De la derogación de la ley mordaza a la financiación autonómica: las medidas pendientes del acuerdo de coalición

Durante la jornada electoral del 23J en la calle Génova los altos cargos se repartían los ministerios. Las encuestas a pie de urna daban de manera mayoritaria una holgada victoria del PP. Pero el escrutinio fue avanzando durante la noche y el resultado dio una aritmética compleja pero que abría la puerta a repetir un Gobierno de coalición.

Han pasado dos años de aquellas elecciones anticipadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue al frente del Palacio de La Moncloa. Vive uno de sus momentos más difíciles después de la irrupción del caso Cerdán, pero mantiene su firme voluntad de tratar de aguantar dos años más. Una idea que comparte en este momento Sumar, aunque los de Yolanda Díaz han pedido resetear la legislatura e impulsar medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre los dos espacios y que todavía no se han materializado. Además, algunas de las grandes promesas iniciales del Ejecutivo siguen varadas en el Congreso de los Diputados.

Una de las grandes promesas, incluida en el texto que firmaron el PSOE y Sumar para formar la coalición, que sigue esperando su aprobación, a pesar de la presión de los de Yolanda Díaz, es la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Sumar está presionando para que vayan al Consejo de Ministros la semana que viene o en el primero tras las vacaciones, el 26 de agosto. Desde el ala socialista todavía no hay respuesta debido al coste económico que supondría la medida.

El texto fijaba: “Extenderemos el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”.

También sigue sin pasar por el Consejo de Ministros el conocido como Estatuto del Becario, cuyo acuerdo previo entre Trabajo y los sindicatos fue firmado hace ya más de dos años. Por el momento, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acaba de dar luz verde para que pueda ser enviado al Consejo.

El atranque en el Congreso

El proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una de las medidas estrella firmadas por el PSOE y Sumar, ya ha pasado por el Consejo de Ministros, pero ese encuentra ahora mismo paralizada en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo retiró del orden del día el debate de las enmiendas a la totalidad este martes en el Congreso para evitar una derrota parlamentaria, ya que ahora mismo no están asegurados los votos. El Ministerio de Trabajo ha encontrado en Junts una piedra en la rueda para su aprobación.

Otra de las grandes promesas de la coalición fue la derogación de la ley mordaza (que no fue posible en la anterior legislatura por el voto en contra de ERC y EH Bildu). El PSOE y Sumar prometieron eliminar los aspectos más lesivos de la norma aprobada por el PP para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. La norma fue impulsada por los socios el año pasado en el Congreso, pero ha vuelto a quedarse varada en su tramitación. Entre la intención de la reforma se incluye la prohibición de utilizar pelotas de goma. El texto ni siquiera, como señalan fuentes parlamentarias, ha entrado en la fase de ponencia.

La (casi) imposible financiación autonómica

No tiene horizonte de aprobación otra de las grandes promesas del PSOE y de Sumar que se debe canalizar a través de Hacienda: una nueva financiación autonómica. Desde el PSOE se ha advertido de que quería contar con el Partido Popular, ya que gobierna la mayoría de las autonomías. Pero el abismo es total entre los dos grandes partidos.

El texto de la coalición dibujaba en su hoja de ruta: “Impulsaremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas”. Fuentes de Hacienda señalan que no hay previsión de fecha para materializar ese texto en el Consejo de Ministros.

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Otro de los puntos que siguen sin ver la luz verde, relacionado con la estructura del Estado, es la reforma de la racionalización de la administración local y una nueva ley de Régimen Local para definir las competencias, una reivindicación histórica de los consistorios.

De ese acuerdo de gobierno que firmaron Sánchez y Díaz también siguen sin materializarse algunos pactos de Estado que quisieron impulsar tras las elecciones. Por ejemplo, preveían uno en defensa de los derechos LGTBIQ+ y para la erradicación de los discurso de odio y discriminación. Fuentes socialistas explican que ya se han producido en la subcomisión parlamentaria las comparecencias de colectivos y entidades y queda el trabajo con el Ministerio de Igualdad y los grupos para llegar a acuerdos sobre la batería de medidas que el pacto incluirá. Podría materializarse a finales de año.

Tampoco ha visto la luz la idea de un gran pacto de Estado contra el fraude fiscal, que PSOE y Sumar querían consensuar con todas las fuerzas sociales, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal, según el documento.