Su posición es insostenible. Y Ariane de Rothschild lo sabe bien. Desde la publicación de los nuevos documentos del caso Epstein, toda su línea de defensa se ha desmoronado. Tras negar en un primer momento cualquier contacto con el financiero criminal y presentar posteriormente esas relaciones como meramente profesionales, la presidenta y principal accionista del grupo Edmond de Rothschild ha tenido que reconocer que, con el tiempo, se habían establecido “relaciones más personales” con Jeffrey Epstein. Ahora se enfrenta a una dura realidad.

Más de 5.500 documentos —ella es una de las personas con las que más se comunicaba Epstein, según The Economist—, recopilados en la base de datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, atestiguan las relaciones continuas, a veces diarias, entre Jeffrey Epstein y Ariane de Rothschild entre 2013 y 2019.

Desde que se publicaron esos documentos hay un silencio sepulcral en el banco privado suizo. El consejo de administración no ha publicado ningún comunicado para tranquilizar a los clientes y no parece haber encargado ninguna auditoría externa para evaluar los riesgos relacionados con el caso Epstein. Tampoco ha tomado ninguna medida para pedir a Ariane de Rothschild que se retire de sus funciones, al menos mientras dure la investigación.

El banco se mantiene fiel a su línea oficial: “La Sra. de Rothschild no tenía conocimiento alguno de la conducta y el comportamiento personal de J. Epstein. Descubrió la magnitud y la naturaleza de estos delitos cuando el estalló el caso Epstein a nivel internacional tras su detención. […] Quiere hacer saber una vez más que condena sin ambigüedades esos comportamientos y los delitos de los que es culpable. Por supuesto, lamenta profundamente no haber sabido nada de todo eso”. Y añade: “Los documentos publicados por el DOJ [Departamento de Justicia, ndr] no revelan ningún elemento que pueda poner en duda la integridad de las actividades del Grupo o la probidad de su accionista”.

Sin embargo, tras la lectura de una serie de documentos, la gente empieza a dudar y ha desaparecido la confianza tanto dentro como fuera del banco. ¿Hasta dónde llevará este asunto al grupo Edmond de Rothschild? ¿Podía Ariane de Rothschild ignorar por completo los delitos sexuales de este banquero tóxico con redes tentaculares durante tantos años? Más allá de eso, ¿qué le contó ella? ¿Qué información le proporcionó, qué negocios montó con Jeffrey Epstein, tan diligente en utilizar cualquier información en beneficio propio y de sus amigos cercanos? “El secreto es la regla de oro de nuestra profesión. En él se basa la confianza. Ariane de Rothschild ha pisoteado todos esos principios”, sentencia con severidad un exbanquero de negocios.

Pero Ariane de Rothschild conoce esas leyes, como banquera y como miembro de la familia Rothschild: la discreción debe ser absoluta. Cuando conoció a Jeffrey Epstein en 2013, llevaba más de cinco años al frente de la Compañía Edmond de Rothschild —que mientras se había convertido en “grupo”— como vicepresidenta, sustituyendo cada vez más a su marido, Benjamín, presidente titular del banco pero incapaz de asumir sus funciones debido a sus problemas de dependencia del alcohol y las drogas.

Desde la muerte de Edmond de Rothschild en 1997, Ariane de Rothschild, que comenzó su carrera en la Société Générale de Nueva York, se fue erigiendo poco a poco como su heredera legítima y albacea testamentaria. El Grupo Edmond de Rothschild es ella.

Se propuso como misión “retomar la gran tradición Rothschild en el mundo de la política, los negocios y las finanzas”, como explicó a Le Monde Olivier Colom, que fue secretario general del grupo.

Eso la llevó a reavivar viejas disputas familiares, que habían llevado a la escisión y a la creación de la Compañía Edmond de Rothschild en 1953. “Pase lo que pase, respetaré las últimas voluntades escritas de Edmond, nunca dejaré vendidos a los primos”, asegura en sus conversaciones con Jeffrey Epstein.

Pero esta mujer está sola. Dentro del banco, se ha rodeado de personas que apenas se atreven a contradecirla. Fuera, no forma parte de ese establishment financiero, esencialmente estadounidense, con el que sueña codearse. A pesar de su apellido, siguen estando muchas puertas cerradas para ella. En sus conversaciones, Jeffrey Epstein nunca deja de citar nombres de importantes financieros y gestores de fondos para mostrar el alcance de sus relaciones y su red de contactos. “A Donald Trump le encanta el apellido Rothschild”, le escribe para halagarla en febrero de 2017.

Cuando el diplomático noruego Terje Rød-Larsen propone a Ariane de Rothschild reunirse con Jeffrey Epstein, éste ya sabe todo eso. En el primer mensaje que le envía tras un primer encuentro y cuyo borrador envía al diplomático noruego para que lo revise, el financiero tóxico hace referencia inmediatamente a Edmond de Rothschild. “Sus principios han guiado mis negocios durante treinta años”, llega a escribir.

La maquinaria de manipulación se pone en marcha. Porque integrar a un miembro de la familia Rothschild en su red es tan importante para Epstein como aparecer junto a Andrew Mountbatten y llevarlo a sus saraos delictivos. En el mundo financiero —y más allá—, el nombre de Rothschild sigue siendo mítico, rodeado de poder, con una capacidad de fascinación poco común, con su horrible reverso de concentrar en él un antisemitismo abyecto. Eso puede permitir al financiero americano acceder a personas, información y negocios a los que antes no podía aspirar (ver último apartado).

El grupo Edmond de Rothschild indica que su presidenta no tenía motivos para desconfiar. Rød-Larsen era entonces un diplomático reconocido, relacionado con los acuerdos de Oslo. Al igual que Ariane de Rothschild, frecuentaba las estructuras de la ONU financiadas en parte por las fundaciones familiares. Al igual que Ariane, era miembro de la Comisión Trilateral. Los documentos que se han publicado muestran el papel que el noruego desempeñaba junto al financiero.

Dentro de una de nuestras anteriores investigaciones sobre su papel en el caso Espstein, Olivier Colom, entonces secretario general del banco tras haber sido asesor de Nicolas Sarkozy, respondió por escrito a nuestras preguntas: “Desde el principio, [Terje Rød-Larsen] nos indicó que el Sr. Epstein había cometido ‘una falta’ en la década de 2000 por la que había ‘pagado’ con un año de prisión, y que podía tener derecho a una segunda oportunidad.” Por su parte, el grupo comenta: “Con la publicación de los documentos por parte del Departamento de Justicia, hemos descubierto la turbia naturaleza de las relaciones que Olivier Colom —quien inició el encuentro entre la Sra. de Rothschild y Terje Rød-Larsen— mantenía con J. Epstein.”

¿Realmente Ariane de Rothschild ignoró durante todo ese tiempo los delitos y abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein? ¿Es posible que no se enterara del escándalo que sacudió a la familia real británica en 2015? Varios correos electrónicos parecen insinuar que ella tenía información, aunque fuera parcial. En uno de ellos, ella le aconseja “ignorar los rumores”.

Jeffrey Epstein no tardó mucho en entrometerse en la vida, incluso en la privada, de Ariane de Rothschild. En pocos meses, se convirtió en su consejero, su confidente para todo. Cada día reforzaba su influencia, aislándola cada vez más, hasta llegar a ser su único recurso. “Apoyo cualquier camino que elijas que te dé seguridad, no el banco, ni Benj, ni tus primos, ni el vino. Me duele verte desperdiciar tu increíble talento formando parte de la clase trabajadora. Soy sensible a las obligaciones familiares, pero necesitas AYUDA”, le escribe, asegurándole en varias ocasiones su total apoyo.

El menosprecio y los insultos son sus armas favoritas. Califica a Cynthia Tobiano, que hoy dirige el grupo, de simple “contable” que dirige “un equipo sin experiencia”. Emmanuel Fievet, entonces responsable de la actividad de gestión patrimonial, al igual que Hervé Orion, director general de la banca privada, le parecen carecer de la experiencia y la reputación necesarias, y la empuja a deshacerse de ellos. Ambos acabarán abandonando el banco.

Pero es a la familia a quien reserva sus dardos más afilados. Primero a Benjamín, el marido, entonces presidente y principal accionista del banco: “Es un verdadero peligro”, “está fuera de control”. Le sugiere a Ariane varios planes para destituir a Benjamín de Rothschild y hacerse con todo el poder: “Debes tener el dinero bajo tu único control”.

En 2015, Benjamín de Rothschild dimite de la presidencia. A continuación se produce una reorganización capitalista que permite apartar tanto a Benjamín como a Nadine de Rothschild, su madre. Desde el principio, Jeffrey Epstein maneja todo, sin perderse ni un ápice de las negociaciones familiares.

Epstein temía que los primos se interpusieran en su intento de acaparar el grupo y el nombre de Rothschild. Sorprendentemente, Ariane de Rothschild le mantenía informado, a veces a diario, de las disputas familiares, en particular en torno al nombre. Con esa información, hizo todo lo posible por avivar las disensiones y crear divisiones.

“Tengo entendido que alguien ha contratado a una empresa del tipo Jules Kroll [agencia especializada en inteligencia económica, ndr], insinuando que eres tú quien necesita una cura de desintoxicación. Alcohol, drogas. No lo sé. Podría ser David [entonces director del grupo Rothschild en Francia, ndr], el gordo o el chico de Nadine. El otro bando se está preparando. Tú debes hacer lo mismo”, le escribe en lo que parece una amplia campaña de desestabilización.

Contactada la familia Rothschild, se niegan a hacer comentarios. Por principio, ella nunca habla de las disputas familiares en público. Y menos aún cuando están en juego los sutiles equilibrios de poder y financieros de la casa.

El control de Jeffrey Epstein sobre Ariane de Rothschild es tan eficaz porque su relación se construye en un momento en que la compañía, como todos los bancos suizos, ve su entorno totalmente trastocado: bajo presión, el Gobierno suizo ha decidido levantar el secreto bancario. Las autoridades judiciales suizas aceptan cooperar con las administraciones judiciales y fiscales de otros países. En primer lugar Estados Unidos, que ha emprendido una campaña masiva contra la evasión fiscal.

Para los bancos suizos, que durante décadas han hecho de la evasión fiscal y las cuentas numeradas su principal fuente de ingresos, este cambio supone todo un terremoto. Todos los grandes grupos bancarios suizos se encuentran en el punto de mira de las autoridades fiscales estadounidenses y la compañía Edmond de Rothschild no es una excepción. El fisco le reclama 86 millones de dólares en multas.

Aunque el banco tiene una posición sólida, Jeffrey Epstein siembra la duda y luego el miedo en la cabeza de Ariane de Rothschild. Es cierto que el banco atraviesa una crisis de gobernanza y de modelo pero, según él, la situación es muy grave, está al borde del colapso. Y los 86 millones de dólares en sanciones reclamados por el fisco estadounidense podrían ser fatales. Se presenta como el salvador. Primero le presenta a una de sus personas más cercanas, la abogada Kathryn Ruemmler, que se convierte en la asesora oficial de la empresa. Luego dice que él mismo se involucrará en las negociaciones con las autoridades americanas.

“¿Te parece bien 45 millones?”, le escribe. ¿Intervino realmente para conseguir una reducción de casi la mitad de las sanciones? ¿Tenía conocimiento antes de que se hiciera público del resultado de las negociaciones para apropiarse del resultado? En cualquier caso, esa es la cifra definitiva propuesta por las autoridades americanas.

En agradecimiento por sus consejos al grupo, Epstein consigue un contrato excepcional: recibe 25 millones de dólares, es decir, más de la mitad de la reducción obtenida de las autoridades judiciales. Por cierto, el contrato que se firma entre Ariane de Rothschild y el banquero es muy extraño. Existen dos versiones: la primera, redactada el 5 de octubre de 2015, designa explícitamente a Jeffrey Epstein como beneficiario a través de uno de sus fideicomisos, Southern Trust Company. En la segunda, redactada a principios de noviembre, el nombre de Jeffrey Epstein desaparece por completo y es sustituido por el de Darren Indyke, presentado como vicepresidente del fideicomiso. Esta es la versión firmada por Ariane de Rothschild.

¿Tenía la presidenta del grupo, diga lo que diga, conocimiento de la reputación tóxica y escandalosa del banquero e hizo todo lo posible por ocultar su nombre? ¿Era consciente de que las sumas pagadas eran exorbitantes e injustificables, incluso para el mundo bancario?

Según nuestra información, este contrato nunca se presentó al consejo de administración del banco. En respuesta a nuestras preguntas, el grupo nos indicó: “El Sr. Epstein era solo un proveedor de servicios para el grupo. Acompañó al grupo Edmond de Rothschild en diferentes misiones de asesoramiento estratégico y acompañamiento en el desarrollo de los negocios del banco. Se aplicaron plenamente las normas de gobernanza”.

Gracias a estos primeros éxitos, Epstein se convirtió casi en un dirigente oficioso del banco. Multiplica los consejos para la reorganización y reestructuración de las actividades bancarias o la reconfiguración del consejo. Intenta colocar a su gente más cercana junto a Ariane de Rothschild, recomendándole en particular que incorpore a Larry Summers y Tom Prizker a su consejo o que contrate a Jes Staley para dirigir su banco. Propone reuniones con Leon Black para establecer relaciones comerciales con su fondo Apollo.

Pero su principal preocupación parece ser vender el banco. No deja de escribir que la empresa es demasiado pequeña, que no puede sobrevivir en el competitivo mundo bancario. Se estudia un primer plan de cesión con UBS y, a continuación, organiza conversaciones con los Rockefeller. Finalmente, piensa en una fusión con el banco Julius Baer, haciendo ver a Ariane de Rothschild la perspectiva de asumir la presidencia del conjunto. “Como siempre he pensado, la familia está perdida. No han establecido una cláusula de no competencia”, escribe. Porque, más allá de las comisiones que podría obtener de tales operaciones, lo que parece motivarle es la perspectiva de apoderarse del nombre y del legado de esta mítica casa con la esperanza de enriquecerse inmensamente.

Ninguna de las operaciones imaginadas por Jeffrey Epstein pasó de las conversaciones exploratorias. En 2018, la familia cerró un acuerdo sobre el uso del nombre por parte de las diferentes ramas, poniendo fin al juicio iniciado por Ariane de Rothschild contra los primos. Se deshacen los vínculos de capital que subsistían entre las diferentes ramas de la familia y el grupo Edmond de Rothschild se retira de la Bolsa. Este será el tema de una de las últimas conversaciones entre Ariane de Rothschild y Jeffrey Epstein antes de su detención.

Tras la lectura, aunque sea parcial, de los documentos publicados, el grupo Edmond de Rothschild sale con su reputación tocada. Algunos clientes, que se niegan a verse involucrados en este asunto ni siquiera de lejos, o que temen por el futuro del banco, parecen haber comenzado a retirar sus activos, según indiscreciones —no siempre desinteresadas— recabadas de otros banqueros suizos que están al acecho.

Aunque no hay comparación posible entre los dos bancos, el precedente del Crédit Suisse en 2023 quedó grabado en la memoria: en pocas semanas se evaporó la confianza en el banco. Al borde del colapso, el segundo banco suizo tuvo que ser rescatado de urgencia por el Gobierno federal suizo y su competidor UBS.

Según nuestra información, las autoridades federales de los mercados financieros (FinMa) parecen estar siguiendo de cerca el caso. “Todo responsable bancario debe ser fit and proper (apto y competente)”, recuerda un observador. Lo que la ley bancaria francesa denomina “honorabilidad”. En el mundo bancario y financiero, algunos predicen que Ariane de Rothschild no tendrá más remedio que vender lo antes posible.

“Cuando era pequeño, cuando en casa se hablaba de los Rothschild, creía que se referían a los reyes de China”, contaba el exministro de Justicia Robert Badinter, que fue muy amigo de David de Rothschild. Esta anécdota infantil resume por sí sola el poder mítico de este apellido, universalmente conocido. Eran los banqueros de las familias reales europeas en el siglo XIX y están relacionados con todos los momentos de la historia de ese siglo, financiando las guerras contra Napoleón, desarrollando los ferrocarriles, las minas, la revolución industrial en Europa, pudiendo hacer y deshacer poderes o detener conflictos si se negaban a financiarlos.

Su influencia no dejó de disminuir en el siglo XX, cuando se separaron las ramas inglesa, francesa y suiza de la familia. En Francia, la nacionalización del banco en 1982 lo salvó de un humillante colapso. David y Éric de Rothschild partieron de cero para reconstruir un banco de negocios y luego un grupo financiero. Sigue siendo una de las únicas casas europeas controladas por una familia.

Pero aunque su poder financiero es insignificante en comparación con los gigantes bancarios internacionales, la magia del nombre perdura: atrae a toda una clientela que desea beneficiarse del aura de la casa y afirmar su estatus privilegiado. Nicolas Sarkozy parece ser uno de ellos: tiene una cuenta en el banco Edmond de Rothschild por la que han transitado 500.000 euros procedentes de Rusia.

La familia es muy consciente de este poder de atracción. Por eso, cuando David y Éric de Rothschild quisieron renombrar en 2014 la sociedad matriz de su grupo, Paris-Orléans, como “Rothschild & Co”, se desató una pelea, ya que las ramas inglesa y suiza de la familia temían que la rama francesa utilizara la marca en su propio beneficio. La disputa se resolvió en 2018, y cada parte tiene derecho a utilizarla, salvo que la actividad pase a estar bajo el control de un socio externo.

Pero la contrapartida de este mito es abrumadora. A lo largo de las trágicas pruebas de la historia, la familia carga con una pesada mochila. El nombre de Rothschild concentró en sí mismo las campañas y los actos antisemitas más abyectos durante el auge y la llegada del nazismo. Los recientes atropellos antisemitas de la extrema derecha en París demuestran que nada ha cambiado.

Contactado Olivier Colom para saber si confirmaba las respuestas que nos había dado por escrito durante la investigación sobre su implicación en el caso Epstein, no nos ha respondido.

Traducción de Miguel López

Este viernes terminó el plazo de consulta pública que el Ministerio de Economía lanzó para recoger las opiniones sobre la creación de una cuenta de ahorro e inversión promovida desde lo público. El objetivo de esta medida es mover el dinero de los ciudadanos que tienen fondos de baja remuneración —1,2 billones en España— hacia otros productos financieros más rentables, pero sin un riesgo demasiado alto.

Hace unas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba también la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que estará dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación y buscará también atraer capital privado. A la vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponía el foco en los influencers que dan consejos de inversión en redes, los denominados finfluencers. “Promocionar un servicio o un producto financiero no es como promocionar zapatos”, advertía el director de la entidad, Carlos San Basilio. No hay que olvidar que estos consejos pueden tener consecuencias muy graves para quien pone todos sus ahorros en la misma cesta.

Por ello, tanto Europa como España empiezan a mirar hacia la inversión y las finanzas —campos áridos y poco conocidos para muchos mortales— como una de las patas para promocionar el mercado interno de la Unión Europea, tal como se ha pedido desde organismos como la OCDE o en el famoso informe de Enrico Letta y Mario Draghi. Sin embargo, el camino a recorrer parece largo. “En esta estrategia se combinan varias circunstancias. En primer lugar, se ha acumulado un volumen de ahorro no solo en las rentas altas, sino también en las medianas, y los gobiernos están tratando de canalizarlo, de forma que eso derive en un aumento de la actividad productiva”, explica Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada. En corto, que ese dinero que está “quieto” genere valor más allá del puramente especulativo y ayude a despegar a empresas, a financiar la economía con ahorro a largo plazo o a impulsar determinados sectores europeos.

En el documento publicado por el Ministerio de Economía señalan que el objetivo de productos como la cuenta remunerada es que entidades y brókeres ofrezcan un paquete de varios instrumentos de inversión con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo para pequeños inversores. En cuanto al fondo soberano, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba que sería un instrumento destinado a “entrar en el capital de las empresas que así lo deseen” y lo ejemplificaba con las pymes y startups. “Tenemos un gran ecosistema de startups, pero necesitan financiación y escala, y ahora mismo les cuesta conseguirla dentro de la UE”, concluía.

En opinión de Torres, la intención es buena, aunque el resultado podría no ser tan evidente. “Yo creo que lo que pueda tener de bueno el movilizar el ahorro está muy limitado, porque en nuestras economías el sistema financiero no está orientado prioritariamente a financiar la actividad productiva”, y apunta a que promover instituciones o bancos “que estuvieran directamente comprometidos con la actividad productiva, como mejorar infraestructuras, servicios públicos o financiación para jóvenes” sería más eficaz.

Los pasos de España se enmarcan dentro del plan europeo denominado Unión de Ahorros e Inversiones, que busca crear mecanismos para que los ciudadanos de la unión inviertan sus ahorros en sectores estratégicos para Europa. De hecho, según Bruselas, 10.000 millones de euros ahorrados por los hogares están en depósitos donde no producen rendimientos. Y en el fondo de la idea, aparece de nuevo la incertidumbre geopolítica como motivación: “La Unión de Ahorros facilitaría la financiación en ámbitos como la descarbonización, la innovación tecnológica y la mejora de la seguridad, todos ellos esenciales para mantener la competitividad de Europa en el mundo”, señala el documento publicado por el Consejo de Europa. Y es que muchos pequeños ahorros juntos son el objetivo de las nuevas políticas europeas que quieren apelar a un mercado interno de 450 millones de ciudadanos.

En la jerga financiera, se denomina dumb money (dinero tonto, en inglés) al capital de pequeños inversores individuales que entran puntualmente en el mercado motivados por consejos, tendencias o redes sociales. Pero lo cierto es que la coordinación a través de foros y redes terminó por dejar patente su importancia y desmentir ese apelativo de “dinero tonto”. Por eso, controlar a quienes dan consejos de inversión se ha convertido en otro de los objetivos de las políticas financieras.

La palabra finfluencer seguramente no les diga nada, pero si les hablo de creadores de contenido dedicados a dar consejos sobre inversión, tal vez se hayan tropezado con alguno mientras paseaban por las redes sociales. Hay para todos los gustos: desde cuentas de divulgación, a otras de dudosa fiabilidad. Hay perfiles que tan pronto asesoran sobre una rutina de gimnasio, como te hablan de emprendimiento; hay coleccionistas de bolsos Hermès; prescriptores que te enseñan a invertir en 30 días o cuentas que te recomiendan una app para comprar criptomonedas de forma “supersencilla”.

El problema es distinguir quién es quién en este mar de consejeros y por eso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha empezado a vigilarlos de cerca y pretende hacerles responsables de sus consejos de inversión. También, por el riesgo que suponen para los pequeños inversores aficionados. De esta forma, el regulador prevé sanciones de hasta 500.000 euros por abuso de mercado en función de si es falsa la información que se da, de si la recomendación se hace es por conflictos de interés no declarados o por publicidad encubierta.

“Los riesgos de seguir los consejos de los prescriptores son altísimos y más cuando se trata de criptomonedas, porque son un producto sin respaldo”, explica Verónica Rodríguez, de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “Hay que sospechar de cualquier promesa de inversión que te ofrezca una rentabilidad notablemente superior a la media del mercado, por encima del 5% o 6%, y a corto plazo”, explica. Además, puntualiza que no es imposible obtenerlas, pero suelen ser productos de alto riesgo, más recomendados para expertos que para particulares que se juegan sus ahorros.

Muchos seguramente piensen que lo que narra Asufín no les puede pasar o que las finanzas son cosas más serias, que suelen pasar por la oficina de un banco o un gestor. Pero resulta que hace no mucho, en 2021, un youtuber sentado en su casa hizo perder 1.200 millones de dólares en apenas 24 horas a varios fondos de cobertura de Wall Street. Se llama Keith Gill y su perfil en redes, Roaring kitty (gatito que ruge), consiguió que miles de pequeños inversores se organizaran a través de foros como Reddit para comprar masivamente acciones de GameStop, una empresa que los grandes fondos daban por perdida y contra la que habían apostado en corto.

El directo de Keith Gill provocó una subida histórica en el precio de la acción, hizo perder unos miles de millones a los fondos que apostaban a la baja y dejó claro que Internet tenía mucho que decir en el sistema financiero moderno. Pero no todos los influencers tienen alma de Robin Hood, ni sus consejos son desinteresados o sus intereses públicos.

Otra cosa que dejó patente este episodio, que incluso inspiró la película Dumb Money (2023), es que muchos pequeños inversores coordinados y juntos —dueños del citado “dinero tonto”— podían jugar un papel relevante en el mercado.

Por cierto, el fondo de inversión en cuestión terminó liquidando sus activos y cerrando en 2022 y también mucha de la gente que durante un momento se pensó millonaria terminó perdiendo su dinero. Porque, como concluye Rodríguez, “esa es la principal premisa que no podemos olvidar cuando se habla de inversiones”.

Sin duda alguna, la única fuerza que puede obligar a Donald Trump a cambiar de postura y limitar su embriaguez de poder son los mercados. Pero, a diferencia del Liberation Day —ese día de abril en el que el presidente estadounidense lanzó su guerra comercial mundial—, los mercados parecen indiferentes a la creciente inestabilidad mundial en este comienzo de año. Pero las tensiones geopolíticas y financieras han alcanzado una intensidad sin precedentes.

En menos de tres semanas, la presidencia de Trump ha golpeado en todos los frentes, adoptando casi tantas medidas agresivas como durante todo su primer año de mandato: secuestro y detención de Nicolás Maduro, incautación de la producción petrolera de Venezuela, apertura de un procedimiento judicial contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, y, por último, proyecto de acaparamiento de Groenlandia con amenazas de aranceles suplementarios para todos los países europeos —oficialmente aliados— que se opongan a las opiniones del presidente estadounidense.

En cada ocasión, los mercados no han reaccionado, dando la impresión de que daban carta blanca a todas las iniciativas de la administración Trump, incluidas las más peligrosas. Pero esa complacencia parece haber llegado a su fin el 20 de enero.

Todos los mercados se hundieron en números rojos, pero en Estados Unidos aún más que en otros lugares. En Wall Street, los principales índices bursátiles borraron todas las ganancias registradas desde principios de año. El Dow Jones bajó un 1,8 %, el S&P 500 un 2,1 % y el Nasdaq un 2,4 %. Las sanciones fueron mucho más severas para los grupos de alta tecnología y digitales. El gigante mundial de los chips, Nvidia, retrocedió un 4,3 %, Apple un 3,46 % y la empresa informática Dell perdió más del 7 %.

La verdadera advertencia se produjo en otro ámbito, el de los bonos del Tesoro estadounidense. El tipo de interés de los bonos estadounidenses a treinta años superó el 4,95 %, y el de los bonos del Tesoro a diez años se situó por encima del 4,3 %. Establecidos por los mercados en función de la oferta y la demanda —a diferencia de los tipos a corto plazo fijados por la Reserva Federal—, indican un nivel de desconfianza palpable: los tipos estadounidenses se encuentran ahora entre los más altos de los países occidentales.

Al mismo tiempo, el dólar ha seguido depreciándose frente a otras divisas —ahora vale 1,17 euros—, mientras que el oro continúa su ascenso vertiginoso: la onza cuesta más de 4.864 dólares. Hace apenas un año, costaba 2.770 dólares.

El anuncio de Donald Trump, en su esperado discurso en Davos el 21 de enero, de que Estados Unidos no recurriría “a la fuerza”, sino que quería iniciar negociaciones “de inmediato” para hacerse con Groenlandia, apenas ha invertido la tendencia. Al abrir Wall Street, el S&P 500 subía un 0,3 %, el Nasdaq un 0,2 % y el oro seguía subiendo.

La administración Trump se niega a verlo como una señal, y mucho menos como una advertencia del mundo financiero. En Davos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, desestimó todas las críticas e incluso el cuestionamiento de las políticas de Donald Trump, sus pretensiones de apoderarse de Groenlandia y las dudas sobre la OTAN. Todo es sublime, necesariamente sublime. Para Bessent, la caída de los bonos del Tesoro estadounidense no está en absoluto relacionada con las decisiones de la Casa Blanca, sino con las enormes ventas que se han producido en el mercado japonés.

Pero los observadores y analistas lo ven de otra manera. “Creo que cuando miremos atrás, consideraremos que este momento marcó un punto de inflexión”, confiesa al Wall Street Journal Adam Posen, presidente del Instituto Peterson.

El dominio monetario, financiero y económico de Estados Unidos, durante mucho tiempo indiscutible, ya no se da por sentado. China, a través de los BRICS en particular, lleva varios años cuestionando la supremacía del dólar. Pero nadie esperaba que un presidente estadounidense asestara los golpes más duros y peligrosos a este dominio financiero y económico.

Desde el regreso de Donald Trump se ha producido una verdadera crisis de confianza. El inicio de guerras comerciales con sus antiguos aliados, sus decisiones unilaterales de extorsión y apropiación, el cuestionamiento de las alianzas pasadas, empezando por la OTAN, más allá de los disturbios provocados, crean una sensación de malestar: Estados Unidos ya no es tan seguro como antes. La lenta caída de los bonos del Tesoro estadounidense desde hace un año, considerados hasta entonces como el activo más seguro del mundo, así como la disminución de las reservas en dólares en los bancos centrales, ilustran esta creciente desconfianza.

“Vender Estados Unidos” se ha convertido incluso en el lema de algunos analistas. Aunque el dinero de todo el mundo sigue afluyendo a los mercados estadounidenses, se observa una cierta ralentización en todos los sectores. Y esto se ve  aún más en el comercio, donde se está desmoronando el dominio del dólar como única moneda de reserva. “Existen canales prácticos y eficaces que no se limitan a los canales del dólar estadounidense”, señaló en Davos el director general de Standard Chartered, Bill Winters, justificando la necesidad de diversificación por el surgimiento de un mundo multipolar.

El aumento de las tensiones con la Unión Europea (UE) podría acelerar aún más este movimiento. El 18 de enero, un analista del Deutsche Bank publicó una nota en respuesta a los anuncios de subidas de los aranceles impuestos a Dinamarca, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Suecia y Noruega para castigarles por oponerse a los deseos de Trump de apoderarse de Groenlandia.

Según él, los europeos podrían utilizar sus activos en Estados Unidos como medida de represalia. “En un contexto en el que la estabilidad geoeconómica de la alianza occidental se ve sometida a una dura prueba, no se entiende muy bien por qué los europeos estarían tan dispuestos” a invertir en Estados Unidos.

El temor se materializó el 20 de enero. Un fondo de pensiones danés anunció que vendería toda su cartera de bonos estadounidenses, teniendo en cuenta “las débiles perspectivas económicas de Estados Unidos”. El secretario del Tesoro estadounidense respondió: “No tiene importancia”.

Las sumas comprometidas por el fondo de pensiones danés representan una gota en el océano de las inversiones europeas: apenas 100 millones de dólares. Pero si el ejemplo danés se extendiera, sería otra historia. Europa posee más de 8 billones de dólares en acciones y bonos estadounidenses, el doble de todas las inversiones que poseen los inversores extranjeros en todo el mundo.

Ahora que el Gobierno estadounidense necesita más que nunca dinero para financiar sus déficits e inversiones, la amenaza de una retirada de los ahorros europeos sería una catástrofe para la administración Trump. El secretario del Tesoro estadounidense descarta de antemano este escenario. “No me preocupa en absoluto. Veo nuestras subastas. Estamos registrando inversiones extranjeras récord”, declaró, antes de afirmar que el presidente del Deutsche Bank se había desmarcado de la nota de su analista.

Los observadores son mucho menos categóricos. Si bien todos descartan una liquidación rápida de los activos europeos, contemplan perfectamente una desconexión más o menos rápida, ya que el dominio estadounidense se ha convertido en una amenaza para todos los aliados. “Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, insistió el primer ministro canadiense —y exgobernador del Banco de Inglaterra— Mark Carney, ovacionado al final de su discurso el martes en Davos.

Para Estados Unidos, esta ruptura puede ser igual de grave que para sus aliados. Durante décadas, a cambio de estabilidad económica y financiera, estos últimos aceptaron aportar sus ahorros, invertir en Estados Unidos, financiar los déficits estadounidenses y apoyar el dólar. Ningún país había disfrutado nunca de tales privilegios. Aunque el estatus de Estados Unidos se estaba erosionando con la emergencia de un mundo multipolar, seguía teniendo una gran importancia. Desde hace un año, Donald Trump se lo está cargando todo.

¿Está la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, viviendo su momento Liz Truss, cuando los mercados obligaron a la primera ministra británica a dimitir? Tras la decisión del banco central japonés de subir los tipos de interés en diciembre, el anuncio de elecciones legislativas anticipadas se consideró una nueva amenaza para el equilibrio financiero del país, ya muy endeudado (más del 250 % del PIB). La primera ministra tiene la intención de impulsar una amplia reactivación presupuestaria, con recortes fiscales y gastos militares, con el fin de apoyar el crecimiento y responder a las amenazas geopolíticas de la región.

La reacción de los mercados financieros fue brutal e inmediata. El mercado de bonos japonés registró una caída tan fuerte como cuando el Banco de Japón rompió sin previo aviso con décadas de política monetaria acomodaticia y de apoyo a los mercados. Los tipos japoneses a diez años se sitúan ahora por encima del 3 %, lo que sigue siendo bastante soportable, teniendo en cuenta la inflación. Pero los inversores, acostumbrados a tipos cero durante décadas, están en shock.

Estos movimientos han tenido repercusiones en todos los mercados financieros mundiales. El mercado de bonos japonés es uno de los más importantes del mundo, no solo por la magnitud de la deuda del país, sino también por la política monetaria aplicada. Atraídos por ese dinero gratis, los inversores de todo el mundo han pedido préstamos en yenes a diestro y siniestro durante casi treinta años y se han apresurado a convertir esos créditos en otras divisas mucho más rentables, especialmente en dólares, embolsándose la diferencia.

Esas transacciones financieras representan cantidades gigantescas: más de 15 billones de dólares, según las estimaciones. Cualquier desviación supone una amenaza. ¿Por qué los bancos centrales, encargados de velar por la estabilidad del sistema financiero mundial, han permitido que se acumulen tales riesgos sin intervenir? Es un misterio.

Tradución de Miguel López

*A última hora de este miércoles, la Casa Blanca anunció un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retiró su amenaza arancelaria a los países que anunciaron su apoyo a la isla danesa.

Juan Torres López (Granada, 71 años) acaba de escribir un libro titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Es un manual oportuno que este catedrático de Economía Aplicada lanza contra lo que él denomina una “oleada de autoritarismo global en el plano económico”. Sostiene Torres que esta dinámica que puede parecer nueva en sus formas, ya que la encarnan personajes del perfil mediático de Donald Trump o Javier Milei, busca más de lo mismo: “desmantelar todos los contrapesos que pueden limitar el poder adquirido por los grandes capitales” y recortar prestaciones sociales a golpe de motosierra, para compensarlo.

Charla con infoLibre por teléfono, en una conversación que avanza por las grandes corrientes de la teoría económica —que para él dista mucho de ser una ciencia exacta— y retrocede hacia el descontento de una ciudadanía que, en su opinión, es presa (y será también víctima) de los discursos de extrema derecha y los intereses que defienden.  

“Lo que hace Donald Trump es lo mismo que se hacía antes, pero expresado de una manera descarnada, exagerada, grosera, insultante e incluso violenta”, señala. Defiende que a pesar de sus formas, la “partitura” que interpreta no es extraordinaria ni en lo político, ni en lo económico: “El ejercicio imperial del poder de Estados Unidos sobre otras naciones no es, ni muchísimo menos, nuevo. Tampoco el chantaje militar o las políticas de proteccionismo económico y arancelario”, concluye. 

Y este paisaje, apunta, pone en riesgo la democracia. “Es algo que está haciéndose evidente en los últimos tiempos, incluso desde antes de Trump y de su primer mandato. Las nuevas formas de capital que se están haciendo hegemónicas en torno a los nuevos desarrollos tecnológicos —sobre todo a la economía de las plataformas y a la economía de la nube— necesitan mucha servidumbre social, una utilización directa de los aparatos del Estado y una concentración de riqueza que es incompatible con el equilibrio de poderes y con la existencia de contrapesos”. Dos elementos, estos últimos, “consustanciales a la democracia” y que, señala, están amenazados.

Una de las advertencias que vertebra el libro es cómo la fe en un capitalismo legitimado bajo una “falsa” apariencia de ciencia y la confianza en el modelo económico neoliberal —basado en la no intervención y en la ley de oferta y demanda— como única alternativa, han resistido a lo largo del tiempo cualquier refutación y han expulsado concepciones de la economía más “humanas”.

Torres insiste en que hay ejemplos de cómo es posible gobernar los mercados bajo principios diferentes y que, además, son exitosos: “la sanidad, la educación pública, el cooperativismo, las pensiones…”, enumera. Aunque, entre risas, muestra cierto escepticismo sobre un cambio de mentalidad y cita al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, cuando afirmaba que los paradigmas solo cambian realmente cuando se mueren sus viejos defensores.

El economista mira hacia la extrema derecha y sus discursos elevados como uno de los mayores riesgos, pero también hacia un reparto de la riqueza que no funciona como debería. “La concentración de la riqueza tan brutal, tan extraordinaria y en tan pocas manos que se está produciendo hoy día es incompatible con la libertad de las mayorías”. Explica que los debates sobre la riqueza desmesurada de unos pocos están ganando peso en el mundo, pero con eso no basta.

“Creo que los movimientos progresistas se están equivocando, porque no basta con poner el acento en que los ricos contribuyan a combatir la desigualdad. Sin duda eso es algo obligatorio, pero el problema es que hay que actuar sobre los orígenes y sobre las causas que producen la desigualdad. Si hay una inundación no basta con sacar el agua, hay que actuar sobre la fuga”, explica. “El problema hoy en día es que donde se genera la productividad, en el seno de las empresas, hay una asimetría de derechos que permite, por ejemplo, que se obtengan beneficios como no se habían obtenido nunca a cambio de retribuciones al trabajo que son ínfimas”, concluye.

Además de esta asimetría inicial en el reparto de los beneficios, Torres pone el acento en unos sistemas fiscales que no gravan adecuadamente los nuevos modelos productivos. “Hay un error de enfoque en la política tributaria y sería fundamental que los gobiernos progresistas se plantearan un cambio”, explica. Su propuesta es poner más presión sobre los patrimonios y sobre las transacciones financieras. Estos dos puntos son, en su opinión, “el origen de las mayores diferencias de riqueza” en las sociedades modernas.

“La concentración de patrimonio es tan grande que debería ser objeto prioritario de la tributación, junto a las transacciones financieras”. Y pone un ejemplo: “Con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera en el mundo, se podrían financiar todos los gastos públicos de todos los gobiernos del planeta sin necesidad de utilizar otro impuesto”, remata.

La entrevista concluye con un recordatorio de que hay alternativas a los sistemas que solo responden al cálculo de beneficios y productividad, pero también con un reconocimiento explícito de las dificultades que rodean a un cambio de paradigma económico “que no puede esperar”.

Se nos avecina un 2026 lleno de incertidumbre para el gas y el petróleo, no tanto por su escasez (como querrían algunos), sino por su abundancia. En uno de sus últimos informes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que habrá un exceso en la producción de 4 millones de barriles diarios respecto a la demanda esperada. La agencia prevé 106 millones de barriles diarios de producción frente a una demanda de 104,1. Este desajuste puede traer consigo graves consecuencias.

De hecho, el mercado ya está empezando a notar este posible superávit en la oferta. Tanto el barril de crudo Brent (la referencia en Europa) como el WTI (Estados Unidos) se mantienen en rangos estrechos entre los 55–65 dólares, con señales bajistas de corrección y esperando que se produzca una subida espontánea, provocada posiblemente por disrupciones geopolíticas que pudieran surgir. Expertos en Wall Street hablan incluso de precios más bajos. JPMorgan se aventura a decir que pueden caer incluso a la franja de 30 dólares el barril si el mercado no reacciona y reduce su oferta. Otros grandes como Goldman Sachs coinciden en esta postura.

El problema no es solo financiero o de precio, también geopolítico. En el marco de la OPEP+ (Oriente Próximo y sus aliados), el cártel ha añadido más de dos millones de barriles diarios a su producción desde abril del 2025, lejos de recortar progresivamente su extracción. Aunque todavía no se ha visto una acción clara por parte de la organización, se espera que no aumente su oferta en los próximos meses, manteniendo así el nivel actual. No obstante, para 2027 se espera que se adopte un nuevo marco de “Capacidad Máxima Sostenible” para repartir cuotas internas de producción y favorecer a los que más producen (en este caso, Arabia Saudí y Emiratos). Más que un ajuste en la producción, parece una reorganización del tablero dentro de la OPEP+ para que los que mandan ahora manden más en el futuro.

Ejemplo interesante es el caso de Arabia Saudí. En lugar de recortar su producción, lo que hace es descontar agresivamente su crudo para clientes en Asia, reabriendo la guerra de precios para conseguir mayor cuota de mercado. Y no nos podemos olvidar de Rusia, que, pese a las sanciones, continúa poniendo crudo y gas en su famosa shadow fleet (la flota de petroleros en la sombra, al margen de las sanciones) con destino a Asia. Imaginaos si se diera por acabada la guerra en Ucrania. Rusia inundaría el mar con petróleo tras la finalización (supuesta) de las restricciones y sanciones que ahora sufre su sistema exportador de energía.

Y en el otro lado del mundo tenemos al imparable mantra del “Drill, baby, drill” y la política energética agresiva de Trump por hacerse con el trozo más grande del pastel, sobre todo el referido al gas natural licuado (GNL). No obstante, hay empresas independientes en Estados Unidos a las que no les convence esta política hasta que los precios lo justifiquen; es el caso del CEO de Diamondback, quien presenta una postura en contra de la política actual.

Y, si no fuera suficiente, tenemos a Guyana, en Sudamérica, el nuevo punto caliente del mapa petrolero, que emerge con barriles de bajo coste y el respaldo militar de EE. UU. frente a la disputa territorial con Venezuela. Otra pieza más en el rompecabezas geopolítico en donde nadie está dispuesto a perder ni un centímetro del mercado.

Vemos que los actores principales de este circo, lejos de tener una visión de mercado global, se preocupan más por proteger su propia cuota de mercado en lugar de estabilizar el marco general del mismo. Hemos pasado de un día para otro de temer por el peak oil (el fin de la Edad de Oro del petróleo) a que nos sobre crudo por todos lados. Pero cuidado, esta abundancia descoordinada y geopolíticamente muy peligrosa podría convertirse en el verdadero cisne negro del petróleo. El sistema, tal y como está planteado ahora, dista mucho de la colaboración y coordinación global, dejando todo en manos de la desconfianza y la ambición de unos y de otros. Nos espera un año interesante. Feliz 2026.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

“El Partido Popular tiene muy claro que para que el Estado esté en una empresa tiene que haber una muy buena causa”. La frase la pronunciaba la pasada semana Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. De hecho, en la estrategia económica que ha ido apuntando la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, decisiones como la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la SEPI (para evitar que el grupo saudí STC controlase la entidad) o la posición del Ejecutivo en la fallida opa del BBVA sobre el Sabadell, más cercana a las resistencias de la entidad catalana, suscitaron críticas desde la bancada popular.

Estos son, en el fondo, ejemplos concretos que se enmarcan en un debate mucho más amplio acerca de hasta dónde debe entrar el Estado en las grandes compañías y de la relación del poder público con estas. En España, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está representada en un total de 26 empresas y en 15 es accionista mayoritaria, según detalla la entidad. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, Navantia, Tragsa o Hunosa. Pero no es la SEPI el único vehículo. Por ejemplo, el Estado también posee acciones de Caixa Bank a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro gran conglomerado público es Enaire-Aena, que gestiona la navegación aérea en España. Además, existen otras muchas empresas con participación pública dependientes de diferentes ministerios, como Renfe, Loterías, Paradores, Ineco, etc.

La dinámica de privatizaciones comenzó en España a partir de 1985 bajo el Gobierno de Felipe González (PSOE) y se intensificó durante el mandato de José María Aznar (PP), a partir de 1996, según detalla un estudio publicado por el catedrático de la Universidad de Barcelona Joaquim Vergés, y titulado Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España. En ese momento salieron del ámbito público compañías como Repsol, Argentaria, Endesa o Telefónica. Estas privatizaciones, apuntan fuentes de Sumar —muy críticos con los procesos de privatización— “han hecho nuestra economía más dependiente, le han restado competitividad y capacidad de crecer”. Como ejemplo citan el caso de Argentaria, una entidad bancaria pública que terminó fusionándose para formar el BBVA. “Nuestra banca está cada vez más concentrada, destruye empleo y ofrece peor servicio, aumentando la exclusión financiera” y critican que “PP y PSOE hayan promovido estas privatizaciones de empresas estratégicas”.

Pero casi tres décadas más tarde, en un contexto donde ganan peso conceptos como autonomía estratégica, reindustrialización o soberanía energética, las posiciones liberales más clásicas, que apelan a un Estado mínimo, parecen complicadas de encajar. En España la privatización ha sido uno de los caballos de batalla a la derecha del arco político y la no intervención una premisa fundamental. Cuando en 2023 el Gobierno entraba en Telefónica, las acusaciones cruzadas acaparaban el debate político. Juan Bravo, coordinador del área económica por aquel entonces, tildaba el movimiento de “populista” y hablaba de “ocupación” y de “intervención en el mercado”. La réplica se la daba María Jesús Montero, que acusaba al PP de “malvender” Telefónica en tiempos de Rodrigo Rato. Y la polémica aún sigue, porque Nadal lanzaba una pulla al Gobierno en una entrevista concedida al periódico El Economista: “Lo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, es entrar en empresas para controlar consejos de administración o cambiar a su presidente en La Moncloa”, concluía.

“Si nos situamos en los años 90, España y otros países de Europa abrazaron estos procesos de liberalización y privatización. Por un lado, habíamos entrado en la Unión Europea y había que cumplir con los criterios de Maastricht —que exigían unos niveles de déficit público y llevaron a muchos países a vender empresas estatales para obtener ingresos—; y por otro, había una cierta fe, un tanto ideológica quizá, en el mercado como mecanismo de reparto”, explica la economista y socia de KSNET, Elena Costas Pérez. 

Pero las sucesivas crisis hicieron girar esta percepción. “Han pasado 30 años y la situación es muy distinta. Al final, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales propiciadas por Donald Trump, las crisis de suministros o la autonomía energética, evidencian que una competencia internacional absoluta puede provocar cierta inestabilidad, y esto hace que los países estén más dispuestos a usar herramientas que antes no usaban tanto”, apunta la economista. “Todo esto vuelve a poner a los Estados en el centro como garantes de una cierta estabilidad o de unos mínimos. Por eso estamos viendo inversiones públicas en sectores estratégicos o incentivos a la producción local o endurecimiento de la política comercial. Son conceptos que en su momento se hubiesen tildado de intervencionistas y que ahora apuntan más a un comportamiento estratégico”, concluye. 

“La Constitución reconoce al Estado como sujeto económico y, pese a lo que se suele argumentar, estas empresas prestan servicios esenciales a la ciudadanía”, explica Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis y expresidente de Red Eléctrica de España. En servicios esenciales como la electricidad, la vivienda o la telefonía, donde muchas veces el valor de uso está muy por encima del precio, el economista señala que sin una cierta presencia pública se corre el riesgo de que las compañías se conviertan en “empresas extractivas”, ya que prestan servicios fundamentales a los que los ciudadanos no podrían renunciar.

“No hace falta que el Estado tenga en 100% de una empresa para que esta se considere pública y para que ese ámbito pueda estar altamente regulado. Por ejemplo, en los 90 se privatizó una parte del capital de Endesa y eso no hizo que el Estado perdiese todo el control”, concluye.

Londres (Reino Unido).– Es mediodía, las calles de la City parecen despertar del letargo que las ha envuelto toda la mañana. Sus callejuelas bullen de vida antes de las nueve, cuando los empleados con traje y corbata, en su mayoría hombres, se dirigen a toda prisa hacia los rascacielos de cristal hasta la hora del almuerzo. Y salen a mediodía, algunos para tomarse un sándwich rápido en una de las numerosas cadenas de restauración, otros para tomarse una pinta de cerveza apoyados en la barra de un pub.

Los primeros son quizá traders, empleados de banca o gestores de fondos... Los segundos también. Probablemente terminan su jornada más tarde para adaptarse a los horarios de sus clientes al otro lado del mundo. Quizá incluso esos alcohólicos del mediodía sigan trabajando: nada como el contacto humano para cerrar una transacción, incluso después del covid, incluso en la City.

Se dicen a sí mismos que se merecen ese pequeño capricho: al fin y al cabo, el sector financiero británico —con sede principalmente en el centro histórico de la capital— es “la joya de la corona de la economía”, según declaró el pasado mes de noviembre la ministra de Finanzas laborista Rachel Reeves, durante su discurso anual ante los actores del mundo financiero.

En abril de 2025, las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística mostraron que el valor de la producción anual de la City de Londres superó la barrera de los 100.000 millones de libras esterlinas, concretamente 110.800 millones. Según los datos de la City, todo este dinero creado es para el bien de todos, ya que los impuestos recaudados en este pequeño territorio de 2,9 kilómetros cuadrados representan el 12,3 % de los ingresos fiscales totales del Reino Unido.

John Christensen, fundador de la organización contra el blanqueo de capitales Tax Justice Network en 2003 no cree nada de eso. O, más bien, ofrece otra versión: ese discurso es una ilusión y tiene un nombre, “la maldición de las finanzas”. Según él, para que una economía nacional funcione bien, debe “estar equilibrada y diversificada”. Tener un sector financiero “sobredimensionado” se vuelve perjudicial para el funcionamiento democrático de las instituciones nacionales.

La necesidad de ser competitivo en los mercados financieros internacionales influye en las decisiones políticas y empuja a la City a “extraer riqueza en lugar de crearla”, según Christensen.

“Las inversiones extranjeras en el sector inmobiliario y en fusiones y adquisiciones no generan la creación de nuevas infraestructuras, la financiación de la investigación y el desarrollo para proyectos a largo plazo, ni la comercialización de nuevas ideas y patentes”, afirma. Por el contrario, explica, el dinero se “desvía” de esos sectores que benefician a la sociedad civil para ser «”capturado” por los financieros que “no están realmente interesados en invertir en el país”.

Su objetivo es más bien “consolidar el poder del mercado para poder extraer más riqueza mediante la creación de monopolios”. El activista pone como ejemplo a Thames Water, proveedor exclusivo de agua de la capital: “Los dividendos se deducen de los beneficios de la empresa para distribuirlos entre los accionistas. El dinero real se extrae de los balances, lo que deja a ese tipo de empresas incapaces de cumplir con sus obligaciones legales.”

Se trata de ingresos que no van a parar a las arcas del Estado como de jóvenes que se sienten atraídos por los salarios astronómicos de la City y que no van a ser profesores ni crear su propia pyme, por lo que no contribuyen de forma significativa a la economía nacional ni al tejido social y democrático del país.

El fundador de Tax Justice Network cita a la Universidad de Massachusetts, que ha calculado la pérdida de crecimiento debida a la City: 4.500 millones de libras entre 1995 y 2015.

Si esa confiscación de la riqueza nacional puede pasar desapercibida es gracias al funcionamiento de la City. Todo está en el nombre: en el Reino Unido, los ayuntamientos suelen denominarse councils. Aquí se llama City Corporation. Tiene su funcionamiento propio y sus privilegios.

Uno de ellos es la existencia de una persona llamada remembrancer, un funcionario no elegido que tiene acceso a los legisladores. “Su función es recordar al Parlamento y a los responsables políticos quién proporciona el capital prestado y la deuda”, explica John Christensen. Según él, se trata de un caso de lobbying unido a favoritismo, ya que ningún otro sector ni autoridad local cuenta con un abanderado de este tipo. “Eso socava las instituciones y el funcionamiento de un Estado democrático, es corrupción”.

La City Corporation no ha querido responder a las preguntas que le ha dirigido Mediapart.

Pero Eamon Mullaly conoce bien el Guildhall, el nombre del enorme edificio medieval que alberga el Ayuntamiento. Durante tres años, hasta principios de 2025, fue un commoner, nombre que se da en la City a los concejales. Ha conservado su acceso y puede pasar por seguridad con solo decir su nombre.

En el gran salón de piedra, flanqueado por enormes estatuas, entre ellas la de un esclavista del siglo XVIII, Mullaly también denuncia la semántica: las reuniones del consejo municipal se denominan pomposamente “Tribunal del Consejo de los Comunes” y “Tribunal de los Concejales”. Todo ello está presidido por el lord alcalde de la City, un cargo que no existe en ningún otro distrito de la capital. El gobierno de la City está compuesto por 25 concejales y 100 commoners que representan a 25 distritos.

Todas sus reuniones son públicas: “En ese sentido, es muy democrático... al igual que la elección de los concejales y los commoners.” Pero en las últimas elecciones, celebradas el pasado mes de marzo, fuera del calendario electoral, en 14 de los 25 distritos no había opciones: se presentaba exactamente el número de candidatos necesario para cubrir los puestos vacantes y muchos de ellos se presentaban a la reelección. “Creo que habría que examinar el sistema y ver si hay colusión” para “que las cosas vayan en una determinada dirección”, opina Eamon Mullaly.

Él ha decidido no volverse a presentar. Ya no quería formar parte de esos elegidos que buscan sobre todo el estilo de vida y el prestigio que conlleva el título de commoner. Ya esta harto de cenas fastuosas, invitaciones a eventos elegantes y selectos, privilegios entre amigos, networking excesivo... Ahora jubilado, se ha convertido en guía turístico para compartir los secretos de Londres: desde leyendas fantásticas hasta sus dudosos entresijos.

La City es también la única autoridad local cuyos votantes no son solo residentes. En la City viven solo 9.000 personas, pero trabajan allí 500.000. Las empresas tienen por lo tanto derecho a voto: se concede un voto por cada cinco empleados. Los votantes son designados por la empresa.

Eamon Mullaly cuestiona la naturaleza misma de la democracia que rige la City, que se asemeja a esas grandes torres de cristal como el famoso Walkie-Talkie (el rascacielos de Fenchurch Street). En la última planta, hay un bar y un restaurante abiertos a todo el mundo, pero los precios son prohibitivos y el código de vestimenta descarta a algunos visitantes ya en la planta baja.

Todo el mundo es bienvenido a los guildes (gremios), antiguos sindicatos que solo existen ya en la City. Actualmente hay 110, desde la Worshipful Company of Mercers, que agrupa a los comerciantes de telas, hasta la de los banqueros internacionales. “Todo el mundo puede afiliarse”, afirma Eamon Mullaly, pero estos son los requisitos que hay que cumplir: el “patrimonio”, que consiste en obtener una entrada gracias a la herencia familiar; la “servidumbre”, que obliga a participar en un aprendizaje formal; y, por último, la “redención”, que consiste en pagar la entrada.

Una vez más, está oficialmente abierto a todos, pero, en realidad, es accesible a un número reducido: el precio varía mucho de un gremio a otro, pero puede oscilar entre unos cientos y más de 1.000 libras por la admisión, a lo que hay que añadir unos cientos de libras por la renovación anual.

Algunas de las Livery Halls, las sedes de los guildes, son edificios catalogados como patrimonio histórico, como el de los orfebres, mientras que otras apuestan por lo ultramoderno, como la futura sede de los aseguradores, según Eamon Mullaly. Contribuyen a la extrema diversidad arquitectónica de la City.

Su paisaje urbano también es peculiar. Los adoquines de las aceras varían regularmente en las proximidades de las torres. Las grandes empresas o los promotores que las construyeron decidieron, con el acuerdo de la City Corporation, apropiarse de trozos de acera. En estos espacios públicos privatizados, un agente de seguridad se encarga de dirigir a los transeúntes o de decirles lo que no pueden hacer. Pueden prohibir sentarse en el suelo.

Ni siquiera la policía de la City, independiente de la policía metropolitana de Londres, puede defender el derecho de los ciudadanos a utilizar el espacio público, precisamente porque es público solo en apariencia.

La City no es el único lugar donde proliferan esas zonas sin ley (también existen en otros barrios de Londres), pero abundan a los pies de sus rascacielos.

Los guildes también ven con muy buenos ojos la construcción de rascacielos. Algunos incluso son construidos por las propias corporaciones, que luego alquilan oficinas a otras empresas y obtienen rentas, precisa Eamon Mullaly. Otros lugares permanecen vacíos, sobre todo complejos residenciales. Han sido comprados por particulares o entidades, a veces extranjeras, como inversión, confirma Tim White, sociólogo urbano de la London School of Economics.

“Los bienes inmuebles son como el oro, sobre todo en Londres, que se considera relativamente a salvo de las fluctuaciones geopolíticas. Son una inversión segura para las personas que viven en países con gobiernos más inestables”.

Un retorno de la inversión para los grandes financieros que no están “realmente interesados en invertir en el país”, como decía John Christensen. Sobre todo porque esas inversiones contribuyen al aumento de los precios inmobiliarios. Un fenómeno que se extiende más allá de la City, que ya no alberga más que a ricachones entre las pocas viviendas sociales obligatorias.

Ilustrando las palabras del activista anti fraude fiscal sobre la riqueza de unos pocos en la City, en Tower Hamlet, el barrio vecino, las torres se sustituyen por bloques de viviendas. La tasa de pobreza general se ve distorsionada por la presencia de Canary Warf, el otro barrio financiero de Londres, pero el nivel de pobreza infantil no miente: es el más alto de la capital.

Traducción de Miguel López

Estados Unidos ha levantado las restricciones que impuso a finales de mayo a las ventas de software para diseño de chips en China, según indicaron este jueves empresas del sector afectadas por esa medida, que ya han empezado a restablecer el acceso a sus servicios para sus clientes en el país asiático.

La estadounidense Cadence, una de las firmas más destacadas del sector, confirmó hoy a EFE que el Departamento de Comercio estadounidense "ha derogado las restricciones a la exportación" que impuso a finales de mayo, y avanzó que está "en proceso de restablecer" el acceso a su software y tecnología "a los clientes afectados, con arreglo a las leyes de exportación de EEUU".

En otro comunicado remitido a EFE, la alemana Siemens anunció el restablecimiento del "acceso total" a su software para clientes chinos, a los que vuelve a ofrecer "ventas y soporte".

"Durante más de 150 años, Siemens ha apoyado a sus clientes en China. Apreciamos la paciencia de nuestros clientes mientras hemos afrontado los rápidos cambios en el panorama comercial a nivel global, y entendemos las molestias que esto pueda haber causado", indicó la compañía teutona.

Por su parte, la también estadounidense Synopsys publicó un comunicado similar en el que también subraya que la revocación de las mencionadas sanciones tiene "efecto inmediato" y matiza que "sigue evaluando el impacto de las restricciones (...) en sus negocios, resultados operativos y métricas financieras".

Además, Bloomberg había avanzado la noticia citando otra comunicación, en este caso de la alemana Siemens, que anunció el restablecimiento del "acceso total" a su software para clientes chinos al anularse la exigencia de que las empresas pidiesen licencias especiales al Gobierno estadounidense.

El presidente del país norteamericano, Donald Trump, impuso estas restricciones a finales de mayo como respuesta a los límites aplicados por China a la exportación de tierras raras, minerales clave para sectores como defensa, automoción o, precisamente, el de los semiconductores.

El intercambio de golpes puso en riesgo la tregua comercial de 90 días que ambas potencias iniciaron a mediados de mayo, pero una nueva ronda de negociaciones celebrada en Londres se saldó con un acuerdo ratificado la semana pasada.

Mediante este pacto, EEUU prometió reanudar las exportaciones de software de diseño de chips, etano o turbinas de avión siempre y cuando China acelerase la aprobación para la venta al extranjero de los mencionados minerales.

La breve prohibición de ventas de software para diseño de chips supuso un paso más en el cerco de Washington al desarrollo de ese sector en China, cuyo Gobierno ha señalado a los chips como un área estratégica para sus ambiciones de autosuficiencia, ya que se trata de una tecnología en la que todavía depende de terceros.

El software desarrollado por empresas como Cadence o Synopsys se emplea en el diseño de todo tipo de procesadores, tanto los más avanzados -como los empleados por Apple o Nvidia- como en componentes simples como piezas de regulación de energía, apunta Bloomberg.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra el magnate sudafricano Elon Musk: "Puede recibir, con diferencia, más subsidios que cualquier otra persona en la historia, y sin subsidios, probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica". La nueva andanada de Trump contra su antiguo aliado, importante donante en la campaña republicana y hasta hace poco asesor gubernamental, se ha producido mediante un mensaje en Truth Social y se ha centrado en proyecto presupuestario que el presidente estadounidense quiere aprobar antes del viernes; proyecto que, según Musk, aumentaría la deuda de Estados Unidos, según informa EFE.

En su mensaje, Trump ha advertido a Musk de que si se acaban los subsidios, se acabaron también "los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país ahorraría una fortuna". "Elon Musk sabía, mucho antes de apoyarme con tanta vehemencia como presidente, que me oponía firmemente al mandato de vehículos eléctricos. Es ridículo, y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los coches eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a tener uno", dice Trump.

Elon Musk había advertido este lunes a los legisladores republicanos de que "perderán sus primarias el año que viene" si apoyan el megaproyecto de ley presupuestario y de recortes fiscales del presidente Trump. "A cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza. Y perderán sus primarias el año que viene aunque sea lo último que haga en esta Tierra", escribió.

El Senado está inmerso en el proceso de enmiendas a la iniciativa presupuestaria, que contiene elementos clave de la agenda de Trump, como recortes de impuestos y gasto público, y mayores fondos para defensa y control migratorio; pero no está claro que los 53 senadores republicanos vayan a apoyarla.

El número de grandes fortunas en España se redujo el pasado año un 1,9%, desde 250.000 a 246.000, aunque el valor de su riqueza se incrementó un 1% hasta 733.550 millones de dólares, unos 645.000 millones de euros, según el Informe sobre la Riqueza Mundial 2025 publicado este miércoles por Capgemini y recoge EFE.

En una nota, la consultora destaca que la evolución de las grandes fortunas en España está en línea con el crecimiento global, si bien a un ritmo más moderado en el caso español. En el conjunto del planeta, el número de individuos con un patrimonio elevado aumentó un 2,6%, gracias a la subida del 6,2% de aquellos con un patrimonio ultra elevado. Ello obedeció, según el informe, al impulso de los mercados bursátiles y al optimismo en torno a la IA, que aumentaron la rentabilidad de las carteras.

El estudio desvela también que las inversiones alternativas, como el capital riesgo y las criptomonedas, ya están consolidadas en las carteras de las grandes fortunas, y representan el 15% del total. En Estados Unidos las grandes fortunas crecieron un 7,3%, en tanto que en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio su número descendió "lastrados por desafíos macroeconómicos".

Estados Unidos encabeza la clasificación con 562.000 nuevos millonarios, un 7,6 % más, hasta alcanzar 7,9 millones. India y Japón destacaron en la región Asia-Pacífico, ya que ambos países registraron un crecimiento del 5,6%, añadiendo 20.000 y 210.000 millonarios, respectivamente, en tanto que la ralentización del crecimiento en China supuso un 1% de millonarios menos que un año antes.

En Europa, el número de grandes fortunas se redujo un 2,1% por el estancamiento económico en los principales países, ya que el Reino Unido, Francia y Alemania perdieron 14.000, 21.000 y 41.000 millonarios, respectivamente. No obstante, el número de ultra ricos creció un 3,5% en Europa.

Latinoamérica también mostró descensos en el número de grandes fortunas, del 8,5%, por la depreciación monetaria y la inestabilidad fiscal; en Brasil se redujeron un 13,3% y en México un 13,5%. En Oriente Medio, su número bajó un 2,1% debido a la caída de los precios del petróleo.

Desde el bar en el que desayunamos, hasta el mercado de futuros de en Wall Street (EE UU) hay una maraña de operaciones y actores financieros que determinan el precio de tu café. Y resulta que últimamente el café normal, ese que se sirve sin filigranas ni especialidades, ha aumentado su precio hasta niveles nunca vistos. Desde finales de 2024 el precio de este producto en los mercados ha dibujado una curva ascendente que concluyó en cifras récord a comienzos de año, llegando hasta 4,34 dólares por libra en febrero, desde los 1,8 en los que estaba a finales de 2023. “Hoy en día estamos viendo que el café está disparado en cuanto a consumo y en cuanto a potencial”, explica Josep Ragull, profesor de economía de OBS Business School. 

Las causas, muy resumidas, son una oferta contenida, un mercado global comprometido por los conflictos y una demanda que gana adeptos en todo el mundo. Del clásico cortado, al café infusionado con nitrógeno o las modas bautizadas con anglicismos como el cold brew —variante hipster del café con hielo—, pasando por los cafetales como destino turístico o el postureo del take away, hay cientos de rincones de donde sacar dinero y los inversores lo saben. “Está habiendo un fenómeno parecido a lo que ocurrió con el vino en los años 90, cuando empezó a haber una pequeña revolución en torno a la cultura vinícola, con bodegas de diseño, zonas para hacer catas, museos o centros de visitantes”, apunta el profesor.

La evolución en los mercados deja un incremento en la cotización en torno al 130% entre enero de 2024 y el mismo mes de 2025. Una dinámica que llega rápidamente desde los mercados hasta las barras de las cafeterías. De hecho, en España el precio de esta bebida ha aumentado muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a incrementarse su importe un 9,8% en enero, frente al mismo mes del ejercicio anterior. Las razones de esta escalada en el precio hay que buscarlas en los países productores, pero también en el juego especulativo de los inversores y en un panorama geopolítico que algunas veces hace tropezar al comercio internacional.

“Como cualquier otra materia prima agrícola, el café se ve condicionado por los factores climáticos en las regiones de producción. Un ejemplo es la sequía que afecta a importantes países como Vietnam y Brasil”, explican a infoLibre desde la Asociación Española del Café. Hay que destacar el caso de Brasil, principal productor mundial de café, que afrontó en 2024 a su peor sequía en 70 años. Por otro lado, España importa café verde desde más de 50 países y el camino para llegar se ha vuelto más tropezoso. “El conflicto entre Israel y Palestina está afectando a nuestras importaciones de café del Sudeste Asiático y de países africanos cuyo transporte se ha desviado por el Cabo de Buena Esperanza en lugar de ir por el Canal de Suez, lo que ha conllevado retrasos en las entregas de las partidas importadas y aumento de los fletes marítimos”, explican desde la asociación. 

“Hay varias cosas que influyen, primero la restricción de la oferta por la climatología o que en Nicaragua, por ejemplo, también han tenido una quiebra del principal exportador y eso ha hecho bajar la oferta en este 2024. Ha sido una especie de tormenta perfecta”, explica Josep Ragull.

En España el consumo medio per cápita es de 4,12 kilos al año, lo que equivale a unas 550 tazas de café por persona, según las cifras de la Asociación Española del Café. La mayoría de lo que tomamos es producto importado, en concreto, entre 2022 y 2023 llegaron 306.000 toneladas de café verde, procedentes principalmente de Brasil y Vietnam. Les siguen en esta lista de proveedores Uganda, Colombia e Indonesia.

Desde el punto de vista macroeconómico, en el comportamiento de los precios de esta materia prima influyen las inversiones en el mercado de futuros. Esto consiste en la compra o venta de contratos que fijan un precio sobre el producto en una fecha futura. Los inversores ponderan la evolución del mercado y apuestan a que el precio subirá o bajará antes de la expiración del contrato. Si creen que el café aumentará de valor, compran futuros a precio corriente para venderlos más caros después. Por ejemplo, compran a precios de 2019 un café que se venderá en 2025. Esto proporciona cierta estabilidad al productor, que asegura la venta, y beneficio económico al inversor si el mercado va al alza. “Esto ha funcionado muy bien porque desde el año 2019, después de la pandemia, la demanda ha aumentado y la oferta se ha mantenido estable, porque realmente no hay cultivadores nuevos de café”, señala Ragull. “Esto lo que hace es inflacionar el precio del café”, concluye.

Otro factor que ha contribuido a esta carrera de compras, matiza el profesor, es el hecho de que el año próximo entra en vigor una normativa europea contra la deforestación que podría limitar la capacidad de compra de las corporaciones o establecer tasas. “Estos movimientos también provocan especulación y que muchas empresas hayan comprado existencias antes de que la ley se implementase, precisamente para evitar limitaciones o cuotas”, afirma.

Pero hay más factores que deben considerarse, como el miedo a los aranceles que anunció Donald Trump o el hecho, nada desdeñable, de que está de moda. El interés por el café de especialidad, por variedades de mayor calidad y, por tanto, más caras, hace que el precio medio suba. Sin embargo, para el experto, no debe cundir aún el pánico entre los más cafeteros. Así, cabe esperar que los precios disparados no nos amarguen el café de media mañana en 2025: “No son sostenibles y a medida que se incorporen las cosechas de este año y el stock de los inversores vaya bajando, los precios tendrían que estabilizarse”, concluye.

José Luis Escrivá caerá justo en el centro del Banco de España para ser su gobernador. De nada han servido el rechazo del PP al nombramiento y sus críticas por que un ministro en activo dé ese salto, comprometiendo, a juicio de los populares, la independencia de la institución.

Aunque en la actualidad el Banco Central Europeo (BCE) tiene la potestad en la definición de la política monetaria de la zona euro y facultades en la de tipo de cambio, el Banco de España tiene asignada la supervisión del sistema bancario estatal y la de otros intermediarios financieros que operan en el país. Es una entidad de derecho público que ha de cumplir una serie de funciones, respetando las que emanan de su integración en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que pasan, entre otras cuestiones, por promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y de pago nacionales o supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y los mercados financieros. Junto a ello, pone en circulación la moneda metálica, se ocupa de las reservas de divisas y metales preciosos, elabora y difunde estadísticas y asiste al BCE en la recopilación de información de esa índole; presta los servicios de tesorería y de agente financiero de la deuda pública; asesora al Gobierno y emite los informes o estudios que estime pertinentes.

El nuevo gobernador deberá dirigir el banco, presidir su Consejo de Gobierno, la Comisión Ejecutiva y representar a la entidad legalmente ante aquellas instituciones y organismos internacionales en los que está prevista su participación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido en el Congreso la “idoneidad” del titular del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para desempeñar el nuevo cargo, destacando su “cualificación técnica”, su “conocimiento de las instituciones europeas” y su “amplia experiencia”, tras pasar por entidades como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). “Con él se creó esta última”, ha enfatizado Cuerpo, como que “ha ejercido puestos de la más alta responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación” de las que se encarga el regulador estatal.

Ahora Escrivá tendrá que armar un plan de acción para superar que él sea el plan de Pedro Sánchez y la incomprensión de muchos. Su antecesor, Pablo Hernández de Cos, tuvo que desenvolverse en un contexto en el que la invasión rusa de Ucrania y sus efectos económicos y geopolíticos se añadieron a los surgidos a raíz de la pandemia, como los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y la crecida generalizada de los precios. En ese escenario, la cooperación entre bancos centrales e instituciones internacionales adquirió una relevancia, que va a seguir teniendo.

Varias fuentes del ámbito financiero coinciden en que el mandato de Hernández de Cos, “caracterizado por el rigor técnico en general y una mayor transparencia”, valió para “recuperar un prestigio” que la institución “había perdido”, sobresaliendo en especial aspectos como “su labor en el Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort”. Aunque también admiten que fue una etapa no exenta de “cierta polémica” por la confrontación con el Gobierno de coalición por las posiciones expresadas desde la institución sobre puntos como las consecuencias de la subida del salario mínimo (SMI), la evolución del mercado de trabajo tras la reforma laboral o los precios de la vivienda, que acarrearon “ciertas acusaciones de sesgo ideológico”, apuntan las fuentes sondeadas. En ese sentido, creen que la llegada de Escrivá puede contribuir a “aportar optimismo, tras una fase de análisis pesimistas del Banco de España, que tal vez no siempre estuvieran justificados desde el punto de vista competencial”.

Desde el ámbito sindical, fuentes de UGT anotan que “la práctica ha demostrado que sus preocupaciones por el SMI, por ejemplo, sus previsiones agoreras fueron erróneas”. Para este sindicato, el de Escrivá es “un nombramiento que encaja”. “El puesto le viene bien porque tiene experiencia dentro del propio Banco de España, del BCE e incluso en la banca privada, porque trabajó en el BBVA”, aseveran. E incrustan a continuación: “El que haya formado parte del Gobierno, probablemente le sirva para que se centre en las importantes funciones que, en un contexto geopolítico mundial complejo, el regulador tiene en cuanto al sistema bancario nacional e internacional, tan necesario para la buena marcha de la economía, y no en otra serie de temas”, deslizan.

Respecto a una de las críticas a la decisión de Sánchez que se repite, que el ministro de Albacete “va a tener que informar sobre su propia reforma de las pensiones, por ejemplo”, desde UGT replican que, “quien realmente tiene que controlarla es la AIReF, no el Banco de España”. “Es lo que pactamos en su momento. Pero, aunque emitiera algún análisis, cuál es el problema”, se preguntan, para recordar: “Ya se recabaron toda clase de informes técnicos y económicos cuando se hizo la reforma, incluso desde los sindicatos, para garantizar que el sistema público que estábamos diseñando era sostenible en el tiempo”. No entienden que si el ya casi ex titular de Transformación Digital y Función Pública “fue lo suficientemente válido para que el PP lo convirtiera en el controlador de las cuentas públicas del Estado”, al ponerlo al frente de la AIREF; no lo sea para ser gobernador. "Y no es una puerta giratoria, es el paso de un cargo público a otro, por lo que no es necesario un periodo de congelación”, concluyen.

No habrá periodo de transición y Escrivá tendrá que afrontar una hilera nada desdeñable de retos. Para arrancar, fuentes de la esfera económica señalan que el Banco de España “sólo tiene auctoritas si tiene credibilidad”, con lo que deberá “esforzarse en garantizar” esta última, “empezando por combatir la desconfianza que su desembarco en la institución ha generado, incluido dentro de ella”. Consideran que juega a su favor, “su trayectoria, que es un experto en datos y que tiene por delante un mandato de seis años”, enumeran.

Desde la órbita financiera aportan que deberá contribuir al desafío que “tienen los bancos centrales: gestionar las señales de cambio de ciclo que hay”. “Subieron tipos -se explican- y ahora hay que bajarlos porque vemos, a nivel europeo en concreto, un crecimiento algo más lento y que la inflación se está controlando. Pero hay que acertar en cuánto y en cuándo se dan los próximos pasos para seguir conteniendo la inflación sin afectar al crecimiento”, avisan. Para lograr un “aterrizaje suave”, en palabras de Cuerpo.  

Y en lo relativo a la misión de “supervisión financiera” que tiene el regulador nacional, “tendrá que estar vigilante porque, si se materializa un escenario de tipos a la baja y menos crecimiento, éste será peor para los bancos en términos de rentabilidad que los años pasados, así es que habrá que ver cómo evoluciona la solvencia financiera y habrá que salvaguardarla”. Aquí el objetivo es “que el dinero le siga llegando a empresas y familias, aunque las entidades financieras ganen menos”, resumen.

El propio ministro de Economía ha expresado que el Banco de España y el BCE deberán abordar “debates” para construir “un sistema financiero y monetario internacional cada vez más integrado, cada vez más justo, y que sea capaz de responder a las necesidades actuales y futuras” como “la promoción de un crecimiento sostenible, en particular en los países más vulnerables". Igualmente habrá que avanzar en “la arquitectura institucional de la moneda única” e incorporar elementos como “la transición verde” a “los paradigmas de política monetaria”. El futuro del euro digital estará, asimismo, sobre la mesa.  

Más allá de lo expuesto, hace meses, el Banco de España se autoimpuso realizar análisis más recurrentes sobre la situación de las cuentas públicas nacionales y cuenta con un Plan Estratégico 2024 con el que pretendía lograr “ser un banco central de referencia, más dinámico y comprometido con la sociedad”. Es “el primer ejercicio de planificación estratégica integral que se aborda en la institución”, proclamó el anterior gobernador. Habrá que ver qué hace con él su sucesor.

“Hernández de Cos ha dejado el listón muy alto. Y eso es bueno. Sería positivo que en la nueva etapa se mantengan algunas de las señas de identidad del anterior mandato: independencia de criterio, lealtad institucional, voz propia e influencia en la toma de decisiones del BCE, la defensa de las posiciones españolas en política económica europea y un tono constructivo en el debate de políticas públicas”, sintetiza un economista.

Se prevé que Escrivá, "muy riguroso", pero con una personalidad "algo explosiva", según quienes lo conocen, se incorpore de forma inmediata al organismo, tras jurar el cargo ante el rey, para que pueda participar en la próxima reunión del Consejo del Banco Central Europeo, programada para el 12 de septiembre y en la que no es descartable que vuelvan a rebajarse los tipos de interés, con lo que su voto será relevante. Antes, le dará el relevo la subgobernadora, Margarita Delgado, cuyo mandato como gobernadora en funciones vence el 11 de septiembre y quien será sustituida, a su vez, durante las siguientes semanas. A partir de ahí, se abrirá otro capítulo en la institución.

Las reservas de oro de un país son los activos de ese metal conservados o controlados por el banco central. Sobre las de Argentina, casi dos millones de onzas troy (un lingote estándar pesa unas 400, algo menos de 12 kilos y medio), se ha extendido un velo de misterio porque el Gobierno de Javier Milei las está sacando del Estado casi sin dar explicaciones. No se sabe cuánto oro se ha movido, ni a dónde ni para qué. Fue la Asociación Bancaria la que avisó del envío al exterior de lingotes cuyo valor alcanzaría los alrededor de 1.350 millones de euros y luego el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció la operación. En una entrevista con el canal La Nación + dijo: “Es una movida muy positiva, porque hoy tenés oro en el BCRA que es como si tuvieras un inmueble adentro que no se puede usar para nada. Si lo tenés afuera, podés obtener retornos”. A su juicio, “es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo”. 

El propio Milei ha dado a entender que el traslado del metal se relacionaría con la posibilidad de utilizarlo como garantía para un préstamo puente, un acuerdo de REPO (repurchase agreement). Rodolfo Rieznik, miembro de Economistas sin Fronteras, considera que “mueven el oro porque Argentina no posee credibilidad para reprogramar los pagos que tiene pendiente de la deuda”. “No tienen margen de maniobra para poder renegociar su deuda y los fondos o inversores les piden garantías reales, como el oro fuera, para que puedan embargarlo”, en caso de impago de débito, bien por cuota de amortizaciones o bien por intereses.

“Argentina compromete la renegociación de la deuda sacando su patrimonio del país”, lamenta Rieznik, para quien “da igual que el oro físicamente esté en París o en Nueva York, lo que importa es que Milei da garantías al capital de que está a disposición para respaldar lo que no pueden pagar. El Gobierno compromete recursos argentinos a los acreedores de la manera que estos se lo exijan, que es fuera del país porque no creen que estando allí puedan ejecutar el embargo”, concluye.

Más allá de Milei, ¿qué pasa en España? ¿hay reservas doradas, el Gobierno podría venderlas? Existen y las custodia el Banco de España. Buena parte de ellas se encuentran en su sede madrileña, situada en las inmediaciones de la fuente de Cibeles, aunque, “como es frecuente, para evitar riesgos y por motivos de facilidad logística, por si fuera necesario movilizarlas, otra parte se ha llevado a otros tres lugares, entre ellos el Banco de Pagos Internacionales de Basilea”, de acuerdo a lo apuntado por fuentes del ámbito económico y a lo que consta en documentación del banco central relativa a 2021.

Durante el periodo 2019-2023, las tenencias de oro fino estatales han permanecido constantes en torno a 9 millones de onzas troy, mientras su precio de mercado ha mostrado una tendencia creciente. Su valor a finales de 2023 alcanzó los 16.911 millones de euros, según se refleja en un informe del propio regulador bancario. 

Sobre su protección, nada se improvisa. El edificio del Banco de España alberga en su sótano una cámara acorazada de unos 2.500 metros cuadrados y 35 de profundidad donde se guarda el oro. Es una zona de sombra, infranqueable, que se construyó antes de la Guerra Civil, durante la cual sirvió como refugio contra los bombardeos a las familias que habitaban el inmueble. Se hizo en dos años y medio gracias a 260 obreros trabajando en tres turnos y tuvo un coste aproximado de 9 millones y medio de pesetas. Esa estancia, que dispone de un sistema de auto-inundación contra robos, ha acabado protagonizando libros, series de televisión como La casa de papel de Netflix o películas como Way Down, dirigida por Jaume Balagueró. 

La construcción es de hormigón armado y cemento fundido y para acceder a ella hay que atravesar varias puertas de acero. La primera, la más grande, pesa 16 toneladas y media. Las siguientes oscilan entre las 14 y las 9. Nunca se abre una, sin haber cerrado previamente la anterior y al juego de éstas, se suma un despliegue de verjas, un ascensor e incluso un pequeño puente o pasarela, por no mencionar el amplio despliegue de medios tecnológicos dispuesto al servicio de la seguridad del recinto. 

Los lingotes y las monedas de oro están distribuidas en enormes estanterías, al final de la yincana de seguridad. Las fuentes sondeadas explican que los países siguen manteniendo reservas de oro porque éste “es un valor refugio y ante situaciones geoestratégicas más o menos inquietantes, como puede ser la pugna actual entre Rusia y EEUU o lo que puede estar ocurriendo en Corea del Norte, no está de más tenerlas, como hay inversores que prefieren materializar parte de sus ahorros en oro y diversificar”. Y otras traban: “Se trata de un activo que forma parte de las reservas internacionales de los bancos centrales y las atesoran para ganarse la confianza de los mercados en lo que se refiere a ser capaces de responder en caso de hallarse en situación de volatilidad económica”.

¿Se puede mover o enajenar el oro nacional? Sí. Pocos meses después de estrenarse la mencionada cámara acorazada, la totalidad de lo acumulado en ella se trasladó a la base naval de Cartagena, desde donde fue a parar a Francia y, sobre todo a Moscú. Se vendió para que el Gobierno de Largo Caballero, que no tenía divisas, pudiera financiar la compra de armas y municiones, en un episodio que se ha instalado en el imaginario colectivo con la expresión el oro de Moscú.

Más cerca en el tiempo, el ex vicepresidente segundo y ministro de economía, Pedro Solbes, admitió en 2007 que el Banco de España había vendido el 20% de las reservas de oro, reduciéndolas de 13,4 a 9,9 millones de onzas. Traducido a valor monetario: se pasó de 6.735 millones de euros a 5.379, al haberse llevado a cabo transacciones por un global de 1.356 millones. Solbes justificó la maniobra en términos de rentabilidad y defendió que el oro no lo era entonces. 

Aunque esas decisiones "no son muy frecuentes", indican los expertos. El Banco Central Europeo (BCE) y otras 21 entidades bancarias rubricaron en 1999 el Acuerdo sobre el Oro de los Bancos Centrales (CBGA, por sus siglas en inglés) para coordinar las ventas de ese material previstas e intentar lograr condiciones equilibradas en el mercado, aportando además transparencia sobre las intenciones de las instituciones firmantes del pacto.

Ese acuerdo se renovó en tres ocasiones, en 2004, 2009 y 2014, pero en septiembre de 2019 se optó por no continuar con él. Durante esa década no se sacaron al mercado cantidades significativas de oro y los bancos centrales y otros entes oficiales en general pasaron a ser compradores netos de un elemento que, aunque ya no provoque fiebres, sigue conformando más de un centenar de reservas soberanas.

Sin duda, ellos mismos eran conscientes de que todo se les escapaba de las manos. Los organizadores del 54º Foro Económico Mundial de Davos habían elegido "Reconstruir la confianza" como título del evento. En un momento en que el mundo se ve sacudido por guerras, crisis geopolíticas y tensiones económicas y sociales sin precedentes en décadas, era urgente intentar recuperar el control de la narrativa, dar la impresión de estar guiando aún las cosas. 

Al término del evento, que cada año reúne en el pequeño pueblo de montaña suizo a políticos, banqueros, patronos, grupos de presión y a los grandes financieros del mundo, dominó la impresión de que los discursos de los "grandes" de este mundo no van a ninguna parte. 

Las palabras que debían iluminar al resto del mundo, de Jamie Dimon (JPMorgan), Sam Altman (OpenAI), Christine Lagarde (BCE), Antony Blinken (jefe de la diplomacia americana) o Ursula von der Leyen (Comisión Europea) –por citar sólo a algunos "cabezas de cartel"– han sido acogidas con una indiferencia casi general. Incluso la prensa financiera internacional, que suele dedicar un espacio desmesurado a ese evento, redujo su cobertura. Era como si todo el mundo pensara que lo importante estaba ocurriendo en otra parte. 

Sin embargo, no faltó el entretenimiento. Como de costumbre, en el aeropuerto se vieron aparcados cientos de jets privados de dirigentes que oficialmente dan prioridad al cambio climático. Las estrellas del momento –como el músico Will.i.am y la actriz Michelle Yeoh– también estaban allí. Pero todo esto ya sólo interesa a las revistas sobre famosos. 

Como ya viene haciendo cada año, la ONG Oxfam publicó unos días antes un informe actualizado sobre las grandes fortunas del mundo. En él muestra que la riqueza de los multimillonarios del mundo ha aumentado en 3,3 billones de dólares desde 2020, un aumento tres veces más rápido que la inflación. De cada 100 euros producidos, los multimillonarios han acaparado casi 70, dejando las migajas al resto del mundo. Algunos de ellos –el famoso 1%– poseen ya el 48% de todos los activos financieros del mundo. 

Y lo que es más preocupante, según Oxfam: si nada cambia, en una década a más tardar, uno o varios multimillonarios sumarán fortunas que superarán el umbral del billón de dólares, equivalente al PIB del 80% de los países del mundo. 

Frente a estas cifras que ilustran una acumulación de riqueza sin precedentes y una profundización de las desigualdades igualmente sin precedentes, que colocan a las fortunas privadas en competencia directa con los gobiernos, los participantes en Davos ni siquiera intentaron responder. Lo saben: la globalización feliz y la competencia desenfrenada que Davos promueve incansablemente desde hace más de treinta años no resisten la prueba de la realidad. 

El viejo orden mundial se derrumba ante sus propios ojos. Las guerras y las tensiones geopolíticas sacuden todo el planeta, la extrema derecha está en alza en todas partes, impulsada por poblaciones empobrecidas y desorientadas, y se cierne la sombra amenazadora de otra victoria de Donal Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 

Representante tras representante fueron subiendo al estrado en un intento de esbozar un futuro, pero su software no ha cambiado. La permanencia de Klaus Schwab al frente del equipo directivo de Davos ilustra por sí sola esta incapacidad de "reforma", por utilizar un término que les gusta. Klaus Schwab, aunque se acerca felizmente a su 86 cumpleaños, se niega a abandonar el foro que fundó en 1971 y a ceder las riendas. 

Hay algo que Schwab comparte con la mayoría de los participantes en Davos: Su desesperación por conservar la inmensa influencia que han adquirido en las tres últimas décadas, imponiendo su ideología, sus teorías y su voluntad a todos los gobiernos. 

En respuesta a los múltiples desafíos –a la "policrisis", como la llama el economista Adam Tooze–, y aunque no siempre lo afirmen abiertamente, preconizan un giro cada vez más iliberal, marcado por un aumento ilimitado de la defensa y una creencia ciega en el tecnosolucionismo. 

Los dirigentes mundiales están convencidos desde hace tiempo de que la tecnología será la respuesta al cambio climático, a la tendencia a la baja productividad de las economías occidentales y a todos los demás problemas que puedan surgir. Sobrepasados por la velocidad de la innovación y los debates que pueden suscitar sus innovaciones, ilustrados en particular por la crisis de la cumbre OpenAI, han decidido aprovechar Davos para hacer un reajuste. 

Sam Altman, reincorporado como jefe del grupo fundador de ChatGPT, fue recibido como un gurú. The Washington Post señaló que "las mesas redondas que reúnen a los líderes de este sector, entre ellos Sam Altman, son las más apreciadas de la localidad". Aunque a algunos líderes empieza a preocuparles la evolución de la inteligencia artificial y sus repercusiones en el conjunto de la sociedad, la tendencia general es de confianza. 

"Los temores sobre la inteligencia artificial son fundados, pero probablemente exagerados", explicó Sam Altman a un público pendiente de cada una de sus palabras. En su opinión, la inteligencia artificial dista mucho de ser perfecta y aún contiene muchas zonas grises y defectos, y admite que las tecnologías evolucionarán hacia la personalización, "lo que va a incomodar a mucha gente". Pero cree que tenemos que estar preparados para tomar decisiones "incómodas". 

De lo único que debemos asegurarnos, según él, es de que estos nuevos campos no estén sujetos a regulación, al menos de momento. Los avances son demasiado recientes o demasiado inciertos para establecer un marco o unos límites que frenen la innovación. Este mensaje fue recibido alto y claro por los participantes, que ven cualquier forma de regulación como un obstáculo a la libertad. 

Marc Benioff, CEO de Salesforce, una de las principales empresas de software empresarial del mundo, también acudió a dar todo su apoyo, con un matiz: cree necesario regular el "desorden" creado por las redes sociales. 

Cómodos en el ambiente "exclusivo" de la cumbre, algunos participantes se vinieron arriba. En este sentido, el nuevo presidente argentino Javier Milei se llevó la palma. Recibido por Klaus Schwab, que celebró su elección como el "retorno al Estado de Derecho" en Argentina, el nuevo presidente argentino, que participaba por primera vez en una reunión internacional, pronunció un discurso de lo más desenfrenado, en el que repasó todas sus ideas libertarias. 

"Estoy aquí porque Occidente está en peligro", empezó diciendo. En peligro porque los valores que hoy se defienden conducen inexorablemente "hacia el socialismo y la pobreza". Atacando el feminismo, el ecologismo, las leyes sociales, el derecho laboral y muchas otras cuestiones, repitió la vieja cantinela del neoliberalismo, pero acentuando aún más sus derivas. 

"El Estado no es la solución, ni siquiera el problema. Es el enemigo a destruir", dijo. Para él, no hay salvación fuera del "capitalismo de libre empresa", la "única vía posible para acabar con la pobreza en el mundo", y también "lo único moralmente deseable para lograrlo" y "deshacerse de todos los parásitos que viven del Estado".  

El público estaba algo molesto: Javier Milei les estaba mostrando un espejo, distorsionando hasta la caricatura los discursos y comentarios que muchos habían podido hacer en las últimas décadas. Llevando la teoría al límite, también estaba marcando una ruptura que la inmensa mayoría de la audiencia no quiere ver consumada. 

Para la mayoría de esos patronos, banqueros y financieros multinacionales, nunca se ha tratado de prescindir del Estado, sino de actuar de forma que todos los recursos públicos se canalicen en su beneficio. El periodo del covid, la crisis energética, la inflación y las guerras en Ucrania y Oriente Próximo han reforzado aún más ese movimiento de captación. Y pretenden amplificarlo. 

Nadie se ha atrevido a responderle. Para Davos, este discurso debería olvidarse lo antes posible. Pero es la cumbre en su conjunto la que puede quedar olvidada al quedar patente lo alejada que está de la urgencia de la situación actual. 

"¿Por qué Davos sigue siendo importante?", se vio obligado a escribir un columnista de Bloomberg. Su respuesta era que esta cumbre es el último lugar donde siguen reuniéndose todos los grandes actores del mundo: políticos, industriales y financieros. Fuera de ese club, la cumbre da una imagen vacía y convencional. Davos ya no es la montaña mágica de la economía mundial. Cada vez se parece más a un sanatorio aislado de todo.

Traducción de Miguel López

Todo comenzó en Johannesburgo el 24 de agosto de 2023, con un cambio importante que pasó desapercibido y que sin embargo modificaba la relación de fuerzas dentro de las instituciones financieras multilaterales con sede en Washington. Tras su ampliación, el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) alcanzó un derecho de veto sobre el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, pieza clave del financiamiento de la economía mundial. Con el refuerzo de seis nuevos miembros (Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita), los once BRICS ahora controlan cerca del 20% del capital del FMI, es decir, el equivalente en derechos de voto. Todos juntos pueden bloquear la adhesión de un nuevo miembro (como Taiwán) o ejercer presión sobre las grandes medidas político-financieras, como la revisión del peso de los 189 adherentes en su capital, decisiones todas que exigen el 85% de los votos. “El Sur Global (1) tendrá un papel mayor en la gobernanza del desarrollo del mundo”, escribió el 25 de agosto la agencia de prensa china Xinhua.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo país es actualmente el único que dispone de una minoría de bloqueo con el 17,43% de las cuotas y por lo tanto de los derechos de voto (2), no se equivocó. El 24 de agosto, en vísperas de la ampliación de los BRICS, la Casa Blanca comunicó que en la cumbre siguiente del G20 que se celebraría en septiembre de 2023 en Nueva Delhi, India, se abordaría “la cuestión de la modernización de los bancos de desarrollo en el mundo, incluidos el FMI y el Banco Mundial”. Y, golpe bajo de por medio, comparó el financiamiento “efectivo y transparente” de instituciones internacionales con otro financiamiento de las inversiones, “más oscuro o coercitivo”, que tendría a China como protagonista, un ataque ritual de la administración demócrata, que reprocha a los financieros chinos la opacidad de sus contratos. Más diplomático, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó, a diferencia del discurso de Biden, que las declaraciones del presidente no estaban dirigidas a China.

En realidad, el FMI no tiene en cuenta el peso demográfico y económico de los países emergentes. Los BRICS, que representan el 42% y el 46% de la población mundial y aproximadamente un tercio de la economía internacional, tienen menos votos que cuatro países europeos “medianos” (Reino Unido, Alemania, Italia y Francia). Las economías avanzadas disponen del 59,1% de los derechos de voto y solo representan el 13,9% de la población mundial. En 1944, cuando se fundaron las instituciones de Breton Woods, la mayor parte de los países de los BRICS pertenecían a imperios coloniales y no eran soberanos. Desde entonces, ha habido intentos de corregir esas desigualdades, sin verdaderos resultados, salvo en 2009 (3).

La revisión de las cuotas –es decir, de las partes de capital del FMI del que disponen sus adherentes– ocupa gran parte del tiempo de la plana mayor del FMI. Se necesita corregir las desigualdades nacidas de la historia y al mismo tiempo aumentar la cantidad total de partes para financiar los préstamos del FMI. Desde hace unos quince años, la revisión está frenada por una sola razón: el Congreso estadounidense se niega a reducir la cuota de EEUU en beneficio de los nuevos miembros porque Washington no quiere perder su derecho de veto, algo que ocurriría si su cota cayera por debajo del 15%. En 2023/2024, año electoral en Estado Unidos, el Congreso se opone más que nunca a abandonar parte de sus cuotas, que le dan el derecho de intervenir en los asuntos del mundo.

Biden propone fijar en 200.000 millones de dólares el aumento del capital del FMI. El G7, que reagrupa a los países más ricos, tiene dificultades para constituir el fondo de 100.000 millones que prometió. ¿Pero cómo se financiaría esta avalancha de billetes verdes? Teóricamente, los recursos deberían obtenerse gracias a la venta de cuotas suplementarias a cada país miembro. Pero esa solución quedó bloqueada por la falta de acuerdo sobre la redistribución de las cuotas. Así que el FMI toma crédito de los mercados financieros internacionales gracias a arreglos multilaterales (408.000 millones de dólares) o bilaterales (152.000 millones de dólares) con los prestamistas ricos, como Estados Unidos, a tasas de interés que están en alza y ahora rozan el 5% en Estados Unidos.

En la cumbre del G20 en Nueva Delhi, que a comienzos de septiembre reunió a las dieciocho principales potencias económicas del mundo, incluidos los grandes países occidentales, la cuestión de las cuotas no resultó un tema de debate público. El punto 18 de la declaración de los jefes de Estado y del gobierno del G20 se refiere a la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo y sobre todo a la cuestión de la revisión de las cuotas, un proceso que está programado para concluir en diciembre próximo: "Seguimos determinados a reexaminar la adecuación de las cuotas partes y continuaremos con el proceso de reforma de la gobernanza del FMI en el marco de la 16ª revisión general de cuotas utilizando como referencia una nueva fórmula de cálculo y procurando que las cuotas partes jueguen un papel destacado en los recursos del FMI, un proceso que debe concluir el 15 de diciembre de 2023".

¿Cuál será la nueva forma de cálculo mencionada en el punto 18? Todavía no se ha filtrado ninguna información. Desde luego que los compromisos de los países miembros del G20 valen en principio para Estados Unidos y Europa. Pero los países ricos no parecen dispuestos a recortar sus cuotas en beneficio del Sur Global. China, que el 18 de octubre de 2023 festejó acompañada por un centenar de jefes de Estado el décimo aniversario de la fundación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta –también llamada Ruta de la Seda–, ya les prestó más de 1 billón de dólares. Sus compromisos futuros superan los 107.000 millones de dólares. La República Popular ya no financia el déficit presupuestario estadounidense comprando bonos del Tesoro estadounidense, sino que coloca sus ahorros en inversiones de infraestructura (rutas, represas, puentes, centrales eléctricas) en los países pobres. El presidente Xi Jinping se comprometió a seguir haciéndolo y a suplantar al FMI y al Banco Mundial en las contribuciones financieras en el sur gracias al amplio excedente de la balanza de pagos china (más de 150.000 millones de dólares por año).

En Marrakech, las tradicionales asambleas anuales de los accionarios del FMI y del Banco Mundial celebradas a comienzos de octubre, y que han quedado eclipsadas por la explosión de la violencia en Oriente Próximo, concluyeron con un nuevo enfrentamiento silencioso entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Por primera vez, Pekín se negó a ceder a las presiones de los norteamericanos en materia de financiación del fondo. La amenaza implícita de un veto de los BRICS impidió la adopción de la solución recomendada por la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. De modo que la 16th General Review of Quotas, que está en proceso, trata sobre el aumento de la cantidad de cuotas, no sobre su distribución relativa entre los Estados, que permanece sin cambios. Tiene poco futuro, aunque India actuó por cuenta propia y es el único miembro de los BRICS que más o menos se adhirió a la propuesta estadounidense. Ahora dos potencias (Estados Unidos y los BRICS) pueden imponer su veto en las instituciones financieras internacionales.

Aquí puedes leer el texto original en francés.

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Notas

(1) Este término es cuestionado dado que engloba un país como Rusia, pero abarca una realidad política.

(2) Las cuotas de un miembro del FMI determinan a) sus obligaciones financieras ante el FMI; b) la cantidad de sus derechos de voto; c) la ayuda financiera máxima que puede solicitar del FMI.

(3) La reforma fue modesta, apenas se redistribuyeron el 6% de las cuotas en 2016.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto al productor audiovisual José Luis Moreno una serie de medidas cautelares –obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país– mientras los peritos comprueban que el aval hipotecario que presentó cubre los 3 millones de euros de la fianza que se le impuso en el marco de las pesquisas de la Operación Titella.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, mientras dure el trámite de tasación de la fianza hipotecaria, Moreno tendrá que acudir cada semana al juzgado más cercano a su domicilio o a la propia Audiencia Nacional, se le retira el pasaporte y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.

Los demás implicados en esta presunta estafa ya han pagado la fianza dictada para cada uno –bien con aval bancario, bien en metálico–, a excepción de José Antonio Salazar, que también ha presentado fianza hipotecaria y se encuentra inmerso en el mismo trámite que Moreno.

El ventrílocuo está acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. Fue hace dos semanas en una macrooperación que terminó con 47 detenidos y registros en viviendas y empresas, todo como parte de esta causa, donde se investiga una presunta estafa de 50 millones de euros.

La ONG humanitaria Oxfam ha lamentado que la tasa acordada este sábado por el G7 para gravar a las multinacionales con el 15% en forma de un impuesto mínimo universal es insuficiente para modificar la conducta de estas grandes corporaciones al compararla con sistemas propios de un paraíso fiscal. "Es absurdo que el G7 afirme que está 'revisando' un sistema tributario global quebrado y establezca a la vez una tasa parecida a la que cobran paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur", ha lamentado la directora ejecutiva de Oxfam, Gabriela Bucher, según recoge Europa Press.

"Han puesto el listón tan bajo", lamenta, "que (las multinacionales) solo tienen que caminar por encima", porque el G7, los países más ricos del mundo "han mirado hacia otro lado nada más estudiar las ganancias exageradas que presentaban los balances" de estas empresas.

Oxfam describe así "un pacto fiscal negociado desde arriba por solo siete países" que, en el peor de los casos, podría incluso obstaculizar las futuras negociaciones para su ratificación este verano, en el caso de que algún país quisiera endurecerlo. Cita en este sentido "el 21% " propuesto en su momento por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "la tasa más alta propuesta, por mucho que distara de ser suficiente".

Irlanda y las grandes empresas, a favor

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha publicado en Twitter que "es en interés de todos conseguir un acuerdo sostenible, ambicioso y equitativo sobre la arquitectura fiscal internacional", aunque ha indicado que cualquier acuerdo debe "satisfacer las necesidades de los países pequeños y de los grandes, de los desarrollados y los que están en desarrollo".

Irlanda es uno de los países que más empresas ha atraído con un impuesto de sociedades del 12,5 % y el propio Donohue ha cifrado en unos 2.000 millones de euros anuales las pérdidas que podría suponer para el país, una quinta parte de sus ingresos por impuesto de sociedades, lo cual "ya está previsto en nuestros cálculos presupuestarios a medio y largo plazo", según declaraciones de Donohue a The Irish Times.

Un portavoz de Google, una de las empresas que resultaría afectada, ha expresado su "fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales". "Esperamos que los países continúen colaborando juntos para garantizar un acuerdo equilibrado y duradero que se cierre pronto", ha añadido.

Facebook también ha valorado positivamente el acuerdo. "Facebook siempre ha pedido una reforma de las normas fiscales globales. Damos la bienvenida al avance importante logrado por el G7", ha apuntado el vicepresidente para asuntos globales de la empresa y ex vice primer ministro británico, Nick Clegg. "El acuerdo de hoy es un primer paso significativo hacia la seguridad para los negocios y para fortalecer la confianza pública en el sistema fiscal global", ha añadido.

Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han alcanzado este sábado un "histórico" acuerdo para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones.

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha confirmado el pacto logrado por los ministros, reunidos en Londres y ha explicado que busca construir un campo de juego equilibrado para las empresas globales. "Tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global", ha destacado Sunak, según informa la cadena británica BBC y recoge Europa Press.

Empresas globales como Amazon, Google o Facebook serán las más afectadasAmazon, ya que ahora legalmente pueden tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que generan en otros países. Con este cambio, los países ricos buscan evitar una "carrera a la baja" en las políticas fiscales. Además, esta norma pretende que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios.

La iniciativa es "para ajustarse a la era digital global, pero sobre todo para garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados y ese es un premio enorme para los contribuyentes británicos", ha destacado Sunak.

A nivel técnico, el acuerdo incluye el "pilar uno", que especifica que será de aplicación a las empresas multinacionales con al menos un 10% de margen de beneficios. El 20% de cualquier beneficio que esté por encima será considerado como generado en el país de origen de la actividad y gravado en consecuencia, según el comunicado del G7. El "pilar dos" implica que los gobiernos se comprometen a un impuesto de sociedades global mínimo del 15% para evitar que los países compitan entre sí a la baja en fiscalidad.

Alemania presiona ya para un acuerdo más ambicioso 

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha destacado así que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

Mientras, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, se ha felicitado por el acuerdo, una "revolución fiscal" que podría servir de base para lograr "un acuerdo de mayor alcance" entre los países integrantes del G20. "Los siete países industrializados más importantes apoyaron el concepto de imposición mínima para las empresas", ha destacado Scholz en declaraciones a la agencia de noticias DPA. "Es una muy buena noticia para la justicia fiscal y la solidaridad, y una mala noticia para los paraísos fiscales de todo el mundo", ha remachado.

El comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, ha valorado también el "gran paso (...) hacia un acuerdo global sin precedentes para una reforma fiscal" y ha asegurado que la UE "contribuirá activamente para que ocurra" en Venecia, donde tienen previsto reunirse en julio los ministros de Finanzas y directores de bancos centrales del G20.

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha publicado en Twitter que "es en interés de todos conseguir un acuerdo sostenible, ambicioso y equitativo sobre la arquitectura fiscal internacional", aunque ha indicado que cualquier acuerdo debe "satisfacer las necesidades de los países pequeños y de los grandes, de los desarrollados y los que están en desarrollo". Irlanda es uno de los países que más empresas ha atraído con un impuesto de sociedades del 12,5%.

Sánchez: "Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el G7 para reformar el sistema fiscal global y que "permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales".

"Avanzamos hacia un nuevo sistema fiscal para la era digital global", ha apuntado Sánchez en su cuenta de Twitter, donde ha subrayado que el G7 llega a un acuerdo histórico "que permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales". "El objetivo: una mejor distribución de la riqueza para alcanzar mayores cotas de justicia social", subraya Sánchez.

Google y Facebook aplauden el acuerdo

Un portavoz de Google, una de las empresas que resultaría afectada, ha expresado su "fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales". "Esperamos que los países continúen colaborando juntos para garantizar un acuerdo equilibrado y duradero que se cierre pronto", ha añadido.

Facebook también ha valorado positivamente el acuerdo. "Facebook siempre ha pedido una reforma de las normas fiscales globales. Damos la bienvenida al avance importante logrado por el G7", ha apuntado el vicepresidente para asuntos globales de la empresa y ex vice primer ministro británico, Nick Clegg. "El acuerdo de hoy es un primer paso significativo hacia la seguridad para los negocios y para fortalecer la confianza pública en el sistema fiscal global", ha añadido.

Reunión de líderes del 11 al 13 de junio

La reunión de los ministros de Finanzas del G7 será seguida la semana que viene de la cumbre de los líderes del G7, que se reunirán del 11 al 13 de junio. De este modo, a pesar de que el G7 no tiene un papel formal en el proceso de discusión de la nueva fiscalidad internacional, un pacto en el seno de este grupo supondría un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se están desarrollando al respecto en el G20 y en la OCDE.

En este sentido, Estados Unidos ha rebajado sus aspiraciones sobre un impuesto mínimo de sociedades a nivel global, reduciéndolas del 21% a una tasa efectiva del 15% con el fin de ampliar el consenso al respecto. Paradójicamente, Estados Unidos podría ser un obstáculo mayor para el acuerdo, ya que se prevé una dura batalla en el Congreso.

Las ventas de grandes armas a nivel mundial han crecido un 5,5% en el último lustro, en un contexto en el que Estados Unidos y Arabia Saudí se han consolidado como los principales países exportador e importador de armamento, respectivamente. Los datos se desprenden de un informe [ver aquí] del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que recoge Europa Press.

En concreto, el volumen de ventas de Estados Unidos ya equivale a un tercio del mercado global, después de crecer un 23% desde el periodo 2010-2014. En el tramo 2015-2019 , los contratos estadounidenses en un total de 96 países fueron un 76 por ciento superiores a los del segundo país exportador, Rusia.

La mitad de las exportaciones norteamericanas fueron a parar a Oriente Próximo y, de ellas, la mitad tuvo Arabia Saudí por destino. De hecho, Arabia Saudí compró un 130% más de armas en comparación con el lustro anterior y sus contratos ya suponen el 12% del volumen global, según el estudio publicado este lunes.

Tres cuartas partes de los gastos saudíes corresponden a compras realizadas a empresas de Estados Unidos, mientras que el 13% de las ventas procedieron de Reino Unido. Todo ello a pesar de las dudas expresadas por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos sobre el posible uso de este material en la guerra de Yemen.

Rusia se mantiene como el segundo país exportador de grandes armas del mundo, aunque con un descenso del 18% en sus ventas. Parte de este retroceso se debe a la menor demanda de India, que repite como el segundo principal importador por detrás de Arabia Saudí. El informe de SIPRI también muestra los nuevos mercados que ha encontrado China, que ha pasado de firmar contratos con 40 países a hacerlo con 53, o el drástico aumento de las ventas de Israel (77 %) o Corea del Sur (143%). Este último país entra por primera vez en la lista de los diez principales exportadores.

En Europa, también crece el dato de Alemania, un 17%, y el de Francia, que se dispara un 72%, según SIPRI. Las exportaciones de grandes armas francesas han alcanzado niveles sin precedentes desde la década de los noventa y ya representan el 7,9% del volumen mundial, en gran medida por la demanda de Egipto, Qatar e India.

La anécdota la cuenta una exempleada de BlackRock; se trata de un comentario de esos que se refieren en la máquina de café. Larry Fink, el dirigente del fondo mundial más poderoso, viajaba en su avión, con destino a Europa. Cuando sobrevolaban el Atlántico, le pidió al comandante que pusiera rumbo a Alemania. Telefonea al dirigente de la compañía en Frankfurt y exige una entrevista con Angela Merkel. Si es posible, en cinco horas, cuando aterrice.

El empleado actúa presto, pero no logra la esperada cita. A cambio, le propone un premio de consolación: el vicepresidente del fabricante de BMW, sólo para él. La entrevista empieza, las palabrerías se suceden, pero en ese momento Larry Fink saca de nuevo su teléfono y prepara su próxima cita; dejó sin palabras a su interlocutor.

Semejante forma de actuar del fundador ilustra el poder de la empresa. Hijo de un vendedor de zapatos y de una profesora de inglés, fundó su empresa hace 30 años, junto con una decena de colegas, después de entrenarse en un banco de negocios neoyorquino. A los 65 años, es multimillonario. Y su fondo gestiona 6,2 billones de dólares en activos, un tercio de ellos en Europa.

Fundamentalmente, este dinero procede de los fondos de pensiones, sobre todo de los funcionarios californianos y neoyorquinos. Todos tienen pensiones de jubilación por capitalización y esperan ver cómo fructifican sus propios ahorros, que completa el empleador con una gestión activa de BlackRock en los mercados financieros.

El fondo da empleo a 13.900 personas, en una treintena de países, encargados de vender productos financieros y de invertir en nuevas empresas. Pero con el paso de los años, sobre todo desde la crisis financiera, ha aumentado su poder más allá de la gestión de activos: es auditor de bancos –por petición de las autoridades de regulación–, asesor de Estados en privatizaciones. En otoño de 2017, el Gobierno francés le invitó a participar en el “comité de Acción Pública 2022” (CAP 2022), una especie de segunda comisión Attali, pensada para dibujar el futuro del Estado. Y en las bambalinas europeas, se mueve mucho para oponerse a cualquier tentativa de regulación.

En Europa, BlackRock es un nombre que no dice nada fuera del mundo financiero. El universo de los gestores de activos y sus oscuros fondos indexados parecen reservados a los iniciados. Pero su poder impresiona: hablar de BlackRock con los actores de las finanzas, ya sean administradores, pequeños y grandes partícipes o gestores patrimoniales, supone correr el riesgo escuchar infinidad de negativas  por respuesta (más o menos corteses).

Sólo en Francia, este fondo tiene acciones en numerosas filiales; posee un porcentaje variable (de entre el 5 y el 10%) de Eiffage, Danone, Vinci, Lagardère, de Renault, Peugeot, Société générale, Axa, Vivendi, Total, Sanofi, Legrand, Schneider Electric, Veolia, Publicis, etc. BlackRock es el accionista, a menudo principal, de al menos 172 de las 525 empresas francesas que cotizan en Bolsa. Y de 17.000 empresas en el mundo. Y no olvidan votar en cada asamblea general.

“Tan pronto como BlackRock aparece entre los accionistas, la empresa deja de ser del montón y logro mucho prestigio”, resume el periodista Grégoire Favet, acostumbrado a ver pasar al mundo de las finanzas francesas por el plató de su programa de BFM Business. “Cuando eres Larry Fink, puedes hablar de tú a tú con la directora del FMI o con un jefe de Estado”. Desde que Emmanuel Macron es presidente, Fink ya ha sido recibido dos veces en el Elíseo.

Rescatador durante la crisis financiera

BlackRock, compañía creada en 1988, consiguió su poder actual gracias a la crisis financiera de 2008. Con el hundimiento de Lehman Brothers, Wall Street entró en caída libre: nadie sabía cuáles eran los miedos de las miles de carteras financieras; lo que se ocultaba detrás de los derivados; lo que era o no tóxico; peligroso o no.

BlackRock comprende de inmediato el rédito que le puede sacar a esta situación. Desde su creación, la firma desarrolló internamente su propia herramienta de gestión de riesgos, Aladdin. “Es capaz de analizar los riesgos de inversión en cualquier acción; de ver dónde hay que vender obligaciones para obtener los mejores precios, de hacer seguimiento a todas las transacciones, combinar todos los datos para encontrar las informaciones esenciales para los inversores”, explica The Financial Times.

Gracias al pánico desatado, BlackRock pone a disposición de otras compañías financieras su herramienta de gestión de riesgos. Aunque no de forma altruista, claro. Pero el fondo también ofrece sus servicios a las autoridades financieras. Éstas recurren a él para elevar la salud de grandes entidades bancarias consideradas sistémicas: el banco de inversiones Bear Stearns, el gigante de los seguros American International Group y el holding financiero Citigroup. BlackRock también consigue un contrato para vigilar a Fannie Mae y Freddie Mac, los organismos públicos especialidados en crédito hipotecario que el Gobierno federal acababa de rescatar.

En 2009, los políticos comienzan a hacerse preguntas. “¿Cómo es posible que una única empresa se encuentre cualificada para gestionar estos activos recuperados por el Gobierno?”, cuestionaba entonces el senador republicano Charles Grassley. Auditar para lo público e invertir en el privado; dos labores a priori incompatibles... pero una mezcla de géneros que BlackRock reproduce sabiamente por toda Europa.

Asesor de los bancos centrales europeos

En 2011, el Banco Central de Irlanda decide recurrir, sin licitación ninguna, a BlackRock Solutions, la división del consejo de administración de fondos, con el fin de evaluar el estado de los seis principales bancos irlandeses. Tres de esas entidades acababan de ser rescatados por el Estado para evitar la quiebra. Lastrada por las deudas, Irlanda tuvo que recurrir a Europa y al FMI para solicitar un plan de “rescate” de 85 millones de euros y quiere someterse a los stress tests para comprobar la solidez del panorama bancario por si surgen nuevos problemas.

Más tarde, ante diputados irlandeses algo reacios, el ministro de Finanzas de la época explicaba que había recurrido a BlackRock presionado por las instituciones internacionales que le habían prestado dinero a Irlanda, es decir, la famosa troika de la crisis del euro (BCE, la UE y el FMI). Fue una “misión gigantesca”, reconoció Larry Fink, “la mayor que nos ha confiado nunca un Gobierno”.

BlackRock Solutions, la delegación asesora, logra así nuevas referencias. Y, de nuevo en 2012 y en 2013, requirieron de nuevo sus servicios para evaluar las necesidades de capital de los bancos irlandeses. El 4 de noviembre de 2013, el fondo BlackRock compra el 3% de uno de estos bancos, Bank of Ireland, y señala que tiene 162.000 millones de euros de activos domiciliados en Irlanda.

Un exasesor de Chirac, al frente de la delegación francesa

En Grecia, también bajo la presión de la Troika, el Banco Central de Grecia también recurrió a BlackRock Solutions para diseccionar las carteras de préstamos de 18 bancos en 2011 y después de cuatro mayores en 2013. Prudente, BlackRock empleó un nombre falso, Solar, alquiló oficinas modestas en un barrio residencial de Atenas y puso escoltar armados a sus empleados. En 2015 llevó a cabo una última misión. Hoy, el gestor construye en Atenas un centro comercial por importe de 300 millones. Y posee participaciones en dos bancos, en el principal proveedor de energía y en la lotería nacional, en vías de privatización.

“Nada lleva a pensar que los empleados de BlackRock que vinieron a testar nuestros bancos transmitieran informaciones a otros de sus equipos”, dice un inversor en Atenas que pide permanecer en el anonimato. “BlackRock no habría corrido el riesgo de echar por tierra su reputación por tan poco”. Para él, el problema está más arriba. “Cuando asciendes en la escala jerárquica, terminas por llegar a un nivel donde accedes a informaciones de toda la empresa, lo mismo que al consejo de inversión”. Entonces, cuando Larry Fink se entrevista con un jefe de Estado griego, español o irlandés, ¿qué decide tratar, la parte de auditoría o la parte de inversión? ¿Y por qué no los dos, en función de sus intereses?

Esta ambivalencia termina por dar problemas. En España, cuatro de los principales promotores inmobiliarios tienen a día de hoy a BlackRock entre sus inversores, lo mismo que los seis principales bancos. En mayo de 2012, el Gobierno acudió a la compañía para evaluar los créditos dudosos y los activos inmobiliarios de sus entidades de crédito y sus necesidades de recapitalización. Diputados españoles vieron que podía existir un eventual conflicto de intereses, llevando al entonces ministro Luis de Guindos –hoy vicepresidente del BCE– a dar un giro total y a optar por el gabinete alemán Roland Berger.

Algo similar sucedió en los Países Bajos cuando, en diciembre de 2012, el banco central recurrió a BlackRock Solutions para que analizase su cartera de préstamos del gigante bancario nacional ING y, después, en julio de 2013, el patrimonio inmobiliario del conjunto de bancos neerlandeses. Entonces, BlackRock contaba ya con más del 5% de ING, a través de una veintena de filiales. A preguntas de un diputado, el ministro de Finanzas Jeroen Dijsselbloem –entonces también presidente del Eurogrupo– se justificó aludiendo a la existencia de una muralla infranqueable entre las actividades de asesoría y de gestión de fondos en BlackRock. Ironías de la suerte, para evitar cualquier conflicto de intereses, el banco central holandés había decidido en 2007 confiar la gestión del fondo de pensiones de sus asalariados a... BlackRock.

Puertas giratorias y lobby

Para ampliar su influencia a Europa, BlackRock se rodeó de personalidades conocidas. George Osborne, 46 años y ministro británico de Finanzas de 2010 a 2016  con David Cameron, dirige hoy la redacción del diario The Evening Standard y va una vez por semana a BlackRock como asesor. Su remuneración está a la altura de su fama 650.000 libras (739.600 euros) anuales.

En los dos últimos años en el Ministerio, George Osborne se entrevistó en cinco ocasiones con responsables de BlackRock... mientras que reformaba las pensiones y permitía a los gestores de activos acceder a un mercado anual de 25.000 millones de libras. Rupert Harrison, su jefe de gabinete, también se dejó pervertir por el fondo. “Habida cuenta de su experiencia en la creación de la reciente reforma de las pensiones en Reino Unido, goza de una posición única para ayudarnos a desarrollar nuestra oferta a los jubilados”, decía sin ambages la empresa americana en un comunicado.

En Alemania, Friedrich Merz, exjefe de la CDU en el Parlamento, el partido de Angela Merkel, gestiona actualmente la delegación local del gestor de activos. En Suiza, Philippe Hildebrand, exdirector del banco central de Suiza, también fue contratado por la empresa y, en Grecia, BlackRock optaba por Paschalis Bouchoris, exresponsable de un programa gubernamental de privatización.

En cuanto a Francia, el presidente local se llama Jean-Francois Cirelli, exasesor económico de Jacques Chirac, después director adjunto del gabinete de Jean-Pierre Raffarin. Dirigió Gaz de France, desde 2004, llevando al grupo a la privatización. En las últimas elecciones presidenciales, volvió al comité de campaña de Alain Juppé, lo mismo que el actual primer ministro Édouard Philippe.

¿Y en Bruselas? En 2010, BlackRock se estableció en la 1ª planta del 35 de la Plaza de Meeûs, frente a un parque donde se dirigen, a la hora de la comida, de lunes a viernes, cuando luce el sol, los funcionarios europeos. Según el registro de transparencia de la UE, BlackRock declaró haber gastado en 2012 unos 150.000 euros en actividad en Bruselas. En  2014 gastó diez veces más.

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2018, el gestor norteamericano se dirigió en 33 ocasiones –y logró– una entrevista con miembros de la Comisión Europea. Según una fuente del Parlamento Europeo, BlackRock organiza también “jornadas informativas” destinadas a asistentes parlamentarios. “Para explicarles el funcionamiento de un producto o cómo fondos pasivos pueden servir para mejorar el crecimiento económico. A fin de cuentas, estos asistentes parlamentarios sabrán asesorar a los diputados de la mejor forma”, precisa dicha fuente.

Contra cualquier regulación

La profesora de macroeconomía de la Universidad del Oeste de Inglaterra (UWE) en Bristol, Daniela Gabor, ha seguido numerosos debates sobre la regulación de las finanzas desde 2013 cuando el comisario europeo al mercado interior Michel Barnier prometía reforzar las reglas del sistema financiero. “El comisario británico quería que la Comisión trabajase mano a mano con el sector financiero y cada vez que se organizaba un debate o una audición, allí estaba la gente de BlackRock”, recuerda Daniela Gabor.

“Entonces comprendí que ya no eran los bancos los que tenían poder, sino los gestores de activos. Se nos repite a menudo que un gestor está ahí para colocar nuestro dinero, para la vejez... pero es mucho más que eso”, prosigue. “En mi opinión, BlackRock refleja la renuncia al Estado del bienestar. “Su auge va parejo a los cambios estructurales en curso: cambios en las finanzas pero también en la naturaleza del contrato social que une a los ciudadanos y al Estado”.

Daniela Gabor explica que el Banco Central Europeo, que recurre a BlackRock para auditar a los bancos, no tiene poder alguno sobre esta empresa. “El argumento de BlackRock es sencillo: no realizamos financiación externa, no actuamos como los bancos por lo que no necesitamos ser regulados como una institución sistémica”. De hecho, BlackRock supera todos los radares. “Pueden ser regulados por razones consideradas microprudenciales, para proteger a sus clientes, pero no como institución financiera dirigida a garantizar una estabilidad financiera global”.

AMF y BlackRock, dos compañeros de ruta

En Francia, como cualquier gestor de activos, BlackRock debe declarar a la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) que supera cierto umbral –del 5% y después del 10%– en una participación en una empresa cotizada en Bolsa de París. Además, la AMF comprueba la documentación comercial de sus productos financieros que se dirige a potenciales clientes. Y nada más. Un responsable de la Bolsa se sorprende ante nuestras preguntas sobre la debilidad de los controles al gestor. “Para sus actividades en Europa, BlackRock tiene su sede en Inglaterra, hay que dirigirse a ellos. Nosotros sólo ponemos el sello”.

Cuando, por ejemplo, BlackRock declara a la AMF que cuenta con el 5,16% del grupo Casino a través de dos filiales y, por otro lado, la base de datos financieros Thomson One, del grupo Thomson Reuters, dice que es del 9,66% a través de seis filiales diferentes. Lo mismo sucede con Safran (que figura en la AMF con un 6,22%, es decir, menos que el 9,03% indicado por Thomson One). Ante esta incoherencia de cifras, el regulador francés no responde. La misma rareza sucede con el regulador alemán con relación a empresas como Deutsche Wohnen, Vonovia, Deutsche Post, Bayer AG. Eso sí, la autoridad promete una “clarificación”.

Mientras la AMF parece poco exigente respecto a BlackRock, éste no se priva de darle algunos consejos. “Invitamos a la AMF a reducir las barreras jurídicas” o “estaremos encantados de ayudar a la AMF a desarrollar un enfoque adaptado” son algunas de las fórmulas que figuran en una carta dirigida en 2013 a las autoridades bursátiles. El objetivo es simple: evitar cualquier regulación.

Habitualmente, en las publicaciones de la AMF figuran investigaciones de BlackRock. La Lettre mensuelle de l’observatoire de l’épargne (Carta mensual del observatorio del ahorro) ofrece sondeos BlackRock sobre el comportamiento de los ahorradores franceses. Los franceses ¿son suficientemente confiados para invertir (junio 2016)? Las franceses ¿ahorran más que los franceses (abril de 2016)? Los franceses ¿preparan más las vacaciones o la jubilación (diciembre de 2013)? BlackRock tiene respuesta para todo.

En noviembre pasado, la AMF organizó una mesa redonda con el presidente de BlackRock France entre los participantes. Jean-François Cirelli subrayó: “Queremos que los reguladores nacionales mantengan esta proximidad al terreno. […] ¿Cómo se puede reforzar la idea ante nuestras autoridades públicas, antes nuestros clientes de que hay que invertir en los mercados de capitales para la jubilación? ¿Cómo se puede sacar partido del post Brexit? La AMF publicó un informe sobre [la manera de] invertir a largo plazo en acciones y esto va en ese sentido”.

Atento a una reforma francesa del ahorro-jubilación de la que sacar rédito, BlackRock puede contar ya con el celo de Valdis Dombrovskis en el frente europeo. Este letón es comisario europeo para la estabilidad financiera, pero también uno de los vicepresidentes de la comisión. Está detrás del producto paneuropeo de ahorro-jubilación individual (PEPP), una nueva categoría de productos de ahorro-jubilación anunciada para el próximo año en la Unión y actualmente en frase de experimentación ante los asalariados investigadores, del sector privado y del público. El programa, de aplicación voluntaria, se llama Resaver… y Valdis Dombrovskis confió a BlackRock la tarea de gestionar el ahorro de los participantes.

Conflicto de intereses

El poder de influencia que adquirió BlackRock en unos años en Estados Unidos termina por plantear dudas. Sus múltiples papeles, también. Hay un aspecto que despierta más dudas: el poder “horizontal” que ha construido en algunos sectores –aeronáutico, construcción, licores, equipos eléctricos”– a través de sus inversiones en las empresas. Encuentra rápido accionistas de todos los grandes del mismo sector. En química, por ejemplo, BlackRock domina a ambos lados del Atlántico con participaciones importantes –de entre el 5 y el 10%– en todos los grandes grupos mundiales de química: Bayer, BASF, DuPont, Monsanto, Linde y los franceses Arkema y Air Liquide. Estas empresas a priori competidoras se encuentran con un mismo accionariado que puede, en función de sus intereses, llevar a concentraciones, especializaciones, cesiones.

Esta situación no era objeto de debate hasta que dos economistas, José Azar y Martin Schmalz, de la Universidad de Michigan, publicaron un informe sobre el common ownership (propiedad común) en 2016. En su opinión, los clientes de BlackRock no tendrían nada que ganar en que las empresas en las que es accionista se libren un combate sin cuartel. Los dos investigadores estudiaron el sector de la aviación comercial y constataron un acuerdo del precio de los billetes al alza entre las cinco principales compañías aéreas americanas, en las que BlackRock y su competidor Vanguard tienen participaciones.

En Alemania, las Autoridades de Competencia manifestó sus dudas. “Existe un riesgo potencial significativo de deformar la competencia a través de accionariados horizontales, entre empresas del mismo sector económico”. En Francia, la Autoridad de la Competencia echa balones fuera: “No tenemos ningún trabajo de reflexión concreto en curso relativo a este asunto en estos momentos”. Pero el pasado 16 de febrero, la comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager pronunciaba un discurso sobre el asunto y prometió iniciar un estudio para medir la magnitud de este accionariado horizontal.

Naturalmente, BlackRock preferiría estar alejado de estas polémicas y ofrecer el rostro de una empresa comprometida por el bienestar de la humanidad. En una carta enviada el 12 de enero a los jefes de las empresas de la que es accionista, Larry Fink invitaba a trabajar más activamente al servicio del bien común. Algo a lo que se emplearía duramente su representante francés.

Por su parte, Jean-François Cirelli es miembro del comité Acción Pública 2022, creado por el primer ministro Édouard Philippe para reflexionar sobre los servicios públicos del futuro. Cuando se le pregunta por la naturaleza de su contribución, apunta al servicio público para acceder al empleo y el mecanismo de financiación complementaria de las pensiones. “Reflexiono sobre dos puntos. 1) ¿Qué hay que hacer para que el servicio de empleo responda aún mejor a las evoluciones del empleo y permita orientar mejor a los parados. 2) ¿las cotizaciones Agirc Arrco deberían estar percibidas por la l’Urssaf [organismo de la Seguridad Social] que recauda ya más de 400.000 millones en lugar de dejar que Agirc Arrco lo recaude por sí mismo”. Y añade: “Y confirmo, no hay nada de BlackRock en ello”. Además, he escogido a propósito ocuparme de asuntos sin conflicto de intereses...”.

  Jordan Pouille es periodista miembro del colectivo Investigate Europe, grupo de diez periodistas freelance que realizan juntos investigaciones en Europa, que publican en sus respectivos países.

Traducción: Mariola Moreno

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