Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha citado a declarar como investigados a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona (FCB) Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y al hijo del exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que "todavía no está programada la fecha" para estas declaraciones.

El exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira, está investigado por presuntamente recibir pagos del FC Barcelona a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club.

En marzo, Negreira fue citado ante el juez y se acogió a su derecho a no declarar, y la cita fue acordada una vez el juez recibió el informe psiquiátrico del forense que examinó a Negreira.

El médico del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) que lo evaluó en octubre estimó que podía prestar declaración y el juez decidió convocarlo, una cita que se aplazó dos veces por motivos de agenda de los abogados.

ACS acaba de lanzar un órdago que le permitirá hacerse con el control de Abertis, una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Este jueves anunció la compra del 14,46% de Hochtief, empresa alemana en la que entró en 2018 y de la que ahora posee ya el 68,01%. Con los 577,8 millones de euros que le ha costado la operación, la constructora de Florentino Pérez hace salir a la familia Benetton de Hochtief y puede ya pensar en adquirir también el 20% que ésta tiene en Abertis, un movimiento que hasta ahora le impedía el pacto de accionistas por el que tanto ACS como Atlantia –la compañía de los Benetton– habían entrado en la concesionaria de autopistas en 2018 tras una cruenta pugna. En Abertis, el 50% del capital más una acción está aún en manos de los italianos, mientras que el 30% pertenece a ACS y el 20% a Hochtief.

El grupo, que factura 4.854 millones por sus negocios repartidos por todo el mundo, es un bocado apetitoso ahora que ACS pretende pasar de la construcción a las mucho más lucrativas autopistas de peaje. El beneficio de Abertis en 2021 ascendió a 691 millones de euros en 2021.

Pero el envite se produce justo cuando Abertis corre el riesgo de perder todo su negocio en Argentina. Sólo un día antes de comunicar a la CNMV su avance en Hochtief, el presidente argentino, Alberto Fernández, acompañado de su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció ante los periodistas que iniciaba el procedimiento para pedir al juez que anule los acuerdos por los que el Gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, había renegociado las concesiones a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) en 2018. Tras una auditoría que ha durado dos años el Ejecutivo peronista ha declarado que ambos acuerdos son “lesivos al interés general en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad”. De forma cautelar, también pedirá al tribunal de lo contencioso-administrativo que entregue al Estado ambas autopistas de peaje.

Aunque el peligro puede ir más allá. Porque, al mismo tiempo, un tribunal de lo Penal investiga la comisión de un posible delito de lavado de dinero mediante esos acuerdos. “Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando”, explicó el ministro de Obras Públicas.

Ambas concesiones fueron otorgadas en 1994 por el Gobierno de Carlos Menem a estas empresas, que construyeron y gestionan las dos mayores autopistas de peaje que dan acceso a Buenos Aires: Ausol, 119 kilómetros en la Autopista Panamericana, y GCO, los 59 kilómetros de la Buenos Aires-Luján. Abertis posee el 31,59% de Ausol, y el 42,87% de GCO a través de Acesa, otra empresa del grupo ACS. Pero la presencia española en la primera se remonta a los 90, cuando era Dragados, también del grupo de Florentino Pérez, uno de los accionistas, junto con Sideco, una empresa de la familia del expresidente Macri.

Porque la pugna entre el Estado argentino y estos dos concesionarios ha sido larga y feroz. Además de contar con otros elementos políticos.

En efecto, un tercio del capital de Autopistas del Sol pertenecía a la empresa del padre de Mauricio Macri, Franco. En 2001 vendió el 25% a Dragados, y en 2017 el 7% que le quedaba. En 2015 su hijo fue elegido presidente de Argentina, cargo en el que permaneció hasta 2019. Un año antes su gobierno había renegociado las concesiones tanto de Ausol como de GCO. Así, reconoció una deuda por inversiones no recuperadas mediante el cobro de los peajes por importe de 540,52 millones de dólares con la primera y de 272,62 millones con la segunda. Un total de 813,14 millones. Según el actual Ejecutivo argentino, ese reconocimiento de deuda y la “dolarización del contrato” se hicieron “sin ninguna justificación”.

Además, se prorrogaron –“de manera arbitraria, según el ministro Katopodis– hasta 2030 las adjudicaciones, que tenían un plazo inicial hasta 2020, de forma que “se transformó un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”. Al tiempo, se pactó una subida de los peajes del 8% anual, el mismo porcentaje que se aplicó a los intereses de la deuda. Estos, explicaron fuentes del Gobierno peronista a la web infobae, era capitalizable; es decir, pasaba a formar parte del capital y, por tanto, aumentaba la deuda. Hasta los 1.161,13 millones de dólares. Como, además, las obligaciones de pago de las concesionarias –deuda, intereses e impuesto sobre sociedades– debían ser sufragadas mediante los peajes, éstos debían subir 22 veces en la autopista de Ausol –de 80 pesos (56 céntimos) a 1.830 (12,74 euros)– y 11 veces en la de GCO –de 100 pesos a 1.072–. En total, según los cálculos gubernamentales, la deuda a la que debía hacer frente el Estado argentino alcanza los 2.000 millones de dólares.

Ambas empresas respondieron este jueves asegurando que los acuerdos por los que se renovaron las concesiones son “plenamente legítimos” y resultado de un proceso de renegociación que duró 16 años. “Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006, y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable”, precisaron en un comunicado enviado a la CNMV argentina.

Ausol y GCO se refieren al pleito que ambas instaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), un tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial en 2015. Las concesionarias reclamaban entonces 3.000 millones de dólares por la deuda que les había ocasionado la congelación de peajes ordenada por el Gobierno den 2003. En agosto de 2017, cuando comenzaron las conversaciones para renegociar las concesiones con el Ejecutivo de Macri, las autopistas anunciaron que desistían de su pleito ante el Ciadi. Los acuerdos se firmaron en junio de 2018.

“Les ofrecimos a las empresas extender el contrato hasta 2030 con el mismo sistema tarifario que había aprobado en su momento Néstor Kirchner [anterior presidente argentino]. Les dijimos: ‘Esto es lo que les podemos dar; si les sirve, bien, y si no, se sigue el juicio. Las concesionarias aceptaron eso y eliminamos un juicio de 2.000 millones de dólares. No les dimos nada más que lo que decía el contrato original”, respondió el director general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, uno de los negociadores del equipo de Macri, en la emisora Radio con Vos. Según detalló, el contrato estaba “dolarizado” ya antes de que llegara Macri al poder y Kirchner había reconocido a las empresas de Abertis una deuda de 600 millones de dólares por la congelación de los peajes. También aseguró que Ausol y GCO fueron a juicio porque el Gobierno peronista “violó su propio contrato” después. “Es la nueva y gran mentira de este presidente [Alberto Fernández]”, zanjó.

El pasado mes de agosto, las dos concesionarias intentaron recusar al ministro de Obras Públicas, al responsable de Vialidad Nacional y al procurador del Tesoro de la Nación por el “prejuzgamiento” –al emitir una opinión judicial antes de dictar sentencia-- en que habían incurrido. El Gobierno rechazó la recusación y ahora ha emitido un decreto para instar a la justicia a actuar.

Abertis también está en pleito, y desde hace años, con el Estado español, al que desde 2006 viene reclamando que le compense por las obras realizadas y un tráfico por debajo de las previsiones en las autopistas cuya concesión se le otorgó. En total, hasta 4.200 millones de euros, de los que, de momento, las arcas públicas sólo le han pagado 1.070 millones por el fin de la concesión del tramo catalán de la AP-7.

Mientras, se arriesga a perder en Argentina dos autopistas que le suponen unos ingresos anuales de 7.474,8 millones de pesos (53,06 millones de euros) –Ausol– y 5.416,3 millones (38,45 millones de euros) –GCO–, según figura en sus cuentas anuales de 2021. Pero que cerraron ese año con unas pérdidas de 521,23 y 462,7 millones de pesos (3,7 y 3,3 millones de euros), respectivamente.

La semana pasada se hizo público que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había alcanzado un acuerdo para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más importantes de España. Para acceder a su nuevo puesto, Santamaría tuvo que recibir el permiso de la Administración, que certificó que no existe conflicto de intereses por su pasado político. Pero el bufete al que accede la vicepresidenta es muy activo a la hora de litigar contra España: Cuatrecasas representa al menos a siete empresas que se encuentran pleiteando contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables del Gobierno en el que Santamaría era vicepresidenta.

Fue el pasado lunes cuando se anunció que Santamaría volvía al sector privado por la puerta grande. La exvicepresidenta, abogada del Estado de profesión, ha fichado por Cuatrecasas con rango de socia de la empresa y entrando en su consejo de administración, después de que la Oficina de Conflictos de Intereses diese luz verde al entender que, durante su etapa en el Gobierno, no había tomado ninguna decisión relacionada con la firma. Pero, aunque no dependerá directamente de ella, la nueva empresa de Santamaría sí que está pleiteando contra el Estado en casos muy relacionados con decisiones tomadas durante su mandato como vicepresidenta.

A día de hoy, España se enfrenta a 32 procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. En este tipo de tribunales, no compuestos por jueces sino por árbitros elegidos por las partes, las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado les compense si entienden que uno o varios cambios legislativos han perjudicado su inversión y les han hecho perder o, incluso, dejar de ganar dinero.

La mayor parte de los 32 procesos de arbitraje abiertos en el Ciadi contra España están impulsados por empresas que invirtieron en energías renovables antes del recorte que el Gobierno del PP llevó a cabo durante su última legislatura con mayoría absoluta. Y, de esa cifra, un total de siete compañías están representadas en sus reclamaciones por el bufete Cuatrecasas del que ahora Santamaría es socia y miembro de su consejo de administración.

infoLibre se puso en contacto con Cuatrecasas para conocer si, además de esos siete casos ante el Ciadi, el bufete también representa a empresas que pleitean contra España en otros tribunales de arbitraje similares como Uncitral –dependiente de la ONU– o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, además de para conocer más detalles sobre otros casos en los que esté litigando con el Estado. El bufete, no obstante, se limitó a señalar que la única información disponible es la que hace pública Ciadi.

NextEra reclama 291 millones representada por Cuatrecasas

En estos procesos, la compañía en cuestión demanda al Estado y, si los árbitros concluyen que lleva razón en sus reclamaciones, posteriormente se fija la cuantía de la indemnización, por lo que es imposible conocer con exactitud cuál es la cantidad reclamada a España. Pero a finales de 2017, la Abogacía del Estado –que es quien defiende a España en los procedimientos abiertos en el Ciadi– aseguraba que la cifra global de reclamaciones ascendía a más de 7.000 millones de euros, en torno a un 0,7% de todo el PIB español.

Y, por el momento, Cuatrecasas parece estar teniendo bastante éxito con sus demandas, para perjuicio del Estado. El pasado jueves, el Ciadi se pronunció a favor de la empresa estadounidense NextEra Energy casi cinco años después de que la compañía registrase su demanda ante la corte de arbitraje. Pese a que el siguiente paso en el procedimiento es cifrar la cuantía de la indemnización y España aún puede reclamar una rebaja, la propia NextEra sostuvo hace unos días que, a su juicio, España les debe aproximadamente 291 millones de euros "más intereses".

España, de hecho, ya ha tenido que enfrentarse al pago de varias indemnizaciones desde que comenzó la avalancha de reclamaciones, que se incrementó especialmente a partir de 2013. De momento, el Ciadi ha fallado ya a favor de tres demandantes: Masdar –representante del fondo soberano de Abu Dabi–, por una cifra de 64,5 millones de euros, Eiser Infraestructure, por otra de 128 millones, y Antin, por 112 millones. Además de a NextEra, el bufete que ha fichado a Santamaría representa a dos compañías japonesas (JGC Corporation e Itochu Corporation), una alemana (BayWa r.e.), otra británica (InfraRed) y una luxemburguesa (Renergy), además de a un holding suizo (Schwab Holding AG). Esos seis procedimientos impulsados en el Ciadi por Cuatrecasas aún no tienen veredicto, aunque algunos de ellos llevan años en marcha y ya han pasado por varias fases.

Dinero público gastado en abogados

Pero el dinero utilizado para satisfacer las indemnizaciones determinadas por el Ciadi no es el único que está teniendo que gastar el Estado a la hora de pleitear contra las empresas afectadas por el recorte a las renovables del Gobierno del PP. Tal y como reconoció el Ejecutivo liderado entonces por Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos, el Gobierno se vio obligado a crear "dentro de la Abogacía General del Estado un departamento especializado en la llevanza de procedimientos de arbitrajes de inversión". Y, pese a que es este órgano el encargado de representar a España en los procedimientos de arbitraje, España ha tenido que contratar en varias ocasiones bufetes de abogados privados para continuar pleiteando en tribunales ordinarios estadounidenses o suecos, donde la Abogacía del Estado no puede intervenir.

La oleada de demandas contra España en los tribunales de arbitraje comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Rajoy, que supuso la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables. En esa reforma, el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Estado español sufrió su cuarto revés en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables, al fallar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, a favor del fondo Antin, reconociéndole el pago de una indemnización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba, informaron a Europa Press fuentes del sector.

En concreto, España suma tres sentencias en contra del Ciadi, ésta más las anteriores favorables a Eiser y Masdar, además de una ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que falló a favor de NovEnergia, por los recortes a las renovables.

En su fallo, el Ciadi reconoce al fondo una indemnización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba, al considerar que el cambio regulatorio fue tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la EnergíaCarta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia, indicaron las mismas fuentes.

En su fallo, el tribunal de arbitraje también estima la reclamación de Antin, que estuvo asesorada por el despacho Allen Overy, respecto al impuesto del 7% a la producción eléctrica. Asimismo, condena a España a pagar el 60% de las costas del proceso.

Antin, que reclamó mediante Antin Infraestructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, compró en 2011 a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió el año pasado a otro fondo, Cubico, según adelanta El Confidencial.

El pasado mes de mayo, el Estado español ya sufrió un revés por parte del Ciadi, al fallar a favor de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones que reclamaba.

Este fallo del Ciadi era el segundo en contra de España, después de que en mayo del año pasado el organismo dependiente del Banco Mundial fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi recurso contra este laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España.

Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia. De todas maneras, el tribunal de apelación de Suecia decretó posteriormente la suspensión indefinida de la ejecución de este laudo.

Resoluciones en el aire

No obstante, la resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire, ya que el pasado mes de noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló el pasado mes de marzo que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.

Dos victorias en los tribunales internacionales

Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

España suma casi una treintena de demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi contra los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2013, así como otras más en otros organismos internacionales. Las referidas a los recortes retributivos de 2010 fueron desestimadas.

Reclamaciones por más de 7.500 millones

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.

La cantidad que los inversores extranjeros reclaman a España en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros, aunque esta cantidad podría aumentar, ya que existen aún varias causas abiertas en las que el inversor aún no ha presentado demanda.

Así consta en la respuesta dada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú), que habían pedido al Gobierno los informes de la Abogacía del Estado sobre los litigios a los que se enfrenta a España por recortar la retribución a estas energías, lo conocido como el hachazo a las renovables.

El departamento que dirige Álvaro Nadal replica que no existen informes de la Abogacía del Estado que detallen la cuantía total de estas reclamaciones, aunque adjunta una relación con hasta 34 causas, y otras dos pendientes de presentación de demanda.

Entre todas ellas destaca la demanda interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.

En su respuesta, Energía también incluye dos laudos ya concluidos: uno, el de Eiser ante el Ciadi, por el que España debe abonar 128 millones de euros –la multinacional reclamaba 298 millones–, y otro, el de Isolux, que reclamaba 78.868 euros, y que fue finalmente ganado por España.

Asimismo, también se desistió la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado a España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).

El comité de huelga de Eulen aseguró este jueves que no propondrá ningún árbitro para el laudo de obligatorio cumplimiento que inició el Gobierno central, y remarcó que denunciará este procedimiento tras calificarlo de "ilegal".

Así lo dijo el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que sostuvo que "no da tiempo a proponer un nombre en 24 horas".

"Aunque propongamos un nombre, que no lo haremos, quien lo pondría finalmente sería el Gobierno", lamentó, y añadió que en ningún momento se ha pensado en un árbitro por falta de tiempo.

En referencia a la posibilidad de denunciar el laudo, Giménez explicó que el vocal del comité de huelga "ya está trabajando en el tema", y auguró que la justicia les dará finalmente la razón porque ,según él, el Gobierno vulnera los derechos de los trabajadores.

"Está demostrado que utilizan las leyes como quieren y están aplicando un laudo ilegal", dijo en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Además de estas críticas, Giménez también alertó de que ahora "las cosas en el Prat van demasiado rápido", y cuestionó la seguridad actual en los filtros del Aeropuerto de Barcelona.

Agradecidos a la Generalitat

Después de no llegar a un acuerdo con el Govern, desde Eulen agradecieron a la Generalitat su predisposición al diálogo y su "comportamiento correcto". "Íbamos a llegar a un acuerdo con la Generalitat, pero me imagino que recibieron presiones", afirmó Giménez.

Por contra, sobre el Gobierno de España dice que lo único que le importa es que "sus amigos llenen los bolsillos a costa de sus trabajadores" y que con los recortes que hicieron "al trabajador no le queda mucho más que la huelga para denunciar los acosos laborales que sufren".

El Tribunal Federal del distrito Sur de Nueva York ha confirmado el laudo arbitral por el que España tendría que pagar 128 millones de euros a Eiser Infraestructure y su filial Energía Solar Luxemburgo. El fallo, emitido el 27 de junio, dictamina que España deberá pagar además un interés del 2,07% desde el 20 junio de 2014 hasta el 4 de mayo de 2017, y un interés del 2,5% mensual.

La sentencia confirma la ya dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), del Banco Mundial, que recurrió el Gobierno, por el recorte de las subvenciones prometidas a estas empresas por sus plantas fotovoltaicas en nuestro país.

La defensa del Estado español ha recurrido la anulación de esta nueva sentencia "por eludir requisitos jurisdiccionales y procesales de la ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera". 

España tiene pendientes otras 26 denuncias por los recortes en las primas a las renovables que, de seguir un desarrollo similar, podrían costar cientos de millones en compensaciones al erario público. 

El Ministerio de Energía, por su parte, declaró cuando se dio a conocer el laudo del Ciadi que este "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" para otros casos. "El laudo, por tanto, no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014 que permitió acabar con el déficit de tarifa", añadió el ministerio.

España acumula gastos en los dos últimos años por casi 9 millones de euros en asesorías externas para defenderse de la lluvia de procesos arbitrales internacionales de inversores por los recortes aplicados a las energías renovables, informa Europa Press.

En concreto, desde marzo de 2015, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha contratado servicios de asistencia especializada para estos litigios por 8,72 millones de euros en un total de 18 frentes abiertos.

Asimismo, el organismo ha abierto la convocatoria de dos concursos más para la contratación de asistencia de asesoría externa, compuesta por cuatro lotes por importe de 600.000 euros cada uno, el último de ellos publicado el pasado mes de enero, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los registros del IDAE.

Las beneficiarias de estos contratos adjudicados en estos dos años han sido cinco firmas: Accuracy (3,1 millones de euros), BDO (2,295 millones), Econ One (1,5 millones) y la UTE entre McGroup y Altran (1,81 millones).

27 demandas en el Ciadi

España acumula un total de 27 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables.

La última de ellas fue presentada el pasado mes de agosto por las sociedades Cordoba Beheer, Cross Retail, Sevilla Beheer y Spanish Project Companies, según los registros del tribunal consultados por Europa Press.

España ocupa así la primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética, a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Por el momento, solo ha quedado resuelto uno de estos procesos internacionales, presentado por la firma Charanne and Construction Investment ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC). En este caso, en el que se abordó el recorte de 2010, los jueces dieron la razón a España.

Denuncias

Entre las compañías y fondos internacionales que han llevado a España ante el Ciadi figura Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España.

En noviembre del año pasado se cursó la demanda de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.

Anteriormente, se tramitaron las denuncias presentadas por Watkins Holdings, junto a otras sociedades como Repier, Northsea Spain, Parque Eólico Marmellar y Parque Eólico La Boga, y por las sociedades Hydroxana Sweden e Hydro Energy 1, SolEs Badajoz GmbH y los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.

También han presentado denuncias la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, registraron su denuncia ante el organismo, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, además de un grupo de inversores alemanes..

Estos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país. Entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.

Además, el organismo había iniciado la tramitación, entre otras, de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA, siglas en inglés) está afrontando los que pueden ser sus últimos meses de negociación, aunque aún quedan varias barreras que superar. La Unión Europea no puede presumir de una unidad total en lo político y muchos de los Estados miembro están poniendo sobre la mesa sus discrepancias. En otros países los parlamentos, tanto regionales como estatales, debaten y negocian su visto bueno. Y en España, con un Gobierno en funciones desde hace 332 días, el CETA no ha pasado por el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo apoya sin reservas un acuerdo ampliamente criticado por parte de la sociedad civil. Los portavoces de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción Tom Kucharz y Francesca Ricciardi ofrecieron este jueves una rueda de prensa para informar sobre los últimos avances en las negociaciones del CETA y del TTIP, cuyos escollos contrastan con la actitud de total colaboración del Gobierno de Mariano Rajoy.

Durante este jueves y viernes se está celebrando en Bratislava (Eslovaquia) la cumbre de los Ministros de Comercio de los Estados miembros, un encuentro informal en el que, según la organización, se debatirá el futuro de ambos tratados: algo más cercano en el caso del canadiense y más remoto en el caso del que se negocia con Estados Unidos. Los pasos que presumiblemente se darán en las próximas semanas con respecto al CETA incluyen la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del 12 de octubre, en la que debería salir una decisión que se aprobaría posteriormente sin debate en la cumbre del Consejo sobre Política General del 18 de octubre. Si de aquí sale un acuerdo, la firma con Canadá se estamparía en otra cumbre el 27 de octubre. Sin embargo, no está claro que la Unión Europea logre en varios días un acuerdo entre sus filas que presentarle al país norteamericano, dado el rechazo de varios Estados. Los representantes más favorables al CETA presionan durante el encuentro de Bratislava a los países con más dudas para que cedan. 

Explica Ecologistas en Acción que Bulgaria y Rumanía siguen reticentes a dar el sí al CETA por la negativa de Canadá a levantar la obligación del visado a sus ciudadanos, Polonia se opone al sistema de resolución de controversias previsto y Grecia rechaza la débil protección al queso feta. En Alemania, el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha convencido a su partido (el sociodemócrata SPD) para que en su convención la formación apoye el acuerdo de libre comercio. En Bélgica, el país con un debate más intenso al respecto, los parlamentos regionales han aprobado resoluciones en contra del tratado. Y se ha discutido, entre otros lugares, en el Parlamento holandés o francés. 

Sin embargo, el apoyo del Gobierno español al CETA no tiene fisuras como tampoco tiene consenso, ya que, a diferencia de muchos de nuestros socios europeos, el tema no ha pasado por nuestro Parlamento. Desde el Ejecutivo apuestan porque la UE "no solo lo firme, sino que se aplique lo más antes posible", explica Kucharz, por lo que rechazan un aplazamiento de la firma con Canadá ante la ausencia de una postura común en las filas europeas. Pero el Gobierno español, explica Ecologistas, ha dado un paso más allá. En caso de, finalmente, estamparse la rúbrica junto al país norteamericano, el tratado comercial entraría en vigor de manera provisional, a la espera de que sea ratificado por los parlamentos de los países que conforman el club comunitario. Hay consenso, explica el activista, en dejar fuera de esa aplicación temporal lo relativo a la protección de la inversión: un capítulo en el que el CETA coincide con el TTIP en el que se propone que las empresas puedan llevar a los Estados a tribunales de arbitraje privados si ven peligrar su dinero. Kucharz asegura que España –uno de los países con más litigios abiertos en estos tribunales del mundo– no quiere que este apartado se excluya. Es la misma postura que defiende con respecto al acceso de los mercados europeos a los inversores canadienses y viceversa, pero en este tema coincide con la Comisión Europea. 

Kucharz, además, aseguró que el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui está detrás, junto a otros europarlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y del Partido de los Socialistas Europeos (PES, siglas en inglés), de una carta que circula entre los representantes con un contenido polémico. En principio, si la UE y Canadá firman el CETA, el acuerdo entra en aplicación provisional hasta que cada parlamento de cada país lo ratifique. La misiva pide que este último paso se suprima y que el tratado de libre comercio salga adelante solo con la aprobación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 

"Estamos preocupados por la deriva de este Gobierno, que en funciones va a tomar decisiones sobre temas que nos hipotecan el futuro durante muchos años", aseguró Ricciardi. El comunicado de Ecologistas en Acción afirma que, en España, el CETA no cuenta con "ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente" y que un Ejecutivo en funciones tiene una legitimidad "escasa" para tomar decisiones "de este calado". InfoLibre accedió al acta de la reunión del pasado 15 de julio del Comité de Política Comercial del Consejo Europeo, en la que España, junto a otros once países, considera este acuerdo entre el país norteamericano y la Unión Europea "fundamental, excelente o incluso el mejor tratado comercial jamás negociado". 

El TTIP no está muerto...

...pero tampoco está demasiado vivo. Es la postura que defienden los portavoces de Ecologistas en Acción, ante las voces que anunciaban su defunción, basadas en las declaraciones de dirigentes franceses y alemanes en su contra. El presidente galo, François Hollande aseguró hace unas semanas: "Francia no lo podrá aprobar (...) Hay desequilibrios evidentes". En el mismo sentido se pronunció este verano el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, que afirmó que el proyecto "está de facto fracasado, aunque nadie lo haya reconocido abiertamente". "Estamos encantados de que señores tan serios digan lo que llevamos diciendo años, que el TTIP es un peligro", declaró en la rueda de prensa Ricciardi. Sin embargo, advierten: podría tratarse de una maniobra electoral de cara a los próximos comicios en ambos países en 2017 y una estratagema para centrarse en apuntalar el CETA. "Francia siempre ha hablado de una interrupción temporal (de las negociaciones del TTIP). Después de las elecciones no tendrían ningún problema", opina Kucharz.

Las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto al TTIP han orbitado durante el verano, según el activista, en torno a varios puntos clave: entre ellos, el acceso de empresas estadounidenses a la contratación pública en Europa y viceversa (uno de los puntos de mayor divergencia) y la lista de denominaciones de origen reconocidas, capítulo en el que Ecologistas sospecha que Europa podría estar dispuesta a ceder. A finales del mes de agosto y a raíz de las declaraciones de los dirigentes alemanes y franceses, ministros de Comercio de Estados miembros –entre ellos España– enviaron una carta a la Comisión Europea pidiendo que reanime las negociaciones con EEUU. Los activistas estarán pendientes en el encuentro de Bratislava de la actitud de los representantes franceses, para comprobar si, como anunciaron, presionan y solicitan la suspensión de las conversaciones con el país norteamericano. Durante este jueves y este viernes se podría, en definitiva, concretar una alianza comercial firme con Norteamérica o, por el contrario, tirar todo por tierra en una paralización que se antoja definitiva.

Una semana "de acción" contra los acuerdos

La campaña #NoalTTIP, que aglutina a varias organizaciones en contra tanto del acuerdo con EEUU como del resto de tratados, ha convocado una "semana de acción" del 8 al 15 de octubre para exigir la suspensión de los "mal llamados" acuerdos de libre comercio. "Estamos convencidas de que para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales", aseguran. Ante un TTIP que languidece, centrarán sus protestas en el CETA en un mes clave para su aprobación, al menos provisional. En la capital española, Madrid, se ha convocado una manifestación el 15 de octubre que marchará desde Atocha a Cibeles. Hay convocados distintos actos en un gran número de ciudades del país.   

España se encuentra en los primeros puestos del ranking de presencia en tribunales de arbitraje privados, que median entre los intereses de las grandes multinacionales y los Estados al margen de la justicia ordinaria y que el TTIP pretende potenciar. 34 grandes empresas españolas han litigado ante el más importante, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), lo que sitúa al país en el quinto puesto cuyas compañías más utilizan este recurso. A su vez, España ha sido demandada ante el Ciadi un total de 26 veces, empatada con Egipto y solo superada por Venezuela y Argentina. Grandes empresas como Abengoa, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa son asiduas a demandar a países ante estos tribunales privados, cuya decisión depende de juristas de la parte demandada y la demandante, que les permiten obtener indemnizaciones millonarias en compensación a las acciones legislativas que perjudiquen sus beneficios.

Un mecanismo llamado, por sus siglas en inglés, ISDS y considerado "un ataque directo a la soberanía de los pueblos" por los autores del informe Justicia privatizada, Beatriz Plaza y Pedro Ramiro, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y editado por Ecologistas en Acción. El documento fue presentado este lunes y señala que en los principales tratados de comercio –en negociación y aprobados– este recurso a los tribunales arbitrales se incluye como principal mecanismo de resolución de conflictos entre empresas y Estados. Se trata de uno de los puntos más polémicos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y que a España no le es ajeno, dado el gran número de disputas que Industria mantuvo y mantiene con países latinoamericanos y con empresas europeas que litigaron contra el hachazo a las renovables.

El informe se basa en los datos públicos del Ciadi, dependiente del Banco Mundial. En palabras de los autores, no es el único tribunal de arbitraje, pero sí el más transparente. Cuando una gran empresa considera que una política de un Estado le perjudica, puede demandarlo ante organismos como el Ciadi. Si falla a favor de la gran compañía, obliga en la práctica al Gobierno del país a desembolsar grandes indemnizaciones en concepto de compensación por los beneficios perdidos. Las multinacionales españolas están en el quinto puesto de demandantes ante el Ciadi por país de origen. En su mayoría, por expropiaciones y otras decisiones tomadas por Gobiernos progresistas latinoamericanos, explica el informe. Un 90% de los litigios pertenecen a este ámbito.

El segundo enfoque que aborda Justicia privatizada es el relativo a las demandas interpuestas contra el Estado español, que aumentaron de manera significativa durante los últimos tres años. El Gobierno de Rajoy frenó en 2012 los incentivos que hasta entonces el Gobierno ofrecía a las empresas que apostaran por instalaciones de energías renovables, lo que provocó una cascada de reclamaciones de firmas europeas que hasta entonces se estaban aprovechando de una "burbuja especulativa", a juicio de los autores del informe.

El documento señala tres ejemplos ilustrativos. En primer lugar, el de Repsol, que llegó a un acuerdo con Argentina tras la expropiación del 51% de YPF en 2012; el de Unión Fenosa contra Egipto, que reclama una compensación por la paralización de las actividades de su planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en 2013 (pendiente de resolución); y el de Abengoa, que obtuvo 31 millones de euros por parte de México por haber impedido la puesta en funcionamiento de una planta dedicada al almacenamiento y manejo de desechos industriales peligrosos que contó con el rechazo frontal de las comunidades locales. Tres ejemplos de una práctica manejada con asiduidad por las grandes compañías con sede en España, y que se verán potenciadas si el TTIP finalmente se aprueba: contempla que la mediación entre Estados y empresas por parte de estos tribunales ajenos a la justicia ordinaria sea el mecanismo principal por el cual las empresas defiendan sus intereses.

El ISDS está "en el centro" de todo tratado comercial, más allá del TTIP. Es "uno de los acrónimos más tóxicos de Europa", como declaró la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, señaló en la presentación del informe que estos procedimientos son paralelos a la justicia porque "los jueces están dotados de imparcialidad e independencia", algo con lo que no cuentan los abogados de la parte demandante y la demandada que toman las decisiones en los tribunales privados. "Es la ciudadanía la que hace las leyes", recalcó, por lo que, en su opinión, este arbitraje internacional carece de legitimidad democrática.

La portavoz de la campaña #NoalTTIP de Ecologistas en Acción, Concepción García, aseguró que tribunales como el analizado Ciadi buscan "proteger a la inversión", lo que en la práctica es otorgar "grandes superderechos"a las multinacionales "frente a los derechos de la ciudadanía", que carece de recursos para defender sus intereses con el mismo nivel de efectividad. Defiende el sistema como una "estructura de impunidad" que, como explica el informe, "impide a las personas, en el marco de unas sociedades formalmente democráticas, ejercer el derecho a decidir sobre cómo organizar su vida en sociedad".

La Comisión Europea organizó una consulta preguntando por los mecanismos ISDS y su posible inclusión en el TTIP. El 97% de participantes se declaró en contra, ante lo cual el departamento de Malmström propuso un nuevo sistema: el ICS. Para García solo se trata de "maquillaje" para la impunidad de las compañías que denuncia el informe y su organización. Si, finalmente, el TTIP sale adelante, la oportunidad que probablemente brindará a las grandes empresas de obviar a los tribunales ordinarios no pillará de nuevas a las grandes firmas españolas.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha censurado el "secretismo" de las negociaciones sobre Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) y ha advertido de que puede causar el enriquecimiento empresarial a costa del "abaratamiento de la mano de obra", la desprotección de los derechos laborales y las prestaciones sociales.

También califica de "alarmante" que el nuevo marco jurídico se apruebe sin la participación de la ciudadanía y limite de manera "muy sensible" la capacidad legislativa de los Estados. Pone además de relieve la "preocupación" que está provocando en materia ambiental como consecuencia de las diferentes regulaciones agroalimentarias en Europa y Estados Unidos.

Además, rechazó  la iniciativa de crear un tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría "parte" de las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos para asumir competencias en el ámbito civil, laboral, administrativa y fiscal, entre otras. "Representa una usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo", añade.

En este sentido, advierte de que la naturaleza de este tribunal especial puede repercutir de manera "muy negativa" en los derechos laborales, en los derechos de los consumidores y en las normas de protección del medio ambiente. Por ello, aboga por solucionar los conflictos jurídicos derivados de la aplicación del tratado por los órganos judiciales nacionales y europeos.

"No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama judicial estatal y europeo", prosigue en un comunicado.

De este modo, JpD cree que las pérdidas de soberanía "no se encuentran justificadas y obedecen a razones económicas que no resultan acordes con el interés general".

"Rechazamos la vulneración de principios básicos del Estado de derecho que se puede producir con el tratado. Y expresamos nuestra voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTI", concluye.

"Un orden internacional de Estados soberanos e iguales al amparo de la Carta de las Naciones Unidas [...] no puede verse menoscabado por intentos privados de sustituirlo por un orden internacional gobernado por empresas transnacionales carentes de legitimidad democrática". Así de duro se muestra Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de la ONU, en un informe relativo a los acuerdos de libre comercio que presentará el próximo 26 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento fue presentado este jueves en el Parlamento Europeo por el propio De Zayas, doctor en Historia y en Derecho, y la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez. El informe del experto se refiere de forma genérica a "los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión" y libre comercio, pero también menciona expresamente el Tratado Transatlántico de Comercio de Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) que negocian actualmente la UE y EEUU y que, a juicio del experto de la ONU, sería uno de los acuerdos que podrían agravar "el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables".

Buena parte del informe elaborado por De Zayas gira en torno a la inclusión en los acuerdos de libre comercio de mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados –conocidos como ISDS, por sus siglas en inglés–, unos tribunales que, según aseguró el experto en la presentación, van "contra el derecho internacional". "Muchos observadores han expresado preocupación por ciertas sentencias arbitrales de solución de controversias entre inversores y Estados que en la práctica han invalidado el desempeño por el Estado de su función de regular las políticas nacionales en materia laboral, de salud y de medio ambiente", sostiene el documento sobre este tipo de cortes, que podrían acabar figurando dentro del texto del TTIP.

"Mantener el ISDS no es una opción"

En este sentido, De Zayas rechazó durante la presentación de su informe el cambio de posición de la Comisión Europea con respecto al ISDS, que cristalizó hace unas semanas en una propuesta formal en la que el Ejecutivo comunitario cedía a parte de las exigencias de los grupos contrarios al establecimiento de este tribunal pero no ponía en duda que su misión seguirá siendo dirimir conflictos entre empresas y Gobiernos al margen de la Justicia ordinaria. “Mantener el ISDS no es una opción, debería ser abolido como un sistema fallido y con un impacto adverso sobre los derechos humanos”, afirmó tajantemente el experto de la ONU.

Y es que la experiencia demuestra, según recoge el informe, que este tipo de cortes ponen "en entredicho" la "función reguladora de muchos Estados y su capacidad de legislar en interés del público". "Una de las principales amenazas a un orden internacional democrático y equitativo es el funcionamiento de tribunales arbitrales que actúan como si estuvieran por encima del régimen internacional de derechos humanos", sostiene De Zayas en el documento, que critica que estos mecanismos de resolución de disputas están compuestos por "árbitros mercantiles" que "no son los guardianes naturales del interés público, sino de los intereses comerciales".

“Tampoco es una opción la estrategia de la comisaria de Comercio Cecilia Malström de presentar un sistema de arbitraje alternativo al ISDS”, criticó De Zayas este jueves en referencia a la última oferta de la Comisión, que planteaba que el mecanismo estuviera compuesto por jueces y no por árbitros y que existiera un mecanismo de apelación a sus sentencias, también al margen de la Justicia ordinaria. “El problema es que la fundamentación de un sistema de arbitraje privado que esté por encima de la soberanía democrática de los Estados no es admisible, va contra el derecho internacional y la obligación ontológica de cada Estado de legislar y regular para el bienestar de su población”, señaló el experto.

Por ello, el informe pone en duda "la legitimidad de tribunales en los que el inversor puede demandar al Estado, pero no viceversa". "La experiencia demuestra que los árbitros interpretan los acuerdos internacionales de inversión sin limitaciones por lo que respecta a los derechos humanos o el medio ambiente. Sus procedimientos no son transparentes y ni siquiera se sabe cuántos procedimientos arbitrales han tenido lugar en realidad, porque la mayoría no se han publicado", critica el documento, que cita un informe de 2012 de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo para afirmar que una interpretación amplia de las atribuciones de un mecanismo ISDS "puede dar lugar a que se socave la legitimidad de la intervención del Estado con finalidades económicas, sociales, ambientales y otras finalidades de desarrollo”.

"Cabe subrayar que la posibilidad de que en un proceso de arbitraje se dicte sentencia a favor del Estado y contra el inversor no elimina el peligro ni legitima el modelo de solución de controversias entre inversores y Estados, ya que la mera amenaza de un proceso de este tipo ha disuadido incluso a Estados desarrollados como Canadá de adoptar legislación social", concluye el informe, que además sostiene que "los países en desarrollo son aun más vulnerables a la amenaza , ya que carecen de los recursos para defenderse contra grandes empresas transnacionales".

Puestos de trabajo en riesgo

Pero el informe no sólo critica los mecanismos de resolución de conflictos, sino las consecuencias económicas de los tratados. En este sentido, el documento recoge otro ejemplo negativo relativo a un tratado de libre comercio que involucra a Canadá: el que tiene firmado con México y EEUU, conocido como NAFTA, en sus siglas en inglés, que "ha dado lugar a la reubicación de industrias manufactureras, con la consecuencia de una pérdida de empleo en los EEUU (estimada en 850.000 puestos de trabajo) y la proliferación de los centros de montaje [...] en México, donde el costo de la mano de obra es inferior y la protección social está por debajo de las normas de la OIT".

Consecuencias similares, según De Zayas, podría traer la aprobación del TTIP para Europa. El experto de la ONU basa su afirmación en un estudio realizado por Jeronim Capaldo, profesor de la Universidad Tufts, que asegura que la firma del tratado provocaría la destrucción de 600.000 empleos sólo en la UE, y también cita al premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para criticar "las previsiones sorprendentemente optimistas" sobre los acuerdos.

“Se ha demostrado que las proyecciones de diferentes instituciones se basan en el mismo modelo de equilibrio general computable que ha demostrado ser inadecuado como instrumento para el análisis de la política comercial", sostiene Capaldo, unas palabras recogidas en el informe del experto de la ONU. Por contra, aplicando el Modelo de Política Global de la ONU –una herramienta para investigar los efectos de determinadas políticas en la economía que la organización pone a disposición de los investigadores– este informe que recoge el documento de De Zayas asegura que el TTIP "llevará a una contracción del PIB, el ingreso personal y el empleo".

Bruselas recula parcialmente con el polémico tribunal de arbitraje entre inversores y Estados (ISDS, en sus siglas en inglés) que busca incluir en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocia con EEUU. Este miércoles, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, presentó un mecanismo renovado que delimita los poderes de esta corte y establece que debe estar gestionada por jueces y no por abogados, si bien no pone en duda que su misión seguirá siendo la de dirimir conflictos entre empresas y Gobiernos al margen de la Justicia ordinaria.

La nueva propuesta de la Comisión, que se hizo pública este miércoles, tiene algunas diferencias con la posición inicial que se mantenía hasta ahora. Uno de los principales temores de los críticos con este sistema es que, de facto, podría suponer un freno para los Estados a la hora de legislar, ya que los mecanismos ISDS –presentes en multitud de tratados bilaterales y que España conoce bien, ya que acumula más de 20 denuncias ante tribunales de este tipo por los recortes a las renovables– permiten que una empresa denuncie a un país si estima que un cambio legal ha perjudicado su inversión y sus expectativas de obtener beneficios.

El tribunal ni siquiera tendrá el mismo nombre, sino que será conocido como ICS –las siglas en inglés de Sistema Judicial de Inversiones–, y el borrador avisa expresamente de que sus competencias no afectan al derecho de los Estados a "regular dentro de sus territorios a través de las medidas necesarias para alcanzar objetivos políticos legítimos". No obstante, el texto señala que el mecanismo "podrá tener en cuenta" a la hora de juzgar conflictos entre empresas y países el hecho de que se frustre una inversión después de que un Estado haya hecho "una declaración específica" al inversor "que le indujera" a iniciar el negocio o que "creara unas expectativas legítimas" en base a las cuales "el inversor basó la decisión de realizar o mantener la inversión".

Un tribunal de apelación

Es decir, que el texto deja entrever –con un lenguaje, eso sí, ambiguo– que las medidas que tome un Estado y hagan perder dinero a las empresas extranjeras podrían seguir siendo llevadas ante el tribunal si a estas compañías se les prometió otro panorama para su inversión, si bien Malmström aseguró este miércoles que el nuevo ICS está pensado para casos relativos a expropiaciones, nacionalizaciones o acciones similares que afecten a inversiones foráneas. No obstante, la empresa que denuncie a un Estado ante el mecanismo no podrá hacerlo a la misma vez ante la Justicia ordinaria.

El ICS se compondrá de dos tribunales: uno primero de "primera instancia" y un segundo de "apelación", tal y como pedía el Parlamento Europeo en su informe aprobado el pasado julio con el apoyo del PP comunitario, los socialdemócratas y los liberales. Ambas cortes estarán compuestas por jueces "o juristas de reconocida competencia" –no se especifica más al respecto– y no por abogados, una de las reivindicaciones clásicas de los críticos con este sistema que también habían recogido los socialistas europeos.

Los 15 magistrados –cinco europeos, cinco estadounidenses y cinco de otros países– que trabajen en los tribunales serán elegidos, a través de un comité formado por representantes europeos y estadounidenses, por un plazo de seis años renovable una sola vez. Estos jueces "deben ser independientes e imparciales", y no estar "influenciados por el interés propio, presiones externas, consideraciones políticas, el clamor popular" o "la lealtad a una de las partes", sostiene igualmente el borrador de la Comisión.

Críticas de verdes e izquierda, satisfacción en el PSOE

Las novedades no han sido recibidas de igual forma por todas las formaciones políticas. Florent Marcellesi, asistente del eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià y que a partir de septiembre de 2016 le sustituirá en el Parlamento Europeo como eurodiputado de Equo, asegura que el texto es mero "maquillaje", ya que "la filosofía del ISDS es la misma que la del ICS". "Sigue siendo un sistema legal paralelo", denuncia Marcellesi, el mismo argumento que utiliza Marina Albiol, eurodiputada de IU.

"Nosotros negamos la necesidad de que exista ese mecanismo de resolución", critica Albiol, que afirma que "al margen del nombre que se le ponga o de como sean elegidos los jueces, no es necesario porque permite a las grandes corporaciones denunciar legislaciones que están legitimadas por las urnas". Y tampoco queda convencida por las explicaciones de Malmström: "Una expropiación o una nacionalización es algo que decide un gobierno democrático", zanja.

El PSOE, por el contrario, se muestra satisfecho con un borrador que, a su juicio, incluye las reivindicaciones de los socialdemócratas con respecto al antiguo ISDS. "Se va a establecer un nuevo modelo basado en jueces profesionales elegidos públicamente y sujetos a un régimen de incompatibilidades, y que además incluye un mecanismo de apelación", se felicita la eurodiputada socialista Inma Rodríguez-Piñero, que además hace hincapié en que el el futuro este mecanismo podría no sólo aplicarse en el TTIP, sino en todos los acuerdos comerciales firmados por la UE.

Y es que hace unos meses la conveniencia o no de incluir el ISDS en el TTIP generó un amplio debate que casi da al traste con el informe que el Parlamento Europeo finalmente aprobó para indicar a la Comisión las que, a su juicio, deben ser las líneas básicas de la negociación con EEUU. En la resolución de la Eurocámara se proponía sustituir el ISDS "por un nuevo sistema para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeto a los principios y el control democráticos, en el que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación".

No obstante, la presentada este miércoles es sólo la propuesta de la Comisión Europea. Falta ver cómo la valorará EEUU, que desde el inicio de las negociaciones ha sido muy tajante en la necesidad de incluir un mecanismo como el ISDS en el tratado de libre comercio. El próximo paso, por lo pronto, es remitir el texto al Consejo y el Parlamento Europeo para su debate.

Los grandes inversores extranjeros pueden poner en un grave aprieto a España por el recorte a las renovables promovido por el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria. El Estado se enfrenta a nada menos que a 23 denuncias ante tribunales de resolución de conflictos interpuestas por empresas que invirtieron en este sector en España y que alegan que el tajo en las ayudas a las energías limpias provoca que vayan a dejar de ganar miles de millones de euros.

La última de las denuncias fue presentada por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, el pasado 12 de agosto, ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo internacional de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. Pero a estas entidades se suman muchas otras, como las eléctricas alemanas E.On –que registró su denuncia el día 11 de agosto– y RWE o la empresa portuguesa Cavalum, especializada en renovables. Por su parte, los inversores nacionales también están reclamando indemnizaciones por los cauces judiciales internos.

La presentada el día 12 de agosto fue la decimonovena demanda interpuesta contra España en este mecanismo desde 2013 –es el tercer país con más procesos abiertos en el Ciadi, tras Venezuela y Argentina–, y a estas denuncias hay que sumarle otras tres presentadas ante la Cámara de Comercio de Estocolmo y una más en la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral, en su acrónimo en inglés).

infoLibre intentó conocer la versión del Ministerio de Industria sobre este asunto, pero la respuesta obtenida fue que los responsables de este asunto se encontraban "de vacaciones" y nadie podría responder "hasta final de mes" (ver La caja negra, al final de este reportaje). Horas después de la publicación del reportaje, no obstante, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales".

El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y sostuvo, en relación a las primas a las renovables, que el Ejecutivo "ha establecido un marco regulatorio homogéneo, transparente, estable y no discriminatorio". "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", asegura Industria, que afirma que el nuevo sistema "permite a las instalaciones cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías".

La reforma de 2013 desencadena los pleitos

Las compañías se centran en denunciar los recortes a la energía solar iniciados a finales de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció un tajo del 30% a las primas a la energía fotovoltaica para ahorrar 2.220 millones en en tres años. Al año siguiente, diversos fondos inversores en esta tecnología demandaron a España ante Uncitral. Pero la verdadera oleada de demandas comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha supuesto la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables.

En esa reforma (que se materializó en 2014 con la aprobación del Reglamento), el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Por ello, los inversores que han denunciado a España ante los organismos internacionales no critican una normativa concreta, sino los sucesivos cambios regulatorios que han provocado una fuerte reducción en su expectativa de beneficios. Tal y como explica Juan Castro-Gil, secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), el arbitraje en este tipo de tribunales se apoya en la Carta de la Energía, un documento diseñado para "defender a los inversores extranjeros de cualquier modificación normativa que pueda perjudicar sus intereses en esta inversión".

De esta forma, aquellas empresas que hayan invertido en energías renovables en España y se hayan visto perjudicadas por los cambios regulatorios están legitimadas a denunciar al Estado ante estos mecanismos. ¿Por cuánto dinero? La cuantía exacta es, por ahora, una incógnita, afirma Jorge Morales de Labra, patrono de la Fundación Renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que apunta que en este tipo de procesos "en primer lugar se pide a los árbitros que determinen si el país es culpable, y después se inicia un proceso de cuantificación del daño".

600 millones por una sola demanda

"Lo que se reclama en los arbitrajes es la diferencia del valor del activo un día antes del cambio normativo con respecto al valor que tiene un día después", resume Castro-Gil, que relata que "lo que ocurre es que con la nueva normativa las instalaciones, en su vida útil, pueden ganar menos dinero y por tanto valen menos". La cuantía que se pueda exigir, por tanto, dependerá de la capacidad generadora de la instalación y de su antigüedad. Según informó El País, tan sólo los 15 inversores que presentaron una demanda colectiva contra España en 2011 ante Uncitral –la primera denuncia por el tajo a las renovables– le exigen el pago de unos 600 millones de euros.

Además, De Labra alerta de que a los costes por posibles indemnizaciones –que se pagarían a través de los Presupuestos Generales del Estado, recuerda el experto– hay que añadirle el elevado precio que supone mantener litigios en los tribunales de arbitraje internacional. "Cada pleito cuesta millones solo en abogados, porque cuando estos plantean su minuta suele ser un porcentaje de la cantidad reclamada" y estas cuantías suelen ser grandes, explica el experto, que coincide con Castro-Gil en pronosticar que el primero de estos procesos (el de los inversores que recurrieron en 2011 a Uncitral) se resolverá "a finales de este año o principios del que viene".

La situación, no obstante, pinta bastante mal para España, según Castro-Gil y Morales de Labra. Los dos expertos aseguran que el Estado tiene las de perder en estos procesos, y añaden que las empresas demandantes también lo tienen muy claro. "Nadie se gasta dos millones de euros en abogados si no entiende que va a recibir una indemnización mayor", sostiene gráficamente el patrono de la Fundación Renovables, mientras que Castro-Gil afirma que "estadísticamente, es posible que alguno de los 23 se pierda, pero la mayoría de los operadores tienen claro que van a ganar".

Avalancha de recursos ante el Supremo

Mientras que los inversores extranjeros han encontrado un filón en los tribunales de arbitraje a través del cual reclamar los beneficios que dejarán de ganar con los cambios de normativa, los productores nacionales no pueden acudir a estos tribunales para hacer lo propio. Sus reclamaciones, explica Castro-Gil, tienen que plantearse mediante los cauces internos: en primer lugar con una reclamación ante el Consejo de Ministros y, si este la desestima, recurriendo al Tribunal Supremo.

En este sentido, el secretario de Anpier explica que su asociación –que agrupa a más de 5.000 pequeños productores e inversores del sector– ha recurrido en varias ocasiones los recortes a las renovables. En una primera tanda, remitió al Consejo de Ministros 1.200 reclamaciones por daño patrimonial por otras tantas instalaciones, unos expedientes que el Gobierno rechazó y que ahora mismo se encuentran recurridos ante el Supremo. Posteriormente, Anpier pidió indemnizaciones por otras 1.816 plantas.

Además, Castro-Gil cifra en unos 450 los recursos que acumula el Tribunal Supremo contra la normativa que, en 2014, cambió el modelo de cálculo de las primas a las renovables. Gigantes como Gas Natural Fenosa o Enel se encuentran entre las compañías que han recurrido ante el Alto Tribunal, que sin embargo rechazó suspender cautelarmente este nuevo sistema en octubre de 2014.

EL MINISTERIO DE SORIA CALLA

infoLibre trató de recabar la versión del Ministerio de Industria sobre las 23 demandas presentadas ante instancias internacionales por varias empresas. El departamento dirigido por José Manuel Soria facilitó una dirección de correo electrónico para enviar las preguntas por escrito, pero aseguró que hasta finales de agosto los responsables de la Secretaría de Estado de Energía se encuentran "de vacaciones" y no hay ninguna persona que pueda contestarlas.

Estas son las cinco cuestiones que este periódico remitió a Industria:

1. ¿Qué alegará el Ministerio de Industria ante las 23 denuncias internacionales presentadas contra España (19 en el Ciadi, 3 en el SCC Institute y una más en Uncitral)?

2. ¿Cuál es la cantidad que las empresas demandantes reclaman a España por estas denuncias? 

3. ¿A qué cuantía calcula el Ministerio de Industria que pueden ascender las indemnizaciones a las que tendría que enfrentarse si los tribunales de arbitraje dieran la razón a las empresas?

4. ¿Cuánto lleva España gastado en los procesos de arbitraje?

5. ¿Cuándo estima el Ministerio que se conocerán las primeras sentencias?

Horas después de la publicación del reportaje, un portavoz del departamento dirigido por José Manuel Soria se puso en contacto con este medio para indicar que el Ministerio "no se pronuncia ante el caso concreto de estas demandas, a la espera de que dichas instancias internacionales emitan los correspondientes laudos arbitrales". El portavoz argumentó, sin embargo, que el Gobierno "ha tenido que atajar el problema estructural del déficit de tarifa, garantizar la sostenibilidad y seguridad del sistema eléctrico en su conjunto", y defendió el nuevo sistema de concesión de las primas a las renovables. "Los criterios son objetivos e independientes del origen de los inversores", aseguró.

Sólo el 5% de las demandas judiciales presentadas por la venta fraudulenta de preferentes ha dado la razón a la entidad financiera, mientras que el 62% de los procedimientos se ha resuelto a favor del cliente. Hasta el pasado mes de abril, se había interpuesto un total de 270.303 demandas judiciales, por un importe de 1.634 millones de euros, frente a las 534.150 personas que han preferido acudir al arbitrajearbitraje, lo que equivale a 9.772 millones de euros. Hasta el momento se han resuelto sólo 6.952 demandas.

Así lo ha avanzado la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, durante la presentación de la memoria anual de la institución en el Congreso. Rodríguez, que indicó que todos estos datos forman parte de un informe ya remitido a la Cámara Baja, ha señalado que el número total de titulares que solicitó el arbitraje alcanzó el 80%, informa Europa Press.

Hasta abril, las consultoras –KPMG, Ernst &Young y PricewaterhouseCoopers– que han cribado las solicitudes de arbitraje antes de que fueran analizadas por las juntas de consumo han admitido el 71% de lasrecibidas, lo que representa el 48% del importe en cuestión. De las peticiones de arbitraje aceptadas, 244.724 titulares ya han recibido un laudo positivo, es decir, el 57%, con el 38% del importe.

El 78% de los clientes de Bankia, al arbitraje

Rodríguez también ha hecho un repaso por la situación de las preferentes emitidas por las entidades nacionalizadas. En cuanto a Bankia, Rodríguez ha indicado que 229.931 clientes solicitaron el arbitraje, lo que supone el 78% de los titulares, por importe de 4.038 millones de euros.

Hasta el mes de abril se habían admitido el 77% de las solicitudes, con un 57% del importe. En este momento, el procedimiento de arbitraje se encuentra en su fase final, tras concluir el proceso de revisión por parte de la consultora KPMG. Respecto a los laudos emitidos por la Junta Arbitral de Consumo, la presidenta de la CNMV ha señalado que la previsión de la entidad es que se hayan resuelto todos los expedientes a mediados de junio.

El arbitraje en Novagalicia Banco, en manos de PriceswaterhouseCoopers, ha llegado a su fin. En él, 58.017 clientes se presentaron al proceso, con el 34% del importe reclamado.

Mientras, en el caso de Catalunya Caixa, Ernst & Young ha admitido las reclamaciones de 68.853 titulares, el 67%, equivalente al 37% del importe analizado. El procedimiento también está próximo a su conclusión. El periodo para admitir solicitudes de arbitraje concluyó en julio de 2013 y se prevé que en el segundo semestre del año la Agencia Catalana de Consumo emita los laudos que faltan.

Son sus primas hermanas y comparten el 99% de los genes, pero hasta ahora han quedado solapadas por el ruido de las demandas judiciales y las protestas ciudadanas contra las preferentes. La deuda subordinada no es más que otro producto financiero de los llamados híbridos –capital y deuda al mismo tiempo–, tan complejo y arriesgado como las preferentes, pero menos conocido. La debacle de las cooperativas vascas Eroski y Fagor, sin embargo, la ha aupado a los titulares. Desde 2002 unos 40.000 ahorradores han adquirido las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) del grupo guipuzcoano, comprometidas ahora por el concurso de acreedores de Fagor y la crisis de deuda de Eroski.

Se trata de un caso único en España: la Ley de Cooperativas aprobada por el Gobierno vasco en 2000 permitía a este tipo de sociedades financiarse mediante las AFS, que pasaban a computarse como recursos propios en las cuentas. Son, por tanto, anteriores a la campaña que las entidades financieras emprendieron en 2008 para vender preferentes y deuda derivada a clientes particulares para recapitalizarse.

Pero desde luego no fue la vasca la única empresa que acudió a estos instrumentos para financiarse obviando el crédito bancario. Mapfre lanzó una emisión de 700 millones en 2007, con bonos que no vencían hasta 2037 y prometían unos intereses del 6%.

Grandes corporaciones como Repsol, Telefónica, Endesa o Gas Natural FenosaGas Natural Fenosa optaron por las participaciones preferentes. También son emisiones anteriores a la burbuja financiera y del ladrillo: desde 2001 la petrolera hasta 2003 las dos eléctricas. Y todas ellas resolvieron el colapso del mercado secundario –donde debían venderse estos productos para obtener liquidez– con unos canjes que incluían quitas mínimas de entre el 5% y el 7%. Por el contrario, la pérdida de valor que han debido afrontar los preferentistas –y tenedores de deuda subordinada– de las cajas de ahorro nacionalizadas oscila entre el 13% y el 61%, dependiendo del tipo de producto y de la entidad.

Otras empresas más pequeñas y con un perfil bien distinto se lanzaron igualmente a la financiación mediante híbridos: la cadena turística Sol Meliá emitió preferentes por importe de 90 millones y las canjeó en 2012 por bonos al 93,5% de su valor. En 2006 fue SOS Cuétara la que colocó 300 millones de euros en deuda subordinada, que ofrecían un interés del 7% los primeros seis meses y que debió canjear por acciones en 2010 tras reconocer unos números rojos de 193 millones en 2008. La pérdida de valor se cifró entonces en un 21% respecto al importe de compra.

El 62%, en manos de particulares

Pero los casos más sangrantes y polémicos llevan la firma de las cajas de ahorros. Caja Madrid, Bancaja sumaron 1.800 millones de euros en deuda subordinada entre 2009 y 2010, que compraron unas 50.000 personas. Sus descuentos en el canje por acciones fue del 14% al 46%. Catalunya Banc emitió otros 1.400 millones más; las quitas alcanzaron el 40%. Y Liberbank tiene 200 millones de una emisión de Cajastur en 2009, que ofreció canjear por acciones y obligaciones convertibles con devaluaciones que, según Adicae (Asociación de Usuarios de Banca), alcanzan el 35%.

Según las cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el año récord de emisiones de bonos subordinados fue 2007, con un total de 47.158 millones de euros. En 2006 la cifra sólo fue un poco inferior: 40.518 millones. En 2011 se redujo a 29.198 millones y desde entonces las emisiones han sido muy limitadas. El año pasado se quedaron en sólo 4.036 millones de euros. Los cálculos de Reuters apuntan a que los bancos mantienen aún en circulación unos 31.000 millones de euros en deuda subordinada. Además, Barclays cifra en el 62% el porcentaje de deuda subordinada emitida por bancos que estaba en manos de particulares –sin contar la de Santander y BBVA–. Por establecer una comparación: el total de las participaciones preferentes vendidas desde 1999 hasta 2011 asciende a 26.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Adicae.

Venta defectuosa y sin documentos

Esta asociación prepara ya una batería de denuncias ante los jueces por lo que ellos llaman las “preferentes vascas”, las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor. Pueden ser hasta 800. La primera, colectiva –71 afectados–ya la ha ganado en un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao.

Los argumentos del juez repiten casi como un calco los de otros cientos de magistrados en las sentencias sobre preferentes que han dado la razón a los ahorradores en el resto de España. La venta fue “defectuosa”, dada la “complejidad” del producto, porque los comerciales del banco –en este caso el BBVA– “no advirtieron a los clientes de forma clara y comprensible del riesgo que corrían de perder total o parcialmente el importe invertido”. Además, no se les entregó “ningún documento” donde se explicaran las características de esas aportaciones financieras. Por tanto, el juez declara la nulidad de los contratos por “vicio del consentimiento”. En cualquier caso, la sentencia condena al BBVA, el banco que vendió las AFS, no a Eroski. Santander, La Caixa, Caja Laboral –igualmente del grupo Mondragón–, Caja Madrid, Caja Vital, Kutxa, BBK y Sabadell también colocaron aportaciones de Eroski.

Eroski puso en el mercado 660 millones en aportaciones subordinadas a partir de 2002 y hasta 2007. Fagor, otros 185 millones de 2003 a 2006. Ofrecían un interés estratosférico del 7%, con el que consiguió atraer a ahorradores que de media invirtieron unos 22.000 euros. Pero, a día de hoy, la cadena de supermercados acumula una deuda de 2.600 millones para la que acaba de firmar un acuerdo de refinanciación con 22 bancos –uno de ellos el BBVA–. Y Fagor se encuentra en concurso de acreedores y con un ERE en marcha para 106 trabajadores. Desde el pasado 16 de enero está suspendida la negociación en el mercado de renta fija de las emisiones de AFS de Eroski. Los ahorradores quieren recuperar su dinero ante el futuro incierto del mayor grupo cooperativo del mundo y no pueden. Nadie quiere comprar en el mercado de renta fija las aportaciones subordinadas de una empresa en crisis.

Diferencias vascas

Pese a su crisis, Mondragón destaca que no ha dejado de pagar los intereses debidos, los últimos el pasado 31 de enero. A diferencia de las preferentes, el rendimiento de estas aportaciones no está vinculado a la obtención de beneficios por parte de la empresa. Ésta calcula que hasta el momento ha abonado en concepto de intereses 270 millones de euros. El problema estriba en que, como desvela el responsable de Adicae en el País Vasco, Francisco Javier Alvarado, ese pago no se ha hecho con cargo de las cuentas de la empresa, sino del dinero de los ahorradores. “Es una estafa piramidal”, resume.

Otra diferencia con las preferentes es que en el caso de Eroski y Fagor no ha habido arbitraje. Alvarado lamenta que la implicación del Gobierno vasco en el conflicto se ha limitado a “poner en contacto” a las partes. Adicae, que rechaza el arbitraje, siempre ha reclamado una solución “universal” para los preferentistas y aboga por recuperar el 100% del dinero invertido.

De forma que también denuncia la oferta de canje anunciada por Eroski, que implicará una quita del 30% al cambiar las aportaciones por bonos subordinados a 12 años.

En cualquier caso, el escándalo no ha matado a las subordinadas como sí ha herido de muerte a las preferentes. Caixabank lanzó el pasado mes de octubre la primera emisión de deuda subordinada de un banco desde 2010. Y con éxito. Fueron 750 millones de euros con un vencimiento a 10 años. Poco antes, Telefónica había puesto en el mercado 1.750 millones, con el fin de reunir fondos para comprar una operadora alemana, E-Plus. Claro que ambas operaciones estaban destinadas sólo a “inversores cualificados”, el único “público” natural al que deberían haberse limitado en su día bancos y empresas, tanto para vender deuda subordinada como participaciones preferentes.

El Partido Popular acusa al Gobierno del PSOE de haber permitido la venta fraudulenta de las preferentes “como alternativa improvisada al rescate de la banca”. En el argumentario que el partido ha distribuido hoy entre sus militantes y altos cargos se asegura que el anterior Ejecutivo autorizó la “emisión engañosa” de las preferentes “para salvar de forma improvisada la falta de liquidez de los bancos”.

El PP admite abiertamente que los ciudadanos fueron “engañados” por las cajas y bancos para que adquirieran estos productos financieros complejos y de elevado riesgo. La Audiencia Nacional acaba de imputar al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa imputar y a otros 12 ex directivos ante la sospecha de que vendieron las preferentes a clientes minoristas “como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvencia”.

Además, el argumentario popular atribuye al “arbitraje rápido del Gobierno” de Mariano Rajoy la recuperación del dinero de “más de la mitad” de los afectados. En realidad, el sistema de arbitraje fue originalmente puesto en marcha por iniciativa de Novacaixagalicia, y luego imitado en Bankia y Catalunya Banc Bankia, los otros dos bancos intervenidos por el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB). Han sido estas tres entidades las que han seleccionado entre los preferentistas, a través de las consultoras KPMG, Pricewaterhouse y Ernst&Young, a quienes se beneficiaban del arbitraje. Una vez elegidos, los árbitros de los órganos de consumo han emitido laudos favorables a los ahorradores en el 100% de los casos. Es decir, ser elegido por la consultora equivale a ganar el arbitraje.

Así, según las cifras desveladas la víspera por Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB, en el Congreso, de los 427.952 afectados que solicitaron adherirse al arbitraje, las consultoras aceptaron 269.379. Es decir, el arbitraje ha dejado fuera a casi 168.000 personas, a las que hay que sumar otras 100.000 que no llegaron a solicitarlo. Entre ellas, un buen número ha acudido a los tribunales para recuperar su dinero –recurrir al arbitraje implica renunciar a acciones judiciales posteriores–. Restoy admitió que sólo el 14% de los juicios se ha resuelto hasta ahora. Pero de éstos, “la mayoría” han sido favorables a los inversores.

Tampoco dice nada el argumentario popular de las quitas que han sufrido los ahorradores en los canjes aplicados por estas entidades a la participaciones preferentes y la deuda subordinada. Y que suponen pérdidas de valor de hasta el 61% sobre las cantidades atrapadas en estos productos tóxicos.

Los ahorradores que invirtieron en productos híbridos, preferentes y deuda subordinada, de los tres bancos nacionalizados han perdido el 60% de su dinero. Tras las quitas ordenadas por Bruselas y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y debido a la caída de las acciones de Bankia en Bolsa, de los 10.585 millones de euros que emitieron en estos polémicos productos financieros Novagalicia Banco, Catalunya Banc y la entidad dirigida por José Ignacio Goirigolzarri, se han esfumado finalmente 6.292,13 millones.

Las entidades, sin embargo, ponen el foco en el éxito de los arbitrajes, que ha permitido recuperar el 100% de su inversión a un buen número de clientes. E incluso cifran en el 97,2% los ahorradores que han recuperado liquidez, aunque sin precisar cuánta. Así procede Novagalicia Banco, que sólo da una cifra media de recuperación del dinero del 84%. Catalunya Banc dice que el 97,1% de los clientes afectados “ha obtenido liquidez”, también sin precisar más.

La mitad obtuvieron un laudo

Pero lo cierto es que, en Novagalicia, de los 75.266 tenedores de preferentes y subordinadas solicitaron el arbitraje 58.201 y de ellos fueron seleccionados por la auditora PricewaterhouseCoopers 37.688, según las cifras del propio banco. Éstos fueron quienes obtuvieron automáticamente un laudo favorable de los árbitros de las juntas de consumo y recuperaron el 100% de su inversión. Pero otros 32.644 perdieron el 30% de su dinero al canjear sus híbridos por acciones de Novagalicia que vendieron al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y 2.490 más perdieron el 14% al cambiarlos por depósitos de la entidad. En total, se han evaporado 505 millones de euros, casi la tercera parte de una emisión de 1.860 millones.

La asociación de usuarios de banca Adicae, que reclamaba un arbitraje universal –sin selección previa a cargo de un auditor externo sobre cuya independencia dudaba hasta la Defensora del Pueblo–, critica que se haya privado a más de 20.000 clientes de la opción del laudo. Por tanto, también de la recuperación al 100% de su dinero. Y destaca que más del 43% de los ahorradores ha perdido por lo menos un tercio de su inversión.

Un filtro muy tupido para minimizar el arbitraje

De hecho, no podía ser de otra forma, habida cuenta de que el memorándum para el rescate bancario español, suscrito por el Gobierno y Bruselas, establecía que los tenedores de preferentes y deuda subordinada tendrían que pagar parte del saneamiento de las entidades que han recibido ayudas públicas. Y aunque la Unión Europea no estableció “límites específicos” sobre el número de clientes que podrían acudir al arbitraje, sí que apretó sutilmente las tuercas del mecanismo. Según ha reconocido el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en una declaración escrita a la comisión del Parlamento gallego que investiga las cajas de ahorro, Bruselas pidió al Ejecutivo español que el arbitraje se hiciera “mediante un profundo análisis caso por caso que determinara las circunstancias particulares de la venta fraudulenta” de los híbridos. Es decir, le exigió que el filtro fuera lo más fino más posible.

Así que los clientes de Novagalicia que fueron rechazados por la auditora y acudieron al canje por acciones sufrieron quitas en sus ahorros del 50,86% en preferentes, del 49,14% en deuda subordinada perpetua y del 22% en subordinada con vencimiento, cuando el FGD les compró sus títulos. Era la única opción; ni la entidad gallega ni la catalana cotizan en Bolsa, a diferencia de Bankia. Eso sí, el descalabro en el parqué del banco de Goirigolzarri tras la operación de contrasplit –reducción a un céntimo del valor de la acción y su posterior reagrupación– a la que se sometió en abril, multiplicó las pérdidas de sus ahorradores hasta el 75%.

La mayor emisión, Bankia

Las entidades que se integraron en Bankia vendieron 6.991 millones de euros en híbridos a unas 300.000 personas. El banco no facilita cifras sobre las pérdidas que han afrontado, pero a tenor del porcentaje anterior, resultado de sumar las quitas al valor al que se les canjeó sus productos por acciones –1,35 euros– y a la caída en Bolsa de éstas, a los inversores se les han escamoteado 5.243 millones de euros.

Además, de esos 300.000 clientes sólo 182.579 solicitaron el arbitraje, y de éstos, únicamente 58.635 han sido aprobados por KPMG para acceder al laudo, el 32%. A 31 de julio, la junta de consumo había recibido un número pequeño de estas peticiones: 7.458. Bankia dice haber devuelto toda su inversión a un total de 4.268 personas, apenas el 2,3% de quienes pidieron acudir al árbitro.

Cerrado el arbitraje, prosiguen los jueces

En Catalunya Banc, los ahorradores han perdido casi el 35% de su dinero, unos 604 millones. Sufrieron quitas del 66,5% en preferentes, del 48,35% en subordinada perpetua y del 22,42% en subordinada con vencimiento. Además, de los 79.000 clientes que adquirieron estos productos financieros, Ernst & Young ha enviado a la Agencia Catalana de Consumo sólo 12.000 casos. Catalunya Banc dice haber pagado ya a 7.400 personas un total de 148 millones de euros. Para hacerse una idea del volumen: su emisión de preferentes y deuda subordinada sumó 1.734 millones.

El proceso de arbitraje, que Novagalicia abrió en julio de 2012 y al que se sumó Catalunya Banc tres meses después y Bankia el pasado abril, se cerró definitivamente en julio de este año. Pero la vía judicial sigue adelante. Adicae ha presentado sólo contra Novagalicia unas 2.000 demandas individuales y dos colectivas. Contra Caja España-Caja Duero (Ceiss), más de 1.000. Ni Bankia ni Catalunya Banc dan cifras sobre las denuncias a las que tienen que hacer frente ahora en los tribunales. Novagalicia sólo cuenta las sentencias: 191 contra el banco. Entre aquéllas en que los clientes desistieron y aquéllas en que el juez falló a favor de la entidad, suman 94. Quienes ganaron en los tribunales también consiguieron recuperar todo su dinero: 6,7 millones.

Bankia ha recibido 29.095 solicitudes de arbitraje de clientes minoristas titulares de instrumentos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) desde el pasado 18 de abril.

De total de solicitudes, 5.044 ya están siendo analizadas por la consultora KPMG, encargada de elaborar un informe para valorar, en función de los criterios fijados por la comisión de seguimiento creada para supervisar este proceso, si cada una de las solicitudes reúne los requisitos para participar en el proceso de arbitraje.

El banco nacionalizado ha recordado que en caso de que a un cliente se le comunique que no cumple los requisitos establecidos por dicha comisión, mantendrá abierta la vía judicial para canalizar su reclamación.

Los casos que se sometan a arbitraje se remitirán a la Junta Arbitral Nacional de Consumo. Sus árbitros serán quienes decidirán, de manera individual para cada cliente, si se le da la razón y el importe que le corresponde. "Su decisión es vinculante y no recurrible", apunta Bankia.

Los clientes minoristas titulares de instrumentos híbridos que fueron emitidos por las cajas de ahorros que dieron lugar al grupo BFA-Bankia pueden presentar su solicitud, con independencia de que los hayan canjeado o, en su caso, lo vayan a canjear por acciones, bonos o depósitos.

Simultáneo al canje

Este proceso de arbitraje no paraliza el canje que se realizará a finales de este mes en cumplimiento de la resolución de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) relativa a las acciones de gestión de instrumentos híbridos. El 30 de junio finalizará el periodo abierto para la aceptación de solicitudes de arbitraje.

El mismo procedimiento lleva utilizándolo casi un año Novagalicia Banco y, desde noviembre pasado, también Catalunya Banc, las otras dos entidades financieras nacionalizadas. El mecanismo, tal y como está siendo utilizado, ha suscitado las críticas de los propios preferentistas, de organizadores de consumidores e incluso de la Defensora del Pueblo, que reclama un arbitraje universal y criticó la dudosa independencia de las auditoras que están preseleccionando los casos que terminan yendo al arbitraje.