Hace varias semanas acompañé a Miguelito a servicios sociales porque tenía miedo de que no le atendieran. Al día siguiente tenía un desahucio y no quería quedarse en la calle. Llegamos a primera hora y esperamos un buen rato porque la trabajadora social estaba desayunando o, al menos, eso fue lo que nos dijo la recepcionista. Mientras esperábamos, hablamos con las personas que llegaban, algunas conocidas del barrio, y otras recién llegadas a aquel nuevo mundo. Hablaban de sus vidas, de sus países de origen, de cuándo llegaron, de cómo hablar con la trabajadora social, y se reían recreando aquel desayuno que no acababa. 

Era mi primera vez en aquel centro de servicios sociales de Hospitalet de Llobregat, y la sala de espera me tenía absorto. Era un cuarto pequeño, escondido del pasillo por el que entraban y salían las trabajadoras sociales, en un semisótano por el que entraba una bonita luz de invierno. Las paredes amarillas y pálidas estaban pintadas de arriba a abajo con lápices de colores. Los y las autoras de aquellos garabatos, entre los que destacaba un sol amarillo, un corazón roto rojo, y un claro FUCK U azul, parecían ser los niños y las niñas que, resignados, tenían que esperar a que sus familias resolvieran lo que las había llevado hasta allí. 

Me los imaginaba subiéndose a la mesa, a las sillas y a los muretes para pintar cada vez más alto, mientras los adultos esperaban y las trabajadoras sociales no se atrevían a decir nada. Porque, ¿cómo decirle a un niño o una niña que deje de pintar, si no tienes nada más que ofrecerle que tres noches en un albergue de mala muerte cuando pierdan su casa?

Llegó la trabajadora social y se dispuso a atender a Miguelito, pero cuando quisimos entrar con él a la sala, nos dijo que tenía que hablarlo con la directora. A los pocos minutos la directora se acercó a nosotros visiblemente cabreada y nos comunicó que no podíamos entrar. Protesté, pero repetía que eran las normas del centro, que las personas usuarias debían entrar solas y que tenía asuntos más urgentes que atender. Como abogado, pensé que era ilegal y que no debían tenerlo recogido por escrito. Luego pensé que era normal: hay cosas que no pueden decirse con testigos delante. 

Miguelito salió de la sala optimista, siempre lo hace, incluso cuando casi muere por el Covid, o cuando fue consciente de que no podría volver a trabajar de lampista por las secuelas persistentes. La realidad es que solo había conseguido un informe de vulnerabilidad. En el caso de que al día siguiente lo desalojaran de su casa, junto a su mujer y el hijo de esta, los servicios sociales no le podían ofrecer ninguna alternativa. 

Afortunadamente, aquel informe de vulnerabilidad, junto al escrito que la abogada de oficio presentó ante el Juzgado, consiguió suspender el desahucio de Miguelito. Después de unos meses quizás vuelva a tener una nueva fecha programada para el desalojo. Será entonces el turno de regresar a aquella sala a esperar, a ver si, por casualidad, de pronto hay alguna alternativa, alguna solución. 

Durante semanas mi imaginación ha vuelto a esa sala de espera, con la sensación de que, entre aquellos garabatos infantiles, podía esconderse algún mensaje escrito en tiza en la pared. Hasta que entendí que, como casi todo, solo era una metáfora de estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir. 

Como dicen mis compañeras de la Red Global de Abogades de Movimientos Sociales, ahora mismo en el mundo solo hay dos formas de gobernar la crisis del sistema capitalista: la versión autoritaria que responde a la crisis a través de la represión, o los gobiernos moderados que gestionan la misma de forma social. O, mejor dicho, como en servicios sociales: con normas no escritas, con listas de espera, sin poder impugnar el reparto desigual de la riqueza, con insuficiencia de recursos, y con niños y niñas que, a la espera de una solución real que transforme sus vidas, pintan con garabatos las paredes y muros digitales con soles amarillos, corazones rojos rotos, y un claro FUCK U azul.

¿Ustedes también ven de entre los garabatos una especie de casa o de elefante que se repite? A mí me parecen los velos, las kufiyas, y las capuchas coloridas de una generación de niños y niñas que hoy sufren el autoritarismo y la gestión social de una crisis estructural, y que mañana formarán una fuerza democrática y revolucionaria que dirá alto y claro FUCK U.

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Miguel Ruiz Díaz-Reixa es abogado y técnico de Vivienda y Ciudad del Observatorio DESCA y miembro de la Red Global de Abogadxs de Movimientos Sociales. 

Vamos a intentar no dar ningún nombre propio más, vamos a señalar un ecosistema político-mediático que se reproduce aunque cambien las caras. 

Mamdani, a quien los republicanos consideran casi un comunista o un liberal empedernido y algunos demócratas lo consideran demasiado izquierdista, gana porque habla de cosas muy concretas y ha prometido grandes cambios: alquileres asequibles, guarderías gratuitas, transporte gratuito, sanidad para todos, apoyo a los migrantes, mejorar el tiempo de vida de los trabajadores, de salarios dignos...

No dice “ellos son malos”, dice: “Mientras ellos hablan de banderas, tú pagas 900 dólares por una habitación”. Y así, muchas, muchas cosas más, porque todo esto desarma mucho más que los insultos. No hace falta "acabar con nadie". Hace falta hacer irrelevantes ciertos discursos porque ya no explican la vida de la gente. Eso es mucho más eficaz, mucho más duradero y, además, no convierte al adversario en mártir. Si atacamos solo a las figuras, el sistema se defiende regenerándolas, uno se va y aparece otro igual o peor. Mientras tanto, nos azuzan con banderas que lucen en sus muñecas y balcones, con okupas imaginarios, con la ETA y otras nostalgias varias. 

Ahora trabajar no garantiza que se pueda vivir con dignidad, alquilar se ha convertido en ruleta rusa, enfermar cuesta tiempo, dinero y dignidad.

No es un fallo del sistema, el problema no es que falte mérito, es que sobran otras cosas y no vivimos peor porque la gente se esfuerce menos, vivimos peor porque una minoría especula y se aprovecha de todo para beneficio propio: se aprovecha de la vivienda, de la salud, del trabajo, de la energía, de los cuidados, del tiempo de ocio...

Nos intentan engañar señalando como culpables a los que llegan muy justos a fin de mes o a los que vienen de otros países a buscarse la vida. Pero habría que señalar al que cobra sin producir, al que vive de rentas, al que no paga salarios dignos, al que manda sin rendir cuentas y se victimiza desde arriba, al que defrauda, al que miente... 

El “ellos contra nosotros” es un negocio antiguo y la propuesta que solucionaría esto es peligrosa para los poderosos: "Que la gente distinta pero con problemas comunes se una". Quienes trabajan, los que cuidan, los que viven de alquiler, o esperan cita médica, los que a pesar de tener poco declaran a Hacienda, los honrados,... Todos estos ya están en el mismo bando, aunque voten distinto. 

Lo que necesitamos son: Barrios organizados y politizados, servicios públicos fuertes, sindicatos vivos, instituciones que no pidan perdón por intervenir o denunciar cuando es preciso, empresarios ocupados de sus trabajadores, pelear en las redes sociales, medios alternativos con narrativa potente, etc.

No hace falta odiar a nadie, hace falta cambiar las ideas que parecen mandar. Cuando la política vuelve a la vida real, muchos discursos se quedan sin oxígeno y entonces, simplemente, dejan de importar. 

No nos debe molestar que a alguien le vaya bien en la vida, lo que nos debe molestar es que algunos se forren haciendo trampas, defraudando, especulando o viviendo de contratos públicos sin control. Cuando el beneficio privado depende del sufrimiento ajeno, deja de ser negocio y pasa a ser un abuso.

El fraude fiscal no es una picaresca simpática. Eso significa: menos médicos, menos profesores, menos cuidados, menos de muchas cosas... Defraudar es quitarle tiempo de vida a la gente que sí cumple. Y mientras tanto, en la cumbre del mérito de alguna Comunidad Autónoma, el amor florece entre cheques, concesiones y sonrisas institucionales. Nada simboliza mejor la “libertad” que un presidente o una presidenta enamorada del sector privado y un empresario o empresaria profundamente comprometido con lo público, sobre todo cuando lo público factura. No, no es una historia personal, es una metáfora. 

Pero cuando el poder gobierna para los suyos, hasta el romanticismo acaba saliendo a concurso. Y con todo este jaleo, los partidos de izquierdas siguen a lo suyo, cada uno por su lado, siguen los malos rollos y los vetos cruzados. 

Yo ya soñaba –dada mi edad– que no vería de nuevo a ningún fascista en el poder, pero no sé... Tengo intención de vivir unos cuantos años todavía y por lo tanto, según están las cosas, ese sueño parece que va a ser difícil que se cumpla. Pero resulta que puede ser que la esperanza haya vuelto y, desde el otro lado del Atlántico, hay alguien que nos está enseñando el camino.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Dos capitales españolas, Barcelona y Bilbao, alcanzan la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, y otras dos, Badajoz y Toledo, se quedan en “pobres” en este ámbito, según el último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El estudio, publicado este martes, analiza, por undécimo año consecutivo, los presupuestos que los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España dedican a la partida de Servicios Sociales y Promoción Social, según datos correspondientes al Presupuesto liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos.

“Los datos vuelen a reflejar claramente la enorme desigualdad de la inversión en servicios sociales —también entre capitales de provincia— reforzando la teoría de que el código postal es determinante en la inversión y en los derechos sociales que reciben los ciudadanos, en contraposición a los principios de universalidad y equidad que debieran operar sistemáticamente en el Sistema Público”, señala la asociación en una nota de prensa.

Para ser considerados "excelentes" en este ámbito, Barcelona, Bilbao y otras 27 ciudades de al menos 20.000 habitantes presupuestaron más de 200 euros por habitante ese año, mientras que Badajoz, Toledo y otros 45 municipios consignaron menos de 63,89 euros (que es el 60% de la mediana de gasto del conjunto de esos ayuntamientos, que se situó en 106,48 euros por habitante).

Por comunidades autónomas, las que agrupan municipios con menor gasto por habitante son Madrid (58,11 euros), Extremadura (64,89 euros) Cantabria (69,57 euros) y Murcia (81,70 euros). En contraposición, los municipios vascos llegan a los 164 euros y Andalucía a los 163 euros por habitante.

Además, se han tenido en cuenta otros criterios, entre ellos que el Gasto en Servicios Sociales y Promoción Social por habitante no se haya reducido respecto a la liquidación de 2023 y que represente al menos un 10% del Presupuesto Total No Financiero liquidado en 2024.

Para el conjunto de esas 404 localidades, la inversión total en Servicios Sociales superó los 4.261 millones de euros, un 6,2% más que en 2023, y la mediana de gasto aumentó un 4,36% hasta los 106,48 euros por habitante mencionados.

De los 27 municipios que llegan a la “excelencia” en inversión de Servicios Sociales, 18 son andaluces. Según el informe debido fundamentalmente a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de ciudades mayores precisamente de 20.000 habitantes.

Estos municipios son, por este orden: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera, Ayamonte, Montilla, La Rinconada, Puente Genil, Palma del Río, Moguer, Linares, Antequera, Martos, La Línea de la Concepción, Almuñecar, Lucena y Jerez de la Frontera.

También figuran los catalanes Barcelona y El Prat de Llobregat; los vascos Zarautz, Basauri y Bilbao; los valencianos La Vall d'Uixó, Quart de Poblet y Catarroja; y el balear Maó.

Por territorios, son 11 las comunidades autónomas cuyos municipios de más de 20.000 habitantes no alcanzan la mediana de gasto de 106,48 euros por persona, con Madrid en el último lugar (58,11 euros), por detrás de Extremadura (64,89 euros) y Cantabria (69,57 euros).

Tampoco llegan los de Murcia (81,70 euros), Baleares (87,01 euros) y Castilla-La Mancha (89,79 euros) y se quedan muy cerca, aunque también por debajo, los de Navarra (101,02 euros), Galicia (102,28 euros), Comunidad Valenciana (104,07 euros), Canarias (106,05 euros) y Asturias (106,25 euros).

En cabeza por comunidades están el conjunto de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de País Vasco (164,03 euros por persona) y Andalucía (163,09 euros), por delante de los de Aragón (140,05 euros), La Rioja (122,70 euros), Castilla y León (118,61 euros) y Cataluña (116,38 euros).

¿Una ordenanza municipal para salvar un buzón? El método parece poco ortodoxo. Pero es el único que ha encontrado el alcalde del pueblo de Farges-lès-Chalon (Saône-et-Loire) en la primavera de 2025. El 15 de abril, La Poste (Correos) le informó por carta de la retirada, prevista un mes más tarde, del buzón instalado en una aldea de este municipio de 820 habitantes. “Me quedé de piedra”, cuenta el edil, Sylvain Dumas. Esa “decisión unilateral” obligaría a los habitantes de la aldea, algunos de ellos de edad avanzada, a recorrer el kilómetro y medio que les separa del pueblo para enviar una carta.

Para protestar, el alcalde organizó una concentración frente al buzón amarillo amenazado y firmó un decreto prohibiendo “a cualquier persona física o jurídica, incluida La Poste” eliminar el buzón “situado en la calle de la Maladière, en el término municipal, sin la autorización expresa del municipio”. La legalidad del decreto no está clara. Pero, por ahora, el buzón se ha salvado. Lo que no ocurre en otros lugares.

En toda Francia, La Poste está retirando los buzones amarillos. Los medios de comunicación locales llevan varios meses informando sobre la indignación de los habitantes y los representantes políticos afectados. Ver desaparecer este pequeño servicio público del paisaje es especialmente difícil de aceptar en las zonas rurales, desde Launac (Haute-Garonne) hasta La Flèche (Maine-et-Loire), pasando por Warluis (Oise) o Moriat (Puy-de-Dôme).

“Ya se trate de un objeto como un buzón o de un ser humano como un empleado de ventanilla cuando se cierra una oficina de correos, la gente ve cómo va desapareciendo el servicio público. Ahora bien, el voto populista se alimenta, entre otras cosas, del sentimiento de abandono”, subraya Nicolas Galépides, responsable federal del sindicato Sud PTT.

La dirección de la empresa pública se resiste a reconocer la existencia de un “plan” de supresión de buzones. Pero eso es lo que revelan las cifras publicadas por Mediapart. De una red de unos 121.000 buzones a principios de año, La Poste había eliminado 6.307 a principios de octubre, es decir, unos 25 al día, incluidos sábados y domingos.

Este inventario se basa en datos públicos y archivos procedentes de la propia Poste (ver caja negra). Solo en los nueve primeros meses de 2025,  ha desaparecido el 5,2% del parque de buzones, hasta quedar en menos de 115.000. En 17 departamentos, el descenso es incluso superior al 10%, según los cálculos de Mediapart.

*Entre enero y octubre de 2025, Vendée, Saône-et-Loire y Loire-Atlantique son las regiones que, en proporción, han perdido más buzones en la vía pública. Solo Lozère y Alpes-de-Haute-Provence han ganado algunos.

En comparación con años anteriores, la aceleración es evidente. El ritmo de reducción es entre tres y cinco veces mayor. La empresa de capital público había retirado alrededor de 1.430 (−1,2%) en 2024 y cerca de 1.900 en 2023 (−1,5%). Ahora, la hemorragia es imparable.

Si no fuera por las reacciones airadas que a veces se han mediatizado, La Poste tendría vía libre para esos recortes. Si bien tiene la obligación de mantener 17.000 “puntos de contacto” (oficinas de correos o ventanillas en comercios o ayuntamientos) en el territorio, no existe ninguna disposición legislativa o reglamentaria para los buzones.

Es cierto que La Poste se enfrenta a un vertiginoso colapso del volumen de correo. Mientras que en 2008 aún repartía 18.000 millones de cartas, la cifra anual ha caído hoy a 6.000 millones, tres veces menos. “Las previsiones indican que en 2030 serán 3.000 millones”, añade una portavoz.

La situación financiera se resiente. Como señaló el Tribunal de Cuentas a principios de año, las misiones de servicio público encomendadas a La Poste, entre las que figuran el servicio postal universal y la ordenación del territorio, registran un importante déficit (− 834 millones de euros en 2024), a pesar de los mil millones de euros de compensación pagados por el Estado.

Para justificar las eliminaciones, La Poste argumenta que “muchos buzones ya no recogen correo o reciben menos de una carta a la semana”. La empresa también alega un retraso en la adaptación de la red a las necesidades: “El paisaje urbano ha evolucionado y algunos buzones presentan un acceso peligroso para los clientes o el cartero”.

“Cuando el buzón se encuentra en una aldea, no puede ser una tabla Excel la que decida su eliminación. ¡Aunque solo se utilice para tres cartas a la semana!”, dice indignado Sylvain Dumas, alcalde de Farges-lès-Chalon. Lo mismo ocurre en Vienne, con la CGT de La Poste: el sindicato ha apoyado a un colectivo de habitantes del pueblo de Persac que ha “secuestrado” un buzón amarillo, justo antes de su retirada anunciada por la empresa.

“En nuestras zonas rurales, los habitantes que se quedan son los que más necesitan el servicio público postal. Sobre todo las personas mayores que todavía pagan sus facturas enviando un cheque”, subraya Fabien Lecomte, responsable departamental del sindicato postal.

Según él, los buzones alejados son precisamente los primeros que La Poste quiere eliminar. No se trata tanto de ganar el minuto y medio que tarda de media el cartero en recoger el contenido, sino de los diez o quince minutos de desvío: “Desde la desaparición del sello rojo y del correo prioritario, el cartero ya no pasa necesariamente todos los días por cada domicilio. En cambio, la recogida diaria del buzón amarillo sigue siendo obligatoria. En las aldeas, su supresión le permitirá dejar de acudir a diario”. La Poste indica a Mediapart que quiere “mantener una red lo suficientemente densa como para cubrir el territorio”, y añade “incluso en las zonas rurales”.

Pero la exasperación también se alimenta de las condiciones que rodean las decisiones de supresión. Según La Poste, toda decisión de retirada “se toma en concertación con los alcaldes”. Las informaciones sobre el terreno indican que eso dista mucho de ser siempre el caso. “Aunque no sea general, algunos alcaldes siguen encontrándose ante un hecho consumado”, estima Xavier Cadoret, alcalde de Saint-Gérand-le-Puy (Allier), que forma parte del Observatorio Nacional de la Presencia Postal. “Es indispensable un diálogo previo basado en estadísticas objetivas sobre el uso de los buzones amarillos afectados”, añade.

La desaparición de los buzones no se produce al mismo ritmo en todas partes. Según nuestros cálculos, el departamento más afectado es Vendée, con un 25,6 % de buzones amarillos eliminados desde principios de año, es decir, uno de cada cuatro. Saône-et-Loire ocupa el segundo lugar, con casi uno de cada cinco (− 18,7 %) .

La región de Pays de la Loire se ve especialmente afectada, con otros tres de sus departamentos entre los 10 primeros: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire y Sarthe. Muchos departamentos muy rurales también figuran en los primeros puestos de la clasificación: Cantal (5º), Dordogne (8º) o Corrèze (10º).

Sin embargo, no es una regla general: Córcega, Alpes-de-Haute-Provence y Lozère, con una población similar, se han librado de esta gran limpieza, al menos por ahora. Estos dos últimos departamentos incluso han ganado unos cuantos buzones desde principios de año.

La Poste no ha querido comentar esas cifras departamentales. Afirma que no ha fijado un número deseable de buzones: considera que basta con retirar “progresivamente” los buzones “inutilizados”. Pero la limpieza está lejos de haber terminado. Un documento presentado al consejo de administración en junio de 2024, consultado por Mediapart, enumeraba las pistas para “optimizar las misiones de servicio público”.

En esa lista, se mencionaba la “reducción progresiva” del número de buzones en las calles, “de 120.000 a 90.000”. Si esta cifra es realmente un objetivo, La Poste podría retirar casi cinco veces más buzones amarillos que los eliminados desde principios de 2025. 

Traducción de Miguel López

En julio de 2023, Ana Jiménez de la Hoz, Embajadora de España ante las Naciones Unidas, se dirigió a la Asamblea General con una petición en nombre de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Filipinas, Reino Unido, Túnez y España. Agradeciendo la colaboración de la ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, solicitaba el reconocimiento del día 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

Aunque parece tema de los servicios sociales o de las asociaciones sin ánimo de lucro, ahora ya se habla de economía de los cuidados, sobre la base del cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que atribuye al sector el 9% del PIB mundial si se contabiliza con el salario mínimo. Por otra parte, ya existe una resolución de junio de 2024 donde se fijan claves y principios, aunque ya se había incluido el trabajo de cuidados, remunerado o no, en las disposiciones sobre empleos domésticos y en el trabajo decente en el sector. En la proclamación de este día internacional las Naciones Unidad apunta:

“Objetivo: Reconocer, reducir, valorar y redistribuir el trabajo de cuidados, promover la inversión en la economía del cuidado y crear sistemas de cuidado más sólidos, resilientes e inclusivos. 

Motivación: Abordar las desigualdades de género en el mercado laboral y en los hogares, garantizar el trabajo decente para los cuidadores y reconocer la importancia vital de este trabajo para la sostenibilidad social y económica”.

Ya no es un asunto privado, familiar, sino que se ha convertido en un punto central de las políticas públicas, una cuestión de carácter social, una preocupación por el trabajo de cuidados en sus dos modalidades, como remunerado y no remunerado, una clave de las reivindicaciones feministas, pero también una fuente de beneficios para muchas empresas de un sector en crecimiento. 

Siguiendo a M. A. Durán podemos señalar que existen cuatro modos de “producir” cuidados: 1) las empresas que contratan plantilla y operan en el mercado capitalista habitual; 2) el Estado, a través de todas las Administraciones públicas, que prestan servicios de cuidado con múltiples fórmulas; 3) las ONG o asociaciones del tercer sector, y 4) la primera fuente de prestación del trabajo de cuidados: la familia y, en particular, las mujeres.

Desde hace muchos años, la OIT ha reclamado la aplicación de los principios del trabajo decente al sector de los cuidados, en condiciones de trabajo, salarios, seguridad social, y específicamente reconociendo como trabajo las tareas de cuidado, aunque no sea remunerado. El aspecto afectivo, la ética individual, ha dejado de ser la esencia, se ha transformado en un trabajo con connotaciones sociales, responsabilidades compartidas entre el Estado y las familias, un derecho universal de los seres humanos.

El desarrollo de la economía y la sociología feministas ha significado un salto cualitativo en el conocimiento de una práctica social tan relevante y a partir de estudios teóricos y empíricos se produce un reconocimiento de su importancia, también desde la filosofía. En nuestro país, Victoria Camps en Tiempo de cuidados realiza un análisis exhaustivo, sobre todo desde la ética: “si queremos que el cuidado se convierta en un valor públicamente reconocido y un deber equitativamente repartido: cuál puede ser su encaje en el derecho”. Porque el cambio de paradigma significaría ponerlo en el centro de las relaciones humanas. Por eso: “Las relaciones de cuidado no deben ser relaciones contractuales ni mercantiles exclusivamente”.  

Además, se conecta no sólo con la superación de las desigualdades de género, que es una motivación radical por su incidencia en el mundo laboral y familiar, sino con la democracia. En la medida en que se trata de un derecho, que responde a necesidades de los seres humanos, las políticas públicas deben ir acompañadas de la posibilidad de participación de las personas que en algún momento de sus vidas van a necesitar ser cuidadas. No es una cuestión excepcional de quienes necesitan asistencia en un momento determinado, sino que todos los seres humanos necesitamos ser cuidados en la infancia, ante múltiples formas de disminución de capacidades o de autonomía, en la vejez o en la enfermedad. La dependencia es un rasgo constitutivo del ser humano.

Aparece como principio democrático la responsabilidad de las instituciones, la obligación de control de los servicios prestados (sabemos lo que ocurrió con las residencias), sobre todo en la medida en que la privatización y la mercantilización hacen estragos entre las personas más vulnerables. El auge del senior marketing, la Silver Economy, es cada vez más evidente en la publicidad, los productos de las nuevas tecnologías, el tiempo libre. 

Otra mujer, Joan Tronto, en distintos ensayos pone el cuidado en el centro de la vida humana y desarrolla la relación con la democracia. Partiendo de la base del cuidado como necesidad humana infravalorada, mientras no seamos capaces de reconocer que somos “receptores de cuidado” en varios momentos de nuestras vidas, el valor público del cuidado no se convierte en un derecho. Si suponemos que todo el mundo tiene derecho a recibir asistencia y tiene el derecho de cuidar, en democracia deberíamos tener “derecho a participar en el proceso público por el cual se formulan juicios sobre el modo en que la sociedad debería asegurar esas dos premisas” (Democracia y cuidados, 2024).

El reconocimiento implica que toda la sociedad está involucrada en los cuidados, con la salvedad de que también puede existir el derecho a no cuidar. Aunque, quizás, las advertencias más frecuentes provienen de considerar las necesidades y los deseos de las personas cuidadas, su diversidad, con la preocupación sobre las relaciones de jerarquía que pueden desarrollarse en los vínculos asistenciales y las desigualdades sociales que la democracia tiene la obligación de compensar, porque el cuidado democrático tiene que ser inclusivo e igualitario. 

Puede ser que haya que redefinir la democracia, reflexionar sobre el papel de la familia que ya no es suficiente, caracterizar las instituciones dedicadas al cuidado para garantizar los derechos, preguntarnos si el mercado puede cuidar, analizar las responsabilidades sesgadas por el sexismo, la cara oculta del cuidado como “protección” siempre del lado patriarcal que suele incluir sumisión e incluso violencia. Visibilizar cómo lo personal, lo individual, atenta contra la responsabilidad social, el bien común, que en el fondo es el sustento del cuidado y de la democracia.

El sesgo sexista resulta evidente y merece un tratamiento en profundidad por las múltiples razones que contribuyen a la reproducción de los roles femenino y masculino en las prácticas de cuidado. No obstante, lo que ahora se llama interseccionalidad, en particular con la clase social o la etnia, adquiere dimensiones espectaculares cuando se trata del papel de la mujer. Por el componente socioeconómico, que genera desigualdades con muy difíciles soluciones o cambios, y por los rasgos culturales que se transforman en formas de vida, de relaciones, hábitos adquiridos desde la infancia, o pesadas cargas religiosas. Los hombres protegen, las mujeres consuelan, ellos proveen, ellas cuidan, por extensión de la biología, la cultura se ha encargado de transformar en “naturales” los roles de género. 

Desde el neolítico, la división sexual del trabajo se ha construido y reconstruido sobre la base de la división entre lo público y lo privado. El amor es trabajo no pagado que impide la emancipación de las mujeres, sobre todo, sin estudios, sin independencia económica. Parecen situaciones superadas (tal vez para las profesionales de estas épocas) pero queda mucho por hacer, en algunas culturas hay un abismo todavía. Y con respecto a los cuidados funcionan los mecanismos propios de la culpa, porque se ha inculcado a las mujeres desde pequeñas la obligación de cuidar. En lo objetivo y en lo subjetivo, el cuidado sigue estando asociado a las tareas de las mujeres, de ahí la relevancia de llevar el tema al ámbito de lo social, de los derechos, del bien común, huyendo de lo personal (privado, familiar) para situarnos en las necesidades y los deseos de todos los seres humanos. 

Los cuidados tienen que formar parte de las conquistas democráticas, de las responsabilidades compartidas, de la justicia social. Las políticas públicas tendrán que adaptarse, sin los asistencialismos que cronifican las dependencias, sin la uniformidad que produce desigualdades, con principios y normas que persigan la calidad, la atención integral a las personas que lo necesiten, que deje de ser invisible.

En los principios rectores de la OIT: “El Estado asume la responsabilidad principal de la provisión, la financiación y la regulación de los cuidados, y vela por que se apliquen los más altos estándares en materia de calidad, seguridad y salud a los trabajadores y los destinatarios del cuidado. Ello incluye asignar los recursos necesarios y adoptar y mantener al día un marco regulatorio y de políticas sólido”.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

Es un asunto de negocios para la señora Presidenta y su banda de forajidos para hundir –desmantelando– la sanidad pública, un ejemplo real y cierto (en Móstoles no hay psiquiatra infantil desde hace casi hace dos años y ahora, para más inri, sin probabilidad de cita, según el Hospital rey Juan Carlos, de  gestión privada. El padre y la madre, ante la necesidad para su hija con 6  años, han tenido que recurrir tras el abandono a la sanidad privada, previo pago de una abultada cantidad de dinero y sin  dejar de pagar sus impuestos de IRPF y resto de tributos en la ciudad de Móstoles, esto es ser patriotas), la educación pública, la universidad pública,  la formación profesional pública, los servicios sociales públicos, la vivienda  pública sin recursos, los niegan y las residencias de mayores siguen  abandonadas y la precariedad laboral de los profesionales, mujeres y  hombres, se mantiene y sin aumentar las plantillas de trabajadores, sin  olvidar la comida de los colegios públicos, que deja mucho que desear, eso sí,  las élites de funcionarios subvencionadas las comidas de los niños. ¿Dónde está la igualdad? Está prohibido hablar y reivindicar lo público y la justicia social. 

Los dineros que directamente deben ser invertidos todos los años desde los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid al sector de los servicios  públicos para fortalecer el Estado del bienestar en la Comunidad de Madrid se desvían en miles de millones para el sector privado y Quirón es la prueba del  destrozo para que se forren a tu costa y la mía, ya han recibido más de 5.000 mil millones de euros de nuestros impuestos, incluido lo del novio de Ayuso, presuntamente. Debemos aclarar un detalle sobre una partida presupuestaria importante de más de tres millones de euros que echa Ayuso en el pesebre de los obispos para alimentar a los doctrinarios de la mentira eterna, desde  los hospitales públicos. Gasto injusto e innecesario y obstáculo de los profesionales de la sanidad pública, tener comisarios políticos de yugo y crucifijo, es irracional y quien quiera su chute o dosis de religión católica que se la pague de su bolsillo como servicio privado, sin pruebas de la verdad –la ciencia lo deja claro–, por encima de las personas no hay súper hombres, blancos, guapos, eternamente jóvenes y sin dejar huellas de su existencia, con el máximo respeto para quien crea en estas cosas. 

Ayuso nos roba, nos está privatizando los más sagrado en democracia, NUESTRA LIBERTAD, TU LIBERTAD. Transfiere una parte importante de nuestros impuestos a la sanidad privada, educación privada y a las universidades privadas, por su cuenta y su sinrazón, debe ir para el PATROMONIO PÚBLICO DEL ESTADO DE BIENESTAR, constructor de la justicia social en la Comunidad  de Madrid.  

Esta es la verdad de los negocios del PP de la baronesa y su banda, se  reparten 150 millones de euros para la privada en interrupción del embarazo y para repartírselo debe expulsar lejos de aquí, dijo en la sede de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a las mujeres, negándoles el derecho a la sanidad pública UNIVERSAL, incumpliendo la ley nuevamente, niega los derechos civiles a la MUJER, igual que hizo con las 7.291 personas residentes que  murieron abandonadas por los protocolos de la vergüenza que impuso doña  Isabel. 

Con el PP sois, somos, más pobres, y los ricos más ricos; o defendemos lo nuestro sin fisuras y unidos para detener esta barrabasada ideológica del  ultraliberalismo inhumano del nacionalcatolicismo del partido popular y sus compinches o nos dejan sin bienestar ni presupuesto para mantener lo PÚBLICO. Tú decides, yo siempre lo público 100 X 100.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La prohibición expresa del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que los barones de su formación se acojan a la quita de la deuda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, contrasta con las continuas reclamaciones de estos mismos dirigentes —incluido el propio Feijóo— al Ejecutivo central para disponer de más fondos con los que, teóricamente, mejorar los servicios de la ciudadanía, especialmente en lo que se refiere a sanidad, educación y servicios sociales. Una contradicción que el Gobierno prevé explotar teniendo en cuenta las enormes deudas que acumulan varias de estas autonomías y las declaraciones pasadas de algunos barones del PP en las que abrían la puerta a acogerse a la condonación de deuda una vez se conociese su cuantía.

En este caso concreto, los presidentes de Andalucía, Comunitat Valenciana y Murcia llevan años clamando por un cambio de modelo de financiación autonómica que implique contar con más ingresos para hacer frente a sus obligaciones a pesar de defender —y practicar— reducciones fiscales que les han privado de recursos que ellos mismos consideran imprescindibles. Y ahora que tienen la oportunidad no solo de reducir significativamente y de un plumazo parte de su deuda, sino de deshacerse de los enormes intereses que pagan cada año por ella —que podrían destinar a mejorar los servicios públicos— no lo quieren y tratan de justificar su negativa.

"Andalucía no tiene ningún problema de deuda, quien tiene un problema de deuda, en este caso, es Cataluña. Al final esto es tan sencillo como salvar a [Pedro] Sánchez y para salvar a Sánchez nos meten a todos en un lío y utilizando recursos y el aparato del propio Estado", fueron las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno, este martes pese a que Andalucía sería la autonomía más beneficiada con esta medida, con 18.791 millones de euros condonados. La titular de Hacienda de la comunidad, Carolina España, lo calificaba directamente de "trampa": "Es cambiarla del bolsillo del padre al de la madre", argumentaba.

En esa misma línea se pronunció también el presidente valenciano, Carlos Mazón, este miércoles al calificar la medida como un "chantaje" que no piensa aceptar, que en su caso supondría una quita de 11.210 millones de euros, lo que representa el 19,3 % del total de la deuda valenciana y el 24,3 % de la deuda atribuible a la infrafinanciación, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Por su parte, su consejera de Hacienda, Ruth Merino, aseguraba que "no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados".

El murciano Fernando López Miras ha llegado a afirmar que distribución de la condonación de la deuda también perjudica a la Región al ser la novena en el reparto —aunque, paradójicamente, no se quiere acoger al mismo—: "El problema de la Región no es la deuda, sino la infrafinanciación", señaló este miércoles, ya que "mientras no se cambie el sistema de financiación caducado desde 2014, vamos a seguir siendo los españoles que menos recibamos para mantener nuestros hospitales o los colegios", argumentó. El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, la calificó de "parche".

Otra de las que se ha mostrado más beligerante con esta quita es la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y ha minimizado el potencial ahorro en intereses para la región. "''Perdonar' y asumir las deudas de los independentistas es tan, tan positivo para la economía española, que este Gobierno de caraduras sólo ha tardado siete años en plantearlo", criticaba la madrileña. Su consejero de Presidencia y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, cargaba contra los "dos nuevo peajes" del Gobierno.

Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de los dirigentes del PP, el proyecto del Gobierno –siempre y cuando todas las comunidades beneficiarias se acogiesen al sistema– liberaría a las comunidades de tener que devolver 83.252 millones de euros de deuda, lo que sí les permitiría un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros que ya no tendrán que destinarse al pago de intereses y podrían ir a otras partidas presupuestarias autonómicas como las de sanidad, educación o dependencia. Supondrá, según los cálculos de Hacienda, que el Estado asuma casi el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas. El Gobierno cuenta con que todas acabarán desmarcándose de Feijóo cuando llegue el momento.

La queja de estas comunidades contrasta con el presupuesto que destinan en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En la primera materia, según los Presupuestos iniciales de sanidad —que el ministerio actualiza para 2025 con nota metodológica sobre CCAA con cuentas prorrogadas— y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), las comunidades con menor inversión per cápita son Cataluña (1.515,99 euros), Murcia (1.511,18 euros) y Madrid (1.482,25 euros). En promedio, el gasto sanitario per cápita ha aumentado un 1,04%, lo que equivale a 72,34 euros adicionales por persona. Sin embargo, la organización denuncia que España sigue estando por debajo de la media europea en gasto sanitario.

Por lo que respecta a la educación, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación en la última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros. En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

En lo que respecta a los servicios sociales, Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid suspenden por su cobertura intrascendente. Así lo reveló el Índice DEC 2024, que pone de manifiesto las grandes diferencias entre comunidades autónomas y que refleja, por ejemplo, que el gasto por habitante en servicios sociales en Extremadura es de 713,7 euros, un 76% más que en Madrid, con 405,3 €; que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494), o que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).

La corrupción sale cara, muy cara, en todos los países del mundo. Sus efectos se dejan sentir en el plano económico, en el social y por supuesto, en el político. Los conceptos de la factura van más allá de lo que se podría pensar en un primer momento. La corrupción cuesta dinero, impide el desarrollo, incrementa la desigualdad, quiebra la confianza y mata. Vayamos por partes.

La corrupción cuesta dinero: el daño económico que produce es evidente. Según Naciones Unidas, la corrupción supone más del 5% del PIB mundial, y hasta el 25% del gasto público de todo el mundo se pierde por su culpa. Un estudio del Parlamento  Europeo de 2023 eleva el porcentaje al 6%, y para España, según las estimaciones, se calcula una horquilla que va entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Esto, en cuanto a costes directos, pero hay más. 

La corrupción impide el desarrollo: también la reputación de un país se resiente a causa de la corrupción, lo que acaba socavando la confianza de los inversores y lastrando, por tanto, las posibilidades de desarrollo y de nuevos negocios. De la misma manera, las corporaciones tienen menos incentivos para ofrecer mejores productos o ser más competitivas en precio o innovación, sabedoras de que lo fundamental será que paguen el soborno correspondiente o colaboren con las redes corruptas de cada caso.  Es decir, a lo que cuesta la corrupción hay que unir, por tanto, lo que se deja de ganar. 

La corrupción incrementa la desigualdad: siguiendo en el plano económico, la corrupción se traduce en menos y peores servicios públicos, lo cual va en detrimento de la población que ve dificultado su acceso a la educación, a la sanidad o a cualesquiera otras prestaciones. Como es fácil de adivinar, quienes más sufren las consecuencias son aquellos que más necesitan de esos servicios públicos, y en efecto, como ya habrán intuido, esto incrementa la desigualdad. En países como España, porque merma recursos; en otros donde el soborno está a la orden del día, porque el aprobado de la niña o la receta para el antibiótico del niño sólo se consiguen si se deslizan unos billetes en la bata de la profe o en el bolsillo del médico. Cuando los casos de corrupción escalan a amplias redes comprometiendo la actuación de lo público, como ocurre -presuntamente- en el caso Montoro, hablamos de un escalón más: la captura de políticas, o lo que es lo mismo, la disminución general de la capacidad del Estado para actuar en aras del interés general, lo cual, nuevamente, será más costoso para quienes menos tienen y quienes más necesitan de su labor, las clases populares. 

La corrupción quiebra la confianza. Las consecuencias políticas son derivadas de todo lo anterior: la adhesión ciudadana a las instituciones cae de forma pronunciada cuando se desvelan casos de corrupción o cuando la sociedad en su conjunto sabe que las tramas corruptas han colonizado el Estado. Numerosos estudios e informes a nivel internacional como los Latinobarómetros, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, las series sobre calidad de la democracia elaboradas por el instituto sueco V-Dem, y numerosas investigaciones académicas, muestran la existencia de una correlación entre la percepción de corrupción y la desconfianza institucional. 

La corrupción mata: en casos extremos la corrupción causa muertes directas; por ejemplo, en la construcción de infraestructuras. “Cuando se desplomó un puente en Génova en agosto del 2018 y al menos 39 personas murieron, hubo muchas posibles causas que considerar. La corrupción no fue la más obvia, pero las investigaciones posteriores encontraron que una empresa de construcción controlada por la Mafia al parecer había usado "cemento debilitado" en el proceso de construcción.” Este caso y otros parecidos han sido estudiados por Naciones Unidas y se encuentran documentados en los materiales de la ONUDC, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Como se puede observar, la corrupción sale mucho más cara de lo que a priori se podría imaginar. Las cifras que suelen darse, que no dejan de ser estimaciones, son sólo una parte del problema. Sus efectos comprometen la capacidad de acción de los Estados y disparan la desconfianza y la desigualdad. Todo un obús en la línea de flotación de la democracia. De ahí, recordemos una vez más, como se apuntaba en la primera entrega de esta serie, la etimología de la palabra: "corrupción" proviene del latín "corruptio", que a su vez deriva del verbo "rumpere", que significa romper o quebrar.

Con motivo de las nuevas filtraciones que afectan a quienes han ocupado importantes cargos en el PSOE, tales como Ábalos y Santos Cerdán, considero importante abordar el fenómeno de la corrupción no únicamente como un problema de los "políticos".

Tal y como ya expuse en otro artículo: ‘El correo: ¿el problema de España es la corrupción política?’, el dinero saqueado de las arcas públicas a través de tramas corruptas protagonizadas por partidos se calcula en aproximadamente 9.000 millones de euros durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Sin duda, una cifra escalofriante, pero que si se compara con la corrupción privada es una cantidad muy reducida. 

Un estudio de Los Verdes señala que este tipo de prácticas en un país como España tiene un coste anual de 90.000 millones de euros, casi 2.000 euros per cápita. Lo que significa que durante los últimos 20 años la corrupción privada ascendería a 1,8 billones de euros (con “b” de Bárcenas). O lo que es lo mismo, más de 9 veces el presupuesto que se dedica en la actualidad a cubrir las pensiones en nuestro país (190.000 millones al año).

Tomando esto en consideración, creo que en primer lugar debemos preguntarnos si lo que realmente pone en jaque nuestro bienestar es la corrupción protagonizada por políticos o más bien un sistema social y económico que favorece que la generación de riqueza y la gestión de ciertos servicios recaiga principalmente en el sector privado. 

En ese sentido, pienso que entre aquellos partidos que se dicen progresistas y de izquierdas habría que hacer una lectura más seria y rigurosa sobre cómo se emplea el dinero público de forma aparentemente legal. Y aprovechar situaciones adversas como la actual para poner de manifiesto que aquello que se deja únicamente en manos privadas, lejos de ser lo más eficiente, muchas veces favorece su malversación en favor de unos pocos. 

Un caso claro es la vivienda y no sólo por el papel que juegan fondos de inversión e inmobiliarias en este campo, sino también por la mentalidad de muchos particulares que compran pisos con el fin de especular con el precio del alquiler, tal y como denuncia el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Otro caso muy ilustrativo y que conoce muy de cerca el ministro Óscar Puente cuando fue alcalde Valladolid fue la gestión de un servicio tan básico y esencial como el agua. Durante 20 años, Aguas de Valladolid, la empresa privada que se encargó de esta labor, no invirtió ni un solo euro en renovar este servicio. A partir de 2017, cuando se municipalizó, la situación cambió y en apenas 7 años se cambiaron y actualizaron 130 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento. 

Pero esto no quedó así, el lobby del agua trató de torpedear todo este proceso y en 2019 hizo un intento de minar la credibilidad del gobierno municipal con una publicación que criticaba la decisión de acabar con el negocio privado de Aguas de Valladolid. Entre los defensores de la privatización se encontraban dos exministros del PSOE: Francisco Caamaño y Valeriano Gómez.

Con estos ejemplos no estoy diciendo que deba desviarse la atención de la corrupción política, sino que es necesario analizarla de otro modo más ambicioso y enriquecedor para el bienestar de nuestra sociedad. Entiendo que se hable del informe de la UCO y que desde el periodismo se quiera investigar sobre si Santos Cerdán, Koldo, Ábalos y otros cargos políticos son cómplices de tramas corruptas. 

Ahora bien, centrar el foco únicamente en ellos, en sus conversaciones de WhatsApp y en grabaciones en las que hablan sobre prostitución, únicamente sacia nuestro morbo y convierte algo dramático en un espectáculo mediático nada edificante, sobre todo si se quiere promover la reflexión sobre qué nos empobrece o fortalece como sociedad.

Es evidente que la corrupción en política mina la credibilidad en nuestros representantes públicos. Pero ¿es lo público el origen de nuestros males en la actualidad? Creo que más bien al contrario, es parte de la solución. Gracias a lo público se puede garantizar que el conjunto de la población tenga acceso a una educación y a un sistema sanitario de calidad. Gracias a lo público se puede sostener el sistema de pensiones y podemos jubilarnos. Gracias a lo público se pueden mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Gracias a lo público disfrutamos de alumbrado y servicios de canalización de agua en nuestras localidades. Gracias a lo público se puede invertir en transporte de calidad. 

Y así un largo etcétera que debe seguir reforzándose con el fin de demostrar que lo público puede garantizar mejor derechos como la vivienda, el acceso a una energía limpia y asequible o una mejor atención de las personas con distintos grados de dependencia.

A este respecto, que rueden las cabezas que tengan que rodar, que se investigue en profundidad, que se exijan responsabilidades; pero que esto no sirva como coartada para reforzar la postura de que lo privado funciona mejor y es más eficiente. Al contrario, lo privado está íntimamente ligado con el ánimo de lucro y esto, a su vez, si no se regula, con la especulación y la usura. El bien común no puede estar ligado a esa lógica. Y pensadores clásicos como Platón o Aristóteles lo tenían claro. No se trata de comunismo, sino de racionalidad.

Por eso, no es momento de que perdamos el foco como ciudadanía: lo público nos hace mejores. Y frente a la corrupción, hay que reforzar su relevancia y promover que la ciudadanía pueda tener un papel más protagonista tanto en lo político como en lo económico.

A pesar de la dificultad del momento, no deja de ser una gran oportunidad para que desde los espacios de la izquierda se afronte un serio debate ideológico. No puede ser que constantemente se perciba la política como fango. De ahí sólo puede germinar la reacción y ningún tipo de esperanza en lo público.

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Miguel Martín es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, doctor en Semiótica por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Diacronía.

“No podemos más”, es la desesperanza de Laura. Reside en el madrileño barrio de Carabanchel junto a su marido y sus dos hijos, uno de ellos, Álex, de 17 años, con autismo en grado máximo reconocido y conductas violentas. "Estamos en una situación límite", asegura la mujer a infoLibre. “Solo podemos ir a la calle con un monitor especializado en autismo, que ahora está de baja porque Álex le hizo una distensión en la mano”, añade, explicando que por este motivo lleva “un mes y pico sin salir de casa”.  “Cuando Álex se pone mal, el colegio me llama para que vaya a recogerlo”, relata. “Si allí no pueden con él, entre varias personas, si un monitor no puede con él, ¿qué se espera que haga yo?”, se pregunta la mujer.

“Ya no puedo llevarlo al cole sola, tiene que ayudarme mi marido entrando más tarde al trabajo”, cuenta Laura. Hay días en los que es imposible moverlo, así que la solución que encontró la familia fue poner un cerrojo en la habitación del menor que solo pudiera abrirse desde fuera. Ahora bien, ni es plato de buen gusto para su madre tenerlo encerrado y que pueda golpearse o ponerse nervioso, ni siempre consiguen que entre al cuarto, ya que físicamente es mucho más grande y fuerte que sus progenitores. “Cuando era pequeño era más manejable, ahora me saca una cabeza y media”, describe la mujer.

Patadas, golpes, bocados, puñetazos… Y hasta en una ocasión, Álex arañó las manos de su madre hasta el punto de que el portero del edificio tuvo que acudir a auxiliarla. “Ese día fue mortal, estaba todo manchado de sangre”, relata. Llegados a ese punto, lo único que queda es llamar a la Policía y al Summa, de quienes Laura dice no tener ninguna queja. Sin embargo, ellos no pueden hacer gran cosa. Por un lado, la Policía no puede llevárselo dado que el joven no está cometiendo un delito de manera consciente, sino fruto de su discapacidad. Además, en una situación así, la falta de especialización en el trastorno del menor podría jugar malas pasadas, ya que se podría poner nervioso en el coche patrulla y hacer daño a los agentes o a sí mismo. Por otro lado, el Summa, según confirma a este medio la responsable de Comunicación del servicio, Elena Mohíno, se ocupa de “si requiere atención sanitaria en domicilio por un brote o cualquier patología y, si es necesario, del traslado” a un centro sanitario.

“Sola” es la palabra que Laura utiliza para explicar cómo se siente al tratar de hacer frente a esta situación. Sola, entre otras cosas, ante el abandono de la Administración Pública, de la cual solo recibe 450 euros mensuales por un grado 3 de dependencia del menor y otros 100 de ayuda para pagar al monitor que tienen contratado. “Con esto y el sueldo de mi marido no alcanzamos para pagar todo”, cuenta. Preguntada por a qué se refiere con ese “todo” hablando de los gastos a los que tiene que hacer frente, la mujer enumera psicólogos para sus dos hijos, un monitor de lunes a viernes desde las 16.00 horas, cuando Álex sale del Colegio de Educación Especial, y los gastos propios de una familia: comida, ropa, transporte... “Y yo no trabajo. Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi hijo”, dice. “Lo ideal sería alguien que me acompañe todo el tiempo, pero tampoco quiere venir nadie, ni hombres ni mujeres, nadie”, lamenta la mujer.

La Comunidad de Madrid cuenta con el espacio para atender las necesidades del joven, concretamente, el Hogar Residencia APANID de Getafe, especializado en personas con trastornos intelectuales, alto nivel de dependencia y alteraciones de conducta. Sin embargo, para ingresar en este centro es necesario cumplir con una serie de requisitos, como tener reconocida la discapacidad y que “el usuario carezca de familia o no pueda ser atendido por esta en razón de su discapacidad u otras circunstancias”, según se refleja en su página web.

El caso concreto de esta familia es que cuentan con informes favorables de Asuntos Sociales y las áreas de Psiquiatría y Trabajos Sociales del hospital para que Álex consiga una plaza en dicho centro. Sin embargo, la solicitud de ingreso acaba en papel mojado una vez llega a manos del Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que deniegan el ingreso alegando que la familia puede hacerse cargo de él por sí misma y que esas plazas están reservadas a menores en situaciones de vulnerabilidad, como abandono o malos tratos. “Nos dicen que lo estamos haciendo bien y que busquemos ayuda profesional, que es precisamente lo que hacemos al pedir la ayuda”, cuenta la madre de Álex. "Básicamente, nos invitan a buscarnos la vida".

“A veces me pregunto si, para que nos concedan una de las plazas del centro, deberíamos de abandonar a Álex en alguno de sus ingresos al hospital o decir que algunas de las heridas que se ha hecho él, se las hicimos nosotros”, confiesa Laura. "Lo que ocurre es que ahí entraría la ley, tendríamos miedo a consecuencias legales o que nos 'castiguen' con no volver a verlo", reflexiona. “Todo esto ya no lo hacemos por nosotros, sino por su propia seguridad. Una vez le dio una patada a una ventana y, además de acabar con la pierna llena de heridas, tuvimos miedo de que se cayera hacia fuera”.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Área de Protección y Familia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para conocer su valoración sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

La familia denuncia también la falta de especialización y recursos de los hospitales y centros educativos que atienden a su hijo cuando sufre picos de agresividad. "Cuando en el colegio, uno concreto de Educación Especial, no pueden controlarlo, me llaman con la excusa de que tienen a más niños y no se pueden hacer cargo de él". Y de igual manera en el hospital, cuando Álex debe ser ingresado en pleno brote, piden a la madre que ingrese junto a él, en la misma habitación. "En los ingresos todo es aún peor, al cambiar las rutinas de mi hijo se pone más nervioso y agrede más", recalca la madre, que relata que en una ocasión incluso recibió un empujó que la dejó en el suelo y recibió sendas patadas en la cabeza. "Siempre pido la cama más cercana a la puerta, por si tengo que salir corriendo".

Sobre los motivos, la entrevistada asegura que, al preguntar en el hospital el porqué de la decisión, los médicos apelan a la falta de recursos y personal. "Nos comentan que necesitarían a alguien que le atendiese las 24 horas", relata. Asimismo, la madre también apela a la falta de especialización de los centros médicos, señalado que la planta de psiquiatría es una especie de cajón de sastre donde "entra todo": "Juntan a mi hijo con pacientes de anorexia, trastornos de la personalidad, etc. y solo le medican. Ese no es su sitio".

La Junta de Andalucía ha decretado el cierre de una residencia privada, ubicada en Málaga capital, por carecer de licencia de apertura pese a haber estado abierta desde hace más de diez años y no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las condiciones higiénico-sanitarias. El cierre se ha ordenado a instancia de la inspección de los Servicios Sociales de la delegación territorial de Málaga y los ancianos que vivían en este centro privado y sin plazas concertadas con la Junta de Andalucía han sido reubicados, según ha informado a EFE fuentes del Gobierno andaluz.

De la investigación se desprende que en la residencia, presuntamente, se vulneraba la dignidad e intimidad de las personas al no preservarlas durante la higiene y los cuidados sociosanitarios. También había supuestamente un incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependencias, equipos, menaje, utensilios y vestuario, entre otros apartados.

Pese a que era una residencia privada, la Junta "ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes", pese a no tener competencias para la reubicación de los mismos, han precisado las fuentes.

Paredes llenas de humedades, excrementos en algunas de las estancias, suelos hundidos, roturas de barandillas, colchones llenos de orinas y la solería de la ducha levantada, son algunas de las escenas que se han encontrado los propietarios del inmueble, que tenían alquilado, al entrar en la finca y que hicieron que uno de ellos se desmayara en el jardín al comprobar que el mismo se había convertido en la "residencia de los horrores", ha asegurado a EFE el abogado que los representa, Andrés Francisco Pérez Plaza.

"La familia está hundida, la propietaria es la única que tiene fuerzas para entrar porque todo está ruinoso", ha lamentado el letrado, que ha advertido de que temen que las personas que han estado en la residencia hayan podido sufrir dejadez y abandono porque hasta hace dos semanas había ancianos. En la denuncia que ha presentado Pérez Plaza, a la que ha tenido acceso EFE, se indica que además de los cuantiosos daños causados, las inquilinas -que ya han alquilado otra finca en la localidad malagueña de Torremolinos para explotarla como residencia de ancianos- les han dejado una deuda de 84.458,75 euros.

Debido a que cada mes la deuda iba a más, los dueños dijeron a las inquilinas, antes de que la Junta decretara su cierre, que necesitaban vender la finca para poder subsistir y pagar la hipoteca que grava sobre la misma, pero ellas "le exigieron dinero para irse" y le amenazaron con que la destrozarían si no accedían, según consta en la denuncia.

El abogado ha explicado que sus clientes no accedieron a la "extorsión" de las inquilinas y que gracias a un amigo de la denunciante, detective privado, pudieron corroborar que se estaban llevando portes de enseres a la nueva residencia tras la orden de cierre de la Junta.

A finales de este mes de marzo, recibieron una llamada de una vecina que le advertía de que el portón de la vivienda estaba abierto y que en la finca no había nadie, por lo que fueron corriendo ante el temor de que fuera ocupada. Fue en ese momento cuando comprobaron que las cerraduras de todas las puertas estaban rotas y "el espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible, la finca presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma", se refiere en la denuncia.

La propietaria de la casa, María Salud Sotorrio Baena, ha asegurado a EFE que nunca podían imaginarse que la finca pudiera dejarse en ese estado de abandono: "es desolador, horrible, porque nosotros le dejamos una casa maravillosa para que estuvieran aquí los residentes y ancianos muy bien cuidados y ahora todo es abandono y suciedad". Se ha preguntado cómo han podido tener ancianos hasta hace quince días, "nos consta que en los últimos días había dos", ha asegurado entre lágrimas Sotorrio Baena, que ha relatado que "la nevera, el horno, el lavavajillas, todos los electrodomésticos de la cocina están totalmente oxidados y con mugre de años. Esta suciedad no puede ser de dos o tres meses".

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

Las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia católica siguen aumentado y este año marcan un nuevo récord, que supone la asignación de 382,4 millones de euros para esta institución, un 6,6 % más que el año anterior.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado este lunes los datos provisionales de la campaña de la renta del año 2024, correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, que revelan que el número declaraciones a favor de la Iglesia fue de 7.839.984, lo que representa un 30,43 % de las declaraciones presentadas. Según estos datos, el número de declaraciones en favor de la Iglesia ha aumentado en 208.841. Contando las declaraciones conjuntas, son 8 millones los contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia, el número más alto de apoyos en la historia del sistema.

Gracias a estos declarantes, el importe total asignado a la Iglesia asciende a 382.437.998 euros, un 6,6 % más que en el ejercicio anterior, cuando ya había experimentado un incremento del 11,9 %. De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la casilla de la X es de 42,5 euros.

La CEE ha señalado en una nota de prensa que uno de los "datos para la reflexión" es que 700.000 nuevos declarantes no han marcado ninguna casilla de las que la declaración deja a la libertad de los contribuyentes, lo que implica una bajada de 1,5 % de casillas marcadas. "Este dato afecta tanto a las declaraciones de fines sociales como a las de la Iglesia", ha señalado la Conferencia Episcopal, quien ha pedido "hacer un mayor esfuerzo" para explicar la casilla de la X, que, en sus palabras, es "un ejercicio de libertad para el contribuyente que no supone ni pagar más ni que te devuelvan menos".

Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas. En términos absolutos, los mayores aumentos en euros asignados se producen en Madrid, Andalucía y Cataluña. Además, diez comunidades se sitúan por encima de la media en porcentaje de asignantes, destacando Castilla-La Mancha (43,2 %), La Rioja (42,3 %), Extremadura (42,3 %), Murcia (41,9 %) y Castilla y León (40,7 %). Por delegaciones de Hacienda, la provincia con más porcentaje de asignación ha sido Ciudad Real, con un 50,7 %. Le siguen Jaén (46,03 %), Badajoz (44,08 %) y Ávila (44,4 %).

Los tres últimos tramos de renta, es decir aquellos que ganan más de 30.000 euros al año, representan el 85,1% del dinero recaudado, siendo la subida especialmente importante en el tramo de 60.000 a 150.000 euros. Por tramos de edad, la mejor evolución está en los tramos entre 50 y 70 años, y por sexo, aunque la distancia es muy pequeña, han aumentado más las X en las declaraciones de las mujeres.

En cuanto al tipo de declaración, el porcentaje de declaraciones conjuntas con asignación (32,43%) supera al de las declaraciones individuales (30,75%) por segunda vez desde que hay datos.

La llegada de la crisis del coronavirus a las residencias madrileñas supuso, a su vez, la paralización del servicio sancionador de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según su propia documentación, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tan sólo impuso 16 sanciones a centros de mayores durante todo el año 2020, pero hay más letra pequeña: ninguna de ellas castigó algo sucedido más allá del 5 de marzo. Dicho de otro modo: el Ejecutivo regional no apreció ningún hecho sancionable durante los primeros meses de pandemia. Y si lo hizo, no lo multó. Desde ese 5 de marzo hasta 2021.

"Madrid encabezó durante todo 2020 los datos de contagios, pero parece que la Comunidad no se quiso enterar de lo que estaba pasando. Todo se resume en una especie de 'aquí no ha pasado nada", lamenta la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales. "Primero abandonó a las residencias a su suerte y luego ni siquiera las supervisó", añade. Fue ella la que consiguió consultar esta información después de meses de espera. Y la que la recopiló, bolígrafo y libreta en mano, de los documentos oficiales del Ejecutivo regional.

Sus fuentes en la Consejería de Familia, en cambio, defienden su actuación. Y explican que si eso ocurrió fue porque "la declaración del estado de alarma restringió la movilidad de todas las personas a excepción de personal de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal sanitario y servicios esenciales, lo que conllevó a la anulación de todas las visitas presenciales", como también publicó infoLibre hace unos meses.

En concreto fue precisamente desde ese 5 de marzo y hasta el 15 de abril, según también un documento oficial de la Comunidad. Es decir: en plena primera ola, el llamado Control de calidad, inspección, registro y autorizaciones (CIRA) no visitó ni uno solo de los 475 geriátricos madrileños. Según aseguran ahora las mismas fuentes, "en esa situación de crisis sanitaria, con un riesgo elevado de contagio para los usuarios de las residencias, que motivó la suspensión del régimen de visitas, se decidió centrar las actuaciones de inspección en labores de asesoramiento, seguimiento y comunicación permanente con los centros para facilitar la coordinación y respuesta a las necesidades de cada momento".

Según añaden, las "actuaciones habituales de inspección" se retomaron el 13 de junio. Pero tampoco hubo sanciones desde ese día hasta 2021. ¿Por qué? La Consejería no lo explica.

Esto supone que, obviamente, ninguna de las sanciones impuestas en 2020 haga mención a un virus que en enero, febrero y marzo era algo todavía lejano. La última sanción impuesta en 2020 a un geriátrico de la Comunidad de Madrid fue por la situación que se encontró en la residencia Ballesol Majadahonda en la inspección realizada el 5 de marzo de 2020. En concreto por administrar insulina caducada desde hacía un mes a una usuaria, un hecho que le costó al centro 6.001 euros reducibles a 3.600,60. Sólo hubo una sanción más ese mismo mes. La destinataria, la Residencia Los Nogales del Paseo Imperial, multada con el mismo importe.

El resto de las sanciones se remontan, siempre según la información extraída por Morales de los documentos oficiales, a lo observado en el mes de enero y de febrero de ese año. En el primero hubo tres inspecciones objeto de sanción —una en el Ensanche de Vallecas, otra en Sanitas La Florida y otra en Nuevo Día—; en el segundo, diez. Y una especialmente grave cuya multa no se firmó hasta meses después.

Fue por lo que se encontraron los inspectores el 6 de febrero en el centro gestionado por Hestia en Colmenar Viejo. Superaba la capacidad permitida, una habitación había sido convertida en despacho, no tenía contratado personal cualificado para programar las actividades dedicadas a los mayores, la medicación estaba almacenada en el pasillo sin ningún tipo de seguridad, había residentes con sujeciones sin prescripción médica, el salón tenía humedades y persianas rotas y los residentes estaban solos.

Todo le costó al centro 78.005 euros, pero no sólo eso. A Hestia se le prohibió prestar servicios sociales durante una década, al director se le inhabilitó durante cinco años y se revocó la autorización administrativa de la residencia. Nada de esto sin embargo fue efectivo hasta el 14 de septiembre, pasado lo peor de la pandemia.

En cualquier caso, ¿qué pasaba en las residencias cuando ya no había sanciones? Como confirma la Consejería y ha podido comprobar infoLibre, sí que hubo servicios de inspección oficiales de la Comunidad de Madrid que visitaron los centros de mayores una vez superada la primera ola de la pandemia, durante la que fallecieron 9.470 mayores, 7.291 de los cuales lo hicieron sin ser trasladados a los hospitales en cumplimiento de los Protocolos de la Vergüenza. En las actas que levantaron después, además, se ve que muchas "no hacían las cosas bien", critica Morales. En muchos casos no por dejadez, sino por imposibilidad. "Muchas registraban sobreocupación y otras ni siquiera una sectorización, pero a pesar de ello la Comunidad no cumplió con su obligación de vigilar", lamenta la diputada.

También lo ha podido comprobar después de meses de espera. Por ejemplo, en la inspección realizada el 15 de junio en Orpea Buenavista se dejó constancia que hasta la fecha habían fallecido 71 residentes, el 36% del total de las 196 plazas disponibles en el geriátrico, que se encontraba sin sectorizar, con cuatro trabajadores en su domicilio esperando una prueba PCR y otros tantos con un positivo confirmado.

El mismo día también se visitó la Residencia Santísima Virgen, perteneciente a la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, que fue intervenida en plena pandemia y que en la fecha de la visita no contaba con personal suficiente con la titulación necesaria ni con la atención especializada pautada. Además, en el geriátrico había una usuaria sin la oxigenoterapia pautada y sin los registros de cambios posturales cumplimentados.

En otras tantas se requirieron cosas similares. En Masam Guadarrama también se reclamó "atención pautada y especializada" y una "mejora en la cumplimentación de los registros", además de "mantenimiento y conservación de las instalaciones" o una "mejora en la lencería". Poco se pedía en relación al covid. "Cuando leí las actas me di cuenta de que las inspecciones se seguían realizando igual que en 2019. No parecía que hubiera pandemia", lamenta Morales, que extrajo de otra documentación oficial que sólo en agosto de 2020 había hasta 276 positivos en todas las residencias de la Comunidad de Madrid. "¿Por qué no cruzaron los datos de sanciones con sus propias inspecciones o cifras?", se pregunta la socialista.

Muy distinto fue en cambio lo que otras organizaciones y organismos registraron en las actas de sus visitas. En las de los Bomberos a las que ha accedido infoLibre se evidenció por ejemplo que en varios centros de mayores había cadáveres que llevaban días a la espera de ser recogidos por los servicios funerarios. Pasaba por ejemplo en Vitalia Las Rozas (donde había dos cuerpos, uno desde hacía tres días), en Sanitas Residencial Getafe (donde se encontró otro), en Vitalia Parla o en Orpea San Fernando de Henares (donde eran cinco los cuerpos pendientes de recogida).

Observaron igualmente que la mayor parte del personal no tenía formación suficiente. Y que actuaba como podía. También sin el material de protección necesario. "Necesitan material", es la frase más empleada en casi todas las visitas a las residencias.

En las que realizó Médicos Sin Fronteras, por su parte, la idea más repetida hace alusión, precisamente, a esos Protocolos que impidieron los traslados a centros sanitarios. "Respecto a las derivaciones al hospital, los no referidos es porque no tenían criterio de derivación en el hospital", recogió la organización en la Residencia de Arganda del Rey. "Hasta la fecha no estaban aceptando derivaciones al hospital de referencia", plasmaron tras visitar Antares, el 11 de abril.

El modelo residencial ha cambiado poco en Cataluña desde la pandemia. Es el consenso al que llegan la portavoz de las familias afectadas por las residencias, la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña y expertos en derecho de las personas mayores. Las raíces del problema a las que todos apuntan son dos: falta de financiación y poco desarrollo administrativo de una legislación ya de por sí muy anticuada. Cuando se entra en cómo afrontar la situación las opiniones empiezan a divergir, pero todos ellos indican la urgencia de abordar una reforma profunda del modelo residencial. “Si tuviéramos ahora otra pandemia volveríamos a ‘palmar’”, zanja Ignasi Freixa, director de la patronal Unión de pequeñas y medianas residencias y servicios a la dependencia (UPIMIR).

Un poco diferente lo ve Lluís Torrens, exsecretario de Asuntos Sociales y Familia durante los dos últimos años en el gobierno de Aragonès, que pese a la situación compleja, indica algunos brotes verdes a infoLibre. “Este julio cerramos un primer documento para avanzar en la actualización de la Cartera de Servicios a corto plazo”. El problema es que para modificar esta cartera de 2010, que debe renovarse periódicamente cada cuatro años y aún no se ha hecho, el plazo para hacerlo es de 40 semanas, según Torrens, que dirigió la secretaría desde noviembre de 2022. Lluís Torrens explica que para planear esta reforma reunieron al sector y convocaron cuatro mesas sectoriales en las que había “representantes de las empresas, de las asociaciones de familiares, de colegios profesionales, sindicatos y expertos”. La idea del anterior departamento de Asuntos Sociales era establecer estas cuatro mesas sectoriales de forma permanente para poder hacer revisiones periódicas a la cartera de servicios de forma continuada. Un trabajo que dejará para la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez.

Las listas de espera para acceder a los servicios de dependencia, que engloban residencias, centros de día y atención domiciliaria se redujo en Cataluña 46 días en la anterior legislatura. Una cifra que mereció el reconocimiento de la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, durante la segunda comisión parlamentaria de la legislatura, hacia el trabajo del equipo anterior, pero que en palabras suyas, “sigue no siendo suficiente”. Por eso aclara a infoLibre que “antes de acabar el año planean presentar un plan de choque para abordarlo”. La media de espera en Cataluña para recibir un itinerario en dependencia está en 258 días. Una cifra alta a la que no llegan todos los usuarios que solicitan la ayuda. De hecho, muchos murieron antes de llegar a recibir esa ayuda. Desde enero a agosto de 2024, 497 personas murieron cada mes en Cataluña sin que se les hubiera podido asignar un itinerario, según datos del Imserso. 

Una población cada vez más envejecida agrava esta situación. En el año 2031 uno de cada cuatro ciudadanos en Cataluña tendrá más de sesenta y cinco años. El país encara un reto demográfico mayúsculo. “Han cambiado las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, que reclama un modelo de atención centrado en la persona, con servicios de proximidad y que promueva la autonomía”, explican a este periódico fuentes de la consejería de Derechos Sociales de Mònica Martínez. El exsecretario saliente apunta uno de los cambios hacia dónde debería caminar la dependencia. “Debería existir un modelo de presupuestos personales”. Una experiencia que existe en Flandes y Reino Unido en el que en vez de apuntarte a una lista de espera, la administración ingresaría un montante de dinero y la persona perceptora de la ayuda se lo autogestionaría. De este modo “se eliminarían las listas de espera y la gente tendría mucha más libertad para escoger residencia”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens.

Ignasi Freixa añade que el envejecimiento ha afectado a la gestión de las residencias. “Hemos pasado de tener una población que tenía un cierto grado de autonomía a que la gran mayoría de los usuarios tengan un nivel de dependencia y vulnerabilidad alto”, cuenta el director de la patronal. “Muchos llegan a la residencia y mueren”, concluye. El exdirector de Asuntos Sociales, Lluís Torrens, plantea otro reto del sector. “Vamos a necesitar muchísima gente trabajando que no tenemos. La mayoría de la población que hay trabajando es migrante”. El exdirector explica que los sueldos en dependencia tienen una remuneración baja y es complicado retener al personal laboral. Lo mismo apunta Jordi Muñoz, abogado y presidente de la Asociación para la investigación del maltrato a las personas mayores (EIMA). “Es un trabajo extremadamente vocacional. Hay que hacer cambios posturales, de pañales, limpiar a la persona, darle de comer.” El experto explica que muchas personas dejan el trabajo si observan que pueden cobrar lo mismo en otro sector.

La nueva consejería tiene el trabajo de encajar el cambio demográfico de los próximos años en Cataluña con una Ley de Servicios Sociales que es del 2007 y que fue pensada para las problemáticas y las casuísticas de esa década, y con una Cartera de Servicios sociales que es del 2010. Es por ello que fuentes de la misma consejería han informado a infoLibre que tienen la intención de reformar la cartera para que “sea más ágil, flexible y con capacidad de innovar, simplificando los trámites para los usuarios”. También promoverán trabajar con un grupo de expertos multidisciplinar para abordar esta reforma, de manera que el Departamento podría continuar la senda que ya empezó a trabajar la anterior secretaría de asuntos sociales. 

Las dos normativas que actualmente rigen el sector de la dependencia en Cataluña están desfasadas para Mª José Carcelén. Para la portavoz de la coordinadora de Residencias 5+1, asociación de familiares que desde el 2017 defiende los intereses de los residentes, el modelo de financiación y legislativo actual, además de llenar las listas de espera, establece ratios de personal “insuficientes” e inspecciones “que no dan respuesta a los problemas”.

Ignasi Freixa responde a la problemática de las ratios que “si la cartera de servicios es la misma que en 2010, eso quiere decir que el número de profesionales están pensados para los usuarios que había en 2010”, exponiendo que en ese momento los residentes tenían unos niveles de dependencia menores. La portavoz de la Coordinadora puntualiza que para ella una de las problemáticas es que la administración ha creado “tres clases sociales” de residentes, los que están en una pública de gestión pública, los que están en una pública de gestión privada y los que están en una privada con plazas concertadas con la Generalitat. Para estas últimas residencias, la Generalitat flexibilizó las condiciones para acceder a las subvenciones en 2014. La portavoz crítica que, a la práctica, eso supone ratios más bajas de personal en fisioterapia, psicología, trabajadores sociales y también tener menos gerocultores por usuario, lo que afecta a la calidad.

Un aspecto que debe mejorar la calidad de las residencias, pero se encuentra a medio construir es la Agencia integrada Social y Sanitaria, una apuesta del anterior ejecutivo. “Los médicos pueden consultar los expedientes de dependencia y los trabajadores sociales los expedientes de salud de un residente”, expone el exsecretario Lluís Torrens. En el mandato pasado se empezó a tramitar la ley que debía regir la Agencia. Pero la convocatoria electoral truncó la tramitación y, aunque hay elementos que ya están en funcionamiento, la ley aún no está aprobada. Un impasse que tiene impaciente al sindicato Metges de Catalunya, que alertan de que una de cada cuatro residencias no tiene un médico asignado. Según la portavoz de Metges de Catalunya, Lourdes Franco, “no hay protocolos ni circuitos creados para los médicos a la hora de atender las residencias”. La portavoz tampoco tiene claro si las residencias deben continuar contratando a un médico propio, y ante ese limbo muchas han empezado a despedirlos para ahorrarse dinero. “Esto nos está sobrecargando y obliga a los médicos a sacar horas de los Centros de Atención Primaria”, concluye Lourdes.

La financiación del Estado en dependencia acarrea un déficit histórico en inversión estatal que se remonta a los recortes del 2012 de Fátima Báñez. El plan de choque del gobierno estatal (2020-2023) aumentó un 138% las aportaciones del Estado a la dependencia tras la pandemia, pero el sector sigue en crisis. El sistema tiene la financiación de la dependencia partida entre el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las residencias. Pero el Estado nunca ha llegado a aportar el 30% del dinero que gastan las comunidades en dependencia desde que el Imserso hace recuentos, y son las comunidades quienes aportan el resto.

El Senado aprobó en 2022 una moción que instaba al gobierno a equiparar al 50% las aportaciones de comunidades autónomas y Estado en dependencia. Pero en 2023 el Estado financió solamente un 28%, y en Cataluña la cifra bajaba al 23,45%, según el Imserso. Como consecuencia, el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy se comprometió a elevar ese porcentaje al 50% para 2027 en una visita a Barcelona con el exconsejero Carles Campuzano el pasado febrero. “Es obvio que el sector social está infrafinaciado”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens, que añade que a la hora de repartir los presupuestos siempre compiten con “la financiación en pensiones y en salud”. Quizás por ello la nueva consejera, Mònica Martínez, explica a infoLibre que se ha comprometido a también a encontrar más financiamiento en Europa “aprovechando las oportunidades del Fondo Social Europeo”.

Para Jordi Muñoz, abogado y presidente de EIMA, el problema es que el precio público por paciente es incompatible con un modelo de calidad. “Para aumentar las ratios de personal hay que pagar mejor la plaza pública. El precio público ahora es insostenible para un centro residencial”. La inversión por persona dependiente en Cataluña está por debajo de la media estatal según el Observatorio para la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes en servicios sociales. La media se sitúa en 1.815€ por persona y en Cataluña está en 1.649€. José Manuel Ramírez, portavoz del Observatorio, apunta hacia el gobierno catalán como corresponsable de la infrafinanciación. Cataluña es la comunidad autónoma que menos ha aumentado en gasto por habitante en políticas sociales entre 2009 y 2023 (que incluyen sanidad, educación y servicios sociales). Según el observatorio la comunidad autónoma solamente ha subido 153€ por habitante, mientras que la que más lo ha subido, Extremadura, elevó la inversión a 1.118€ por persona.

“No hay la voluntad de hacer la inversión necesaria para cambiar el modelo”, considera Mª José Carcelén, portavoz de las familias. “Una inversión del 2% del PIB, como la que hay en Europa, doblaría la inversión que tenemos ahora”, recuerda Ignasi Freixa, director de la patronal UPIMIR. El acuerdo sobre la infrafinaciación es, por lo tanto, unánime. Cómo solucionarlo será uno de los desafíos que tendrá que resolver la nueva consejera a lo largo de la legislatura.

Un total de 292.792 personas continúan en la lista de espera para que se le asigne un servicio o prestación del sistema de dependencia y cada 15 minutos fallece una de ellas en el "laberinto burocrático" para acceder a ese sistema, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según informa EFE.

En el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público este lunes, la asociación ha vuelto a denunciar la "acusada desigualdad territorial" que aún existe en España para atender a las personas dependientes. En el contexto del Plan de Choque que permitió incrementar la financiación estatal para la atención a la dependencia entre 2020 y 2023, el Gobierno aumentó su aportación a la dependencia en un 138 %, frente a la subida del 9 % de las comunidades autónomas.

En el comunicado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha explicado que en 2023 el Ejecutivo se hizo cargo del 29 % de la inversión pública en Atención a la Dependencia (3.292 millones), frente al 71 % de las comunidades autónomas (8.230 millones).

Ahora bien, han precisado que la inversión autonómica varía mucho en función de los territorios. Para empezar, tres comunidades han disminuido el gasto durante el Plan de Choque: se trata de Castilla y León (con un descenso del 34,7 %), Galicia (un 6,4 % menos) y Aragón (un 3,2 % menos).

Según el informe, las autonomías que menor porcentaje aportan a la dependencia son Galicia (59%), La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%). En el otro extremo, las que asumen un mayor porcentaje del gasto son el País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunitat Valenciana (78%).

Las diferencias son también evidentes al analizar la inversión media por persona potencialmente dependiente: lideran el gasto el País Vasco (con 2.848 euros), Extremadura (2.599) y Navarra (2.413). La media nacional se sitúa en los 1.815 euros y a la cola se encuentran Galicia (1.073), Canarias (1.248) y Murcia (1.504).

La realidad a veces hace trizas los discursos. Con el debate sobre la financiación autonómica instalado en la actualidad informativa desde hace semanas y las autonomías reclamando más dinero para ofrecer a sus ciudadanos mejores servicios públicos, un informe titulado La inversión social por comunidades. Sanidad, Educación y Servicios Sociales desvela que las regiones recortan en sus cuentas desde 2010 en esas políticas y en concreto en 2023, cuando sus presupuestos engordaron en 15.469 millones de euros, sólo el 12,58% de esa cantidad, esto es, 1.946,6 millones se destinaron al ámbito social. Únicamente uno de cada diez euros de esos fondos extra fue a parar a sanidad, educación y servicios sociales.

En términos relativos, si en 2010 el porcentaje de las cuentas autonómicas asignado a políticas sociales fue del 67,39%, en 2023 no alcanzó el 60%, quedándose en el 58,43%. Si se hubiera invertido lo mismo que en 2010, se hubieran desplegado cerca de 23.000 millones de euros más el pasado ejercicio en esas áreas. Es una de las conclusiones del estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pone el acento además en que, pese a que la pandemia “demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales”, la subida de éste en esas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido del 9,1% entre 2020 y 2023, con el detalle del 0,2% en sanidad, del 16,8% en educación y del 33,5% en servicios sociales; mientras que el desembolso para el resto de políticas fue el 55,7% en ese mismo periodo, es decir, seis veces más.

Desde la asociación estatal impulsora del trabajo se apunta que son 3.124 euros por habitante al año los que ligan a políticas sociales en España hasta los alrededor de 150.000 millones y defienden que “haber contado con Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha propiciado el aumento de inversión" en ellas a lo largo del tiempo, aunque la situación ha sido dispar por territorios. Desde 2009, todas las regiones han acrecentado su inversión en el conjunto de los bloques sociales. Destacan Illes Balears, con un alza por habitante del 47%, seguida de la Comunitat valenciana, con un 41%; Asturias, donde se expandió un 40%; y Extremadura, rozando el 40% también. Estas cuatro regiones han engrosado en más de 1.000 euros por habitante su apuesta por lo social.

Sin dejar de lado ese indicador, el gasto por habitante, y centrando el foco en 2023, cabe reseñarse que, a la luz de los datos del informe consultado por infoLibre, casi 1.700 euros por persona y año diferencian el gasto en políticas sociales entre la comunidad con el menor, Madrid, y la que más dedica, que es Navarra. Esta última empleó por persona 4.160,96 euros, ubicándose por delante del País Vasco, con 4.078,95. Ambas tienen un Régimen Foral propio. Entre las comunidades de Régimen Común, sobresale Extremadura, con 3.960,33 euros, Asturias, con 3.681,38 y Cantabria, con 3.546,47 euros. A la cola, por el contrario, se sitúan junto a Madrid, Cataluña, con 2.942 euros; Murcia, 3.007,69 y Andalucía, con 3.124,49. Cada madrileño recibe 660,41 euros menos en políticas sociales que la media nacional, cada catalán 182,49, cada murciano 116,8 euros y 89,48 cada andaluz.

“Madrid, Cataluña y Murcia son las tres comunidades que menos inversión hacen en políticas sociales. La insolidaridad de sus gobernantes, que se muestra en sus presupuestos, se traduce en sufrimiento y abandono para las personas más vulnerables de esas comunidades”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el caso de Madrid, se da la circunstancia de que ocupa, asimismo, una mala posición al desgranar los datos en los tres bloques, educación, sanidad y servicios sociales, por separado. Es la última en gasto social por habitante en educación, con 858,64 euros, que son 382,94 menos que la región del Régimen Común que más destina, que es Extremadura; y 663,85 menos que el País Vasco, que es la que lidera ese ranking. Sucede igual en sanidad. La comunidad madrileña designa 848,80 euros menos por habitante que Asturias, la que más aporta a ese ámbito, que son 2.129,14 euros, frente a los 1.280,34 de Madrid.

Y en servicios sociales, aunque no es la peor colocada en el listado territorial, tampoco está en las posiciones de cabeza. Es la tercera en la parte baja de la tabla, detrás de Canarias y Baleares, con un gasto por habitante de 325,10 euros, que son 463,36 menos que Navarra, la primera en esta ocasión; y 302,9 menos que la que lo es dentro del Régimen Común, Extremadura.  

En ese contexto, Ramírez critica que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado este jueves 12 de septiembre “una nueva reducción de impuestos”. “Vamos a recaudar menos -afea-, para que la gente que tiene más dinero, siga teniendo más y las personas vulnerables tengan unos servicios cada vez más deficientes”, lanza. Alude a que Ayuso ha adelantado que ampliará del 25% al 50% la bonificación del gravamen sobre Sucesiones y Donaciones para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, a partir del próximo año.

Y no se ha quedado ahí. Se establecerá una bonificación del 100% en las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros y se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes. El Gobierno madrileño estima que estas rebajas fiscales en ese impuesto “supondrán un ahorro de casi 130 millones”, que no llegarán a las arcas públicas. Y no es el único agujero. Desde el Ministerio de Hacienda han calculado que suprimir el impuesto de Patrimonio implica perdonar cada año 1.300 millones a los más ricos en comunidades como Madrid o Andalucía.

Al margen de las burbujas autonómicas, otro elemento sobre el que ponen el acento desde la asociación de directoras y gerentes es que la mayor ampliación en el gasto autonómico ha sido en el abono de la deuda, “multiplicándose casi por cinco su coste total" e hinchándose "en 704,9 euros por habitante”. “En algunas comunidades esto ha lastrado y ha limitado sin duda la capacidad de aportar más recursos a las políticas sociales, que aumentaron sólo un 23,2%, 589 euros”, asevera su director, para apostillar: “Pero la deuda se produce por la crisis y por pagos que se han hecho a lo que no era Estado del bienestar, como lo que se dio a los bancos”, desliza.

Fue en 2020, cuando la deuda llegó a su nivel más alto, 1.163.3 euros por habitante, y desde entonces no ha dejado de descender hasta los 854,3 del pasado ejercicio. No obstante, "para valorar lo que supone” de débito, “y su impacto” sobre el gasto social, “basta decir que en 2009, el coste de la deuda por habitante fue sólo de 149,4 euros, mientras que a servicios sociales se destinaron 257,9, es decir, 108,5 euros más. Sin embargo, en 2023 el coste de la deuda subió a los 854,3 euros por persona y a servicios sociales fueron 407,2, menos de la mitad”, explican desde la asociación. Dicho de otro modo: “Si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en servicios sociales, incluida la atención a la dependencia”.

Ramírez quiere dejar claro que “las políticas sociales son las que garantizan la igualdad y la cohesión, son las mejores vacunas para evitar la exclusión y la desigualdad”, pero la evidencia numérica muestra que "las comunidades autónomas están reduciendo porcentaje presupuestario para garantizar esas políticas del Estado del Bienestar", señala.

En relación a la conveniencia o no de que haya cuentas estatales, que el Gobierno presentará, aunque no tiene por ahora garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante, avisa: “En los tres últimos años se habían incrementado en los Presupuestos 600 millones para servicios sociales, pero en 2024, no. Y si no hay el año que viene, se perjudicará directamente al Estado del Bienestar”, cierra, confirmando que no es de contemplar y quedarse callado. 

Nada más regresar de sus vacaciones, el pasado 16 de julio, el director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, denunció ante la policía que la entidad diocesana había sufrido un desfalco que ha dejado sus cuentas a cero. La Fiscalía del Gran Ducado abrió inmediatamente una investigación por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. Seis días después, fue detenida la directora financiera de Cáritas, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: recibió un correo de alquien que se hizo pasar por su superior y le ordenó hacer unas transferencias urgentes.

Pero las dudas han saltado enseguida a las portadas de los principales periódicos de Luxemburgo, donde el desfalco ha causado tal escándalo que ha hecho intervenir hasta al primer ministro. “No daremos ni un euro más a Cáritas hasta que se esclarezca la gestión de los fondos y hasta que tengamos una visión más clara de la gobernanza de la institución”, declaró Luc Frieden. “El Gobierno”, subrayó, “no confía en las estructuras actuales. Exigimos un administrador interino que sea nuestro contacto”.

La suspicacia del gobierno y de los medios luxemburgueses, que llevan días desnudando el caso, está más que justificada. Porque el robo no se ajusta en absoluto al manual del fraude del CEO. De hecho, el desfalco se llevó a cabo mediante 120 transferencias bancarias que se sucedieron entre febrero y julio de este año. Cinco meses. Por cuantías que difícilmente podían pasar inadvertidas, pues alcanzaron los 500.000 euros. Y la guinda era española: todas ellas tuvieron como destino 14 cuentas bancarias abiertas en el BBVA en España.

En algunos casos, el supuesto beneficiario era una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y en otras Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas. Pero eso no fue obstáculo para que los dos bancos emisores, los luxemburgueses Spuerkeess y BGL BNP Paribas, hicieran las transferencias. Ni para que el BBVA, a su vez, permitiera a los beneficiarios de las 14 cuentas receptoras mover 61 millones de euros a no se sabe dónde.

Es más, de esa cantidad, 28 millones procedían de las reservas financieras de Cáritas Luxemburgo, pero el resto fueron préstamos, líneas de crédito que Spuerkeess y BGL BNP Paribas abrieron a la institución diocesana, supuestamente como adelanto de las subvenciones públicas que iba a recibir, pero que terminaron igualmente en las cuentas de los ladrones en España.

De forma que, además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers.

A preguntas de infoLibre, el BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. Y se remite al Banco de España, que en su Memoria de Reclamaciones de 2022 establece que es el ordenante quien debe comprobar el IBAN. Además, la orden de pago no se puede revocar.

El BBVA tampoco quiere desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Respecto a las medidas restrictivas que el BBVA podía adoptar sobre las 14 cuentas sospechosas, el Banco de España cita algunas de las posibles: cancelar la operación, cerrar la cuenta, bloquearla, ordenar “restricciones operativas” e incluso cancelar todas las posiciones del titular en el banco, añaden las fuentes bancarias consultadas. Según apuntan, incluso se está empezando a utilizar la Inteligencia Artificial para identificar posibles irregularidades, lo que permite detectarlas con mayor rapidez.

El banco que preside Carlos Torres Vila tampoco ha querido contestar si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre este asunto y si sospecha de que los desfalcadores contaron con ayuda interna de algún empleado del banco para sortear los protocolos de seguridad. [En la caja negra al final de esta información infoLibre reproduce las preguntas que envió al BBVA y éste no ha respondido].

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

Reporter.lu también revela que Caritas Luxemburgo consiguió que BGL BNP Paribas le ampliara al menos dos préstamos de emergencia por importe de 16 y siete millones de euros utilizando como garantía las subvenciones que le concede el Estado luxemburgués.

El primer ministro, Luc Frieden cifró en 45 millones de euros el dinero que Cáritas recibe cada año del Gran Ducado por servicios como la gestión de instalaciones de acogida para refugiados, personas sin hogar, mujeres y enfermos mentales. También lleva a cabo proyectos humanitarios en Siria, Ucrania, Mali, Sudán del Sur o Laos a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués. “Cáritas emite facturas que pagamos una vez hemos comprobado que se han prestado los servicios. Desde principios de año se han pagado 21 millones de euros, y sólo por servicios que se han llevado a cabo”, explicó a los periodistas tras saltar el escándalo.

Ahora todos esos servicios corren peligro. También los salarios de los 500 trabajadores de Cáritas en Luxemburgo, que sólo están garantizados hasta este mes de agosto. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha limitado hasta ahora a publicar un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” por el “escandaloso desvío” de fondos que “afecta a una organización católica cuyo objetivo es ayudar a los necesitados en el Gran Ducado y en el extranjero”.

Mientras la policía y los supervisores financieros investigan, los medios luxemburgueses no dejan de destapar los problemas de gobernanza que sufren tanto la propia Cáritas como los bancos implicados. Una tara fundamental para una institución que depende para financiarse de donaciones de particulares y de empresas, subvenciones públicas e incluso fondos de la Unión Europea.

Radio 100.7 asegura que el departamento financiero de Cáritas ya tenía problemas antes de que estallara el escándalo, por lo que el año pasado se encargó una auditoría a un consultor externo. Varios empleados abandonaron el departamento, mientras la directora financiera restringía el acceso de otros a la contabilidad. Según reporter.lu, eran cuatro las personas del comité de gestión, incluida Stéphanie Friob, que tenían poderes para operar con las cuentas bancarias de Cáritas. Friob, que se entregó a la policía el 20 de julio, se encuentra desde entonces bajo arresto domiciliario. Pero los investigadores buscan otros coautores o cómplices, en Cáritas y en los bancos, que pudieran haber ayudado en el desvío de los 61 millones de euros.

El Gobierno de Luc Frieden se ha comprometido a presentar en septiembre un plan de crisis que garantice el mantenimiento de los servicios sociales hasta ahora cubiertos por Cáritas. Precisamente cuando el papa Francisco tiene previsto visitar Luxemburgo, concretamente el día 26.

Los ingresos reales disponibles de los hogares españoles han registrado en el primer trimestre de 2024 un incremento del 1,5% respecto de los tres meses anteriores, superando así el aumento promedio del 0,9% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el think tank de las economías avanzadas. Pero esa ligera alza no alcanzará a todos. Es más, el 34% de las familias españolas con niñas y niños no pueden permitirse irse de vacaciones o enviar a sus hijos a campamentos de verano, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Y, de acuerdo a los cálculos de la ONG Save the Children, un hogar de dos adultos y dos menores que ingrese 1.930 euros mensuales, tendría que destinar cerca de 500 euros para el campamento estival de ambos. Teniendo en cuenta que el coste total mensual de la crianza ronda los 670 euros por hijo, se trata de actividades que “resultan privativas para millones de familias”, avisan desde dicha organización, que arma programas socioeducativos en periodo estival para más de 2.400 niños en riesgo de pobreza en distintos puntos de la geografía española.  

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de su lado, ha arrojado otro dato: más de cinco millones de trabajadores en España no podrán irse de vacaciones una semana por no tener dinero para asumirlas. En un informe reciente cuantifica con detalle en 5,3 millones, las personas con empleo que se encuentran en esa situación en el país, con información relativa a 2022. Representan el 17,8% de la población empleada. Ello supone una crecida del 1,58% respecto a 2021 y desde la CES advierten de que las cifras de 2023 serán previsiblemente peores, debido, entre otras cuestiones, a la caída de los salarios reales en toda la Unión Europea (UE) por la inflación.

Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO confirma que “hay unos cinco millones de personas que por su nivel de ingresos no puede coger vacaciones” y esto tiene que ver, a su juicio, con que “una parte de los trabajadores tiene una pobreza salarial que condiciona de una manera muy importante sus prioridades de gasto y que suelen ser la vivienda, la alimentación y el cuidado de los hijos. Luego, si llega, unos días de vacaciones”, sostiene. ¿Son las vacaciones un derecho? “Lo es ausentarse del trabajo, pero no el irse fuera o de viaje, por ejemplo”, explica. “Hablamos de cinco millones de personas que no salen de casa –matiza–, pero también hay otra parte importante que se irá al pueblo o a sitios donde el nivel de desembolso a afrontar no sea excesivo. Hay un problema de desigualdad y es un tema recurrente”, asevera. 

Para Sanz, experto en Salud Laboral, “el desconectar y el cambiar un poco el día a día es un elemento clave tanto desde el punto de vista físico como del mental. Pero no todas las personas pueden acceder a eso porque no tienen capacidad económica”, admite. Y suma: “Los colectivos más afectados son los de siempre, los más precarios, las familias monoparentales… Es un indicador de desigualdad y de que en España todavía tenemos una parte importante de personas con pobreza salarial, cuyos salarios no llegan casi al 60% del sueldo medio, por eso hay que promover la estabilidad, menos empleos parciales y con sueldos bajos y condiciones de trabajo que faciliten el desarrollo”, defiende. Y remata: “Todo esto es un indicador de bienestar social no sólo de los trabajadores, sino del país”.

Entre esos grupos de trabajadores que no siempre pueden fluir en su tiempo de asueto están las conocidas como las kellys. Una de sus portavoces en Madrid, Mar Jiménez, reconoce que ha recurrido a pedir un crédito bancario porque “un año al niño le hacía mucha ilusión ir a PortAventura –parque temático situado en la Costa Dorada–. Queríamos darle la sorpresa de regalo de cumpleaños y como teníamos vacaciones todos en septiembre, lo compramos y lo pagamos a plazos”, recuerda. Tardaron un año en abonar el préstamo “para unas vacaciones que ya habíamos disfrutado y con todo el resto de gastos de la casa”, por lo que decidieron que “nunca más”. “Desde entonces nos hemos ido de viaje cuando hemos podido y cuando no, no”, dice. Es la práctica habitual entre las kellys: “Las chicas intentan ahorrar dinero y, si no llegan, se quedan sin vacaciones porque en septiembre vienen los libros de los chiquillos y no tenemos un buen sueldo. No alcanza para todo”, se queja.

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), plantea que se suele asociar el paréntesis de descanso estival a “un derecho vinculado a un empleo”, pero “los hay que no están regularizados y a menudo lo que existe en verano es un despido, no vacaciones. Y hay que cuidar en qué se gasta el dinero, por si ese trabajo no vuelve”, anota. En su opinión, “para las familias más vulnerables no es que sea un derecho, es que es una necesidad. La gente necesita desconectar de su vida ordinaria para poder afrontar con más fuerza el reto diario de ver de dónde sacan recursos para poder atender a sus hijos”, proclama.

Susías remarca que, “cuanto más pobre y vulnerable es una familia, casi más necesario es el descanso”. “Si los que trabajamos habitualmente necesitamos un tiempo para poder desconectar –indica–, imagina una familia donde están permanentemente eligiendo en qué gastar los pocos recursos que tienen, sobre todo si cuentan con hijos a cargo. Compro unas zapatillas o un balón, mejor alimentación o pago más de gas para calentar el agua…”. En ese punto, señala que son además “los hogares que están peor climatizados y con las olas de calor de ahora…”, enfatiza.

En definitiva, cree que: “Si todos necesitamos desconectar un tiempo y descansar del trabajo, estas familias han de desconectar urgentemente de su vida ordinaria porque las tensiones familiares y el agotamiento físico y mental son mucho más altos. Poder romper con la dinámica de no permitirse nada y decirle todo el rato a los menores que esto no y esto otro tampoco, aunque sea por unos días, es extremadamente importante por la salud mental de la propia familia”. “No digamos –termina– en el caso de hogares monoparentales, donde la sobrecarga pesa sobre un único adulto que más del 80% de las veces es una mujer”.

Por último, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, aporta un punto de vista vinculado con el poder anestésico que en ocasiones se busca lograr con las palabras. “La pobreza no tiene apellidos, ni vacacional ni infantil… La pobreza es pobreza y cuando uno tiene problemas para ponerle mortadela a su hijo en el bocadillo, las vacaciones pasan a un segundo plano”, afirma tajante. Reconoce que sí le preocupan varios elementos relacionados con ellas: “Hay prestaciones que se dan desde el sistema público de servicios sociales y el educativo que se paran como los comedores escolares, que son un sitio donde no hay estigmatización y a los niños se les controla que hagan desayuno, comida e incluso hasta merienda”. Traslada a Infolibre que “los servicios sociales hacen escuelas de verano o actividades dirigidas al tema del ocio que permiten que eso no se interrumpa, pero no siempre es suficiente”, desliza. 

“Cuando nos vamos de vacaciones, los sistemas de protección social muchas veces dejan de funcionar y esto genera efectos no deseados y en ocasiones imprevistos de personas muy vulnerables que se quedan sin esa protección”, incide. Ello en España, un Estado en el que “hay aproximadamente ocho millones de personas que viven en la pobreza y entre 850.000 y 900.000 que lo hacen en la pobreza extrema y que ni siquiera han encontrado en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) la vacuna necesaria para mantener niveles de dignidad y de subsistencia”, afea. Y vuelve al origen: “No hay pobreza infantil, hay niños que viven en familias que son pobres; ni pobreza vacacional, lo que hay es dificultad para subsistir dignamente”, concluye, abogando por que se llame a las cosas por su nombre para que no pierdan significado.

Silvio es peruano. Llegó a España hace casi 15 años “en busca de una vida mejor” cuando en su pequeño pueblo se dio cuenta de que se le agotaba el permiso para postergarlo todo y “no tenía una vida”. Ahora conduce un taxi, aunque ha hecho “otras muchas cosas”. “Al principio trabajé en la construcción, en una empresa de transportes, en la hostelería…”, enumera. La mayor parte del tiempo se ha sentido “acogido”, dice. “Recientemente sí he escuchado algunos comentarios que no me gustan. Y eso que no tengo la piel oscura”, deja caer.

En los últimos años, “la superposición de crisis de personas refugiadas, emergencias migratorias, crisis económicas y sanitarias, así como el uso extensivo de internet y las redes sociales, han dejado al descubierto el potencial que tienen los discursos de odio para promover la polarización de la sociedad y para vulnerar a personas de determinados grupos, especialmente las de origen inmigrante”. Es un párrafo del primer Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), en el que también se apunta que “la cultura del odio” y, en particular, “los discursos de odio” constituyen “un mecanismo de la necropolítica”.

Pero, ¿son los inmigrantes un grupo de población del que España pueda prescindir en la actualidad? En otro estudio, esta vez el Informe anual 2023 del Banco de España, se refleja que a lo largo de las últimas décadas, las dinámicas demográficas del país “se han caracterizado por una caída significativa tanto de la tasa de fecundidad como de la tasa de mortalidad” y, como resultado de esto, “se ha producido un considerable proceso de envejecimiento poblacional, que se intensificará” en los próximos años y será “más acusado que el de otros países de nuestro entorno”. A la luz de las proyecciones de Eurostat, entre 2023 y 2053 la tasa de dependencia, definida como la ratio entre los mayores de 66 años y el colectivo comprendido entre los 16 y los 66, aumentará en 27,2 puntos porcentuales, hasta el 53,8%; mientras que en el promedio de la Unión Europea (UE) lo hará en 16,6, hasta el 45,8%. Junto a esto, proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la población nacida en España seguirá bajando y pasará del 81,9% del total actual, al 61,0% dentro de 50 años. Cifras que sólo podrá elevar la inmigración internacional.

”Los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, pero no parece probable que puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso nuestro país, ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español en el futuro”, trasladan desde el Banco de España.

De vuelta al presente, los trabajadores extranjeros “habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones”, en especial “en las de bajo nivel de cualificación”, sostiene el regulador. En concreto el pasado mayo, la Seguridad Social registró 2.790.263 afiliados extranjeros, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, lo que supone el 13,2% del total. Y, desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 627.864 trabajadores procedentes de otros países, de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, los inmigrantes han colaborado en buena medida a cimentar los números de los que se sirve el Gobierno para presumir de que la economía va como “un cohete”.

El 32,1% del global son trabajadores procedentes de estados de la UE. Marruecos es el país del que proviene el mayor número de esos empleados, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China. Los que arriban desde Ucrania se han multiplicado en un 49,5% con la guerra. Del conjunto, cerca de 1,6 millones son hombres y las mujeres extranjeras afiliadas rondan ya el 1,3, tras incorporarse al caudal global un 37,9% desde antes de la pandemia.

Algo más del 84% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General y en el último año seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Suministro de Energía Eléctrica (11,7%), Actividades Administrativas (11,3%), Actividades Sanitarias (11,3%), Hostelería (11,1%), Actividades Artísticas (10,6%) y Actividades Financieras (10,2%). De la misma manera se expanden especialmente otros sectores como Comercio (9,8%), Transporte (9,7%) y Construcción (9,18%), atendiendo a la información de Migraciones.

Es reseñable la crecida en actividades de alto valor añadido como Información y Telecomunicaciones, que sube un 8% y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con el 6,5%. Según las estadísticas del ministerio, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,9%), Hostelería (27,8%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (25,5%), y Construcción (20,9%). En el Sistema Especial del Hogar, el 45% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, el 38%. En el Régimen de Autónomos hay 451.656 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,4% del global, tras un alza de 7,2% en los últimos doce meses.

Con todo, en el informe del Banco de España se alerta de que “no parece probable” que los flujos migratorios “puedan resolver completamente los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo que podrían producirse en los próximos años en el mercado laboral” nacional. Sobre todo, en un contexto en el que “los cambios tecnológicos en curso y la transición ecológica podrían incrementar de forma muy apreciable la demanda de trabajo altamente cualificado”. A este respecto, si se pone el foco en la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevaban menos de un año en el país, alrededor del 80% de aquellos en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% estaban ocupados en actividades de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Esos porcentajes “son similares a los que se observaban en 2008, del 87,4% y el 60,4%, respectivamente”; y dichos guarismos “contrastan" con los que se registran "en el caso de los nativos, entre los cuales menos del 29% trabajaba en ocupaciones de baja cualificación en 2023”.

Pese a que los números dejan claro que son necesarios, partidos y organizaciones de la parte derecha del espectro político y social se agarran a la inmigración irregular para armar discursos beligerantes contra los migrantes. Las personas que están en esa situación son difíciles de cuantificar. En el estudio Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, elaborado por Gonzalo Fanjul e Ismael Gálvez-Iniesta, se anota que a finales de 2019, el grueso de los integrantes de ese colectivo que residían de manera irregular en España oscilaba entre las 390.000 y las 470.000. Y, según recoge el jurista y politólogo Carlos Corrochano en el libro La desigualdad en España, la “irregularidad supone” para el Estado “un coste medio anual de entre 2.200 y 2.400 euros por inmigrante”, mientras que “un ejercicio masivo de regularización podría suponer un beneficio de 790 y 950 millones de euros por año para las arcas públicas”, según un informe de la fundación Por Causa. Es más, el Congreso tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 migrantes, aunque se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta septiembre, por lo que no se prevé que avance a corto plazo.

De momento, ¿es cierto que esos inmigrantes en situación irregular cobran ayudas del Estado, como se repite desde algunos círculos de ultra derecha? José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo desmiente con rotundidad: “Ese inmigrante no tiene la capacidad de cobrar ninguna prestación económica del sistema público de servicios sociales, porque necesita tener el NIE y entonces sería regular. Es prácticamente imposible”, afirma. “Ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni la Renta Mínima de Inserción (RMI) ni las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos. Ninguna prestación económica de carácter público puede recibir un inmigrante que sea irregular. Y es tan sencillo de entender, como leerse la normativa. Mientras no tengan NIE ni siquiera las pueden solicitar ni tramitar”, recalca.

Pero va más allá. Ramírez advierte de que se necesitan “miles de personas inmigrantes que trabajen en los propios servicios sociales”. “Ya tenemos -liga- muchas prestaciones de ayuda a domicilio que las podríamos dar porque están aprobadas, pero no las podemos prescribir porque no hay trabajadores que puedan desarrollarlas. Esto ocurre en sitios de costa como Baleares. Cada vez somos más personas mayores y no hay quien las cuide. Es un trabajo mal renumerado y mal reconocido”, pone el acento.

“Hay muchas personas, sobre todo latinoamericanas, que vienen a barrios ricos a trabajar como cuidadoras internas que no están regularizadas y eso provoca que haya mafias”, avisa, para completar: “Pero lo de las paguitas no es cierto. Aunque quisieran, no podrían cobrarlas. Ni tampoco se dan más ayudas a los migrantes que a los propios españoles. Quien dice esto sabe que no es verdad. Y, si miente de manera inconsciente es un ignorante, pero, si lo hace de forma consciente, es un miserable”, zanja.