísmo similar y también sin consecuencias. Respecto al ATC ha afirmado que el problema de la despoblación es "tan importante" en esta zona de la Alcarria que "ahora, con más motivo, lo volvería a pedir" aún sabiendo la polémica que puede crear lo que diga.

"Yo podría esconderme, pero sin lugar a dudas volvería pedirlo", ha indicado, para apuntar que optaría de nuevo al ATC, tras incidir en que no fue una decisión personal sino que se adoptó en un pleno. "Con mayor motivo porque la despoblación es mucho más grave hoy que hace diez años". Este alcalde fue uno de los primeros en postularse a favor del silo en su día, una petición que creó cierta polémica, aunque sigue convencido de que este terremoto no afectaría a este tipo de instalaciones.

A juicio de este alcalde, Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente". "Tenemos unos pueblos maravillosos y de poco nos sirve que estén desiertos", ha manifestado.

Preparado para terremotos cuatro veces más fuertes

Ha insistido en que el almacén nuclear iba a ser una instalación de tipo pasivo, sísmicamente preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior. Además, ha apuntado que iba a ser una instalación "pasiva" que no crearía problemas. En todo caso, ha apuntado, de producirse un seísmo de una magnitud de esas características "no es que no quedase nadie por el ATC sino por las consecuencias del propio terremoto", ha señalado.

"El ATC es una instalación pasiva que además estaría preparada para un terremoto que no se ha dado nunca en la historia y si se diese la gente no moriría por efectos de la radiación sino por el terremoto, que sería devastador", ha argumentado.

Según este alcalde, que también es diputado provincial del PP, y que en su día fue cuestionado por realizar esta petición del ATC para su pueblo, incluso el ATI que hay construido en Zorita "es una losa antisísmica que está preparada para tres veces más e incluso los contenedores también".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, António Costa, han anunciado este martes un acuerdo "amistoso" para resolver la disputa por la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas y España, a trasladar toda la información relativa a seguridad nuclear y medio ambiente, informa Europa Press.

El acuerdo se ha cerrado con la mediación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y ha sido anunciado en un comunicado de prensa difundido por el Ejecutivo comunitario.

El acuerdo "amistoso" compromete a España y a Portugal "en un proceso de consulta y diálogo constructivos", que resuelva la controversia creada por el proyecto del almacén nuclear, explicaron fuentes comunitarias.

En "próximos días" viajará una delegación de expertos lusos y representantes de la Comisión Europea a la central cacereña para avanzar en los contactos.

El objetivo es que este diálogo reforzado permita a las partes "analizar y tomar en consideración las reservas legítimas" que despierta el proyecto en Portugal, y también adoptar las "medidas proporcionadas" necesarias para disipar esos temores, según informó la Comisión Europea.

La ONG Transparencia Internacional publicará en su página web los seis informes técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre las condiciones del terreno en el que se levantará el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca), también conocido como cementerio nuclear o ATC.

La entrega y divulgación de estos documentos es consecuencia de la resolución emitida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimaba parcialmente la reclamación presentada por la ONG y obligaba así al CSN a remitir los informes.

El presidente de organización, Jesús Lizcano, ha confirmado a Europa Press que este miércoles les llegaron los seis informes,cuatro más de los requeridos: "Vamos a ver qué nos mandan y después lo vamos a colgar. Mañana mismo si puede ser", ha asegurado.

En concreto, se instaba al regulador a entregar informes geotécnicos e hidrogeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que sirvieran para la adopción de la propuesta de dictamen técnico (de la Universidad de Cantabria), así como un informe de la empresa URS sobre las condiciones de los terrenos que podría presentar dudas sobre la idoneidad del lugar escogido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) rechazó este martes el intento del Gobierno central de impedir que se amplie la zona de protección de aves hasta las inmediaciones del lugar en el que está prevista la construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca).

Esta ampliación fue aprobada por el Gobierno regional nada más tomar posesión en el mes de julio, y con ella quiere impedir que finalmente se construya en este municipio el ATC, alegando que en las próximidades se ha ampliado la protección para aves, conocida como zona ZEPA.

Según el auto del TSJCM, esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, "resuelve únicamente una petición de medida cautelar" y, por consiguiente, rechaza la suspensión solicitada de los efectos de dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, "a expensas de la tramitación completa del proceso contencioso-administrativo y su terminación por sentencia".

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró este jueves que considera un asunto de "seguridad nuclear en toda España" la situación en la que queda el almacén de residuos nucleares tras la decisión de Castilla-La Mancha de declarar nulo el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas (Cuenca).

Soria recordó que el Gobierno está a la espera de saber "si hay una suspensión cautelar" tras el recurso que presentó la Abogacía General del Estado sobre la ampliación del espacio protegido para aves. La relevancia se debe, según el ministro, a que "España está exportando residuos a Francia, pero tienen que empezar a retornar a mitad del año 2017, y si no se cumplen los plazos tendremos un problema de seguridad nuclear".

"Este proyecto lo inició, con buen criterio, el gobierno socialista en 2006, y al inicio de esta legislatura estaba todo ultimado a falta de elegir un emplazamiento de los cuatro preseleccionados por el gobierno anterior", subrayó Soria. Sin embargo, el Gobierno regional, también del PSOE, ha dado "marcha atrás" porque "Podemos le puso como condición que se desdijera en este proyecto", dijo el titular de Industria.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, declaró que para que el emplazamiento del ATC sea declarado de interés general "el Gobierno tendrá que acreditarlo ante la Unión Europea y demostrar que la posibilidad de instalarlo en Villar de Cañas es la única y que no hay otra alternativa".

"No soy dramático. No digo que la energía nuclear sea buena o mala. La basura nuclear hay que tratarla y no entro en ese debate, pero lo que sí digo es que aquí hubo un acuerdo entre María Dolores de Cospedal y el ministro de Industria, y después del 'conchabeo' se hicieron los estudios de seguridad con muchas dudas", aseguró Page a la Cadena Ser.

Por otra parte, cabe recordar que el 29 de julio la Consejería de Agricultura publicó el Acuerdo del Consejo de Gobierno para ampliar el Espacio Protegido Red Natura 2000 y modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna Hito, estableciendo para ello un periodo de información pública.

El objeto era ampliar esta zona de protección para aves en 25.000 hectáreas, con lo que el ATC quedaría dentro de dicha zona protegida. El acuerdo pone al territorio afectado bajo la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, evitando así que sea el Ministerio de Industria quien emita la Declaración de Impacto Ambiental.

Por su parte, el pasado 28 de octubre, la Abogacía General del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el que le pide que acuerde formar pieza separada de medidas cautelares y la suspensión de la ejecución del referido Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha, de 28 de julio de 2015.

La actualización y revisión del Plan General de Residuos Radiactivos vigente "ha sufrido un parón por la nueva postura" del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha sobre el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y porque se plantea el escenario de alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta 50 años, según ha informado el Gobierno.

Durante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha explicado que el Gobierno tiene preparado el séptimo plan de residuos radiactivos pero ahora está a la espera de las decisiones que pueda tomar Castilla-La Mancha, que ha anunciado su intención de invalidar todas las autorizaciones administrativas y declarar una zona de protección ambiental en el entorno del emplazamiento.

Nadal considera que resulta "necesario" a los efectos del plan conocer con "cierta certidumbre" el horizonte temporal del tratamiento de los residuos que habrá de realizarse y dependerá de si Castilla-La Mancha "revierte" su posición ya que, en caso contrario, habrá que evaluar el impacto de estas decisiones en el proyecto del ATC para evitar "retrasos".

"El proyecto se va a llevar a cabo. No hay ninguna duda. Pero las decisiones de un gobierno autónomo con competencias ambientales puede tener impacto sobre el procedimiento para llevarlo a cabo", ha reconocido.

En todo caso, ha explicado que la propuesta del VII Plan General de Residuos Radiactivos se ha elaborado durante los dos últimos años y en octubre de 2013 la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA) presentó un borrador. En dicho plan se analizan dos posibilidades, el horizonte de una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, pero también una segunda opción con una vida prevista de las plantas de 50 años.

Nadal ha añadido que el plan de residuos depende de la vida útil de las centrales nucleares y, por ello, esta planificación se ha ido revisando, de modo que en los tres primeros planes se estimó una vida útil de las plantas de 30 años; en el cuarto se realizó una comparación de dos opciones, a 30 y 40 años y en el quinto y sexto plan se contempla una vida de 40 años.

"Resulta necesario a los efectos del plan conocer con cierta certidumbre el horizonte temporal", ha subrayado el secretario de Estado que ha vuelto a achacar esta falta de certidumbre y el retraso para dar a conocer el plan exacto de la gestión de los residuos nucleares a los "obstáculos" que está poniendo Castilla-La Mancha.

Respecto a la vida útil, ha recordado que no hay un plazo definido por ley sino que en España se otorgan autorizaciones "por diez años" que autoriza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Así, ha añadido que el único motivo por el que se habla de vida útil es para calcular la tasa que las centrales nucleares deben pagar a ENRESA para el posterior tratamiento de los residuos. Por eso, ha justificado el planteamiento a 50 años porque se deben estudiar cuestiones para ver "qué va pasando".

Con todo, ha insistido en que el "principal obstáculo" al séptimo plan general de residuos es la fecha concreta en que el ATC entrará en vigor. A su juicio, la instalación estará lista "a tiempo" porque, de lo contrario, las consecuencias económicas para España no serán buenas. "Va a haber ATC en el tiempo que se necesita", ha asegurado.

En el final de su intervención y respuestas, ha recordado que el ATC es un "proyecto socialista aprobado por unanimidad, gestionado casi en su totalidad" por gobiernos socialistas y que el Gobierno del PP "lo único" que ha hecho ha sido poner el "broche final" sobre el emplazamiento, por lo que no entiende que sea "ahora" un gobierno socialista el que ponga "obstáculos".

Incongruente con la petición de Garoña

A este respecto, el portavoz de Energía del PSOE, José Segura, ha manifestado al secretario de Estado que hablar de opciones de vida útil de 40 y de 50 años es "incongruente" con la petición realizada por parte de Nuclenor para ampliar la vida operativa de la central nuclear de Santa María de Garoña hasta los 60 años de vida útil.

Asimismo, sobre el plan ha recordado que el vigente, el sexto, data de 2006 y que hay condicionantes, además de los legales, que "justifican la aprobación de un séptimo plan", ya que el vigente ya daba una solución al combustible de las piscinas casi saturadas al contemplar los almacenes temporales individualizados como "complemento al ATC que no va a estar disponible en el plazo previsto".

Por otro lado, el diputado socialista ha advertido al secretario de Estado que cree "necesario revisar otras opciones tecnológicas" ya que el diseño propuesto de ATC es de los años 90.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha congratulado de que el Gobierno central "renuncie" a construir el ATC.

Así ha reaccionado el consejero después de conocerse que la actualización y revisión del Plan General de Residuos Radiactivos vigente "ha sufrido un parón por la nueva postura" del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el silo y porque se plantea el escenario de alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta 50 años, según ha informado el Gobierno.

Martínez Arroyo ha dicho que es "una enorme satisfacción" conocer esta noticia y conocer que se ha tenido en cuenta, "como debe de ser por otra parte", lo que desde el Gobierno regional se inició en su momento, es decir, el procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que si el Gobierno de Castilla-La Mancha no hubiera tomado la decisión que tomó hace dos meses, "hoy las obras del ATC probablemente se hubieran iniciado".

Aún a pesar, ha dicho, de que "los técnicos están alertando periódicamente de que está pendiente un informe sobre la cimentación de esa obra en unos terrenos de yeso en los que la cimentación tiene que ser especialmente delicada", por lo tanto, ha recalcado, "no parece el sitio más adecuado".

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) denunció este jueves que Enresa haya adjudicado la construcción de varios edificios del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) con una rebaja del 60% del presupuesto inicial y "sin haber terminado los estudios geotécnicos y geológicos del terreno". Unos estudios que precisamente tienen la finalidad de determinar si este es el lugar apropiado ya que, recuerda el ICOG, "realizar infraestructuras sobre terrenos yesíferos solubles y arcillas expansivas puede dar lugar a que el proyecto sea inviable o que origine incrementos presupuestarios considerables".

La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) aprobó el 23 de septiembre adjudicar la construcción de "los edificios, laboratorios e instalaciones convencionales del ATC y CTA" a la unión empresarial que forman Incosa y Tomás Llavador. Fuentes de Enresa precisaron a Europa Press que se trata de la contratación de servicios de ingeniería en una zona convencional, tal y como recoge el perfil del contratante.

La adjudicación es por un importe de 718.246 (sin IVA), muy por debajo del presupuesto inicial de las obras, que ascendía a 1.788.908. Una rebaja del 60% que también criticaron los geólogos, según los cuales el informe geotécnico de los terrenos aún está en "fase de ejecución", por lo que no consideraron "pertinente" adjudicar un proyecto sin haber acabado dichos estudios.

El Colegio recuerdó igualmente que el acta de inspección de caracterización geotécnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), realizada en septiembre de 2014, solicitaba más informes geotécnicos a Enresa sobre la sismicidad e inundabilidad del emplazamiento del cementerio nuclear. En este sentido, el ICOG alertó de que construir sobre terrenos "yesíferos solubles y arcillas expansivas" puede provocar que el proyecto sea "inviable" o que origine "incrementos presupuestarios considerables".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, alertó este lunes del "despilfarro" y del "sobrecoste" de 300 millones de euros que supondría situar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas, cuyos suelos son "malos" para albergar una infraestructura de esas características.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, volvió a denunciar que la decisión de situar el silo en Villar de Cañas responde al "conchabeo y acuerdo político" entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, que en un principio se mostró en contra de que la localidad conquense acogiera el ATC.

Pero esa decisión, denunció, se adoptó sin tener en cuenta los estudios técnicos y de seguridad pertinentes, que ahora están sacando a la luz que Villar de Cañas no sería la mejor ubicación para un almacén nuclear.

"Aquí se han hecho las cosas de manera muy chapucera y cuando se vean las auditorías de lo que se ha gastado Enresa antes de que tenga la autorización definitiva, entenderán porqué lo estoy diciendo", advirtió.

García-Page aseguró que la despoblación que sufre la comarca de Villar de Cañas, donde se edifica ese ATC, no puede ser el argumento para que albergue esta infraestrucura, porque despoblación sufren más de 400 municipios de la región y 3.000 en todo el país.

"Poner un ATC a un coste de 1.200 millones de euros para generar 70 puestos de trabajo estables, la mitad para ingenieros especializados de Madrid, no es la solución", apostilló.

Partidario de que sean las propias centrales nucleares las que traten la "basura" que generan, el titular del Ejecutivo castellanomanchego dijo que se opondrá a que el "basurero nuclear" se ubique en otro lugar de la región.

Sobre un plan alternativo, Page apuntó que se ha comprometido con alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, y con el presiente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, a que su estrategia para la zona generará más empleo que el propio ATC, que no deja ser una "hipoteca" para la región.

El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para llevar a cabo las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, aseguró el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en declaraciones a Europa Press.

"Si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales", indicó el ministro, precisando que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio.

Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció en el pasado cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones, en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la Guardia Civil en el País vasco.

"Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección", apuntó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser "exclusivamente suficiente" para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. "Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras", remarcó.

Decisión socialista

El ministro de Justicia recordó, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Ejecutivo socialista. "Esta decisión no la ha tomado este Gobierno, no es una ocurrencia reciente, sino que, como digo, fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética", dijo.

Además calificó como "un poco paradójico" que el Ejecutivo dirigido por el socialista Emiliano García-Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría "realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno" y que provocaría que "no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca".

Catalá recordó que el proyecto dota a España de fortaleza y autonomía suficiente en materia de política energética nuclear y tratamiento de los residuos. "Que ahora, por una declaración ambiental, un Gobierno autonómico considere que puede paralizar esta actuación..... Creo que esto hay que ponerlo en un contexto más amplio aunque no entro a cuestionar lo que son competencias del Ejecutivo autonómico", concluyó.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, advirtió este miércoles de que si España no tiene un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, la factura de la luz se podría encarecer hasta el 30%.

En declaraciones a Europa Press, Soria aseguró que si no se pone en marcha el ATC se deberá detener toda la producción eléctrica nuclear que hay en España, que es un 20%, lo que "encarecería entre un 25 y un 30% el precio de la factura".

Así, Soria subrayó que el ATC es un almacén tanto para los residuos nucleares que se generan como para los que deberán volver de Francia en 2018, año para el que es necesario una solución, ya que el coste de su envío al país galo es de 22 millones al año.

Además, el titular de Industria señaló que el objetivo de la Junta de Castilla-La Mancha con su decisión de proteger los terrenos para la instalación del ATC en Villar de Cañas es "única y exclusivamente hacer ruido", ya que va "en contra de los intereses de los castellano-manchegos, del municipio y de todos los municipios que están en los alrededores, ya que este es un proyecto que genera actividad".

Asimismo, recordó que este proyecto –que supondrá una inversión de 900 millones de euros– era del anterior Gobierno socialista, "con muy buen criterio", y fue de los temas que su antecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le pasó como una de las cuestiones "totalmente cerradas".

"El Gobierno socialista tuvo buen criterio cuando se embarcó en este proyecto y ahora al final, cuando ya está el proyecto, el mismo partido viene y dice que ahora no. Esto es muy poco serio", añadió al respecto.

Soria destacó que, una vez que se cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al emplazamiento en Villar de Cañas, ahora el siguiente paso es la declaración de impacto medioambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

"Solamente cuando haya esa declaración y sea favorable, entonces el Ministerio procederá a aprobar la autorización del ATC", dijo, añadiendo que este proceso podría completarse "a lo largo de los próximos meses".

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó este lunes –con cuatro votos a favor y uno en contra– informar favorablemente y remitir al Ministerio de Industria el informe preceptivo y vinculante, con límites y condiciones, asociado al proceso de licenciamiento, autorización previa de la instalación nuclear de Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).

Ahora, queda en manos del Ministerio de Industria conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo, donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.

El informe del CSN señala que desde el punto de vista de la seguridad, la evaluación técnica realizada constata que el emplazamiento propuesto no presenta "fenómenos excluyentes". No obstante, apunta que del análisis normativo se deriva que las características del emplazamiento –principalmente en relación con aspectos geológico-geotécnico, hidrogeológico y de estabilidad del terreno– condicionan el diseño del ATC y que los fenómenos asociados a las características del terreno recomiendan "complementar la seguridad intrínseca del diseño".

Además, añade que, adicionalmente, y al objeto de garantizar que las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica se mantengan a lo largo de la vida de la instalación (desde el inicio de las actividades de excavación), el CSN requiere el seguimiento de las condiciones y fenómenos del emplazamiento, mediante la aplicación de planes de medidas complementarias, compensatorias y de vigilancia.

El Pleno del CSN también ha acordado emitir un informe preceptivo estableciendo los límites y condiciones relativos a la seguridad nuclear y protección radiológica relacionados con esta etapa del proceso, dando cumplimiento a los requisitos básicos de seguridad nuclear en instalaciones nucleares que recoge la Instrucción del Consejo IS-29.

Aunque la autorización del Ministerio para que Enresa empiece las obras sería el primer paso, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción.

"Amplísima relación de condicionados"

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción lamentaron esta decisión del Consejo de Seguridad Nacional y aseguraron que este informe conlleva "una amplísima relación de condicionados, fruto del compromiso entre los criterios técnicos y las presiones del Ejecutivo", informaron en nota de prensa.

"El Gobierno de Rajoy saca así adelante el proyecto antes de que los consejeros del CSN se vayan de vacaciones y acelerar así el proceso, a pesar de las dudas técnicas existentes", criticaron.

La Plataforma, Greenpeace y Ecologistas en Acción estimaron que la decisión debería tener el respaldo técnico "suficiente", ya que la trayectoria de los consejeros "arroja dudas sobre sus conocimientos en seguridad nuclear y los criterios para aprobar dicho informe".

"Estar en contra es porque no se sabe lo que es el ATC"

Quien sí celebró el informe favorable del CSN fue el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz. "Todo el pueblo estaba pendiente" de la decisión y todos "lo están celebrando", aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press, y añadió que los empresarios que quieren instalar dos hoteles en el pueblo estaban esperando la noticia.

Según el regidor, los vecinos "ya han cambiado el chip" y "solo piensan en trabajar, en alquilar sus casas y en que haya inversiones en el pueblo". Respecto a los opositores, José María Saiz dijo que "a estas alturas, estar en contra es porque no se sabe bien lo que es el ATC".

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) cuya celebración estaba prevista para el miércoles 29 de julio fue adelantado a este lunes, según informaron a Europa Press fuentes internas del organismo regulador atómico.

Así, en la reunión que tiene carácter "ordinario" los consejeros seguirán estudiando el informe positivo sobre el emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca).

Según estas fuentes, adelantar o fijar alguna reunión ordinaria de pleno más es una "práctica habitual" cuando se trata de expedientes complejos o que llevan más tiempo del normal.

De hecho, en tomas de decisión significativas, como el informe sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña en 2009, se celebraron varios plenos ordinarios en una misma semana.

El informe de emplazamiento o de autorización previa, de ser positivo, supondría un "reconocimiento oficial de la idoneidad del emplazamiento" en la localidad conquense, que fue criticado por la composición geológica de sus suelos por geógrafos, ecologistas y otros expertos en estigrafía.

Así, si el CSN emite un informe favorable sobre el emplazamiento, quedaría en manos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo conceder a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) el permiso para iniciar las infraestructuras y acciones preliminares para la construcción del silo donde se almacenarán durante casi un siglo los residuos atómicos españoles.

Sin embargo, aunque éste sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción.

La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria el 14 de enero. Dos años y unos meses antes, el 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas (Cuenca) el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.

La elección de este emplazamiento ponía un punto y seguido a la proposición no de ley de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en 2006 por la que se instaba a la creación de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento y sus instalaciones de cara a cumplir el mandato parlamentario de 2004 de contar en España con un almacén donde albergar este tipo de residuos.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2009 se abrió el concurso o convocatoria pública para la presentación de candidatos, a la que se presentaron ocho. En esta convocatoria se definía el proyecto, sus necesidades, posibilidades de ubicación y otras características, así como la inversión prevista, que supera los 800 millones de euros.