La estrategia del PP

El discurso imposible del PP: admite que Sánchez no puede manipular las elecciones pero insinúa que lo intentará

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escucha al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un acto en Madrid.

El PP lleva desde el lunes intentando sembrar la idea de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando pasos para manipular las próximas elecciones generales. Aunque cuando se les pregunta, sus dirigentes reconocen ser perfectamente conscientes de que no está en su mano tal posibilidad.

En los últimos tres días la dirección de Alberto Núñez Feijóo ha recuperado uno de los temas favoritos del anterior presidente del partido, Pablo Casado, que desde el inicio de la legislatura nutrió gran parte de su discurso con la acusación de que Sánchez estaba intentando “ocupar las instituciones” para hacerse con todo el poder. La presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace a menudo la misma referencia y acusa a Sánchez de “autoritarismo”.

“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, Indra recuenta los votos” y el presidente quiere controlar las tres instituciones, acusó el lunes Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP insinuando que la “voluntad de Sánchez” es manipular las elecciones. “El presidente Sánchez no sabe perder; reacciona mal cuando pierde”, remarcó. 

Y eso que, como reconoció a continuación en respuesta a un periodista, sabe perfectamente que el escrutinio electoral no depende de ninguna de estas entidades sino de la Junta Electoral y es un procedimiento transparente que se lleva a cabo bajo la supervisión y con el visto bueno de todos los partidos.

“Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, merece respeto y se puede confiar con los ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlarlos”, insistió.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió este martes a cuestionar al presidente. “Nos preguntamos para qué” quiere Sánchez controlar Indra [la empresa que hace el recuento provisional de la noche electoral y que no tiene nada que ver con el escrutinio oficial], que“tiene una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales”. Una pregunta que el PP se hace, reconoció, a pesar de que conoce “perfectamente cómo se cuentan los votos”.

Las sospechas sobre supuestas intenciones oscuras del Gobierno a la hora de influir en la composición del consejo de administración de esta empresa, a lo que tiene derecho porque se trata de una multinacional participada mayoritariamente por el Estado que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y servicios financieros a sociedades privadas y al sector público, se suman a las que el PP lleva tiempo intentando trasladar a la opinión pública sobre decisiones y nombramientos que también son competencia del Ejecutivo pero que el partido de Feijóo discute etiquetándolas como un intento de “asalto a las instituciones”.

Una ofensiva que, según la dirección del PP, “se ha acentuado desde el varapalo electoral” sufrido por el PSOE en las elecciones andaluzas y que, asegura Feijóo, no es sino una “huída hacia adelante”. Sánchez, dijo el lunes en una acto en el diario La Razón, “quiere ejercer la nueva versión de ‘el Estado soy yo” mediante “la manipulación sistemática y grosera de los organismos del Estado”. 

Según el líder de la oposición, “el presidente intenta controlar férreamente”, “distorsionar” e “inmiscuirse” en entidades “que deben de tener un funcionamiento independiente”. Feijóo discute así el derecho que las leyes otorgan al Gobierno y a su presidente para nombrar al Fiscal General del Estado, al presidente del CIS y al director del CNI, así como a influir, como principal accionista, en el consejo de administración de empresas estratégicas como Indra. 

Desmontar el TC

Un caso paradigmático es la presidencia del INE. El PP discute que el Gobierno vaya a nombrar al presidente de este instituto público, que fue nombrado por el mismo Ejecutivo en 2018 en uso de las atribuciones que marca la ley. Como también lo es que el Gobierno quiera nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional —una facultad prevista en las leyes y a la que tiene derecho una vez caducado el mandato de dos de sus miembros—. A Feijóo le parece un “grave” intento de “desmontar la independencia del TC”, “pervirtiendo así la democracia”.

El PP, que no habla de los tres años que lleva ocupando el Consejo General del Poder Judicial una mayoría conservadora caducada nombrada en la época de Mariano Rajoy, sabe que con esos nombramientos el Gobierno no controlará el TC sino que aplicará la ley que le obliga a designar a dos nuevos miembros, como reconoció González Pons cuando fue interpelado al respecto. “El Gobierno está en su derecho de nombrar sus magistrados como lo han hecho todos los gobiernos”, admitió el lunes, pero que quiera hacerlo mediante una reforma legal en el Congreso para desligar el procedimiento del actual bloqueo del CGPJ, decretado por el PP, le hace “sospechar que detrás de eso hay una maniobra de control”, añadió.

El argumentario de la dirección del PP de esta semana pasa por la denuncia de un supuesto “asalto a las instituciones” que no hace sino recuperar el discurso de Pablo Casado cuando llamaba a “defender la libertad” en España “como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida”, comparando la situación de nuestro país con la que viven Cuba y Venezuela. “Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España”, proclamaba en diciembre de 2020. 

La "ingeniería social"

Casado pintaba ya entonces un panorama desolador de la situación. “Por primera vez”, aseguraba sombrío, “España corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea, sino el resultado de la ingeniería social de un Gobierno” que quiere “ocupar los órganos reguladores y el Poder Judicial” y “atacar la libertad educativa, el español, la libertad de expresión, la prensa, la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho”. “El Gobierno ha avanzado en el que parece ser su único objetivo: debilitar tanto a las instituciones que sólo quede como referencia el poder de un presidente que, además, es el que menor apoyo popular ha tenido de toda la historia democrática de España”.

Estos días el equipo de Feijóo no escatima adjetivos para tratar de describir las decisiones que toma el Gobierno. “La vocación de control de las instituciones del Estado del Gobierno de Sánchez es salvaje”, dijo González Pons. Se está produciendo una “escalada preocupante en el asalto a las instituciones”, añadió Gamarra.

Una opinión que coincide punto por punto con la que defiende Vox, aunque los ultras creen que el PP también es responsable de esa supuesta ocupación. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros también habló este martes de “asalto al poder” y su grupo no desaprovecha ninguna oportunidad para calificar a Sánchez de “autócrata”.

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