La subida de las cuotas para autónomos reabre el debate sobre la progresividad fiscal y la justicia tributaria

El Ministerio de Seguridad Social anunció este lunes una nueva escala de cotización para los trabajadores autónomos. La propuesta, que abarca 2026, 2027 y 2028, modifica los tramos mínimos de cotización elevando las cuotas entre 11 y 206 euros anuales para el próximo año. La medida ha provocado las críticas de la oposición y también la de los propios socios del Gobierno.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “no compartían” la medida e insistió en que “esta propuesta, si es cierta la que he conocido por los medios de comunicación, penaliza a las rentas inferiores”. Tanto Junts como Esquerra Republicana se han alineado en este rechazo y el Partido Popular ha hecho lo propio, como suele ocurrir cuando se abordan reformas fiscales. De un lado, los socios de Gobierno apelan a la progresividad fiscal y piden impuestos a las rentas altas. Del otro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusaba al Ejecutivo de dar un “sablazo fiscal”. 

“Hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos”, deslizaba Gabriel Rufián (ERC) en la sesión de control al Gobierno de este martes. Por su parte, Miriam Nogueras, de Junts, publicó en sus redes sociales un post en el que afirmaba: “Ni un voto de Junts irá a apretar más a los autónomos”.

Desde el Gobierno mantienen la posición y defienden que estas nuevas tablas responden a una reforma acordada hace tres años, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue progresivo hasta 2032 del modelo de cotización por ingresos reales. “En 2022, autónomos, sindicatos y patronal firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor el PP”, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. 

En la práctica, la medida eleva las cotizaciones en todos los tramos. Para 2026, por ejemplo, un trabajador con ingresos de entre 900 y 1.166 euros –menos del salario mínimo– tendría una cuota de 271,2 euros al mes, con una subida de 11 euros. En tramos superiores, por ejemplo, entre 1.700 y 1.850 euros, la cuota sería de 403 euros mensuales, con una subida de 33 euros. Y así hasta llegar a un aumento de 206 euros en los tramos con ingresos superiores a 6.000 euros, que pagarían una cuota de cerca de 800 euros. En los dos años sucesivos, estos tramos volverán a cambiar.

Desde el Ejecutivo se defienden señalando que este acuerdo se instauró atendiendo a que las pensiones y las prestaciones por baja o desempleo de este colectivo eran muy inferiores a la media y esta era la forma de elevar el importe de las mismas. En el fondo del debate, además de las pensiones, ha surgido el dilema de la progresividad fiscal y si el sistema exige realmente más a quienes más tienen o, por el contrario, es injusto con las rentas más bajas. 

¿Una progresividad partida?

Este es uno de los puntos que atacan desde Sumar. De hecho, señalan que las microempresas (con menos de diez trabajadores) pagan un tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 16,5%, las pequeñas (con entre 10 y 49 empleados) pagan un 18,1%, las medianas abonan un 15,9% y las grandes, tan solo un 5%. “Ya hemos conseguido el mínimo 15% para multinacionales; ahora hay que reformar el Impuesto de Sociedades para acabar con esta injusticia”, señalan desde el ministerio de Trabajo. 

“Es un reflejo de cómo las personas con grandes patrimonios —que no son los autónomos— o personas con grandes fortunas, no tributan lo que corresponde a su renta o a su patrimonio, conforme dice la Constitución: con progresividad”, señala José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha). “No se puede decir que el sistema no sea progresivo, pero no lo es con toda la potencia con la que debería”, señala en referencia a las diferencias tributarias que se dan con las grandes empresas. “Esa progresividad queda partida”, concluye.

Mollinedo explica que el diseño del Impuesto de Sociedades favorece a las grandes compañías frente a los de menor tamaño. El experto apunta que el tipo efectivo de los grandes grupos societarios fue en 2023, último dato disponible, de un 7,24%, mientras que las empresas de menor tamaño que no forman parte de grandes conglomerados rondan el 18%. Y es este punto el que ha suscitado más quejas desde los socios del Gobierno.

Los autónomos, con pensiones por debajo de la media

En España hay un total de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, según el último dato oficial disponible, relativo a agosto. Por sector de actividad son los servicios los que más autónomos agrupan (2,5 millones), seguidos de la construcción con 421.000 y de agricultura (264.400) e industria (207.700). Según las mismas estadísticas, en agosto de 2025, 2,1 millones de trabajadores autónomos (61,6%) cotizaron por una base de cotización entre 1 y 1,5 la base mínima, seguidos de los que cotizan por la base mínima: 721.599 trabajadores (21,1%). Es decir, la gran mayoría se agrupan en la parte baja de la tabla, donde las rentas son menores. 

Sobre las pensiones y las prestaciones que recibe este grupo de trabajadores, los datos son reveladores de sus niveles de renta. El importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508 euros al mes, pero si se observa lo que cobran los autónomos, la pensión se desploma en casi 600 euros, hasta una mensualidad de 910 euros en septiembre.

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“Era de esperar que esta reforma se produjera, porque se aprobó en 2022, pero el debate está en si tiene que ser en los porcentajes y en las cantidades que se han expresado. Sobre todo, porque probablemente sería necesario en estos momentos apostar más por una mayor progresividad”, señala Josep Ginesta, profesor de OBS Business School y secretario general de la confederación de pequeñas empresas catalanas, Pimec.  

En el fondo del debate está la justicia del sistema fiscal y cómo pueden salvarse estos aumentos que, si bien están destinados a engordar las pensiones, pueden comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores en el presente. Otro punto que han propuesto desde el ministerio de Trabajo es un cambio en la forma de abonar el IVA, de manera que los autónomos y microempresas no tengan que pagar este impuesto hasta que no cobren ellos mismos la factura. “No tiene sentido que un autónomo pague el IVA de una factura antes de cobrarla. No es justo”, señaló Díaz durante un desayuno informativo a Europa Press. Además, también proponen que, en caso de pequeños autónomos y microempresas con facturaciones por debajo de 85.000 euros, solo tengan que hacer una declaración informativa anual.

Por el momento la medida está en la mesa de diálogo social, donde también se sientan los sindicatos y la patronal. La ministra Saiz, que ha recibido críticas a izquierda y derecha durante la sesión de control de este miércoles, ha pedido “tranquilidad” y “sosiego”, aunque por el momento no ha movido su postura.