Dubái al descubierto: el emirato se ha convertido en el oasis inmobiliario del dinero sucio mundial

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Británicos, indios, brasileños

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

¿Por qué Dubái?

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

Salir de la 'lista gris'

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

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“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

“En continua persecución de los delincuentes mundiales”

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.