Con el mundo asomado al borde de una recesión y una guerra enquistándose en las fronteras europeas, el economista José Moisés Martín (Madrid, 1973) se ha atrevido a publicar un libro optimista sobre el presente y futuro del planeta. El autor, ahora miembro del consejo asesor económico de Moncloa y con una amplia experiencia en el mundo de las políticas públicas, ha ampliado la mirada sobre los problemas globales a una distancia a la que los titulares del día a día quedan muy pequeños y pierden relevancia. “Por debajo del radar de los titulares hay una sociedad y una política que se mueven y que ofrecen indicios prometedores sobre nuestro futuro inmediato”, expresa en su obra.  

El futuro de la prosperidad (Ariel, 2022) es un ensayo que describe con sencillez los grandes problemas que atraviesan el mundo. Estos son los que provocan, a su juicio, polarización y pesimismo en la clase media. Los resume en cuatro brechas: la laboral, la generacional, la de género y la fiscal. El autor tira de los hilos de cientos de referencias de académicos y organismos solventes para tejer un relato económico ordenado y sólido sobre cómo abordar dichos retos, con el mérito adicional de que además resulta comprensible para el común de los mortales. Martín ha recibido a infoLibre en su despacho de la consultora Red2Red. Antes de la entrevista, es advertido de que las preguntas quizás le parezcan pesimistas. Pese a la claridad de las conclusiones de su obra, anticipa que no cree que tenga en su bolsillo las soluciones a los problemas globales.

¿Le ha resultado difícil hablar del futuro de la economía global con optimismo?

Bueno, yo creo que hay que esforzarse un poco. Porque si solo te fijas en los informes de los próximos tres meses, o de los próximos tres años, pues efectivamente la situación creo que hunde el ánimo de cualquiera. Lo que vemos es una serie de retos que tienen que ver con la digitalización, con los efectos del cambio climático o con la quiebra social. A bote pronto, lo que te dice el cuerpo es que no se puede ser muy optimista. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo que vemos estos problemas, a la vez estamos construyendo las herramientas para solucionarlos. El libro parte de esa contradicción, de que tenemos más herramientas que nunca para abordar esos retos pero, sin embargo, tenemos la percepción de que estamos paralizados por el miedo. El objetivo del libro es ese: si activamos estas palancas de cambio con las que contamos, yo creo que podemos tener un futuro muy próspero. 

Usted afirma que, tras la crisis financiera, España es un país “peor”. Ahora mismo nuestros indicadores están por debajo de la media europea, más deuda pública, más déficit, más paro, peores resultados educativos… ¿Qué particularidad tiene España para ir siempre por detrás de las métricas europeas?

Bueno, es así porque nuestro proceso de desarrollo empezó más tarde. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En los años 60, España vivió un milagro económico, pero partió de un nivel mucho más bajo respecto al resto de países. Esto hace que cuando nos comparamos con las medias europeas, pues tenemos la percepción de que estamos todavía lejos. También es cierto que en los últimos años hemos estado estancados, pero es fundamentalmente porque entre 2010 y 2013 se tomaron una serie de decisiones de política económica muy equivocadas. Debió haberse hecho un ajuste para preservar el empleo y la cohesión social. No se hizo y la consecuencia es que hemos tenido una década perdida. Si miramos cómo salimos de la crisis financiera y cómo hemos salido de la pandemia, vemos que hemos aprendido mucho, tanto a nivel de la Unión Europea, como de España. 

¿No cree que estos indicadores que tenemos ahora, como el de la deuda pública, hacen de España un país más vulnerable ante esa recesión de la que alertan todos los organismos?

Es cierto que España tiene una deuda pública alta y unos ingresos insuficientes. Tenemos un déficit estructural desde siempre, no está resuelto. Si suben mucho los tipos de interés, probablemente las cuentas públicas se van a ver en ciertos apuros. Pero también hay algunas fortalezas, no vamos a mirar solo las debilidades. La primera es que, de momento, nuestra dependencia del gas ruso es muy pequeña. La causa principal de la recesión va a ser esa y España no es un país que esté expuesto a eso de manera tan determinante, como Alemania. Eso sería por la parte positiva. Otra fortaleza es que el sistema financiero ahora mismo es muchísimo más sólido que en 2005. Eso significa que tiene más capacidad de aguante si la cosa se pone fea. Otra de los elementos que suponen hoy una fortaleza son herramientas como los ERTE, que pueden atenuar los efectos sociales de una crisis más grave. 

Usted sostiene que el crecimiento económico ya pasa por una necesidad de mejorar la capacidad de innovación, ¿en qué punto ve a España en este sentido?

España es un país “innovador moderado”. Los polos de innovación competitivos de España a nivel europeo están en dos comunidades autónomas: Madrid y el País Vasco. Son las únicas comunidades que, aunque no son líderes, se pueden considerar innovadoras. Podríamos decir como de segunda división, siendo el resto de tercera y más atrás. Tenemos dos problemas fundamentales: el primero es que España dedica poco dinero público a la innovación. Somos uno de los países que estamos más lejos en inversión en innovación. Luego tenemos un sistema de investigación muy poco ágil, muy poco flexible. Hay muchos requisitos burocráticos, como el hecho de tener que justificar hasta el último tornillo… Esto hace que cueste mucho usar los fondos. Ahora mismo España, dentro de la Unión Europea, no está en la Champions de la innovación, ni mucho menos. 

Usted no cree que la robotización deba asustar a los trabajadores. De hecho defiende que el riesgo no está en la robotización, sino en la “no robotización”, ¿a qué se refiere? 

Esto es una conclusión más o menos reciente. Teníamos la percepción de que los robots y la automatización nos iban a quitar el empleo. Luego, analizando datos, descubrimos que la robotización quita el empleo de aquellos que no se automatizan. Es una cosa un poco rara. Si yo tengo dos empresas y una se robotiza y la otra no, los empleos que se pierden son de la compañía que no se robotiza. El riesgo no está en la digitalización de las empresas sino en no hacerlo, porque los competidores se adelantan. La evidencia para España en concreto es que las empresas que han automatizado procesos han conseguido ser más productivas y han acabado generando empleos. En ese sentido, han sido las competidoras las que han terminado echando a trabajadores, porque se quedan sin mercado.

Desde el punto de vista de la transición energética, a corto plazo viene un invierno bastante sombrío, ¿cómo ve la situación de España y Europa?

España, aunque no dependa del gas ruso, sí se ve afectada por el aumento de precios, en el caso de que se dispare la demanda alemana por falta de suministro. Si hace cinco años hubiéramos hecho los deberes en materia de eficiencia energética y de energías renovables, probablemente no habría guerra en Ucrania. No estaríamos ni en esta situación, ni en esta crisis. Las medidas de transición energética llevan tiempo, en el mejor de los casos algunas estarán listas para diciembre de 2023. Este invierno vamos a pagar el coste de la imprudencia de no haber invertido en una mayor eficiencia energética. España, aún así, está mejor situada. No solo por el clima: nuestro mix energético está mejor. Creo que las medidas que se están tomando para contener el precio del gas están funcionando. Pero lo urgente está tapando lo importante. Este invierno lo damos por perdido, porque no va a ser fácil solucionar el problema, pero tenemos que pensar en los próximos 30 inviernos, no solo en este. 

En su análisis no obvia que las energías verdes son menos eficientes que los combustibles fósiles y que dependen de materias primas que son escasas, como el litio o el telurio… ¿No cree que existe un riesgo de que acabemos siendo más dependientes de los países más exportadores de estas materias primas, como China? 

Sí. Pero tenemos que ser realistas. Con las tecnologías actuales no podemos cubrir el 100% de la energía que necesitamos. Es cierto que la innovación que se está produciendo en el ámbito de las energías renovables, hace que podamos esperar resultados buenos en poco tiempo. Estamos hablando de acabar con el consumo de petróleo más allá de la década de los 30. Esperamos que muchas tecnologías que están en fase de prueba sean viables comercialmente. La más importante es el hidrógeno verde. Eso sí, hay que meter mucho dinero en innovación. Para generar un megavatio de energías renovables hace falta invertir mucho más que en el caso del petróleo. Por otro lado, la energía más renovable es la que no se usa. Esto implica mayor ahorro energético en las ciudades, en los edificios, usar menos el coche… Toda esa revolución nos puede llevar a estar en línea con los objetivos climáticos. 

¿España está bien posicionada en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde?

Yo creo que sí. Hay una hoja de ruta, que está recién aprobada. El problema son las interconexiones con Europa. Desarrollar una tecnología solo para satisfacer a un país para España es complicado. Hacen falta interconexiones, porque va a ser más fácil invertir en hidrógeno verde si desde España va a poder venderse energía a Alemania. Pero bueno, creo que en términos de tecnología, ecosistema y de apuesta pública, estamos en una buena posición. 

¿Cómo cree que va a concluir el debate global que hay sobre los impuestos?

Mal.

¿Por qué cree que se ha generalizado ahora este debate? Se da entre comunidades autónomas, entre países...

Yo creo que hemos entrado en una dinámica que se retroalimenta. Lo que hay que hacer es romperla. Es la dinámica de: ‘Si nadie hace nada por mí, ¿por qué tengo yo que contribuir?’. Es el pensamiento que se está generando en las clases medias, que yo creo que es un peligro que puede desintegrar sociedades. Si fuéramos capaces de darle la vuelta, en el sentido de crear un círculo virtuoso… Es decir: ‘Construyamos este pacto social, que no va a permitir que te quedes descolgado. Pero en reciprocidad, tú tienes que contribuir’. Lo que pasa es que la cohesión social se está quebrando y cada vez hay menos incentivos para contribuir. Los impuestos no se pueden quedar para pagar servicios para los más vulnerables. Desde luego, hay que priorizar a los más vulnerables. Pero no solamente. Los servicios públicos no deben ser solo para los pobres, sino para la gran mayoría de la población. Es así como funcionan los Estados de bienestar potentes. El apoyo a los impuestos no se pueden fundamentar solo en la solidaridad, debe haber un acuerdo de reciprocidad.

¿Qué cree que ha pasado en Reino Unido? ¿Por qué cree que han presentado un plan de recorte de impuestos tan intenso, para luego retractarse de algunos puntos apenas dos semanas después?

Es muy sencillo. Está basado en una teoría económica que ya nadie se cree, y es que los recortes de impuestos se autofinancian. No hay evidencia que lo contraste. Es la famosa curva de Laffer. Los mercados financieros no son tontos. Han dicho: “Oiga, que esta señora va a producir tal agujero fiscal que va a poner la deuda pública británica en peligro”. Y se han puesto a vender deuda pública como locos. Eso es lo más interesante. No han sido los sindicatos, ni las movilizaciones sociales. Ha sido el mercado financiero el que ha dicho: esta estrategia fiscal es suicida y lleva al Reino Unido al desastre. Han sido los mercados los que han obligado a la primera ministra a retractarse. 

¿Cree que, frente a esto que vemos en Reino Unido, España está intentando mostrarse en Europa como un modelo antagónico?

Con este Gobierno, sí. Solo hay que ver los resultados de los resultados de la gestión del COVID en términos sociales. El escudo social funcionó, desde los ERTE, los bonos eléctricos y de calefacción, el descuento de la gasolina, el ingreso mínimo vital… Da la sensación de que viendo la caída de PIB que se produjo en la pandemia, el impacto social ha sido mínimo. Yo creo que estamos jugando a plantear un modelo propio, de mayor cohesión social. Creo que hay un gran consenso sobre los efectos. Nadie va a decir que los ERTE fueron una mala idea. 

¿Ve usted plausible, en pleno retroceso de la globalización, un acuerdo internacional para lograr un impuesto mínimo para las empresas tecnológicas?

Va a depender mucho de cómo avancen las cosas en Estados Unidos. Si los demócratas se ven fuertes yo creo que es bastante factible. Al final, el problema fundamental que tenemos no es que la globalización se esté encogiendo, sino que está cambiando su naturaleza. Vamos hacia una globalización diferente. Hemos pasado de una globalización de intercambio de bienes a una de intercambio de servicios. Y ahí es muy difícil establecer bases impositivas si no hay un acuerdo global. Se ha enfriado un poco el tema, pero creo que tarde o temprano el acuerdo llegará. 

Volviendo a España, ¿cree que va a salir adelante el pacto de rentas?

[Resopla] Yo lo veo muy difícil. Lo veo imprescindible, pero es tan necesario como difícil. Por una sencilla razón: creo que el pacto de rentas implica un pacto social con una duración de tres o cuatro años y el problema que tenemos es que el año que viene hay elecciones generales. Si estuviésemos al inicio de la legislatura yo creo que se podría alcanzar más fácilmente, pero hay gente que podría no tener incentivos para llegar ahora al pacto de rentas, porque es posible que el año que viene el Gobierno resuelva a su favor. Esto hace que sea muy difícil que haya incentivos para sentarse. 

Uno de los factores que generan más frustración es la dificultad de acceder a una vivienda en precios asequibles, tanto en compra como en alquiler, ¿cuál cree que es el camino?

Creo que hay un problema grave con la generación más joven. No hay expectativa de crecimiento económico, por lo que las expectativas de progreso se paralizan. A fecha de hoy, el mercado de la vivienda está en máximos históricos otra vez. Así es muy difícil acceder. La única solución es construir más vivienda pública. Tenemos un parque de vivienda público ridículo, de menos del 1%. En los Países Bajos es del 25%. Con un parque de vivienda pública tan ridículo no puedes intervenir en el mercado. Así, los precios están disparados y se gentrifican zonas. 

Ya hace seis años que publicó su otro libro, España 2030, en el que planteaba una estrategia a largo plazo de crecimiento sostenible… Nos vamos acercando a 2030, ¿qué conclusiones saca?

España 2030 planteaba un programa de país basado en tres principios: digitalización, sostenibilidad y cohesión social. Me siento satisfecho, porque si uno mira, por ejemplo, los fondos Next Generation, esos principios están recogidos ahí. ¿Dónde no estamos avanzando? El sistema educativo sigue sin estar bien encajado. Quizás lo que más me apena. Yo pensaba que íbamos a ser capaces de reconstruir este pacto, casi generacional, con una mayor presencia de los partidos políticos. Eso se ha desintegrado. Lo que se ha avanzado en políticas públicas, se ha estancado, incluso retrocedido, en materia de política, de liderazgos, capacidad de llegar a acuerdos. Cuando salió el libro, en 2016, PSOE y Ciudadanos habían llegado a un acuerdo para gobernar este país y se estaba negociando con Podemos. Hoy es absolutamente impensable. Creo que estamos en peores condiciones para alcanzar pactos de Estado. Veremos si con la vuelta del bipartidismo esto es más sencillo. 

En el libro critica que los partidos políticos usen la polarización para llegar a los ciudadanos.

Claro. Lo pienso mucho con medidas de sentido común. Medidas que, llega algún partido, las coge de bandera, y genera el efecto contrario. La lucha contra el cambio climático debería ser un elemento transversal en nuestro país. Lo que pasa es que cuando usas una bandera para agitársela al que está enfrente, el otro va a reaccionar en contra. Hoy es bastante probable que, habiendo más conocimiento sobre el cambio climático, es al mismo tiempo cuando más polarizado se está sobre el tema. Si construyes tu identidad política sobre una bandera que debería ser de todos, acabas generando rechazo. Es que estamos viendo que hay debate sobre algo como comer carne roja. Todos los gobiernos del mundo medianamente responsable dicen a los ciudadanos que no se deben poner ciegos a chuletones, que no es buena para la salud. Menos en España. Aquí lo hacemos, y tenemos el festival del chuletón. 

¿Se refiere a la oposición? ¿Considera que está siendo populista para criticar al Gobierno?

Totalmente… Están contradiciendo sus propias políticas públicas. Se hizo una campaña contra el azúcar. Un señor del Partido Popular se hizo una foto con la mesa llena de donuts, cuando él mismo había puesto un tuit semanas antes diciendo que determinados productos tenían demasiado azúcar. Están hablando de "PIN parental", cuando se habla de darle a los niños información nutricional. Yo soy del 73. A mí me enseñaron hace más de 40 años la pirámide alimentaria, esto de que tienes que comer mucha fruta y poca carne. Si esto ahora es motivo de debate, es evidente que estamos sacando las cosas de quicio. 

Dice usted que adivinar el futuro es un ejercicio vacío… No obstante, me gustaría conocer su pronóstico de la España de 2030.

Pues mira, la veo bien [se ríe]. A partir de dentro de dos o tres años, vamos a empezar a ver los efectos de los fondos de Next Generation. Vamos a ver cómo se están transformando cosas importantes en nuestro país. En materia industrial, en digitalización... Estamos experimentando en políticas públicas y creo que estos avances son tremendos. Creo que la vocación que tenemos en España por mantener un mínimo de cohesión social hará que aguantemos los envites de esta crisis. Tendremos un país donde la desigualdad será menor de lo que lo es ahora. Creo que los planes de la mitigación del cambio climático, aunque no cumplan en el 100% de los objetivos, van en la buena dirección. Y creo que España, si juega bien sus cartas, puede tener una influencia creciente en la Unión Europea. La estamos teniendo ya. Somos uno de los motores de la integración. Si somos sabios, creo que en 2030 tendremos una España en la que nos gustaría vivir. 

El freno del empleo en julio y agosto ha accionado las alarmas aún más si cabe ante un otoño e invierno que se temen más fríos que de costumbre. Y no sólo por la amenaza rusa de cortar el gas a Alemania, que terminaría por congelar la actividad en el resto del continente. La inflación no ha llegado aún a su pico. En julio alcanzó el 10,8%. España es uno de los siete países de la eurozona donde la subida de precios tiene ya doble dígito. Lo mismo ha ocurrido ya en el Reino Unido –10,1%–. Así que el consumo, el principal motor de la economía española, ya ha empezado a notar el aumento del coste de la vida, mientras los salarios pactados en convenio no han subido más que un 2,56%.

Para hablar del cierre del ejercicio analistas, políticos, sindicatos y empresarios repiten una palabra: “incertidumbre”. Este año aún no habrá recesión en España, según las previsiones: la economía crecerá un 4,3% si el Gobierno acierta en sus cálculos –en el segundo trimestre mejoró un 1,1%, casi el doble que el resto de la eurozona–, pero nadie se atreve a descartarla para 2023. Hasta junio al menos, la cifra de negocio de la industria había crecido un 31,7% anual y encadenaba 16 meses consecutivos de ascenso, aunque su principal motor son las ventas del sector energético. Mientras, la facturación de los servicios se elevaba un 23,4%, impulsada sobre todo por el negocio de los hoteles, que se ha disparado un 115,7% respecto a 2021, y de bares y restaurantes, que ingresan un 33% más.

Pero la sequía se añade ahora a los precios de la energía y a los problemas en las cadenas de suministro globales para hacer temblar la economía europea. El BCE, o al menos la representante alemana en el supervisor bancario, Isabel Schnabel, no se atreve a descartar una recesión “técnica” –dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB-- en la zona euro, “ni prolongada ni profunda”, si se mantiene la inflación en sus niveles actuales durante mucho más tiempo. Para septiembre, el BCE prepara una segunda subida de tipos de interés, después de la decidida el pasado julio, en un nuevo intento por frenar la escalada de precios. Para conseguirlo, no hay otra medicina que enfriar la actividad económica encareciendo el precio del dinero.

En España, además, el otoño, con el fin de la temporada alta del turismo, es siempre una estación mala para el empleo. Por lo que el bajón este año puede ser doble. No obstante, Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, adelantaba esta misma semana en Cinco Días que el sector quiere alargar hasta el 30 de noviembre la temporada alta para aprovechar el fuerte tirón que ha experimentado la demanda este verano.

El primer indicio de lo que puede suceder a partir de septiembre se reveló por sorpresa en julio, cuando el empleo se redujo por primera vez en ese mes desde hace 21 años: 7.366 cotizantes perdió la Seguridad Social en plena euforia estival. Pocos si se comparan con los 187.000 que el ministerio prevé que se den de baja en agosto si se confirma la tendencia de los 15 primeros días del mes. No obstante, agosto suele perder empleo todos los años. “Todos los agostos el empleo cae en torno a un 1%. Es decir, uno de cada 100 afiliados deja el mercado de trabajo. Eso supone unos 250.000 para el nivel actual de empleo”, explicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en RNE. La de este año, por tanto, queda aún por debajo del descenso habitual. Según precisa en su cuenta de Twitter Florentino Felgueroso, investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la caída del empleo de los meses de agosto “crece en fases expansivas y se reduce en recesivas”. Salvo en 2005, cuando coincidió con una regularización masiva de inmigrantes.

Otro nubarrón puede ser también la caída de cotizantes extranjeros sufrida en julio, 11.398 menos respecto a junio, la primera tras cinco meses de crecimiento.

En cualquier caso, las expectativas aún pueden mantenerse a salvo, más allá de la “sensación de fortaleza subyacente” que esgrime José Luis Escrivá. La previsión de la empresa de recursos humanos Randstad es que, aun con el viento en contra, 2022 termine con 20,3 millones de ocupados, lo que situaría la cifra de empleo no sólo un 2,9% por encima de 2021 sino, además, como el mejor dato desde el tercer trimestre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers y estalló la crisis financiera.

“Es difícil hacer pronósticos. Si la inflación sigue por encima del 7% u 8% a final de año, es evidente que la economía se va ralentizando, y si la economía se va ralentizando, el empleo no va a seguir con los buenos datos en estos últimos trimestres”, advirtió este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en La Sexta.

Lo que no es óbice, resaltan los sindicatos, para que los salarios, las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que subir. Sordo lo considera “imprescindible” por la “erosión” que sufren los salarios por los aumentos “brutales” de los precios. “Los sueldos no pueden pagar la crisis de precios, como ocurrió hace 10 años”, sentenció. También Pepe Álvarez, al mando de la UGT, apunta en esa dirección. “Queremos una revisión de los salarios para este mismo año. Creo que se producirá y espero que se haga cuanto antes o, de lo contrario, habrá conflicto”, apremió el pasado julio. Ya antes ambos líderes sindicales habían anunciando su intención de “tensionar” la negociación de los convenios colectivos para conseguir subidas salariales. Un 3,5% para este año, un 2,5% para 2023 y el 2% para 2024, y con una cláusula de revisión salarial.

Sobre las pensiones, Sordo dice que actualizarlas de acuerdo con el IPC es “un compromiso asentado” con el Gobierno que éste debe mantener. Y respecto al SMI, hay programada para el 2 de septiembre una reunión del Ministerio de Trabajo con la comisión de expertos que elaboró la propuesta de subida por la que se guía Yolanda Díaz para alcanzar el 60% del salario medio en 2023. De acuerdo con sus cálculos, el SMI debería crecer el año próximo hasta entre 1.011 y 1.049 euros al mes en 14 pagas. UGT ha hablado de llegar a 1.060 euros. “Haremos una propuesta de subida del SMI más concreta, teniendo en cuenta la inflación. No vamos a renunciar a que la subida no se ajuste al compromiso del Gobierno y, sobre todo, vamos a pedir que se adapte a las circunstancias”, adelanta a infoLibre Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, informa Javier Martínez.

Estos tres asuntos serán parte capital del pacto de rentas que el Gobierno quiere impulsar para afrontar la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania. Una negociación que se prevé llena de obstáculos. La CEOE no secundó la última subida del SMI a 1.000 euros y, aunque acepta subidas del 3,5%, rechaza de plano las cláusulas de revisión salarial. Tampoco apoya que las pensiones se revaloricen en la misma medida que suba la inflación. “La patronal”, critica Mariano Sanz, “está en una actitud mucha más intransigente y parece que tendremos muchas dificultades”. Ya en julio, Unai Sordo concedió que “las posiciones están alejadas” y “ni siquiera hay una vía normalizada de negociación”, aunque sí conversaciones informales.

Cuando se hicieron públicos los malos datos de empleo de julio, la CEOE ya advirtió de la “desaceleración”. Contra ella su receta combina “flexibilidad”, con una menor presión fiscal y “moderar el coste laboral, incluyendo el salario mínimo interprofesional”. Además, a la luz de los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la patronal destaca el repunte de los costes laborales unitarios en el segundo trimestre, un 4,8% superiores a los del cuarto trimestre de 2019. “Este aumento para las empresas resulta inoportuno en un contexto como el actual, de mayores incertidumbres que hace unos meses y de encarecimiento de los inputs necesarios para su actividad”.

Frente a ellos, el PP dice que ve “bien” la subida del SMI para ayudar a las rentas más bajas. Pero, como ha precisado su vicesecretario nacional de Economía, Juan Bravo, prefiere que el peso de las medidas contra la inflación “no se cargue sobre el empresario” y reclama que se deflacte la tarifa del IRPF. Una posibilidad que ya ha descartado el Gobierno. Sobre las pensiones, un asunto especialmente delicado para los votantes, Alberto Núñez Feijóo no ha querido pronunciarse. Porque otro factor que influirá en las negociaciones de este otoño será el clima preelectoral: en 2023 habrá comicios municipales, autonómicos –en 12 territorios– y nacionales. 

Parle à tes voisins! (Habla con tus vecinos): fue uno de los lemas que se pintaron en las paredes de París durante las revueltas de Mayo de 1968. El acto infrecuente, revolucionario, de hablar con un vecino. Y lo sigue siendo, porque remueve la relación de unos ciudadanos con otros, cada vez más aislados, encerrados en su cápsula doméstica y atados a una u otra pantalla, de la noche al amanecer. En las escaleras llegan nuevos vecinos, y ni se presentan. Con suerte, nos saludan. Pero ni siquiera su nombre aparece en los buzones del correo. Hay que protegerse: por seguridad. Los vecinos son incógnitas al otro lado de la pared. Si hoy ya resulta desafiante llamar directamente a alguien por teléfono, imaginémonos llamar a su puerta.

En las grandes ciudades la relación con el vecino suele ser de desconfianza. En muchas urbes pasear uno al atardecer genera suspicacias y hay carteles en las esquinas que te avisan de que esa “vecindad está atenta” a lo que suceda. Lo irónico es que se denomina a sí misma vecindad cuando de hecho no lo es: es una agrupación de viviendas con moradores que se desconocen. La convivencia en las ciudades se ha vuelto simple coexistencia, no siempre tranquila. La escalera, la calle, el barrio, la ciudad: esas demarcaciones urbanas son el territorio donde se juega hoy la democracia. Mucho más que en el condado, la región o el mismo Estado.

Pero la gente sigue afluyendo a la gran ciudad, terreno de pruebas de la política y test de la democracia. Curiosamente fue un sociólogo europeo, Max Weber, quien primero estudió el modo de vida urbano en Norteamérica. Otros sociólogos han estudiado el de las ciudades europeas: Simmel, Lefebvre, Bourdieu, Sennett… Pero en la teoría política hay cierta resistencia a entrar en el análisis crítico de la organización urbana y sus formas de vida. Sin olvidar que “política” viene de polis, ciudad. El campo se está vaciando y sus habitantes van a las ciudades. No se trata de un hecho inédito. Ya en Europa, en el siglo XIX, y a consecuencia de la industrialización, aumentó el tamaño de las ciudades y se derribaron murallas y barrios viejos para dar acogida a la inmigración venida del campo. La historia social, desde la anciana Sumeria, por no decir la antigua Atenas o la vieja Roma, es la historia del trasvase de la ciudad al campo. Es la historia de la urbanización hasta llegar a las metrópolis actuales, donde se concentra la mayor parte de la población mundial. 

Huelga decir que la clase de vida de la ciudad es casi antagónica a la del campo. Las muestras de ello son numerosas y bien conocidas. Ya Aristóteles fundaba la ética y la política de una gran metrópolis comercial, militar y cultural, como era Atenas, en la necesidad de que los nuevos pobladores dejasen a un lado sus creencias y costumbres y se asimilaran al nuevo régimen ciudadano, con una ley y hábitos de vida que habían de ser iguales para todos. Algunos filósofos, como los cínicos, no admitían esta homologación de la urbe, la homonoia, y otros, como los epicúreos, simplemente decidieron abandonar la ciudad. La historia política de Occidente empieza también aquí, con la fundación, en el marco grecolatino, de la “cosa pública”, la res publica, hasta llegar a las repúblicas y las monarquías actuales, paulatinamente “republicanizadas”.

El París, el Londres o el Berlín del siglo XIX supusieron el triunfo de la homologación de lenguas, costumbres y religiones en la gran capital, lo mismo que sucederá en el Chicago o el Nueva York del siglo XX y su política de melting pot o asimilación de los extranjeros al americano modo de vida. El acervo cultural y lingüístico de ambos continentes sufrió una gran pérdida con la emigración del campo a la ciudad y el fortalecimiento de los Estados nacionales y su uniformización de leyes, instituciones y culturas. Habrá que esperar hasta una nueva revolución industrial, la iniciada con la tecnología digital, para tomar conciencia de dicha pérdida y revalorizar los modos particulares de vida y cultura en el seno de la ciudad y el Estado.

Sin duda la primera percepción que tiene un visitante de la ciudad es su diversidad, así como para todo habitante de ésta la experiencia de la diversidad será un factor determinante de su sentido de pertenencia a ella. Si la política empieza por la ciudad, la democracia comienza en el barrio. El demos era una de las demarcaciones o barrios en que para la antigua Atenas se dividía la ciudad, y de ahí el “poder del demos”, la demokratía. El tirano, los autócratas, en cambio, ignoran el barrio, el poder popular en su germen territorial. Todo lo que no sea grande, uniforme y centralizado no les interesa y lo invisibilizan. Y desde luego ello sucede también con la diversidad humana dentro de la ciudad: son manchas que el autócrata quisiera borrar. De modo que cuanto mayor es la importancia de las ciudades, de sus barrios y de la diversidad, mayor es la posibilidad de que estemos ante una forma de gobierno y vida democráticos. En democracia se invierte la vertical de la jerarquía: se manda de abajo hacia arriba. Lo que pueda hacer el poder local que no lo haga el poder de arriba. Es el llamado principio de subsidiariedad, que siguen ignorando todos los partidos políticos. Mientras, es intolerable, y de vergüenza ajena, que en las elecciones políticas se presenten candidatos por una determinada ciudad o provincia sin que hayan prácticamente pisado estos lugares.

La ética y la política modernas tienen el reto de la complejidad, como ésta de las ciudades. Sin embargo, sin ese reto, que exige sensibilidad y razonamiento constantes, para no instalarse en la incertidumbre, política y ética no existirían. Y un capítulo clave de esta complejidad es la diversidad: de lenguas, costumbres y formas de creencia y pensamiento en una misma ciudad. Sucede que la diversidad natural —las especies vivas— y la cultural, en general, están disminuyendo a pasos agigantados: sólo hay que ver la desaparición de lenguas y culturas. Pero sucede, en cambio, que lo que fuera de la ciudad, en diversidad cultural, se contrae, dentro de ella visiblemente aumenta. 

La diversidad ha venido a concentrarse en la ciudad. Los municipios democráticos saben lo que ello representa para su política y administración: que nadie se sienta excluido a la hora de beneficiarse de la ciudad ni de participar en sus instituciones y asociaciones. Libertad e inclusión ya deben ir juntas, lo mismo que igualdad y diferencia. No son contradicciones. Es el reto de la democracia en este siglo XXI. En otras palabras: la democracia será para la diversidad o no será. Volveríamos a la autocracia.

Este es el peligro actual: fomentar el miedo y no impedir la expansión de los estereotipos y prejuicios que conducen a sentirse incómodo en la ciudad plural. ¿Ha dejado de ser necesaria la política multiculturalista? No: ahora es más necesaria que antes. Si en el pasado el respeto y la promoción de la diversidad cultural era una forma de desarrollar la democracia, ahora, cuando ésta se ve amenazada por la extrema derecha y las simpatías por el poder autoritario, la defensa de la diversidad cultural se justifica precisamente por el rescate de la democracia. 

Es como en una clase del colegio: había un profesor democrático que velaba por la diversidad de sus alumnos, pero luego vino otro, autoritario y cerril, y dijo “se acabó”. Bien: también con éste, y más que antes, habrá que seguir defendiendo la diversidad en la clase.

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Norbert  Bilbeny  es catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona y autor, entre otros libros, de ‘Democracia para la diversidad’ (Ariel). www.norbertbilbeny.com

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) propone a los principales actores sociales y políticos del Estado, así como a los medios de comunicación, un pacto social y político frente a los discursos de odio que estigmatizan y señalan a los grupos vulnerables. Este viernes han tenido una reunión FELGTBI+ y otras asociaciones para sentar las bases de este acuerdo.

Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, afirma que luchar contra el odio es un reto común. "Estamos en la necesidad de crear un frente para combatir los delitos de odio que atentan contra los derechos humanos", declara, añadiendo que este debe aglutinar "a la sociedad civil, a la administración pública a políticos y a medios de comunicación". A estos últimos, precisamente, han hecho un llamamiento especial a la "responsabilidad" que tienen a la hora de "divulgar o no mensajes de odio". "Queremos que este pacto social se convierta en un pacto de Estado y fortalecer la democracia en base a los derechos humanos", concluye Guerrero.

Aunque los participantes en la reunión también han pedido que "se aceleren" tanto la ley trans y LGTBI como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio", la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil, ha explicado que el objetivo principal era crear una mesa operativa conjunta para elaborar un documento de base social contra los delitos de odio y la discriminación.

Tienen como propósito reunirse cada seis meses y tener el documento definido para la próxima reunión. Tras esto, el objetivo es crear una mesa promotora para seguir captando asociaciones, que aún creen que "faltan" muchas. "No debemos dormirnos ante el auge de odio en las calles y también en las instituciones", ha declarado Sangil.

"Es por esto que estimamos importante esta unión, ya que afecta a toda la sociedad. Pretendemos aglutinar a colectivos de gitanos, migrantes, personas sin hogar, con discapacidad, gente de fe religiosa diferente a la imperante en España y del resto de la sociedad", declara.

En la reunión han estado presentes la fundación Triángulo, ONCE, el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano, Red ACOGE, la coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Hogar Sí, LGTBI+, CCOO, UGT, el Consejo de la Juventud de España, la dirección general de diversidad sexual, la dirección general de Igualdad de Trato y diversidad étnico racial —dependientes del Ministerio de Igualdad—, la oficina de delitos odio del Ministerio del Interior, equo, Más País, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE.

Por otro lado, la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, ha afirmado que apoyarán todas las iniciativas que se pongan en marcha para luchar contra los discursos de odio y ha indicado que "en breve" se pondrá en marcha la consulta pública de la Ley contra el Racismo, "para que todas las organizaciones y sociedad puedan hacer sus aportaciones".

Por su parte, los sindicatos UTG y CCOO han advertido de la situación "dramática" de discriminación que sufren las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en el ámbito del empleo.

La adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Diana García, ha agradecido la iniciativa de este pacto social y ha manifestado su "preocupación" por la "normalización del discurso de odio" que "constituye una agresión directa".

Para el responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, "en el ámbito del empleo se vive una situación dramática", tanto las personas LGTBI como aquellas que sufren algún tipo de discriminación por otros motivos. En concreto, sobre las personas LGTBI, ha precisado que el 80% de las personas que han consultado tienen miedo a revelar su orientación sexual en el empleo y un 40% de personas trans reconocen haber sido rechazadas en una entrevista de trabajo.

También ha intervenido el vicepresidente de la fundación Triángulo, Raúl González, quien ha destacado la importancia de este "impulso coordinado" desde las organizaciones sociales para combatir la aporofobia, el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia; y Oliver Marcos, de CESIDA, quien ha subrayado que ya es necesario acabar con "40 años de discriminación, de delitos de odio, de insultos y de muchísimas barreras" a las personas con VIH.

Igualmente, Santiago Sanz, de Red Acoge, que trabaja con el colectivo de personas migrantes, ha destacado que este pacto es "una oportunidad brutal de luchar de manera coordinada" contra el odio y espera "que se traduzca en el impulso de iniciativas legislativas" y en "la lucha contra la impunidad que tienen los emisores de discursos de odio", algo que les "desgarra".

También ha insistido en la necesidad de ese impulso legislativo la directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna, quien ha mostrado su deseo de que este pacto social "inspire a las fuerzas políticas" en cuanto a la "capacidad de consenso".

En 1513, Nicolás Maquiavelo publica la obra El Príncipe, donde defiende que “en la actividad política, lo importante es alcanzar los fines que se proponen sin importar los medios para conseguirlos”. La razón de Estado se legitima así con el poder político quedando liberada para ejercer cualquier acción con carta blanca; pues se justifica a sí misma, ya que con ella se pretende el bien de la nación. El principal objetivo se basará fundamentalmente en crear un gran Estado, fuerte, capaz de repeler los ataques e intrusiones extranjeras y, por supuesto, para afianzar su soberanía, garantizando la seguridad de los ciudadanos (que no su felicidad). Para Maquiavelo, sólo en caso de que no sea posible lograr este fin último, a causa de que se corrompa el poder político o el príncipe (gobernador) se convierta en tirano, estará justificada la rebelión de las clases populares.

Ya en el siglo XVIII, David Hume examina las tesis del pacto social en que se basa el contractualismo: “Los hombres cambian su libertad natural por las leyes para obtener paz y orden; es decir, por seguridad”. Dadas estas premisas, el fundamento de la sumisión al Gobierno reside en el interés individual; es decir, en los beneficios que de ello se derivan para el individuo.

En una vuelta de tuerca más en el camino por lograr sociedades más democráticas cada vez más justas e igualitarias, Rousseau propone el contrato social como medio para defender a cada individuo de la posibilidad de ser avasallado por otros, no como un contrato al que el individuo haya de ser sumiso para que haya paz, limitado al principio de obediencia, puesto que entonces sería un contrato injusto, ya que trata de aparentar un acto de desigualdad como si fuese de igualdad. En su Contrato Social (1762) Rousseau propone el pacto que permitirá que la fuerza del conjunto no se vea como una amenaza, sino que sea la garantía de la libertad de cada individuo. Un pacto social sólo puede derivar de la voluntad general y ésta ha de coincidir con la voluntad de cada individuo. Es decir, en la medida en que cada individuo renuncia a su voluntad particular para querer por sí mismo el bien de todos, se hace que los individuos dependan de ese cuerpo social y no unos de otros; a su vez, este cuerpo social se constituye en una república legítima donde el único soberano es el pueblo. Todas las leyes son la expresión de la voluntad general y ésta ha de verse representada por el gobernante, por lo que no renunciamos a parte de nuestra libertad, sino que la invertimos para recogerla transformada en libertad social (seguridad). Por tanto, se hace imperativo que el gobernador rija el orden en la ciudad sin perder de vista los derechos y necesidades de los ciudadanos, así como sus obligaciones. Es el reflejo del empirismo en la concepción socio-política.

Se distinguen diversas aptitudes, sine qua non el pacto fracasaría, tanto en la comunidad social (benevolencia y Justicia ) como en el individuo (inteligencia y fuerza de voluntad).

En el contexto de la postverdad, la malentendida equidistancia, el eufemismo, la falacia o el desprecio de los datos objetivos, la consecuencia política más inmediata de la adulteración del lenguaje es la devaluación de la democracia. El liberalismo (fundamento político que defiende el interés y bienestar del individuo por encima del interés y bienestar económico del Estado, es decir, la microeconomía, o economía de todos; por encima de la macroeconomía o economía de las élites extractivas de una nación), se ha aplicado a los poderes económicos derivando en la vertiente del neoliberalismo thatcheriano o libre mercado, que sustituye la soberanía del pueblo por la dictadura de las corporaciones (lo percibimos cada vez que una eléctrica o una operadora de telefonía cambia unilateralmente las las condiciones del servicio contra lo que poco podemos hacer salvo perder la paciencia).

La renta básica

A estas alturas, los Estados, deberían estar ejecutando ya medidas como la renta básica garantizada. En su último trabajo, Renta Básica (Ed. Deusto. 2019), Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, plantea, entre otros aspectos, el de “la renta básica como subproducto del ataque neoliberal al Estado del bienestar” y descubre, entre otros datos de gran relevancia, en el capítulo VI que:

“[…] con una minúscula tasa del 0,1 por ciento sobre el volumen total de las transacciones [que se realizan en el mundo] se podría financiar sobradamente una renta básica universal en todos los países del planeta sin que ningún Estado tuviera que establecer ningún tipo de impuesto adicional.

Es verdad que se trata de cálculos brutos, de trazo grueso y una tasa así necesitaría un gran acuerdo internacional, una tecnología apropiada, mecanismos adecuados de liquidación y luego de reparto (porque no tendría sentido que la renta básica fuese igual en todos los países o incluso territorios …). Pero todos esos no son sino problemas técnicos que se pueden resolver con más o menos dificultad con los medios con los que hoy día disponemos. Lo importante es que no se puede afirmar que la financiación de una renta básica universal, ni siquiera a escala planetaria, sea imposible porque no hay recursos.” [Págs. 203 y 204]

El pasado 19 de febrero, en la Fundación Rafael del Pino tuvo lugar la presentación del libro del profesor Torres López. En la mesa de debate, lo acompañaban Francisco Javier Braña, también catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, y Juan Ramón Rallo, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín.

Ante la solvencia en la exposición de datos de los profesores Torres López y Braña sobre una renta básica posible y sostenible, el profesor Rallo reaccionaba a propósito de su financiación: “Estoy moralmente en contra de la renta básica porque es un atentado contra la libertad del individuo”. Cuando en el turno de intervenciones del público, le pregunté al profesor Rallo si también le parecían “un atentado contra la libertad del individuo” la Sanidad o la Educación publicas, me respondió que sí, pero que habíamos venido a hablar de la renta básica. Las preguntas acabaron pronto y apenas hubo debate, sospecho que más por la imposibilidad de acercar posturas que por falta de ganas.

Habiéndoles hablado aquí de lo que el contrato social significa, como pilar básico para la convivencia en democracia, los argumentos de Juan Ramón Rallo contra la renta básica me parecen la excusa de una parte privilegiada de la sociedad para escatimar al resto el mismo derecho a la seguridad que ellos disfrutan y supone la firma de un contrato social a dos velocidades que, de facto, liquida el concepto mismo de democracia.  Al salir de la Fundación Rafael del Pino comprendí que había cometido un error al dedicarle mi pregunta en lugar de preguntar al autor sobre los tipos posibles de renta básica; por suerte para mí, estos puntos están bien explicados en el libro en los capítulos II y IV, respectivamente. Les recomiendo la lectura del trabajo de Juan Torres López.

La empresa católica

Si atendemos al capital que el Estado español deja escapar por el sumidero al no fiscalizar la mayor empresa de este país, la Iglesia, entenderemos que la despreocupación por la distribución justa no es un fallo del sistema, sino el sistema en sí mismo. “La Iglesia es una empresa en rescate permanente”, afirma Ángel Munárriz, periodista de infoLibre, desde la solvencia de los datos en profundidad que ofrece en Iglesia S.A (Ed. Akal. 2019):

“Abortada criminalmente [la Segunda República] la Iglesia encontró por fin el perfecto acomodo en el Estado. Más que acomodo, simbiosis. […] Lo desveló Carrero Blanco siendo vicepresidente del Gobierno, en diciembre de 1972, y lo recogió al día siguiente el diario Pueblo: ” Desde 1939 —declaró Carrero— el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera”. [Pág. 38]

Más adelante, señala Munárriz, “no ha habido, por cierto, ningún responsable institucional que, como hiciera en su día Carrero Blanco —¡300.000 millones en 33 años!—, haya cuantificado el dinero entregado por el Estado a la Iglesia durante estas cuatro décadas. Ahí la dictadura fue más transparente que la democracia”. [Pág. 69]

Ninguna institución gubernamental fiscaliza el dinero público que va a parar a la Iglesia, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Gobierno contabilizan sus bienes, los cobros y beneficios que obtienen por la entrada a los templos o no pagar el IBI en sus propiedades; así como tampoco se fiscaliza el dinero que obtiene la empresa católica vía IRPF. De lo que sí tenemos conocimiento es de los acuerdos entre Iglesia y Estado para subir los porcentajes de beneficios por ley:

“La bomba cayó un viernes 22 de septiembre de 2006. La encargada de anunciar el acuerdo fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros. La asignación vía IRPF a la Iglesia pasaba del 0,5239 al 0,7, una subida de más del 33 por 100.” [Pág. 114]

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad no contabiliza los pingües beneficios de la Iglesia en esta competencia a raíz de las privatizaciones que han abierto a la empresa católica las puertas de este sector básico. Los datos que proporciona Ángel Munárriz arrojan mucha luz a este respecto: “Según Europa Laica, el dinero público anual destinado por las autonomías a las instituciones sanitarias de la Iglesia asciende a 900 millones de euros. La Santa Madre cuenta con 69 hospitales, 54 ambulatorios y 792 casas para ancianos, crónicos y discapacitados. El 27, 3 por 100 de las camas privadas están en sus manos. Los grupos hospitalarios gestionados por entidades eclesiales, beneficiarias destacadas de las privatizaciones del PP, facturan unos 4.000 millones al año.” [Pág. 139]  Y es que como diagnostica el propio Munárriz: “La Iglesia necesita un Estado pequeño para que el Estado necesite una gran Iglesia. […] Allí donde se enquista la Iglesia, el Estado relaja su autoexigencia. La Iglesia precariza así la educación pública, la asistencia social pública y la sanidad pública, y a costa de este vacío extiende sus redes. Es una carcoma para el Estado social”. [ibíd.]. Y cerrando ya el epígrafe una inquietante pregunta: “¿Y si se aprueba una ley de eutanasia contraria a los preceptos de la Iglesia? ¿Van a negarse a aplicarla los centros sanitarios católicos?” [Pág. 141]. Les recomiendo también la lectura de este trabajo que revela con b y con v, como ya se ha escrito en alguna reseña.

¿Cuál es el pacto y quién lo está pactando? Hay dinero, pero... No para la inversión y desarrollo de la soberanía popular, ni el bienestar social.

Papel mojado

Si tuviéramos que concretar a nivel práctico muy básico el significado de la palabra “seguridad” que garantiza el pacto social, además de en una Sanidad universal de calidad se materializaría en los artículos 35, 27, y 47 de la Constitución que garantizan el trabajo, la educación y la vivienda. Si nos centramos en el artículo 47 de la Constitución, fue a partir de 1990 cuando en España se jodió el Perú, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Como sintetiza el profesor Antonio-José Campesino Fernández en su blog, [se puede consultar aquí] los gobiernos de PSOE y PP optaron por el desequilibrio legalizando la especulación y la usura de una trazada y convirtiendo el derecho a la vivienda en papel constitucional mojado. Fue mediante dos reformas: La primera de PSOE, Ley 8/1990, sobre la Reforma del Régimen Urbanístico del Suelo y Valoraciones. La segunda, ya de lesividad difícilmente reversible, del PP, la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, y posterior Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes. Es decir, se comenzó reformando el régimen urbanístico del suelo en 1990 y, posteriormente, en 1998, llegó Aznar y su milagro español, Rodrigo Rato, que, como todo el mundo sabe, está en la cárcel y el artículo 47 de la Constitución se convirtió en una simple huella arqueológica, un fósil, que delata que alguna vez en la prehistoria de la nueva democracia, hubo buena intención en forjar y fortalecer la soberanía popular de la nación española.

La especulación —que funciona y vence sin convencer como una religión a base de usurpar el nombre a la Economía (esta del griego: 'Administración eficaz y razonable de los bienes de la casa', casa-nación)— tiene más que ver con la gestión y administración del mercado. Donde teníamos “producción-distribución-deuda”, ahora tenemos: “deuda- distribución-producción”.

“El presente tiene que confesarle al futuro que no puede devolverle lo que le debe”, advierte Yanis Varoufakis en Economía sin corbata. Conversaciones con mi hija. Ed. Destino. 2015

P.D.: El Partido Popular, nada más llegar a la Moncloa en 2011, se dispuso a echar por tierra el proyecto de energías renovables de José Luis Rodríguez Zapatero que iba a suponer ahorro a los bolsillos ciudadanos y desarrollo sostenible al país. Esto le cuesta hoy, de entrada, 291 millones de euros más intereses a España, que sólo puede negociar una rebaja y la demanda la impulsa el bufete que ha fichado a Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Rajoy que impulsó el desmantelamiento. Puede leerse en este trabajo del periodista Daniel Ríos en infoLibre.

En fin, ¡un juego! Aquí se trata de “marcar goles”, que diría Pablo Casado. ¿A quién? A nosotros. Poca broma. Nos vemos los días 28A y 26M.

La negociación del pacto educativo que pretende poner los cimientos de una ley que sustituya a la denostada LOMCE avanza a paso muy lento en el Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios que están participando en la subcomisión llevan más de un mes para ponerse de acuerdo en el primero de los quince puntos que tiene el guion, que es el relativo al diagnóstico y a los retos del sistema. Todavía no han abordado un tema clave, como es la financiación, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a reducir el porcentaje de PIB que dedica a educación este 2018. 

Precisamente que el Gobierno ponga encima de la mesa dinero "contante y sonante" es una condición "imprescindible, básica y fundamental" para que el PSOE esté en el hipotético acuerdo, según confirma su portavoz en materia educativa, María Luz Martínez Seijo (Valladolid, 1968). A su juicio, si el Ejecutivo no hace una propuesta seria de financiación el pacto "no tiene credibilidad ni sentido". Otro requisito para que su grupo esté en ese pacto es que proponga una nueva ley educativa, aunque asume que eso no ocurrirá en esta legislatura si no se aceleran las negociaciones. 

Martínez Seijo, que recibe a infoLibre en el Congreso de los Diputados, explica que, en el ámbito de las propuestas, su partido propone ampliar el número de plazas de 0-3 años y de Formación Profesional que se ofrecen en la red pública e insiste en que su formación no quiere una "concertación a la carta" en los niveles no obligatorios. También cree que es urgente recuperar el número de docentes que había antes de los recortes para que puedan atender al conjunto del alumnado en condiciones de "calidad y equidad". 

PREGUNTA. Tras un mes negociando siguen ustedes sin ponerse de acuerdo sobre el primero de los quince puntos del guion previsto. ¿Qué explica esta lentitud? ¿Están atascadas las negociaciones?

RESPUESTA. En este primer bloque –relativo al diagnóstico, los principios y retos del sistema educativo–está habiendo un debate intenso, largo y quizá demasiado exhaustivo porque se están abordando temas que luego volverán a ser tratados en los distintos bloques. Desde mi punto de vista el método tendría que ser más ágil y limitarnos a abordar las líneas generales, Pero el problema es que cada grupo parlamentario viene con propuestas que tienen que ir debatiéndose una a una, que se intentan negociar, que en algunos casos se votan y se aprueban o no se aprueban… Es cierto que se está prolongando mucho, pero también que se están marcando posiciones claramente definidas de los distintos grupos en cuanto a distintas propuestas.

P. Con esta perspectiva… ¿hay opciones reales de derogar la LOMCE en esta legislatura?

R. Podría haber una nueva ley si el trabajo de la subcomisión se acelera, se acaba en tiempo y se dan los condicionantes que algunos grupos hemos puesto encima de la mesa.

P. ¿A qué condicionantes se refiere?

R. El fundamental es el de la financiación porque en los últimos años ha habido un ataque sistemático a los recursos dedicados a financiar la educación y, en concreto, a la pública, que se ha traducido en penurias económicas, cierres de unidades, ratios elevadas, empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, imposibilidad de incrementar la oferta educativa adecuadamente, no atender a la diversidad de nuestro alumnado como éste requiere... La única manera de aportar algo al sistema es revertir esos recortes, que están marcados por la línea ideológica del PP; así como asumir el compromiso de que la educación en España es una prioridad y constituye el eje fundamental de desarrollo para nuestra sociedad. Para ello hacen falta unas garantías a través de la Presupuestos Generales del Estado pero también en el marco de la financiación autonómica, pues son las comunidades las que tienen la competencia de gestionar la educación.

P. Sin embargo, el partido que sustenta al Gobierno es el único que no ha puesto ninguna cifra económica para empezar a debatir. ¿Tiene sentido entonces seguir en la negociación?

R. Nosotros vamos a exigir esta financiación y esperamos que en los próximos días el PP y el Gobierno hagan una propuesta seria. Si no, esto no tiene ninguna credibilidad ni sentido. La comunidad educativa, en las múltiples reuniones que hemos mantenido, nos está reclamando esta cuestión de manera permanente. Para mejorar la educación de este país necesitamos modernizar y digitalizar nuestras aulas, mejorar la formación inicial y continua del profesorado, flexibilizar el currículum educativo, ampliar las plazas de 0-3 años y de Formación Profesional que se ofrecen en la red pública, abordar el problema del fracaso y el abandono escolar con programas preventivos y de refuerzo que atraigan a esos chavales que han dejado las aulas y que tienen derecho a volver al sistema… pero todas estas mejoras no se pueden abordar sin ese compromiso. Lo que no podemos hacer es hablar de lo que necesita el sistema educativo y lanzar un mensaje a la sociedad de que esto es posible cuando no lo es sin que haya una financiación. Para el PSOE es una condición imprescindible, básica y fundamental que haya dinero contante y sonante encima de la mesa para que una vez que se acuerden estas medidas puedan ser implementadas.

P. ¿Si esa condición no se da el PSOE se irá de la subcomisión?

R. Confío en que si el Gobierno tiene intención de llegar a un pacto educativo esté a la altura de las circunstancias y aporte una financiación. Si no, lo que nos estaría trasladando es que nos ha estado tomando el pelo durante todo este año a los grupos parlamentarios y a la sociedad en general haciendo creer que hay una voluntad de volver a la senda del consenso con la comunidad educativa que no es real. Esto, sin duda, tendría efectos sobre su credibilidad en materia educativa, que ya está muy mermada. Lo que vemos hasta ahora es que el Gobierno no ha hecho nada para que el pacto sea posible y el ministro de Educación ha utilizado la negociación para no actuar y dejar que la LOMCE siguiera su curso. Nosotros tenemos claro que sin financiación y sin un cambio de ley no puede haber pacto. Lo que estamos exigiendo es lo que nosotros mismos nos hemos exigido cuando hemos gobernado: una ley dialogada con la comunidad educativa, que contó con respaldo amplio de las fuerzas políticas y con un marco de financiación clarísimo que además fue acompañado por unos programas de cooperación territorial para complementar su implantación.

P. ¿Cuál es la propuesta económica del PSOE y dónde quiere invertir ese dinero?

R. Nosotros, siendo conscientes de la gran necesidad de inyección económica que requiere todo el Estado del bienestar, hemos hecho una propuesta muy realista que consiste en hacer un incremento progresivo de unos 1.500 millones de euros anuales entre lo que le corresponde al ministerio y a las comunidades autónomas con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB (ahora es del 3,6%). Las medidas se tienen que abordar dentro de un marco de consenso, aunque hay una serie de evidencias que requieren de actuaciones inmediatas. Entre ellas, recuperar el número de docentes para que puedan atender al conjunto del alumnado en condiciones de calidad y equidad, pues se han perdido 30.000 plazas por los recortes; crear 200.000 plazas de FP con ciclos formativos adaptados a los nuevos puestos de trabajo y que puedan dar salida a los jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo y del marco laboral; modernizar el sistema con nuevos métodos de trabajo que tienen que ser asumidos por el profesorado; potenciar la formación en lengua extranjera de nuestros alumnos con desdobles y a través de la enseñanza integrada; favorecer el modelo de escuela inclusiva para evitar unas tasas de fracaso escolar que están atascadas; regular adecuadamente la Educación Infantil de 0-3 años con una tendencia progresiva hacia la universalización y la gratuidad garantizada desde la escuela pública, pues no queremos una concertación a la carta en los niveles no obligatorios…

P. Usted anunció el pasado verano un "otoño calentito" con iniciativas que tenían "efectos perjudiciales" y cuya solución, dijo, no podía “esperar". Por ejemplo: los conciertos a colegios que segregan por sexo o el carácter evaluable de la asignatura de religión. Las iniciativas se registraron pero están paralizadas. ¿Por qué?

R. Las registramos porque entonces estaba paralizado todo el tema de la subcomisión, pero decidimos detenerlas para ser leales a las negociaciones ya que esas cuestiones están en el guion que vamos a abordar. No obstante, están ahí y se pueden activar en cualquier momento si esto se atasca. Cuando nos hemos sentado a negociar hemos sido serios. Digo esto porque, durante estos meses, el resto de grupos no han hecho lo mismo, pues han empezado a registrar iniciativas que sí han llegado a debatirse a pesar de que están dentro de lo que se va a abordar en el pacto. En concreto, las relativas al adoctrinamiento, la Alta Inspección Educativa, el MIR docente, los conciertos educativos… No sé a qué están jugando los grupos parlamentarios, desde luego, no a la lealtad de las negociaciones, pero allá cada uno con sus circunstancias.

P. ¿Son estas sus líneas rojas o todo es negociable?

R. Son nuestras posiciones y las mantenemos, claro. Por ejemplo, en relación a la programación de la oferta educativa, lo que no vamos a defender nunca es lo que defiende el PP, que es la libertad de elección del tipo de centro a demanda social. Respetamos la función y el trabajo que hacen los centros concertados, pero entendemos también que tienen una responsabilidad en el cumplimiento de los criterios de escolarización al igual que los centros públicos. Estamos radicalmente en contra del pago de cuotas, pues si un centro tiene un concierto tiene que garantizar la gratuidad. De no hacerlo, están excluyendo a cierto alumnado. Tampoco estamos de acuerdo con los cambios introducidos en la LOMCE, que prevé la posibilidad de ceder suelo público para construir centros concertados o crear zonas únicas de escolarización.

P. Una de las proposiciones incluía el blindaje a la oferta de plazas públicas y concertadas que decidan los gobiernos autonómicos. Sin embargo, en Aragón y la Comunitat Valenciana, donde gobierna su partido, los tribunales frenaron el recorte al número de aulas concertadas. ¿Mientras la LOMCE siga en vigor va a ser imposible que estos Ejecutivos cumplan con el compromiso de "reducir progresivamente los conciertos"?

R. Por eso decimos que se tiene que volver a un marco de racionalidad y por eso registramos esta proposición de ley porque creemos que las comunidades autónomas tienen que tener el control de sus recursos económicos. Hay que recordar que el PP había presentado previamente, en junio, otra iniciativa para ampliar lo que ya habían garantizado en la LOMCE a través de la petición de la libertad de elección de centro a demanda social, que supondría que cualquier familia que lo reclamara, en cualquier lugar de España, pudiera tener derecho a una plaza concertada. 

P. ¿Con qué partido está encontrando el PSOE más sintonía en la subcomisión?

R. Depende de cada punto que se aborde. Ha habido todo tipo de acuerdos, pues en la subcomisión la negociación es permanente. Nos hemos sentido a gusto con propuestas de ERC, de Unidos Podemos, de Ciudadanos… creo que no se puede hablar de bloques.

P. Se lo pregunto porque Unidos Podemos les acusa de haber ido "de la mano" del PP en la definición de qué mayorías requerirán las propuestas para ser aprobadas. 

R. Teniendo en cuenta nuestra experiencia de Gobierno y nuestra experiencia política por haber pasado más legislaturas en el Congreso, entendemos que si el objetivo es alcanzar un pacto de Estado para dar estabilidad al sistema educativo que tenga durabilidad tiene que tener unos consensos mayores que una mayoría simple. Si no, nos vamos a encontrar dentro de dos años con un nuevo escenario electoral que podría modificar todo el trabajo que se ha realizado durante un año en el Congreso. O le damos un carácter de seriedad o, francamente, ¿a qué estamos jugando? Entiendo que ellos tengan su estrategia política y me parece respetable, pero creo que una política de Estado como es la educación requiere unas mayorías más amplias para que lo que se está acordando ahora con mucho esfuerzo no pueda cambiar dentro de tres días. También es cierto que el escenario de la subcomisión tiene un hándicap importante, que es que no todos los grupos parlamentarios están participando. Por lo tanto, a veces el juego de las votaciones permite que haya propuestas que, si el PP no vota a favor, no salen. Pero eso no depende de la fórmula de los 3/5, sino de la falta de asistencia de determinados grupos parlamentarios.

P. ¿Qué grupos parlamentarios no están asistiendo?

R. A las sesiones estamos asistiendo los cuatro grandes [PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos] y ERC, que ha empezado a asistir aunque no siempre participa en las votaciones. Falta el PNV, el PdeCat, el Grupo Mixto… Nosotros buscamos un encaje que no permitiera al PP tener el poder de veto, pero eso exige una seriedad en la asistencia por parte de todos que no existe. A nosotros no nos pueden recriminar el haber buscado un encaje para eliminar el poder de veto del PP, con el que no estábamos de acuerdo, pero con el que se garantiza una mayoría suficiente para que esto no pueda cambiar de un día para otro. 

P. ¿Le preocupa que España sea el sexto país de la UE con mayor segregación en las aulas por motivos socioeconómicos?

R. Me parece muy grave, especialmente porque el sistema educativo español siempre había sobresalido en el criterio de equidad. De la segregación social apenas se habla. En España tenemos cada vez más diferencias socioeconómicas y eso se traduce en las escuelas. Ese informe pone de manifiesto que es una realidad todo aquello que el PSOE viene denunciando en los últimos años respecto a la LOMCE y la política del tijeretazo en materia educativa. Ese informe también reveló que Madrid es la comunidad en la que hay más segregación por nivel socioeconómico, lo que es consecuencia de unas políticas que siempre hemos denunciado que serían demoledoras.

P. ¿Cómo se contrarresta esta situación?

R. Nosotros hemos defendido siempre las políticas de equidad e igualdad, que la política de becas ha sido básica para todos y que la escuela tiene que ser garantía del ascensor social. Un alumno, en el momento en el que entra en un centro, tiene que tener garantizada la atención a la diversidad, independientemente de la que sea; contar con profesores de apoyo si los necesita; con becas de comedor y para el material escolar... Y eso pasa por unas políticas de inclusión efectivas y realistas. También es imprescindible que ningún alumno pueda quedarse fuera de un centro porque le exijan una cuota, como ocurre en ciertos concertados.

P. ¿Por qué el PSOE defiende una medida que premia igual a ricos y pobres, sin progresividad, como es la gratuidad de la primera matrícula para todos los alumnos de las universidades públicas?

R. La medida supone la ampliación de un derecho, como ya existe en la sanidad, donde el derecho a la asistencia es independiente de la renta. Además, sólo se va a implantar en las universidades públicas y exige que el alumnado apruebe, pues solo será gratuita la primera matrícula. Esta propuesta la enmarcamos dentro de nuestra voluntad de avanzar hacia el modelo de sociedad que queremos, basada en el conocimiento, más desarrollada y preparada… y en el que la educación integral sea el eje principal.

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, representante de más de 100 asociaciones de familiares del franquismo y de la memoria histórica, ha emitido un comunicado solicitando a los candidatos de todos los partidos a presidir el próximo Gobierno de España una entrevista con el fin de afrontar una solución a lo que entienden como "indefensión y desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares".

Según expone la plataforma, España continúa hoy siendo una excepción dentro de Europa en esta materia. Es más, las asociaciones recuerdan que "se ha retrocedido de manera injustificada dejando sin efecto y sin presupuesto la ley de memoria histórica". Un precepto que, aunque el colectivo cree "insuficiente" a pesar de sus avances, permite, por ejemplo, la retirada de la laureada franquista situada en el friso del Palacio de Navarra (en la foto). Un proyecto que el Gobierno autonómico de Uxue Barkos ya ha incluido en el anteproyecto de presupuestos generales para 2016.

El escrito, que ha sido elaborado en segunda persona con el objeto de dirigirse de forma directa a los candidatos al 20-D, describe la situación que actualmente impera en España en materia de desapariciones forzosas. "Todavía hay más de 150.000 víctimas esperando un reconocimiento como tales y una solución por parte del Estado democrático". Al tiempo que recuerdan las 2.381 fosas comunes "desperdigadas por la geografía española" sin exhumar, o los miles de casos de niños robados durante la dictadura que "no han tenido una respuesta adecuada del Estado".

Asimismo, la plataforma advierte del incumplimiento por parte del Gobierno de España de los informes emitidos por Naciones Unidas en los que señala como "urgente" la la búsqueda de la verdad y, en particular, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas".  Según afirman, estas resoluciones de la ONU son "una oportunidad única" para establecer un acuerdo político y social que desemboque en un "verdadero pacto de Estado que aborde una solución para las familias víctimas de los crímenes del franquismo".

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Plataforma por la Comisión de la Verdad pone encima de la mesa propuestas concretas como la constitución de una "Comisión de la Verdad que emane de las Cortes, tal y como plantean los tres informes de la ONU". Según ellos no habría justificación posible a una nueva negativa del Gobierno y las instituciones a la "tragedia humanitaria que afecta a cientos de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad".

Las víctimas del franquismo quieren concluir con una mención al espíritu de la transición, que sí parecen defender algunos de los partidos mayoritarios, para así hacerles ver la injusticia que ellos claman: "Sería trágico y contrario a la Constitución, a la democracia y a la transición que tento se reinvindica, que se institucionalizasen dos tipos de víctimas en España: unas con todos los derechos y el reconocimiento que merecen y otras abandonadas a su suerte y sin ningún derecho".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pide paciencia a los españoles, pero CCOO y UGT le responden que el paro apremia. "No podemos esperar que el empleo nos caiga del cielo en 2019", ha advertido el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo en referencia a la fecha en que, según las últimas previsiones del Gobierno, el desempleo habrá bajado al 15% desde el 27% de la última EPA. "Convoque urgentemente a la sociedad española, es ahora cuando la gente está en paro y tiene necesidades", ha instado a Rajoy, a quien tanto Fernández Toxo como el líder de UGT, Cándido Méndez, vuelven a reclamar un gran pacto nacional para salir de la crisis. "Cambio de políticas", ha resumido, "o cambio de gobierno".

Los discursos de ambos dirigentes sindicales han puesto punto final a la manifestación que, con motivo del Primero de Mayo, reunió a unas 50.000 personas, según el cálculo de UGT y CCOO, en el centro de Madrid. En Cataluña, dijo Fernández Toxo, han salido a la calle 180.000 ciudadanos y otros 90.000 en la Comunidad Valencia. Los sindicatos habían convocado más de 80 movilizaciones en todo el país. Entre los congregados se vio al secretario de Organización del PSOE, Óscar López; al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, y al secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez.  

En la rueda de prensa previa a la manifestación, Méndez y Toxo conminaron al Gobierno a “liderar” el proceso que conduzca al pacto, al tiempo que se ofrecieron a aportar la “cuota de compromiso” que les corresponda para alcanzarlo. Los dos sindicatos ya le han pedido a Mariano Rajoy una reunión urgente, a la que también acudirá la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Bernadette Ségol. Según recalcaron, la situación es de “emergencia nacional”, como demuestran los 6,2 millones de parados. Por lo que Rajoy debería haber aprovechado ya la ocasión que le brindó el último Consejo de Ministros para convocar a la sociedad en la búsqueda de un gran “compromiso nacional”.

Otra política

Fernández Toxo recordó los Pactos de Moncloa, y aunque precisó que las circunstancias ahora son distintas, sí reclamó para el momento actual la “generosidad” que impregnó entonces a partidos y organizaciones. Eso sí, Cándido Méndez dejó claro que el pacto no debe traducirse en una “adhesión inquebrantable a las políticas del Gobierno”. Un Ejecutivo que tachó de “paralizado e irresponsable” y que, como subrayó también Fernández Toxo, ha “incumplido todas sus promesas electorales y gobierna vía decreto sin escuchar al Parlamento”.

De hecho, en los discursos de ambos líderes han sido constantes las llamadas a Rajoy para que cambie su política económica y sitúe su prioridad en el empleo. “El paro no es una maldición bíblica”, aseguró el responsable de CCOO, sino “el resultado” de unas políticas que no hacen sino demostrar su “fracaso” en los 6,2 millones de parados, los casi dos millones de hogares sin ingresos, los 3,2 millones de desempleados sin prestación ni subsidio o el 57% de jóvenes sin trabajo.

Desde la tribuna, Méndez y Toxo hicieron recuento de las “alternativas” posibles, desde un plan de choque para el empleo y la creación de una renta mínima para quienes no cobran prestaciones, hasta un plan de inversiones públicas, una reforma fiscal, un plan de viviendas sociales y rehabilitación urbana, el desarrollo de la dependencia, el uso de la banca nacionalizada para dar crédito a las pymes… Prácticamente el reverso de las políticas de reducción del déficit que el Gobierno ya ha declarado que no va abandonar.

Fortaleza frente a resignación

“Pero no sólo vamos a hacer sindicalismo forense”, explicó Fernández Toxo. Sino que, como dijo luego Cándido Méndez, frente a la “erosión moral” de la sociedad española, los sindicatos se ofrecieron a insuflar “fortaleza moral” a los ciudadanos frente a la "resignación" que, dicen, pide el Gobierno. La que necesitan Emilio y Teresa, técnico informático él, funcionaria jubilada de la Seguridad Social ella, a los que les faltan dedos para contar los motivos por los que han salido a la calle: “Los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, la subida de impuestos, los sueldos cada vez más bajos, los precios cada vez más altos, los políticos corruptos y desconectados de la sociedad que nos toman por tontos, la troika, las pensiones…”.

O el futuro que reclaman Laura y Raquel, ambas de 18 años y aún en Bachillerato, que fueron a preguntar en la universidad pública para elegir carrera y les respondieron que los recortes y la falta de medios la están “hundiendo”: “En Biológicas nos dijeron que no tienen ni guantes nuevos para hacer las prácticas”.

“No podemos ser pacientes”, le reprochó a Mariano Rajoy el responsable de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, que abrió los discursos en la Puerta del Sol. “Entiendo”, explicó, “que pueda ser paciente Alfredo Sáenz, con sus 88 millones de euros de pensión, o los Botín, con su dinero en paraísos fiscales, o Luis Bárcenas o los donantes del PP o los dirigentes del PP con sus sobres, pero no pueden serlo el parado que se va a quedar sin prestación o quienes están a punto de ser desahuciados”. Menos aún lo fue el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, quien a continuación exigió la dimisión de Mariano Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas.