INFLACIÓN

La brecha entre inflación y salarios se contiene en el País Vasco y se dispara en Castilla-La Mancha

Concentración de CCOO y UGT para exigir una revalorización salarial frente a la sede de la CCEOE, el 6 de julio de 2022

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística ha constatado el dato preliminar que publicó hace unas semanas: los precios han subido en España de media un 10,8%, respecto a julio del año pasado. De momento, la media de la subida de precios de los primeros siete meses del año es del 8,8%. Los sueldos no han acompañado. Hasta julio, la variación salarial pactada en los convenios es, hasta julio, del 2,56%, lo que crea una brecha entre aumento de precios y salarios de 6,24 puntos, una distancia sin precedentes desde que hay registros. A su vez el organismo ha difundido el dato de las comunidades autónomas, donde se constata que este impacto afecta de manera muy desigual.

La región que mejor ha amortiguado el golpe ha sido el País Vasco. La fuerte revalorización de los salarios, del 5%, ha estado impulsada por los convenios colectivos sectoriales como, por ejemplo, el del Metal de Gipuzkoa o el de la Construcción de Bizkaia, ambos del 6,5%. Estas revalorizaciones han provisto a los trabajadores vascos de un colchón para hacer frente a una inflación, que en julio ha alcanzado el 10,5%. La media anual de la subida de precios en el País Vasco se queda, de momento, en el 8,44%, lo que deja la brecha entre salarios y precios en 3,44 puntos, la menor del país.

Por el lado opuesto se encuentra Castilla-La Mancha, que es la región más afectada por las subidas de precios. En julio presenta un IPC interanual disparado, del 13,2%, que alcanza el 13,7% en Toledo. La subida de precios viene impulsada principalmente por los precios de la vivienda, que han aumentado un 34,1% respecto a julio de 2021. Le sigue el aumento en transporte (16,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (14,6%). Estos tres índices en la media nacional tienen un menor impacto interanual, concretamente del 23%, 16,2% y 13,5% respectivamente. Los sueldos no han acompañado a los castellanomanchegos y de hecho, pese que es donde más están subiendo los precios, de momento las revalorizaciones están entre las más bajas del país, del 1,99%. Solo queda por detrás de Ceuta, Melilla (ambas 1,82%) y Aragón (1,76%). Unos sueldos que suben un 1,99% y unos precios que lo hacen un 10,69% deja una brecha inédita de 8,70 puntos. Es decir, los precios castellanosmanchegos han crecido 2,24 puntos más que los vascos, y sin embargo sus sueldos han subido 3,01 puntos menos.

La siguiente comunidad peor parada es Castilla y León, con una inflación media en los primeros siete meses de 2022 del 9,90% y un crecimiento de sueldos del 2,19%. La brecha se queda en 7,71 puntos. En este caso el dato acusa especialmente en León, otra provincia que, como Toledo, ha padecido en julio un insólito incremento de precios del 13,7% interanual. 

Una brecha histórica que anticipa un otoño agitado

La distancia entre el crecimiento de los sueldos y los salarios no tiene un precedente similar desde que hay registros, en el año 2000. Hasta ahora, los años en los trabajadores habían perdido más poder adquisitivo fue entre 2011 y 2013. En esos tres años, la brecha anual fue de 0,91, 1,24 y 0,87 respectivamente. En lo que llevamos de 2022 es de 6,24, que supone cinco puntos más en comparación con el pico máximo de 2012

Todavía queda el margen en el último cuatrimestre del año. Un pacto de rentas podría cerrar al menos parte de la enorme brecha que se ha abierto entre los precios y los salarios. La patronal CEOE ya ha pedido no aumentar los sueldos para evitar una espiral inflacionista y "evitar efectos de segunda ronda". Es decir, que los salarios hagan aumentar los costes de las empresas y que estos se vean forzados a subir los precios.

La respuesta de los sindicatos mayoritarios es contundente: “Salario o conflicto”. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó el 7 de julio en el programa de Antena 3 Espejo Público que un pacto de rentas en otoño "es posible": "No vamos a firmar convenios si no es en unas condiciones que garanticen el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. En el mes de octubre, como muy tarde, vamos a coordinar todos los sectores que están en este momento negociando convenios, vamos a coordinar todas las huelgas de los diferentes sectores”, expresó el sindicalista.

Como publicó infoLibre en enero, en la actualidad solo el 15,8% de los convenios (específicamente, 426) cuentan con una cláusula de revisión salarial. Son cifras que quedan lejos del 34,1% que sí la incluían en 2011. Esto hace que sea necesaria una intermediación de la representación sindical para tratar de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con el avance de los precios. El Gobierno defiende por resucitar el pacto de rentas. En este sentido, a principios de julio la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, expresó que veía a sindicatos y patronal "abiertos a trabajar" para llegar a un acuerdo.

El otro frente de batalla lo lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que defenderá en otoño otra subida del salario mínimo interprofesional en 2023, con el objetivo de alcanzar el 60% de la retribución media del país. La cuantía retributiva mínima no ha dejado de subir desde que se compuso el Gobierno de coalición, pasando de 735,9 euros a 900 en 2019, y luego a 950 (2020), 965 (2021) hasta los 1.000 euros de este año. No obstante, las altas tasas de inflación están horadando este aumento del poder adquisitivo de las rentas más bajas.

Por otra parte, iniciativas como la reforma laboral o el ingreso mínimo vital han conseguido crear una amortiguación en las capas más vulnerables. En el último año, más de un millón de trabajadores han entrado en el mercado laboral con un contrato indefinido bajo el brazo. A finales de julio, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer que el número de parados ha caído por debajo de la barrera de los tres millones por primera vez desde 2008. No obstante, la tasa de paro continúa en el 12,4% y sigue sin conseguir acercarse a la media europea, que actualmente es del 7,6%. La precariedad y la economía sumergida siguen instaladas en la estructura productiva española y mantienen a millones de personas vulnerables ante unos precios que siguen desbocados.

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