El Tribunal Supremo ha condenado al senador del PP José Manuel Baltar Blanco a 1.800 euros de multa y a un año sin carnet por un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 km/h en la A-52 sentido Benavente (Zamora), el 23 de abril de 2023, según informa EFE. La Sala de lo Penal impone esta pena tras atender la petición de la Fiscalía que había solicitado la pena mínima de multa como de retirada del permiso de conducir, "por lo que procede imponer ambas sanciones penales, sin mayor motivación".

Baltar conducía por la A-52, cuando al alcanzar el punto kilométrico 66,900, dentro del término municipal de Asturianos (Zamora), el aparato de medición instalado detectó que circulaba a 215 kilómetros por hora en un tramo de velocidad limitada a 120. Los magistrados consideran que "sin lugar a ninguna duda" el senador conducía a "al menos, a 204 Km/h", que es el resultado de aplicar el 5% de margen de error que establecen las órdenes ministeriales al radar que le captó, un cinemómetro fijo.

El tribunal señala que "las dudas iniciales de los agentes, que no contaban con el preciso margen de error, no puede servir para bloquear lo que es una verdad incontestable, y lo es que circulaba a más de 200 Km/h por la autovía limitada a 120 Km/h", es decir, es delito por ser superior en ochenta kilómetros por hora a la legalmente permitida.

Agrega que los agentes "actuaron siempre con diligencia; primero, por no contar con todos los datos, a favor del administrado; y después, despejada la duda, solo dos días más tarde, se confeccionó un completo atestado con todas las circunstancias". Y subrayan que un oficio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora refleja que mantiene en suspenso el procedimiento sancionador "a la espera de la oportuna resolución judicial, sobre si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito".

Por otra parte, el tribunal rechaza la cuestión previa planteada por la defensa, de que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces y el principio de cosa juzgada, al haber pagado la multa por vía administrativa.

Al respecto, los magistrados responden que "al acusado le fue extendida denuncia administrativa, mediante el consiguiente boletín por los agentes de la Guardia Civil actuantes, toda vez que, al no contar inicialmente con la documentación de cinemómetro, ni poder pedirla a su central, ya que era no solamente domingo, sino festivo (Día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León), optaron por la vía más respetuosa con los derechos del conductor".

El senador del PP José Manuel Baltar Blanco ha rechazado haber cometido un delito contra la seguridad vial por circular en un coche oficial a 215 kilómetros por hora ya que la Guardia Civil le notificó que su exceso de velocidad "suponía una infracción administrativa". "Nunca superé los 200 kilómetro por hora", ha dicho, según recoge EFE. El también expresidente de la Diputación de Ourense se ha referido así en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo por el que la Fiscalía pide una multa de 1.800 euros y un año de privación del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial.

La Fiscalía acusa a Baltar de haber conducido a 215 kilómetros por hora al alcanzar el punto kilométrico 66,900, dentro del término municipal zamorano de Asturianos, en un tramo limitado a 120 kilómetros por hora en la A-52 sentido Benavente (Zamora) el 23 de abril de 2023. "Nunca superé los 200 kilómetro por hora porque el velocímetro me lo diría, el propio agente me dijo que, con el margen de error del radar, aquella velocidad suponía una infracción administrativa y que si fuese 216 estaríamos hablando presuntamente de un delito", ha explicado.

Sobre lo ocurrido, ha dicho que fue interceptado por los agentes tras el aviso de un radar y que, tras hacer las comprobaciones oportunas, le comunicaron que había cometido una infracción administrativa y que, como indica el oficio, el pago suponía la finalización del proceso administrativo.

En la vista, un agente que intervino en el control ha explicado que "la velocidad de captación fue de 215 kilómetros/hora" y que aplicado un margen de error del 5 %, como corresponde a este radar estático, la velocidad aproximada sería de "204 kilómetros/hora". "No hay ninguna duda de que estamos ante un supuesto penal" porque se superan los 200 kilómetros por hora, el mínimo para ser considerado delito. "Nos sorprendió el paso del vehículo", ha agregado.

Ahora bien, "ante la duda que tenía como operador" en ese momento, in situ, "se optó por la infracción administrativa hasta tener constancia del porcentaje de error que consta en el cinemómetro", como ha corroborado otro agente. Se le notificó una infracción administrativa y no una penal porque no tenían el certificado para aplicar el margen de error correspondiente al radar.

El que fuera capitán de la Guardia Civil en el momento de los hechos ha dicho que "debería haberse aplicado otro margen de error" -el atestado recogió que podía ser del 5 o del 7 por ciento, en cuyo caso no sería delito- y que por eso más tarde puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial "por si tuviera relevancia penal". "Simplemente se cometió un error", ha añadido, dejando claro que se tramitó el caso "como el de cualquier ciudadano" y asegurando que desconocía el cargo público de Baltar.

El fiscal ha pedido una condena porque "queda acreditado que el acusado circulaba a 215 kilómetros por hora, por lo que cumple los elementos constitutivos del delito", ya que "los agentes han aclarado todos los puntos cuestionables", como que el margen de error aplicado es del 5 % y no del 7 % porque el radar es de tipo estático, si bien ha reconocido que "sorprende que un atestado por un hecho tan simple contenga tantos errores".

Eso si, ha criticado a la defensa por insinuar que la denuncia penal se propuso de "una manera torticera" para tratar de desfavorecer a Baltar en un proceso electoral. Y ha dicho que no se han vulnerado los derechos de Baltar porque la sanción penal puede ir en paralelo a la sanción administrativa.

Su abogado Ramón Montero ha pedido la absolución al denunciar que el atestado que dio pie a la causa penal fue "modificado" entre 7 u 8 veces para "alterar" la velocidad, lo que supone una infracción del procedimiento, cuando la velocidad que alcanzó fue, según él, de 199 kilómetros por hora "con la corrección correspondiente" del radar.

Además, ha dicho que no se le informó en el momento de los hechos de que lo ocurrido podría dar lugar a un proceso penal. "Nada de eso pudo ser" porque, "a su espalda se estaba incoando un atestado", entre otros motivos, por su condición de dirigente del PP.

Ha destacado los "errores" y "contradicciones" por parte de la Guardia Civil, lo que "no puede dar lugar a una sentencia condenatoria", más aun recordando la doctrina de que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces, porque entiende que la causa está resuelta al haber pagado la multa por vía administrativa.

El Pleno del Senado ha aprobado, con el aval del PP, la autorización definitiva para que el Tribunal Supremo (TS) pueda dirigir un procedimiento penal contra su senador José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por presuntamente conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52.

En una votación a puerta cerrada, el Senado ha suspendido el aforamiento del parlamentario gallego del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, permitiendo al Tribunal Supremo a activar el procedimiento para juzgarle por este presunto delito.

La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.

En el marco de la resolución, recogida por Europa Press, el tribunal estimó pertinente suspender por ahora la tramitación de las actuaciones referidas al senador mientras que el Senado resuelva sobre la autorización solicitada, algo que finalmente ha acabado sucediendo este miércoles. La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.

Ferrer indicó que, acreditada la condición de senador de Baltar, había llegado el momento en que "la constancia de indicios cualificados" hacía "imprescindible" recabar la autorización del Senado para "avanzar en el camino procesal".

La juez insistió en que era necesario pedir permiso al Senado para seguir adelante con el procedimiento penal aunque Baltar ya fue sancionado por la vía administrativa por este hecho —con una multa y la pérdida de varios puntos del carné—. Según defendió en su exposición, dicha sanción administrativa no limita al Supremo a proceder por la vía penal.

La instructora adoptó esta decisión después de que el Supremo abriera causa el pasado noviembre, tras recibir la Sala de lo Penal el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas en virtud de atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial.

Cabe recordar que, en el marco de las diligencias de investigación, Ferrer tomó declaración a Baltar, quien compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 19 de diciembre para negar que condujera a esa velocidad. "No existió en ningún momento una velocidad superior a 200 kilómetros por hora", dijo su abogado, Ramón Montero, en declaraciones a la prensa.

Asimismo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que informase sobre las especificidades de los modelos de radar que captaron a Baltar conduciendo por encima del límite de velocidad, sobre los aparatos que imprimen las multas y, en concreto, sobre qué datos se introducen automáticamente, así como dónde estaba situado el radar que le detectó el 23 de abril de 2023 en la A-52.

Los hechos por los que se investiga al senador popular se remontan a ese domingo de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense. Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal.

La Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros. El Ministerio Público también reclamó un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores para el dirigente del PP.

El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad. Pero, una vez acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Supremo.

El PSOE ha reaccionado a través de unas declaraciones a Europa Press del secretario provincial de Ourense y senador socialista, Rafael Rodríguez Villarino, en las que se pregunta "cuál es la responsabilidad" del PP en este caso.

"Es el PP, Alfonso Rueda como responsable máximo de Galicia, el que convierte a una persona susceptible de ser condenada por un delito penal por una conducta temeraria al volante en senador por designación autonómica", ha proclamado.

Asimismo, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le eligió como presidente de una comisión del Senado: "Nosotros preguntamos si estos premios son unos premios al estilo de conducción de Manuel Baltar o son simplemente una cortina de humo que utiliza el PP para intentar evadirse de sus responsabilidades".

La escena no tenía precedentes en Galicia. La secretaria general del PP en Galicia, Paula Prado, citó a los medios de comunicación para, ante una gran pantalla, presentar los resultados de un informe titulado Galicia. Perfiles falsos en la conversación digital (sic). La también jefa de campaña de los conservadores para las elecciones del 18F mantuvo que ese documento acreditaba que el partido estaba siendo víctima de una "trama de manipulación digital" mediante una "red de perfiles falsos" en X, una "operación organizada de desinformación" sobre la gestión del Gobierno de Alfonso Rueda en la crisis de los pellets.

Prado fue más allá. Según ese "reporte de análisis digital" -indicación que consta en la tapa del documento, mostrada por el partido-, mantiene la popular, la supuesta "red" está "coordinada desde Madrid" y "trabaja para la oposición y contra Galicia". Los responsables de tal operación serían, en última instancia, el BNG y el PSdeG, dijo. Si bien admitió no tener pruebas, solo "indicios" que, afirmó, los acabarían llevando a encontrar esa "conexión" con los mensajes que, censuró, llegaban de "Rusia o Vietnam", entre otros países.

Las reacciones al contenido de las declaraciones de Prado y su puesta en escena fueron diversas. Desde la amplificación en medios y perfiles de redes más afines a la formación de la derecha a la incredulidad o la hilaridad en otras posiciones ideológicas al comprobar, por ejemplo, que entre los perfiles señalados como bots estaba el de un crítico tuitero ourensano de carne y hueso. Pasando por el análisis de Marcelino Madrigal, experto en análisis de desinformación en redes, para quien el supuesto informe "es un disparate y demuestra ignorancia o, directamente, ganas de mentir". 

Pero también hubo quien recordó que, cuando el electorado acuda a las urnas el próximo 18 de febrero, se cumplirán quince años de otra campaña electoral gallega en la que, sin ninguna duda, sí existieron intentos de manipulación y campaña sucia. También por la vía digital, en ningún caso llegadas de latitudes alejadas y con unas perjudicadas claras: las dos formaciones que optaban a revalidar el Gobierno gallego, el PSdeG y el BNG.

Así sucedió, por ejemplo, el 25 de febrero de aquel 2009. En la mañana de aquel día, el candidato del BNG y vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, tenía convocado un acto electoral destinado a la juventud en el pabellón Fontes do Sar, en Santiago. A primeras horas de la mañana, una agencia de noticias dio cuenta de la cancelación del evento indicando que Quintana había sufrido un accidente de tráfico. Como suele pasar, diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y hasta la prensa que seguía la caravana electoral del Bloque cambió sus planes para la jornada.

La noticia había sido publicada sin que acabara de estar claro quién la había puesto a circular, pero lo cierto es que el accidente nunca existió. El equipo de Quintana se apresuró para aclararlo y el acto se acabó celebrando. Al acabarlo, el candidato nacionalista se mostró convencido de que la mentira había surgido del PP y señaló directamente a Feijóo. 

"Por inventar, hasta es capaz de inventar un accidente de tráfico para desmovilizar un acto como este", había censurado Quintana, responsabilizándolo de la "campaña más sucia y rastrera que se pueda recordar en la historia política de este país". Aquel mismo día un periódico impreso publicaba una fotografía de Quintana con el empresario Jacinto Rey, tomada años atrás y que en días previos había hecho circular un digital sin apenas audiencia.

Pero hubo más. En un tiempo en el que la penetración de las redes sociales no era, ni de lejos, la de la actualidad -Facebook había empezado a implantarse en España un año antes y apenas tres millones de personas manejaban en todo el Estado algún perfil de Twitter, fundado tres años antes-, las medias verdades y mentiras completas circulaban por otros caminos digitales como los foros o los correos electrónicos enviados y reenviados.

Un correo electrónico de remitente desconocido, precisamente, fue el que recibieron en aquellos días gran parte de las redacciones de los medios de comunicación gallegos y también varios con sede en Madrid. Contenía como archivo anexo la imagen de estragos en un portón de acceso a un garaje y venía a decir sin ninguna prueba que habían sido causados por el vehículo oficial de Quintana como vicepresidente en su anterior vivienda familiar, a modo de agresión contra su expareja y madre de sus hijos. Las mismas fotos circularon a través de mensajes SMS.

Paralelamente, el presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, había insinuado en un mitin en Punxín que Quintana había ejercido la violencia machista por "serios problemas de convivencia". El nacionalista, como vicepresidente, tenía bajo sus competencias la Secretaría General de Igualdad y en su gestión habían destacado medidas pioneras como las ayudas económicas a mujeres víctimas de las agresiones de género. Según el popular, eso era como "poner al ratón a cuidar del queso". Quintana y su expareja se querellaron contra Baltar, que acabó siendo exonerado en los tribunales de Justicia.

Más allá de las palabras públicas de Baltar, el PP se había desligado de aquellas pioneras fake news, del envío de correos anónimos y de divulgar el accidente que nunca había existido. También de los panfletos sin firmar que, en los últimos días de la campaña, advertían en diversos puntos de la provincia de Ourense de que, si volvían a gobernar, PSdeG y BNG "te podían quitar las tierras y dárselas a otros con la excusa de que no las trabajas" o "el gobierno del BNG y el PSOE te pueden expropiar tu casa para dársela a otra persona, si te ausentas un poco". 

Igualmente, no habían admitido ninguna relación con las banderolas que, en el primer día da campaña, tapaban la propaganda electoral del PSdeG en múltiples calles e, imitando los colores corporativos de los socialistas, mostraban leyendas como "Reformarías un despacho por dos millones de euros? Touriño sí. No premies la crisis. Reacciona". La intención de aquellos carteles, igual que el de ciertas acciones ligadas al PP en el Facebook una década después, era desmovilizar el electorado de la izquierda.

Como es sabido, aquella campaña acabó haciéndose muy larga para socialistas y nacionalistas, que a posteriori acabaron admitiendo que "habían infravalorado" la maquinaria de los conservadores. El BNG perdió un escaño por la provincia de A Coruña y esa pérdida fue suficiente para que el PP consiguiese la mayoría absoluta precisa para que Alberto Núñez Feijóo fuese investido como presidente. El jefe de la campaña del PPdeG, puesto que ahora ejerce Paula Prado, era Alfonso Rueda.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

El senador del PP, José Manuel Baltar Blanco, ha rechazado que haya cometido un delito contra la seguridad vial por circular en un coche oficial a 215 kilómetros por hora al desmentir a la Guardia Civil sobre la velocidad, puesto que sostiene que nunca rebasó los 200 km/h, el mínimo para que sea considerado delito, según ha recogido EFE.

El también expresidente de la Diputación de Ourense ha comparecido este martes durante media hora ante la jueza Ana Ferrer que le había citado para declarar voluntariamente antes de pedir, en su caso, un suplicatorio a la Cámara Alta, una vez que la semana pasada dio plantón a la magistrada porque su abogado estaba enfermo.

En declaraciones a los medios, su abogado Juan Ramón Montero ha explicado que "la causa está resuelta" porque ya han rendido cuentas al haber pagado la multa por vía administrativa además de la retirada de seis puntos del carnet, de manera que "no se puede reabrir" un procedimiento que "ya ha sido objeto de sanción".

Pero algo mucho más importante, ha precisado, es que "no era constitutivo de actuación delictiva ninguna" ya que "nunca" circuló a una velocidad superior a 200km/hora. Esa velocidad es el mínimo para poder considerarlo delito, que es siempre 80 kilómetros más que el máximo establecido en ese tramo, que era de 120 kilómetros hora. El margen de error es de 10 km, por tanto, a partir de 210 es delito. De esta forma, ha considerado que el suplicatorio es "improcedente" ya que entiende que "no existe procedimiento penal viable alguno" y todo lo que ha surgido alrededor de lo acontecido es "lamentable".

Preguntado por la documentación de la Guardia Civil que cifra la velocidad a 215 km/hora, el letrado ha desmentido al instituto armado al decir no sólo que "no fue así" sino que "la Guardia Civil dijo que no era superior a los 200 km" y "eso es lo que pasó". "Cualquiera otra alteración sería la irregularidad", ha añadido el letrado, que ha reclamado al Supremo "igualdad ante la ley" que "últimamente es un tema poco cariñoso" en relación a la ley de amnistía.

El Tribunal Supremo abrió una causa contra Baltar al apreciar que pudo incurrir en un delito contra la seguridad vial cuando el pasado mes de abril circulaba a 215 kilómetros por hora en un tramo de la autovía A-52, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria, limitado a 120. La Sala de lo Penal recibió el pasado 27 de septiembre testimonio de juicio rápido y diligencias urgentes remitidas por juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria por el aforamiento de Baltar al ser nombrado senador.

Inicialmente, Baltar iba a ser examinado en el Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria mediante juicio rápido pero en una primera ocasión se suspendió por incomparecencia de su abogado y la segunda vez porque rechazó conformarse con las penas de la Fiscalía (1.800 euros de multa y la prohibición de conducir durante un año) al entender que no había cometido delito, por lo que el caso pasó a manos del Juzgado de lo Penal de Zamora.

Una vez designado senador por el Parlamento de Galicia, el Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora acordó la inhibición y remisión de las actuaciones en favor del Tribunal Supremo.

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, ha convocado una junta directiva provincial para última hora de la tarde del viernes, en la que el partido da por hecho que presentará su renuncia a seguir liderando las filas populares en esta provincia, después de haber desistido hace unos meses de optar también a la Presidencia de la Diputación de Ourense.

Su inminente dimisión como presidente del PP de Ourense fue avanzada por el diario 'La Región' y diversas fuentes del PP han ratificado a Europa Press que se trata del "paso lógico" que dará Baltar, después de haberse hecho a un lado en la Diputación para que el PP pudiese retener el gobierno provincial en minoría, pero como fuerza más votada.

En principio, el sucesor de Baltar al frente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, persona de confianza del presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, es el mejor situado para colocarse al frente de una gestora en la provincia y después asumir las riendas del partido en Ourense tras el correspondiente congreso provincial.

El pasado mes de junio, Alfonso Rueda, quien asistirá a la junta directiva del PP de Ourense de este viernes, ya había avanzado que Baltar también abandonaría la presidencia del PP de Ourense. Había comentado públicamente que mantendría este cargo hasta el próximo congreso provincial, pero que no intentaría revalidarlo en el próximo cónclave que convocase la formación.

No obstante, días después de las palabras de Rueda, el político ourensano salió en una entrevista en 'La Región' en la que advertía que "no" se marchaba y dejaba la puerta abierta a volver a presentarse a presidir el partido en la provincia, una decisión que tomaría y daría a conocer él mismo.

Unos días después, Alfonso Rueda dijo que "en absoluto" se sentía "desautorizado". La hoja de ruta trazada para la renovación de las filas populares en la provincia ourensana culminará ahora con la retirada de Baltar también de la Presidencia del PP de Ourense.

Este movimiento se oficializará transcurridos poco más de 20 días desde que la junta directiva provincial designase también una gestora en la ciudad, bajo la presidencia de Victoria Núñez, actualmente jefa territorial de la Consellería de Medio Ambiente e hija del que fuera uno de los impulsores de Centristas de Galicia y primer presidente democrático de la Diputación de Ourense, Victorino Núñez, quien también presidió el Parlamento de Galicia con el PP.

Baltar fue elegido senador por designación autonómica el pasado 28 de julio, tres meses después de haber sido cazado a 215 kilómetros por hora un domingo al volante de un coche de la Diputación. Una condición, la de senador, que le permite que su caso vaya a ser juzgado por el Tribunal Supremo, y no por el juzgado de lo Penal Número 1 de Zamora.

La inhibición en favor del Supremo se produjo tras numerosos intentos de juicio, primero en el Juzgado de Puebla de Sanabria y luego en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital zamorana, donde el político ourensano fue citado para responder por un supuesto delito contra la seguridad vial, en su modalidad de conducir a velocidad superior a la reglamentariamente permitida, tipificado en el artículo 379 del Código Penal.

El PPdeG propuso a Baltar para ser representante de Galicia en la Cámara alta apenas un mes después de que éste renunciase a seguir al frente de la Diputación provincial tras 11 años. Después de no lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial en las elecciones del 28 de mayo, buscó así facilitar que su partido pudiese conservarla, según afirmó él mismo.

La renuncia de Baltar permitió un cambio de ciclo en la institución provincial después de más de tres décadas ligadas a su apellido --primero de la mano de su padre, José Luis Baltar, y después bajo su mandato--.

Ahora se consuma la renovación también en el PP de Ourense, partido presido por un Baltar también durante más de tres décadas, primero por el padre, José Luis Baltar Pumar desde principios de los 90, y desde enero de 2010 por su hijo.

El ahora presidente de la institución provincial es también alcalde de O Pereiro de Aguiar y es de la órbita de confianza de la dirección gallega del PP. Asumió el bastón de mando de la Diputación ourensana tras un acuerdo del PP con Democracia Ourensana para dejarse gobernar mutuamente en Diputación y Ayuntamiento de la capital de provincia.

El Juzgado de lo Penal 1 de Zamora, que llevaba hasta ahora el caso contra José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial tras ser pillado conduciendo un coche oficial de la Diputación de Ourense a 215 kilómetros por hora, ha hecho pública su decisión de inhibirse a favor del Tribunal Supremo. La jueza ha constatado la "condición de aforado" de Baltar, que dejó la presidencia de la Diputación de Ourense el pasado 17 de julio para ser nombrado diez días después senador por el PP en representación del Parlamento de Galicia. 

A finales de abril, elDiario.es desveló que Baltar había sido interceptado por la Guardia Civil circulando en las inmediaciones de Pobra de Seabra a 215 kilómetros por hora, una actuación que después se conoció que no era nada nuevo .

Citado inicialmente para un juicio rápido en un juzgado de Puebla de Sanabria el 9 de mayo, Baltar logró aplazarlo hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo al cambiar el juicio rápido por otro ordinario, que pasó a depender de un juzgado de lo Penal de Zamora. Pero la nueva citación, para tres días después de los comicios, fue nuevamente pospuesta por una huelga del personal de justicia .

Finalmente, los resultados de las elecciones municipales no permitieron al PP controlar en solitario la Diputación de Ourense, por lo que tuvo que recurrir de nuevo al apoyo de Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome. Esta operación supuso la salida de Baltar de la presidencia provincial. Esta marcha se concretó el 17 de julio, pero sólo diez días después el PP le hizo senador por designación del Parlamento de Galicia. Y el 17 de agosto, Baltar tomó posesión del cargo de senador.

Ante esta situación, el juzgado de Zamora solicitó al Senado que confirmara el status de Baltar y el 29 de agosto recibió el certificado que "acredita la condición de senador" y, por tanto, su "condición de aforado". El juzgado de Zamora recuerda diversas resoluciones judiciales previas por otros casos que involucran a personas aforadas y constata que al "ser por tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo la competente", se inhibe de la causa. 

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

El 13 de enero de 1990, Centristas de Galicia daba su visto bueno al nombre de la persona que iba a sustituir el líder del partido, Victorino Núñez, como presidente de la Diputación de Ourense. El elegido era José Luis Baltar, alcalde de Nogueira de Ramuín desde 1976 y, a efectos prácticos, el cargo político que controlaba en buena medida la institución provincial desde el inicio del mandato en 1987, aunque sobre el papel fuera solo vicepresidente y portavoz del gobierno provincial.

Núñez cambió la vicepresidencia de la Diputación por la del Parlamento, tras las elecciones en las que el PP de Manuel Fraga había conseguido la mayoría absoluta por la mínima. La provincia de Ourense había sido clave para obtener esa mayoría y sacar de la presidencia al socialista Fernando González Laxe, no sólo por el ajustado y polémico recuento, sino también porque el Partido Popular había concurrido en esa provincia en alianza con Centristas de Galicia, el partido de Núñez y Baltar, que en los años anteriores se había alimentado de múltiples fuentes de la derecha provincial, desde escindidos de la UCD hasta restos de Coalición Galega.

Aquellos hechos políticos de finales de los 80 y principios de los 90 fueron clave para entender la hegemonía fraguista en los lustros siguientes. En 1991, Centristas de Galicia ya estaba integrado a todos los efectos en el PP y la familia Baltar asentada en un trono de poder que ha llegado hasta nuestros días, más de tres décadas después. Llega a nuestros días, pero tras haber declinado desde hace años hasta desembocar en la renuncia de José Manuel Baltar conocida este 14 de junio de 2023, un día que puede acabar siendo tan histórico como el de aquel otro de enero de principios de los 90 y que inyecta en la derecha ourensana y gallega dosis de incertidumbre desconocidas desde aquellos tiempos previos a la pax fraguista.

Los tiempos del PP de Fraga, aquellos que habían comenzado con el partido inscribiéndose en el "nacionalismo moderado" por influjos como los de Centristas de Galicia, fueron también los tiempos del PP de los barones provinciales como Francisco Cacharro en Lugo, Xosé Cuíña en Pontevedra y, por supuesto, José Luis Baltar en Ourense. El granero ourensano suministró votos clave para las mayorías absolutas de Fraga (tras la de 1989 llegaron las de 1993, 1997 y 2001) a cambio de dejar hacer a la familia liderada por el autodenominado cacique bueno. También cuando su hijo José Manuel comenzó a ostentar cargos en el partido, en la Xunta y en el Parlamento.

José Manuel Baltar –Nene o Baltarín para los detractores, Manuel Baltar en la vida pública– fue llevado de la mano por el padre en su ascenso político. Primero como pieza de sus movimientos internos, incluyendo el desafío a Fraga en la célebre revuelta del piso, la sublevación del entonces conocido como sector "de la boina" contra el patrón de la derecha española tras la defenestración de Cuíña en plena crisis del Prestige, hace ahora veinte años. Y desde 2010, como sucesor.

Porque Baltar padre tenía claro que la suya iba a ser una retirada dinástica. Por eso en 2010 legó a su hijo la presidencia del partido en Ourense presentándolo como candidato a un congreso provincial en el que la dirección gallega, encabezada por un Alberto Núñez Feijóo que acababa de llegar a la presidencia de la Xunta, articuló una operación para intentar derribarlo. El movimiento de Feijóo acabó en sonoro fracaso y José Manuel Baltar heredó el partido. Años después, la Justicia daría por probado que, justo antes del congreso, Baltar padre enchufó en la Diputación a más de un centenar de personas vinculadas directamente al partido y, por lo tanto, con poder de influencia en la sucesión.

Aquella sentencia judicial inhabilitaba a José Luis Baltar por nueve años, pero cuando llegó ya habían pasado cuatro desde que había dejado la presidencia de la Diputación. Se la había dejado a su hijo tras revalidarla en las elecciones municipales de 2011 con una holgada mayoría absoluta. En las de 2015, las primeras con Baltar hijo al frente del partido y de la Diputación, la mayoría volvió a ser absoluta.

Pero algo había comenzado a cambiar. Los populares ourensanos seguían arrasando en las urnas con el hijo, pero un poco menos que con el padre. Y así, en 2019, aunque sus números fueron mejores que los del PP en el conjunto del Estado, el resultado en la Diputación ya no fue de mayoría absoluta. Tuvieron que entregar la alcaldía de la capital de la provincia a Gonzalo Pérez Jácome –líder de la tercera fuerza en las urnas, Democracia Ourensana– a cambio de salvar la presidencia provincial.

Y en esto llegó 2023. Por segunda elección consecutiva, el PP de Ourense se quedó sin mayoría absoluta en la Diputación. Y, a diferencia de hace cuatro años, los votos de los populares ya no son estrictamente imprescindibles para que Jácome sea alcalde, ya que su partido es la primera fuerza en la corporación municipal. 

Además, Baltar llegó a la cita electoral notablemente desgastado tras trascender que la Guardia Civil lo interceptó el pasado abril conduciendo la 215 kilómetros por hora un coche oficial de la Diputación, caso por lo que aún está pendiente de juicio tras lograr retrasarlo hasta después de las municipales. Desgastado externamente y, sobre todo, a nivel interno en el PP que ahora dirige en España el expresidente Feijóo, cuyo círculo más próximo siempre consideró a Baltar un mal tan incómodo como necesario en Galicia, pero no tanto en el Estado.

Mucho más desgastado que tras el escándalo que se generó después de ser acusado por una mujer de haberle ofrecido empleo en la Diputación a cambio de sexo. El caso fue archivado por la justicia en 2017 porque la jueza no vio suficientemente acreditado que los hechos denunciados fuesen constitutivos de delitos de cohecho, acoso o tráfico de influencias.

Este cúmulo de factores sirve para explicar, cuando menos en parte, la carta con la que José Manuel Baltar anunciaba este 14 de junio de 2023 que renuncia a volver a aspirar a la presidencia de la Diputación y también a su acta de concejal en Esgos. A esa condición, la de mero edil en un pequeño ayuntamiento, llegó a reducirlo en público en las últimas semanas el actual presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda. 

Baltar renuncia a los cargos institucionales, pero no se marcha. O, cuando menos, no se marcha del todo. Por el momento, conserva para sí la presidencia del partido en Ourense, de esa hasta ahora máquina implacable de captar votos y amarrar mayorías absolutas también para la dirección gallega del partido. La misma máquina, no obstante, que fue viendo como, poco a poco, demasiados ayuntamientos de la provincia se fueron tiñendo de rojo PSOE o de azul BNG.

Y ahora ¿qué? Los rumores sobre el futuro de Baltar hijo llevan semanas disparados. El Parlamento Europeo, un puesto en el Senado por designación del Parlamento de Galicia, alguna entidad vinculada al termalismo... Lo que suceda dependerá, entre otros muchos factores, de estos históricos días de la primavera política de 2023 si acaban con el PP fuera del gobierno de la Diputación de Ourense por primera vez desde la fundación del partido. 

En el PSdeG aseguran estar haciendo "todo lo posible" para que la institución "cambie de color político" y en el BNG guardan un prudente silencio público mientras todas las miradas se dirigen a un Jácome que admite contactos con populares y socialistas. En aquel otro enero de 1990 había quien especulaba con que la llegada al poder de José Luis Baltar no iba a ser por mucho tiempo. Y acabó siendo toda una era política en Galicia. La era de un baltarismo que, cuando menos de momento, no finalizó a pesar de a sus inéditas flaquezas.

Texto original en gallego.

José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense, estaba citado este miércoles en un Juzgado de lo Penal de Zamora como acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora. Una actuación que no fue anecdótica sino reiterada. El juicio finalmente no se celebró y se volvió a aplazar, esta vez por la huelga del personal de Justicia, pero es cuestión de días o semanas que se acabe celebrando.

La última vez de que hay constancia de que un miembro de su familia se sentase como acusado en un caso penal fue hace ahora nueve años. En junio de 2014 su padre, José Luis Baltar, afrontó el juicio en el que acabaría condenado por prevaricación por enchufar a más de un centenar de personas en la Diputación de Ourense.

Sin embargo, en ese momento Baltar padre ya había dejado en manos de su hijo sus cargos en la administración y en el partido, que seguía siendo una máquina de conseguir votos en la provincia. Pero ahora, las elecciones municipales hacen peligrar que los conservadores continúen al frente de la Diputación al no haber sido capaces de lograr la mayoría absoluta en la corporación provincial por segunda vez consecutiva. Como en 2019, aunque en esta ocasión quien tiene la llave de esa institución, el alcalde de Ourense, el independiente Gonzalo Pérez Jácome, ha salido reforzado de las urnas. Además, también hay voces que ven más útil que el PP se deshaga por fin o facilite la salida del segundo Baltar sin que haya expectativas de un tercero o una tercera, acabando así con el poder familiar.

Porque la familia es clave para el actual presidente ourensano, José Manuel Baltar. Su padre le dejó el partido en 2010 y la Diputación dos años más tarde con tal poder acumulado que Alberto Núñez Feijóo no fue capaz de tumbarlo con un candidato propio. En ese acto, al asumir la presidencia del partido en 2012, José Manuel Baltar, en presencia de Feijóo, defendió su "derecho" a suceder a su padre y llegó a dirigirse a su hija Elena pidiendo que "nadie restrinja" su posibilidad de hacer lo mismo en el futuro.

Su hija trabaja ahora en el mundo del diseño y la moda, alejada en principio de la política. Pero un hermano, José Luis, como su padre, fue protagonista de la jornada de reflexión de este 28M en Ourense. Según Público, aparece en varias grabaciones y mensajes reconociendo supuestamente la financiación ilegal del partido a través de comisiones en las que él actuaría como intermediario y de las que el propio Baltar "se beneficia de forma habitual", según apunta este medio.

Según ha podido comprobar Praza.gal, estas grabaciones y capturas de pantalla con los mensajes circulaban desde hacía semanas entre sectores de la izquierda ourensana. Si tuvieron algún efecto en las elecciones de este domingo fue limitado. Pero ahora, una vez publicados y después de que el PSOE gallego y el BNG anunciaran que los llevarían a los tribunales, resultan incluso una baza para las voces dentro del PP que apuestan por una renovación en Ourense. Empezando por los conservadores en el Ayuntamiento de la capital, ahora liderados de nuevo por un Manuel Cabezas que en su anterior etapa como alcalde tuvo fuertes enfrentamientos con el baltarismo.

Baltar ya no controla tanto la provincia, hasta tal punto que para mantener la Diputación depende de un Jácome fortalecido que aspira a seguir como alcalde de la capital. El PP y el PSOE ya dejaron caer durante la campaña que estarían dispuestos a pactar para que el líder de Democracia Ourensana no siga siendo regidor. Esto supondría que no le daría de nuevo su apoyo a Baltar en la Diputación. 

Pero el resultado electoral implica que a la operación también tenga que sumarse un BNG que, al igual que los socialistas, no está dispuestos a que Baltar permanezca en la Diputación, por mucho que los conservadores sean en esta institución la fuerza más votada. En esta línea, el PSOE provincial aprobó este martes iniciar contactos con Jácome para "hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el cambio en la Diputación".

Ante este panorama, ya hay voces tanto en la izquierda como en la derecha —interesadas— que señalan la necesidad de que el PP busque otra cara y dé una salida a Baltar —el Parlamento Europeo o algo ligado con el termalismo son lugares de lo que ya se habla incluso dentro del partido— que permita a la formación mantener la Diputación y así mantener el flujo de votos que garantiza la provincia. Especialmente ante la inminencia de las elecciones generales y la perspectiva de unas gallegas antes de un año.

El resultado del juicio pendiente en Zamora podría ser determinante para el futuro de los Baltar. Aunque esta vez no parece haber otro Baltar para suceder a un Baltar condenado.

Aquí tienes el texto original en gallego.

El PP de Ourense se desmarca de la línea oficial del partido y hará un "llamamiento" a los trabajadores de la Diputación provincial para "secundar la convocatoria de paros laborales y movilizaciones" durante la huelga feminista del próximo 8 de marzo, en reivindicación de "la igualdad de oportunidades en el trabajo, en la esfera social y del derecho a vivir sin violencia", informa Europa Press.

Así lo señala la declaración institucional que está previsto que se apruebe el próximo viernes en el pleno de la Diputación, que dirige el conservador Manuel Baltar, y que, en principio, cuenta con el respaldo de las cuatro fuerzas políticas con presencia en el ente provincial: PP, PSOE, BNG y Democracia Ourensana (DO).

Además de un apoyo expreso a la convocatoria de huelga, el texto se compromete a "trasladar a la Xunta, grupos parlamentarios e interlocutores sociales", la "necesidad" de tomar medidas "a través del diálogo social" para evitar situaciones de discriminación y llevar a cabo el Pacto contra la Violencia de Género.

De este modo, los conservadores ourensanos se alejan de la postura marcada desde Madrid, que rechaza esta convocatoria por considerarla una "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres" y porque se trata de "una huelga de élites feministas, no de mujeres reales con problemas cotidianos".

Es lo que señala el Argumentario sobre la huelga general convocada para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, al que ha tenido acceso Europa Press, y que califica la movilización como una huelga "elitista e insolidaria".

Feijóo: "Respetamos todo"

La cuestión se ha colado este miércoles también en la sesión de control del Parlamento al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, interpelado por la portavoz del BNG, Ana Pontón. La dirigente nacionalista, quien ha pedido el apoyo explícito a la huelga, también ha echado en cara a Feijóo que "no haya ni un solo organismo de la Xunta que tenga un plan de igualdad" y ha advertido de que la Administración autonómica acumula "docenas" de sentencias de trabajadoras del Consorcio Galega de Servizos da Igualdade e do Benestar por cuestiones de conciliación.

Tras las respuestas recibidas, Pontón ha concluido que Feijóo "no está de acuerdo con la convocatoria de huelga" y ha acusado al mandatario autonómico de "acogerse al argumentario del neomachismo". Previamente, al acusar de "argumentario machista y carca", el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, había pedido a la diputada que retirase la expresión del debate porque entendió que había acusado directamente al PP.

"Respetamos cualquier derecho constitucional; huelga, paro, un acto cultural, o ya sea una concentración. Respetamos todo", ha respondido Feijóo, quien ha recriminado al BNG que en otras épocas "callara y mirara para otro lado". Así, ha reprochado que diga que "las cosas están peor" y ha sentenciado que "las únicas cosas que están peor en este momento son su grupo parlamentario".

"Concesiones" de todos los partidos

Entre tanto, este miércoles, el portavoz del PP en la Diputación de Ourense, Plácido Álvarez, ha rechazado que la postura de los conservadores ourensanos vaya en contra de la línea oficial del partido. "Nosotros no lo valoramos así. La gente quiere quitar punta y poner divisiones donde no las hay", ha dicho.

En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha explicado que si la declaración institucional la hubiera redactado el PP "se habrían matizado algunas cosas". Sin embargo, considera que el texto final ha salido adelante porque "todos" los partidos con presencia en la Diputación han realizado concesiones.

En el caso concreto del PP, ha señalado que la formación no ha exigido la "retirada" de "expresiones o reivindicaciones, como puede ser la huelga" porque, "si los partidos están de acuerdo en lo esencial, el resto tiene que apartarse" en beneficio de los ciudadanos.

El paro debe ser "simbólico"

Sin embargo, ha defendido que, para el PP, el paro convocado para el 8 de debería ser "simbólico", sin necesidad de paralizar la vida pública y a las empresas a lo largo de toda una jornada. En esta línea, ha apuntado que la decisión final quedará a instancias de los trabajadores del ente provincial y que cada "uno valorará a su manera cómo realizar el paro".

Por último, Álvarez ha pedido que el debate sobre las reclamaciones de las mujeres no se centre en la convocatoria de huelga convocada con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, sino que "se siga hablando de este tema durante los 365 días del año".

El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar Pumar "no negó" haber hablado con la denunciante de su hijo, Manuel Baltar, así como con "ninguna otra persona", ya que, según Miguel Caride, abogado de la acusación particular, el exbarón popular dijo que antes "se le acercaba mucha gente para pedirle favores y cosas", según ha informado Europa Press.

Baltar Pumar declaró como investigado este jueves en la causa contra su hijo abierta debido a la denuncia de una mujer que acusó a este de haberle ofrecido trabajo a cambio de sexo. En la causa existen varias grabaciones, difundidas por Eldiario.es, incluida una conversación que mantienen, supuestamente, la mujer en cuestión y Baltar en la calle y en la que hablan de esa supuesta oferta de trabajo.

Baltar llegó a los juzgados algo antes de las 11:30 horas, cuando estaba citado a la declaración, acompañado de su abogado, Luis Romero Bueno. No quiso hacer declaraciones ni a la entrada ni a su salida, mientras su letrado alertó de un "chantaje claro" por parte de la denunciante a su cliente.

Según el abogado de Democracia Ourensana, que ejerce la acusación particular, el interrogatorio que tuvo lugar la mañana de este jueves fue "normal, dentro de lo que cabía esperar de él". Baltar Pumar "negó absolutamente todo". Incluso llegó a calificar la comparecencia, durante la cual el exbarón sólo contestó a las preguntas de la Fiscalía y de las defensas, "más corta de lo esperado".

La declaración de Baltar Pumar, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación por la contratación de un centenar de personas en vísperas del congreso provincial en que le sucedió su hijo al frente del partido en Ourense, fue aplazada el pasado 8 de junio después de que las defensas pidiesen la suspensión alegando indefensión por desconocimiento de la instrucción.

La investigación trata de zanjar si existe un delito de cohecho y prevaricación por parte del hijo de Baltar y de cohecho por parte de la propia denunciante, y a propósito de lo que ahora también ha sido citado el veterano político ourensano como investigado por cohecho y tráfico de influencias.

El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, ha declarado este juevesena los juzgados de la ciudad de As Burgas en calidad de investigado en la causa en la que se investiga a su hijo, Manuel Baltar Blanco, por un supuesto delito de tráfico de influencias y cohecho a raíz de la denuncia de una mujer por supuestamente haberle ofrecido trabajo a cambio de sexo.

La declaración de Baltar Pumar, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación –por la contratación de un centenar de personas en vísperas del congreso provincial en que le sucedió su hijo al frente del partido en Ourense–, fue aplazada el pasado 8 de junio después de que las defensas pidiesen la suspensión alegando indefensión por desconocimiento de la instrucción.

El Juzgado número 3 de Ourense fijó en el mes de junio la declaración para este 29 de septiembre, a las 11,30 horas. Poco antes de la citación llegó este jueves Baltar Pumar a los juzgados y rechazó hacer declaraciones a los medios en su entrada a la sede.

La Diputación de Ourense, presidida por el conservador José Manuel Baltar, publicó este miércoles una oferta pública de 128 nuevos puestos de trabajo en la institución provincial. Según se puede leer en el Diario Oficial de Galicia, entre los nuevos empleos se incluyen diez puestos de operario de puntos limpios, un puesto de jefe de la Oficina de Información y Transparencia y una plaza de asistente para la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional. La convocatoria se hace mediante concurso ordinario.

Este anuncio se produce a tan solo cuatro días de la celebración de las elecciones gallegas, para las que los sondeos prevén una nueva mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular. 

El presidente de la Diputación fue denunciado ante la Fiscalía el año pasado por un supuesto caso de acoso sexual precisamente relacionado con las contrataciones de la institución. Según relató la denunciante, Baltar, que está imputado por este asunto, le ofreció, en el año 2010, una "plaza fija" en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, "o incluso en otro lugar", a cambio de sexo.

Precisamente, José Luis Baltar, del que José Manuel heredó el cargo, también fue citado a declarar como testigo en el marco de esta investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. 

José Luis Baltar, condenado a nueve años de inhabilitación por enchufar a 104 personas

El expresidente de la Diputación, además, fue condenado en 2014 a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación continuada en relación a los 104 contratos que firmó para la institución provincial entre los meses de enero y marzo de 2010, sin dar publicidad a las plazas. 

Entonces, Baltar padre se justificó indicando que él hacía una primera criba entre currículos y nombres para los puestos de trabajo y achacó a técnicos y jefes de servicios la selección final. Además, aseguró que "nadie" le advirtió de la obligación de dar publicidad a las 104 plazas que se cubrieron con otros tantos contratos temporales. 

Frente a estos argumentos, la sentencia estimó que Baltar "procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense citó a declarar a tres nuevas personas en el marco de la investigación abierta tras la denuncia presentada por una mujer contra el presidente de la Diputación ourensana, Manuel Baltar, por supuestamente ofrecerle trabajo a cambio de sexo.

La jueza, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), citó en calidad de investigado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias al padre del presidente, José Luis Baltar,para el 8 de junio.

El día 7 están citados en calidad de testigos el asesor jurídico de la Diputación en el momento de los hechos que se investigan y el representante de un hotel de la ciudad.

En una providencia notificada este martes, la magistrada da traslado también a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la declaración de causa compleja.

El pasado 13 de octubre, una mujer denunció ante la Fiscalía de Ourense que Manuel Baltar le ofreció en el año 2010 "una plaza fija" en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, "o incluso en otro lugar", a cambio de sexo.

Recientemente, el político del PP declinó pronunciarse sobre que la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Eva Armesto, que le investiga por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho, haya llamado a declarar en calidad de investigado al jefe de personal de la Diputación, José Luis Suárez.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se reafirmó en que actuará "con prudencia y firmeza" en relación al caso que afecta al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, acusado por una mujer de ofrecerle un empleo a cambio de sexo, y reivindicó su "coherencia" porque también respeta la "presunción" de inocencia del Ayuntamiento de Pontevedra, investigado en la Operación Pokémon.

"Me merece el mismo respeto y presunción el Ayuntamiento de Pontevedra (que dirige el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores) que cualquier otro", esgrimó Feijóo, en relación a la investigación emprendida por la jueza Pilar de Lara en el Consistorio pontevedrés en el marco de la Operación Pokémon, antes de resaltar que, sobre Baltar, ni siquiera hay pronunciamiento fiscal.

Desde el que era su escaño en la oposición, Feijóo aseguró sentirse muy cómodo en esa ubicación. "Aprendí mucho en este escaño", sentenció, antes de advertir al BNG que él actuará con Baltar con el "sentido común" del pueblo gallego, que "no juzga antes de escuchar" y que "cree en el Estado de Derecho".

A su juicio, el pueblo gallego, como él, "no distingue" en función del credo político o de si una persona es "militante del PP o del BNG". Por ello, tras subrayar que en el caso de Baltar no hay "novedad" alguna con respecto a hace dos semanas, señaló que, cuando corresponda, él estará en el mismo lugar para "asumir las responsabilidades" que toquen a su partido, pero con "coherencia".

Así, Feijóo ha concluido que no se "conformará" con los "criterios éticos" del BNG, sino que mantendrá los "parámetros" según los que actuó cuando estaba en la oposición y también ahora en el Gobierno tratando "con igualdad" a todos los dirigentes con independencia de la formación a la que pertenezcan.

Feijóo, "retratado"

En consonancia con los carteles que los parlamentarios del BNG lucían en sus escaños con el lema El acoso sexual es delito, Jorquera arrancó su intervención asegurando a Feijóo, "con la humildad de un servidor público", que su actitud es "indigna y una vergüenza". "Al amparar a Baltar insulta a todas las mujeres", ha esgrimido.

El parlamentario del BNG ha afeado que Feijóo "insultó" a las mujeres al afirmar que la denunciante "pretendía" que Baltar "delinquiese". "No dudó en recurrir a la parábola del fruto prohibido; es precioso", ha lamentado, antes de criticar que en la pasada sesión plenaria centrase "gran parte de su respuesta" en criticar a la oposición por "no preguntar" por otros asuntos como el paro o Cataluña.

Para Jorquera, el presidente gallego ha vuelto a "retratarse" este miércoles al pensar que el caso de Baltar y la investigación al Ayuntamiento de Pontevedra son "equiparables". También ha incidido en la "curiosa" presunción de inocencia que aplica Feijóo y que "no extiende" a la víctima, a la que acusa de incitar a Baltar a "delinquir".

También se ha referido a las grabaciones que "prueban que el nepotismo sigue campando a sus anchas" por la Diputación de Ourense, antes de insistir en que Feijóo debe "rectificar", pedir la dimisión del dirigente ourensano e iniciar los trámites para expulsarlo del PP.

De lo contrario, ha advertido Jorquera, quien ha recordado que este 25 de noviembre es el día en el que internacionalmente se pide eliminar la violencia machista, Feijóo será "responsable" de "amparar a un acosador" y de preferir "mirar para otro lado" frente a las actuaciones de "un señor feudal 2.0 que se cree con derecho de pernada".

"No entraré en su juego"

En el polo opuesto, Feijóo se ha reafirmado en la postura que manifestó en la última sesión de control de hace 15 días al entender que no se ha producido ninguna "novedad" en relación a Baltar y ha advertido que "no" entrará "en el juego" de la oposición al entender que le pide que valore un comportamiento que sus rivales políticos "ya han juzgado y cuyo veredicto es culpable".

"Actuaré con prudencia y firmeza sobre ésta y cualquier otra denuncia: prudencia para no pronunciarme antes que ninguna autoridad judicial y firmeza para actuar en consecuencia una vez que tengamos un mínimo de información", ha esgrimido, convencido de que ésta "prudencia" debería ser "la misma" con respecto a cualquier político.

De hecho, ha esgrimido que él también actúa con prudencia y respeta la presunción del Ayuntamiento de Pontevedra, en el que, ha recordado, "entraba la Policía" mientras se sustanciaba precisamente en la Cámara el último debate sobre Baltar el pasado 11 de noviembre.

Una mujer denunció en la Fiscalía que el ahora presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, le ofreció en el año 2010 "una plaza fija" en la institución provincial, que entonces aún dirigía su padre, José Luis Baltar, "o incluso en otro lugar", a cambio de sexo. Frente a estas acusaciones, el actual presidente del PP ourensano anunció respuesta judicial y que buscará "la contundencia de la ley", informó Europa Press.

El escrito de denuncia, publicado por eldiario.es, tiene de fecha de entrada en la Fiscalía el 13 de octubre, y en él, la mujer, cuya identidad preserva el periódico digital, relata que trabajó en la Diputación de Ourense entre los años 2003 y 2009, razón por la que "conoció" a Manuel y José Luis Baltar.

Aunque se quedó sin empleo en la institución provincial, señala que también colaboraba con el PP "ayudando en congresos y otros actos", para añadir que se mantuvo en dichos "trabajos" con la promesa "de una plaza fija" presentándose "a diversas oposiciones" que no habría aprobado, según su versión, porque la enviaban a presentarse "para hacer bulto ya que las plazas estaban dadas".

En este punto, la denunciante afirma que lo que considera "más grave" es que Manuel Baltar le prometió "una plaza fija" si mantenía "relaciones sexuales con él" y reconoce que accedió a ello "ante la necesidad del puesto", aunque el dirigente popular nunca habría llegado a cumplir su "compromiso".

También aporta datos de donde habría tenido lugar la supuesta cita –la habitación 522 del Hotel Francisco II de Ourense–, así como mensajes de texto que atribuye a Baltar para concretar la cita. Añade que él le volvió a proponer mantener relaciones sexuales, pero que ella se negó "hasta que cumpliera su compromiso".

"Me siento humillada"

Tras el supuesto incumplimiento, eldiario.es relata que la mujer empezó "un periplo de años" exigiendo "el cumplimiento del pacto" y que grabó diversas conversaciones a lo largo de varios años con el dirigente popular sobre este asunto, que el digital incorpora en su página web.

"He sufrido una enfermedad muy grave de la que estoy en periodo de curación y me siento humillada por lo que considero fue un abuso de mi situación de necesidad para aprovecharse sexualmente de mí, con promesas de darme un puesto de trabajo en la Diputación o incluso en otro lugar", constata en la denuncia presentada ante la Fiscalía.

"Toda la contundencia de la ley"

Ante la denuncia y la información publicada por eldiario.es, fuentes del entorno de Manuel Baltar consultadas por Europa Press han incidido en que se trata de la denuncia de una particular y, en consecuencia, de una cuestión al margen de la Diputación y del partido. El dirigente popular adoptará en respuesta las acciones legales pertinentes, que analizará con su abogado.

El propio Baltar se pronunció en las últimas horas en su perfil de la red social Twitter a este respecto, avanzando las actuaciones judiciales que correspondan frente a la información que publica el diario digital.

"Ante lo publicado anuncio todas las acciones judiciales precisas", ha manifestado, para añadir que buscará "toda la contundencia de la ley".

El PSOE exige explicaciones

El Grupo Provincial Socialista anunció la solicitud urgente de una junta de portavoces de la Diputación de Ourense para que el presidente del ente dé explicaciones.

En un comunicado, los socialistas justifican el carácter urgente de la petición "debido a la gravedad de los hechos" de una denuncia por supuesto "nepotismo" y "acuerdo de intercambio de favores sexuales por un puesto laboral".

"De acuerdo con el derecho que nos asiste, procedemos a solicitar una junta de portavoces de carácter urgente para que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, tenga la oportunidad de explicarse ante los representantes de las fuerzas políticas, dada la gravedad de los supuestos hechos denunciados y el prejuicio que estos suponen para la imagen de la institución provincial", explican.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la condena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de continuado de prevaricación para el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar Pumar, pena que le había sido impuesta en julio del año pasado por el Juzgado de lo Penal Número 1 de la misma ciudad.

La Sala, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), rechaza que se haya producido indefensión material en la tramitación del proceso a causa del contenido de la investigación preliminar practicada por el Ministerio Fiscal. "El hecho de que haya podido transcurrir el plazo de seis meses para la investigación de la Fiscalía no genera nulidad alguna", sostiene la sala, para la que el hecho de que se hayan aportado documentos o testimonios tomados después de transcurridos seis meses y que los mismos hayan sido unidos a las presentes diligencias previas "tampoco supone la vulneración de ninguna norma procesal ni han generado indefensión".

En el mismo sentido que la jueza del Juzgado de lo Penal, los magistrados de la Audiencia consideran probado que en el primer trimestre de 2010 el acusado decidió contratar a 104 personas a través de un procedimiento que se tramitó sin sujetarse a la ordenanza reguladora de los procedimientos de contratación temporal al servicio de la Diputación de Ourense.

Según la sentencia, Baltar "procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".

La Audiencia de Ourense, ante el recurso presentado por el abogado de Baltar Pumar, argumenta que el Tribunal Constitucional "ha manifestado reiteradamente, que la nulidad relevante es aquella que ha producido una efectiva indefensión, es decir, no se trata de un concepto meramente formal, sino material, consistente en la privación a la parte del derecho a alegar y demostrar sus propios derechos".

Además, señala la Sala que la sentencia de instancia "aprecia con acierto la prueba practicada y lo razona con adecuado criterio". Así, según apostilla, "pondera con buen tino el resultado de las pruebas personales actuadas en juicio y delimita con precisión la verdadera esencia y alcance del hecho imputado y la participación penal incriminada por el Ministerio Fiscal y acusaciones populares personadas".

Asimismo, la Sala "estima acertada y hace suya la conclusión valorativa de la testifical actuada en juicio". También en la argumentación, la Audiencia "sobra decir que la actuación del acusado debía ceñirse a los procedimientos establecidos legalmente para la contratación de personal".

"La sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho", justifica la Audiencia en su fallo, contra el que no cabe recurso.

En el presente caso, continua el fallo, "el recurso, además injustificado, al procedimiento excepcional de urgencia (en rigor, de pura contratación directa) que se describe en el factum queda muy alejado y es frontalmente contradictorio con lo que estipulan las normas que rigen la contratación para las administraciones públicas".

Por ello, sostiene la Audiencia que "de haberse observado las normas de contratación, incluso en el marco procedimental urgente auspiciado por la ordenanza corporativa de 8-1-2004 se hubiera impedido que de antemano se conociera la identidad del trabajador o funcionario con el que se hubiera suscrito el contrato".

"La propia declaración en juicio del acusado, responsable de órgano público con importante volumen de contratación pública en materia de personal ,amén de la terminante declaración (ponderada tanto en su conjunto resultado armónicamente coincidente como valorada individualmente) de los testigos señalados en la sentencia apelada, principalmente secretario, interventor y responsable de Recursos Humanos de la Corporación, evidencia la consciente y deliberada omisión de la publicidad exigible en los procesos de contratación enjuiciados", subraya la Audiencia.

"Frente a lo sostenido en el recurso no sólo fueron incumplidos los presupuestos previstos en la ordenanza provincial ad hoc sino los requisitos establecidos en la materia en la CE y en la abundante normativa general que disciplina la contratación de personal, de cualquier clase, en el ámbito de la función pública; siendo así que, en concreto, prescindir del requisito de la observancia de la convocatoria pública (aún en el limitado marco temporal de la ordenanza cuestionada), que el acusado conocía, provoca comprensible quebranto de los principios de igualdad, mérito y capacidad", añade y precisa que "es por ello que no es factible dudar de la concurrencia en el caso, del elemento del injusto de la infracción imputada".

Desestimado el recurso del PSOE

Por su parte, la Audiencia también desestima el recurso presentado por el PSOE relativo al ejercicio de la acción civil derivada del hecho delictivo. En este sentido, alega la Sala que artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "permiten plantear esa acción únicamente al Ministerio Fiscal y al ofendido por el delito, y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo".

"Cuando no se está ejercitando propiamente la acción penal en defensa de un interés genérico, sino que se actúa una acción colectiva en defensa de intereses difusos que equipara a los colectivos al ofendido que sí está legitimado para instar la responsabilidad civil (art. 7.3 LOPJ), los tribunales han admitido excepcionalmente la existencia de responsabilidad civil a petición de la acusación popular", esgrime.

Con todo, concluye que "no se demuestra por la parte recurrente causación de perjuicio económico susceptible de indemnización". "En tal sentido, los salarios y cuotas de la Seguridad Social han sido abonados y devengadas en contrapartida del trabajo o función efectivamente desempeñado; no generándose por tanto enriquecimiento injusto alguno por motivo del desarrollo de la actividad laboral o funcionarial del personal contratado", argumenta para rechazar el recurso.

El expresidente del PP de Ourense y de la Diputación, José Luis Baltar Pumar, declaró ante la instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, que las donaciones al partido –hablando de aportaciones 'legales'– "normalmente se entregaban en metálico" a la figura del gerente.

No obstante, Baltar afirmó que no sabe si se firmaban recibís y negó que a él le hubiesen entregado aportaciones dinerarias en metálico. En todo caso, admitió que "normalmente sí" él mismo, como presidente de los conservadores ourensanos, era informado de esos donativos.

En la declaración del pasado mes de julio, la jueza le preguntó quién era el gerente del PP de Ourense en mayo de 2011 –mes en el que se celebraron elecciones municipales– en relación a un informe de Vigilancia Aduanera en el que apuntó que Baltar Pumar habría recibido 6.000 euros en metálico del Grupo Vendex.

José Luis Baltar, tras dudar sobre el apellido de la persona, afirmó que este puesto lo ocupaba en esa fecha Luis Vergara, que es el actual gerente del partido. Ya después, y en general, señaló que cuando había donaciones al partido, hablando de aportaciones legales, era la figura del "gerente" la que las tramitaba, aunque en ningún momento nombró al que fue gerente desde 1983 hasta 2010, Emilio Pascual.

Baltar Pumar acudió a declarar, en el marco de la operación Pokémon –que investiga una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas– el pasado 7 de julio a los juzgados de Lugo en calidad de imputado por supuestos delitos de cohecho. El expresidente del PP de Ourente y de la Diputación podría haber sido receptor de, además de los 6.000 euros señalados, diversos regalos por parte del delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el responsable de la empresa en Ourense, Adrián Cordero, y el grupo empresarial en general.

Baltar, maestro de profesión ya jubilado, se sentó en el banquillo de los acusados también en el mes de junio por la contratación irregular de 104 personas en la Diputación de Ourensecontratación irregular de 104 personas en la Diputación de Ourense, que gobernó durante 22 años y que ahora preside su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

El exbarón popular, que ahora ya está retirado de la política, fue condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, por el centenar de contrataciones que se hicieron en vísperas del congreso que llevó a Baltar Blanco a la Presidencia del PP de Ourense.

En su declaración ante Pilar de Lara en julio pasado, que ha sido entregada en formato de audio este martes a las partes personadas en la operación Pokémon, y a la que ha tenido acceso Europa Press, apenas se hace mención al funcionamiento del partido en lo que respecta a las donaciones, aunque la jueza sí se interesa por conocer quién gestionaba la economía del partido.

Niega contactos con los directivos de Vendex

En su declaración ante la jueza, Baltar Pumar negó varias veces haber tenido contactos telefónicos con los directivos de Vendex, así como haber recibido regalos de estas empresa. En concreto, la jueza le preguntó por una pluma y por dos relojes que, según los apuntes requisados en los registros a las sedes del grupo, se entregaron entre los años 2008 y 2010.

Pilar de Lara, a lo largo de la media hora que dura la declaración, le hace escuchar los pinchazos de una conversación entre José María Tutor y Adrián Cordero, en la que hablan de una reunión concertada con Baltar Pumar, por intermediación del concejal Pepe Araújo, e incluso de una llamada del presidente del PP ourensano al responsable de Vendex en Ourense.

Baltar negó haber telefoneado a Adrián Cordero, ni "directa ni indirectamente", afirmó que desconocía si 'El Viejo' es un apodo que se corresponde con él, y atribuyó esa conversación a que Adrián Cordero querría "venderle a su jefe gestiones que hace". "Pero yo no tengo nada que ver", sentenció ante la jueza.

"Yo no he recibido ningún dinero" o "por supuesto que no" son algunas de las frases que, durante la declaración, utilizó Baltar Pumar para negar haber tenido contactos con la empresa Vendex en mayo de 2011, en el entorno a la cita electoral municipal que se celebró ese año.

Un alcalde de una gran ciudad española se inclinó, hace unos años, sobre el mapa del Plan General de Urbanismo, lo miró y espetó a uno de sus colaboradores: “Si movemos un centímetro esta línea en el plano son 400 millones de pesetas (casi dos millones y medio de euros)”. No hay noticias de que nada se moviera, pero la anécdota ilustra la fragilidad del poder municipal en un país en el que el 84% de los 8.116 municipios tiene menos de 5.000 habitantes. Gobernar en ellos, y más aún en las ciudades, puede ser una bicoca para los bolsillos de los corruptos y, por lo que apuntan las investigaciones judiciales, para las arcas de los partidos que se financian con dinero sucio.

La multiplicación de cargos locales, regionales y autonómicos dificulta la tarea de inspección por parte de los organismos del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, que además de carecer de personal y medios suficientes están políticamente en manos de los partidos que deberían investigar.

Rodolfo Serrano, periodista y antiguo asesor de dos alcaldes de izquierda, sostiene que una de las claves de la fragilidad ética de los municipios es la escasez de presupuesto. “Sé que la ley de los tres tercios es una utopía: uno para el Estado, uno para las comunidades autónomas y el restante para los ayuntamientos”. Un alcalde que necesita dinero para llevar a cabo sus proyectos, los que dan votos, depende del crédito de los bancos y de empresarios locales relacionados con la construcción.

Serrano argumenta que con las tasas de basura, los impuestos y el IBI resulta imposible equilibrar las cuentas, y más ahora tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que era una fuente de ingresos a través de licencias de obras y otros gravámenes. La caída de los ingresos no se compensa con los recortes. Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España: 6.923 millones de euros frente a los 1.011 millones de Barcelona, la segunda ciudad del país en tamaño y actividad.

Ana Botella antes de un pleno municipal./PP

Los recortes impulsados por Ana Botella afectan a la recogida de basuras (el centro es un estercolero) y al mantenimientos de los jardines, entre otros. La caída de árboles es una metáfora del deterioro. Alberto Ruiz Gallardón emprendió obras faraónicas, como el enterramiento de la M30 que, junto al estallido de la crisis, terminaron por hundir las cuentas. Quien gane los comicios de mayo de 2015 llegará con las manos atadas. La imaginación deberá sustituir a la ostentación.

El socialista Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia entre 1979 y 1988, dimitió por diferencias con su partido, el PSOE. Fue un caso insólito en un país en el que la dimisión no forma parte del lenguaje político. Coincide con Serrano al afirmar que el principal problema pasa por la vulnerabilidad de los ayuntamientos y cree que es muy difícil luchar contra la corrupción local. En una conversación telefónica, califica la gestión municipal de apasionante porque “es la más cercana al ciudadano, que no te pasa una”. “Uno de los grandes errores de la izquierda durante la Transición fue aceptar el aplazamiento de las elecciones municipales de 1977 a 1979 porque se permitió el rearme de la derecha y que muchos alcaldes franquistas siguieran en sus puestos bajo otras siglas. (…) La derecha temía las elecciones de 1977 porque en su memoria estaban las de 1931, que trajeron la II República”.

Casi 40 años después, otras elecciones vuelven a ser el centro de la batalla. El PP maneja encuestas que le anuncian un fuerte castigo después de tres años en el Gobierno y unas políticas de ajuste que contradicen sus promesas electorales. La excusa de la herencia y una recuperación económica que pocos sienten en sus bolsillos son motores insuficientes. El éxito en los comicios europeos de Podemos, una formación que nace del magma del 15-M, y la multiplicación de opciones ciudadanas de izquierdas inquieta al PP que teme perder muchos ayuntamientos. El éxito de la izquierda en las locales de 1979 fue la antesala de la victoria del PSOE en las generales de 1982 por aplastante mayoría (202 diputados).

La debilitada situación del PSOE

Esta vez el Gobierno conservador tiene un aliado inesperado: el PSOE, que maneja también unos sondeos que le auguran un descalabro similar o mayor que el del PP. No hay beneficio en el desgaste del Gobierno. El problema del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es que no puede pactar con el PP sin terminar de hundir su debilitada estructura política. Sánchez debe buscar en la ejemplaridad el perdón de los ciudadanos que han dejado de confiar en su formación.

El miedo a perder ayuntamientos (y a su fuente de financiación) ha empujado al PP a desempolvar un proyecto, que en su día fue del PSOE, para que gobierne la lista más votada e impedir pactos poselectorales entre dos o más partidos de izquierda en lugares emblemáticos como Madrid, Sevilla o Valencia. El proyecto, del que se sabe poco, ni siquiera si está definitivamente en el congelador, pretende que una lista con el 40% de los votos obtenga la mayoría absoluta de concejales. El PSOE y el resto de la oposición se han negado a pactar una reforma de ese calado a pocos meses de las elecciones, algo que sería visto por una ciudadanía como una trampa.

Impunidad de la corrupción

Una de las más entusiastas defensoras de la reforma es Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, que se prodigó en declaraciones, algo habitual en ella. Olvida que logró el puesto sin encabezar la lista más votada. Otra tara de la cultura política española es la ausencia colectiva de memoria.

La escasez de instrumentos del Estado en la lucha contra la corrupción beneficia a los corruptos en ayuntamientos y diputaciones, que se personifican en la figura del cacique rodeado de clanes que se reparten obras y contrataciones de manera abusiva; es su forma de fidelizar el voto de la familia beneficiada. El enchufismo es una corrupción de perfil bajo. Los partidos se han transformado en agencias de colocación para sus adeptos. La debilidad de la cultura democrática en España ayuda a que la ciudadanía considere normales este tipo de situaciones y no las sancione en las urnas.

Un estudio de los investigadores Jorge Araña, Carmelo León y Javier de León, que publicó recientemente la Universidad de Las Palmas, cuantifica en 40.000 millones de euros al año (en precios constantes de 2008) el coste de la corrupción en España, cuatro veces los recortes en Sanidad y Educación. No toda esa corrupción es municipal, pero el problema general es el mismo: la impunidad. Según el estudio uno de los obstáculos para luchar contra la corrupción son las dificultades que hay para cuantificarla.

El historiador Santos Juliá sostiene que las denuncias de los medios de comunicación resultan útiles, pero insuficientes. En su opinión sólo hay un camino: una fiscalía general del Estado independiente que haga su trabajo y que los corruptos entren en prisión. El Ministerio de Justicia incrementó en 2012 en 10 millones de euros la dotación de los juzgados para la lucha contra la corrupción. No parece que vayamos en la buena dirección. No es una prioridad de Gobierno.

Según informó la agencia Europa Press de fuentes del Poder Judicial, en España hay abiertas 1.661 causas y más de 500 imputados pero sólo una veintena cumple penas de cárcel. Algunos nombres son llamativos: Jaume Matas, Luis Bárcenas, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Pedro Pacheco, José María Del Nido y el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.

Delitos de cohecho, fraude fiscal y prevaricación

La mayoría de los delitos que son cohecho, fraude fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, revelación de secretos, etc. Condenan por no pagar a Hacienda, pero la ley no llega al origen delictivo del dinero obtenido.

El desastre del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, y la gestión del Gobierno de José María Aznar, empeñado en negar la gravedad del vertido, impulsó un gran movimiento de protesta ciudadana. Aunque Nunca Mais fue una creación del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la movilización superó al ámbito del BNG y se convirtió en un clamor en toda Galicia. Fue un precedente del 15-M.

El PP gallego se ha dividido tradicionalmente en dos sectores, el de la boina y el del birrete, que tan bien representaba Manuel Fraga, capaz de pasar del discurso académico al populismo localista. El PP siempre supo manejar los dos registros hasta que el Prestige amenazó su poder municipal en las elecciones de 2003. La mayoría de los alcaldes salieron reelegidos, como el de Bueu que se echó al mar con su barca a recoger chapapote. El sistema de control y la actuación de algunos alcaldes habían funcionado.

Un representante de ese PP caciquil se mofó de un alcalde del PSOE de un pueblo de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Lugo: “No tenéis ni idea”, le dijo. “No puedes dar electricidad a todo el pueblo. Van a creer que es nuestra obligación. El sistema es simple: ganas las elecciones y esperas a que llegue don Miguel, por decir un nombre, con sus problemas al salir de casa porque la calle está oscura. Entonces le pones electricidad en la puerta de su casa. Vuelves a tu sillón y esperas a que venga uno por uno cada vecino. Al final todos tienen electricidad, pero todos te la deben”. La anécdota, narrada por el alcalde afectado, explica un mundo que no ha cambiado demasiado. La gran novedad es que el PSOE ha entrado en el juego.

“Galicia no es el lugar de España con mayor caciquismo, pero sí donde hay más población rural”, asegura un periodista gallego que domina la política autonómica y prefiere el anonimato. “La compra de votos es sencilla: se da trabajo (temporal) a un miembro de la familia y después te votan todos. Son contratos cortos para llegar a mucha gente. Es una corrupción muy difícil de combatir. Un ejemplo es Ourense y el cacique José Luis Baltar. Su poder desde la diputación provincial consistió en crear una red de poder municipal. Baltar era el intermediario ante la Xunta. Un miembro del PP le definió como un gerente de inversiones”. Baltar llegó a utilizar su sistema de compra de votos en el Congreso del PP que le permitió dejar el poder a su hijo.

La trama del bipartidismo

Se habla en Galicia de las siete ciudades: A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense y Santiago. En la capital estalló el llamado caso Pokémon, que afecta al PP y a los socialistas y tangencialmente al BNG. La jueza que investiga este caso de mafia empresarial ha imputado a tres alcaldes (Santiago, que va por el tercero tras la dimisión de los dos primeros; Lugo y O Carballiño; y cinco ex alcaldes). Uno de cada nueve alcaldes gallegos está imputado, la mayoría del PP.

El alcalde de Ourense (PSOE). Francisco Rodríguez, fue detenido por corrupción. El de Lugo, José López Orozco, también PSOE, está imputado pero no dimite. En Ferrol, en manos del PP, está imputado el alcalde. Están limpios Pontevedra y Vigo, en manos del PSOE. El caso de A Coruña, donde está imputado el teniente alcalde, simboliza la putrefacción del sistema: el PP heredó la trama corrupta del PSOE y la mantuvo en su beneficio. Pokémon es un ejemplo clásico: manipulación de la concesión de servicios, sean de agua, la grúa municipal, la construcción de polideportivos o la contratación de decenas de personas en las contratas, que al ser privadas carecen de procedimientos objetivos de selección de personal. El sumario acumula 88 imputados y tiene algunas ramificaciones en Asturias y en Cataluña.

Ahora todos se rasgan las vestiduras con el caso de Jordi Pujol y su familia. Los periodistas que alabaron su labor al frente de la Generalitat y de su partido en numerosos ayuntamientos catalanes se sienten traicionados. Pero todo el mundo sabía cómo funcionaba: con comisiones del 3 o el 5% y los concursos amañados. La investigación de las cuentas de Luis Bárcenas, y por extensión las del PP que tiene a tres tesoreros imputados, apunta a que ese sistema tiene implantación nacional: empresas que pagan por lograr contratas en concursos no transparentes en los que el adjudicatario está decidido de antemano.

Empresas que redactaban las condiciones de los concursos

“En las grabaciones de la operación Pokémon”, prosigue el periodista gallego, “hay casos de empresas que redactaban ellas mismas los pliegos de las condiciones de los concursos o que pedían técnicos favorables. Al detenido alcalde de Ourense le incautaron una lista de personas a colocar. En la noche electoral, las empresas que se dedican a este negocio empezaron a tantear a los nuevos. En Pokémon está implicada la empresa Vendex, con sede en Madrid, que facilitó interventores al PSOE durante las elecciones ante la falta de militantes”.

No hay diferencia entre el PP y el PSOE, al menos en las excusas para defenderse: ambos hablan de Estado policial (por las escuchas), atacan a los jueces y juezas, reclaman la presunción de inocencia, denuncian maniobras políticas de sus rivales, sostienen que las cantidades denunciadas son pequeñas y que ayudar a quien lo necesita no es un delito. Entre ellos no suele haber críticas, todo guante blanco, hoy por ti, mañana por mi. “El hartazgo ciudadano es patente en las áreas metropolitanas”, dice el periodista gallego; “en los pueblos está por ver”. Existe un espacio político enorme para Podemos y las Mareas (como se llama en Galicia al movimiento Ganemos; Guanyem en Barcelona).

Protestas ciudadanas en Gamonal./ RODRIGO MENA (CC BY FLICKR)Alfredo Sánchez Monteseirín

fue alcalde de Sevilla, quizá el más odiado por el PP, al que ganó tres elecciones seguidas, y por un sector del PSOE, su partido, que jamás le perdonó que venciera en las primarias al candidato oficial, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía. En sus tres legislaturas (1999-2011) al frente de la ciudad hispalense sufrió el acoso constante de sus enemigos que ridiculizaron cada una de sus decisiones, como la de cerrar el centro al tráfico para preservar la catedral y otras joyas arquitectónicas, símbolos de la ciudad y del turismo, abrir una línea de tranvía, la rehabilitación de la Alameda y de la plaza de la Encarnación, conocida como la de las setas, y la creación de un carril-bici, una necesidad en una ciudad tan llana como Sevilla.

Monteseirín es posiblemente el alcalde que ha movido más cosas en una ciudad en la que no se mueve casi nada desde hace siglos, asegura una periodista sevillana. La gestión de su equipo tampoco se libró de las salpicaduras de la corrupción, pero él salió indemne. El partido logró desgastarle tanto que al final arrojó la toalla. En las elecciones de 2011, ganó el PP. El nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, suavizó las restricciones al tráfico devolviendo a la ciudad a sus atascos, ruido y coches mal aparcados. El carril-bici, emblema de las campañas anti-Monteisirín, no se tocó.

Si Galicia se lleva la fama, la Comunidad Valenciana carda la lana, parodiando el célebre dicho. El PP gobierna la Generalitat desde 1995 y la ciudad de Valencia desde 1991. Es una ocupación total del poder: ayuntamientos, diputaciones y Generalitat. Para defenderse de los procesos judiciales en marcha, como en el caso de Carlos Fabra en Castellón, los afectados tratan de dilatar al máximo los procesos con triquiñuelas legales, recursos, para forzar el cambio de jueces; algunos por ascensos llegaron en el momento procesal oportuno. El único objetivo apunta a alargar la instrucción con la esperanza de que alguien se equivoque y sus abogados puedan pedir la nulidad, o que se extinga la responsabilidad penal. La instrucción de Carlos Fabra ha durado 10 años. Él es un ejemplo de la ocupación caciquil y hereditaria del poder: su abuelo y su padre también fueron presidentes de la diputación. Es un émulo de Baltar en Galicia, pero con más tradición.

La mano derecha de Fabra en Castellón, Francisco Martínez, alias Sadam Husein, por su parecido físico con el difunto dictador iraquí, es alcalde de La Vall d'Alba desde 1991. En este tiempo ha amasado una fortuna de 1,5 millones de euros. En su pueblo, además de las recalificaciones y edificaciones, se produce un hecho insólito: el número de ancianas sin herederos legales que dejan sus bienes en herencia al ayuntamiento o a su alcalde.Husein ha dimitido como vicepresidente de la Diputación, pero sigue como alcalde.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, es una superviviente nata. Ha estado con Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y ahora con Alberto Fabra. Apenas sale del perímetro de la ciudad, que gobierna con mano de hierro. Está muy bien relacionada con Madrid; primero con Aznar, quien quiso casarla en el entusiasmo de un mitin, y con Mariano Rajoy, con quien estuvo reunida tres horas hace unas semanas, un privilegio destinado a los elegidos. No hay casos de corrupción contra ella, pero todos sus amigos están implicados en alguno. No es ajena a los fastos de la Fórmula Uno, al viaje del papa Benedicto XVI organizado por la red Gürtel, a la Ciudad de las Artes, de Calatrava, y al caso de Feria Valencia.

El PP puede perder la Comunidad Valenciana

Es posible que no repita como alcaldesa y que el PP intente con ella mantener la Generalitat. En su contra juega su desconocimiento de la comunidad autónoma, el desgaste del partido, la foto del Ferrari de Cheste con Camps y esa manía de reír siempre, haya crisis o no haya crisis. El PP puede perder la Generalitat porque no tendrá mayoría absoluta. La irrupción de Podemos, o Ganemos, complicará el pacto en la izquierda que pasaría a tener tres o más formaciones políticas.

En Alicante hay una alcaldesa popular imputada dos veces que tampoco dimite: Sonia Castedo, que ya ha anunciado a su partido que “morirá matando”. El exalcalde de Valencia Pérez Casado ironiza con la amenaza: “De momento muere recalificando”.

En España nadie dimite, como denuncia una célebre pintada callejera: “Dimitir no es un nombre ruso”. Tampoco dimite el regidor de Brunete, cerca de Madrid, pese a que existen grabaciones que le inculpan en un supuesto intento de compra de una edil de UPyD. En los escaños de las Cortes Valencianas llegaron a sentarse 12 imputados. En los últimos meses han ido dimitiendo con cuentagotas; no porque Alberto Fabra se lo exija, el partido lo demande o su conciencia se lo recomiende, sino para complicar la instrucción. Cada vez que dimite uno hay que sacarle del sumario y pasar la causa a un juzgado ordinario porque ha dejado de ser aforado.

Un ejemplo paradigmático en Valencia es Rafael Blasco. Fue corrupto con el PSOE que le permitió excesos porque controlaba los votos de la comarca de La Ribera -una de las de mayor afiliación del PSPV-PSOE- y lo ha sido con el PP. Acaba de ser condenado por malversación de la ayuda humanitaria a Nicaragua. Es un símbolo de todo lo que no funciona en el bipartidismo. Los que le conocen dicen que tiene la capacidad de mentir sin pestañear a su interlocutor, mirándole a los ojos, a sabiendas de que el otro sabe que es mentira. No como Rajoy, al que se le disparan los tics cada vez que dice algo que es falso.tics

Quedan lejos los tiempos y la figura de Julio Anguita, alcalde en Córdoba entre 1979 y 1986, elegido en las listas del PCE con apoyo del PSOE. No es una ciudad especialmente comunista que le reconoció su excelente gestión. Entre sus muchas batallas políticas en un momento en el que el aire aún rezumaba franquismo destaca la que mantuvo con el obispo Infantes Florido, que le criticó su decisión de prohibir a los concejales acudir a las procesiones en nombre del Ayuntamiento, sí a título personal, y la cesión de dos pequeños espacios para el culto musulmán. Tras un primer cruce de misivas en los diarios, Anguita zanjó el asunto con un recordatorio de quién manda en democracia: “Usted no es mi obispo, pero yo soy su alcalde”.